May 24, 2018 | Novedades, Te puede interesar, Vidas políticas
El acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) parece un hecho, y tras la reunión en Washington, continúan las negociaciones para obtener la ayuda financiera. Todavía no se habló oficialmente del monto, pero la mayor inquietud consiste en saber cuáles serán las implicancias y los costos sociales que acarreará el préstamo. ANCCOM dialogó con distintos especialistas para intentar echar luz sobre este nuevo endeudamiento.
«Los dólares que se piden se van a usar para la fuga de capitales», dice el economista Asiain.
Los detalles
A contramano de otros tiempos, aceptar un préstamo del FMI implica que la política vuelva a quedar subordinada a la economía. Para Hernán Letcher, concejal de Unidad Ciudadana en San Martín y director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), esto “sepulta la estrategia que inició Néstor Kirchner de desendeudamiento: el gobierno kirchnerista había trabajado no sólo por el pago al Fondo, sino que también había llegado a proponer ante la ONU la creación de un marco legal para procesos de reestructuración de deuda soberana que legislara lo que había que hacer en esas circunstancias”, sostiene. Letcher cree que este acuerdo forma parte de un plan maestro que trasciende las fronteras de nuestro país. “En ese aspecto creo que algunos sectores del poder económico financiero internacional se la tenían jurada al país”, agrega.
El acuerdo con el FMI es la salida elegida por el gobierno tras ver que se derrumba su política económica, basada en tomar deuda externa e incentivar el ingreso de capitales especulativos al país. Andrés Asiain es director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) y docente universitario. Afirma que el gobierno “encontró un límite en la colocación de deuda en los mercados voluntarios, y entonces los capitales especulativos emprendieron la huída desatando la última corrida”.
El objetivo consiste entonces en conseguir los suficientes dólares para que la economía no estalle antes de las elecciones de 2019. ¿Y para que se van a usar esos dólares? “Para financiar la fuga de capitales de esos grupos económicos que entraron a comienzos de la gestión Macri, y que una vez hecha la valorización financiera a través de las LEBAC, se quieren ir. Alguien tiene que poner la plata porque si no se desvalorizan las inversiones. El candidato a hacerlo es el FMI y a cambio de eso pedirá políticas de ajuste”, responde Asiain.
«El FMI está intentando que se modifique la edad jubilatoria», opina el economista Martín Burgos.
Recorte de partidas
El gobierno nacional le solicita al Fondo un crédito stand-by. Estas líneas de crédito suelen referirse a condicionamientos ligados a la reducción del déficit fiscal y exigen diversas medidas de ajuste. ¿Qué partidas del presupuesto se verían afectadas? ¿De qué manera repercutiría esto en el pueblo?
Martín Burgos es jefe del departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación (CCC) y docente universitario. Cree que el acuerdo afectará principalmente las partidas de seguridad social. “Lagarde viene advirtiendo que la gente vive mucho y el fondo está implementando la idea de modificar la edad jubilatoria. En el presupuesto nacional las partidas de seguridad social (jubilaciones, pensiones, AUH) son un 40% del total. Me imagino que por ahí andará el recorte, además de la reforma laboral. Eso para la gente será: menores ingresos y peor calidad de vida”, asegura.
Para Letcher está claro que habrá un recorte en la obra pública, y coincide con Burgos al respecto: “Parte de la agenda de discusión va a venir por el lado de la reforma laboral, las jubilaciones, por ejemplo en lo relativo a la edad jubilatoria, la discusión del haber inicial que obviamente va a tender a la baja, y finalmente lo que tiene que ver con separar las partidas contributivas y las no contributivas, para hacer el ajuste en estas últimas”, entiende.
Para Hernán Letcher, este FMI no es distinto al de 20 años atrás.
Asiain por su parte manifiesta que “después habrá que ver cómo evoluciona, pero este año está claro que el ajuste se va a esparcir por todas las partidas, porque la inflación va a ser mucho más alta que la proyectada en el presupuesto: casi todas las partidas salvo las que tengan una cláusula indexatoria van a evolucionar muy por debajo de los precios, entonces el ajuste se va a dar automáticamente a través del proceso inflacionario”.
