Ago 19, 2021 | Deportes, Novedades
Ulises Blanco, de 26 años, es el fundador y presidente del Bajo Flores Boxing Club, asociación fundada en el año 2020 con el fin de fomentar el deporte en un barrio tan estigmatizado como Rivadavia 1. Se practican actividades como boxeo recreativo y competitivo, talleres culturales y eventos deportivos del mismo. Además, incentivan a los más chicos del barrio a enfocarse en una actividad inclusiva como lo es este deporte de combate.
Blanco comenta que el club surgió como una necesidad suya para agilizar tiempos, para poder entrenar y poder manejar sus propios horarios sin la necesidad de trabajar de algo que a la larga afecte su salud como deportista. “Hice cursos de personal training, de director técnico de boxeo y me lancé. Empecé a dar clases de boxeo, pero ahora en mi lugar, en mi barrio” aclara y agrega:. “Era un proyecto que tenía en mente hace mucho tiempo y que soñaba con lograr”.
El club cuenta con alrededor de 30 a 40 socios activos y se financia a través de una cuota mensual, además de contar con sponsors como lo es el bar “Cacho de Familia”, la empresa de agua “Esteban Cocha” y el Polideportivo Bajo Flores. Pero la realidad es que son pymes, y si bien están más que agradecidos con lo que aportan, desde Bajo Flores Boxing Club desean en un futuro recibir ayuda de parte del Gobierno nacional o de la municipalidad.
Si bien el gimnasio fue inaugurado en época de pandemia, el fundador sostiene que no son focos de contagio, sino que el deporte es de gran ayuda a la salud física y mental. Y asegura que cumplen con todos los protocolos del covid-19. “Tratamos de entrenar con la mayoría de los alumnos al aire libre y pese a que las herramientas como las bolsas de boxeo se encuentra en la parte cerrada, siempre son desinfectadas antes y después de usarlas. Así como también, el lugar todo el tiempo esta ventilado”, aclara Blanco.
Estilo de vida
El Bajo Flores Boxing Club es un gimnasio para todas las edades. La actividad principal es el boxeo competitivo y recreativo, aunque también se enseña preparación física que incluye fuerza, aeróbica y funcional.
“Muchos de los chicos encuentran en el boxeo su lugar, no solamente donde vienen a tirar piñas o aprender a boxear. En el Bajo Flores Boxing Club atendemos las necesidades de cada alumno en particular. A cada uno se le pregunta como están, como les va en el estudio, si trabajan. Así como también si tienen algún problema personal o en el hogar se los escucha, se los motiva y si es posible se los ayuda”, comenta Blanco, quien asegura que vive del boxeo y para el boxeo las 24 horas del día. “Para mí el boxeo es un estilo de vida, es mi vida, esté donde esté tengo presente el boxeo, mi carrera deportiva o mi carrera como entrenador”, finaliza.
Bárbara Barboza, profesora de boxeo del club, explica la importancia del deporte en la vida de cada alumno. Hace hincapié en que esta disciplina les brinda mucha seguridad hacia ellos mismos, pierden miedos y baja autoestima, reducen su peso y fortalecen su cuerpo y todos los músculos al ser un deporte muy completo tanto físico como mental. A su vez, elevan su rendimiento físico. “Todos los días hacemos algo diferente para trabajar distintas partes del cuerpo y del sistema nervioso”, explica. Además, comenta que el gimnasio aporta mucho apoyo a la sociedad. “Saca a los chicos de la calle, tanto a niños como a grandes, ya que el barrio está siempre rodeado de drogas y delincuencia”, y asegura que hecho de que el gimnasio esté dentro del barrio es como “que crezca una flor de loto en medio de un pantano”.
Tanto para niños y jóvenes, el boxeo es visto como una salida o una oportunidad, haciéndoles saber que hay otro estilo de vida, que se puede salir siempre con trabajo, que nunca es tarde para aprender, que es un deporte hermoso que los puede llevar a conocer mucha gente, así como provincias y países inimaginables gracias a competencias y torneos. Pero antes que eso, que gracias a ellos mismos se esfuerzan y no abandonan en el camino.
A su vez, Graciela Ordoñez de 58 años, alumna de club, afirma: “Yo he probado muchos gimnasios y en la mayoría solo sos una cuota. Acá no, acá están para enseñarte. Se habla de salud, de alimentación, de trabajo, de futuro. Se corrige, aconseja y cuida a los alumnos”. Además, incentiva y recomienda empezar boxeo.
Logros y proyectos
Actualmente el club se encuentra en mudanza hacia el Polideportivo Bajo Flores, un espacio que cuenta con lugares cerrados y al aire libre, apto para hacer torneos y competencias. “Conseguimos este lugar en donde los alumnos puedan entrenar de una manera más libre, cómoda y con más seguridad”, comenta Ulises. Aparte, cuenta que uno de sus sueños es poder sacar algún campeón mundial del club, aunque sostiene que ya con saber que quizás cambiaron una vida es suficiente. “Sacar buena gente es nuestro proyecto más grande. Estando en un club ese chico ve la vida de otra manera, le hace querer un futuro bueno. Cuando un chico entra al club sale uno de la calle”, concluye.
