Las garantes del derecho
La Cámara de Diputados de la Nación comenzó a tratar, esta semana, dos proyectos de ley enviados por el Poder Ejecutivo para que todas las mujeres accedan al derecho a la salud integral. El primero legaliza la interrupción voluntaria del embarazo y garantiza que el sistema de salud permita su realización en condiciones sanitarias que aseguren la salud y la vida. El segundo, instituye al Programa de los Mil Días, con el objeto de fortalecer la atención integral de la mujer durante el período de gestación y la de sus hijos e hijas durante sus primeros años. Esta semana se inició el plenario de comisiones que ayer concluyó con la ronda de expositores. Hoy será el turno de diputados y diputadas y la reunión para el dictamen, será finalmente la próxima semana.
La presentación del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo es un gran alivio para las distintas organizaciones que vienen luchando desde hace años por esta iniciativa. La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito fue lanzada en 2005 y presentada en distintas ocasiones, 2007, 2009 y 2010, en la Cámara de Diputados de la Nación. Según cifras publicadas por la organización se estima que desde la recuperación de la democracia han muerto más de 3.000 mujeres como consecuencia de abortos inseguros.
El aborto sucede y es un hecho. A lo largo de los años, distintas organizaciones y redes fueron conformándose para brindar el acompañamiento y apoyo necesario a quienes necesitaban atención frente a la decisión de interrumpir un embarazo no deseado. A esta larga lista de movimientos que acompañaban a mujeres que abortaban en la clandestinidad, se fueron sumando lentamente agentes estatales, luego del fallo FAL en 2012 -la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que permite el aborto legal a personas víctimas de violación-, hasta la actualidad con el nuevo protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE) dispuesto por Ministerio de Salud de la Nación en 2019. ¿Cómo trabajan las profesionales por el derecho a decidir? ¿Cómo vienen acompañando las organizaciones los abortos clandestinos? ¿Cuál es su función y qué experiencias marcaron su trabajo?
Melina Ceccato
Ceccato dice que en las entrevistas ve todas las desigualdades en el acceso a la información, educación y salud.
Melina Ceccato es psicóloga, forma parte de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, una organización que forma parte de la Campaña Nacional del Derecho a Decidir sobre el derecho al aborto seguro, legal y gratuito. Trabaja en el Centro de Salud de Primer Nivel de Atención de CABA (Lugano). Ceccato describe que el acceso a la interrupción del embarazo es diferente dependiendo en qué parte del país nos situemos. Y que, si bien la Ciudad de Buenos Aires se unió al protocolo a finales del 2019, la red viene trabajando desde 2014. Sobre su colectivo agrega que “está compuesto por distintos profesionales de distintas disciplinas (Psicología, Medicina General, Trabajo Social, Enfermería, Antropología, Ginecología, Pediatría). Semestre a semestre, a partir de que empezamos a contar con el misoprostol, se fue duplicando el número al acceso de las ILE en los centro de salud”. Además, a partir del año 2018, con la presentación del proyecto de la campaña se realizó una importante difusión que potenció la circulación de demandas de ILE en los centros de salud. “Fue como el momento de descriminalización del aborto y debate. Puso arriba de la mesa una realidad que venía sucediendo y que venía siendo silenciado”.
De acuerdo con los protocolos vigentes, Ceccato insiste en que las situaciones de salud sexual que estén vinculadas a métodos anticonceptivos y embarazos no deseados se deben tomar como una urgencia y debe asistir la demanda en el momento que es solicitado por cuestiones de tiempo respecto a la edad gestacional y poder acceder a la interrupción. “En el centro de salud donde trabajo apenas llega una mujer se la entrevista y se evalúa si tiene un test de embarazo. Primero hay que hacer una ecografía que confirme la viabilidad de ese embarazo (hay distintas situaciones en las que por más que se presente un test de embarazo positivo no siempre es un embarazo viable). Muchos centros de salud no tienen ecógrafos y hay que hacer la derivación. Siempre solicitamos que se haga de manera urgente. Vuelven con la ecografía, se confirma la viabilidad del embarazo y la edad gestacional. Si está dentro de las 12.6 semanas de gestación se puede hacer la intervención de manera ambulatoria en sus casas”, explica Ceccato de acuerdo al protocolo. “Se explican y construyen las causales de acuerdo al marco legal que tenemos en nuestro país y se entrega la medicación y se ofrece la vía de administración de la medicación para que elijan”.
Ceccato advierte que en las entrevistas se logran ver todas las desigualdades, las violencias y las inequidades en el acceso a la información, educación y salud. “Hace poco, vino una señora de 33 años analfabeta. Como es un montón de información que damos en la entrevista le pedimos que viniera con un acompañante para que pudiera facilitar el entendimiento y porque aparte le damos folletería escrita de todo lo que hablamos sobre el procedimiento, además de la medicación”. Es importante hacer hincapié en el soporte que estos centros significan, Ceccato cuenta que una mujer se acercó a una consulta con su hijo de un año en la espalda y cursando un nuevo embarazo “fue una situación de violencia sexual por parte de su exmarido pero que se construyó con ella en la consulta. Ella no sabía que había sufrido un abuso sexual. Estaba acostumbrada a mantener ese tipo de relación y a someterse al deseo y voluntad de su exmarido. Eso también forma parte de la consulta, poder construir en ese momento que fue un abuso”.