Todo esto genera un impacto de manera directa: pérdida del poder adquisitivo para los trabajadores, convalidación del negocio financiero y la consecuente garantía de pagar los intereses de deuda a costa de los gastos locales; esto es sólo una parte del cóctel explosivo que se divisa.
La pregunta es cómo se va a presentar este acuerdo: ¿ayuda o imposición? Para Asiain, “claramente la estrategia para que no parezca que lo impone el FMI va a ser que fue todo idea de Macri, que pide ir por más: entonces dirán que no es injerencia extranjera sino que Macri está allí, con toda autoridad, diciendo lo que hay que hacer y el Fondo en todo caso apoyando. Lo cual termina siendo una mera pose para la tribuna: el gran acuerdo nacional o algo por el estilo”, explica.
El FMI fue creado en 1944, durante la Segunda Guerra Mundial.
¿Un Fondo distinto?
El ministro de Hacienda Nicolás Dujovne y otros funcionarios (incluyendo, claro, a los del propio organismo) afirman que este Fondo es distinto al de 20 años atrás. Letcher sostiene que dicha afirmación es “una vergüenza”. La realidad es que no hay modificaciones sustanciales en las políticas del FMI, sino que “en todo caso invierten un poco más en medios de comunicación para tratar de ocultar mejor lo que son”, a lo cual agrega que “reflejaron en un informe publicado el 8 de octubre de 2015 los pedidos de aumento de tarifas, reducción del déficit fiscal, reforma impositiva que se votó en parte en diciembre del año pasado, devaluación y fin de los controles regulatorios cambiarios: todo eso ya lo hizo el gobierno. El gradualismo ya fue y le van a exigir al gobierno más que eso, naturalmente”.
En la misma línea Asiain advierte que el Fondo es el mismo, y lo único que hubo en todo caso fueron cambios de “maquillaje”: “Por ejemplo, antes te daban un crédito e imponían condiciones; vos ahora podés acceder a créditos flexibles si antes aplicaste sus políticas”. Pero Argentina no calificó siquiera para esos créditos flexibles así que cayó en los créditos más tradicionales, que son los ya citados stand-by.
Está claro que el Fondo sufrió varios fracasos que lo pusieron en cuestionamiento. Para Burgos “2001 fue algo importante, pero también la crisis rusa de los años 90. Por eso fue discreto su papel en la crisis de 2008, salvo en el caso griego. Lamentablemente no sacó lecciones de ese fracaso, porque el Fondo no es un organismo académico, sino un organismo del poder financiero. Luego de su recomposición en 2010 y 2011, el poder financiero volvió a sus recetas de siempre, porque las deudas públicas son fuente de grandes riquezas, y la desestabilización macro que ellas generan, también”, concluye. Mientras tanto, Argentina comienza a transitar nuevamente las consecuencias de caminar hacia el Fondo.
May 23, 2018 | Novedades, Te puede interesar, Trabajo
Durante las últimas horas de la tarde de ayer, un grupo cada vez más grande de trabajadores, militantes políticos y vecinos se fue acercando a la comisaría número 30 de Barracas para pedir por la inmediata liberación de los 16 metrodelegados detenidos a la mañana después de haber sido reprimidos por la Policía de la Ciudad en la estación Las Heras de la línea H. “A la mañana intentaron sacarnos a los palazos de nuestros puestos de trabajo con cinco carros de asalto de la Policía y guardias de Infantería. Una cosa aberrante”, enfatizó el titular de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, Roberto Pianelli.
Todas las líneas de subte y premetro pararon ayer al mediodía.
“Es un política del gobierno demostrarle a los trabajadores que los que luchan no van a ser escuchados, van a ser reprimidos”, explicó la dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores Vilma Ripoll.
