El ensayista, periodista y músico Abel Gilbert propone una escucha concentrada de nuestro sangriento pasado reciente, al tiempo que abre un inexplorado abanico de las persistentes relaciones entre música, sonido, ruido y política. Así, Satisfactionen la ESMA (Gourmet Musical, 2021), libro que le llevó un lustro de realización, resulta un material de innegable valor. Esta apasionante investigación da cuenta de aspectos inasibles o fugitivos que circulaban en la sociedad y el poder en el periodo 1976–1983 en Argentina.
Y es que, mientras que Serú Girán daba su primer concierto en 1978 en el Estadio Obras, a pocas cuadras, en la Escuela de Mecánica de La Armada sonaban a todo volumen “Que va a ser de ti”, por Joan Manuel Serrat, “Gracias a la vida”, en la voz de Mercedes Sosa, o “(I Can´t Get no) Satisfaction”, el hit de los Rolling Stones para tapar los gritos de los torturados por los verdugos de la última dictadura. Y, en el Teatro Colón, las óperas Fidelio o Tosca ponían en escena representaciones de torturas cuando las reales no cesaban de tener lugar. Ese cruce de imágenes conforma el cuadro dominante del libro, su punto neurálgico como una estructura de cajas chinas que muestra hasta qué punto, en dicho periodo, nuestra historia estaba hundida en otras historias.
A lo largo de nueve capítulos o secciones, que van de la historia de las marchas militares (fanfarrias del advenimiento autoritario, como “Avenida de las Camelias”) al momento de transición entre dictadura y democracia, el libro transita una línea de tiempo sutilmente esbozada en la que se sitúan personajes y episodios de aquella cotidianeidad de supervivencia. La pétrea crueldad de Videla frente al drama de los desaparecidos. Una época en donde “cantar” no era solo una forma de arte sino el modo de nombrar la confesión de los secuestrados. Un libro en el que Gilbert conjuga su propia memoria auditiva, como melómano y estudiante de composición, con un despliegue exhaustivo de referencias variadas: artículos de revistas, crónicas de diarios, discos de rock progresivo (argentino e internacional), tango, música clásica, legajos con testimonios de víctimas de los campos clandestinos de detención, cuadros y novelas, discursos de militares y civiles, letras de canciones y fotogramas de películas, desde Palito Ortega a Stanley Kubrick.
En esta entrevista el autor habla de esta obra imperdible para entender esa escucha de un espacio histórico, político y socio-cultural que, a veces, pudo resultar insoportable.
«El terror generó una suerte de proceso de reorganización perceptual y configuró un modo de escucha que era muy propio del estado de excepción», dice Gilbert.
¿Cuál fue la génesis del libro?
Por un lado, es un tardío trabajo de tesis, con una matriz claramente ensayística, que buscó trazar un mapa de la experiencia de escucha de la Dictadura. Esto implica distintos niveles: cómo funciona el oído dentro y fuera del campo de concentración, cómo la escucha se configuró en función del terror pero a la vez cómo ese terror determinó la escucha en los objetos esencialmente musicales. Cuáles eran las posibilidades de escuchar, bajo un estado de terror, aquello que era evidente pero imposible de decodificar. A partir de eso tracé un mapa, elegí determinados objetos con los que trabajar que me permiten dar cuenta de aquello que postulo: que el terror generó una suerte de proceso de reorganización perceptual y configuró un modo de escucha que era muy propio del estado de excepción. También, dediqué un capítulo a aquello que llamo “las músicas afirmativas de la dictadura”, ya sea en el mundo clásico-académico como en el de la música popular. Todo esto atravesado por una experiencia biográfica, ya que en las vísperas del golpe era un adolescente que me iniciaba en el mundo de la música que me constituye. Entonces no puedo soslayar quién era y ni dejar de revisar que los modos de escucha que tengo ahora, pasados mis 50 años, no pueden ser los mismos que tenía cuando era adolescente. La motivación de haberlo escrito tiene que ver con que para quienes atravesamos la dictadura siendo adolescentes –en 1976 yo iba a cumplir 16 años- fue una experiencia de mierda.
¿Cómo apareció el título del libro?
El libro se iba a llamar Mató mil, pero mi amigo Martin Sivak me propuso que le pusiera Satisfaction en la ESMA, y me gustó porque me pareció mucho más potente.
¿Cómo fuiste desarrollando los diferentes eslabones de la investigación?
No trabajo con muchas canciones sino con aquellas que me permiten ejemplificar aquello que postulo. Si digo que el terror obnubilaba e inhibía la capacidad de reflexionar, busco algunas canciones, por ejemplo, “Águila de trueno” de Spinetta. Esta es una canción sobre un descuartizamiento, cantada por primera vez en 1977, en el momento en que la primera figura de la desaparición de personas tiene que ver con ese cuerpo, supuestamente caído “en combate”, que está desmembrado y no se puede reconocer. Recién había pasado lo de la masacre de Margarita Belén en la provincia de Chaco. La recepción de esa canción, sin embargo, no puede ser conectada con ese presente. Incluso, Spinetta aclaró, el día que la presentó, “esto no es ideología”. Entonces, a partir de esto problematizo esa situación tratando de entender lo que hoy puede resultar más evidente. Porque si hoy resulta evidente y antes no, es porque pasaba algo. Y eso que pasaba, de alguna manera, nos habla de una zona de la experiencia de la dictadura que no fue pensada. Hay muchas cosas que el libro aporta como para seguir pensando y no clausurar.
