Otro miércoles de gases y palos

Otro miércoles de gases y palos

Parece naturalizado que cada marcha de los jubilados que reclaman aumento de haberes y el retorno de los medicamentos gratuitos termine con represión de las fuerzas de seguridad y detenidos. Esta vez, arrestaron a dos personas.

El 11 de septiembre de 2024, los jubilados se concentraron por primera vez frente al Congreso para repudiar el veto de Javier Milei a la ley de movilidad, que vinculaba los haberes al índice de inflación o al RIPTE, el que resultara más alto. A partir de ese día las “rondas de los miércoles” se convirtieron en un ritual de resistencia contra el ajuste. Cada semana, ese puñado inicial de manifestantes fue creciendo. El punto de inflexión fue el 12 de marzo de este año, cuando simpatizantes de distintos clubes convocaron a una masiva marcha que, desafortunadamente, concluyó en una represión de las fuerzas de seguridad que hirió gravemente a Pablo Grillo, foto-periodista, con una granada de gas lacrimógeno.

Este miércoles no fue distinto: los jubilados, respaldados por organizaciones de todo tipo, clubes sociales, partidos políticos, gremios, docentes universitarios y un importante grupo de autoconvocados volvieron a marchar. Esta vez, el trayecto partió de Plaza de Congreso y avanzó hacia Plaza de Mayo. La jornada empezó tranquila, sin enfrentamientos mayores. Hasta el final resultó  imposible prever que, más tarde, se desataría otra vez un operativo policial que, como cada miércoles, fue desmedido.

Un comienzo en paz

De camino a Plaza de Mayo, como parte de las organizaciones que asisten a los manifestantes ante cualquier hecho de represión, ANCCOM habló con Marcelo, presidente de la filial La Plata del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios, quien declaró que pese a que la movilización parecía tranquila, igualmente él y su equipo estaban siempre alerta a cualquier tentativa de represión: “Vemos que nuestros chicos estén con la cobertura necesaria de elementos de protección personal: un overol, que tengan un traje que los pueda cubrir, un casco. Ahora estamos utilizando las máscaras No porque sepamos que vayan a reprimir pero tenemos que estar preparados: poder cubrir a nuestra gente que es la única forma de poder asistir a un tercero”.

ANCCOM también intercambió unas palabras con Marita, representante de la rama de jubilados de ATE e  integrante de la “verde y blanca”: “Notamos que a medida que pasan las semanas, se suman jubilados autoconvocados…. La cantidad de efectivos en la calle es hasta ridícula. A esta altura hay más policías que jubilados”.

En el medio de la Plaza de Mayo, de espaldas a la Casa Rosada, se encontraba un pequeño escenario rudimentario de madera que se alzaba como el corazón de la concentración. A sus lados, dos parlantes amplificaban las voces de distintos dirigentes sociales y partidarios que reclamaban por la recomposición salarial de los jubilados y el restablecimiento de los medicamentos gratuitos, entre otras consignas. Frente a ellos, una multitud se desplegaba de cara al escenario, ocupando la mitad de la Plaza: banderas de algunos clubes, carteles escritos a mano, y “trapos” partidarios, de la izquierda sobre todo.

 

A unos pasos del grupo más nutrido estaba Luis Zamora, histórico dirigente de la izquierda argentina que se encontraba como todos los miércoles en la movilización: “Las marchas de fines del año pasado eran con un grupo de 100 jubilados; ellos empezaron a construir esa agenda. Después empezó, cada vez más en el verano, a acercarse más gente. Y el punto más alto fue cuando los hinchas de fútbol hicieron un puente al pueblo, a sectores populares. No es fácil esperar que todos los miércoles pase lo que pasó el Día de los Hinchas. No se sabe muy bien cómo sigue esto. Pero esa es la gran tarea. Puede ser la lucha de jubilados u otras luchas. Pero lo importante es que acá están empezando a confluir sectores que se están movilizando. Y vienen sectores despedidos de una fábrica o trabajadores que están en lucha por salario. De alguna manera los reclamos se retroalimentan y encuentran en la plaza los miércoles una referencia. Mucha gente lo sigue por los medios con atención”.

Al ser consultado sobre cómo este tipo de movilizaciones podría influir electoralmente, Zamora amplió: “Están todos los dirigentes ahora pensando en las elecciones, en los votos. De alguna forma están diciendo: ‘Está bien, marchen, pero ¿a quién votan?’ La clave es esto. Porque a Milei no se lo va a derrotar votando más o votando menos.”