Paula Massa
«La aprobación de la IVE significaría el fin de la estigmatización por las diferentes situaciones y experiencias que transitan”.
Paula Massa es trabajadora social en Villa Soldati, integrante de la Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito. Su deseo de participar de un grupo para adolescentes en en ese barrio surgió luego del Encuentro Nacional de Mujeres de Rosario, en 2016. “Encaramos un proceso de acompañamiento para que puedan tener su espacio, lo piensen lo creen y empiecen a tomar su lugar dentro de los feminismos”, recuerda. A partir de la creación de este espacio comenzó a acompañar distintas consultas de jóvenes en encuentros que se realizaban una vez por semana. Ese espacio empezó a forjarse un lugar de confianza e identificación para poder hablar de lo que quisieran, cosa que, en otros ámbitos como el escolar o familiar, no podían. Massa resalta la importancia que tiene realizar un acompañamiento no sólo a las adolescentes sino también en sus ámbitos familiares. “A veces es muy difícil cuando sos adolescente y el adulto decide por vos (la gran mayoría de las veces), por eso es importante el vínculo con las familias”. A su vez, resalta la importancia del trabajo en red: “El primer aborto que acompañé yo tenía 24 años, todavía no formaba parte de la Campaña y había cuestiones que fui aprendiendo sobre la marcha. La clave es la red que se arma con las compañeras que están en el centro de salud y desde los hospitales que sí acompañan y garantizan el acceso a la ILE”.
El acompañamiento por parte de los profesionales en distintos centros de salud y hospitales resulta esencial. Massa recuerda un hecho en donde una vecina del barrio en donde estaba trabajando se enteró que estaba embarazada y al intentar acceder a una interrupción legal del embarazo una de las profesionales que atendían demoró la solicitud de ecografía para evitar el proceso. “Le fueron pateando los turnos y con esto se le pasaron las semanas”, agrega.
Sobre una posible implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria concluye: “Significaría autonomía para las pibas, para la decisión sobre sus cuerpos. Para contar con información y no estigmatización en los centros de salud. Significaría que salgamos de la clandestinidad, de poder evitar ese señalamiento y estigmatización por las diferentes situaciones y experiencias que transitan”.
Mariana Kielmanovich, Sandra Bernabo y Cecilia Ferrero
Mariana Kielmanovich y Sandra Bernabó han acompañado a 500 mujeres en el ejercicio de su derecho a la ILE.
Mariana Kielmanovich y Sandra Bernabo son psicólogas y ambas trabajan en el Hospital Tornú. En 2015 inauguraron un dispositivo que en un principio funcionó como Consejería de Reducción de Riesgos y Daños. Finalmente, en 2017, con la incorporación de médicos generalistas en el centro de salud, comenzaron a trabajar como un centro de consultoría con entrega de medicación. Cecilia Ferrero es médica generalista del CESAC 33 y llegó al centro de salud por concurso. Una vez que comenzó allí Mariana y Sandra la convocaron para formar parte del equipo. Desde el equipo de ILE del CESAC 33 brindan atención a las personas que quieran interrumpir su embarazo.
“El circuito de las mujeres comienza cuando llegan en nuestro día de demanda espontánea en el centro de salud”, explica Bernabo. En la primera consulta se evalúan las causales según lo que el protocolo de ILE indica. Una vez hecha la entrevista se le da turno médico. “En ese segundo turno, qué es lo que hago yo, lo primero que se hace siempre es explicarle el marco legal de la intervención que se está haciendo, porque muchas mujeres aún hoy siguen pensando, por la desinformación, que hacer una interrupción legal del embarazo es algo ilegal, y se remarca que estamos avaladas por el Código Penal para hacer la interrupción según las distintas causales”, agrega Ferrero. Previo al fallo FAL de 2012, Kielmanovich explica que la respuesta del sistema sanitario era muy escasa y que tendía a criminalizar y a ser expulsiva. Sin embargo, eso fue lo que les permitió lanzar un puntapié y formarse más en la temática “No sólo brindamos información, sino que también ofrecemos la medicación abortiva de manera gratuita para poder garantizar la interrupción legal del embarazo, en los términos que prevé en el modelo de causales del Código Penal, de manera legal, segura y gratuita. A la fecha, hemos acompañado a más de 500 mujeres en el ejercicio de este derecho”.
Muchas de las mujeres que llegan a los centros de salud lo hacen con cierta angustia y malestar. “Entendemos que esto tiene que ver con el contexto en el que vivimos con el patriarcado, una política pública difusa, con un paradigma de criminalización y judicialización que estuvo vigente durante el siglo XX y que aún continúa. Se percibe en los medios e incluso en las historias que las mismas mujeres cuentan. Para nosotras es muy importante abordar este malestar, deconstruirlo y desproblematizar los estereotipos de género desde el inicio”, agrega Kielmanovich.
Para Cecilia Ferrerom la aprobación de la interrupción voluntaria del embarazo les daría un marco de legitimidad mayor.
Es importante recalcar la importancia de la atención de estos casos, no sólo en el ámbito del acceso a condiciones seguras, sino en el acompañamiento y asesoramiento. “Eso me resuena todo el tiempo. Es increíble la cantidad de situaciones en las que muchas mujeres dicen “no sabía que no se había puesto un preservativo” o “no sabía que se lo había sacado” y la mayoría de las personas no sabe que si alguien se saque un preservativo sin consentimiento es una situación de abuso”, recuerda Ferrero sobre las consultas que suelen llegarles. Bernabo agrega: “Muchas veces las entrevistas con las mujeres son fuertes y emotivas. Algo que le sucede mucho a quienes nos consultan es que les cuesta creer que no las retemos, juzguemos o critiquemos. Algo realmente increíble en pleno siglo XXI. Y se sienten plenamente agradecidas por encontrar un espacio de respeto donde no se las infantiliza y se las acompañe en ese momento en especial que atraviesan”.