Por otro lado, está el papel de Serú Girán como banda paradigmática de esa época del rock argentino que sobrevoló su realidad sociopolítica, ¿no?
Sí, por ejemplo, “Alicia en el país” es una canción para pensar ampliamente. Me parece que es una canción importante pero muy incompleta, y esa incompletitud nos habla de un problema. Aparte, algunos fragmentos de la canción habían sido compuestos antes de la dictadura. En las canciones de aquella época se pueden encontrar frases, momentos de un verso pero no una canción entera de la que puedas decir “esta es la canción”. Insisto, creo que no hubo una resistencia cultural a la dictadura desde el movimiento juvenil sino una disidencia de baja intensidad. Pero no porque eran unos zánganos sino porque era el límite que imponía el terror. Pienso, Teatro Abierto empezó en el 82, la multipartidaria se formó en el 81, entonces por qué se le va a exigir al movimiento juvenil, cuya relación con la política era peculiar, que ejerciera una función esclarecedora de cara a la sociedad. Eso no quiere decir que no haya habido momentos muy interesantes pero me interesa más la experiencia de La Grasa de las Capitales, aquello que no se ve, y que tiene que ver con la portada del disco más que con las canciones.
«La música servía en los Centros Clandestinos para varias cosas: silenciar los gritos, doblegar subjetivamente al cautivo, usando su propia música, y como arma, como decibel, como intensidad» cuenta Gilberg.
Claro, esa tapa tenía cuatro personajes que identifican un poco la época del país. Por ejemplo, ese cuchillo de carnicero que tiene Oscar Moro parecido al cartel de las carnicerías Coto de ese entonces…
Claro. Pero el objeto, el cuerpo, las representaciones de la muerte del matarife en el cartel de Coto se exhibían mientras que en la foto del disco, no hay cuerpo. Si no hay cuerpo, ¿en dónde está? Es como decía Videla: “No se sabe”. Pero eso no fue pensado por los diagramadores que, en realidad, realizaron la foto como una parodia de la Revista Gente. Aunque a nivel siniestro no tenía que ver con eso. No es que a partir de este libro me considere una lumbrera sino que este es un trabajo para revisar desde el presente aquello que se da por sentado. Como explico en el prólogo, este es un camino para recorrer colectivamente. Ubicar las relaciones entre música, política y escucha y violencia en la historia argentina, y un solo libro no puede dar cuenta de todo.
¿Considerás que hubo una intención por crear una cultura musical oficial durante la época de la Dictadura?
Creo que hubo una insinuación de tener una cultura oficial, no solo musical pero no les dio el tiempo porque se les cayó todo. No te olvides que estos tipos se pensaban quedar mucho tiempo. En 1980, cuando Galtieri dice “las urnas están guardadas”, no se imaginaba que en poco más de dos años estaría entregando el poder con la lengua afuera. Primero se les cayó la economía y después se perdió una guerra.
¿Por qué creés que se elegía ese tipo de música en los centros clandestinos de detención, lo que vos llamás “la playlist del torturador”?
Creo que es una conjunción de varias cuestiones. El azar y, también, había un método. La música servía para varias cosas: silenciar los gritos, doblegar subjetivamente al cautivo –usando su propia música-, y como arma, como decibel, como intensidad. Lo que marco es que la presencia metodológica de la música en la ficción de La Naranja Mecánica, y especialmente a partir de la versión fílmica de [Stanley] Kubrick que la escenifica, contaminó algo. No te puedo decir que el tipo que puso Beethoven en la Unidad Penal Número 9 de La Plata vio esa película, porque si no hubiera elegido La Novena, pero se pone en escena algo similar… y eso es lo fuerte. En verdad, esto viene del nazismo. Los manuales de contrainsurgencia de la CIA, evidentemente, toman la experiencia del lugar que tuvo la música en los campos de concentración alemanes, en Auschwitz, en Buchenwald… Es un elemento muy perturbador porque, supuestamente, uno la música no la quiere asociar con el terror, es como dice Alex [protagonista de La Naranja Mecánica]: “No, con esto no…”, como si ahí hubiera un límite. Pero en la tortura el límite se traspasa.
¿Qué períodos podés señalar sobre la circulación de sonidos en la Dictadura?
Son distintas etapas y no son comparables. El 76-77, como el momento de aquelarre mayor; en el 78 el Mundial; el ‘79 como punto de inflexión, la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; y a partir del ‘80-81, otra cosa. Por ejemplo, el valor que tuvo el tema “No te dejes desanimar” de La Máquina de Hacer Pájaros, de 1977, es incomparable porque se cantó en el peor momento posible. Para 1980 ya habían cambiado las condiciones de recepción en Argentina.
Si marcamos como un punto de partida musical, literal y simbólica de la Dictadura a la marcha “Avenida de las camelias”, ¿cuál sería en tu opinión la obra musical que lo clausuraría?
También, “Avenida de las camelias” pero como parodia. Como cuando Charly canta “No pasa nada, pasa una banda desafinando el tiempo y el compás” [se refiere al tema “Superhéroes”, del primer álbum solista de García de 1982]. Ojo, sería una clausura temporal de la periodización. El sedimento de la dictadura perdura… Esa es otra cuestión. Pero en términos temporales, la banda militar como afirmación “que desafina el tiempo y el compás”, te da una parábola histórica: 1976-1982.