Recién pasadas las ocho horas de la detención, y seis del paro de todas las líneas de subte y premetro que comenzó a las 12, una de las abogadas defensoras de los detenidos, Andrea Forgueras, confirmó que el secretario de los metrodelegados Néstor Segovia sería llevado al Hospital Argerich. “Es hipertenso y no le baja la presión”, detalló.
A medida que pasaban las horas la incertidumbre de qué iba a pasar con los detenidos crecía. La ambulancia que debía trasladar al secretario de los metrodelegados no llegaba y, por orden del fiscal Daniel Dupuy, los restantes detenidos tenían que ser llevado a la Fiscalía Contravencional y de Faltas número 12. Pianelli sostenía con firmeza que demorar la liberación era “una maniobra para que mañana los medios digan que los trabajadores tenían de rehenes a los usuario”. El legislador porteño Gabriel Solano sostuvo que “los que tienen de rehenes a la población es el jefe de Gobierno de la Ciudad (Horacio Rodríguez Larreta) y Metrovías (empresa concesionaria del subte), hicieron esto a propósito”.
En una conferencia de prensa, Felipe de Miguel, jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, afirmó que los trabajadores del subte “no pueden negociar paritarias”, es decir que no reconocen a la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro. Además ratificó la decisión de aplicar “sanciones, descuentos y suspensiones”. No obstante ello, sostuvo que, de todas formas, están “abiertos al diálogo”.
El secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, en declaraciones a Radio Con Vos, defendió el accionar de la policía: “Segovia fue detenido porque cometió los delitos de resistencia a la autoridad e interrupción del servicio de transporte público”. Igualmente sostuvo que los trabajadores “no estaban dispuestos al diálogo”.
“Loco, dejan pasar a todos menos a los hijos”, gritó con bronca uno de los familiares del secretario de Metrodelegados Néstor Segovia. “Dicen que tiene la presión alta, lo quiero ver”.
El conflicto laboral entre los trabajadores, la empresa y el gobierno porteño se mantiene desde principios de año.
El reclamo iba hacia el gran cordón policial que restringía el acceso a la comisaría sobre la calle California. Algunas horas antes, en ese mismo sector, la policía también había reprimido con balas de goma a trabajadores que pedían por la libertad de sus compañeros detenidos. “Estábamos esperando a que haya una resolución y llegó un cuerpo importante de infantería a desalojarnos”, explicó un manifestante.
Pasadas las 19.30, la ambulancia llegó a la comisaría, y después de algunas vueltas, salió por la calle General Hornos, donde había un portón que le permitió entrar para hacer el procedimiento sin la presión de los manifestantes. Sentado en la parte de atrás del vehículo, mirando al piso, Segovia fue trasladado al Hospital Argerich y luego a la Fiscalía 12, en Barrio Norte, donde fue liberado algunas horas más tarde junto con los otros 15 metrodelegados. El conflicto laboral entre los trabajadores del subte, la empresa Metrovías y el gobierno porteño se romonta a principios de año, cuando la Unión de Transporte Automotor (UTA) arregló una paritaria del 15.2 por ciento en tres cuotas.
Desde hace varios años los trabajadores del subte no se ven representados por la UTA y formaron su propio sindicato. “UTA nos echó del sindicato y nosotros formamos otro, ni un trabajador del subte se siente representado por ellos”, manifestó Pianelli. Según el diputado Néstor Pitrola, el sindicato creado fue ilegalizado por el gobierno de Macri. “No es que no tengan personería, se la sacaron”, aclaró.
“Nos querían bajar el salario y nosotros salimos a hacer un plan de lucha, que no afecte al usuario, para que nos convoquen a discutir. La respuesta de la empresa y el Gobierno de la Ciudad fue sancionar a 80 trabajadores con 20 días de suspensión”, expresó Pianelli. Ahora, además, los reprimieron y detuvieron.
May 17, 2018 | Géneros, Novedades, Te puede interesar
El acusado, Gabriel Marino.
