Los vuelos de la vida

Los vuelos de la vida

El helipuerto Baires Madero se encuentra en la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors, a metros de la Reserva Ecológica de la Ciudad de Buenos Aires y al lado del barrio Rodrigo Bueno. El camino a la entrada parece no tener final, las veredas comienzan a achicarse, el humo de los camiones inunda el ambiente. Se observan montañas de basura y unos cuantos autos abandonados. Desde Avenida España al 3200, se llega a ver la central Helicenter, y allí, subiendo una escalera, está el despacho donde se alojan los médicos y operarios del Escuadrón Aéreo del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

La tripulación está formada por el piloto Eduardo Forgan; Javier Revilla, técnico operativo que durante el vuelo y en la escena colabora con el médico al momento de la asistencia; Pablo Martínez, médico emergentólogo, y la médica aeroevacuadora María Sol Budic. Además, de cada operativo participa Juan Noir, uno de los coordinadores del SAME, jefe del equipo médico y, a la vez, enlace del Escuadrón Aéreo con el resto del SAME. Es el encargado también de la programación de los servicios, el control de las habilitaciones y licencias del personal, la realización de los cursos, la documentación y el contacto entre otras áreas o instituciones para que la operación sea fluida y sin inconvenientes. El equipamiento con el que cuentan incluye capacidades de Unidad de Terapia Intensiva Móvil y asistencia primaria para el paciente politraumatizado.

El SAME se creó en 1991 como una fusión entre lo que era el Centro Informativo y Permanente para Emergencias y Catástrofes, la Dirección General de Material Rodante (ambulancias) y la Dirección General de Atención a la Salud (coordinación médica). Hoy depende del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad, específicamente del Área de Emergentología. El SAME aéreo tuvo su primera atención el 8 de diciembre de 2010 y desde ese momento a la actualidad realizó más de 3.500 auxilios. Dispone de dos helicópteros que pertenecen a la empresa privada Modena Air Service –que brinda mantenimiento y tripulación–, mientras que el SAME aporta equipo médico, insumos y combustible.

Asimismo, posee bases operativas para aterrizar en diversos hospitales porteños: Santojanni, Pirovano, Tornú, Fernández, Rivadavia, Argerich, Penna, Vélez Sarsfield y Durand. Sin embargo, la idea de operar con helicópteros sanitarios en la Ciudad no fue fácil: muchos establecimientos no tienen todos los elementos para asistir a un paciente, el recurso humano es escaso y los problemas de tránsito complejizan todo. “Llegábamos a un incidente en la autopista y no nos identificaban como un recurso sanitario, pero con el tiempo las personas se fueron acostumbrando y se los fue capacitando, al punto que hoy cortan el tránsito para que podamos bajar”, cuenta Juan Noir.

 

La mayor virtud del SAME aéreo es la rapidez de los helicópteros: el tiempo promedio entre el ingreso del llamado hasta el despegue es de tres minutos y el máximo para cruzar la Ciudad de extremo a extremo es de cuatro, o sea que en un máximo de siete minutos arriba al lugar del incidente.

El SAME aéreo tuvo su primera atención el 8 de diciembre de 2010 y ya realizó más de 3.500 auxilios.

Un día de trabajo

Son las 7 y la tripulación chequea el helicóptero. Se comprueba el equipamiento médico y se verifica qué hospitales cuentan con todas las condiciones para recibir traslados ese día. La misión comienza con el llamado de auxilio al 107, la central operativa interroga sobre todos los datos y ubicación mientras, en simultáneo, se transmite el requerimiento a la Base Baires Madero. Se activa la alarma, el piloto pone en marcha la nave, el técnico geolocaliza el punto de aterrizaje y el médico recaba datos del auxilio pertinentes para la operación. “Tiene que estar en vuelo dentro de los tres minutos que se hace el llamado. A partir de ese instante, el personal presente en la escena corta el tránsito y allí descienden el médico y el técnico para atender a la persona. Pasa de todo: aparecen motociclistas que ayudan a parar el tráfico, gente que no se corre cuando ve que estamos por aterrizar y hasta pacientes que se han negado a subir, todo ocurre en cuestión de minutos”, comenta Eduardo “Bugy” Forgan, el piloto de helicóptero con más experiencia del país.

Si bien se busca minimizar los tiempos y atender a todas las vidas humanas, los helicópteros pueden transportar dos pacientes y uno para asistir en el momento. La tripulación pone en riesgo su vida. “Uno de los eventos más fuertes fue la explosión de la perfumería Pigmento en Villa Crespo: dos bomberos murieron y otros dos resultaron gravemente heridos, esa fue la que más nos afectó porque las víctimas eran parte de nuestro equipo”, recuerda María Sol Budic. Según Javier Revilla, copiloto del equipo, “la tragedia de Once en 2012 fue muy complicada también”. En aquel accidente, 52 personas murieron, hubo más de 600 heridos y muchos de los pasajeros atrapados fueron trasladados por el SAME aéreo. Fue un antes y un después para el escuadrón ya que los centros asistenciales más cercanos estaban ocupados y se vieron obligados a organizar a los pasajeros. La rapidez con la que llegó el equipo de rescate fue vital.