¿Y cómo eras vos en esa época?
Era muy melómano en un entorno familiar comunista, con un padre peculiar con ciertos vicios autoritarios, como en la cultura de la época. La música es la que me permitió diferenciarme. La música es el modo en que construyo mi subjetividad. Igual, tuve padres generosos: me compraron mi primer piano, me compraban discos. No quiero decir que todo era un acto de confrontación pero la música era el modo de diferenciarme en una familia que tenía todo muy codificado. Y me ayudó mucho. En esa época, en una división de secundaria solo el 10% escuchaba rock. Y después tenías que hacer esa partición de quienes escuchaban un rock más elitista, como yo. Entonces, en un punto, era toda una experiencia muy nerd. Música de minoría de minorías.
¿Y qué era para vos el rock en esos años?
Un coeficiente importante de diferenciación con respecto a otro mundo sonoro. En mi caso, y en el de otros, era un mecanismo de construcción de identidad. Fue un periodo breve para mí, que duró tres o cuatro años, pero intenso. Te diría que me duró del ‘75 al ‘79. Cuando empecé a estudiar música formalmente, a la manera de Toy Story, guardé los “juguetitos” en la cajita. Cuando fui grande me volvieron a impactar pero en aquel momento, como todo pendejo soberbio, dije: “Esto ya pasó”. Y no había pasado un carajo.
Lucía De Pascuale es buza profesional y la única mujer del país que alcanzó la máxima categoría: “experta en gran profundidad”. Llegar a ese nivel le tomó casi dos décadas porque se encontró con las mismas barreras que enfrentan otras trabajadoras del sector naval: la falta de empleo y la violencia de género. Actualmente, preside la Asociación de Mujeres en la Actividad Marítima, Fluvial y Lacustre (AMAMFYL), una agrupación que busca visibilizar y eliminar esta problemática. En diálogo con ANCCOM, destacó el invaluable esfuerzo que significa ejercer en una industria tradicionalmente dominada por hombres.
Jujeña y de 38 años, “Acceder a los niveles superiores es muy exigente. Debemos estudiar y entrenar pero, además, dependemos de que las empresas nos contraten para ir sumando tiempo de trabajo sumergido. Luego de muchos años, finalmente, pude reunir las horas requeridas para la certificación más alta”, afirmó.
Vivió 10 años en Chubut, donde se desempeñó en la pesca artesanal de mariscos en la modalidad de inmersión. Allí, rindió los exámenes correspondientes a las categorías superiores -tercera y segunda- del buceo. “Esa parte de la industria es la menos conocida y la más precarizada. El barco pesquero opera en condiciones muy sacrificadas y las tareas demandan gran esfuerzo físico”, sostuvo De Pascuale. “No hay ningún derecho laboral. Se trabaja a producción, si te enfermás y no podés ir, no cobrás. No hay aportes jubilatorios, ni obra social, ni ART, si tenés un accidente nadie se hace cargo”, agregó.
Posteriormente, se mudó a Buenos Aires con el objetivo de dar el examen para acceder a la primera categoría y mejorar su situación de empleo. Aquí, rindió el nivel más alto del buceo y, luego, se especializó en ‘gran profundidad’. “Estoy capacitada para sumergirme hasta 300 metros, utilizando una mezcla artificial compuesta por tres gases respirables -oxígeno, nitrógeno y helio-”, detalló la entrevistada y añadió que, después de una intensa búsqueda, logró que una empresa la contratara: “Realicé algunos embarques en buques petroleros que llevan buzos y, así, pude completar las horas requeridas para la certificación máxima”.
Formación gratuita, certificación costosa
La formación en el buceo profesional es ofrecida, de manera pública y gratuita, por la Escuela Nacional Superior de Salvamento y Buceo de la Prefectura Naval Argentina, ubicada en Buenos Aires. Los residentes de las distintas provincias tienen la opción de dar los exámenes en las dependencias locales. De Pascuale dijo: “Es una carrera que habilita a trabajar en mares, ríos y lagos; realizar soldaduras, búsquedas y recuperaciones subacuáticas; mantenimiento de plataformas de petróleo y limpieza de cañerías subterráneas. También, en diques y embalses, en muelles y, por supuesto, a bordo en embarcaciones”.
Ahora bien, para acceder a las categorías superiores del buceo, no sólo hay que demostrar determinada cantidad de horas de trabajo sino, además, es imprescindible presentar los estudios médicos -electroencefalograma, radiografías, ergometría, entre otros- y varios cursos obligatorios y pagos, como el entrenamiento para subir a helicópteros. “Asimismo, debemos cumplir con los Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW 95), una serie de cursos internacionales que certifican la aptitud y el nivel de competencia de los profesionales de altamar de buques mercantes”, expresó la experta.
La Prefectura Naval les entrega una libreta donde se registran los embarques, las horas de buceo, el apto médico y los cursos obligatorios. Es una certificación que acredita la capacitación del personal marítimo y que los habilita para ser contratados por las empresas. La buza enfatizó que mantener la libreta al día requiere mucho dinero: “Si no tenés obra social, pagás los estudios médicos de manera particular. Los cursos son caros y vencen cada cinco años. Renovar el STCW 95 cuesta alrededor de 70 mil pesos. Si estás trabajando esto no es significativo, porque estando a bordo ganás un buen sueldo”.