Aunque sin el volumen de la marcha del 12 de marzo, sigue habiendo actividad de distintos clubes. Luis, que es parte del Club Social “La Cultura del Barrio”, a medida que aumentaba la presencia policial, contaba: “Nosotros venimos siempre que podemos, a bancar a los jubilados… A veces la marcha tiene más adhesión, a veces menos como hoy; la constante es que siempre hay una desmedida presencia policial. Totalmente injustificado. Están subiendo la apuesta y eso, tarde o temprano, creo que sale caro”.

Por el contrario, Celeste Fierro, exdiputada por el MST, cree que esta marcha fue importante: “Estuvimos trabajando con distintas organizaciones sociales para que adhieran a la movilización. La mayoría acompañamos las rondas desde el principio”. La candidata a legisladora por CABA aprovechó para acusar al sindicalismo de ser concesivo con el Gobierno: “Como la burocracia sindical no convoca, son las organizaciones combativas las que aparecemos en defensa de los jubilados”.

«Ver a los periodistas es muy impresionante: están con casco, con máscaras; parece que son cronistas de guerra.Y esto no es una guerra, es una marcha legal en la Ciudad de Buenos Aires”, dice Solano.

Final de palos

Cerca del final de la marcha, a las 18, la situación que todos temían y que parecía que no iba a suceder se terminó dando: mientras los jubilados y las distintas organizaciones desconcentraban, la policía reprimió con gas lacrimógeno y detuvo a manifestantes. Al menos dos fueron arrestados.

Si la movilización no fue masiva ni intensa como en otras ocasiones y los manifestantes, que son en su mayoría jubilados, marchan de manera pacífica, ¿cómo se justifica el nivel de exagerada presencia y represión policial? Gabriel Solano, presidente del Partido Obrero y legislador de la Ciudad de Buenos Aires, comentó a ANCCOM: “Cuando vos ves el operativo policial, nunca hay relación con la cantidad de manifestantes. Yo creo que cumple una función intimidatoria, que la gente que está viendo por televisión que quiere venir a la marcha y está a favor de los jubilados no venga porque quizá los muelen a palos. Ver a los periodistas es muy impresionante: están con casco, con máscaras; parece que son cronistas de guerra.Y esto no es una guerra, es una marcha legal en la Ciudad de Buenos Aires”.

Pasan las semanas y las marchas sin represión son la excepción. Los jubilados y las organizaciones sociales no parecen dispuestos a abandonar la plaza ¿Cederá el Gobierno o seguiremos viendo las mismas imágenes miércoles a miércoles? Mientras tanto los jubilados siguen marchando.

¿Desapareció la clase media?

¿Desapareció la clase media?

Ingresos, ocupación, consumo, educación, herencia, valores. ¿Qué define hoy a la clase media en Argentina? Es una categoría en permanente transformación pero que aún organiza identidades y disputas sociales, aunque sus fronteras están cada vez más difusas.

“La Argentina es un país de clase media”. Durante décadas esa frase funcionó como un mantra nacional. Pero esa categoría, alguna vez asociada a la movilidad social y a los consumos culturales, hoy aparece cada vez más puesta en cuestión.

En general, se tiende a identificar como clase media a quienes están por encima de la línea de pobreza. Sin embargo, esa definición resulta cada vez menos convincente. Un informe reciente de la Consultora W, basado en datos del INDEC, estimó que el 43% de los hogares argentinos pertenece a este sector. La clasificación se apoya en variables como la Encuesta Permanente de Hogares, la Canasta Básica Total y los niveles salariales, siguiendo una lógica esquemática de: “decime cuánto ganás y te digo a qué clase social pertenecés”.

Sin embargo, para Eduardo Chávez Molina, investigador de la UBA y director del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, una definición basada en ingresos es insuficiente: “Las lecturas más mediáticas consideran clase media a quienes tienen ingresos medios. Generalmente, eso implica estar por encima de la línea de pobreza. Pero eso no alcanza”.

Según el investigador la clase media no se define exclusivamente por sus ingresos ni por lo que posee sino por el lugar que ocupa dentro de la estructura económica. “En general, las clases medias se asocian a tareas de servicios, a actividades no manuales”, precisa. Sin embargo, reconoce que con eso tampoco alcanza en estos tiempos y suma factores que permiten pensar en una clase media que, a pesar de todos los cambios, cuenta con recursos para sostenerse. Uno de ellos, dice, es el familiar: “La baja tasa de natalidad en CABA incide. Quizá tengo peores ingresos, pero tengo más bienes, porque como la abuela o la tía no tenían hijos, lo que tenían se fue heredando”. No tener hijos puede ser determinante también para no aumentar gastos que implican una caída en la pirámide social.