Jul 21, 2021 | Comunidad, Novedades
Desde hace más de dos años, un grupo de familias con graves problemas habitacionales decidió ocupar las tierras pertenecientes al Barrio Ferroviario, que existe hace más de 50 años en la localidad de San Fernando. De esta manera, se formó un nuevo barrio denominado La Victoria, y desde un primer momento sus nuevos pobladores se organizaron y empezaron a hacer jornadas de limpieza, fumigación y ollas populares. Además, el mismo año en que llegaron al lugar (2019) se registraron en el RENABAP (Registro Nacional De Barrios Populares), amparado por la ley 27.453 aprobada en el Congreso Nacional en octubre de 2018; que dictamina que los barrios registrados no pueden ser desalojados. A pesar de esto, el 19 de septiembre del año pasado se produjo el desalojo de 20 familias que estaban allí desde mayo de 2020.
Los habitantes del lugar se ven afectados en diversas situaciones, como las deficiencias en el servicio eléctrico, dado que no cuentan con medidores propios y además el poste que los abastece servicio se encuentra muy lejos del lugar, lo que provoca que tengan inconvenientes por la baja tensión. A su vez, la red de agua no es potable por lo que deben trasladarse varias cuadras para abastecerse para poder cocinar y demás cuestiones cotidianas.
La solidaridad está fuertemente arraigada en el barrio: hace dos años se encuentra el merendero La Victoria. Milagros Castillo, su coordinadora, dice: “Arrancamos justamente por el tema de la necesidad, dado que al barrio llegaron varias familias que la estaban pasando mal, no tenían luz ni agua y para aliviar un poco ese dolor arrancamos con el merendero y ollas populares. Respecto a la situación actual sanitaria comenta: “Ahora vienen mucho más los nenes, antes faltaban, ahora no faltan nunca”
Desde el año pasado, los vecinos crearon una mesa de urbanización en donde participan más de diez personas y articulan diversas actividades con ONG, organizaciones sociales e instituciones religiosas. Todas estas instancias de participación conocen el territorio desde antes y coinciden en la importancia de llevar adelante esta instancia para que los vecinos tengan una mejor calidad de vida para ellos y las próximas generaciones.
La victoria forma parte del Registro Nacional De Barrios Populares, lo que -al menos en teoría- la deja a salvo de desalojos.
Nahuel es militante de una de las organizaciones que participan activamente de dicha mesa y sobre su trabajo comenta:“Junto a mis compañeros comenzamos a ir al barrio ya que vimos una necesidad grande y empezamos a colaborar con los vecinos, le llevábamos alimentos no perecederos para que poder hacer las ollas populares y también ropa”.
Respecto a la idea de urbanizar el barrio, Milagros dice que fue idea de los vecinos. Se contactaron con un abogado para pedirles asesoramiento y él mismo los contactó con la ONG Habitar, que articula diversas actividades relacionadas al tema. Según Gabriela Torrents (una de las participantes de esta ONG): “El proyecto Habitar consiste en el encuentro de distintas personas a las que nos reúne principalmente la necesidad de transformar las injusticias y la desigualdad urbana”. La mayoría de los integrantes de esta iniciativa son arquitectos y urbanistas que trabajan el problema del hábitat a través de la arquitectura y su transformación. La profesional plantea: “Esta cuestión de trabajar la transformación de la desigualdad por la arquitectura y el urbanismo nos hizo recorrer distintos ámbitos de formación”
Eugenia Jaime, otra de las participantes, comenta que el primer contacto que tuvieron con el barrio fue por los vecinos, dado que le trasladaron la demanda de la falta de agua y el problema que les traía esto ante la situación sanitaria vigente. “Hicimos una primera visita en la ASPO y nos encontramos con un grupo organizado con interés de hacer algo que transforme el hábitat en el que estaban viviendo. Que además era muy sentido para ellos la necesidad de cambiar el tema del agua, sino que también le preocupaba la situación de la vivienda en las que estaban sus vecinos, la situación de los residuos, los caminos y el estado de la calle” .
El aprovisionamiento de agua y luz son solo dos de los problemas de los habitantes de La Victoria.
Con encuestas realizadas por los propios vecinos del barrio, las arquitectas pudieron elaborar un informe en donde se describen las características de las viviendas y las diversas vulneraciones a sus derechos básicos. Eugenia dice: “Es importante resaltar que el primer grupo que nos contactó tenía en claro que tenían derecho a acceder al agua, a las cloacas y a una vivienda digna.
La ONG llevó varias actividades a cabo junto a los vecinos como censos, identificación y mejora de las calles y una plaza para los niños del barrio. Actualmente se encuentra desarrollando diversas actividades de capacitación respecto a urbanización para seguir avanzando en el tema junto con los vecinos.
Jul 20, 2021 | Comunidad, Novedades
A siete meses de la sanción de la ley para la “atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia”, que garantiza el tratamiento de la trombofilia a las personas gestantes, existen herramientas más claras para hacer efectivo su derecho y transitar un embarazo sin complicaciones. Se trata de una enfermedad poco conocida que requiere más campañas de concientización y prevención. Ianina Lis Castro, fundadora del Colectivo por la Ley de Trombofilia, cuenta cómo fue el recorrido hasta la sanción y sobre las dificultades actuales en su aplicación.