“Hoy, no hay buzas contratadas en el país. Todas las empresas tienen un plantel compuesto 100% por hombres.»
La mayoría de las empresas navales de Argentina no contratan mujeres. Se trata de una problemática mundial que no sólo afecta al buceo sino, también, a otras actividades del sector marítimo, fluvial y lacustre. Según la Organización Marítima Internacional (OMI), las mujeres representan sólo el 2% de los 1.2 millones de marinos. “Hoy, no hay buzas contratadas en el país. Todas las empresas tienen un plantel compuesto 100% por hombres. Muchas compañeras realizan otros trabajos para asumir los costos de la libreta o abandonan la carrera porque no pueden subsistir”, contó la submarinista.
De Pascuale está sobrecalificada pero, hace más de un año, se encuentra desempleada. El haber llegado a la categoría más alta en el buceo y tener el reconocimiento de la Prefectura Naval no le garantiza las mismas oportunidades que sus colegas hombres. “En el 99% de las empresas donde me presenté, me dijeron que no contratan mujeres. Cuando aplico a ofertas para las que estoy capacitada, no me llaman. Es común enterarse que salió una obra y sólo tomaron a compañeros varones, aunque recién se hayan egresado o sean de categorías inferiores. En este sector, para ellos es más fácil conseguir trabajo”, reveló.
La falta de cupo laboral para las mujeres en la industria marítima, repercute directamente en su desarrollo profesional. No pueden acceder a los puestos de trabajo, por ende, no pueden reunir las horas requeridas para subir de categoría, ni cubrir los gastos de los exámenes médicos ni, mucho menos, invertir en los cursos obligatorios. “Se entiende que cuanto mayor es la capacitación, mayor es la posibilidad de conseguir un empleo estable, pero eso no pasa cuando sos mujer. En el buceo, a un varón le puede tomar cinco años acceder a la categoría máxima, a una mujer, el triple de tiempo”, declaró la entrevistada.
“Ellos no nos quieren en los barcos porque creen que no nos corresponden esos lugares. Las que se embarcan son perseguidas y apuntadas. Si intentan quejarse, no suben nunca más. Hay denuncias de compañeras que han sido violadas. Es enorme la crueldad que padecemos trabajando en altamar, donde la mayoría son varones”.
Discriminadas, acosadas y abusadas
En el sector marítimo, el papel de las mujeres ha sido históricamente escaso y limitado a ciertos roles. Son pocas las que logran embarcar y, a menudo, se les adjudican tareas de atención y limpieza. Según la OMI, el 94% de las trabajadoras marítimas del mundo sólo consiguen empleo en los cruceros. “En la industria está instaurado que no haya mujeres en los barcos. Por cada 40 o 50 tripulantes, con suerte, hay una o dos. Además, las empresas no tienen en cuenta nuestro nivel de calificación y nos siguen negando el acceso a puestos de mayor categoría y, por lo tanto, a mejores ingresos”, manifestó De Pascuale.
El reducido número de mujeres que logra subir a los barcos se encuentra con un ambiente predominantemente machista. Estando a bordo, las profesionales del sector suelen ser maltratadas, acosadas y abusadas sexualmente por sus compañeros. Así lo expresó la entrevistada: “Ellos no nos quieren en los barcos porque creen que no nos corresponden esos lugares. Las que se embarcan son perseguidas y apuntadas. Si intentan quejarse, no suben nunca más. Hay denuncias de compañeras que han sido violadas. Es enorme la crueldad que padecemos trabajando en altamar, donde la mayoría son varones”.
La violencia patriarcal en la industria marítima es avalada por el silencio y la complicidad de los gremios. Las asociaciones que nuclean cada una de las actividades del sector no están comprometidas en erradicar estas coacciones. “Los sindicatos firman los convenios colectivos con las empresas sin tenernos en cuenta. En el buceo, no tenemos un sólo artículo con perspectiva de género -por ejemplo, la licencia por maternidad-, lo que mantiene ese estereotipo de que allí no nos corresponde trabajar. Por reclamar, mi gremio me proscribió de las listas para que las empresas no me llamaran más”, exclamó.
Unidas y organizadas
En mayo pasado, obtuvo media sanción el proyecto de ley presentado por Nancy González -legisladora de Chubut-, que dispone para los buques pesqueros una tripulación mínima del 30% de mujeres y el 1% de travestis y trans. Si bien es un avance para mejorar la situación que atraviesa el sector, no resuelve el problema de fondo. Al respecto, la entrevistada sostuvo: “Esta medida puede terminar siendo un techo de cristal si nos deja en la pesca, que es la parte más sacrificada y precarizada de la industria. Seguimos sin tener acceso a buques mercantes o petroleros que utilizan tecnología de punta, brindan mejores condiciones laborales y niveles de habitabilidad y sueldos superiores”.
Lucía De Pascuale preside AMAMFYL, una asociación que convoca a las mujeres y a las diversidades que se desempeñan en la actividad marítima, fluvial y lacustre. Actualmente, agrupa a más de 60 profesionales de todo el país, entre ellas, oficiales conductoras de máquinas navales, buzas, marineras y pescadoras. “Hemos decidido unirnos y tocar la puerta al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, ya que nuestros reclamos fueron desestimados por los sindicatos. Nuestro objetivo es lograr el cupo laboral femenino y trans, en todos los puestos para los que estamos calificadas y terminar con la violencia de género que predomina en la industria naval”, concluyó.