Entonces ¿qué pasa hoy con la clase media? ¿Es algo que se hereda? ¿Cómo afecta la situación económica de los últimos años al bienestar y a la reproducción de este sector en la Argentina? Chávez Molina describe un panorama dividido: “Hay una situación polarizante. En el sector servicios, que es el prototipo de la clase media, tenés empleados de comercio que atienden una tienda de venta de medias y también tenés empleados que saben informática, que programan, que tienen ingresos elevados, ya sean en pesos o en divisas”.

Pero la clase media argentina no puede pensarse aislada. También se inscribe dentro de una estructura social regional con características particulares. “Argentina, junto con Uruguay, Brasil y Chile, tiene una clase obrera con trabajadores industriales altamente calificados, algo que la acerca a los parámetros de clase de los países centrales”, explica Chávez Molina. “Esos sectores como los técnicos del petróleo, de la industria farmacéutica o del plástico conviven con otros más precarizados, sobre todo en el ámbito de los servicios. Esta configuración es distinta a la de los países andinos y centroamericanos, donde la proporción de población dedicada a actividades rurales llega al 30 o 35%, mientras que en el Cono Sur ronda apenas el 5%”.  “Eso marca diferencias importantes a la hora de pensar cómo se constituye la clase media en la región”, señala el sociólogo.

 

El rol de los libros

Más allá de su ubicación en la estructura económica, otras miradas ayudan a ampliar la tarea de armar el rompecabezas de la clase media. Ana Wortman, investigadora cultural del Instituto Gino Germani, doctora en Ciencias Sociales y docente de Teoría Sociológica en la UBA, aporta una perspectiva que pone el foco en las prácticas culturales: “La Ciudad de Buenos Aires tuvo muy tempranamente una gran cantidad de teatros, donde ir al teatro no era algo de la clase alta. Estaba incorporado. Y así se fue constituyendo también la clase media”. Esa constitución no fue solo por el empleo asalariado o el crecimiento del comercio y la administración pública, sino también por lo que ese ingreso habilitaba: “Permitía proyectar, ahorrar. Y junto con ese bienestar económico, también estaba la idea del teatro, y cine. Esas eran las metas de la clase media. Tener una biblioteca en casa era parte del sueño. Hoy, para muchos, es un lujo” agrega.

 

Ese modelo, sin embargo, empezó a desdibujarse en la dictadura y luego en las décadas de los 80 y 90, cuando “ya era cada vez más difícil comprarse un departamentito de dos o tres ambientes, como había sido para generaciones anteriores que trabajaban 20 años en un empleo público, ahorraban y se lo compraban. Vivían muy austeramente, pero había estabilidad y esa cosa de mirar hacia el futuro, de sacrificarse”. Este cambio se refleja claramente en el último censo: en la Argentina, solo el 65,5% de los habitantes vive en viviendas propias, un fuerte descenso respecto al 71% registrado en el censo de 2010.

Por otro lado, con la inflación constante y la pérdida de capacidad adquisitiva, prácticas culturales antes extendidas se fueron elitizando: “Muchos de esos consumos culturales se encarecieron. Hay sectores de clase media que siguen yendo al teatro o al cine, pero hay otros a los que ya no les importa tanto” amplía Wortman. Para dimensionar esta transformación, según datos de Ultracine, 2024 fue el peor año en asistencia al cine desde 2014 cuando se inicio de esta medición en particular y exceptuando los años de pandemia. Ese año se vendieron 8 millones de entradas menos que en 2023, 12 millones menos que en 2019 y 15 millones menos que en el récord histórico de 2015. Este escenario nos presenta una clase media dividida: “Hay un proceso de polarización, de producir una sociedad de pobres y de ricos, y de una clase media baja. Ya no aparece más la clase media-media, como antes”.

No tener hijos puede ser determinante también para no aumentar gastos que implican una caída en la pirámide social.

A ese caleidoscopio que admite miradas distintas se suma la confusión subjetiva. La socióloga Manuela Leiva advierte que “nadie sabe cómo se define la clase media, pero mucha gente sí se define como tal”. Esa percepción, asegura, se sostiene en factores como la educación universitaria o ciertos cargos de autoridad laboral, incluso cuando las condiciones materiales no acompañan: “Muchas personas asalariadas, sin propiedad de medios de producción, creen pertenecer a la clase media porque tienen un título o manejan a otros trabajadores. Eso les da una posición algo más favorable, pero no necesariamente estable”.

