La incineración avanza

La incineración avanza

Este jueves la Legislatura porteña tratará el proyecto para modificar la Ley 1854, más conocida como Ley Basura Cero. Los cambios apuntan a permitir la instalación de plantas de incineración de residuos, algo no contemplado en la normativa vigente.

La ley sancionada en el año 2005 buscaba reducir la producción de residuos, reciclar y revalorizar la mayor cantidad posible de materiales. Dentro de sus objetivos se encontraba disminuir la cantidad de desechos depositados en los rellenos sanitarios a un 75 por ciento para el 2017 pero apenas se llegó a 30 por ciento. No habiendo podido cumplir con la meta, y frente al inminente colapso de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), se busca instalar plantas de termovaloración eléctrica para transformar la basura en energía eléctrica, tal como se usa en algunas partes de Europa.

Basura y trabajadores de la Cooperativa Bella Flor en el CEAMSE

El CEAMSE se encuentra al borde del colapso.

El proyecto de incinerar los residuos provocó el rechazo de organizaciones ambientalistas como la Coalición Ciudadana Anti.Incineración, Greenpeace, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), entre otras, que no ven ningún punto positivo en la propuesta.

En diálogo con ANCCOM, Diego Salas, director de Desarrollo de Greenpeace, dijo: “La Ley de Basura Cero se propone reducir los residuos que se entierran en el conurbano bonaerense hasta llegar a un punto cero. Una reducción paulatina a través del sistema integral que vaya permitiendo esta reducción año tras año. Este sistema está basado en la separación desde el origen: una fuerte industria del reciclado, un tratamiento serio de la basura orgánica y políticas de responsabilidad extendida al productor. Es decir,  los que producen aparatos eléctricos tienen que hacerse cargo de ellos una vez terminada su vida útil, debido a su toxicidad”. Salas plantea que todos estos pasos llevarían, en un futuro, a dejar de enterrar en el conurbano: “Pero lamentablemente ninguno de estos pasos se fue cumpliendo por parte del Gobierno. El problema de la basura es serio”, alertó.

Salas explicó también que el proyecto de incineración que intentan vender bajo el concepto de termovalorización no hace más que sepultar la ley Basura Cero, ya que es la misma ley la que prohíbe la incineración de residuos en la Ciudad de Buenos Aires hasta tanto sea reducido en un 75 por ciento la basura que se genera. “Lo cierto es que quemar basura atenta contra este proyecto integral, atenta contra 150 mil familias que se sustentan gracias a la recuperación de residuos urbanos. Atenta contra el reciclado”, denunció Salas y agregó: “Quemar basura es contaminar más el  aire de la ciudad porque las chimeneas y los filtros que se aplicarían a las fábricas no evitarían la emanación de sustancias cancerígenas en la atmósfera. Significa generar cenizas tóxicas y hoy no hay tratamiento para este tipo de sustancias peligrosas en la ciudad”. Para Salas la termovalorización es un engaño del Gobierno: “Nos venden que es la última tecnología que se lleva adelante en países de Europa, pero cada planta que se pretende instalar tiene un costo de 500 millones de dólares, que son 10 años de presupuesto de reciclado en la ciudad. Es una tecnología que demanda controles que hoy son difíciles de llevar a cabo en la Argentina. Es un tema ambiental y social complicado. Hay mucho silencio, no se sabe ni dónde se van a construir las plantas”.

Gran cantidad de basura en el CEAMSE

«Quemar basura es atentar contra el reciclado», dice Diego Salas, de Greenpeace.

Yanina Rullo, integrante del FARN, habló del proyecto: “La incineración con recuperación de energía va a contramano de un manejo sustentable de los recursos. No es una tecnología renovable ni limpia, ya que la basura domiciliaria no es un recurso renovable, y su combustión genera emisiones de gases de efecto invernadero, sustancias peligrosas para la salud y el ambiente”. Rullo describe que si bien los países europeos han incorporado plantas de termovalorizacion cada vez más sofisticadas, que tienden a bajar el nivel de sus emisiones; no ocurre lo mismo en países en vías de desarrollo donde se ha comprobado que los sistemas de monitoreo y control de estas plantas no pueden costearse ni operarse. “Argentina, a diferencia de Europa, es un país que tiene  una escasa normativa respecto a residuos sólidos urbanos”, explicó. Rullo afirma también que quieren instalar las plantas con la excusa de la crisis energética: “La generación de energía con incineración es la forma más cara, incluso que la energía solar, fotovoltaica o eólica Además, destruye fuentes de trabajo. Mientras que la industria del reciclado emplea 93 personas cada 10 mil toneladas tratadas, en una planta de incineración se emplea solo a una persona”, recalca la ambientalista.

Reciclador urbano sobre un montón de basura

La incineración generaría contaminación y pérdida de trabajo para los recicladores urbanos.