En una noche cálida y luego de más de un año y medio, el público volvió a los locales bailables bonaerenses. Las medidas gubernamentales habilitan, por el momento, hasta el 70% de la capacidad total. La nueva normativa beneficia no solo a las discotecas sino también a otros comerciantes, debido a que incrementan sus ventas en la nocturnidad.
El horario de apertura de los boliches es entre las once de la noche y las seis de la mañana. Previo al nuevo anuncio nacional, se desarrollaban recitales dentro de las instalaciones bailables, pero con un aforo más limitado y solo podían ingresar aquellos espectadores que habían reservado una entrada.
Las primeras horas
Los guardaespaldas controlan el ingreso, la temperatura y colocan con alcohol en gel al público. A las 23:30, el movimiento en el boliche ubicado sobre la calle Alem, en el centro de Quilmes, es intenso. Cientos de personas circulan por las calles aprovechando la cálida noche de luna llena. La fila es corta. Diez personas esperan detrás de una baranda de metal hasta que el guardaespaldas recibe la autorización para que más personas ingresen al establecimiento.
“¿Tienen reserva?”, es la pregunta constante del guardaespaldas. “Recién a la una se puede entrar sin reserva”, explica el encargado de la seguridad, y agrega: “La entrada cuesta 500 pesos y la consumición no está incluida en la entrada”.
A la medianoche, una combi ploteada con la frase “Ay amor por siempre” se estaciona en la acera del boliche. Es el vehículo de la banda que toca en el lugar. “Es una noche tranquila, por suerte tenemos dos recitales más”, señala uno de los integrantes, mientras baja los instrumentos. En ese momento, quienes estaban afuera de la bailanta, miran con curiosidad cómo el guitarrista prueba las cuerdas de su instrumento en la vereda.
El cantante baja de la combi unos minutos más tarde. Tiene unos 30 años, se coloca un saco violeta y comienza a bailar en complicidad con algunos compañeros. Luego ingresa al establecimiento para dar inicio al recital.
Al comenzar el show, el ingreso estaba restringido. El guardaespaldas decía de forma constante :“Recién se puede entrar a la una, después de que termine el recital”. A medida que los minutos pasan, la fila se extiende a lo largo de una cuadra, con personas expectantes por ingresar al lugar.
Una ráfaga de movimientos
A cuarenta cuadras de distancia, otro local bailable, ubicado sobre la calle General Belgrano y Mosconi, está en su mejor momento. Las personas llegan de todas partes. La fila de dos cuadras debe tener cerca de setenta personas. Las luces de neón y el cartel publicitario del local brillan a máxima potencia.
El local tiene un doble dispositivo de seguridad. Primero colocan alcohol en gel a quienes pasan a las boleterías y luego miden la temperatura en la puerta de ingreso del boliche.
Mientras tanto, dentro del local, una banda de cumbia brinda su recital, a las afueras su equipo de producción se prepara para partir. “Volvimos a la normalidad”, afirmó un integrante de la producción, que lleva una campera con el lema de la gira “Dios está conmigo”. El joven asegura que en la jornada debían hacer ocho presentaciones en distintos locales bailables del Gran Buenos Aires. “Ahora tenemos que ir a La Plata”, afirma, mientras de fondo se escuchan los cánticos del público. En tanto, el equipo de seguridad acelera el ingreso de público para evitar aglomeraciones durante la salida de la banda.
Luego un grupo de cinco chicos y chicas, de unos 20 años, se acerca al filtro policial para poder ingresar. “Pónganse el barbijo”, les dice un policía. Los jóvenes, entre risas y un poco de incomodidad, responden que no tenían. “Vayan para allá, que en ese puesto venden”, les señala. Tres de los involucraron se van hasta el pequeño puesto que cuenta con dos carteles: “Ropero” y “Remises”. Cuando se disponen a comprar, los jóvenes se ven sorprendidos: “Son 200 pesos”, dice la vendedora. Los chicos entre risas compran cinco barbijos. Cuando se acercan a las vallas, uno de ellos dice: “El barbijo más caro del mundo”. Los demás integrantes aprovecharon el momento para sacarse una foto con su reciente adquisición
“Nosotros vinimos por el recital”, dice una de las pibas. “Lástima que ya termina”, dice el policía. Entre risas, la joven culpa a uno de los chicos por haber salido tarde. Este se desentiende preguntando: “¿Tan rápido?”. El policía responde: “Sí, claro. Dura 15 minutos”. Los jóvenes se ríen de la situación. “Bueno, ya que vinimos hasta acá. Esperemos que se saquen una foto con nosotros”, bromea uno de ellos.
Cuando abren las puertas del vehículo para introducir los instrumentos, una de las jóvenes pregunta “¿Nos podemos sacar una foto con el cantante?”. “Sí claro, solo esperen un poco”, asegura una de las integrantes de la producción, mientras la banda sale apurada por un portón negro. El grupo de fans se acerca a los músucis y les piden fotos. Algunos acceden sin dudar. “Dale Chino, rápido, apúrate”, dice un integrante de producción, asediado por los compromisos laborales. Momentos después, el cantante, que usa un saco azul brillante y una toalla que le tapa el rostro, sale del local de forma acelerada y se dirige hacia la cabina del acompañante del vehículo. Antes de partir, y luego de la insistencia de los fans, se baja del vehículo y se saca unas fotos con ellos. Luego se sube al vehículo y se va a toda velocidad del lugar, en donde casi rompe el paragolpes. Los chicos y chicas se quedan contentos por la foto.
