Sep 23, 2022 | Comunidad, Destacado 3
Prestadores y familiares de personas con discapacidad marcharon para reclamar al Estado y a las obras sociales por los pagos atrasados que sufren los profesionales del área.
La Marcha de Antorchas se realizó ayer, la bajo la consigna “una luz por la discapacidad”. Desde el Obelisco hasta la Plaza de Mayo, el Colectivo de Discapacidad se movilizó para reclamar al Estado y a las obras sociales por los pagos atrasados que sufren los profesionales del área.
A las 20 de este jueves, en los alrededores de la zona, comenzaba la concentración de prestadores, familias y personas con discapacidad, quienes llegaban con velas y carteles con frases como “discapacidad en emergencia”, “no al ajuste en discapacidad” y “lo esencial es invisible al Estado”. La movilización tuvo como objetivo principal hacer visible lo que viene ocurriendo desde hace meses en el sector: una crisis debido al recorte y el retraso de los pagos donde todo el colectivo se ve afectado.
“Hacemos la Marcha de Antorchas porque queremos visibilizar lo que sucede en todo el área de discapacidad. Hoy se movilizan en todas las provincias para que nos miren, y estamos pidiendo que se dejen de vulnerar derechos, tanto de las personas con discapacidad como de los prestadores”, dijo Gilda Marcela Kriskovich, la presidenta de la Asociación Civil Prestadores de Discapacidad Unidos (PDU), en diálogo con ANCCOM.
Esta movilización es la segunda que organiza el colectivo en menos de un mes, realizada el pasado 29 de agosto. Uno de los reclamos más importantes es que las obras sociales reciban alguna sanción por parte del Estado, ya que éstas, al negarse a atender las demandas de sus afiliados, vulneran derechos y ponen en riesgo la salud y calidad de vida de los pacientes.
“Queremos que nos miren todos los gobernantes, no solamente el Estado nacional porque, más allá del retraso de los haberes, buscamos una accesibilidad para todas las personas con discapacidad y una pensión contributiva que sea acorde a la canasta básica”, exclamó Kriskovich. “Queremos que realmente nos miren y haya una decisión política por parte del Estado que nos garantice que los derechos de las personas con discapacidad y los prestadores no van a ser violentados”, agregó la referente de PDU.
Por su parte, el Ministerio de Economía emitió un comunicado el pasado 30 de agosto, a través de su cuenta de Twitter, donde señaló que las modificaciones administrativas tomadas por subejecución presupuestaria en algunos sectores no afectaron de ninguna manera a las áreas de discapacidad. Desligándose de la situación, esa cartera indicó que la responsabilidad de cumplir con las retribuciones es de cada jurisdicción en particular.
A pesar de la respuesta, los profesionales del sector y las familias perjudicadas decidieron continuar con sus reclamos. En medio de la marcha, Trinidad Silva, acompañante terapéutica, estudiante de Psicopedagogía y familiar de una persona con discapacidad, señaló: “Muchas veces dependemos directamente de los bolsillos de las familias, y eso hace que no tengamos ningún derecho laboral. La realidad es que no tenemos el amparo del Estado”. Por otro lado, Aldana Álvarez, fonoaudióloga y prestadora en el área de discapacidad, también comentó que junto a sus colegas atraviesan una situación de gran incertidumbre, y agregó: “Estamos muy angustiadas, no recibimos los pagos, y no sabemos si vamos a poder seguir el año que viene con nuestra atención a los pacientes porque, más allá de la vocación que tenemos, vivimos de esto”.
La movilización continuó hasta la Plaza de Mayo, pasando por la Superintendencia de Servicios de Salud. Una vez allí, a pesar de la noche fría, la fuerza y convicción por sus demandas mantuvo firme a todo el Colectivo de Discapacidad frente a las puertas de la Casa Rosada. Mientras, el Himno Nacional sonaba por los parlantes y velas y carteles eran levantados. Minutos después, madres, padres y niños con discapacidad, algunos entre lágrimas y otros con la voz entrecortada, tomaron la palabra y se animaron a contar sus situaciones.