Respecto a la posible implementación de la Ley de Interrupción Legal del Embarazo, Ferrero, resalta la importancia que esto tendría dentro de los centros de salud. Si bien los centros ya cuentan con un protocolo nacional, éste no tiene el mismo peso que una ley. “Es darnos un marco de legitimidad mucho mayor”. Según plantea Ferrero, “lo más interesante y a lo que habría que apuntar, es que no dependa el acceso a una interrupción voluntaria del embarazo de la localidad en la que vivas. Yo tengo la suerte de trabajar en Capital Federal donde hay un montón de dispositivos donde se pueden hacer interrupción legal del embarazo, pero no es la misma realidad que existe en un montón de otros lugares, y no hay que ir tan lejos, a provincias ya conocidas donde no suelen ser accesibles”. Sobre la posible sanción de la ley Kielmanovich concluye: “Siempre y cuando esto sea decisión de la mujer, este en el marco de un derecho y sea seguro y acompañado por un equipo, lejos de generar un trauma contribuye a la autonomía, empoderamiento y a la reafirmación subjetiva”.
Juan Pablo Borda
En la Consejería de Berazategui, donde se desempeña Juan Pablo Borda, ya han han atendido 240 casos.
Juan Pablo Borda es médico generalista y jefe de residentes de medicina general. Trabaja en el centro de salud CIC 18 (Centro Integral Comunitario) en Berazategui. “Tenemos una Consejería que la llevamos adelante una vez a la semana, con entrevistas personalizadas con las personas que se acerquen al Centro con la demanda puntual de interrupción legal del embarazo”. Borda explica que se hace una valoración de la situación y si se responde con las causales de interrupción legales se procede a hacer la indicación y acompañamiento necesario a las personas. “Intentamos que sea en un ámbito de privacidad y que se pueda valorar toda la integralidad de la salud de las personas para poder dar una respuesta lo más adecuada posible respecto de sus necesidades”. Comenta que dentro del marco de la Consejería intentan informar todas las posibilidades que tiene una persona ante la eventualidad de un embarazo no deseado para que pueda decidir de manera informada y voluntaria. “Nos acercamos a la red a través de nuestro trabajo cotidiano. Somos parte de una residencia de medicina y en el marco de implementar una Consejería de Servicio Sexual y Reproductiva con respetos de derechos y poder garantizar la respuestas ante las demandas de interrupciones legales del embarazo nos acercamos a la Red de Profesionales y fuimos haciendo el vínculo con la red”.
De lo que llevan trabajando desde la Consejería han atendido 240 casos. Borda comenta que cada caso es único y presenta complejidades particulares. “En la memoria tenemos muchísimos casos de situaciones que nos llaman la atención: una adolescente con un embarazo no deseado, una familia con muchos hijos, pero además muchas vulnerabilidades, situaciones de interrupción de trabajo, proyectos de vida que afectan la salud de las personas más allá de la obviedad de la salud biológica”. Además, agrega que un elemento transversal a casi todas las situaciones que tienen que atender es la violencia de género. “Ya sea de manera explícita con violencias físicas o sexuales. También son situaciones de violencia cuando el varón responsable, en conjunto, del embarazo se entera de esa situación y no aparece, participa ni acompaña las decisiones. Hay un montón de situaciones de vulnerabilidades que creo que atraviesan a las mujeres en situación de aborto y creo que lamentablemente se expresan en casi todos los casos”.
Al formar parte de la Red de Profesionales también forman parte de la Campaña por la Legalización del Aborto, Juan Pablo es el único varón de su equipo y cree que sería muy importante poder legalizar el aborto para evitar enmarcar las distintas situaciones a causales y evitar involucrar la subjetividad de cada uno al respecto. “Cerca de 10 personas consultan a la semana en un municipio del conurbano, osea que en todo el país es realmente una demanda muy sentida. Si se pudiera aprobar la legislación voluntaria del aborto sería un avance para la garantía de los derechos de las personas y principalmente de las personas gestantes”.
Mónica Menini
Menini explica que para las personas de fe, el aborto es como un pecado y esto pesa mucho a la hora de decidir.
Mónica Menini es abogada feminista salteña. Recibida en la Universidad Nacional de La Plata, Diplomada Superior en Género y Políticas Públicas FLACSO y Maestranda en Género, Sociedad y Política de FLACSO. Forma parte de Católicas por el Derecho a Decidir Argentina. Llegó a la organización hace 17 años. “Para ese entonces la organización ya se había constituido como una organización feminista que desde la provincia de Córdoba irradiaba en especial en las provincias del norte y centro del país una influencia basada en sus argumentos católicos por el derecho a decidir que, en provincias con alto porcentaje de catolicismo, llegaba como una nueva ráfaga de ideas que nos contenía a las mujeres católicas que a través de sus libros, publicaciones y capacitaciones podíamos acceder a las teologías feministas”.