“Tenemos que probar que matar a Diana Sacayán además de ser un delito es un travesticidio”, dijo Luciana Sánchez, abogada que representa a la familia de la víctima, quien pidió prisión perpetua para el acusado, Gabriel Marino. Este lunes 14 de mayo, a las 11, inició la instancia de alegatos en el juicio que investiga el asesinato de la activista trans. Es la primera vez que se usa la palabra travesticidio en los Tribunales.
Una sala repleta. La octava audiencia que se realizó en el Tribunal Oral Criminal Nº 4 fue transmitida en vivo en uno de los pasillos del sexto piso de Tribunales. Entre los presentes estuvieron la familia de Diana; su abogada Luciana Sánchez y Juan Carlos Kassargian y Andrea Bruj en representación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), incorporado también como querella. También presenció la audiencia Marino, junto a su defensor público oficial Lucas Tassara.
Sánchez pronunció un extenso alegato que se extendió durante varias horas. Primero reconstruyó la llegada de Marino al edificio y describió el crimen con mucha precisión. “Para que no haya más que certeza –dijo- respecto a que él fue la persona que asesinó a Diana Sacayán esa madrugada en su departamento. En el debate fue probado que Marino conocía a Diana y sabía dónde vivía”. Y continuó: “Marino llegó en el colectivo 132 hasta Plaza Flores, se bajó y fue caminando hasta la puerta del edificio de Diana. Este relato que hago no es caprichoso, sino porque nosotros sabemos y tenemos toda esta información. Tengo una filmación del local de Grisino de Rivadavia 6757 que filma a Marino cuando baja del colectivo y se va caminando por la misma vereda de la casa de Diana”.
Diana Sacayán fue asesinada el 13 de octubre de 2015.
“Tengo el informe de SUBE -prosiguió- que certifica que vino en colectivo, tengo la cámara de Grisino que constata que estaba caminando hacia el departamento y se acercó hasta 10 metros del mismo, y después de eso tengo la declaración de Daniel Vázquez que dice que lo vio entrar». A partir de allí, Sánchez se lanzó sobre la idea de travesticidio, su ausencia como figura penal, y la necesidad de que exista.
“Para llegar hasta acá hoy –sostuvo la abogada-, hemos tenido un enorme esfuerzo, que va mucho más allá de sostener la prueba de la acusación, va mucho más allá de desvirtuar el estado de inocencia del imputado. Este esfuerzo consiste en que tenemos que probar, además, la inocencia de la víctima, tenemos que probar el valor que tuvo su vida, la complejidad que tuvo su existencia. Tenemos que probar que haber matado a Diana Sacayán es un delito, que es un hecho que tiene que estar sancionado por matar a una travesti defensora de Derechos Humanos. Tenemos que probar que matar a Diana Sacayán además de ser un delito es un travesticidio. Tenemos que probar que Diana es mujer, por lo que estamos pidiendo que se condene a Gabriel David Marino, o mejor dicho tenemos que probar que Diana no es varón, o mejor dicho, la ley tiene que reconocer que Diana es travesti.”
Una de las dificultades que encontró la querella en este juicio fue la calificación del crimen como un travesticidio. “La norma existe pero es completamente invisibilizada. De hecho, desde que se sancionó en 2012, no hubo una sola condena, ni siquiera un intento que usara esta calificación penal”, subrayó Sánchez.
Solo en 2016, hubo al menos 16 travesticidios.
La abogada representante de la familia resaltó que el protocolo o guía de acción para las fuerzas policiales en la investigación de muertes de mujeres o personas con identidad de género femenino fue llevado a cabo de manera idónea al momento de recoger pruebas en la escena del crimen, y concluyó con que Diana fue “masacrada antes de cumplir 40 años y que cada mes hay por lo menos un travesticidio.”
En la audiencia anterior, el imputado había pedido «justicia por Diana Sacayán» y aseguró que él no la había matado.