“Hoy tenemos que estar unidos prestadores y familias, no podemos permitir esto, nuestros hijos no son un gasto”, dijo Kriskovich a todos los presentes cuando la movilización llegaba a su fin. “Basta de vulnerar los derechos de todos, a seguir adelante y no bajar los brazos”, concluyó la referente en medio de aplausos.
Oct 25, 2019 | Novedades, Vidas políticas
Foto: David Diaz/ FLUXUS FOTO
El domingo 13 de octubre sentó el antecedente de una lucha popular ecuatoriana que puso en jaque el avance neoliberal en América latina. Para Nayra Chalán, vicepresidenta de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI) quedó demostrado que “es posible contrarrestar el poder que tiene el Fondo Monetario Internacional (FMI). Este suceso demostró que es posible decirle al FMI: de aquí no pasas, este territorio es soberano y este territorio decide qué política económica tener.”
Luego de 10 días de manifestaciones en las que el pueblo y las nacionalidades indígenas en articulación con estudiantes y trabajadores colmaron las calles, principalmente de Quito, en contra de las últimas medidas económicas dictadas por el presidente Lenín Moreno ese día se llegó a un acuerdo entre las partes que se realizó de manera televisiva y online. En esta noche ocurrió un hecho histórico: el repudiado decreto 883 fue derogado y se dio vuelta atrás al paquetazo neoliberal indicado por el Fondo Monetario Internacional.
El 1º de octubre, el Ejecutivo le habló al pueblo ecuatoriano a través de una cadena nacional en la que esgrimió las medidas antipopulares que se iban a llevar a cabo. Entre ellas estaba la eliminación del subsidio del combustible, la reducción del 20% de la masa salarial de todos los contratos ocasionales en la función pública que vayan a ser renovados, la reducción del periodo de vacaciones de los empleados estatales de 30 a 15 días y la obligación de que los trabajadores de las empresas públicas aporten un día de salario a las arcas del Estado. “A su vez -comenta Décio Machado, consultor político especializado en Comunicación y Análisis Estratégico- había una serie de medidas laborales que significaban nuevas modalidades de contratación que en el fondo implicaban una flexibilización del mercado de trabajo privado. Todo esto justificado bajo el argumento de la necesidad de implementar un modelo acorde a los nuevos tiempos.” A su vez, explicó por qué todo detonó con la eliminación de los subsidios al combustible; “Se tenga o no vehículo, involucra a todas las familias: afecta el precio de los alimentos, los productos de primera necesidad, la inflación.”
Foto: David Diaz/ FLUXUS FOTO
Ante estas nuevas políticas económicas, el 3 de octubre el sector de transportistas inició una serie de cortes de vías en todas las provincias a modo de protesta. Sin embargo, Chalán cuenta que “posteriormente llegaron a acuerdos con el gobierno nacional que indudablemente nos afectaban a las grandes mayorías: ellos aceptaron la subida del combustible a cambio de bonos para poder hacer cambios de llantas y del aumento de las tarifas del transporte público.” Por esta razón, el movimiento indígena encabezado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), que ya se había sumado a los reclamos de los transportistas, incrementó su descontento y la fuerza de los reclamos.
Las acciones fueron creciendo en intensidad con el transcurso de los días. Al bloqueo de rutas -llegando a contabilizarse alrededor de 300 cortes simultáneos- se agregaron las tomas de gobernaciones a lo largo del país, la paralización de la actividad petrolera en las estaciones de bombeo y en más de 60 pozos petroleros en la Amazonía del norte. Luego, el 7 de octubre hubo un llamamiento a las bases del movimiento indígena para trasladarse a la ciudad de Quito, epicentro de la represión. “Se trasladó gente de norte y el del sur, pertenecientes a los pueblos Panzaleo, Kayambi, Otavalo, Natabuela y Caranqui. El martes 8 de octubre llegaron a la capital ecuatoriana más de 12 mil personas de la estructura del movimiento indígena”, dijo a ANCCOM el activista Apawki Castro, vocero de la CONAIE.
Foto: David Diaz/ FLUXUS FOTO
La respuesta del gobierno fue represiva y brutal. En este punto, Chalán dijo: “Nos dimos cuenta de que no estábamos actuando en contra del mismo Estado de hace 20 o 10 años. Este Estado es mucho más dotado, con más agresividad y más ejercicio de la fuerza sobre grupos de manifestantes, pueblos y nacionalidades, estudiantes y trabajadores. Entonces vemos que hay un incremento del aparato represivo bastante fuerte.”