 Por otro lado, Natalia Cruz integrante del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)  y del proyecto valoración energética de los residuos sólidos urbanos (VERSU) cuestiona la desinformación provocada por el Gobierno: “La Ciudad de Buenos Aires tuvo una experiencia muy mala con la quema de residuos, se hacía en edificios y no se controlaba, de ahí que haya mucho miedo a quemar basura. La incineración no necesariamente sea mala, sino los intereses, la desinformación, y cómo el negocio de unos pocos nos puede afectar a todos”, explica y reclama: “Nos tiene que decir cómo lo van hacer, qué impacto ambiental va a tener, dar datos. Ahí es donde se tiene que enfocar el debate. Las tecnologías tienen ventajas y desventajas, eso dependerá del contexto en el cual se apliquen, quemar residuos para obtener energía es una tecnología más. En Noruega, Suecia y Dinamarca está socialmente aceptado, ellos valorizan energéticamente su basura y hasta importan residuos de otros países para sacar energía eléctrica. Pero lo acompañan con una legislación muy estricta, que sabemos que en Argentina no ocurre. Si esta tecnología se hace bien puede incluso ser beneficiosa, porque disminuimos el volumen de  los residuos que es el principal problema del CEAMSE y de paso sacamos electricidad”.

Natalia Cruz, de INTI, sostiene un cartel sobre una charla que se dará acerca de la incineración de residuos

Natalia Cruz, de INTI, cree que falta información acerca de la incineración de residuos

El problema está, afirma Cruz, en lo que no nos está diciendo el Gobierno de la Ciudad, cómo se va a llevar a cabo el proyecto. “Deberían mostrar estudios de impacto ambiental, cómo van a medir los gases que se emiten, quién va a participar del asesoramiento técnico para implementar esta tecnología. Hay que enfocarse en cómo se va a implementar más que atacar a la tecnología en sí, porque ya es una tecnología que está probada. La experiencia europea indica que es factible, pero la realidad argentina no es la realidad europea. Ésta debe estar acompañada con una muy fuerte campaña de lo que es la reducción en la generación de residuos, en la reutilización de los residuos, en el reciclado, pero en nuestro contexto no se da. Hay que ver políticas previas antes de quemar residuos”, concluyó.

 

 

“Somos laburantes, no somos criminales”

“Somos laburantes, no somos criminales”

El año pasado la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informó que el 4,8 por ciento  de la población argentina es inmigrante. De esta manera, nuestro país sería el de mayor población extranjera en toda Sudamérica, lo que parece haber resultado preocupante para el actual gobierno, que desde el año pasado ha intentado modificar la Ley de Migración y restringir los derechos de los inmigrantes. Primero dictó el decreto 70/2017, que buscaba -entre otras cosas- facilitar la expulsión de extranjeros y que en marzo pasado fue declarado inconstitucional por la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal. Después, distintos proyectos legislativos, como el del radical Luis Petri, intentaron -por ahora en vano- arancelar los servicios de salud y educación para los inmigrantes que habitan la Argentina.

En ese contexto, el pasado 9 de abril la Campana Nacional Migrar no es Delito organizó el Segundo Migrantazo, una marcha de residentes extranjeros que se desplazó de Avenida de Mayo y 9 de Julio hasta el Congreso par exigir que cese la estigmatización y el avance de las políticas oficiales sobre los derechos de los inmigrantes.  ANCCOM entrevistó a manifestantes de distintas nacionales que llegaron al país con el sueño de un futuro mejor.

Sandra, Ruth, Iber y Abraham

Sandra Carreñopai, migrante boliviana perteneciente al Frente popular Darío Santillán.

Sandra Carreñopai tiene 29 años, nació en Bolivia y hace 9 años que reside en Argentina. Es una mujer fuerte que combina su labor de ama de casa con la militancia política en el Frente Popular Darío Santillán. La crisis económica la alejó de su país natal y la llevó a migrar hacia Buenos Aires donde tenía un pariente cercano que la esperaba. Siente nostalgia y recuerda su niñez, extraña su cultura, la vestimenta y las formas de expresión propias. “Tuve que cambiar la manera de hablar porque cuando me escuchaban enseguida venía el comentario acerca de que era inmigrante o bolita”. Actualmente, Carreñopai no piensa en regresar a Bolivia porque sus hijos son argentinos y cree que sería injusto obligarlos abandonar su tierra. “Cuando llegué al país empecé a trabajar, después tuve mis hijos, me compré mi casita y entonces me quedé. Elegí este país para vivir, para criar y educar a mis niños”, contó. Para ella, la mayor oportunidad que le dio Argentina fue el trabajo y dijo que siempre va a estar agradecida por eso. “A los compatriotas bolivianos nos gusta trabajar no importa en qué rubro”, agregó. También expresó su gratitud hacia los servidores públicos de la salud y la educación. “El derecho a la salud y educación pública fue un gran beneficio que nos brindó el país y permitió que mis hijos estudiaran y recibieran atención médica”, dijo. Sin embargo, no todos fueron aspectos positivos de su llegada. Sus hijos sufrieron discriminación en la escuela por ser de origen boliviano y según Carreñopai la situación empeoró a partir de las políticas implementadas por el actual gobierno y la campaña que hicieron los medios masivos de comunicación contra los migrantes. “Plantean que los extranjeros venimos a quitarle el trabajo a los argentinos, a ocupar sus vacantes en las escuelas y hospitales. Esto nos hace sentir muy mal a nosotros y a nuestros hijos aunque ellos hayan nacido acá”, expresó con la voz temblorosa.  Un caso similar es el de Ruth Zandi, también, originaria de Bolivia pero con una mayor antigüedad en el país. La mujer, de 53 años, trabaja en una cooperativa de limpieza pública y hace 22 años que vive en Argentina. Su marido fue el primero de su familia en migrar en busca de empleo. Una vez que él consiguió estabilidad económica, ella se mudó a Buenos Aires junto a sus hijos. Después de tantos años tampoco piensa regresar. “Mis hijos no quieren volver a Bolivia, ya se acostumbraron. Acá ya hicimos nuestra vida. Mis nietos son argentinos. Viajo a veces a visitar a mis parientes pero por poco tiempo, porque ya no me siento bien allá, no lo siento como si fuera mi país”, expresó Zandi. En algunas ocasiones, sufrió discriminación por parte del personal de los hospitales y aseguró que es peor en los casos en los que los migrantes no hablan castellano. Emilia Maruja Choque, es compañera de trabajo de Ruth Zandi, nació en Cochabamba, Bolivia. Ella migró hace 10 años completamente sola para buscar una mejor vida. Su primera opción era España pero Europa le había cerrado las puertas a los migrantes latinoamericanos, entonces optó por Argentina. Una vez en el país, consiguió trabajo y tuvo sus hijos. “Me quedé más que nada por mis hijos, ellos ya no quieren volver a Bolivia”, agregó. Su hijo mayor tiene 17 años, está terminando la secundaria y piensa continuar sus estudios. Choque dijo que nunca se sintió discriminada, sino que por el contrario siempre fueron amables con ella. Sin embargo, añora a su familia y la comida de su hogar. 