El Tribunal pasó a cuarto intermedio hasta el próximo lunes 21 de mayo a las 9.30 en el que se reanudará el juicio con el alegato de la otra querella, la que representa al INADI. Luego, el 24 de mayo será el turno para el fiscal Ariel Yapur y el 7 de junio para la defensa.
“Muchas compañeras le dicen El juicio de las travas, porque hay muchas que mueren y su caso no llega a ningún lado. Las encuentran rotas y partidas en las cunetas y el hecho queda impune. Espero que se pueda caratular como un travesticidio y sea el inicio de una justicia que empiece a mirar y a dar voz a las compañeras travestis que han estado en los márgenes por el estado, por la justicia y por la sociedad”, dijo a ANCCOM María Laura Yacovino, psicóloga de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM).
“A partir del día que la encontraron muerta hicimos el acompañamiento a las que después fueron testigos y a la familia. Fue un trabajo largo, intenso y necesario porque la idea de Dirección de Víctimas es generar un puente entre la justicia y las personas que la tienen que atravesar la situación como víctimas. Que las personas puedan estar informadas, acompañadas y que tengan caras de referencias amigables, formadas, humanas y con sensibilidad”, explicó Yacovino junto a Cristina Ochoa, trabajadora social de DOVIC.
Sacayán impulsó las leyes de Matrimonio Igualitario, de Identidad de Género y el cupo laboral trans.
Después de la audiencia, ya por la tarde, en Plaza Lavalle, frente a Tribunales y al son de tambores, la comisión #JusticiaPorDianaSacayán convocó a diferentes agrupaciones sociales a un festival de música para apoyar la causa.
Participaron las agrupaciones Bife, Sudor Marika y la artista travesti Susi Shock. Además de amigos y la familia de Diana Sacayán.
“Poner en valor estas diferencias y estas diversidades es lo que va a hacer que entre todas y todos se dé el resultado histórico que tanto estamos esperando, en nombre de nuestra compañera Diana Sacayán”, dijo en el escenario una de las compañeras travestis.
Antes de cantar, Susy Shock leyó una carta dirigida emotivamente a Diana Sacayán: “Por eso niña no te olvides que siempre tenemos a un opresor que está dispuesto a cagarnos la vida porque se sabe el rey de esta selva y nosotras sólo somos sus cebritas (…) En esta sociedad también hay jerarquías y clases sociales y nosotras somos las sucias, las enojadas, las descarcajadas, las vengativas, las hediondas, las alzadas y por suerte nunca estarás a la bajura nuestra”, decía en parte el texto.
Mirá la fotogalería del festival de música para apoyar la causa:
May 9, 2018 | Géneros, Novedades, Te puede interesar
Nosotras, periodistas y comunicadoras argentinas, escribimos esta Carta Abierta con la esperanza de ser escuchadas. Tal como cada dos años lo hacen ustedes, esta vez nosotras les pedimos su voto.
Este lunes, más de 600 trabajadoras de prensa, periodistas y comunicadoras se reunieron en la “trinchera” de la cooperativa “lavaca” (Riobamba 143) para firmar una carta dirigida a los/as diputados/as, en apoyo al proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Periodistas y comunicadoras firmaron una carta abierta dirigida a diputados.
Les pedimos su voto para terminar con la muerte, la cárcel y el silencio. Porque estamos a favor de todas las vidas, también de las de aquellas mujeres y personas con capacidad de gestar que arriesgan sus cuerpos en manos de un negocio siniestro y clandestino. Porque estamos a favor de todos los derechos: del derecho a decidir sobre el propio cuerpo y del derecho a la vida, señala el documento.
Se trata de un reclamo que se inscribe en una serie de cartas realizadas en los últimos meses por actrices, bailarinas, escritoras y músicas. El lunes fue el turno de las periodistas. Comunicadoras de todos los medios se presentaron a las 15 en el local de la Revista MU y se tomaron la foto colectiva que simboliza el pedido a los legisladores. Algunas de las firmantes fueron Magdalena Ruiz Guiñazú, María Laura Santillán, Mónica Gutiérrez, Silvia Mercado, Ingrid Beck, Nora Veiras, Victoria Ginzberg, Mariana Carbajal, María O’Donnell, Débora Plager, Florencia Etcheves y Liliana Hendel.