Por otra parte, la Asamblea Nacional no sesionó durante los 13 días del paro nacional “manteniendo una actitud totalmente desalineada de los intereses populares”, según Andrés Tapia, el comunicador de la Confederación de las Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE). La población, entonces, decidió hacer una toma de estas instalaciones: lo realizó sin éxito el primero de los días y en el segundo, con una manifestación masiva con más 10 mil personas, rodeó a la Asamblea Nacional. Sobre el suceso, Chalán narró: “Un día fuimos a la Asamblea Nacional esperando poder hacer una toma simbólica y sin embargo sólo se dejó pasar a un número contado de compañeras. Posterior a eso, sin previo aviso, cuando había alrededor de 15 mil manifestantes en las cercanías de la Asamblea Nacional, la policía conjuntamente con las fuerzas armadas deciden disparar gas lacrimógeno de manera indiscriminada y exagerada a toda la población que se encontraba en ese momento comiendo.”
El saldo de la represión fue de diez muertos, según información de la Defensoría del Pueblo ecuatoriana. Todos manifestantes, entre ellos Inocencio Tucumbi, dirigente indígena de la CONAIE en Cotopaxi. Además, hubo 1.340 personas atendidas en hospitales por actos violentos -8 personas perdieron un ojo- y la Ministra de Gobierno, María Paula Romo, registró la detención de 1.330 personas.
Foto: David Diaz/ FLUXUS FOTO
Ante las manifestaciones y el arribo del contingente de personas a Quito, el presidente Moreno decidió trasladar la sede gobierno de Quito a Guayaquil. Sin embargo, la represión continuó. “Hubo una afectación bastante fuerte del sector de la agroindustria -comenta Chalán- Las rocoleras y las florícolas ya se habían declarado en estado de emergencia. A su vez, al cortar las vías se impidió que la cadena productiva funcione y eso provoca desabastecimiento y encarecimiento. El fisco no percibía la renta petrolera ni ingresos provenientes del turismo y el riesgo país aumentaba. Entonces ya eran razones suficientes para que el gobierno nacional reflexione sobre lo que estaba haciendo y esto hizo que llamen a un acuerdo entre las partes.”
El movimiento indígena aceptó reunirse a debatir el decreto 883 con el gobierno poniendo como exigencia que este sea televisado para que pueda ser visto por todos los ecuatorianos. El gobierno dio conformidad: el debate se realizó el domingo 13 de octubre a la noche y la resolución fue retrotraer las medidas sobre el combustible.
Foto: David Diaz/ FLUXUS FOTO
Para Décio Machado, “esta mesa de negociación ha marcado un hito histórico: es una victoria de los movimientos populares, encabezados por el movimiento indígena en articulación con el feminismo y los estudiantes, contra medidas de carácter económico de perfil neoliberal impuestas por el FMI. Además, se visualiza una nueva etapa de dirigentes jóvenes que apuntan a un nuevo horizonte de lucha por la emancipación de los pueblos en el Ecuador.”
Chalán espera que este hecho anclado en Ecuador “sea una luz para toda latinoamérica y el mundo.” Además, que siente las bases para seguir reivindicando lo que desde hace años vienen haciendo desde el movimiento indígena: “La soberanía sobre nuestros territorios, la despenalización del aborto, la educación intercultural bilingüe, la salud intercultural, el transporte comunitario, precios justos en la producción de leche y otras demandas que son bastante puntuales que tenemos dentro de nuestros territorios y que mejorarán la calidad de vida de nuestros compañeros.”
Por lo pronto, la siguiente acción del movimiento indígena fue enviar una carta al Fondo Monetario Internacional pidiendo empatía por los hechos ocurridos en el Ecuador y la culminación del hostigamiento económico que sufre el pueblo ecuatoriano. Por otro lado, el gobierno ha anunciado que creará un nuevo decreto. Para Andrés Tapia, es urgente que en él se contemplen las demandas y necesidades populares. “Caso contrario, el pueblo continuará movilizado”, sentenció.