En esa línea, Leiva también cuestiona el avance de discursos meritocráticos vinculados al emprendedurismo: “Hay una idea extendida de que si hacés lo tuyo, si no vendés tu fuerza de trabajo, podés ascender. Es el ‘el que quiere, puede’ neoliberal. Pero muchas veces se

esconde una situación de precariedad y explotación. Trabajadores de apps como Uber o Rappi suelen ser presentados como pequeños empresarios, cuando en realidad reproducen lógicas de subordinación sin derechos laborales plenos”.

Pese a estas señales de cambio o declive de la clase media ciertos valores parecen persistir. Wortman destaca especialmente el peso simbólico de la educación pública superior: “Me parece que eso sigue estando y que es muy fuerte. Por eso fue tan importante la movilización del año pasado en defensa de la universidad pública. Creo que fue más masiva que otras. Y eso me parece que es algo muy distintivo de la sociedad argentina y que hace a la clase. Es del conjunto de la sociedad, pero más de la clase media”. En un escenario donde muchos de los soportes tradicionales de este sector se debilitan, la educación superior pública parece persistir como uno de los últimos bastiones simbólicos. “Hay un reconocimiento de que el título universitario te da un lugar social de pertenencia, incluso más que el dinero”, explica, apelando al concepto de capital simbólico de Bourdieu.

Ese reconocimiento trasciende a los sectores históricamente ligados a la universidad. La expansión del sistema público en el conurbano y el interior del país refuerza su función como herramienta de movilidad: “La existencia de universidades en zonas como José C. Paz o en Florencio Varela hace que los chicos terminen el secundario. Es un factor de motivación tener una universidad cerca”. Según datos oficiales, la matrícula universitaria en instituciones nacionales no ha dejado de crecer, superando los 2,5 millones de estudiantes. Este proceso no solo amplía el acceso, sino que también fortalece el valor simbólico de la universidad como un puente hacia la integración social.

Más que una identidad fija o una posición fácilmente delimitable, la clase media aparece como una cuestión abierta, en permanente disputa. Quizás ahí, en esa inestabilidad, es en donde reside su persistencia.

Un paro docente contra la destrucción de la universidad

Un paro docente contra la destrucción de la universidad

Este martes habrá clases públicas y el miércoles cese de actividades debido al congelamiento presupuestario y al deterioro salarial que sufren los profesores desde que asumió Milei. «Somos los trabajadores que más perdimos, estamos aún peor que el empleo informal», señalan los gremialistas.

A un año de la multitudinaria marcha federal universitaria, los gremios docentes universitarios convocan a un paro nacional de 48 horas. El principal motivo de la medida de fuerza se centra en la emergencia salarial que atraviesan los docentes y no-docentes de las universidades públicas nacionales de todo el país. La situación se agrava aún más ante la falta de convocatorias a negociaciones paritarias y por el congelamiento del presupuesto.

“La docencia universitaria y el campo de la investigación científica están atravesando uno de los peores momentos de los últimos cuarenta años; tanto en relación al brutal ajuste a través de un presupuesto que está congelado hace dos años con algunas partidas que no alcanzan ni siquiera a cubrir lo más elemental, junto a los salarios que se han desplomado”, declaró Santiago Gándara, Secretario de Prensa de la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires en diálogo con ANCCOM, y agregó: “La situación es crítica a tal punto que estamos advirtiendo el hecho de que muchos docentes e investigadores dejan sus puestos de trabajo. Renuncian para buscar otro trabajo o en otras universidades privadas en las que pueden obtener un pequeño salario mejor o cambian directamente de actividad”.

Luis Tiscordia, Secretario Gremial de CONADU Histórica mandato cumplido el pasado 8 de abril, advirtió que “La investigación está al borde de la parálisis. Los proyectos de docencia que estamos llevando adelante los estamos tratando de mantener con nuestros propios fondos personales porque la financiación está completamente deprimida. En muchas facultades se interrumpen investigaciones porque no hay fondos. Yo soy docente en la Facultad de Agronomía de la UBA y todo lo que es salidas al campo, que implican traslados en vehículos. se tuvo que suspender por falta de fondos para sostenerlas”.