El dilema de estacionar
En las cercanías del boliche de la calle Alem, no hay espacio libre para estacionar. El único lugar disponible es exclusivo para los autos de los personajes que actúan en el lugar. En el playón de estacionamiento, ubicado en frente del local, el costo es de 400 pesos.
En la bailanta de la calle Mosconi, los espacios de estacionamiento son limitados. Los cuidacoches ubican los vehículos en espacios increíblemente estrechos. El precio para estacionar en las cercanías del lugar es de 350 pesos y se debe pagar por adelantado. “Esto lo tengo que hacer porque si no se van sin pagar”, admite el acomodador de coches. El hombre, de unos 60 años, asegura que la afluencia de personas fue mayor en comparación a las semanas anteriores, donde el boliche estaba abierto, pero con un aforo menor y limitado solo para los recitales.
Los otros beneficiados
Uno de los grandes beneficiados de la noche de la calle Alem es un kiosko ubicado a una cuadra del boliche: sus ventas mayoritariamente provienen de personas que esperan ingresar al local bailable. “A esta hora, cigarrillos, bebidas y papas fritas fueron las cosas que más vendimos”, aseguró el kioskero, contento por el aumento de las ventas en comparación a las otras semanas. “A este ritmo, en verano no daremos abasto y de seguir así deberemos contratar más personal”, afirma el comerciante.
“¡Cómo necesitábamos tener un día como hoy!”, admite una señora que trabajaba en un puesto de guardarropa. “Por suerte los chicos confían en nosotros”, declara la comerciante, que tiene su puesto nocturno en la avenida Mosconi desde hace siete años.
En la esquina de la avenida Mosconi, un señor y una señora colocan una parrilla. Encienden el fuego con tranquilidad y recién a las 3 de la mañana, colocan los chorizos y hamburguesas en el fuego. “La venta empieza a fluir entre las 4:30 y 5:00, cuando los pibes salen del baile con hambre”. Los precios oscilaban entre los 100 y 300 pesos, de acuerdo al tipo de sándwich. “Ahora que vienen más personas, la venta va a mejorar. Alguna vez la suerte tiene que caer de nuestro lado”, cuenta el vendedor.
El acampe es frente al Congreso. Dos días de actividades por la Ley de Acceso a la Tierra, llevado a cabo por la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) junto a otras organizaciones que apoyan el reclamo. El verdurazo está en el centro y es una de las acciones más sorprendentes para los vecinos.
A las 12 del mediodía, en la Plaza del Congreso se podían encontrar los distintos puestos de la feria que se había montado, la mayoría con banderas wiphala, y carteles que reclamaban «Por una política agropecuaria que alimente’’ o “Ley de Acceso a la Tierra”, enarboladas por las organizaciones que habían ido a vender sus productos alimenticios como quesos, leches, yerbas y bandejas de comida a precios populares y que se iban a mantener durante toda la jornada.
A esa hora la llegada de un camión dio lugar a que dos chicas rompieran el silencio al grito de “azo, azo, se viene el verdurazo”. Y ahí nomás, dos trabajadores empezaron a bajar los primeros cajones y comenzó la repartija de verduras a la cuadra y media de personas que habían armado una fila en no más de 10 minutos. Primero un trabajador llenaba las bolsas de las señoras mientras gritaba los nombres de las verduras, y del otro lado del camión se repetía la misma situación.
Los productores de la UTT obsequiaron 5.000 kilos de verduras.
Media hora después, se hizo un pase de manos entre diez trabajadores de la UTT al grito de «verdura va» para bajar del camión los más de 5.000 kilos de verdura que habían traído y armar altas columnas de cajones en círculo para facilitar la distribución. Mientras tanto, en los parlantes comenzaba a sonar música folclórica que fue recibida con aplausos por las trabajadoras, vestidas con remeras que ostentaban el lema: “Ni una menos, ni una más sin acceso a la tierra”.
Precisamente, el proyecto de ley tiene como finalidad el acceso a créditos blandos para dejar de alquilar las tierras en las que se producen alimentos y poder obtener una vivienda digna.
Los cajones no paraban de apilarse delante de un tractor verde en el que estaban apoyados decenas de ramos de flores, cuando una trabajadora decidió tomar el micrófono para anunciarles a las familias que esperaban con sus bolsas y changuitos que toda la verdura se iba a donar. Pidió que mantuvieran la fila, explicó el motivo por el cual se realizaba el acampe, y agradeció que acompañaran en el reclamo. Cuando por fin se terminaron de bajar los cajones, empezaron a aplaudir, mientras se sumaban más trabajadores para ayudar a llenar las bolsas de albahaca, perejil, puerro, rúcula, coliflor y otros alimentos agroecológicos.
Al rato, los trabajadores comenzaron a cocinar en una olla gigante al grito de “¡Diputados, diputados / no se lo decimos más / ley de acceso a la tierra / y vivienda digna ya!”.
«Los pequeños productores somos responsables del 65% de los alimentos que se consumen en el país», dicen en la UTT.