Ese miércoles 22 de febrero, a las 8.29, entró la llamada del 107. “Base aérea ¿me escucha? –dijo el operador–. Tenemos un accidente en la terminal de Once, parece haber colisionado una formación de tren con principio de incendio y gente atrapada”. “Estamos yendo con varias unidades”, respondió un minuto después el director del SAME Alberto Crescenti. Automáticamente, desde el Móvil 1 se cursó la alerta roja a todos los hospitales porteños y las camas se agruparon para atender los heridos. “Nos encontramos con múltiples víctimas en el hall, en los andenes de la terminal, pero fue peor cuando entramos: el grueso de los heridos, 120 personas atrapadas en 6 metros”, rememoró Revilla. De inmediato, colocaron en la estación una bandera roja para pasajeros de atención inmediata, amarilla para monitoreo hasta el lugar de traslado y verde para equipos de psicólogos y psiquiatras. A las 8.36, llegó el SAME aéreo.

Desde el llamado de emergencia hasta que llega al lugar del incidente, el helicóptero tarda como máximo siete minutos.

La pandemia intensificó el trabajo de la tripulación. “Es más incómodo por el equipo de protección personal y el trabajo invade parte de nuestras vidas. Hubo médicos que prefirieron no convivir con la familia por temor a contagiarse, pero se trabajó igual”, afirma Noir. Durante el año pasado, el SAME se adaptó a nuevos protocolos: se asistió a pacientes en hospitales y ambulancias y se evacuaron geriátricos con las medidas de higiene, pero no estando vacunados. El emergentólogo Pablo Martínez menciona que se incorporó la telemedicina: “Es una asistencia mediante video que puede valorar signos del paciente para darle solución a su necesidad, se pueden dar instrucciones hasta el arribo del móvil, indicaciones de RCP, asistencia psicológica, o en casos de incidentes con múltiples víctimas, dar un mayor panorama a la central operativa para el manejo de la escena”. Según la página oficial del SAME, en 2020 recibieron cerca de 800 mil llamados de los cuales 296 fueron derivados al servicio de telemedicina.

En los primeros 100 días de 2021, con un promedio diario de llamadas de entre 2200 y 4500, el escuadrón aéreo realizó más de 100 operativos asistenciales, aunque más allá de los números que avalan la alta capacitación de sus integrantes, hay que destacar su calidez humana. Pero ya no hay tiempo para más preguntas. Suena el teléfono y el equipo tiene que salir volando.

El boxeo como práctica social

El boxeo como práctica social

Ulises Blanco, de 26 años, es el fundador y presidente del Bajo Flores Boxing Club, asociación fundada en el año 2020 con el fin de fomentar el deporte en un barrio tan estigmatizado como Rivadavia 1. Se practican actividades como boxeo recreativo y competitivo, talleres culturales y eventos deportivos del mismo. Además, incentivan a los más chicos del barrio a enfocarse en una actividad inclusiva como lo es este deporte de combate.

Blanco comenta que el club surgió como una necesidad suya para agilizar tiempos, para poder entrenar y poder manejar sus propios horarios sin la necesidad de trabajar de algo que a la larga afecte su salud como deportista. “Hice cursos de personal training, de director técnico de boxeo y me lancé. Empecé a dar clases de boxeo, pero ahora en mi lugar, en mi barrio” aclara y agrega:. “Era un proyecto que tenía en mente hace mucho tiempo y que soñaba con lograr”.

El club cuenta con alrededor de 30 a 40 socios activos y se financia a través de una cuota mensual, además de contar con sponsors como lo es el bar “Cacho de Familia”, la empresa de agua “Esteban Cocha” y el Polideportivo Bajo Flores. Pero la realidad es que son pymes, y si bien están más que agradecidos con lo que aportan, desde Bajo Flores Boxing Club desean en un futuro recibir ayuda de parte del Gobierno nacional o de la municipalidad.

Si bien el gimnasio fue inaugurado en época de pandemia, el fundador sostiene que no son focos de contagio, sino que el deporte es de gran ayuda a la salud física y mental. Y asegura que cumplen con todos los protocolos del covid-19. Tratamos de entrenar con la mayoría de los alumnos al aire libre y pese a que las herramientas como las bolsas de boxeo se encuentra en la parte cerrada, siempre son desinfectadas antes y después de usarlas. Así como también, el lugar todo el tiempo esta ventilado”, aclara Blanco.

Estilo de vida

El Bajo Flores Boxing Club es un gimnasio para todas las edades. La actividad principal es el boxeo competitivo y recreativo, aunque también se enseña preparación física que incluye fuerza, aeróbica y funcional.