Desde la organización, advierten que las vivencias que les llegan sobre interrupciones del embarazo son múltiples y tienen que ver con las experiencias de vida de cada uno. “Presentar una alternativa teológica feminista frente a los discursos condenatorios y opresores sobre el aborto por parte de muchos referentes de las diversas iglesias dentro del cristianismo, permite mostrar otras perspectivas de Dios y las diversas experiencias que existen. Visibiliza otras historias y genera puentes para quienes atraviesan estas decisiones solas, con culpa, en silencio y muchas veces sintiéndose fuera de lugar, entre otras emociones y sensaciones”, agrega.
Menini explica que para las mujeres y personas de fe la consideración del aborto es como un pecado por parte de la tradición cristiana y que esto pesa mucho a la hora de decidir, “se sienten abrumadas por la culpa y ocultan el hecho durante años a su familia o a su comunidad. Eligen el silencio porque saben que les espera la condena eclesiástica o la expulsión del lugar religioso al que asisten”.
Sobre una posible legalización agrega “llegar al aborto legal seguro y gratuito despenalizado y legalizado en Argentina es una de nuestras metas; seguir en el trabajo de la implementación al acceso pleno de derechos sexuales y (no) reproductivos para cada mujer y persona con capacidad de gestar en cada pueblo, municipio y provincia de nuestro país extendiendo el derecho a toda Latinoamérica y el Caribe es nuestra Misión”.
Wada Waldo
«Quienes llegan a Socorristas encuentran a otras que están en la misma situación; eso ayuda mucho», dice Wado.
Wada Waldo tiene 22 años y es militante de Socorristas en Red. Llegó a la organización en el año 2018 luego de participar en una actividad en el Conservatorio Astor Piazzola. “Socorristas en Red llegó a mí como llegan a muchas personas: difundiendo información, estando en las plazas donde está el movimiento”.
Desde Socorristas en Red brindan información sobre la metodología y formas de hacerse un aborto con medicación en condiciones y acompañan a quienes necesitan realizarse uno de forma segura. Articulan con el sistema de salud, con las/os profesionales de la salud y realizan actividades de difusión e información. Forman parte también de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. “Muchas personas llegan porque nos conocen a través de amigos, familiares u otras personas a quienes también acompañamos. La información corre de boca en boca para quien necesite ayuda, asesoramiento u orientación para poder resolver un embarazo no deseado. Nos encontramos para poder compartir información. Las personas se encuentran cara a cara con otras que también está en la misma situación y eso ayuda mucho a distender y encontrarnos para compartir de manera horizontal la información y cuidados que necesitan para encarar un aborto seguro”.
Waldo destaca la importancia de compartir las distintas experiencias y de esa forma aprender entre todos: “sabemos que a la hora de encarar al sistema de salud aparecen nuevas dudas y miedos para quienes tienen que presentarse en una salita y pedir una interrupción legal. El contexto es duro, los mitos corren, los miedos abundan y la información escasea. Como Socorristas estamos ahí para el acompañamiento amoroso y feminista para quien lo necesite puede sentirse tranquilo para saber que va a encarar un proceso legal, con medicamentos y de forma segura y sin riesgos. Además, estamos en constante diálogo con los sectores de salud”.
Respecto a una posible legalización del aborto cree que además del aborto legal, seguro y gratuito es importante tener acompañamiento y asesoramiento para realizar abortos desprejuiciados donde cada una se sienta tranquila y no se sienta criminalizada por la decisión tomada. “Entendemos que la respuesta no termina en el aborto legal, sabemos que las dudas, incertidumbres y necesidades son muchas. Un aborto feminista es una historia que se puede contar con muchas voces. Vamos para cambiar las historias de todos esos abortos oscuros. El aborto puede ser un momento amoroso, en casa, con amigas, tomando mate, con las socorristas del otro lado”, cierra.
Proponen un Plan Procrear rural
Argentina cuenta con una superficie de 2,78 millones km². Es el octavo país más grande del planeta. A pesar de que estas cifras revelan que su densidad de población es baja, 16 habitantes por km², según el registro de Tierras Rurales de la Nación, casi el 40 % de la población no tienen acceso a tierras o vivienda propia que está concentrada en pocas manos: 65 millones de hectáreas, casi el 40% del territorio, es propiedad de 1.200 terratenientes. La problemática supone un gran perjuicio para los pequeños y medianos productores, que en parcelas que nos les pertenecen y deben arrendar, producen más del 60% de los alimentos que se consumen en el país.
“Seguimos bajo la lógica de siglos pasados, donde los que ganan son los arrendadores, mientras los que trabajan viven con lo poco que les sobra después de pagar el alquiler”, cuenta Julieta Pereira, trabajadora del nodo sur Moreno, de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT). Frente a este panorama, la organización volverá a presentar el Proyecto de Ley de Acceso a la Tierra para remediar esa situación.
Franco Segesso, abogado de la UTT, explica que la propuesta del proyecto de ley es una especie de “Procrear rural”, en el que a través de créditos blandos los pequeños productores puedan tener acceso a inmuebles rurales, ya sea de manera individual, de pocas hectáreas, o de manera colectiva para conformar una colonia.