Hasta el 30 de diciembre de 2020, para acceder al diagnóstico y tratamiento por trombofilia había que padecer la pérdida de varios embarazos. La norma vino a resolver este problema, pero el camino sigue siendo complejo. La Ley 27.611 prevé la cobertura para dicha patología, con la novedad de incorporar en el texto principios de no discriminación en cuanto a la identidad de género.
Fue creada “con el fin de reducir la mortalidad, la malnutrición y la desnutrición, proteger y estimular los vínculos tempranos, el desarrollo físico y emocional y la salud de manera integral, y prevenir la violencia”. Vetada por el ex presidente Mauricio Macri, es el resultado de una batalla silenciosa en la lucha y la conquista por la ampliación de derechos.
¿Qué sabemos de esta patología?
La trombofilia es un trastorno en la coagulación sanguínea y desde la definición científica se manifiesta como un desorden del mecanismo hemostático que lleva a la trombosis. La enfermedad trombótica surge como resultado de la conjunción de varios factores: genéticos, ambientales y de condiciones adquiridas que determinan la atención clínica individual. Pueden ser de características hereditarias o adquiridas. La más frecuente y de mayor impacto en ginecología y obstetricia es el «síndrome antifosfolipídico” (SAF), una enfermedad autoinmune, que se presenta principalmente en mujeres jóvenes.
Este trastorno se considera silencioso y es común en personas gestantes; pero en algunos casos resulta difícil llegar al diagnóstico y obtener un tratamiento certero.
En 2017 nace el Colectivo por la Ley de Trombofilia con la finalidad de continuar la lucha por una sanción a favor de quienes padecen la enfermedad. Desde entonces se ocupan de informar, asistir y acompañar a personas con embarazos, interrupciones o en proceso de lactancia.
Inanina Lis Castro, junto a otras treinta mujeres se reúnen los sábados -cuando las restricciones por la pandemia lo permiten- en el local que inauguraron en marzo de 2021, y desde ahí se reparten las tareas orientadas a la concientización, el seguimiento de casos, brindan charlas informativas con especialistas y, a través de sus redes, muestran y cuentan historias de vida.
“Al ser un espacio feminista en donde somos todas mujeres, también es la puerta de entrada para construir redes, contactarse y desarticular violencias de todo tipo sobre los cuerpos”, indica Castro. “Aprendemos -agrega- del problema, nos constituimos con lo que le sucede a la otra. El colectivo es eso. Somos como una red, tenemos un chat y compartimos las veinticuatro horas del día”.
En primera persona
En 2015, Castro quedó embarazada por tercera vez de manera natural, sin ningún inconveniente, pero a los seis meses de gestación sufrió la muerte intrauterina del bebé. “Con el diagnóstico en mano que decía trombofilia, me enteré que había mujeres que acceden a ese análisis, luego de las pérdida de dos o tres embarazos. Y a medida que te alejabas de la General Paz eran muchos más. Empecé a preguntarme en dónde estaba la ley para esto. En ese entonces, había un proyecto con media sanción. Mientras estaba pasando mi duelo, se estaba votando una ley en Diputados por la trombofilia”, relata.
Son muchas las mujeres que transitan y pasaron por lo mismo. Por eso, desde el colectivo, impulsan y sostienen que “protegernos y anticiparnos -añade Castro- es un bien para todas y que no es sólo un caso aislado. No es sólo para una, nos puede pasar a todas”.
Por eso, el colectivo responde consultas, informa y asesora sobre las herramientas existentes para hacer efectivo el derecho de las mujeres gestantes o con capacidad de gestar. Desde un simple mensaje en redes sociales se puede contactar a sus integrantes para recibir información o asesoramiento. En Instagram y Facebook mantienen un mismo usuario: @colectivoxlaleydetrombofilia, y en Twitter @CTrombodilia. De manera presencial, están en la «Casa Colectivo Matriactiva», un espacio propio en la calle Venancio Flores 3979, en el barrio de Floresta, CABA.
Un poco de historia sobre la legislación
“En febrero de 2016 la iniciativa fue girada a dos comisiones: la de Salud y la de Presupuesto. En ese momento, en el Senado, Juan Manuel Abal Medina era el presidente de la Comisión de Presupuesto. Lo llamé y pedí una reunión. Le conté lo que me había pasado y que padecía de trombofilia. Él me respondió que sabía de lo que le estaba hablando. La ley fue aprobada en noviembre del 2016 y el 23 de diciembre del mismo año, el por ese entonces presidente Mauricio Macri la vetó”, recuerda Castro.
Dicha iniciativa declaraba de interés nacional la protección de las personas portadoras de esta patología. El proyecto indicaba, entre otras cosas, que se incluyera en el Programa Médico Obligatorio (PMO) el análisis de sangre que diagnosticaba este problema.
Los argumentos en contra se focalizaron en rechazarla indicando que el estudio temprano no se encontraba recomendado por entidades científicas nacionales e internacionales. “Tuvimos reuniones con los diputados en campaña. Pero durante todo el macrismo la ley nunca se trató. Con el cambio de gobierno se buscó una nueva ley, con atención a las políticas de inclusión de todas las personas, incorporando la diversidad y la elección sin discriminación sexo-genérica”, explica la coodinadora del colectivo.
“Hicimos que llegara nuestra inquietud al presidente Alberto Fernández -agrega-, y el 1º de marzo (en la apertura de sesiones legislativas) anunció que se iban a mandar dos proyectos: el de la Interrupción Voluntaria del Embarazo y el Plan de los Mil Días, para acompañar a las mujeres que quieran maternar y a las que no lo quieran”.