“Muchos de los chicos encuentran en el boxeo su lugar, no solamente donde vienen a tirar piñas o aprender a boxear. En el Bajo Flores Boxing Club atendemos las necesidades de cada alumno en particular. A cada uno se le pregunta como están, como les va en el estudio, si trabajan. Así como también si tienen algún problema personal o en el hogar se los escucha, se los motiva y si es posible se los ayuda”, comenta Blanco, quien asegura que vive del boxeo y para el boxeo las 24 horas del día. “Para mí el boxeo es un estilo de vida, es mi vida, esté donde esté tengo presente el boxeo, mi carrera deportiva o mi carrera como entrenador”, finaliza.

 

Bárbara Barboza, profesora de boxeo del club, explica la importancia del deporte en la vida de cada alumno. Hace hincapié en que esta disciplina les brinda mucha seguridad hacia ellos mismos, pierden miedos y baja autoestima, reducen su peso y fortalecen su cuerpo y todos los músculos al ser un deporte muy completo tanto físico como mental. A su vez, elevan su rendimiento físico. Todos los días hacemos algo diferente para trabajar distintas partes del cuerpo y del sistema nervioso”, explica. Además, comenta que el gimnasio aporta mucho apoyo a la sociedad.Saca a los chicos de la calle, tanto a niños como a grandes, ya que el barrio está siempre rodeado de drogas y delincuencia”, y asegura que hecho de que el gimnasio esté dentro del barrio es como “que crezca una flor de loto en medio de un pantano”.

Tanto para niños y jóvenes, el boxeo es visto como una salida o una oportunidad, haciéndoles saber que hay otro estilo de vida, que se puede salir siempre con trabajo, que nunca es tarde para aprender, que es un deporte hermoso que los puede llevar a conocer mucha gente, así como provincias y países inimaginables gracias a competencias y torneos. Pero antes que eso, que gracias a ellos mismos se esfuerzan y no abandonan en el camino.

A su vez, Graciela Ordoñez de 58 años, alumna de club, afirma: Yo he probado muchos gimnasios y en la mayoría solo sos una cuota. Acá no, acá están para enseñarte. Se habla de salud, de alimentación, de trabajo, de futuro. Se corrige, aconseja y cuida a los alumnos”. Además, incentiva y recomienda empezar boxeo.

Logros y proyectos

Actualmente el club se encuentra en mudanza hacia el Polideportivo Bajo Flores, un espacio que cuenta con lugares cerrados y al aire libre, apto para hacer torneos y competencias. “Conseguimos este lugar en donde los alumnos puedan entrenar de una manera más libre, cómoda y con más seguridad, comenta Ulises. Aparte, cuenta que uno de sus sueños es poder sacar algún campeón mundial del club, aunque sostiene que ya con saber que quizás cambiaron una vida es suficiente. Sacar buena gente es nuestro proyecto más grande. Estando en un club ese chico ve la vida de otra manera, le hace querer un futuro bueno. Cuando un chico entra al club sale uno de la calle”, concluye.

Hasta la vivienda, siempre

Hasta la vivienda, siempre

Desde hace más de dos años, un grupo de familias con graves problemas habitacionales decidió ocupar las tierras pertenecientes al Barrio Ferroviario, que existe hace más de 50 años en la localidad de San Fernando. De esta manera, se formó un nuevo barrio denominado La Victoria, y desde un primer momento sus nuevos pobladores se organizaron y empezaron a hacer jornadas de limpieza, fumigación y ollas populares. Además, el mismo año en que llegaron al lugar (2019) se registraron en el RENABAP (Registro Nacional De Barrios Populares), amparado por la ley 27.453 aprobada en el Congreso Nacional en octubre de 2018; que dictamina que los barrios registrados no pueden ser desalojados. A pesar de esto, el 19 de septiembre del año pasado se produjo el desalojo de 20 familias que estaban allí desde mayo de 2020.

Los habitantes del lugar se ven afectados en diversas situaciones, como las deficiencias en el servicio eléctrico, dado que no cuentan con medidores propios y además el poste que los abastece servicio se encuentra muy lejos del lugar, lo que provoca que tengan inconvenientes por la baja tensión. A su vez, la red de agua no es potable por lo que deben trasladarse varias cuadras para abastecerse para poder cocinar y demás cuestiones cotidianas.

La solidaridad está fuertemente arraigada en el barrio: hace dos años se encuentra el merendero La Victoria. Milagros Castillo, su coordinadora, dice: “Arrancamos justamente por el tema de la necesidad, dado que al barrio llegaron varias familias que la estaban pasando mal, no tenían luz ni agua y para aliviar un poco ese dolor arrancamos con el merendero y ollas populares. Respecto a la situación actual sanitaria comenta: “Ahora vienen mucho más los nenes, antes faltaban, ahora no faltan nunca”

Desde el año pasado, los vecinos crearon una mesa de urbanización en donde participan más de diez personas y articulan diversas actividades con ONG, organizaciones sociales e instituciones religiosas. Todas estas instancias de participación conocen el territorio desde antes y coinciden en la importancia de llevar adelante esta instancia para que los vecinos tengan una mejor calidad de vida para ellos y las próximas generaciones.

La victoria forma parte del Registro Nacional De Barrios Populares, lo que -al menos en teoría- la deja a salvo de desalojos.

