kilombo es resistencia

kilombo es resistencia

Tamara Lucía Beltrame Coronel

Que les toquen el pelo sin permiso, que les acaricien la piel, que les pregunten de dónde vienen, que les hablen en otros idiomas, que les burlen por sus rasgos son algunas de las tantas situaciones que les tocó afrontar a lo largo de su vida. Tamara Lucía Beltrame Coronel (23), Analía Iglesias (28) y Shirlene Silva Oliveira (33) son activistas antirracistas y  dialogaron con ANCCOM acerca de lo que ello significa.

Las primeras dos son afroargentinas: tienen antepasados afrodescendientes y nacieron en nuestro país. “La gente nos ve y no concibe que podamos ser de acá”, cuenta Tamara. El racismo es algo que vive desde que tiene memoria. En la primaria le hacían bullying por su color de piel: “Tenés una mezcla rara, no sabemos de dónde saliste”, recuerda que le decían. “De chica me costaba mucho reconocerme, en todos los espacios siempre era la única. Nunca había gente que se pareciera a mí. Siempre me sentí el sapo de otro pozo”. Analía también tuvo dificultades para delinear su identidad. Cuando era niña, decía que era descendiente de afros (por el pasado uruguayo-brasileño de su familia paterna), omitiendo el haber nacido y haberse criado aquí.

Shirlene, en cambio, por haber crecido en Brasil vivió otra realidad. Si bien reconoce que en el país vecino también hay racismo, señala que dentro de la cultura brasileña hay referentes afrodescendientes que hablan de la lucha antirracista. “Acá la diferencia es que las personas negras no están en la historia, no las reconocen”, concluye luego de siete años de vivir en el país. Al respecto, Tamara sostiene: “En la historia hemos sido borrados. En las guerras de la independencia, mandaban al frente a las personas esclavizadas. Negres e indígenas morían primero”. A modo de reivindicación, las activistas mencionan a María Remedios del Valle, quien luchó en las batallas del Alto Perú con el ejército de Manuel Belgrano y fue una de las pocas mujeres en lograr el grado de capitana; o al sargento Cabral, también de origen afro, conocido por socorrer al General San Martín. Pero, además, explican que muchas palabras o expresiones que hacen al español rioplatense tienen un pasado racista. Términos como quilombo, denigrar, trabajo en negro, mucama, día negro también lo son. Incluso prácticas de la tradición escolar, como la de pintarle a los niños la cara con un corcho para los actos patrios.

Shirlene Silva Oliveira,

Hace pocos años, Tamara comenzó la búsqueda de sus orígenes; tarea que para gran parte del colectivo afrodescendiente en Argentina es, cuanto menos, un desafío: “Hoy digo que soy afro-originaria, porque tengo ambas ascendientes en mi sangre. Pero, más allá de mi bisabuela no sé nada. No tenemos apellidos ni nombres, porque no hay datos”, denuncia. En este sentido, recién en el censo de 2010 se preguntó a los residentes si se autopercibían parte de ese colectivo. A pesar de que aquella vez 149.493 personas afirmaron serlo, organizaciones de lucha antirracista como la Comisión 8 de Noviembre o Agrupación Xangó estiman que los números ascienden a dos millones en todo el país. Luego de la abolición de la esclavitud, las personas afrodescendientes quedaron en condiciones de vida deplorables, y muchos de ellos migraron. “Nos trajeron acá y se encargaron de ponernos a cada uno en un lugar diferente, a propósito, para que no hubiera organización -cuenta Analía-. Por eso, mi existencia es política”.

Las tres coinciden en que el activismo empezó de grande, pero que siempre lo llevaron en la piel. “Una persona nace siendo negra y no le queda mucho caudal: en algún momento eso sale”, afirma Shirlene. En el caso de Analía, la lucha activa comenzó hace dos años. “Fue cuando conocí a Luanda Silva, una artista negra que me contactó con otras afroargentinas. Fue vernos y pensar: ‘Ah, no estaba tan sola’. Nos abrazamos y lloramos mucho”. En el 2019 nació “Alto Kilombo”: un colectivo de afrodescendientes y afroargentines jóvenes que buscan encontrarse y generar un cambio. El nombre no es casual: es un intento de reivindicar la palabra. “En la época de la esclavitud, eran las sociedades en las que se refugiaban les negres cuando se escapaban de sus apropiadores. En las vueltas del lenguaje se empezó a usar como algo negativo, como desorden o lío. Incluso hay gente que piensa que es mala palabra y no, en realidad significa resistencia”, explica Tamara. El camino recorrido no ha sido fácil, en palabras de Analía: “El antirracismo duele, es entrar en la herida, es recordar, es luchar contra un montón de cosas. Pero en definitiva después te sana porque entrás a tu comunidad, con tu gente, que te valora, que te respeta y te escucha”.