Ya se presentó sin éxito en los años 2016 y 2018 y se volverá a intentar hacerlo nuevamente en estos días. “Yo creo que este año se va a tratar. Tenemos buenas expectativas, ya que año a año fuimos logrando más adhesiones”, relata Franco. La última vez que se presentó lo firmaron 14 diputados nacionales. Entre ellos, algunos que actualmente ocupan cargos en el Poder Ejecutivo, como Luis Basterra, ministro de Agricultura, Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el canciller Felipe Solá, Juan José Bahillo, ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico de Entre Ríos, entre otros. Según Seggeso “es un proyecto muy práctico para el acceso a la tierra, no requiere mayor reglamentación así que pensamos que esto va a avanzar.”
Un proyecto de ley similar ya se presentó sin éxito en los años 2016 y 2018.
Diego Montón, ingeniero agrónomo, referente del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra, opina sobre el proyecto de la UTT: “Me parece una buena iniciativa en términos que plantea una herramienta financiera para que una buena parte de pequeños productores y campesinos de la agricultura familiar que hoy son arrendatarios puedan acceder a créditos que le permitan tener una garantía para poseer su propia tierra”.
Además señala la importancia del acceso a la tierra para impulsar la agroecología: “Para poder acondicionar un sistema agroecológico intensivo se necesitan muchos años acondicionando la parcela y eso a veces con la movilidad que plantea el arrendamiento se dificulta, porque las familias están unos años en un lugar, otros años en otro. Esta ley permitiría que con el pago de un crédito se garantice la compra de la tierra y entonces la familia podría tener una vida digna y desarrollar un programa a medio y largo plazo para consolidar un modelo agroecológico”.
La cuestión agroecológica es un aspecto importante en el Proyecto de Ley de Acceso a la Tierra. Según el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), este tipo de producción se basa en un modelo sustentable en el tiempo, que mediante el manejo racional de los recursos naturales, contemplando la diversidad biológica y sin la utilización de productos de síntesis química, brinde alimentos sanos y abundantes, manteniendo o incrementando la fertilidad del suelo. “Donde hay tierra propia hay más posibilidades de que haya agroecología porque la familia va a poder invertir mejor y si hay más agroecología hay más soberanía alimentaria porque no hay dependencia de químicos y semillas producidos por multinacionales que están en precio dólar”, detalla Segesso.
Por su parte, Pereira profundiza: “La agroecología es fundamental para mantener sanos nuestro medio ambiente y alimento, viendo las problemáticas que trajeron Monsanto, las semillas híbridas, los químicos y pesticidas. El Consultorio Técnico Popular (CoTePo) de la UTT produce bioinsumos y fertilizantes que son ecológicos.”
La UTT realizó una acción en Plaza de Mayo para visibilizar la situación de los pequeños productores el 20 de agosto.
Otras cuestiones importantes que plantea el proyecto de ley son el acceso a una vivienda digna y descomprimir las zonas que tienen una intensa producción de alimentos hacia lugares en donde hace falta que se produzca comida en forma local, esto a partir del acceso a tierras fiscales para la creación de colonias agroecológicas. Por ejemplo, Segesso cuenta que en Tapalqué, localidad de Buenos Aires de 10 mil habitantes ubicada a 273 kilómetros de Capital Federal, se compra la verdura en Mar del Plata o en el Mercado Central, teniendo una gran cantidad de hectáreas para producir. Por eso, desde la UTT hicieron un acuerdo con su intendente para establecer una colonia agroecológica, así sus habitantes puedan acceder a un alimento más barato y saludable.
“La soberanía alimentaria sólo puede ser garantizada a partir de la agricultura campesina y familiar y depende de políticas de acceso a la tierra. Cuando la tierra está en manos de corporaciones que la utilizan solo como un instrumento financiero-mercantil, nos alejamos de la soberanía alimentaria, que tiene que ver con cómo se fortalece la producción de alimentos saludables para los mercados locales, para los programas sociales y para lograr un precio justo a la gran masa de trabajadores”, argumenta Montón.
“Es fundamental que el Estado, en tanto gobierno, garantice la soberanía alimentaria a través del acceso a la tierra para los pequeños productores. Porque sino es seguir llenándole los bolsillos a las multinacionales agroindustriales que vienen a envenenar nuestro suelo y a nuestra población con su innovación agro tóxica» que es un negocio asegurado para unos pocos”, suma Pereira. “El acceso a la tierra es un pilar fundamental para la soberanía alimentaria. Para poder ser decisores sobre qué y cómo se produce, hace falta que el agricultor o campesino tenga seguridad sobre la tierra” finaliza Segesso.
Continúan las audiencias virtuales en el juicio por Campo de Mayo
La megacausa Campo de Mayo, a cargo del Tribunal Oral Federal N° 1 de San Martín, que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en el Centro Clandestino de Detención y Exterminio conocido como “El Campito”, entre los años 1976 y 1978, realizó una nueva audiencia. En esta ocasión prestaron testimonio Graciela Alejandra Brontes y Nora Brontes, hijas de Ramona Esther Gastiazoro y sobrinas de Pedro José Brontes. Ramona y Pedro fueron secuestrados el 9 de marzo de 1977 y Pedro liberado casi dos semanas después. También prestó testimonio Ernesto Víctor Grynberg, hermano de Susana Grynberg, desaparecida embarazada el 20 de octubre de 1976; e Isabel Diehl Dodds, amiga de la desaparecida Ana Cristina Escudero, secuestrada el 28 de septiembre de 1976.