¿Cómo interviene esta nueva ley?
El 30 de diciembre se sanciona la Ley 27611. El Artículo 23 aborda la trombofilia y tiene por objeto a las personas gestantes que cursan embarazos de alto riesgo. La norma establece que la autoridad de aplicación tiene la responsabilidad de impulsar un modelo de atención que priorice las intervenciones comunitarias centradas en el cuidado de la salud integral, el acceso equitativo a las redes de servicios de salud perinatal organizadas según la complejidad, los métodos, diagnósticos y los tratamientos indicados. También procurar que los nacimientos ocurran en maternidades seguras conforme el riesgo de la persona gestante o la salud fetal.
La ley permite el acceso a estudios de diagnóstico gratuitos y a los tratamientos, tanto para las personas con cobertura pública como obra social. La clave está en lograr un diagnóstico temprano y el desafío pendiente federalizar la aplicación de la misma para garantizar de forma gratuita en todo el territorio nacional.
“Lo que está haciendo el Ministerio de Salud es facilitar el acceso equitativo con las herramientas que tenemos. Si hablamos de equidad tenemos que hablar de distribución geográfica”, dice Castro en base a experiencias concretas.
“Hay una obstetra de mucho renombre que trabaja con una guía de preguntas basada en antecedentes obstétricos y sobre diferentes síntomas. En los casos que son hereditarios, solemos tener algún familiar en primer o segundo grado que perdió un embarazo o que tuvieron algún accidente cerebro vascular (ACV)”, explica.
Para Castro “una ley puede ser hermosa y estar bien escrita, pero se puede transformar en un instrumento obsoleto si no pensamos en la diversidad. Son muchas las mujeres que no tienen información. Por eso nuestro asesoramiento es necesario. Tenemos varones trans que gestan y a veces pierden los embarazos por esto. Del 2016 hasta ahora han cambiado muchas cosas y podemos hablar de cuerpos gestantes”, sostiene.
Con información llegamos a la prevención
Desde el colectivo advierten que lo importante es conocer los antecedentes familiares y la información preventiva. “Si logramos comprimir todas las preguntas en la primera visita ginecológica, antes de recetar anticonceptivos orales, la persona que se haga los estudios de trombofilia va a ser la que tenga alguna sospecha. Así se reduce el campo. Se puede escapar algún caso, pero no la bestialidad de padecer la perdida de varios embarazos para que te estudien”, adivierte Castro sobre las estreategias a seguir.
El tratamiento médico, en la mayoría de los casos, consiste en la aplicación de heparina, un anticoagulante que permite atravesar un embarazo con normalidad. Habitualmente su práctica requiere la aplicación diaria de una ampolla del antitrombótico, durante los primeros seis o siete meses de embarazo y, en ocasiones, se continúa los 30 días posteriores al puerperio. Comercialmente, cada frasco-ampolla cuesta un estimado de 2.000 a 5.000 pesos, dependiendo del laboratorio fabricante.
La medicación debe ser entregada de acuerdo al pedido médico tratante, sea por medio de un hospital público, obra social o prepaga, como lo avala el Programa Médico Obligatorio (PMO). La cobertura no solo implica las inyecciones sino los métodos orales que sean anticoagulantes y el tiempo necesario para el gestante.
La mayoría de las personas que tienen trombofilia no presentan síntomas. Es muy importante que las mujeres que tengan dudas o sospechas, consulten con su médico ginecólogo u obstetra según el caso.
“Nosotras socializamos la información. Si la persona gestante, en este caso, no puede acceder al diagnóstico, cuentan con un respaldo que las ampara y que lo habilita. El tema es llegar a saberlo”, informa Castro.
¿Dónde hay asesoramiento?
Desde la Sociedad Argentina de Hematología (SAH) se encuentra un cuestionario de respuestas a preguntas frecuentes: ¿A qué se llama pérdida gestacional? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuál es el tratamiento? Además, ofrece diversas recomendaciones, datos para pacientes que toman anticoagulantes y la explicación de cada tipo de trombofilia, así como una lista sobre consejos de cuidado.
También hay información sobre los centros nacionales de esta especialidad, con una llamativa disparidad geográfica. En Capital Federal se encuentran más de veinte centros de Hematología, en La Plata y en Provincia de Buenos Aires tres y en Rosario solo uno.
Por su parte, el Grupo Cooperativo Argentino de Hemostasia y Trombosis (CAHT), una sociedad científica sin fines de lucro, que congrega a médicos, bioquimicos y biólogos dedicados al estudio de las enfermedades de la coagulación de la sangre, impulsa el Día Mundial de la Trombosis en Argentina, cada 13 de octubre, con el objetivo de transmitir el conocimiento, el diagnóstico y el tratamiento de los trastornos trombóticos y hemorrágicos.
La Superintendencia de Salud, el ente regulador y controlador de las Obras Sociales Nacionales y Entidades de Medicina Prepaga, es la encargada de garantizar los derechos de la/os usuaria/os sobre las prestaciones. Las consultas son gratuitas.
Desde la entidad, el trámite se puede iniciar de forma telefónica o por asesoría virtual en la página oficial, siguiendo los pasos que indican. Ellos deben informar, responder y facilitar a lo/as ciudadana/os que requieran algún tipo de información sobre su cobertura médica. Se recomienda tener documentación respaldatoria que avale el diagnóstico, sea de esta u otra patología.