Nahuel es militante de una de las organizaciones que participan activamente de dicha mesa y sobre su trabajo comenta:“Junto a mis compañeros comenzamos a ir al barrio ya que vimos una necesidad grande y empezamos a colaborar con los vecinos, le llevábamos alimentos no perecederos para que poder hacer las ollas populares y también ropa”.

Respecto a la idea de urbanizar el barrio, Milagros dice que fue idea de los vecinos. Se contactaron con un abogado para pedirles asesoramiento y él mismo los contactó con la ONG Habitar, que articula diversas actividades relacionadas al tema. Según Gabriela Torrents (una de las participantes de esta ONG): “El proyecto Habitar consiste en el encuentro de distintas personas a las que nos reúne principalmente la necesidad de transformar las injusticias y la desigualdad urbana”. La mayoría de los integrantes de esta iniciativa son arquitectos y urbanistas que trabajan el problema del hábitat a través de la arquitectura y su transformación. La profesional plantea: “Esta cuestión de trabajar la transformación de la desigualdad por la arquitectura y el urbanismo nos hizo recorrer distintos ámbitos de formación”

Eugenia Jaime, otra de las participantes, comenta que el primer contacto que tuvieron con el barrio fue por los vecinos, dado que le trasladaron la demanda de la falta de agua y el problema que les traía esto ante la situación sanitaria vigente. “Hicimos una primera visita en la ASPO y nos encontramos con un grupo organizado con interés de hacer algo que transforme el hábitat en el que estaban viviendo. Que además era muy sentido para ellos la necesidad de cambiar el tema del agua, sino que también le preocupaba la situación de la vivienda en las que estaban sus vecinos, la situación de los residuos, los caminos y el estado de la calle” .

El aprovisionamiento de agua y luz son solo dos de los problemas de los habitantes de La Victoria.

Con encuestas realizadas por los propios vecinos del barrio, las arquitectas pudieron elaborar un informe en donde se describen las características de las viviendas y las diversas vulneraciones a sus derechos básicos. Eugenia dice: “Es importante resaltar que el primer grupo que nos contactó tenía en claro que tenían derecho a acceder al agua, a las cloacas y a una vivienda digna.

La ONG llevó varias actividades a cabo junto a los vecinos como censos, identificación y mejora de las calles y una plaza para los niños del barrio. Actualmente se encuentra desarrollando diversas actividades de capacitación respecto a urbanización para seguir avanzando en el tema junto con los vecinos.

Trombofilia: la prevención hace a la solución

Trombofilia: la prevención hace a la solución

A siete meses de la sanción de la ley para la “atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia”, que garantiza el tratamiento de la trombofilia a las personas gestantes, existen herramientas más claras para hacer efectivo su derecho y transitar un embarazo sin complicaciones. Se trata de una enfermedad poco conocida que requiere más campañas de concientización y prevención. Ianina Lis Castro, fundadora del Colectivo por la Ley de Trombofilia, cuenta cómo fue el recorrido hasta la sanción y sobre las dificultades actuales en su aplicación.

Hasta el 30 de diciembre de 2020, para acceder al diagnóstico y tratamiento por trombofilia había que padecer la pérdida de varios embarazos. La norma vino a resolver este problema, pero el camino sigue siendo complejo. La Ley  27.611 prevé la cobertura para dicha patología, con la novedad de incorporar en el texto principios de no discriminación en cuanto a la identidad de género.

Fue creada “con el fin de reducir la mortalidad, la malnutrición y la desnutrición, proteger y estimular los vínculos tempranos, el desarrollo físico y emocional y la salud de manera integral,  y prevenir la violencia”. Vetada por el ex presidente Mauricio Macri, es el resultado de una batalla silenciosa en la lucha y la conquista por la ampliación de derechos.

¿Qué sabemos de esta patología?

La trombofilia es un trastorno en la coagulación sanguínea y desde la definición científica se manifiesta como un desorden del mecanismo hemostático que lleva a la trombosis. La enfermedad trombótica surge como resultado de la conjunción de varios factores: genéticos, ambientales y de condiciones adquiridas que determinan la atención clínica individual. Pueden ser de características hereditarias o adquiridas. La más frecuente y de mayor impacto en ginecología y obstetricia es el «síndrome antifosfolipídico” (SAF), una enfermedad autoinmune, que se presenta principalmente en mujeres jóvenes. 

Este trastorno se considera silencioso y es común en personas gestantes; pero en algunos casos resulta difícil llegar al diagnóstico y obtener un tratamiento certero.

En  2017 nace el Colectivo por la Ley de Trombofilia con la finalidad de continuar la lucha por una sanción a favor de quienes padecen la enfermedad. Desde entonces se ocupan de informar, asistir y acompañar a personas con embarazos, interrupciones o en proceso de lactancia. 

Inanina Lis Castro, junto a otras treinta mujeres se reúnen los sábados -cuando las restricciones por la pandemia lo permiten- en el local que inauguraron en marzo de 2021, y desde ahí se reparten las tareas orientadas a la concientización, el seguimiento de casos, brindan charlas informativas con especialistas y, a través de sus redes, muestran y cuentan historias de vida. 