Pablo Perazzi, Secretario General de FEDUBA, afirma: “Nosotros somos de todos los sectores asalariados, los que más poder adquisitivo perdimos. Esto incluye a los trabajadores informales, es decir, perdimos más que ellos”. En esa misma línea, su compañero Darío Capelli, Delegado General de la Comisión Interna de FEDUBA Sociales, agrega: “El salario de los docentes y no-docentes universitarios desde el inicio del gobierno de Milei quedó ochenta puntos por debajo de la inflación acumulada. Es decir que mientras la inflación aumentó de manera acumulada alrededor de un 190%, nuestro salario aumentó alrededor de un 110%. Ochenta puntos por debajo, en términos de poder adquisitivo del salario representa aproximadamente una pérdida de más del 30%”.

“Vamos al paro no solo por una cuestión de números, esto tiene que ver también con la concepción que este Gobierno tiene sobre la educación superior: totalmente mercantilista, elitista, desea que sea para unos pocos y que esté puesta al servicio de las grandes corporaciones”, subraya Perazzi, quien comenta también que hicieron coincidir el paro con el primer aniversario de la gran marcha federal universitaria.

“Hace un año, logramos empezar a limitar la embestida diaria que hacía el Presidente y su pandilla respecto de lo que era la universidad, que según ellos era un lugar de adoctrinamiento, nosotros éramos ideólogos y la sociología era una mancha roja. Lo siguen pensando, pero no están diciendo todo el tiempo como lo hacían antes de la gran marcha universitaria que les demostró que la universidad pública es considerada un derecho, no solo por docentes y estudiantes, sino también por las familias de unos y de otros”, expresó Santiago Gándara (AGD).

“Probablemente, la del año pasado va a ser recordada de acá a cincuenta, sesenta, setenta años como la marcha más importante que llevó a cabo la universidad. Probablemente, el 2024 sea recordado como el año de la lucha universitaria”, agregó Capelli y además destacó a la unidad gremial como un aspecto fundamental para que se convoque a las movilizaciones, ya que justamente esas manifestaciones generaron que el pueblo en su conjunto se sienta interpelado por la problemática y salga a bancar y defender como propio el derecho a los estudios universitarios”.

FEDUBA y la CONADU, y todas las asociaciones de base de la CONADU, llevarán adelante un paro nacional de 48 horas que iniciará este martes 22 con clases públicas y el miércoles 23 paro sin concurrencia a los lugares de trabajo y con movilización al Congreso para acompañar el reclamo de los jubilados. Además, en su plan de lucha también está incluido adherir a la movilización convocada por la CGT para el 30 de abril. Todo esto con miras a construir en la segunda quincena de mayo una nueva marcha universitaria que aún no se sabe si va a ser antes o después de las elecciones en CABA.

Por su parte, la AGD realizará el paro de 48 horas del 22 y 23 de abril con clases públicas y actividades de visibilización. “Nosotros planteamos la necesidad de un plan de lucha que sea sistemático: medidas de fuerza aisladas no sirven para nada. Tenemos que retomar el camino de la movilización. No se trata solo de una mirada nostálgica de decir que hace un año hicimos esta movilización, sino que se trata de volver a poner todo, todo, todo, para que esa movilización vuelva a ser muy grande”, señaló Gándara.

Capelli también reflexiona : “A partir de la marcha del año pasado, se logró algo muy valioso: la adhesión social producto de la fuertísima visibilidad que tuvo el conflicto universitario y producto de que la propia sociedad argentina acogió en su corazón al sistema universitario nacional”.

“Entendemos que todos tenemos que salir a defender la educación y es lo que vamos a hacer estos días. Por eso, el 23 es un paro nacional que conmemora esa marcha y debemos nuevamente decirle a la sociedad tenemos que salir a defender la universidad pública porque lamentablemente estamos bajo un gobierno que está empecinado en destruirla”, concluyó Tiscornia.

 

«La consigna es vaciar, cerrar, privatizar»

«La consigna es vaciar, cerrar, privatizar»

Los trabajadores del Garrahan marcharon frente al hospital en reclamo de la asfixia presupuestaria que hace renunciar a numerosos trabajadores e impide la atención de una creciente cantidad de pacientes.

Tras un largo proceso de vaciamiento, recortes salariales y despidos que vienen afectando al sector público, el 27 de marzo fue el turno de la marcha en defense del hospital pediátrico Garrahan . Los trabajadores y trabajadoras del centro de salud de alta complejidad especializado en infancias y adolescencias se manifestaron contra del desfinanciamiento de la salud pública, pidieron una recomposición salarial y mejora en las condiciones laborales, para frenar las renuncias masivas que actualmente están mermando el personal, altamente calificado, de la institución.