La tarea del Colectivo, como otras asociaciones, es la concientización sobre dicho trastorno y los chequeos médicos preventivos. Entregar la información adecuada a toda la población, sobre lo que es la trombofilia, su diagnóstico y tratamiento. “Por ejemplo: con un simple estudio de sangre, una persona, sin importar que, puede detectar, tratar y prevenir muchas patologías. No estamos solas en esto”, sostiene Ianina.
Difundir, acompañar ,visibilizar y socializar son los instrumentos necesarios es parte de un modelo de interacción que demuestra la importancia de la participación comunitaria como eje central para reforzar el sistema de salud, desde una perspectiva que anteponga a las personas por encima de la economía.
Jul 16, 2021 | Comunidad, Novedades
A tan solo cinco cuadras del centro comercial de Wilde y de las casas más coquetas del barrio “Las Flores”, se encuentran los pasillos de Villa Azul. Aquel asentamiento que comparten el partido de Quilmes y Avellaneda y que el año pasado se hizo famoso en los medios por ser el primer barrio que las autoridades cerraban a causa del masivo contagio de covid 19.
El barrio popular de Villa Azul data de hace más de 40 años, y se emplaza entre los municipios de Avellaneda (una superficie de aproximadamente 1,5 hectáreas) y Quilmes (aproximadamente 10,7 hectáreas). Fue con la última dictadura cívico militar que se asentaron los primeros habitantes a los dos costados de la autopista Acceso Sudeste. Primero nació Villa Itatí, otro barrio emergente con más de 15 mil personas. Y del lado norte, Azul, quedando en una especie de pozo rodeado de terraplenes por el tránsito que lleva la autopista.
Según el último Censo en Barrios Populares de la provincia de Buenos Aires (CeBPBA), realizado por la Dirección Provincial de Estadística (DPE), en noviembre de 2018, la población de Villa Itatí era de más de 15 mil personas que vivían en 4.950 hogares y Azul contaba con 3.128 personas que se encontraban en tan solo 800 viviendas. Lo que demostraba que Azul, a pesar de contar con menos población, tenía un grave problema de hacinamiento ya que parte de esos hogares eran de familias muy numerosas. Hoy, a tres años del relevamiento, esos números quedaron obsoletos, probablemente duplicando los habitantes, haciendo aún más grave el problema de hacinamiento, las desigualdades, pero ante todo la precariedad y la vulnerabilidad en la que cada familia le toca vivir en plena emergencia sanitaria.
Según el último Censo en Barrios Populares de la provincia de Buenos Aires, en Villa Azul viven 3.128 personas, pero aseguran que la población creció geométricamente en la pandemia.
Villa Azul está dividida en varios sectores. Uno de los más conocidos es “La Toma», llamado así por las 52 casas que se habían empezado a construir en el plan de obra en marcha de viviendas y que el gobierno de Mauricio Macri paralizó. El sistema de construcción tenía paredes de planchas de telgopor, protegidas por mallas de alambre y cubiertas luego por cemento. Algunas llegaron hasta la parte del telgopor y el alambre, y ahí quedaron. Los últimos años, alrededor de 80 familias tomaron las viviendas a medio hacer y ahora viven allí en peores condiciones. Por allí se planea comenzar ahora la gran urbanización del barrio que pertenece al partido de Quilmes ya que del lado perteneciente al municipio de Avellaneda la situación es otra. Las familias ya pueden disfrutar de sus viviendas.
El agua potable, la luz, el gas, entre otros servicios básicos, para los vecinos de Azul no lo son y terminan convirtiéndose en anhelos o sueños a alcanzar para tener una mejor calidad de vida.
Valeria Biatto hace un año y medio vive en el barrio. Era de Villa Madero y se trasladó hacia Azul porque allí, en el sector de “La toma”, pudo comprar su casa donde vive con sus seis hijos. Valeria forma parte de una cooperativa que hoy, junto con Aysa, por fin, realiza las obras de agua potable. Además, se mostró contenta de pertenecer a este proyecto que mejorará la calidad de vida de ella y sus vecinos y que, además, significa un destello de luz luego de tantos años y gobiernos que no tuvieron la decisión política de hacerlo. “La gente está cansada de tanta promesa, ya no cree en nadie”, confiesa.
En el cercamiento del 2020 no pudo salir a trabajar, pero también afirma haberse sentido acompañada por parte del Estado “la municipalidad estuvo, no nos dejaron tirados. Mis hijos comieron todos los días, hasta pañales nos dejaron”.
Villa Azul se emplaza entre los municipios de Avellaneda (1,5 hectáreas) y Quilmes ( 10,7 hectáreas).
Andrea Arévalo más conocida en el barrio como Andy, hace 12 años vive en Villa Azul. Su infancia la vivió en Villa Itatí pero cuando formó pareja se mudó al otro lado del Acceso. Andrea vive con su pareja y sus cinco hijos, de entre diez y dos años. Andy contó a ANCCOM que el año pasado, en el cercamiento al barrio, ella y su familia se mantuvieron aislados porque su marido dio positivo de coronavirus pero que, sin embargo, a pesar de no poder salir, tuvieron mucha ayuda por parte del Municipio: desde alimentos hasta productos de limpieza e higiene y que a pesar de estar todos juntos, ella y sus nenes no presentaron síntomas. “La gente de Desarrollo del Municipio y los vecinos nos ayudaron mucho. Me sentí acompañada porque no en todos lados pasaba esto. Me llamaron todos los días para ver cómo estaban mis hijos”, afirmó.
