May 11, 2016 | destacadas
Una campesina tiene en su mano un morrón de su propia cosecha. Es rojo oscuro, su forma es flaca y arrugada; no se parece a los grandes y brillantes que venden las verdulerías. “Esto ya no sirve para comer porque está todo envenenado”, dice la mujer en guaraní. Las líneas de su mano son profundas, guardan historia y el trabajo de la tierra que pisa. Camina por su chacra y señala a su perro enfermo: todos sus animales lo están. Camina y avanza, un poco más, hacia el imponente y desolador paisaje verde que se ve de fondo y que parece no tener fin. Son inmensas plantaciones de soja.
“En Paraguay, la lucha de clases se da en el campo”, explica Celeste Helmet, directora y guionista de Tierra Golpeada, un documental que reconstruye, desde una mirada social, política y cercana a la comunidad campesina, el histórico conflicto de las tierras de un país que siendo tan rico es, sin embargo, pobre. Dos hechos paradigmáticos son el punto de partida de la narración: la Masacre de Curuguaty –un enfrentamiento entre campesinos sin tierra y policías que dejó 17 muertos- y la consecuente destitución del presidente constitucional Fernando Lugo, mediante un cuestionado juicio político impulsado por el Parlamento. “Pero esa es la punta del iceberg -asegura Hemlet-. Por debajo hay un montón de subtemas que están ligados”. Tierra Golpeada indaga sobre ese complejo trasfondo.
Celeste Helmet nació en Buenos Aires pero tiene la raíz paraguaya de su madre, que en 1960 viajó a la Argentina en busca de trabajo y de una formación profesional. Estudió Ciencias de la Comunicación en la UBA y Guión en la ENERC, y fue la guionista y productora de la serie de televisión Los pibes del puente, ganadora del premio AFSCA a la mejor serie de TV Metropolitana. Mientras cursaba la materia de Guión Documental, el 22 de junio de 2012 Fernando Lugo fue destituido. La motivación profesional se combinó con la ligazón afectiva y el proyecto surgió de inmediato: al mes siguiente Helmet viajó a Paraguay con Ludmila Katzenstein, su compañera de investigación, y durante una semana entrevistaron a distintos actores sociales, como la referente de la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (CONAMURI), Perla Alvarez, y el investigador del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), Abel Irala. De vuelta en Argentina, Helmet escribió el guión y en diciembre entregó la carpeta. Un año después fue el rodaje. “Nunca había estado en un sojal –cuenta-. Recién cuando estuve en el campo mismo entendí lo que estaba pasando. Cuando ves a una familia de pequeños agricultores que tiene su plantación rodeada de soja, te das cuenta que esa realidad es el conflicto”.
Paraguay es uno de los países con mayor desigualdad en la tenencia de tierras en el mundo: el 2% de la población es propietaria de más del 85% de las tierras. El latifundio es principalmente plantación de soja, cuya expansión cada vez mayor, junto con la agresiva utilización de agrotóxicos, provoca el desplazamiento de las familias campesinas hacia una Asunción sobrepoblada, sin trabajo y en condiciones de pobreza extrema. “La fumigación envenena y pudre sus plantaciones, con el agravante de que ellos viven ahí –señala la directora-. Es un éxodo obligatorio. Pero ¿qué van a hacer en la ciudad si la reproducción de su vida tiene que ver con la tierra?” En su ópera prima, Helmet y su equipo filmaron a campesinos y campesinas en sus escenas cotidianas, recuperando las voces que en torno a esta problemática más necesitan ser escuchadas y que, paradójicamente, son las más ignoradas.