“Al ser un espacio feminista en donde somos todas mujeres, también es la puerta de entrada para construir redes, contactarse y desarticular violencias de todo tipo sobre los cuerpos”, indica Castro. “Aprendemos -agrega- del problema, nos constituimos con lo que le sucede a la otra. El colectivo es eso. Somos como una red, tenemos un chat y compartimos las veinticuatro horas del día”.

En primera persona

En 2015, Castro quedó embarazada por tercera vez de manera natural, sin ningún inconveniente, pero a los seis meses de gestación sufrió la muerte intrauterina del bebé. “Con el diagnóstico en mano que decía trombofilia, me enteré que había mujeres que acceden a ese análisis, luego de las pérdida de dos o tres embarazos. Y a medida que te alejabas de la General Paz eran muchos más. Empecé a preguntarme en dónde estaba la ley para esto. En ese entonces, había un proyecto con media sanción. Mientras estaba pasando mi duelo, se estaba votando una ley en Diputados por la trombofilia”, relata. 

Son muchas las mujeres que transitan y pasaron por lo mismo. Por eso, desde el colectivo, impulsan y sostienen que “protegernos y anticiparnos -añade Castro- es un bien para todas y que no es sólo un caso aislado. No es sólo para una, nos puede pasar a todas”. 

Por eso, el colectivo responde consultas, informa y asesora sobre las herramientas existentes para hacer efectivo el derecho de las mujeres gestantes o con capacidad de gestar. Desde un simple mensaje en redes sociales se puede contactar a sus integrantes para recibir información o asesoramiento.  En Instagram y Facebook mantienen un mismo usuario: @colectivoxlaleydetrombofilia, y en Twitter @CTrombodilia. De manera presencial, están en la «Casa Colectivo Matriactiva», un espacio propio en la calle Venancio Flores 3979, en el barrio de Floresta, CABA.

Un poco de historia sobre la legislación

“En febrero de 2016 la iniciativa fue girada a dos comisiones: la de Salud y la de Presupuesto. En ese momento, en el Senado, Juan Manuel Abal Medina era el presidente de la Comisión de Presupuesto. Lo llamé y pedí una reunión. Le conté lo que me había pasado y que padecía de trombofilia. Él me respondió que sabía de lo que le estaba hablando. La ley fue aprobada en noviembre del 2016 y el 23 de diciembre del mismo año, el por ese entonces presidente Mauricio Macri la vetó”, recuerda Castro. 

Dicha iniciativa declaraba de interés nacional la protección de las personas portadoras de esta patología. El proyecto indicaba, entre otras cosas, que se incluyera en el Programa Médico Obligatorio (PMO) el análisis de sangre que diagnosticaba este problema. 

Los argumentos en contra se focalizaron en rechazarla indicando que el estudio temprano no se encontraba recomendado por entidades científicas nacionales e internacionales. “Tuvimos reuniones con los diputados en campaña. Pero durante todo el macrismo la ley nunca se trató. Con el cambio de gobierno se buscó una nueva ley, con atención a las políticas de inclusión de todas las personas, incorporando la diversidad y la elección sin discriminación sexo-genérica”, explica la coodinadora del colectivo. 

“Hicimos que llegara nuestra inquietud al presidente Alberto Fernández -agrega-, y el 1º de marzo (en la apertura de sesiones legislativas) anunció que se iban a mandar dos proyectos: el de la Interrupción Voluntaria del Embarazo y el Plan de los Mil Días, para acompañar a las mujeres que quieran maternar y a las que no lo quieran”. 

¿Cómo interviene esta nueva ley?

El 30 de diciembre se sanciona la Ley 27611. El Artículo 23 aborda la trombofilia y tiene por objeto a las personas gestantes que cursan embarazos de alto riesgo. La norma establece que la autoridad de aplicación tiene la responsabilidad de impulsar un modelo de atención que priorice las intervenciones comunitarias centradas en el cuidado de la salud integral, el acceso equitativo a las redes de servicios de salud perinatal organizadas según la complejidad, los métodos, diagnósticos y los tratamientos indicados. También procurar que los nacimientos ocurran en maternidades seguras conforme el riesgo de la persona gestante o la salud fetal. 

La ley permite el acceso a estudios de diagnóstico gratuitos y a los tratamientos, tanto para las personas con cobertura pública como obra social. La clave está  en lograr un diagnóstico temprano y el desafío pendiente federalizar la aplicación de la misma para garantizar de forma gratuita en todo el territorio nacional.

“Lo que está haciendo el  Ministerio de Salud es facilitar el acceso equitativo con las herramientas que tenemos. Si hablamos de equidad tenemos que hablar de distribución geográfica”, dice Castro en base a experiencias concretas.

“Hay una obstetra de mucho renombre que trabaja con una guía de preguntas basada en antecedentes obstétricos y sobre diferentes síntomas. En los casos que son hereditarios, solemos tener algún familiar en primer o segundo grado que perdió un embarazo o que tuvieron algún accidente cerebro vascular (ACV)”, explica. 