La movilización comenzó a las 11 en la entrada del Garrahan, en Parque Patricios, y contó con cientos de profesionales de la salud que coparon toda la cuadra. Las calles se tiñeron con los colores que distinguen a cada sector: remeras estampadas con el logo del Garrahan para los administrativos, ambos blancos, turquesas y azules para los médicos y rojos para el personal de limpieza. “Olé olé, olé olá, nuestro trabajo es esencial, salario igual a la canasta familiar”, pedían los trabajadores a coro.

Los manifestantes marcharon por el carril del Metrobús de la Avenida Brasil, aplaudiendo y alzando carteles que expresaban su solidaridad con otros centros de salud en riesgo de cierre como el Hospital Bonaparte, el Sommer y el Posadas. “La consigna de vaciar, cerrar y privatizar alcanza a todos los hospitales nacionales”, expresó la diputada nacional del Partido Obrero Vanina Biasi, presente en el frente de la movilización.

Durante el trayecto, se sumaron las bocinas de algunos vehículos mostrando su apoyo, que se mezclaron con bombos, cantos y frases pronunciándose en contra del actual ministro de Salud y del Presidente de la Nación: “Llamen a Lugones y a Milei, para que vean, que este equipo no cambia de idea, pelea y pelea por el hospital”,  “No al vaciamiento y el ajuste, si a la salud pública”, “La salud es del pueblo, no se vende, se defiende” fueron las consignas que más se repitieron en la jornada.

Durante la marcha, los participantes también mostraron su apoyo por la causa del fotoperiodista Pablo Grillo; compartieron una ronda de aplausos y exclamaron al unísono gritos de aliento para el reportero herido gravemente por la Gendarmería en la marcha de los jubilados el pasado 13 de marzo. Si bien el motivo principal que los encontraba en las calles era el vaciamiento del sector sanitario, su reclamo tenía un alcance aún más amplio y generalizado.

En diálogo con ANCCOM, Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APT), explicó que hay una política de ajuste y destrucción del sistema público de salud, que a través de las autoridades del hospital el gobierno nacional está asfixiando los salarios de los profesionales, con intenciones de que renuncien. “Hay falta de mantenimiento en general; se ve como el hospital se deteriora. El ministro Lugones no tiene diálogo con las y los trabajadores y la doctora El Kik, máxima autoridad del hospital, no recibe a los representantes de profesionales y técnicos desde octubre del año pasado”, manifestó Lezana. Fue justamente en ese período en el cual se intensificó la lucha en defensa de la salud pública en general y del Garrahan en particular, llegando a realizar un total de diez paros generales en el transcurso del año pasado.

“Esto es un hospital, no es una empresa. Es imposible pretender gastar lo mismo que se ingresa cuando el presupuesto hace más de dos años que está congelado. Esto más que déficit cero tiene lógica cero y las consecuencias las vemos en compañeros que se van, infraestructura sin mantenimiento y falta de insumos”, expresó uno de los trabajadores del Garrahan tomando la palabra a través del micrófono. En cuanto a cuál es el principal problema que encuentran los trabajadores de la institución pediátrica en el contexto actual, tanto un empleado administrative que evitó identificarse, como Antonella Melgarejo, desde el sector de Hematología, coincidieron en que la sobrecarga a la que está expuesta el personal es uno de los principales agravantes. “La explotación es la consecuencia número uno de este desfinanciamiento. Hay un vaciamiento debido a las renuncias, y a la vez un aumento en la cantidad de pacientes”, afirmó el administrativo. Además, añadió que hay una demora en el suministro de medicamentos caros y esenciales en el tratamiento de los pacientes: “Antes demoraba días o a lo sumo semanas y ahora están tardando meses”.

En relación a la problemática salarial, Andrea Bernasconi, bioquímica, dijo: “Yo estaba con una becaria que estuvo un mes y se fue al siguiente, porque afuera ganaba mucho más de lo que gano yo con 30 años de antigüedad”. Su colega Nora Saraco resaltó que se estima un ingreso de un 50% menos de becarios que junto con los residentes son parte fundamental para el funcionamiento del Garrahan.