Foto: David Diaz/ FLUXUS FOTO
May 8, 2019 | Culturas, Novedades, Trabajo
Nicolás, vendedor un, local de música de la calle Talcahuano en la Ciudad de Buenos Aires.
La calle Talcahuano condensa, en apenas cuatro cuadras, el epicentro de la industria de instrumentos musicales en la Ciudad de Buenos Aires. Con más de 30 locales distribuidos entre Rivadavia y Corrientes, las vidrieras que exhiben guitarras, teclados, saxos y violines -entre otros- se siguen casi consecutivamente, interrumpidas, a veces, por persianas bajas que no volverán a abrirse. El sector es otro de los tantos golpeados por una política económica centrada en el libre mercado y las finanzas, las importaciones, la desregulación y el ajuste. En esas pocas calles, la situación complicada también queda en evidencia: escasos clientes, negocios vacíos, y gran disposición a hablar por parte de los empleados, los primeros afectados.
Frente a la pregunta sobre las ventas, las respuestas no varían demasiado. Hay quienes reflejan la situación con gestos preocupados y de resignación; hay quienes responden directamente: “Mal”, “en baja”, “pésimo”. Y hay, incluso, quien lanza un “¡ayuda!” dramático, intentando ocultar tras el humor una preocupación que no deja de ser real. “Siempre las ventas, por meses, son irregulares: hay épocas del año que se vende más y hay épocas en que se vende menos. Pero lo que se mantiene del año pasado, del primer sacudón del dólar, a este, es que va en descenso: no sube ningún mes, siempre se va vendiendo menos que el mes anterior”, explica Marcelo, empleado de Baires Music.
En Antigua Casa Núñez, en tanto, “se vende en pesos lo mismo que se vendía dos años atrás, cuando comenzó a caer el negocio”, cuenta Juan, quien trabaja hace años en la conocida casa de guitarras. El diagnóstico se replica en la mayoría de los negocios de la calle: en promedio, las ventas cayeron entre un 30% y un 50%, según relatan los vendedores. También coinciden en que la demanda de servicios de luthería -arreglo de instrumentos-, si bien acompaña el descenso general de la actividad, es lo que se mantiene más estable: según Marcelo, mucha gente prefiere arreglar los instrumentos antes que comprar uno nuevo, tratando de extender la vida útil de los instrumentos al máximo.
La otra cara del descenso en las ventas es que, en un contexto económico complejo, la gente no sólo deja de comprar instrumentos, un producto que no es de primera necesidad; sino que también comienza a tratar de vender los que ya tiene, en busca de algún ingreso extra. “Hay muchísima oferta de instrumentos usados: de diez personas que vienen al local, cinco están vendiendo”, cuenta Victoria, de Sunset Music. Pero la escena se repite: en los locales tampoco hay dinero para comprar instrumentos, todo lo ganado en las pocas ventas va destinado a pagar los servicios, el alquiler y los sueldos. Y cuando no alcanza, comienzan los despidos.
La situación cambiaria es otra de las circunstancias que afectan a la industria: para un sector en el que el 90% de los productos son importados, la devaluación impacta directamente en los precios de los instrumentos y otros insumos, desde cuerdas y elementos de audio, hasta materiales para fabricación. “Con el incremento del dólar se tuvieron que aumentar las listas. En lo que va del año esta es la tercera vez, y esto afecta en las ventas porque los aumentos son de un 8%, un 13%, y es mucha la diferencia”, dice Victoria, empleada de un local que abrió hace seis meses y que desde un principio sintió la caída del negocio. La mayoría de los trabajadores observan que los clientes priorizan precio sobre otras variables, pero Martín, de Guitar Center, especifica que es el amateur o quien recién se inicia en la música el que tiene esta conducta, mientras que el músico profesional sigue invirtiendo y elige calidad por sobre el precio. “Yo dejaré de pagar algo, puedo dejar de comer, si esa plata es para el instrumento”, agrega, como un músico más.