El caso de la embarazada Susana Flora Grynberg fue abordado por su hermano Víctor Grynberg, quien dio a conocer nuevos hechos del caso, como así también el secuestro que él mismo sufrió mientras buscaba a su hermana. Susana era física nuclear recibida del Instituto Balseiro de Bariloche, y al momento del secuestro trabajaba en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Sus amigos la llamaban “Gorda” o “Nita”. Según el testimonio del hermano, Susana fue secuestrada en la calle el 20 de octubre de 1976 cuando iba de camino al trabajo, a plena luz del día. Tenía 29 años y llevaba un embarazo de tres meses. Militante de la agrupación Montoneros en Zona Oeste, se encontraba en pareja con un compañero de la agrupación, Jorge Leonardo Fraga (también conocido como “El Misio”). Jorge fue secuestrado el 1 de junio de 1978, casi dos años después. Ambos continúan desaparecidos. Se sabe que Susana dio a luz a un niño o una niña a finales de marzo de 1977 por un llamado telefónico anónimo que recibió la familia, pero nunca pudieron encontrarla o encontrarlo.
“Salvo alguna información que se obtuvo después, se la habría visto en Campo de Mayo con vida pero a partir de ese momento nunca más supimos de ella”, contó Víctor al Tribunal. “Ella sabía perfectamente que la estaban buscando”. Diez días antes de su secuestro, un operativo militar fue realizado en la calle Aráoz, donde vivían anteriormente con Jorge. Susana fue llamada por megáfono para que saliera de esa casa, pero ya no vivía allí. Se habían mudado a Ituzaingó y, según pudieron reconstruir años después, con ellos también vivía otro compañero del Instituto Balseiro que militaba con ellos, Juan Bratina. “Un amigo de la infancia que trabajaba cerca, una vez la vio ingresar en su casa en Ituzaingó. Después nos comentó que a los diez días de verla hubo un fuerte tiroteo en esa casa, y luego de eso fue derrumbada por una tanqueta”, relata Víctor. Pero fue el compañero del Balseiro quien aseguró a Víctor y a su familia, tiempo después, que Susana había sido vista en Campo de Mayo. Desde la desaparición de Susana, la casa de su madre estuvo continuamente amenazada. “En 1979 fuimos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con mis padres a hacer la denuncia. A mí me secuestraron después de un acto en Plaza de Mayo”. Víctor asegura estar convencido de haber sido llevado a Aeroparque, por el ruido constante de aviones en el lugar. “Me secuestraron a la salida del subte en Corrientes y Salguero. Salía del subte, me tomé un taxi, me chocaron con otro taxi. Me tiraron al piso y me pusieron una campera en la cabeza. Me cambiaron de auto y me llevaron a un lugar que me pareció que era Aeroparque”. Mientras estuvo secuestrado, Víctor vivió en carne propia el terror por el que había pasado su hermana. Afortunadamente, fue liberado al poco tiempo.
Con respecto al secuestro de Jorge Fraga, el compañero de Susana, la familia Grynberg se enteró hace apenas cuatro años, ya que no conocían su verdadera identidad, sólo su apodo. Luego de una investigación realizada por la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, que les acercó fotos de militantes de Zona Oeste, pudieron reconocer que Jorge Fraga era “El Misio”, el compañero de su hermana, el padre del bebé que aún buscan. “Son situaciones complicadas, y a mí son temas que me angustian mucho. Me costó muchos años animarme a averiguar qué es lo que había pasado con mi hermana”, señaló Grynberg.
Visita al CCDyE Campo de Mayo junto a la Comisión de Sobrevivientes, familiares y compañeros. Archivo ANCCOM
En la audiencia también testificaron las hermanas Nora y Graciela Alejandra Brontes. Ambas fueron testigos de la noche del secuestro de su madre y su tío en Ciudadela. Las hermanas contaron que a esos secuestros les precedió la detención de su hermano mayor, en 1976. José había sido llevado a la cárcel de Devoto, luego trasladado a la Unidad Carcelaria N° 9 de La Plata, y separado del grupo junto con otro compañero en el Pabellón 1 -también conocido como el “pabellón de la muerte”-. Los dos fueron asesinados el 5 de enero de 1977. A partir de ahí, Ramona acudió a todos los organismos de derechos humanos y comenzó a realizar denuncias sobre los hechos ocurridos en la Unidad Carcelaria. Llegó a integrar la Comisión Peronista de Solidaridad (COPESOL). Pero el 9 de marzo de ese año, alrededor de las cinco de la madrugada, Ramona y su familia fueron despertados por gritos y golpes de un grupo de personas que irrumpieron en su casa. Al entrar, fueron atados juntos en el comedor y luego interrogados sobre el paradero de su padre y su otro hermano, Carlos. “Me hicieron bajar la cabeza pero yo les vi que llevaban el uniforme militar con una boina negra”, cuenta Graciela, quien tenía apenas 13 años. “Me dijeron ´tenés que decirme señor´, y me agarraron de los pelos golpeándome la cabeza con la mesa varias veces. Me golpeaban con las armas en el estómago, me pellizcaban los pechos, me decían groserías”. Tanto ella como sus otras tres hermanas fueron mantenidas durante un día entero esposadas en una habitación de la casa. Cuando Nora y Graciela escucharon que este grupo de hombres abandona la casa se dieron cuenta de que su mamá y su tío ya no estaban. Pedro fue liberado trece días después en Moreno. Al reencontrarse con sus sobrinas, aseguró haber estado en Campo de Mayo junto con Ramona. “Nos dijo que había estado en un lugar que era como una caballeriza, tirado en colchones, y que supuestamente también había estado mi mamá, porque en un momento escuchó que la llamaban ´la Gorda’. Los identificaban con números”, dice Nora. “Nosotras ya esperábamos eso con mi familia porque sabíamos de otros familiares que habían pasado por lo mismo. Y lo estábamos esperando”. Por lo que pudieron averiguar tiempo después por una víctima que estuvo en Campo de Mayo, que dijo que conoció a una ´mujer gordita que estaba buscando a su hijo´. Nora y Graciela aseguran que esa mujer era su mamá. Hoy Ramona continúa desaparecida. Una plazoleta de la calle Cochabamba lleva su nombre para recordar a aquella mujer que sigue viviendo en la memoria de todos y todas.