La concentración de las tierras tiene larga data. Durante el la dictadura de Stroessner, los campos que debían haberse destinado a la reforma agraria fueron entregados a personas ligadas al gobierno, por fuera de lo que planteaban los estatutos. Esas tierras se las conoce como “tierras malhabidas”. Después de 80 años de hegemonía del Partido Colorado, Lugo asumió la presidencia en 2008. “Es el primer presidente de centro izquierda en la historia paraguaya –explica Helmet-. Y si bien tiene sus contradicciones, como aprobar la ley antiterrorista o aceptar el apoyo técnico de Estados Unidos a través de los programas Iniciativa de Zona Norte (IZN) y UMBRAL, plantea una serie de medidas a favor de los sectores populares que ponen en pie de guerra a la clase dominante: una tibia distribución de la riqueza y la regulación de la venta de agrotóxicos y de semillas transgénicas. Desde que asumió, Lugo estuvo constantemente amenazado por los sectores dominantes. Tuvo 23 intentos de golpe de Estado. El número 24 les salió bien”.
El predio de Marina Kue, donde ocurrió la Masacre de Curuguaty, son tierras malhabidas. El 15 de junio de 2012 -ocho meses antes de las elecciones presidenciales en las que Lugo daba como candidato favorito-, once campesinos y seis policías murieron durante un operativo de desalojo contra las familias que habían ocupado esas tierras con el fin de alimentarse y mantener su cultura. “Las circunstancias del enfrentamiento son dudosas: no se sabe quién inició la balacera, si hubo francotiradores e incluso si fue un operativo montado o no –contextualiza Helmet-. Campesinos y policías fueron carne de cañón”. No se abrió ninguna línea de investigación que aclare la muerte de los campesinos y los que sobrevivieron a la masacre permanecen detenidos sin ninguna prueba concreta. Helmet hizo un pedido formal para entrar al penal para entrevistarlos y se lo denegaron: “Atenta contra el sistema democrático paraguayo”, le argumentaron. “Todo hace sistema cuando te das cuenta de que el Poder Judicial es el latifundista –sostiene Helmet-. Entonces siempre van a fallar a favor de los grandes terratenientes. No existe la justicia independiente”.
A la hora de rodar “todo fluyó mágicamente”, expresa Helmet. Cuando fueron en busca de stencils en contra de la soja, de Federico Franco y de Horacio Cartes, una vuelta en camioneta bastó para tener todas las imágenes. Tampoco fue necesario charlar largo rato con sus entrevistados para generar la confianza antes de prender la cámara. Los campesinos no sólo no se inhibían sino que salían muy naturales. Incluso, cuenta Helmet, una vez llegó con su equipo a entrevistar a un campesino que finalmente pudo pelear y ganar un pedazo de tierra, y no alcanzaron a prender los equipos que éste ya estaba hablando y mostrándoles su chacra. “Ellos trasmiten tristeza pero también resistencia”, señala la directora, y lo que dice tiene su correspondencia con el grupo de jóvenes que estudian en la escuela de agroecología y cuentan, en el documental, cómo producir sanamente, planteando el cultivo diversificado en contraposición al monocultivo de transgénicos.
Tierra Golpeada tiene una estructura circular: empieza y termina en el campo. “La realidad está ahí, en el pequeño campesino luchando por su pedazo de tierra”, expresa la directora. Sin embargo, esa estructura apareció recién en mesa de montaje. “Yo estaba encaprichada con que la primera secuencia tenía que ser igual que el guión, y la superó”, cuenta. Helmet imaginaba una animación del enfrentamiento entre campesinos y policías, pero en Paraguay consiguió un material más real y poderoso: el video del funeral y del entierro de los campesinos asesinados.
“El golpe de Estado no fue a Lugo –subraya-. Fue un golpe de Estado a la comunidad campesina y a todos los pequeños avances que había hecho Paraguay en materia de derechos. Con Cartes en el poder, hoy se vuelve a un proceso de neoliberalización y de extranjerización de recursos naturales”. Helmet ya encara un nuevo trabajo, cuyo rodaje empezará en dos meses: el documental se llamará Monstruos con pie de metal y es una continuación sobre la problemática de la tierra en Paraguay pero centrándose, esta vez, en la comunidad indígena.