Para Castro “una ley puede ser hermosa y estar bien escrita, pero se puede transformar en un instrumento obsoleto si no pensamos en la diversidad. Son muchas las mujeres que no tienen información. Por eso nuestro asesoramiento es necesario. Tenemos varones trans que gestan y a veces pierden los embarazos por esto. Del 2016 hasta ahora han cambiado muchas cosas y podemos hablar de cuerpos gestantes”, sostiene. 

Con información llegamos a la prevención

Desde el colectivo advierten que lo importante es conocer los antecedentes familiares y la información preventiva. “Si logramos comprimir todas las preguntas en la primera visita ginecológica, antes de recetar anticonceptivos orales, la persona que se haga los estudios de trombofilia va a ser la que tenga alguna sospecha. Así se reduce el campo. Se puede escapar algún caso, pero no la bestialidad de padecer la perdida de varios embarazos para que te estudien”, adivierte Castro sobre las estreategias a seguir. 

El tratamiento médico, en la mayoría de los casos, consiste en la aplicación de heparina, un  anticoagulante que permite atravesar un embarazo con normalidad. Habitualmente su práctica requiere la aplicación diaria de una ampolla del antitrombótico, durante los primeros seis o siete meses de embarazo y, en ocasiones, se continúa los 30 días posteriores al puerperio. Comercialmente, cada frasco-ampolla cuesta un estimado de 2.000 a 5.000 pesos, dependiendo del laboratorio fabricante.

La medicación debe ser entregada de acuerdo al pedido médico tratante, sea por medio de un hospital público, obra social o prepaga, como lo avala el Programa Médico Obligatorio (PMO). La cobertura no solo implica las inyecciones sino los métodos orales que sean anticoagulantes y el tiempo necesario para el gestante.  

La mayoría de las personas que tienen trombofilia no presentan síntomas. Es muy importante que las mujeres que tengan dudas o sospechas, consulten con su médico ginecólogo u obstetra según el caso.

Nosotras socializamos la información. Si la persona gestante, en este caso, no puede acceder al diagnóstico, cuentan con un respaldo que las ampara y que lo habilita. El tema es llegar a saberlo”, informa Castro.

¿Dónde hay asesoramiento?

Desde la Sociedad Argentina de Hematología  (SAH) se encuentra un cuestionario de respuestas a preguntas frecuentes:  ¿A qué se llama pérdida gestacional? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuál es el tratamiento? Además, ofrece diversas recomendaciones, datos para pacientes que toman anticoagulantes y la explicación de cada tipo de trombofilia, así como una lista sobre consejos de cuidado.

También hay información sobre los centros nacionales de esta especialidad, con una llamativa disparidad geográfica. En Capital Federal se encuentran más de veinte centros de Hematología, en La Plata y en Provincia de Buenos Aires tres y en Rosario solo uno. 

Por su parte, el  Grupo Cooperativo Argentino de Hemostasia y Trombosis (CAHT),  una sociedad científica sin fines de lucro, que congrega a médicos, bioquimicos y biólogos dedicados al estudio de las enfermedades de la coagulación de la sangre, impulsa el Día Mundial de la Trombosis en Argentina, cada 13 de octubre, con el objetivo de transmitir el conocimiento, el diagnóstico y el tratamiento de los trastornos trombóticos y hemorrágicos.

La Superintendencia de Salud, el ente regulador y controlador de las Obras Sociales Nacionales y Entidades de Medicina Prepaga, es la encargada de garantizar los derechos de la/os usuaria/os sobre las prestaciones. Las consultas son gratuitas. 

Desde la entidad, el trámite se puede iniciar de forma telefónica o por asesoría virtual en la página oficial, siguiendo los pasos que indican. Ellos deben informar, responder y facilitar a lo/as ciudadana/os que requieran algún tipo de información sobre su cobertura médica. Se recomienda tener documentación respaldatoria que avale el diagnóstico, sea de esta u otra patología. 

La tarea del Colectivo, como otras asociaciones, es la concientización sobre dicho trastorno y los chequeos médicos preventivos. Entregar la información adecuada a toda la población, sobre lo que es la trombofilia, su diagnóstico y tratamiento. “Por ejemplo: con un simple estudio de sangre, una persona, sin importar que, puede detectar, tratar y prevenir muchas patologías. No estamos solas en esto”, sostiene Ianina. 

Difundir, acompañar ,visibilizar y socializar son los instrumentos necesarios es parte de un modelo de interacción  que demuestra la importancia de la participación comunitaria como eje central para reforzar el sistema de salud, desde una perspectiva que anteponga a las personas por encima de la economía.

Azul desteñido

Azul desteñido

A tan solo cinco cuadras del centro comercial de Wilde y de las casas más coquetas del barrio “Las Flores”, se encuentran los pasillos de Villa Azul. Aquel asentamiento que comparten el partido de Quilmes y Avellaneda y que el año pasado se hizo famoso en los medios por ser el primer barrio que las autoridades cerraban a causa del masivo contagio de covid 19.