Andrea vive en una de las casas que quedaron inconclusas y cuenta que espera con ansias que se concrete el plan de viviendas “Estamos viviendo muy precariamente, esperemos sea lo más rápido posible porque yo que tengo cinco chicos y uno de ellos tiene asma. Se sufre la humedad, sobre todo cuando llueve”. Andrea y su marido están desempleados hace diez años. Su único ingreso es la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la tarjeta Alimentar. Su marido realiza changas de albañilería. Algo tan simple como comer, en Azul, a veces se vuelve complejo. Andrea tiene un comedor que recibe a muchas más familias desde que comenzó la pandemia: “Ahora hay más gente y eso no es de nuestro agrado porque si se suman más personas quiere decir que día a día hay más necesidad”.
Andrea se mudó a Azul porque la familia de su esposo era de allí, ella vivió mucho tiempo en lo de sus suegros y al enterarse que estaban tomando las casas que no fueron terminadas. “Vimos la oportunidad de tener algo propio”, comentó. A los 15 años tuvo a su primer hijo. “Fue muy duro, me la tuve que rebuscar y remar, igual que mi compañero. No tenemos lujos, pero a mis hijos no les falta nada. Comen, están vestidos, van a la escuela. Quiero que terminen sus estudios, como yo no lo pude hacer, la peleo por ellos”.
El cercamiento del 2020 fue un caso excepcional y muy particular, se creyó que el foco de contagio podría ser incontrolable.
Andrea destaca que fue a partir de la emergencia sanitaria que el municipio empezó a hacer obras y a mirar hacia el barrio. “A partir de la pandemia y del encierro hubo más acompañamiento. El Municipio empezó a meterse más y a ver que hay necesidad y está acompañando a la gente. Hay más obras y trabajo”, dice Andrea en referencia a las cooperativas que funcionan en el barrio.
Un poco más cerca a la calle principal Caviglia, se encuentra María Esther Di Santo, de 68 años, quien vivió la mitad de su vida en el barrio. Para Esther, lo único que hizo el tiempo fue empeorar la situación de Azul. “No veo ninguna mejoría en el barrio, prometieron que iban a hacer las calles y no las hicieron, prometieron el agua, las viviendas y todavía las estoy esperando”, lamentó.
En el aislamiento preventivo al barrio de 2020, a María Esther le tocó estar aislada por dar positivo de coronavirus. Y si bien recibió ayuda por parte del Estado, recalca que fueron tan solo esos días de movimiento y no hubo mucho más. “Mis hijos me ayudaban, me traían cosas. La Municipalidad traía mercadería, cosas de higiene, pero todo el año pasado, ahora nada”. María Esther, también vivía en “La Toma”, pero como allí las casas -que se encuentran en condiciones casi inhumanas- eran de planta alta y por padecer una artrosis severa, tuvo que trasladarse a la vivienda de su hijo a unas cuadras del lugar.
Nancy Rojas trabaja en la cooperativa Potenciar Trabajo y maneja el sector dos de Villa Azul. Realiza tareas de higiene y limpieza en el barrio. Se crió en ese sector para el que hoy trabaja y además ayuda, dando de comer a chicos que acuden a “Alma, corazón y vida”, el comedor que tiene a cargo. En tiempos de cuarentena, se montó al hombro el hambre de los pibes y realizó ollas populares para que las familias que quedaron sin trabajo, no se queden sin su plato de comida.
Nicolas Alejandro Portillo tiene 50 años y vivió toda su vida en Azul. Prácticamente desde que se formó el barrio. De familia numerosa. Se juntó cuando tenía 15 años y tuvo siete hijos. Es vendedor ambulante en los subtes y trenes y además trabaja asistiendo a los vecinos en la entrega de bolsones de mercadería. Nicolás con emoción en sus ojos, cuenta que los primeros años de formación de la Villa fueron duros y de mucha violencia. “Cuando tuve noción yo ya estaba en la calle. Mi vida era droga, alcohol y robo hasta que nació mi hija y pude conseguir trabajo. Fueron años difíciles en Villa Azul. “Hoy puedo caminar por todo el barrio, por los pasillos, pero fueron años de mucha violencia, tiros. Hoy sigue siendo zona roja pero antes era mucho peor”, contó.
El día que cerraron el barrio, Nicolás se encontraba en su casa y anticipando el posible cercamiento, junto a su esposa, habían comprado mercadería “por las dudas” y no le erró. No pudo salir a trabajar por más de un mes, pero, sin embargo, recalcó que “nunca le faltó nada” ya que también recibió ayuda por parte del Municipio. Nicolas ahora se encuentra vacunado con la primera dosis y se muestra feliz de no haberse contagiado, pero sobre todo en aquella experiencia del 2020 que, para todos los vecinos, no es tan solo un recuerdo, sino una advertencia a la continuidad de los cuidados sanitarios.