Por su parte, Iber Mamane es un joven de 30 años militante e integrante del movimiento popular Patria Grande. Es de nacionalidad boliviana pero él se considera Aimara. Desde los cinco años que vive en Argentina. Su familia migró por necesidad. “En Bolivia teníamos un gobierno neoliberal en ese entonces, la gente escapaba a los países donde había medianamente una estabilidad económica. Los destinos elegidos en América Latina eran Brasil y acá. Después algunos países de Europa”, dijo Mamane. Para la familia del joven fue una larga lucha conseguir empleo, Mamane cuenta que tuvieron que vivir y trabajar en condiciones muy precarias. “Nosotros vinimos a trabajar para tener un futuro mejor para nosotros y nuestra familia. Somos laburantes, no somos criminales como nos viene estigmatizando el actual gobierno”, agregó. Aunque vivió la mayor parte de su vida en Argentina, él extraña el sentido de pertenencia. “A veces la sociedad misma te hace sentir que no sos de acá. Esto es una problemática no solamente de este país sino de todo el mundo. En todos aquellos lugares donde gobierna la oligarquía se ha construido una mirada estigmatizada del migrante, porque es la manera que encuentran de justificar sus políticas antipopulares”, opinó. Mamane dice que ha sufrido y sufre actos discriminatorios porque es parte del último flujo migrante que llegó al país. “Desde las instituciones hay una bajada a la población de odio, de bronca y criminalización hacia al migrante. Inevitablemente, nosotros arrastramos nuestra identidad aimara, guaraní o quechua, nuestra cultura y nuestra piel que ha sido racializada y discriminada a tal punto que tuvimos que enterrar a muchos hermanos”, expresó con dolor.

Iber Mamane

El joven empezó a militar cuando un compañero suyo, Franco Zárate, fue asesinado en el barrio de Mataderos de la mano del quiosquero Gualberto Ximenez. Según Mamane, el quiosquero le disparó en el pecho a su amigo al grito de “boliviano de mierda”. Franco había ido a comprar con su primo y su papá, pero Ximenez les habría querido vender la mercadería más cara por ser bolivianos. Franco no quiso pagarle, discutió con el vendedor y por eso le disparó. El quiosquero se encuentra en libertad. “La gente racista está acostumbrada a maltratar al boliviano y que éste agache la cabeza, se quede callado y se vaya. Pero mi amigo le respondió”, agregó. Mientras que sus padres abandonaron la Argentina, todos sus hermanos se quedaron. Según Mamane hoy los migrantes están en una nueva etapa, como hijos asumen sus necesidades desde otro lado, el de la lucha por sus derechos como seres humanos y trabajadores, el del empoderamiento y como sujetos políticos.  

Abraham Halcón es compañero de militancia de Mamane, nació en La paz, Bolivia. Sus padres fueron los primeros en migrar, 20 años atrás. Según Halcón, su familia migró porque las políticas represivas y neoliberales del gobierno no les permitían subsistir allá. Primero vino su madre, después su padre y sus hermanos. Él fue el último en arribar al país en busca de una formación académica, hace 8 años. Actualmente estudia Historia en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y trabaja en una cooperativa textil de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). El joven plantea que si bien el país le abrió las puertas se encontró con distintas formas de discriminación de tipo burocráticas cuando tuvo que tramitar el documento y también en la facultad, a la hora de anotarse en las materias. “Los extranjeros solo cuentan con una fecha y lugar para inscribirse mientras los nativos tienen tres”, explica. Por parte de los compañeros y profesores, también ha recibido comentarios racistas. “Es como en todos lados, hay gente que es más abierta a distintas expresiones culturales y otra que no, que es muy cerrada y xenófoba”, afirmó. Cree que esta postura de mínima tolerancia se agravó a partir del fallido decreto 70/2017 y el proyecto de ley que busca privatizar los servicios públicos para los extranjeros. “Nos vimos fuertemente afectados por las políticas xenófobas que buscan crear chivos expiatorios, como el DNU que no sólo quiso criminalizarnos sino que vulnera el derecho de todo ciudadano a la justicia y a un debido proceso”, agregó. Ocasionalmente visita su país, pero extraña sobre todo a los familiares que se quedaron, la comida y la danza: “Es un país muy folclórico. Pienso volver a vivir allá en unos diez años. Por lo pronto estoy con la residencia permanente en Argentina, estoy estudiando, trabajando y militando”. 