El barrio popular de Villa Azul data de hace más de 40 años, y se emplaza entre los municipios de Avellaneda (una superficie de aproximadamente 1,5 hectáreas) y Quilmes (aproximadamente 10,7 hectáreas). Fue con la última dictadura cívico militar que se asentaron los primeros habitantes a los dos costados de la autopista Acceso Sudeste. Primero nació Villa Itatí, otro barrio emergente con más de 15 mil personas. Y del lado norte, Azul, quedando en una especie de pozo rodeado de terraplenes por el tránsito que lleva la autopista.

Según el último Censo en Barrios Populares de la provincia de Buenos Aires (CeBPBA), realizado por la Dirección Provincial de Estadística (DPE), en noviembre de 2018, la población de Villa Itatí era de más de 15 mil personas que vivían en 4.950 hogares y Azul contaba con 3.128 personas que se encontraban en tan solo 800 viviendas. Lo que demostraba que Azul, a pesar de contar con menos población, tenía un grave problema de hacinamiento ya que parte de esos hogares eran de familias muy numerosas. Hoy, a tres años del relevamiento, esos números quedaron obsoletos, probablemente duplicando los habitantes, haciendo aún más grave el problema de hacinamiento, las desigualdades, pero ante todo la precariedad y la vulnerabilidad en la que cada familia le toca vivir en plena emergencia sanitaria.

Según el último Censo en Barrios Populares de la provincia de Buenos Aires, en Villa Azul viven 3.128 personas, pero aseguran que la población creció geométricamente en la pandemia.

Villa Azul está dividida en varios sectores. Uno de los más conocidos es “La Toma», llamado así por las 52 casas que se habían empezado a construir en el plan de obra en marcha de viviendas y que el gobierno de Mauricio Macri paralizó. El sistema de construcción tenía paredes de planchas de telgopor, protegidas por mallas de alambre y cubiertas luego por cemento. Algunas llegaron hasta la parte del telgopor y el alambre, y ahí quedaron. Los últimos años, alrededor de 80 familias tomaron las viviendas a medio hacer y ahora viven allí en peores condiciones. Por allí se planea comenzar ahora la gran urbanización del barrio que pertenece al partido de Quilmes ya que del lado perteneciente al municipio de Avellaneda la situación es otra. Las familias ya pueden disfrutar de sus viviendas.     

El agua potable, la luz, el gas, entre otros servicios básicos, para los vecinos de Azul no lo son y terminan convirtiéndose en anhelos o sueños a alcanzar para tener una mejor calidad de vida.

Valeria Biatto hace un año y medio vive en el barrio. Era de Villa Madero y se trasladó hacia Azul porque allí, en el sector de “La toma”, pudo comprar su casa donde vive con sus seis hijos. Valeria forma parte de una cooperativa que hoy, junto con Aysa, por fin, realiza las obras de agua potable. Además, se mostró contenta de pertenecer a este proyecto que mejorará la calidad de vida de ella y sus vecinos y que, además, significa un destello de luz luego de tantos años y gobiernos que no tuvieron la decisión política de hacerlo. “La gente está cansada de tanta promesa, ya no cree en nadie”, confiesa.

En el cercamiento del 2020 no pudo salir a trabajar, pero también afirma haberse sentido acompañada por parte del Estado “la municipalidad estuvo, no nos dejaron tirados. Mis hijos comieron todos los días, hasta pañales nos dejaron”.

Villa Azul se emplaza entre los municipios de Avellaneda (1,5 hectáreas) y Quilmes ( 10,7 hectáreas).

Andrea Arévalo más conocida en el barrio como Andy, hace 12 años vive en Villa Azul. Su infancia la vivió en Villa Itatí pero cuando formó pareja se mudó al otro lado del Acceso. Andrea vive con su pareja y sus cinco hijos, de entre diez y dos años. Andy contó a ANCCOM que el año pasado, en el cercamiento al barrio, ella y su familia se mantuvieron aislados porque su marido dio positivo de coronavirus pero que, sin embargo, a pesar de no poder salir, tuvieron mucha ayuda por parte del Municipio: desde alimentos hasta productos de limpieza e higiene y que a pesar de estar todos juntos, ella y sus nenes no presentaron síntomas. “La gente de Desarrollo del Municipio y los vecinos nos ayudaron mucho. Me sentí acompañada porque no en todos lados pasaba esto. Me llamaron todos los días para ver cómo estaban mis hijos”, afirmó.

Andrea vive en una de las casas que quedaron inconclusas y cuenta que espera con ansias que se concrete el plan de viviendas “Estamos viviendo muy precariamente, esperemos sea lo más rápido posible porque yo que tengo cinco chicos y uno de ellos tiene asma. Se sufre la humedad, sobre todo cuando llueve”. Andrea y su marido están desempleados hace diez años. Su único ingreso es la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la tarjeta Alimentar. Su marido realiza changas de albañilería. Algo tan simple como comer, en Azul, a veces se vuelve complejo. Andrea tiene un comedor que recibe a muchas más familias desde que comenzó la pandemia: “Ahora hay más gente y eso no es de nuestro agrado porque si se suman más personas quiere decir que día a día hay más necesidad”.