“Somos pequeños productores -explicó a ANCCOM Zulma Molloja, pequeña productora de la UTT-, no terratenientes, producimos más del 65 por ciento de los alimentos. Trabajamos en duras condiciones, en el frío, la lluvia y el barro. Nuestras viviendas son casillas precarias en las que vivimos muy mal, por lo cual suele haber incendios. Tenemos compañeros fallecidos, y dos nenas que murieron calcinadas. No solo estamos garantizando alimentos a precios justos, sino también agroecológicos. Somos más de 20 mil familias organizadas demostrando que es posible y, sin embargo, no hay ni una sola política pública que no sea de la boca para afuera. El proyecto se presenta año tras año y se lo deja de lado.”
En los parlantes, otra vez, se escuchaba la voz de una mujer que sostenía que “bajar el precio de los alimentos es igual a acceso a la tierra” y “alimentos a precios justos y sanos es con acceso a la tierra agroecología y cooperativismo”. También comentaba las actividades programadas durante los dos días de acampe: baile; un taller a cargo del área de alimentación de la Red de Comedores; una charla sobre trigo transgénico. Un florazo por la llegada de la primavera, otro verdurazo; una radio abierta; otro taller a cargo de Alimentación y de la red de Comedores. Y como cierre, un festival de música con Eruca Sativa, Susy Shock y Sudor Marica entre otros artistas.
Una hora después de empezado el reparto de verduras, ya no quedaban filas, solo algunas personas que intentaban agarrar verduras al paso, como podían, entre sus manos. Algunos pasaban por un supermercado y compraban bolsas. Una vecina, rápida, bajó de su casa con todas las bolsas que tenía a mano y las ofrecía a precios módicos para quienes evaluaban los beneficios posteriores. No faltó la familia que, a falta de bolsas, usó el cochecito de sus dos bebés como changuito.
El acampe sigue al día siguiente, con flores, el festival y el renovado reclamo de la ley de acceso a la tierra, por un modelo sustentable y la soberanía alimentaria del país. Una manera de asegurarle al pueblo la canasta básica.
Luego de varios días de protestas, las soluciones a los problemas habitacionales de los y las vecinos y vecinas parecen esfumarse como muchas otras promesas de campaña. El predio ocupado en los terrenos lindantes a las calles Luna y Lavardén es propiedad nacional a cargo de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF S.E), y esta semana se transformó en el escenario que permitió visibilizar el reclamo por un derecho largamente postergado: el acceso a una vivienda digna. Según el Gobierno porteño, la zona iba a ser utilizada por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) para realizar una obra de agua potable en convenio con Aysa. No obstante, los vecinos aseguran que esa obra nunca se anunció y que el terreno hace varios años que está abandonado.
En carpas y refugios, ciento sesenta familias resisten a las embestidas policiales y denuncian el abandono del Estado. “Fuimos los vecinos -explica Nahuel Arrieta, uno de los referentes de la toma- quienes trajimos las escuelas, los comedores y nos organizamos siempre de forma autogestiva. En las exigencias diarias de la 21-24 no aparece ningún ente estatal. Sufrimos constantes cortes de luz y hostigación permanente por parte de las fuerzas armadas. La realidad de esta toma no se diferencia mucho con lo que pasa en la Villa todos los días”.
A orillas del Riachuelo, la Villa 21-24 se encuentra emplazada en los barrios de Barracas y Nueva Pompeya al sur de la Ciudad de Buenos Aires y oficia de frontera con el partido de Avellaneda. Es una de las primeras villas y con 65 hectáreas es la más extensa en términos territoriales. Su historia está ligada al crecimiento del AMBA y su origen se relaciona con la proximidad de los barrios fabriles que, prontamente, impactaron en la contaminación del Riachuelo. Para 2010, según los datos oficiales del Censo de ese año, la población de la Villa ascendía a 31.018 habitantes, 7.455 viviendas habitadas y 9.127 hogares. Y para 2013, la fotogrametría realizada por el Ministerio de Desarrollo Urbano señaló un crecimiento cuantitativo: 48.315 habitantes, siendo así una de las villas más densamente pobladas de la Ciudad.
En todo estás vos (según donde vivas)
El abandono estatal que denuncia Arrieta se traduce en una profundización de la actual crisis habitacional que se vive en la Ciudad de Buenos Aires, y que repercute especialmente en los barrios más vulnerables. La emergencia sanitaria producida por el covid-19 generó una desaceleración económica que no sólo visibilizó, sino que profundizó los déficits socioeconómicos estructurales previos.
La falta de una vivienda digna es uno de los tantos rostros que muestra hoy la prolongada exclusión y marginalidad padecida por las familias de la 21-24. “Esta Villa no está urbanizada. Hace 40 años que luchamos por un Plan de Urbanización”, reclama Arrieta.
En efecto, no sólo el presente, sino también el futuro está lejos de ser promisorio. Según el informe de ACIJ, el presupuesto 2021 destinado a villas incluye programas de infraestructura y vivienda, atención de emergencia e integración social y económica que responden principalmente a los procesos de reurbanización de los barrios Carlos Mugica (Villa 31), Barrio 20 (Villa 20), Playón de Chacarita (Villa Fraga) y Rodrigo Bueno, así como los conjuntos de vivienda nucleados por la afección a las relocalizaciones de la cuenca Matanza Riachuelo.