Angelina

Angelina Felices Quispe es peruana y hace 16 años eligió Argentina para vivir. Vino a Buenos Aires con la ayuda de un pariente. En Perú se encontraba desamparada, no tenía empleo y tenía que cuidar de cinco chicos. “En mi país la situación era muy mala. Vino por necesidad, para tener una vida mejor, un cambio social y poder ayudar a mi familia”, contó. Quispe es empleada en una empresa de limpieza pública, dice que gana poco pero agradece a Argentina por haberle dado trabajo, al mismo tiempo siente incertidumbre por el futuro. “Así como el país me abrió las puertas cuando llegué, ahora el actual Gobierno nos las está cerrando, nos trata mal y nos quiere quitar nuestros derechos. Nuestro sueldo es mínimo, ganamos menos que los argentinos pero con eso nos arreglamos”, expresó angustiada. Por el momento, su sueldo le alcanza para vivir y para enviar una ayuda a sus hijos. “Ellos vienen de visita, a veces, pero no se quedan a vivir porque no se acostumbran acá”, dijo. Además de sus hijos extraña los paisajes y como todo migrante la propia cultura. Si bien se encontró con muchas personas amables en el país dice que sufrió varios actos de discriminación. “Frente a la Casa Rosada, con menos de tres meses en el país, me detuvo la policía junto a mi pareja durante casi dos horas por no tener el pasaporte encima. Lo había dejado en la casa de mi familia y tampoco tenía dinero para pagar lo que me exigían para dejarnos libres. Contaba con lo justo para sobrevivir hasta que encontrara un trabajo”. Quispe recordó un episodio más reciente en el que una mujer en un colectivo dijo en voz alta que estaba lleno de “bolitas y “peruchos” que no dejaban pasar. “No me callé, le respondí que todos somos seres humanos, hermanos e iguales, todos somos de carne y hueso”, contó. Afirma que ahora ya no permite ningún atropelló, hace valer sus derechos como migrantes y también como mujer.  “Ahora puedo decir que no, basta de discriminación y de maltratos domésticos”, exclamó. 

Celia

Celia Núñez es paraguaya llegó a la Argentina hace 30 años junto a sus padres. Cuando migró a Buenos Aires tenía familiares que la esperaban. Dice que el país le dio muchas oportunidades, laborales pero también recreativas. “Gracias a la militancia feminista pude conocer muchas partes de la Argentina como así también Chile y Brasil”, dijo. Lleva la militancia en la sangre. “Vengo de familia de militantes, mi padre fue preso político en Paraguay durante la dictadura de Alfredo Stroessner. Pienso que voy a luchar hasta morir”, manifestó. Asistió a la marcha del “Migrantazo” para reclamar la anulación del DNU 70/2017 porque cree que a través de esas políticas el Gobierno quiere perjudicar a los migrantes. “Vinimos al país para trabajar, no para robar. Todo ser humano tiene derecho a vivir donde quiere vivir, porque migrar no es delito. Estoy muy feliz de vivir acá y voy a luchar por este país”, agregó. Si bien extraña su país dice que cada vez que pensó en volver se le vinieron a la mente los recuerdos de las injusticias que vivieron sus padres y se le fueron las ganas.

Esteban, Flores y Andrés

Dejar todo por la educación es lo que hizo el joven colombiano Esteban Trujillo hace 7 años. Colombiano, de 27 años, vendió todas sus pertenencias para poder mudarse a Buenos Aires. Vino sólo, no tenía familiares, amigos ni conocidos, sólo tenía el objetivo de formarse como abogado en la UBA. Si bien extraña los lazos afectivos, su familia, sus amigos y la comida, Trujillo piensa quedarse en el país y regresar a Colombia, pero de visita. Actualmente estudia, trabaja y milita en la agrupación de Estudiantes Migrantes de la Universidad de Buenos Aires (EsMiUBA). “Este país hace 100 años que tiene educación pública y gratuita, es por eso que migré acá. Empecé a militar porque considero que la formación académica debería ser un derecho para toda la humanidad. Me quedo en Argentina porque tengo un compromiso no solo con mi país sino con Latinoamérica”, expresó. Si bien está feliz de poder estudiar en la UBA dice que se sintió discriminado en ciertas ocasiones. “La Facultad de Derecho tiene cuestiones xenófobas y racistas”, agregó. Plantea que aún hoy no ha notado cambios en este sentido y que esto se debe a que el gobierno actual avala acciones que van en contra de los derechos humanos más allá de que sean o no migrantes. “El decreto 70/2017 nos saca el derecho constitucional de debido proceso y la imagen de reunificación familiar, no importa cuántos años lleves en el país, no importa que hayas cometido o no un delito si dictan una sentencia firme por acto administrativo te pueden expulsar”, explicó.