Andrea se mudó a Azul porque la familia de su esposo era de allí, ella vivió mucho tiempo en lo de sus suegros y al enterarse que estaban tomando las casas que no fueron terminadas. “Vimos la oportunidad de tener algo propio”, comentó. A los 15 años tuvo a su primer hijo. “Fue muy duro, me la tuve que rebuscar y remar, igual que mi compañero. No tenemos lujos, pero a mis hijos no les falta nada. Comen, están vestidos, van a la escuela. Quiero que terminen sus estudios, como yo no lo pude hacer, la peleo por ellos”.

El cercamiento del 2020 fue un caso excepcional y muy particular, se creyó que el foco de contagio podría ser incontrolable.

Andrea destaca que fue a partir de la emergencia sanitaria que el municipio empezó a hacer obras y a mirar hacia el barrio. “A partir de la pandemia y del encierro hubo más acompañamiento. El Municipio empezó a meterse más y a ver que hay necesidad y está acompañando a la gente. Hay más obras y trabajo”, dice Andrea en referencia a las cooperativas que funcionan en el barrio.

Un poco más cerca a la calle principal Caviglia, se encuentra María Esther Di Santo, de 68 años, quien vivió la mitad de su vida en el barrio. Para Esther, lo único que hizo el tiempo fue empeorar la situación de Azul. “No veo ninguna mejoría en el barrio, prometieron que iban a hacer las calles y no las hicieron, prometieron el agua, las viviendas y todavía las estoy esperando”, lamentó.

En el aislamiento preventivo al barrio de 2020, a María Esther le tocó estar aislada por dar positivo de coronavirus. Y si bien recibió ayuda por parte del Estado, recalca que fueron tan solo esos días de movimiento y no hubo mucho más.  “Mis hijos me ayudaban, me traían cosas. La Municipalidad traía mercadería, cosas de higiene, pero todo el año pasado, ahora nada”. María Esther, también vivía en “La Toma”, pero como allí las casas -que se encuentran en condiciones casi inhumanas- eran de planta alta y por padecer una artrosis severa, tuvo que trasladarse a la vivienda de su hijo a unas cuadras del lugar.

Nancy Rojas trabaja en la cooperativa Potenciar Trabajo y maneja el sector dos de Villa Azul. Realiza tareas de higiene y limpieza en el barrio. Se crió en ese sector para el que hoy trabaja y además ayuda, dando de comer a chicos que acuden a “Alma, corazón y vida”, el comedor que tiene a cargo. En tiempos de cuarentena, se montó al hombro el hambre de los pibes y realizó ollas populares para que las familias que quedaron sin trabajo, no se queden sin su plato de comida.

Nicolas Alejandro Portillo tiene 50 años y vivió toda su vida en Azul. Prácticamente desde que se formó el barrio. De familia numerosa. Se juntó cuando tenía 15 años y tuvo siete hijos. Es vendedor ambulante en los subtes y trenes y además trabaja asistiendo a los vecinos en la entrega de bolsones de mercadería. Nicolás con emoción en sus ojos, cuenta que los primeros años de formación de la Villa fueron duros y de mucha violencia. “Cuando tuve noción yo ya estaba en la calle. Mi vida era droga, alcohol y robo hasta que nació mi hija y pude conseguir trabajo. Fueron años difíciles en Villa Azul. “Hoy puedo caminar por todo el barrio, por los pasillos, pero fueron años de mucha violencia, tiros. Hoy sigue siendo zona roja pero antes era mucho peor”, contó.

El día que cerraron el barrio, Nicolás se encontraba en su casa y anticipando el posible cercamiento, junto a su esposa, habían comprado mercadería “por las dudas” y no le erró.  No pudo salir a trabajar por más de un mes, pero, sin embargo, recalcó que “nunca le faltó nada” ya que también recibió ayuda por parte del Municipio. Nicolas ahora se encuentra vacunado con la primera dosis y se muestra feliz de no haberse contagiado, pero sobre todo en aquella experiencia del 2020 que, para todos los vecinos, no es tan solo un recuerdo, sino una advertencia a la continuidad de los cuidados sanitarios.

El cercamiento del 2020 fue un caso excepcional y muy particular, se creyó que el foco de contagio podría ser incontrolable. Desde ya algunos vecinos sintieron el acompañamiento del Municipio mucho más que otros, pero lo cierto es que en Azul reinan las necesidades de todo tipo hace años y se necesita un Estado mucho más presente, no solo que asista en momentos de urgencia, sino que tome la efectiva decisión política de transformar el barrio en un lugar habitable, mejor, donde Nancy y Andy no tengan que recibir a cientos de chicos con hambre. Donde no haya ningún pibe que tenga que acudir a un comedor, o se le inunde la casa. Donde sus padres puedan tener un trabajo y no tengan que esperar 10 años para obtenerlo. Donde las personas mayores como Esther puedan vivir una vejez tranquila y sin deficiencias o padecer lo que vivió Nicolas para tener su casa. Donde todos tengan un verdadero hogar.