La inestabilidad de la moneda impacta también en la fabricación nacional debido a que, junto con la apertura de importaciones, imposibilita competir con precios como los de los productos chinos, que tienen un menor coste de producción. “Se necesita cerrar las importaciones para que la industria tenga alguna oportunidad, sacarle el IVA a los insumos necesarios para la fabricación”, sostiene Juan, de Antigua Casa Núñez. Pero desde el gobierno no hay recepción a los pedidos, y tampoco se advierte algún interés por el estado del sector: pareciera que los negocios de música, su situación y sus empleados son invisibles. Tal vez por eso los trabajadores responden de buena gana, expresando la incertidumbre del día a día cuando alguien está dispuesto a escuchar.
“Hace 20 años que trabajo en Talcahuano, y nunca vi algo así. Cada vez cierran más locales. Acá entra una persona cada 15 horas, y a preguntar o a vender, no a comprar instrumentos. Es todo los días lo mismo, un déjà vu.” Las palabras de Juan, empleado de Monk, resumen un panorama que se extiende por aquellas cuadras en las que la industria funciona como la selva: sobrevive el más fuerte. Mientras tanto, y sin indicios de cambio, el futuro parece ser a capella: sin ayuda, sin respuestas y sin instrumentos.
Abr 30, 2019 | Culturas, Novedades
En 2017 y 2018, los trabajadores de la TV Pública recibieron solo un 15% de aumento.
“Tenemos una pantalla devaluada, nos redujeron el sueldo, y buscan editores afines para editorializar las noticias”. Agustín Lecchi, delegado de la TV Pública y Secretario de Organización del Sindicato de Prensa de Buenos Aires dio tres conceptos sobre la situación en el canal público en un año con fuerte marcación electoral. Como parte de la política de vaciamiento de los medios estatales que viene desarrollando la gestión actual, por primera vez en la historia del canal fueron desplazados todos los conductores del staff regular del noticiero de la Televisión Pública Argentina.
La estrategia impulsada por el gobierno busca desmantelar a los medios de comunicación públicos. Desde el 1° de abril, las autoridades del canal dispusieron la contratación de presentadores externos y la marginación de los profesionales que venían desplegando este rol en la pantalla. Contratados de manera directa, violan la normativa por la cual es obligación llevar a cabo concursos públicos para la contratación del personal. El argumento del Secretario de Medios Públicos, Hernán Lombardi, y del gerente de noticias, Néstor Sclauzero, es que se trata de una cuestión artística, porque son la cara visible del programa. Sin embargo, no dieron ninguna explicación oficial a los periodistas desplazados.
En diálogo con ANCCOM, Agustín Lecchi, delegado de la TV Pública y Secretario de Organización del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA), subrayó tres puntos fundamentales sobre la situación que están atravesando. En un primer aspecto, el ajuste económico sobre los trabajadores: «No solamente nos congelaron el salario, sino que nos lo redujeron, porque comenzaron a violar de un día para el otro artículos del Convenio Colectivo que hacían a la conformación salarial. Todo esto, sumado a una paritaria cero en 2017, en el que hubo 25 % de inflación, y en 2018 que hubo un 47,6 %. Recién ahora se logró un aumento del 15 % sobre los salarios de 2017, pero esto no alcanza».
«La pantalla está devaluada, con menos producción, con menos capacidad de seducir a las audiencias», dice Agustín Lecchi.
Un segundo aspecto se da sobre la programación: «Si se observa la pantalla, está devaluada, con menos producción propia, con menos capacidad de seducir a las audiencias. Tenemos en el noticiero, con la excusa de la problemática presupuestaria, la imposibilidad de cubrir un montón de noticias que suceden más allá de la General Paz; ni que hablar en otro país, visitas del Papa Francisco a América Latina, el hallazgo en su momento del Ara San Juan. No hay noticieros informativos los fines de semana. Recién ahora hay algunos flashes en situaciones muy particulares, pero aún así no pudimos cubrir ni las elecciones PASO en San Juan, ni las de Chubut. Tampoco los festejos de Racing, ni las finales de River-Boca en la Copa Libertadores, y así un montón de noticias que día a día el canal no cubre con este pretexto».
Por último, la intensa política de desguace también repercute en el equipamiento, tanto edilicio como material: «No hay un mantenimiento adecuado. No se invierte en tecnología para el sector como se hacía en la gestión previa. No se cuidan correctamente equipos que son costosos ni se mantiene la infraestructura».