Flores Andrés Suarez Gutiérrez es compañero de carrera y militancia de Trujillo. También es de nacionalidad colombiana, tiene 21 años y hace tres que reside en el país. Vino junto a sus padres buscando una nueva vida, oportunidades laborales y de estudio. “En mi país la situación estaba complicada, ellos son médicos y allá no tenían un sueldo digno”, contó. El joven estudiante dice que extraña casi todo de su país, su familia, sus amigos, las costumbres y la comida. Sufrió varias veces discriminación, en la Facultad le pidieron el documento y lo requisaron, también en la calle. “Cuando llegaba tarde a clase no podía correr porque me paraba la policía pensando que era ratero”, contó.

Andrés Román, tiene 24 años, es de Bogotá, Colombia, también es militante de EsMiUBA. Hace 4 años vino a la Argentina para estudiar, primero arrancó la Carrera de Medicina pero luego se cambió a Biología. “Allá no tengo la posibilidad de estudiar”, dijo. Vino solo, tenía un primo acá que le enseñó cómo manejarse pero luego volvió a su país. Lo que más le impactó al mudarse fue el estar lejos de la familia, en un lugar donde todo era nuevo. Aunque siente el peso de la ausencia familiar, no cree regresar a Colombia más que de visita. “Uno va formando una vida acá como adulto universitario, construyendo un pensamiento político y es difícil pensar en volver. Yo me quedaría si se da la posibilidad”, desea. Román dice que de vez en cuando le han hecho comentarios por su forma de hablar pero que trata de dejarlo pasar, de seguir adelante. “Intento ver siempre el lado positivo a todo, porque soy privilegiado al poder estudiar acá cuando muchos otros no pueden”, comentó. En la Facultad dice que no sufrió malos tratos, pero que le contaron que algunos profesores tenían tratos xenófobos contra los chilenos. “El gobierno, al agruparnos como migrantes, intenta quitarnos el derecho a la educación, a la salud, a estar aquí y a tener una vida digna. Todos somos seres humanos. Nosotros también  aportamos a la economía, trabajamos, consumimos y hay algunos a los que las familias les envían dinero,esos son ingresos para el país”, opinó.

Daniela

Daniela López Ocaña, sabe bien que el amor no conoce fronteras. Ella es mexicana, tiene 24 años y hace dos que vive en Argentina. Tras siete años de noviazgo a distancia con un argentino finalmente decidió mudarse a Buenos Aires.  Dejó su empleo, su familia y su país por amor. Acá la adoptó la familia del novio como un miembro más. Sin embargo, no puede evitar añorar a su país de origen. “Extraño a mi familia. Al no tener a nadie de allá siento más las diferencias entre un país y el otro. Ahorita, después de dos años aquí, ya me acostumbré a casi del todo. Pero pues no hay nada como tu gente y tus costumbres. Como el simple hecho de platicar y tener que cuidarme de decir ciertas palabras, por no saber si lo van a entender o la incomodidad de que me tengan que preguntar qué es lo que significa”, contó. Además de la familia siente nostalgia por los sabores de su país. “La comida de aquí es diferente a lo que se está acostumbrado en México. Aquí comen muchas cosas con harina, como las empanadas, pizzas, tartas y toda esa variedad de pastas que comen. En cambio, allá se come más pesado, muchas cosas caldosas que aquí no veo. Aparte la harina de maíz es súper difícil de conseguir y para mí es básico en la comida diaria”, explicó. Pero aunque ella añore su tierra natal no piensa volver. “Ahora no regresaría porque siento que estoy comenzando a construir una vida aquí con mi pareja y tenemos planes a futuro. Por otro lado, comparando la vida en México y aquí en cuestiones laborales y académicas creo que tengo más oportunidades de crecer”. Actualmente estudia psicología en la UBA y trabaja como vendedora en una feria artesanal. A diferencia de muchos otros migrantes ella no sufrió discriminación de ningún tipo, dice que en comparación con Estados Unidos, destino elegido por muchos mexicanos, Argentina es un país muy tolerante. “Este país recibe con los brazos abiertos a los extranjeros que se quedan, te dan muchas facilidades en cuanto a los trámites para obtener la residencia, es un país de oportunidades. A veces creo que son demasiado buenos”, opinó Ocaña.

Fareli

“No soy extranjera ni turista, soy migrante”, dijo Fareli Silba. Ella es venezolana y vino hace un año junto a su pareja salvadoreña a la Argentina para hacer una formación en psicodrama. Tiene familia en Buenos Aires, quienes los ayudaron a sustentarse hasta que consiguieron empleo. Aunque no está hace tanto tiempo en el país ya siente nostalgia por la tierra que la vio nacer. “Extraño más que nada a mi familia, los paisajes, mi hogar con sus sabores, sus olores y costumbres que no se reproducen en ningún otro lugar”, expresó. Si bien tiene expectativas de volver a su país si tuviera las posibilidades, no lo cree una opción en lo inmediato. ”Al estar con alguien que tampoco es de mi país, entonces siempre es un acto de renuncia. O renuncio yo a mi país o él lo hace. No es justo que vivamos en el mío porque él también extraña el suyo. Argentina  es una nación neutra para nuestras nostalgias”, dijo sonriendo. Como muchos otros migrantes sufrió discriminación no sólo por su forma de hablar sino por su color. “Sufrimos discriminación de forma constante tal es así que ya lo hemos naturalizado. Yo soy negra de piel y la población mayoritaria acá es blanca. No resultan amigables las personas de mi color. Además existe una suerte de sexualización de la gente negra. El acoso callejero no sólo es incómodo sino intenso, porque no hay forma de controlarlo. Más allá de la vestimenta que uses, no hay forma de ocultar el color de tu piel”, expresó apenada. Mientras que en las instituciones  académicas dice haber encontrado un lugar de resguardo y solidaridad.  Con respecto a las políticas actuales orientadas a la privatización de los servicios de salud y educación para extranjeros, Silba plantea que resultan una suerte de restricción a los migrantes que ya corren con la desventaja de no poder contar con líneas crediticias que faciliten el acceso habitacional entre otros beneficios propios del ciudadano nativo.