El cercamiento del 2020 fue un caso excepcional y muy particular, se creyó que el foco de contagio podría ser incontrolable. Desde ya algunos vecinos sintieron el acompañamiento del Municipio mucho más que otros, pero lo cierto es que en Azul reinan las necesidades de todo tipo hace años y se necesita un Estado mucho más presente, no solo que asista en momentos de urgencia, sino que tome la efectiva decisión política de transformar el barrio en un lugar habitable, mejor, donde Nancy y Andy no tengan que recibir a cientos de chicos con hambre. Donde no haya ningún pibe que tenga que acudir a un comedor, o se le inunde la casa. Donde sus padres puedan tener un trabajo y no tengan que esperar 10 años para obtenerlo. Donde las personas mayores como Esther puedan vivir una vejez tranquila y sin deficiencias o padecer lo que vivió Nicolas para tener su casa. Donde todos tengan un verdadero hogar.
Jul 15, 2021 | Entrevistas, slider
El pasado 24 de junio el Senado de la Nación sancionó la Ley el Cupo Laboral Travesti Trans con 55 votos a favor, 1 en contra y 6 abstenciones, convirtiendo a la Argentina en el primer país de la región en consolidar la ampliación de derechos para un colectivo discriminado, perseguido e invisibilizado en las políticas de Estado, incluso, desde el retorno a la democracia.
En aquella histórica sesión, tanto el oficialismo como la oposición apoyaron la propuesta a la que consideraron “reparadora de derechos”. Así, el 8 de julio, el gobierno nacional promulgó la Ley 27.636, una norma anticipada por decreto en septiembre de 2020, que necesitaba mayor consenso para dar cuenta del grado de vulnerabilidad que sufren la mayoría de las personas trans, cuya población tiene una esperanza de vida que no supera los 40 años.
La Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero “Diana Sacayán – Lohana Berkins”, lleva ese nombre en recuerdo de dos importantes referentes del movimiento, y tiene por objeto establecer medidas de acción positiva orientadas a lograr la efectiva inclusión laboral de las personas travestis, transexuales y transgénero, con el fin de promover la igualdad de oportunidades en todo el territorio de la República Argentina.
Según el artículo 5 de la ley, el Estado debe ocupar en una proporción no inferior al uno por ciento (1%) de la totalidad de su personal con integrantes del colectivo trans, en todas las modalidades de contratación vigentes. Asimismo, en el artículo 11 también se contemplan incentivos para el sector privado.
Victoria Donda, abogada y titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), señala que “El INADI es el organismo que militó ese proyecto desde el primer Plan Nacional contra la Discrminación firmado en 2005”.
“Venimos bregando no sólo para que exista una ley de cupo trans, sino para que se cumpla en los distintos niveles del estado nacional”, agrega Donda. Este espíritu se refleja en el artículo 7, el cual establece que toda persona travesti, transexual o transgénero tiene derecho al trabajo formal digno y productivo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo, sin discriminación por motivos de identidad de género y/o su expresión.
“No voy a decir que el INADI redactó la ley porque eso lo hacen las comisiones pertinentes, pero la mirada interseccional y de militancia fue un gran aporte del instituto que presido”, sostuvo Donda en relación con la participación del Instituto en la redacción del texto final.
Así, el proyecto fue resultado de un amplio proceso de debates y aportes, en los cuales participaron decenas de organizaciones travestis, trans y LGBTIQ+ a lo largo del país, a través de las reuniones informativas -convocadas oportunamente- que contaron con el apoyo transversal de diputados y diputadas de todos los bloques parlamentarios.
“Lavado rosa”
El 28 de junio fue el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+ y surgieron otros debates relacionados con la identidad sexual. Uno de ellos giró en torno al concepto de pinkwashing o lavado rosa (por su traducción del inglés). De acuerdo con la organización chilena ACCIONGAY, “es un término que en el contexto de los derechos LGBTI+ se refiere a la variedad de estrategias políticas y de marketing dirigidas a la promoción de instituciones, países, personas, productos o empresas apelando a su condición de simpatizante LGBTI+, con el objetivo de ser percibidos como progresistas, modernos y tolerantes”.
En este sentido, Donda agrega que “no está mal, lo que hay que entender es que no es una moda pelear por los derechos de todas, todos, y todes. Está más allá de una moda. Entonces, lo que nosotros no queremos es que el pinkwashing tape la verdadera pelea por los derechos”.
Para que las reivindicaciones del colectivo puedan transformarse en políticas de inclusión, la también ex diputada sugiere que la manera de hacerlo es “incorporando a las organizaciones dentro de la planificación del Estado, y cómo el Estado dentro de la implementación de sus políticas públicas puede incorporar las demandas de la sociedad civil”.
Nuevo Plan contra la Discriminación
Con el objetivo de hacer efectivas las políticas de inclusión, durante todo el año 2020, el INADI trabajó no solo con las organizaciones de la comunidad LGBTIQ+ sino con otras comunidades en situaciones de vulnerabilidad, como los migrantes o personas con enfermedades poco frecuentes. De esta manera, puso en agenda otras discusiones contempladas en el Nuevo Plan Nacional contra la Discriminación, que el instituto va a presentar en los próximos meses.
“Consistirá de un conjunto de Compromisos de Acción estatales con visión estratégica para implementarse durante el período 2022-2025, a fin de profundizar y consolidar los avances legales e institucionales en relación al derecho a la igualdad y el principio de no discriminación alcanzados. Será monitoreado y evaluado periódicamente, y actualizado cada dos años”, explica la información institucional del organismo.