El 29 de abril, fueron las fotógrafas las que firmaron la carta en el local de la Revista MU.
La organización del encuentro estuvo a cargo de “lavaca”, la cooperativa de trabajo que edita el periódico mensual MU. Con respecto a la firma de la carta, la periodista Claudia Acuña, fundadora de lavaca y organizadora de la jornada, contó a ANCCOM: “Estamos construyendo grupos organizados para seguir el paso a paso del proceso legislativo. Estamos unidas, abrazamos a nuestras compañeras y nos tienen que empezar a percibir así. La idea que tenemos es acompañar el tratamiento parlamentario del proyecto de ley. Esta carta le habla a los diputados y diputadas, es una manera de decirles `los estamos mirando`”. Y agregó que la Carta Abierta trae consigo dos mensajes: “el primero va dirigido a los diputados y diputadas afirmando que queremos la ley y que vamos a hacer una vigilancia ciudadana sobre el tratamiento legislativo, pero también es un mensaje hacia el interior del gremio periodístico. No estamos divididas por el medio al que pertenecemos. Vamos juntas para enfrentar la violencia.”
Más de cien psicólogas y psicoanalistas se reunieron en MU para firmar la Carta Abierta la semana pasada.
Minutos antes de concluir la jornada, a eso de las 20, una periodista se inclinó sobre el documento con la lapicera en mano y dijo: “Yo firmo porque Ni Una Menos es esto” y no tardaron en sumarse otras voces: “Yo firmo porque nuestro trabajo como comunicadoras implica poner el cuerpo, poner la voz y nuestro testimonio, no sólo detrás de una computadora”. “Yo firmo porque seamos cada vez más voces”. “Yo firmo porque la emancipación de la mujer se está dando aquí y ahora”. “Yo firmo porque hay que seguir luchando”.
Carla Peterson, Verónica Llinás y Griselda Siciliani, el día en que leyeron en conjunto la Carta Abierta firmada por más de cien actrices.
May 8, 2018 | DDHH, Novedades, Te puede interesar
A un año del fallo que hizo llenar la Plaza de Mayo de pañuelos blancos, Abuelas de Plaza de Mayo organizó el “Encuentro sobre el Proceso de Memoria, Verdad y Justicia”, el jueves último en la ExEsma. El panel reflexionó sobre el beneficio del 2×1 que la Corte Suprema dio al represor Luis Muiña, condenado por crímenes de lesa humanidad, y que fue repudiado por diversos sectores políticos, el 10 de mayo de 2017. Asimismo, los disertantes advirtieron sobre el intento de un sector por reavivar la Teoría de los Dos Demonios. Entre los participantes, hubo una notable diversidad política. La mesa de expositores estuvo integrada por Estela de Carlotto, presidenta de la Asociación; los diputados Daniel Lipovetzky por Cambiemos, Agustín Rossi –presidente del bloque del Frente para la Victoria – y Luis Contigiani por el Frente Progresista Cívico y Social; la diputada Victoria Donda por Frente Amplio Progresista; la abogada y ex jueza Lucila Larrandart y el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Santiago Cantón.
Auditorio de la Casa por la Identidad en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ExESMA).
“Este encuentro para nosotros es muy bueno, porque a esto queremos llegar. A que todos, estemos en el lugar que estemos, entendamos que hay cosas que no son negociables, que no se deben cambiar y que nosotros, con más de 40 años de lucha, vamos a hacer todo lo posible para que esto (el 2×1) no pase”, dijo Estela de Carlotto. Sobre el comienzo, en el Auditorio de la Casa por la Identidad en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ExESMA), el nieto restituido Manuel Gonçalves dio la bienvenida y sostuvo que la iniciativa “busca reflejar lo que pasó hace un año”, además de aportar “una mirada sobre las discusiones que se deben seguir dando en una joven democracia, para salir a dar respuestas y volver a recordar que hay cosas que no deben suceder o estar en discusión”. Habló de la necesidad de reforzar el ejercicio de las Abuelas: hacer memoria.