“No hay presupuesto, el gobierno viene manejándose con la prórroga de un presupuesto y ahora ni siquiera está en debate algún monto, y lo que las autoridades del hospital hacen es que, en vez de reclamar los fondos necesarios, se ajuste al hospital para que se adapte al presupuesto”, aseguró Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna ATE Hospital Garrahan. Esto trae consecuencias como la escasez de insumos, perjudicando el tratamiento o demora este de algunos pacientes, la mencionada renuncia de profesionales, que además es muy difícil de reemplazar, ya que se trata de personal con muchos años de trayectoria y muy calificada en el hospital de más alta complejidad en lo que tiene que ver con pediatría. “Tampoco el gobierno tiene intención de reemplazarlos, no está ingresando gente nueva”, sentenció Lipcovich.

A su vez, los participantes comunicaron que la próxima marcha incluirá un paro general el día 10 de abril, organizado por la CGT y acompañado por acciones propias de los miembros del hospital en los días previos para aumentar la convocatoria. Si bien el plan de lucha de los funcionarios del centro médico tuvo como objetivo principal visibilizar las condiciones de precariedad laboral y deterioro del Garrahan, la participación se extendió a estudiantes, autoconvocados y miembros de la Junta General. La medida buscaba transmitir que si bien el ajuste afecta a los trabajadores de la institución, también impacta en la población en general, debido a que atenta contra el derecho de acceder a la salud.

¿Se viene el estallido?

¿Se viene el estallido?

La represión del miércoles pasado fue el punto cúlmine de una sucesión de acontecimientos inaugurados con el caso $Libra donde el gobierno perdió el manejo de la agenda. El sociólogo Pablo Semán, historiadora Dora Barrancos, la politóloga Gabriela Delamata y el diputado Daniel Arroyo analizan el escenario.

El miércoles pasado se vio el accionar de las fuerzas de seguridad comandadas por la ministra Patricia Bullich en su faceta más cruda. La represión a la marcha semanal de los  jubilados, cuyos haberes han sido recortados en un 24% en términos reales, terminó con el fotoperiodista Pablo Grillo peleando por su vida tras el disparo de un cartucho de gas lacrimógeno en su cabeza. Esto abre una serie de interrogantes: ¿Estamos al borde de un estallido social? ¿La tensión en las calles escalará? ¿Cuál es la naturaleza del accionar del gobierno en materia de seguridad?

A todas luces, la política de seguridad frente a la protesta social no parece un accidente ni un exceso, sino algo premeditado. “El gobierno tomó la decisión estratégica de avanzar un paso más en su propio modelo represivo, destinado a aniquilar la protesta. Es contra la actual y la futura, una respuesta política elaborada y meditada con el objetivo de decir ‘podemos ser los más malos del mundo’”, subraya Pablo Semán, sociólogo y antropólogo autor del libro  Está entre nosotros (Siglo XXI).

En su primer mes de gestión, el Ministerio de Seguridad instauró el protocolo antipiquetes, dando la posibilidad a las fuerzas policiales de aprehender a los manifestantes ante cualquier corte de calle. Incluso, la propia Bullrich declaró en febrero del año pasado que no dejará de actuar de esta manera “por miedo a un muerto”. El autor reflexiona que “este tipo de represión se empezó a pensar antes. Esta decisión se tomó cuando comenzó la corrida bancaria en Brasil, cuando el gobierno vio urgente acudir al FMI”.

Para la socióloga e historiadora Dora Barrancos, esto se explica también por la figura de la ministra de Seguridad: “Quien comanda la violencia del Estado es alguien que hace lo que quiere. Esta señora desquiciada no tiene ningún contrapeso porque el resto está en otra cosa”. En esa línea, observa en los miembros del Poder Ejecutivo “personalidades que tienen una composición personal grave, incluido el propio presidente. Son muy poco sofisticados en todos los rubros, incluso para la corrupción”, dice, en referencia al caso de la criptomoneda $Libra.

Ante esta situación, Gabriela Delamata, abogada y doctora en Ciencia Política y Sociología, especializada en protesta y movilización social, analiza los incidentes del miércoles pasado, destacando que “hubo una guerra de relatos acerca de lo que hicieron las fuerzas de seguridad. La ministra (Bullrich) fue una de esas voces, anclando los hechos a la idea de polarizar entre ellos y kirchneristas, lo que construye significados”.

Jorge Macri, jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, afirmó que la mitad de los detenidos contaban con antecedentes penales, cuando en realidad sólo 25 de los 94 detenidos contaban con alguna causa en su contra, según fuentes del Ministerio de Seguridad porteño.  Por su parte, el Poder Ejecutivo, de la mano de su vocero Manuel Adorni, aseguró que se trató de un intento de golpe desestabilizante. Sobre esto, Barrancos recalca que “saben que esto es falso. Hay un aparato falsario funcionando, todo está producido sobre falsedades”.