Los trabajadores denuncian abiertamente su situación a través de comunicados y videos en su espacio web y por medio de manifestaciones en marchas y huelgas. De la misma manera, y a forma de proyecto alternativo para evitar la censura y lograr ejercer de forma real el derecho a la libertad de expresión y opinión, impulsaron Noti trabajadores, un segmento de noticias producidas por los trabajadores, respaldado por el SIPREBA y con gran acompañamiento de Radio Nacional y Télam. Hasta el día de hoy, se emitieron más de 55 noticieros denunciando el apagón informativo que se da en el canal, así como también evidenciaron lo sucedido en otros medios públicos y privados y en algunos sectores de la sociedad.
Por los recortes, la TV Pública no cubrió los viajes de Francisco por América Latina, las PASO en Chubut y San Juan, la final de la Copa Libertadores ni los festejos de Racing Campeón.
Como representante de los trabajadores de la TV Pública, Lecchi sostuvo: «Este gobierno llegó con un discurso republicano de pluralidad de voces, con lo cual tienen un problema cuando nosotros le planteamos la obligación de cubrir determinadas noticias. A ellos les cuesta decir que no. Las noticias en general se cubren, lo que hay es menos capacidad para hacerlo. Si bien es una decisión económica, también repercute en una decisión política, ya que el presupuesto, en definitiva, depende del Estado, y ellos eligen a qué otorgarlo. Y por otro lado, desplazan a todos los conductores regulares para poner conductores afines y poder editorializar todas las noticias que nosotros cubrimos en la calle». Asimismo aclaró: «La gestión siempre pone algunos conductores y elige a los de planta que más les interesan, pero es la primera vez en la historia que son todos nuevos. No es casual que esto ocurra en un año de elecciones, justo después de un año de mucha conflictividad, vinculado con una fuerte presión política y como parte de la censura que venimos denunciando».
Sin embargo, desde la Secretaría de Prensa de SIPREBA afirmaron que no se han registrado despidos como consecuencia directa de la lucha de las y los trabajadores del canal.
El conflicto aún permanece en pie, planteándose cada vez más restricciones para el ejercicio periodístico profesional. La web del canal quedó fuera del control de los periodistas del noticiero, generando una escisión total entre lo que son las noticias en la pantalla chica y en la web. El canal emite programas enlatados de otros años, un política que termina beneficiando a los canales comerciales.
Dic 3, 2018 | Comunidad, Novedades
En el año 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó al 3 de diciembre como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Más de una década después, en el año 2006, la misma institución aprobó un documento en el cual se establecía, entre otras cosas, al término personas con discapacidad como el pertinente para denominar a quienes tengan “deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que (…) puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás”.
Estos antecedentes históricos, basados en un modelo social de inclusión con foco en los derechos humanos, fueron el punto de partida para que, a fines de 2017, el Gobierno firme el decreto 868/2017 que establecía la creación del Plan Nacional de Discapacidad. Pasado un año de ese hecho, ¿Qué hizo el Poder Ejecutivo respecto de ese tema?
El documento garantizaba la implementación de políticas públicas reguladas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que, en conjunto con la participación activa de organizaciones no gubernamentales, permitieran la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad a la hora de insertarse en los diferentes sectores de la sociedad. No obstante, la actualidad muestra que la distancia entre el dicho y el hecho es cada vez más extensa.
“Después de un tiempo, nos fuimos dando cuenta que el plan era puro marketing, hay muy pocas iniciativas concretas por parte del Gobierno” afirma Marcelo Betti, presidente de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI). En paralelo, Betti agrega que “el sector es uno de los más afectados por el ajuste, ya que hay una quita paulatina de pensiones no contributivas desde 2016. Las personas con discapacidad tienen un gasto mayor que el resto de la sociedad y su nivel de ingresos es muy bajo. Según un informe de la OIT, el 80 por ciento de quienes integran este colectivo son desempleados”.
“A la pobreza hay que agregarle la quita de las pensiones y la falta de respuesta gubernamental ante el pedido de pensiones nuevas», dijo Martín Passini.