Sara Isabel Diehl Dodds fue la cuarta testigo de la audiencia pública. Amiga de la desaparecida Ana Cristina Escudero, secuestrada el 28 de septiembre de 1976 en Boulogne. Sara, Cristina y dos amigas más, habían creado un hogar sustituto donde cuidaban chicos con discapacidades mentales. Cristina era estudiante de Filosofía y Letras y tenía un negocio de antigüedades en Acassuso. Fue secuestrada a los 37 años, cuando Sara no se encontraba en su casa. Al llegar, Sara cuenta haber encontrado a sus dos amigas y a los niños muy asustados, y toda la casa revuelta. Quisieron realizar una denuncia en la Comisaría de Boulogne, pero Sara asegura que los policías le dijeron que había sido un “procedimiento de rutina”. Intentaron durante un tiempo encontrar alguna información acerca del paradero de su amiga, pero nadie pudo decirles nada. “En ese momento empiezan los miedos, no crees en nadie. No tenés seguridad de que alguien te vaya a responder o entender”, afirma Sara. En los relatos de esa noche, la amiga cuenta que “en la puerta de la casa, había un Falcon oscuro y adentro del auto estaba el hermano de Cristina, Fernando”. Se cree que fueron a la casa de la madre de Cristina buscándola a ella, y al no encontrarla, se llevaron al hermano. Ambos siguen desaparecidos desde ese mismo día.
Entender y revivir este largo proceso de reconstrucción de la historia puede ser difícil para muchos, especialmente para los sobrevivientes y los familiares de las víctimas. Pero con cada información brindada por los testigos en cada una de las audiencias a esta megacausa -que se realiza cada miércoles en forma virtual-, se puede ir completando y profundizando esta investigación, una deuda de los argentinos y argentinas con la democracia. “Quiero transmitir agradecimiento a los organismos de derechos humanos que son los que siguen batallando para que esto no vuelva a pasar, y para que tengamos verdad y justicia”, finaliza Víctor Grynberg en su testimonio. “Puedo decir por primera vez que siento un orgullo muy grande por mi hermana y por Jorge, como así también por los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos”.
El campo que apoya la expropiación de Vicentin
La intervención estatal de Vicentin podría favorecer a pequeños y medianos productores agropecuarios. Desde que el gobierno nacional manifestó la voluntad de expropiar la empresa, que en diciembre de 2019 anunció la imposibilidad de pagarle a sus acreedores, referentes de estos sectores y organizaciones sociales destacaron la importancia de que el gigante cerealero pase a depender de la gestión pública.
Diego Montón, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) de Mendoza manifestó a ANCCOM: “En primer lugar, que el Estado intervenga y controle Vicentin –que representa el 9 por ciento de las exportaciones agroindustriales- en el momento actual donde está en quiebra y con tantas deudas con acreedores y productores, es la garantía de que los pequeños y medianos que le hayan vendido sus granos van a recibir su paga”. En total, la deuda de la empresa asciende a 1.350 millones de dólares. Los productores de granos representan el 71,8 por ciento de los acreedores. El resto de la deuda es con el sector financiero, que incluye una deuda con el Banco Nación de 18.182 millones de pesos, otorgada durante la presidencia de Mauricio Macri.
Sergio Dumrauf, coordinador del Programa de Agricultura Familiar de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) e integrante del Foro Agrario por un Programa Soberano y Popular, señaló dos dimensiones de análisis que hay que contemplar a la hora de pensar en los efectos la acción estatal. En primer lugar, el mercado externo, donde podría allanar un camino de soberanía económica. “Hoy la exportación de granos y derivados es un verdadero descontrol en el sentido de que hay un mercado oligopólico de exportadoras. No son más de diez, y muchas son trasnacionales como Drayfus, Bunge y Born. En varios casos subfacturan, entonces pagan muchas menos retenciones y esos dólares, de alguna manera, se fugan del país o evaden directamente a través de triangulaciones y la Argentina se queda sin divisas”, explicó.
En este sentido, para el docente de la UNLP, la posibilidad de que Vicentin se transforme en una empresa pública con participación de cooperativas y trabajadores “va a permitir que sea una mucho más transparente, capaz de mostrar las cuentas, cuáles son las retenciones y las divisas que llegan al país, qué facturación tienen y a su vez eso posibilitaría regular al resto”. Esto facilitaría además “que chacareros de toda la zona de Córdoba, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires que hacen cultivos extensivos -soja, maíz y trigo- puedan recibir mejores precios y condiciones de pago”.