Tensión social

Más allá del accionar represivo del Estado, la efervescencia en las manifestaciones está, sin pausa pero sin prisa, aumentando. El gobierno de Javier Milei observa cómo se multiplican las concentraciones en contra de sus políticas. ¿Estamos, entonces, ante una escalada social?

 Sobre esto, el diputado nacional Daniel Arroyo marca que “no hay condiciones en lo inmediato para un estallido porque hay un fenómeno de implosión social. Mucha gente revienta para adentro, no le alcanza la plata, no llega a fin de mes, está endeudada. Eso se traduce en tensión social, pero el fenómeno es hacia adentro”.

Por otro lado, destaca que hay un efecto de desmovilización: “Se rompió la idea de que si uno protesta, consigue algo. Hoy tenés riesgo de que te repriman y, además, tenés miedo de perder lo que ya tenés”. Para el diputado, “las puebladas no son un fenómeno del siglo XXI, en donde las formas de comunicación cambiaron. Antes de estallar, la sociedad marca. Un punto de inflexión fue la marcha universitaria, señaló un límite”.

Por su parte, Delamata, investigadora del CONICET y docente en grado y posgrado en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), pone distancia entre la situación actual y el 2001, año en el cual el gobierno de la Alianza cayó producto de movilizaciones masivas en todo el país: “En aquel entonces tuvimos un escenario de fragmentación política muy fuerte, fruto de protestas en contra de todo el sistema de representación”. Dicho esto, señala que, a pesar de que puede haber condiciones materiales similares, “en este momento no está esa división, lo que prima hoy es la polarización”.

En esta misma línea, asevera que “el 2001 vino precedido de elecciones legislativas, en las que 10 millones de votantes se ausentaron o votaron en blanco. En el día de hoy, son dos espacios políticos que están enfrentados, que tienen valores y están apoyados en campos ideológicos existentes en la Argentina. Es otra dinámica, mientras no se desestabilice esa construcción del conflicto, no va a suceder (un estallido)”.

A su vez, Barrancos marca la importancia del apoyo con el que todavía cuenta el oficialismo, destacando que Milei “ganó el balotaje con la voluntad popular de mucha gente que podría haber sido indicada como saqueador en el pasado”.

En ciertos sectores de la opinión pública, sobrevuela la expectativa de una desestabilización del gobierno dada su presunta debilidad. Semán se distancia de esto, recordando que con el caso $Libra hubo gente que pensó que el gobierno iba a caer. “¿Cuántos escándalos tuvo Menem antes de que la convertibilidad tenga algo de éxito?”, se pregunta.

Crisis de representatividad

Uno de los factores que más dilata el aumento de la conflictividad social es la desconexión que existe entre el sistema político y la sociedad. Para Arroyo, “no se encuentran canales de representación. Está roto el vínculo con los actores de agregación de demandas”.

Delamata remarca que la praxis discursiva del oficialismo disipa la posibilidad de un desenlace similar al 2001: “Uno de los principales instrumentos del gobierno para mantener su popularidad es apelar todo el tiempo a que está combatiendo al kirchnerismo, a los zurdos, a la gente de mal. Del otro lado, al mismo tiempo, no se puede salir de ahí, ya que allí no hay ninguna construcción alternativa”.

En este contexto, la oposición no logra dar respuestas ni tampoco logra tener una postura cohesiva o convincente. Para Semán, “los mismos que alucinaban helicóptero el primer mes de mandato ahora dicen que va a durar mil años. No es un gobierno fuerte ni tambaleante, es uno que está construyendo su mandato como cualquier otro. En Argentina estos procesos son más revulsivos, con más posibilidades de traumatismos sociales”. En consecuencia, destaca que “este modelo represivo se beneficia en parte de la indigenidad de la oposición, que tiene expectativas de repetición histórica y una concepción muy mecánica de la vida social”.

En ese sentido, reflexionando sobre una postura de aquí en más, observa que “hay mucha gente que juega al ‘valentismo’ y a que esto es una dialéctica entre ‘cagones’ y ‘valientes’. Lo que hay que pensar es en cómo generar movilizaciones masivas, que son las que quebraron el protocolo antipiquetes. Pero estas se producen con tiempo, por lo que no se puede jugar a la desesperación”.