Roberto y Amancai

Roberto Carlos Orihuela es argentino al igual que su papá, mientras que su mamá es boliviana. El joven estudiante de óptica siente que es argentino pero también boliviano y por lo tanto migrante. Su madre llegó a la Argentina hace 30 años. Sus hermanas mayores ya estaban en el país. Todas tramitaron la doble nacionalidad para poder trabajar en blanco acá. Al terminar el colegio secundario decidieron mudarse a Buenos Aires para estudiar. Actualmente todas trabajan de enfermeras. Orihuela dice que tanto él como sus primos sufrieron discriminación en la escuela primaria por tener familia boliviana, sin embargo no hubo un día en el que no se sintiera orgulloso de su origen. “En la calle, también se sufre. Pero más que nada afecta a los que están hace poco en el país. Muchos por miedo al rechazo ocultan su nacionalidad”, agregó. El joven plantea que esto es culpa de los medios que difunden un mensaje erróneo sobre los migrantes al repetir una y otra vez la idea de que ellos consumen todo gratis. “No es así. Yo trabajo en una óptica, pago mis impuestos y tengo una prepaga. Muchos médicos, enfermeros y trabajadores de la salud pública son bolivianos”, dijo.

Amancai Villanueva también es hija de migrantes bolivianos. Ella es argentina tiene 22 años y es estudiante de la UBA y la Universidad Nacional de las Artes (UNA). Su familia está hace 30 años residiendo en el país. Los padres de la joven vinieron en los 80 en plena dictadura boliviana, buscando trabajo y posibilidades de estudio. Todos sus hermanos tienen doble nacionalidad. “Nos consideramos argentinos y bolivianos”, agregó Villanueva. Tanto ella como sus hermanos sufrieron toda su infancia la discriminación por sus raíces. “La discriminación se transmitió a los hijos de inmigrantes, eso era inevitable. Ahora empeoró en todos los ámbitos, es como volver a vivir los años 90, porque fue una etapa en las que la discriminación aumentó al igual que ahora. Esto se debe a que la gente racista está empoderada y se siente con derecho a señalar como chivo expiatorio de toda la crisis al migrante latino, no al europeo”, opinó.

Con las defensas altas

Con las defensas altas

“En la primera denuncia que hice no tenía idea de cómo se hacía, tenía dos hijos chiquitos, de 4 y 5 años, no tenía con quien dejarlos así que salí y me fui a la comisaría. No sabía ni qué carajos estaba haciendo cuando le comenté al cana lo que quería hacer. Y encima andaba con un miedo terrible de que los chicos contaran donde habíamos estado; tuve que ir con ellos porque no tenía con quien dejarlos”. La que habla es Daniela, 45 años, víctima de violencia de género.  Su historia es solo una entre tantas que existen, y la pregunta que se formuló es la de muchas:  ¿Qué hacer? ANCCOM indagó en un recorrido institucional posible en la zona oeste del Conurbano.

“En el oeste está el agite”, dicen algunas frases pintadas en aerosol que retoman una canción de Divididos. Uno las puede ver desde el Ferrocarril Sarmiento, cuando está a punto de finalizar su recorrido en el  partido de Moreno. En la estación cientos de personas van y vienen, miles de historias que circulan en silencio, tal vez queriendo ser escuchadas, tal vez queriendo ser rescatadas. Como la de Daniela, que cuenta:  “Hubo un tiempo en que como él trabajaba en seguridad, tampoco quería hacer la denuncia pensando en que los chicos eran chiquitos y él podía llegar a perder la fuente de trabajo. Entonces, no hice una denuncia no pero sí una exposición, para que si pasaba algo por lo menos que la gente que después empezara a investigar supiera  lo que en realidad ocurría, si es que llegaban a investigar y si es que pasaba algo”, dice.

El Programa Nacional Ellas Hacen, surgido en el año 2013, fue pensado para incluir a aquellas mujeres que atraviesan una situación de vulnerabilidad dentro de una iniciativa laboral y de formación. El programa  prioriza principalmente a madres de familias numerosas, con hijos con discapacidad o víctimas de violencia de género,  las ayuda a completar sus estudios y les brinda la oportunidad de formarse en algún oficio, como así también en diferentes temáticas como talleres de prevención de la violencia y salud sexual y reproductiva.

El Programa Nacional Ellas Hacen se convierte en una herramienta para el empoderamiento femenino al darles una oportunidad de independencia y realización personal. Foto Archivo ANCCOM.