La cámara se acerca a los campos y se mete entre las plantaciones; luego se distancia y recorre la ciudad. Tierra Golpeada viaja en el tiempo, desde la dictadura de Stroessner hasta el gobierno de Cartes. A pesar de contar con poco presupuesto, lo que implicó que se hicieran ocho jornadas de rodaje en vez de dos semanas, o que faltara material en mesa de montaje, Helmet logró una película coral en la que diversos testimonios dialogan entre sí: dirigentes campesinos, investigadores y funcionarios públicos que ejercieron sus cargos durante la gestión de Lugo, como la ex viceministra de Minas y Energía, Mercedes Canese, o el ex presidente del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), Miguel Lovera.
Tierra Golpeada nos interpela a todos; nos habla de cuestiones presentes que parecen tener cada vez más peso en la región: un modelo agropecuario mortal que no reconoce límites, que avanza sobre comunidades históricamente desprotegidas y que están desapareciendo, pero que también avanza sobre nosotros y se mete imperceptiblemente en nuestro ADN; y una clase dominante que golpea las experiencias progresistas, ya no a través de la fuerza, sino con la justicia como principal aliado para restaurar el orden conservador. “El documental reflexiona sobre los complejos procesos de apertura democrática en la región”, dice Helmet, y enfatiza sobre la apuesta principal de su trabajo: “Abrir el diálogo, que sirva como material de discusión para pensar a Paraguay y a América Latina”.
Tierra golpeada se estrena mañana, jueves 12 de mayo, a las 20.05, en el Cine Gaumont.
Actualización 11/05/2016
Ene 19, 2016 | inicio
“El glifosato mata. Pero su accionar es lento y silencioso”. Así lo afirmo Arturo Serrano, médico rural de Santo Domingo, provincia de Santa Fe, quién se desempeña hace veinticuatro años como director del Servicio de Atención Médica a la Comunidad y es miembro de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados. “Si bien el cáncer es multifactorial, su aumento en poblaciones rurales fue directamente proporcional a la instalación de los cultivos de soja”, explica Serrano.
El cultivo de soja es el principal rubro productivo que posibilita el ingreso de dólares al país. En base a esto, el médico rural argumenta el porqué de la negación sistemática y el encubrimiento por parte de autoridades municipales, provinciales y nacionales de la situación actual. “La no divulgación de las cifras de muertos y enfermos por contaminación con glifosato es una cuestión puramente política, acá nadie quiere cambiar el modelo, porque eso repercute en sus billeteras”.
La Red de Médicos de Pueblos Fumigados es una agrupación conformada por profesionales de la salud independientes y provenientes de provincias como Chaco, Jujuy, Misiones, Santa Fe y Córdoba. Desde el año 2001 sus integrantes denuncian en sus territorios los efectos de la utilización del glifosato en cultivos cercanos a poblaciones rurales, que son fumigadas de forma aérea y terrestre sin ningún tipo de control. En estas localidades los casos de abortos espontáneos, malformaciones genéticas, cáncer y enfermedades crónicas, aumentaron exponencialmente. Frente a este panorama, en el año 2010, la organización convocó a un Encuentro Nacional en la Facultad de Ciencias Medicas de la Universidad de Córdoba. Allí se reunieron unos 300 profesionales de la salud y científicos del CONICET que analizaron y discutieron la problemática. Como resultado de la reunión se elaboró una carta dirigida a la entonces Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner y a la Mesa de Enlace de entidades agrarias. En el comunicado se solicitaba la prohibición de fumigaciones aéreas en todo el país, junto con la restricción de la desinsectación terrestre en zonas aledañas a centros urbanos. El documento fue acompañado con datos sobre la salud de las poblaciones afectadas. Según menciona Serrano, dicha carta no tuvo respuesta hasta el momento.
“Si bien el cáncer es multifactorial, su aumento en poblaciones rurales fue directamente proporcional a la instalación de los cultivos de soja”, explica Serrano.
La Red también presentó en mayo de este año una solicitud a la Secretaria de Agricultura del Gobierno de la Provincia de Córdoba, en la que se solicitó “iniciar de manera inmediata y urgente las gestiones pertinentes ante el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) a los fines de obtener la exclusión del glifosato (principio activo y formulado) de la nomina de productos autorizados”.