Montón también se detuvo en ese aspecto: “Una situación que se da en toda la cadena del sistema agroalimentario es que, en general, la mayor apropiación de recursos está en los eslabones exportadores. Si el Estado controla Vicentin va a poder tener más información sobre cómo son esas maniobras de especulación y apropiación de recursos de las cadenas, e incluso se van a poder plantear dinámicas de redistribución de ese excedente que hoy se concentra en pocas manos”. Y añadió: “Además, el hecho de que el Estado pueda ser una empresa testigo en cuanto al mercado externo va a permitir fijar políticas que avancen hacia el precio justo de la renta para los productores con valor agregado y el control de las divisas en función del desarrollo, lo que en un plan agropecuario estratégico puede sintetizarse en inversiones en infraestructura y desarrollo que tengan que ver con el bien común rural”. Asimismo, enfatizó en que podrían impedirse los abusos que se dan hoy “en varios sectores donde la agroindustria impone precios que son muchas veces leoninos en términos de lo que significa producir”.
La otra variable a considerar para analizar los posibles efectos de una administración pública de la empresa santafesina es el mercado interno. Así lo explicó Dumrauf: “Se presentaría la posibilidad de generar circuitos de producción, transformación y consumo virtuosos que generen tramas de valor donde los productores y consumidores tengan mejores precios. O sea, una lógica de desarrollo, no de mercancía, sino de generación de trabajo”.
“Hoy la exportación de granos y derivados es un descontrol. Hay subfacturación, triangulaciones, evasión», dice Dumrauf.
Eva Verde, referente del Frente Popular Darío Santillán (FPDS) de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y trabajadora de la Dirección de Comercialización del Ministerio de Desarrollo Social afirmó, en la misma línea, que una compañía de esta magnitud puede incidir en la matriz productiva. “Hablar de soberanía alimentaria no es solamente tener una empresa que esté interviniendo en esa área porque el concepto implica también la posesión de las tierras para quienes producen, pero sí se puede empezar a recorrer un camino distinto, de participación de la agricultura familiar y campesina de las cooperativas, de potenciar y desarrollar la producción popular. Esto también quiere decir planificar el tipo de alimentos que se producen, traccionar la producción de la agroecología, de los pequeños y medianos y colaborar en el desarrollo de una producción distinta, más sana y saludable”. En este sentido Verde agregó: “Podría ser una política de Estado orientada a generar precios justos y a garantizar la accesibilidad de los alimentos. Por lo tanto, el derecho a la alimentación. Se trataría de una empresa capaz de regular a nivel nacional desde la incidencia, no desde la imposición, sino desde la acción en la compra al pequeño productor, para también generar trabajo y regular los precios de los alimentos”.
Los tres especialistas coincidieron en que el rol de las cooperativas y trabajadores es clave en todo el proceso. Para Dumrauf, tanto el proyecto original del oficialismo, como el presentado por el gobernador santafesino Omar Perotti que aboga a un diálogo con los concursantes y a un rescate de la empresa sin expropiación, podrían ser fructíferos. “En la medida en que haya una empresa pública con mayoría del Estado, la provincia de Santa Fe y participación de las cooperativas y las organizaciones de la agricultura familiar”, aclaró.
La causa
Actualmente, el futuro de la cerealera depende del juez en lo Civil y Comercial Nº 2 de Reconquista, Fabián Lorenzini, a cargo del concurso preventivo. El 19 de junio frenó la intervención, repuso al frente de la administración a los dueños de la empresa y convirtió al interventor designado por Ejecutivo en un veedor. Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo solicitaron que se reconsiderara el fallo. Por su parte, el Banco Nación evaluó pedir la recusación del magistrado al corroborarse que trabajó durante 18 años en el Banco Nación de Reconquista y que como asesor letrado dictaminó a favor de tres de los créditos ahora defaulteados.
«Vicentin podría ser una política de Estado que logre precios justos y a garantice el acceso a los alimentos» dice Verde.
Verde destacó el papel estratégico de gestionar esta compañía en este contexto. “Venimos de una Argentina con 15 millones de personas pobres en diciembre, donde la mayoría son mujeres, de un gobierno previo que nos dejó en una situación muy compleja”, repuso. Además, analizó el mapa de actores sociales y políticos en tensión: “La reacción de los grupos concentrados de poder y económico, con el apoyo de los poderes de comunicación, es esperable, tiene que ver con el planteo que hace el gobierno, que va delineando el perfil de su gestión. Se propuso un impuesto a la riqueza y la expropiación de una de las empresas más grandes por una estafa que se está por investigar, con un montón de otros condimentos como la fuga de capitales. No es solo la noticia de Vicentín, sino en el marco de lo que viene proponiendo el gobierno, lo que se hizo y a quiénes representan este tipo de políticas”.
Para Verde la pandemia va a cambiar el mundo: “la manera de ordenar las cosas, de pensar las políticas públicas. Por lo menos ha dejado en evidencia las grandes diferencias que hay en la sociedad. Esta crisis nos deja la oportunidad de poder plantear otro rumbo, de pensar qué sociedad queremos, cuáles son las maneras que queremos de producir, qué relaciones económicas deseamos. Quedó en evidencia que los Estados fuertes son necesarios, como así también la investigación, la salud pública, la solidaridad”. Y concluyó: “Somos seres sociales, no individuales donde cada uno se salva por sí mismo. Eso en algún punto da cuenta de lo que los poderes concentrados venían haciendo y da lugar a plantear las cosas de otra forma. Necesitamos Estados fuertes interviniendo en salud, en la alimentación, y en nuestro caso, además, en la generación de trabajo”.