La psicóloga e integrante del Ellas Hacen, Yanina García López,  explica que “las mujeres que sufren violencia de género muchas veces tardan en hacer las denuncias, a veces hasta años, y por lo general es por miedo. Porque reciben amenazas, muchas veces no tienen dónde ir porque la casa que habitan es la que comparten con el victimario”. Por eso,  el Programa se convierte en una herramienta para el empoderamiento femenino al darles una oportunidad de independencia y realización personal.

Micaela Guaricuyú, estudiante de Trabajo Social en la Universidad Nacional de Moreno, trabaja hace cuatro años dentro del programa y explica: “Nosotras las acompañamos en todo el proceso; desde lo legal y lo personal, porque hay mujeres que por ahí una vez que denuncian no tienen adónde ir, o no tienen qué comer, o tienen problemas de salud. En esos casos las acompañamos al médico,  como compañeras. Armamos un bolsón solidario de mercadería el cual hacemos rotar para las compañeras más necesitadas. También colaboramos con ropa, remedios y trabajamos con la salita barrial, tramitando los turnos para atender a esas mujeres o chicos que muchas veces también son golpeados.”

A pesar de que el programa esté orientado sobre todo a aquellas mujeres más vulnerables, no realiza un seguimiento de los casos, ni brinda un acompañamiento hacia las víctimas. Por esa razón, muchas de las cooperativistas del Ellas Hacen decidieron organizarse y fundar el  Frente de Compañeras, hace cuatro años. Organizamos reuniones donde no solo nos informamos sobre qué hacer sino también sobre los derechos de cada una, como así también cada vez que tenían que asistir al juzgado que le correspondía. Nosotras íbamos y las acompañábamos”, dice Guaricuyú, quien también comenta que el Frente logró agilizar la realización de los informes forenses de las víctimas, ya que el trámite en Moreno demoraba demasiado o, incluso, debían realizarse en el partido de General Rodríguez.

Daniela, después de intentar suicidarse, finalmente decidió denunciar a su abusador. Horas y horas en comisarías y fiscalías junto a sus hijos pequeños, soportando el destrato por parte de aquellos que debían protegerla. Hasta fue ella misma quien tuvo que notificarle a su golpeador que debía retirarse del domicilio.

Muchas de las cooperativistas del Ellas Hacen decidieron organizarse y fundar el Frente de Compañeras. Foto archivo ANCCOM.

“El programa Ellas Hacen fue el que me ayudó a darme cuenta de lo que estaba pasando, las vivencias, el empezar a relacionarme con otra personas, el empezar a escuchar, ir transitando. Me ayudó a darme cuenta de lo que estaba viviendo, me dio las herramientas  y también me permitió armar el círculo de contención que pude armar. Por eso, también salí de mi casa, porque él no se iba… me fui y alquilé durante tres años”, recuerda.

En Moreno también está presente Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumala). Ayelén Kelly, coordinadora zonal, dice: “Hemos sido parte del acompañamiento de varias mujeres en el distrito, hemos acompañado a Ailén y Marina,  que son dos hermanas que estuvieron privadas de su libertad durante dos años por defenderse de un acosador en la calle, luchamos y exigimos su inmediata liberación.”

Las secuelas siempre las acompañan a las Danielas, tal como lo explica García López. “La violencia psicológica tarda mucho en sanarse, muchas veces pasan años y años y siguen teniendo pesadillas o teniendo miedos. Muchas veces tienen periodos buenos y después recaen en los miedos.  Al llevar tanto tiempo se convierte como en una enfermedad crónica y las secuelas siempre están, yo creo que de por vida, solo que algunas por ahí no se ven tanto”, afirma.

Actualizado 24/10/2017

Szpolski y Garfunkel en la mira

Szpolski y Garfunkel en la mira

En mayo de 2016 los trabajadores del diario Tiempo Argentino presentaron el pedido de quiebra de la empresa BalkBrug S.A -cuyos propietarios eran Sergio Szpolski y Matías Garfunkel-, encargada de editar el matutino, ante la falta de pago de haberes, aguinaldo y aportes previsionales. El Juzgado en lo Comercial N° 23 rechazó el pedido, con el argumento de que el estado de cesación de la firma no estaba probado. La Cámara de Apelaciones en lo Comercial resolvió recientemente, en cambio, que se avance en el pago de la deuda a tres delegados del diario. ANCCOM, al cumplirse un año de la reaparición de Tiempo Argentino, esta vez autogestionado por sus trabajadores organizados en forma cooperativa, cuenta el origen y desarrollo de la causa contra los empresarios.

 “Había deudas por todos lados, los trabajadores no cobraban y, lo que era de público conocimiento: en la empresa nadie se hacía cargo. Así y todo, la jueza Vivian Fernández Garello de Dieuzeide había determinado que no existían elementos suficientes” para avanzar con el pedido de quiebra,  explica Pablo Godoy, representante legal de los demandantes y abogado de Trabajadores por la Economía Social.

 Alfonso de Villalobos, Claudio Mardones y Alejandro Wall, en calidad de trabajadores y delegados de la empresa, fueron quienes habían  realizado la presentación ante la Justicia para reclamar salarios, aguinaldo y aportes adeudados desde diciembre de 2015 a marzo de 2016. Así se inició una conciliación ante el Ministerio de Trabajo, donde la empresa ofreció un plan de pagos y el mantenimiento de la cobertura médica a los trabajadores del medio. Sin embargo, el acuerdo resultó incumplido.