El Nuevo Plan Nacional contra la Discrminación, “lo estamos elaborando -agrega Donda- con la sociedad civil y con los distintos sectores del Estado, no solo con los estamentos nacionales, sino con los provinciales y municipales; incorporando algunos debates de carácter internacional, porque el año pasado recuperamos la presidencia de la Red Internacional de Organismos y de Organizaciones de Derechos Humanos (RIDH)”.
Para avanzar en la actualización del Plan, se convocó a múltiples organizaciones sociales, políticas, culturales, deportivas, para que trabajen en soluciones orientadas en erradicar las prácticas discriminatorias en cualquiera de sus formas. Con respecto a la convocatoria, la titular del INADI entiende que “para comprometerse de cara a la sociedad, para construir una sociedad más diversa, más plural, una sociedad sin discriminación, una sociedad sin racismo, sin xenofobia, el Estado tiene que poder escuchar a todos los sectores de la sociedad”.
A 16 años del documento preparatorio celebrado en 2005, queda adecuar la nueva agenda pública, que está atravesada por nuevas problemáticas estructurales, a un Plan de Acción Estatal que dé respuestas a la ciudadanía en su conjunto, y a las poblaciones más vulnerables en particular.
“Me parece que hoy los desafíos son otros, y que tienen que ver con una mirada acerca de la diversidad cultural, una mirada necesaria acerca de la educación para ir desarmando el racismo estructural que tenemos en la Argentina, la mirada interseccional de cada uno de los sectores que están en situación de vulnerabilidad. Hay miradas distintas desde el 2005 a esta elaboración, de este nuevo plan, son miradas diferentes, en épocas diferentes”, sostiene Donda.
La Comunidad Afroargentina
Tras la presentación en la Casa Rosada a fines de junio, se realizó el primer plenario del Consejo Asesor Federal de la Comunidad Afroargentina. La diplomática afroargentina María Fernanda Silva, actual embajadora argentina ante la Santa Sede y una de las miembros del Consejo, fue la primera oradora del plenario.
Silva señaló que la afroargentinidad es “un modo particular de habitar la patria y la memoria histórica, que también es un ámbito donde dar la batalla”.
En este sentido, Donda agrega “nosotros creemos que hay una negación del Estado con respecto a aquella comunidad afroargentina que hace muchos años está acá, y que los hemos negado sistemáticamente”. Asimismo, señala que esta comisión apunta “a recuperar la memoria histórica, a rearmar el mapa genético de nuestro país. Si hay comunidades que han sido invisibilizadas de la historia tiene que ver con la historia de esas propias comunidades. Entonces queremos recuperar esa memoria”.
En relación a las políticas públicas, Silva plantea la necesidad de generar “instancias de reconocimiento de espacios de memoria, para disputar una interpretación del pasado”, pero también impulsar un cuestionamiento de por qué “hay ámbitos donde la Comunidad Afroargentina no está presente, como por ejemplo el Poder Judicial o el Poder Legislativo”. Por otra parte, señala que se debe comprometer a los tres poderes “en una agenda desde y para la Comunidad Afroargentina”.
Según Donda, una manera de recuperar las huellas que dejó la comunidad a lo largo del país es incorporando esta categoría en el próximo censo nacional. “Hay que decir que en el censo anterior, en 2010, la comunidad afroargentina estuvo presente y de acuerdo a los resultados, hay aproximadamente 2,5 millones de personas que son parte de esa comunidad afroargentina. Entonces, este es un dato interesante que queremos ver si se mantiene y cuánto ha crecido”.
Vida y trayectoria
Victoria Analía Donda Pérez nació en 1977 en la ESMA, ex Escuela de Mecánica de la Armada y es la nieta restituida número 78. Luego de realizarse los estudios genéticos correspondientes, confirmó que sus padres biológicos eran José Donda e Hilda Pérez, quienes continúan desaparecidos. No supo hasta los 26 años, en 2004, que su padre de crianza y su tío, ambos militares, eran cómplices de la última dictadura cívico-militar argentina.
Desde muy chica la política marcaría su vida. “Creo que uno cuando tiene 16 años, pensar en los 40 es como muy lejano y no se si te imaginas mucho. Sí, lo que te puedo decir es que siempre quise dedicarme a la política, desde muy chica, no desde los 16, desde mucho antes”, recuerda.
Fue tres veces diputada nacional. Sus ejes de trabajo habitualmente están relacionados con los derechos humanos, el género, la educación, el medioambiente y las problemáticas sociales. Con respecto a la motivación por estas temáticas, asegura: “Creo profundamente que los derechos humanos, todos los derechos, son responsabilidad del Estado, y que para poder garantizarlos el Estado tiene que construir bases más justas de distribución de la riqueza. No hay derecho que se pueda garantizar si la riqueza no se distribuye de una forma más equitativa. Y creo que la herramienta para poder hacerlo es la política”.
Donda reflexiona que así como cuesta pensarse a los 16, también cuesta adelantarse al futuro, pero arriesga: “De acá a 10 años me veo aportando como estoy aportando ahora, o tratando de aportar para una sociedad mejor y espero que cada vez seamos capaces de ir construyendo una sociedad más igualitaria, más justa y con menos violencia”.