El monto presupuestario es de $8.302 millones, número similar al del 2020 ajustado por inflación y 67.9% menor en relación al presupuesto devengado en 2019. Para la ACIJ este panorama resulta grave si se considera que las intervenciones implican no sólo la finalización de obras pertinentes, sino también el inicio de mejoramientos e infraestructura necesarios para la formalización y adecuación de viviendas existentes.
Hasta ahora, los procesos de reurbanización en las cuatro villas han estado centrados en la construcción de viviendas nuevas, pero aún están pendientes obras de infraestructura y de provisión de servicios básicos.
Por otro lado, se advierte que el desarrollo de nuevos procesos de reurbanización, comprometidos legalmente en alguna de las villas de la ciudad, se tornan inviables con los montos asignados. En este sentido, para la Villa 21-24, en la cual el Gobierno de la Ciudad tiene a partir de la causa judicial Riesgo Eléctrico del año 2010 la obligación de establecer una provisión eléctrica adecuada a todo el barrio, no se observa una afectación presupuestaria para tal objetivo. Asimismo, “en el plan plurianual de inversiones para la villa 21-24 sólo se verifican montos asignados a obras de mejoramiento y para la red peatonal e infraestructura del Eje Iguazú, pero que presumiblemente sirvan para dar respuesta a lo dispuesto en la Causa Mendoza de 2008. Mientras tanto, la obligación de garantizar electricidad segura en la Villa 21-24 no está presente dentro del presupuesto para 2021”, concluye el informe.
Una urgente necesidad
Desde atrás de un muro que separa a la 21-24 de las tierras del ferrocarril, Tito Arrieta, familiar de Nahuel y uno de los encargados de dar a conocer las exigencias de los y las vecinas y vecinos, indica: “A partir de la pandemia la situación está mucho peor en los barrios populares como Retiro, la Villa 21 y Bajo Flores. Cada vez la emergencia habitacional va creciendo, los sueldos van bajando, y al tener un sueldo de $30.000 es imposible que podamos alquilar cuando los alquileres aumentan progresivamente.”
Para generar soluciones, reclama una intervención activa por parte del Estado. Como respuesta, en cambio, reciben amenazas de desalojo impulsadas por el juez Daniel Rafecas, a cargo del Juzgado en lo Correccional y Criminal N°3. Al ser un predio nacional, la causa judicial por la ocupación quedó finalmente en sus manos.
La falta de acción por parte de las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires para hacer frente a las problemáticas de los barrios populares no sólo se ve reflejada en su pasividad para resolver las exigencias de esta toma de tierras, sino que se hace sentir hace años por la falta de planes integrales de urbanización.
Tito, vecino con 20 años de antigüedad en el barrio y autoconvocado a la toma, afirma que: “La falsa promesa de la urbanización se ve, tal vez, en los edificios del PROCREAR que están atrás de la cancha de Huracán y los que están en la Estación Saenz. Cuando te querés anotar para acceder a la vivienda, piden tener un sueldo de 60.000 pesos o 70.000 para arriba, y eso es imposible, ni siquiera sumando los sueldos con mi cónyuge llegamos, y eso imposibilita poder acceder a la primera vivienda que todos queremos”.
Por su parte, Eliana Gramajo, encargada de las tareas operativas dentro del predio, extiende una de las exigencias de los y las vecinas: “Nosotros pedimos que nos reubiquen, hay familias con siete u ocho hijos a los que no les alcanza para comer porque tienen sueldos muy bajos y se les va la mayor parte en el pago del alquiler. Las casas de PROCREAR supuestamente iban a ser para los que vivimos acá, iban a sacar metros del terreno del ferrocarril para poder construir, pero están sin ocupar hace varios meses. Exigimos que nos escuchen, queremos una mesa de diálogo con la Ciudad, el IVC y Nación”.
Como consecuencia de la falta de urbanización e integración, la semana pasada falleció Luján Sofía Caballero López, de 15 años, tras ser atropellada por el tren de cargas de la empresa Ferrosur, que pasa a menos de medio metro de las casas del barrio. Sin embargo, a pesar de haberse difundido que este era un causante del inicio de la toma de tierras, Tito Arrieta confirma que no lo fue: “Lamentamos mucho la muerte de Luján. Los trenes pasan por acá hace muchísimo tiempo y el Estado nunca se hizo cargo. Igualmente, la toma de este predio fue autogestionada por los vecinos y fue una coincidencia con lo de Luján. Decir que hubo un aprovechamiento de esa muerte, como hacen algunos medios, me parece lo más nefasto que hay.”.
Como epítome de la nula intención de cooperación por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para con el vecindario, se presentó una situación absurda al quinto día de la toma. Jorge Gonzalez, empleado del IVC – Instituto que está a cargo del Gobierno porteño- y vecino de la 21-24, fue despedido de su puesto de trabajo por haber llevado alimentos a sus familiares dentro del predio. Arrieta expresa al respecto: “Exigimos la reincorporación inmediata a su puesto laboral ya que su única participación fue la asistencia con comida y bebida a vecinos, no es un referente de la toma como lo acusan en su trabajo y lo único que hizo fue solidarizarse”.
A nueve días del comienzo de la toma de las tierras, no se vislumbran soluciones reales a una problemática que impacta directamente sobre los proyectos de vida y las trayectorias de las personas que los atraviesan. Los problemas de vivienda condicionan la vida cotidiana y tienen implicaciones tanto económicas como sociales, e incluso sobre la salud física, mental y emocional. La situación habitacional está en crisis y no se puede mirar hacia otro lado.