 La resolución de la jueza fue apelada por los trabajadores. En  marzo pasado, la Cámara de Apelaciones en lo Comercial resolvió que se avance en el pago de la deuda a los tres delegados de Tiempo Argentino. “El fallo de la Cámara nos da lugar a nuestro pedido, ordena que se ejecuten las deudas que tienen con nosotros y en caso de que no se paguen, se lleva a la quiebra a BalkBrug”, resume Alejandro Wall, periodista del ahora semanario editado por la cooperativa Por Más Tiempo. Según decretó la Justicia, en caso de que la empresa se declare en quiebra, deberá hacer frente al reclamo con activos de la firma -publicidad oficial por cobrar-, y mobiliarios.  

Los periodistas de Tiempo Argentino, conformaron en abril del año pasao, la cooperativa Por Más Tiempo, que ahora edita el periódico dominical.

 La fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, había dictaminado que la resolución de primera instancia, realizada por el Juzgado Nacional en lo Comercial N°23, debía revocarse y continuar el trámite de la quiebra. “La fiscalía resolvió que sobraban elementos, que el crédito de los trabajadores estaba bien fundado y que se le tenía que dar un trato prioritario al caso”, detalla Godoy y agrega: “Se resolvió no solo que el crédito estaba probado, sino que el estado de vaciamiento y de desaparición de la patronal era evidente y público”.

En ese sentido, los camaristas Alfredo Kölliker Frers, Isabel Míguez y María Elsa Uzal reconocieron el reclamo de los trabajadores del medio ahora autogestionado y resolvieron que la empresa brinde las explicaciones pertinentes. Por eso citaron a declarar a Sergio Szpolski y Matías Garfunkel para que den cuenta de lo adeudado desde diciembre de 2015.

 A su vez, y conforme al artículo 40 de la ley 23.551 de Asociaciones Sindicales, la Cámara interviniente rechazó que los trabajadores puedan accionar en forma colectiva, es decir, que los tres delegados actúen en nombre de los 205 ex empleados de BalkBrug S.A. “Los únicos créditos que hoy prosperan son los de Claudio (Mardones), Alejandro (Wall) y Alfonso (de Villalobos), que son quienes firmaron el acta. Individualmente se podrán presentar los demás trabajadores, pero hoy por hoy la deuda exigible y reconocida es por ellos”, advierte Godoy.  

 A su vez, la fiscal Boquín, la misma que este año cuestionó el acuerdo entre el Gobierno Nacional y el Correo Argentino, dio intervención a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) al argumentar que la falta de pago a los trabajadores que se había arreglado en primera instancia y los hechos denunciados se trataban de un delito. Por su parte, la PROCELAC presentó a la Justicia una denuncia penal contra Szpolski,  Garfunkel y sus “socios ocultos”, por lavado de dinero, vaciamiento de sus empresas de medios de comunicación, manejos irregulares de cifras millonarias de publicidad oficial y evasión de aportes impositivos y previsionales.

En diciembre de 2015, cuando ambos empresarios dejaron de pagar los sueldos a los empleados de Tiempo Argentino, comenzó el vaciamiento del Grupo 23, que arrastraría en su caída a diferentes medios. Los trabajadores de aquel periódico, luego de dos meses de resistencia, el 19 de abril del año pasado conformaron la cooperativa Por Más Tiempo, la que ahora edita el periódico dominical.

Sergio Szpolski y Matías Garfunkel, responsables del vaciamiento, fueron escrachados en las oficinas de la empresa por los trabajadores.

A un año de haber cumplido el primer aniversario de la cooperativa, a los trabajadores todavía les adeudan más de 11 meses de sueldo, además de aguinaldos y vacaciones. “El miércoles 19 cumplimos nuestro primer año como medio autogestionado. Un año de trabajo, compromiso y sacrificio. Un año de enormes desafíos, experimentación y errores. Un año de aprendizajes. Un año de construcción de una nueva forma de hacer periodismo”, comunicaron en el sitio Tiempoar.com.ar el pasado sábado 22.

 

Actualizado 25/04/2017

El Bauen es de los trabajadores

El Bauen es de los trabajadores

El Hotel “Buenos Aires Una Empresa Nacional”, más conocido por sus siglas BAUEN, hace 14 años que sus trabajadores/as lo autogestionan de manera cooperativa y se fue constituyendo en un símbolo de las empresas  y fábricas recuperadas a partir de la crisis de 2001. Durante estos años, frenaron distintos intentos de desalojo. El año pasado el Congreso de la Nación llegó a sancionar la Ley de Utilidad Pública y Expropiación del hotel a favor de los trabajadores. A fines de 2016, mediante un Decreto el Presidente Mauricio Macri decidió vetarla. A principios de 2017, la jueza Paula Uhalde dispuso el desalojo por la fuerza del hotel con un fecha tope para el 19 de abril. A partir de ese momento, se retomó un plan de lucha para impedir esta nueva amenaza de desalojo. La solidaridad de distintos sectores sociales parece haber dado resultado: el 18 de abril, la Cámara de Apelaciones en lo Comercial suspendió esa orden de desalojo. Este miércoles, en la puerta del edificio, hay un festival de apoyo a la Cooperativa porque todavía no está dicha la última palabra.

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Actualizado 19/04/2017