Manuel Gonçalves Granada, Estela de Carlotto, Agustín Rossi y Daniel Lipovetzky.
Agustín Rossi, por su parte, planteó: “Las tensiones y las tendencias para dar marcha atrás siempre van a existir y es imposible que no existan en una sociedad. Uno puede aminorarlas, aislarlas, que no se masifiquen, que no se amplíen; pero con la ayuda del Estado y con el Estado parado en un lugar es absolutamente distinto que con el Estado parado en otro”. En diálogo con ANCCOM agregó: “En estos casos la unanimidad y el consenso son importantes, fundamentalmente la movilización popular que terminó con el 2×1 es valiosísima, pero también es valiosa la respuesta del Estado”, y subrayó: “Celebramos esto y celebramos que podamos tener pisos mínimos entre todos los sectores políticos sobre los cuales uno no quiere volver atrás”. En el mismo sentido, Victoria Donda planteó: “Hay cosas que conquistamos y no estamos dispuestos a resignar, ese fue el piso de acuerdo que tuvimos desde todos los sectores de la política. Fue presentar un proyecto de ley y ponernos de acuerdo entre todos los bloques para que salga. Hay que reflexionar sobre la movilización popular en las calles y la respuesta política con representación democrática en el Congreso”.
Victoria Donda.
Donda, que nació en la ESMA, recordó: “Mi mamá estuvo acá, y hoy está desaparecida. Si ella cometió un delito, la hubiesen juzgado en ese momento. No vamos a poner eso en discusión, porque lo que estamos discutiendo es que quienes la desaparecieron hoy tienen que estar presos. Muchos están siendo juzgados en un lento proceso, porque ellos se encargaron de construir un muro de impunidad alrededor de los delitos más horrorosos que vivió nuestra Nación”. Además, concluyó: “Es la justicia que supimos construir, es la justicia que tenemos y es la que tenemos que defender. Justicia como una señal a la sociedad argentina que le decimos que lo que vale en este mundo es defender la vida, y porque defendemos la vida queremos que aquellos que la atacaron, desde el poder enorme que era manejar los hilos del Estado, tienen que estar presos en las cárceles comunes”. Sobre esta cuestión, Daniel Lipovetzky aseguró: “Claramente que no hubo dos demonios, es imposible que haya habido 30 mil detenidos desaparecidos, sin la intervención del Estado”.
Rosa Roisinblit.
La doctora Larrandart preocupada por el accionar de “un sector de la justicia” señaló: “Este fallo es doloso en el sentido que conscientemente se quiso imponer un pronunciamiento que implicaría un mejoramiento en la situación de quienes habían sido condenados por violación a los derechos humanos. El 2×1 consistía en el mejoramiento del cómputo de la pena”. Siguiendo en esta línea, Cantón, el Secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires subrayó: “En una decisión de un tribunal internacional dice que los crímenes de lesa humanidad no tienen agravantes, porque los crímenes de lesa humanidad tienen que ser los más graves”. Luego agregó: “No pueden tener beneficios y el 2×1 representaba eso”.
Panel Encuentro sobre el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, reflexiones a un año del fallo ‘2×1’, frente al resurgimiento de la teoría de los dos demonios, realizado en la ex-ESMA.
La jornada cerró con la invitación a los expositores y público en general a firmar una declaración contra la reapertura de causas a ex militantes de organizaciones armadas, que busca entorpecer el proceso de Memoria, la Verdad y la Justicia. El consenso logrado en la jornada se plasmó en una foto final de todos los integrantes del panel al grito de: “30.000 compañeros desaparecidos. ¡Presentes! Ahora. ¡Y siempre!”.
Uki Goñi, Victoria Donda, Luis Contigiani (atrás), Lita Boitano (adelante).