Desde la organización informan que, según sus datos, en localidades como San Salvador de Jujuy, hay diecinueve casos de personas enfermas de cáncer, en una distancia de cuatro cuadras. Este valor se encuentra tres veces por encima de la media nacional. En la Argentina existen hoy en día, unas 13.400.000 de personas afectas directa o indirectamente por los agrotóxicos.
“Nos están envenenando. El glifosato es un invento maquiavélico, te mata de a poco. Sus consecuencias se ven a largo plazo, es acumulativo, por este motivo no sale en los análisis de sangre”, explica Serrano.
Un poco de historia
En 1995, mediante un decreto firmado por el ingeniero Felipe Solá –por entonces Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del gobierno de Carlos Menem-, fue aprobada la introducción de la soja transgénica de la empresa Monsanto en la Argentina. Esta decisión se basó únicamente en un expediente administrativo presentado por la firma cuestionada. El trabajo, escrito en inglés, explicaba entonces los beneficios de esta semilla, resistente al herbicida glifosato y prometía resultados rentables y mejoras en la producción.
Desde entonces, los grandes cultivos de soja, maíz y trigo en el país provienen de semillas transgénicas. Un alimento transgénico es aquel cuyo ADN fue modificado genéticamente en laboratorios, donde le fueron introducidos genes provenientes de otras especies animales, con el fin de generar semillas más resistentes y productivas, por lo tanto más rentables. Resisten, sobretodo, al glifosato, el químico utilizado junto con otros pesticidas, para fumigar las plantaciones.
El problema es el modelo
En la Argentina se utilizan doce litros de glifosato por hectárea, mientras que en Estados Unidos, donde aplica el mismo modelo de producción, se usan dos litros y medio. En el mencionado país, ya circulan publicaciones que muestran una correlación directa entre el incremento del uso del glifosato y la aparición, al mismo ritmo, de diferentes enfermedades crónicas, como el cáncer.
Alicia Massarini, bióloga del CONICET y Doctora en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires, denuncia hace años el abuso por parte de los agropecuarios locales en la utilización del tóxico y la nocividad del modelo agropecuario vigente. “En la Argentina el abuso en la utilización del glifosato ha sido terrible, porque acá el único móvil es la ganancia. Este es un problema geopolítico, en donde a los países de nuestra región les toca, en el mercado internacional, el papel de proveedor de commodities. No es solo la semilla, sino una forma de producir a nivel industrial. Este paquete tecnológico simplifica la producción, eliminando casi toda la mano de obra a partir de la siembra directa. Pero su rentabilidad es proporcional al altísimo costo humano y ambiental”.
En el 2002, la cosecha de soja transgénica en el país comprendía unas dos millones de hectáreas, en la actualidad abarca más de 24 millones. Este aumento en la producción de soja, trajo aparejado la disminución de otros cultivos, sobre todo aquellos que producen alimentos consumidos por el mercado interno. Lo que genera una baja en la calidad y un alta en los precios. El avance sobre la ganadería, los tambos y los frutales ha ido incrementándose año tras año.
Carlos Carballo, ingeniero agrónomo y titular de la cátedra libre de Soberanía Alimentaría de la Universidad de Buenos Aires, explica que el modelo de producción agropecuario actual, influenciado por el alta del valor de la soja en el mercado internacional, ha ido creciendo sin respetar ningún límite. “El corrimiento de la frontera agropecuaria ha sido abrumador, lo que se evidencia en la altísima tasa de deforestación que tiene la Argentina, cuyo valor cuadruplica la tasa media del mundo. Se siguen destruyendo ecosistemas que son pulmones del planeta”. Carballo aclara que esta violencia por la ocupación de territorios, muchas veces se produce por de pooles internacionales de siembra anónimos. “Cuando esas tierras dejan de ser rentables, simplemente las abandonan y buscan nuevas. El problema es que la tierra se agota, se muere. Ese es el pasivo ambiental que estamos heredando de este modelo”.
En 2014, 370 millones de litros de glifosato fueron fumigados sobre el 60% del territorio argentino. Estas cifras, que son públicas, fueron aportadas por la cámara que aglutina a los empresarios que venden agroquímicos en el país, que son las mismas empresas que venden las semillas: Monsanto, Nidera y Basf.