Si bien la desocupación es una de las problemáticas más lacerantes en el país a nivel general, la cuestión se agrava ante el incumplimiento de pautas dentro del mismo aparato estatal. En diálogo con ANCCOM, Martín Passini, miembro de la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos de Córdoba, explica que “el Estado tanto a nivel nacional como provincial está obligado a tener un cuatro por ciento de trabajadores con discapacidad en cada organismo, sin embargo hoy en día el cupo no llega al uno por ciento”.
Passini, quien también forma parte del Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos de la misma provincia, asegura que “a la pobreza hay que agregarle la quita de las pensiones y la falta de respuesta gubernamental ante el pedido de pensiones nuevas. Además hubo una regresión ya que las pensiones se volvieron a regir de acuerdo a un decreto del año 1997 que se centra en los grados de invalidez de cada persona en particular y no en los problemas del entorno, oponiéndose a lo reglamentado por las Naciones Unidas en 2006”.
Otra de las premisas incluidas en el plan es el acceso a la educación, aunque lejos está de establecer prioridades o metodologías de aplicación específicas para los diferentes niveles. “La ANDIS no tiene relación con nosotros, nunca nos ha hecho participar. Las actividades que hacemos son junto a otras organizaciones y con el mínimo presupuesto posible” asegura Natalia Barroso, quien integra la Comisión de Inclusión de Personas con Discapacidad (CIPeD) de la Universidad de Salta (UNSA). En la misma línea opina Daniela Pérez Rangeon, licenciada en Trabajo Social e integrante de la CIPeD, quien entiende que “el recorte presupuestario incide directamente en la accesibilidad de nuestros estudiantes e impide la inclusión plena, hay que entender que no todos parten del mismo lugar ni tienen los mismos recursos”.
“El recorte presupuestario incide directamente en la accesibilidad de nuestros estudiantes e impide la inclusión plena», dijo Daniela Pérez Rangeon.
La ausencia del Estado se pone de relieve en casos como los del Cottolengo Don Orione, institución centenaria abocada a la asistencia de personas con discapacidad que en la actualidad sufre el embate del brutal ajuste. “Hay una conjunción de atraso de pagos y desactualización de aranceles que nos genera una incertidumbre permanente”, sostiene Beatriz Pérez, coordinadora del organismo. En consonancia, Pérez agrega que “están mintiendo respecto a la supuesta cancelación de la deuda, el último pago que recibimos corresponde al mes de junio. Por la falta de regulación no se están recibiendo prótesis ni medicamentos, además los transportes dejan de brindar servicios y eso es algo esencial ya que no contamos con vehículos adaptados a nivel público, incluso hay lugares que no tienen transporte”.
Precisamente la falta de movilidad es el principal conflicto que afronta Cecilia Watkins, ciudadana de Corrientes capital y tutora de su hermana María Graciela, quien tiene síndrome de Down. “Ella tiene PAMI como obra social y es un desastre, deberían pagar el instituto y el transporte pero no se hacen cargo de nada”, aclara. En la misma línea, Julieta Blayer, vicepresidenta de la Federación de Entidades Pro Atención a las Personas con Discapacidad Intelectual (FENDIM), entiende que la situación es cada vez más apremiante. “Como mamá de una persona con discapacidad de 40 años considero que día a día hay menos posibilidades de que accedan a una mejor calidad de vida”, sostiene.
Según la línea argumental del Plan, la participación multisectorial es un pilar fundamental a la hora de generar políticas de inclusión. Sin embargo, Daniel Ramos, presidente del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CAIDIS), asegura que “la medida fue anunciada sin consulta previa ni posterior a los organismos especializados”. Tanto Passini como Betti coinciden también en cuanto a la unilateralidad en el armado del proyecto. Pese a esto, el presidente de REDI subraya que “más allá de intereses contrapuestos, la gravedad de la situación genera una homogeneización de los grupos a la hora de marchar y reclamar por nuestros derechos”. En tiempos turbulentos, consideran, la unión emerge como uno de los escasos remedios contra la incapacidad de quienes gobiernan.
“El sector es uno de los más afectados por el ajuste, ya que hay una quita paulatina de pensiones no contributivas desde 2016″, dijo Marcelo Betti.