“Nos están envenenando. El glifosato es un invento maquiavélico, te mata de a poco. Sus consecuencias se ven a largo plazo, es acumulativo, por este motivo no sale en los análisis de sangre”
Daños irreversibles
El glifosato fue presentado en un principio como un herbicida biodegradable, inocuo e inofensivo para el medio ambiente. El mismo Ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, dijo en una declaración “que el glifosato no era más que agua con sal”.
En la actualidad, investigaciones científicas dan cuenta de la toxicidad del herbicida. Análisis realizados por el CONICET, demostraron que el glifosato se encuentra presente en la tierra, en el aire y en el agua por años, y que a diferencia de lo expuesto por parte de sus defensores, el tóxico no es biodegradable, sino acumulativo. Esto genera que ríos y napas de agua potable se encuentren envenenados.
El Doctor Damián Marino, demostró que el contacto cotidiano con el glifosato destruye el ADN. Generando mutaciones en las células, que devienen en enfermedades crónicas como el cáncer, parkinson y el alzheimer, entre otras. Básicamente rompe las membranas celulares, lo que genera que los daños sean irreversibles.
“El problema es que las víctimas son invisibles. Y en muchos casos, no se ven a sí mismas como tales, porque nadie las legitima. Ellos van al hospital y les dicen que la alergia que tienen es producto del polen del plátano, y no que es una reacción química porque fue fumigado”, aduce Massarini. También explica que sistemáticamente en los centros de atención médica se niega la relación que existe entre los agrotóxicos y las enfermedades. “Esto se produce por una combinación de cosas, complicidad y desconocimiento. Hay médicos que saben y tienen miedo de asociar los síntomas. Hay otros que son ignorantes y no tienen información suficiente. Y hay otros, que son los más peligrosos, que se esfuerzan por ocultar el tema de forma activa, son tipos comprados, cooptados por las empresas y laboratorios.”
Massarini denuncia, que en muchos hospitales no se realizan los análisis de agrotóxicos a niños enfermos de poblaciones fumigadas, ya sea porque los médicos no los consideran pertinentes o porque son costosos y las víctimas no puede costearlos.
“El problema es que las víctimas son invisibles. Y en muchos casos, no se ven a sí mismas como tales, porque nadie las legitima. Ellos van al hospital y les dicen que la alergia que tienen es producto del polen del plátano, y no que es una reacción química porque fue fumigado”, aduce Massarini.
El resto del mundo
En la actualidad, el glifosato no está prohibido por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En los últimos años fue cambiando, varias veces, su categorización en cuanto a su toxicidad. Cuando comenzó a utilizarse en la Argentina, el herbicida estaba calificado como de “alta toxicidad”. Luego producto del lobby de las empresas de agroquímicos y de los científicos asociados a esas empresas, que inciden en estos mecanismos internacionales de categorización, la calificación del glifosato bajo a una categoría: “muy levemente tóxico”. Se mantuvo así durante años, a pesar de que paulatinamente fueron presentados más de quinientos trabajos científicos que demostraban que tiene una alta toxicidad.
Este año, la Organización Mundial de la Salud, reunió una comisión de expertos especialistas en cáncer y agrotóxicos. que revisaron la literatura disponible y concluyeron que había que recategorizar el glifosato, y pasarlo nuevamente a una categoría de “alta toxicidad”, que es la segunda categoría en la escala de gravedad.
Estos científicos afirmaron que las evidencias publicadas, demostraban que el glifosato es cancerígeno en animales y que, por lo tanto, es “posiblemente cancerígeno en humanos”. No lo afirmaban, porque según ellos no existen experimentos realizados con personas.
En función de dicha resolución, algunos países revisaron su marco regulatorio, y en algunos casos, prohibieron el uso del glifosato, como en México, donde el maíz se encuentra protegido por ley. En otros, como en Colombia, cambiaron la regulación en cuanto a la cantidad permitida en la utilización. En Argentina, no paso absolutamente nada.