Analía Iglesias

En cuanto al feminismo, las tres lo abordan desde la interseccionalidad. “Somos mujeres y el sistema nos oprime por eso, ahí podemos abrazarnos. Pero a la vez todas tenemos opresiones diferentes. A la par del sistema patriarcal está el racismo”, afirma Tamara. “Antes de mujeres nosotras somos negras: leídas, tratadas y oprimidas socialmente”, sostiene Analía, y agrega: “El feminismo blanco puede entender el patriarcado como algo estructural pero no puede ver al racismo como un sistema de opresión a igual nivel. El poder responde a lo mismo: supremacía blanca, capitalismo, patriarcado blanco y eso solo se puede entender desde la interseccionalidad”. Para Shirlene, la interseccionalidad permite saber quiénes son las personas que están en la base de pirámide social, las más desfavorecidas y entender que sin estas compañeras dentro no existe el feminismo.

Lo que plantean estas activistas es que el feminismo que ya existe tiene que “deconstruir su racismo y volverse antirracista para acompañar a las compañeras negras. Un feminismo que no es interseccional es un feminismo banal, de cartón, frágil”. El reclamo es histórico: traen a la memoria a Soujouner Truth (“¿Acaso no soy una mujer?”) y recuerdan que, mientras las mujeres blancas podían estar en la lucha feminista, las mujeres negras les cuidaban a los hijos.

«Las personas negras no están en la historia, no las reconocen”, concluye Silva Oliveira.

Las tres invitan a la gente a repensar, cuestionarse y deconstruir las estructuras. Tamara cree ver un lento cambio que se asoma en la sociedad. Analía, por su parte, agrega que no es una lucha que deba ser solo de ellas: “Hasta que les blanques no se den cuenta de que es una lucha que en primera persona tienen que empezar a erradicar elles, que son les que principalmente reproducen esta opresión, vamos a seguir luchando contra esto pero sin tener la verdadera respuesta que necesitamos”. Tal como sostuvo Ángela Davis: “No alcanza con no ser racista, hay que ser antirracista”.

La epidemia detrás de la pandemia

La epidemia detrás de la pandemia

En las últimas dos semanas se duplicaron los casos de dengue.

Los números dicen suficiente: 1833 casos confirmados en lo que va del año, tan sólo en la Ciudad de Buenos Aires. De esa cantidad, 1576 sin antecedentes de viaje. En las últimas dos semanas se duplicaron los casos y la transmisión ya es principalmente autóctona, lo que da motivos para preocuparse. ¿Coronavirus? No, dengue. 

Mientras la agenda mediática se ve saturada por alertas e información minuto a minuto de lo que sucede con el avance de la pandemia en el país, en lo que pareciera ser un segundo plano de la realidad, esta enfermedad de carácter regional se continúa transmitiendo sin que se hable demasiado de ello.

Nora Burroni, bióloga especialista en mosquitos e integrante del Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires (IEGEBA), dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, considera más riesgoso el dengue que el Covid-19 en las circunstancias actuales: “Una de las razones es que el serotipo que está circulando mayormente es el DEN-4, y la grandes epidemias de 2016 y de 2009 eran con DEN-1 Y DEN-2. La doble infección -es decir, anteriormente con DEN-1 o 2 y en este momento con DEN-4- puede dar más casos de dengue grave, los cuales pueden causar muertes.” Según el Boletín Epidemiológico Semanal (BES) que elabora la Gerencia Operativa de Epidemiología (dependiente del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires), el 55% de los casos confirmados fueron portadores del DEN-1, mientras que el 42% dio positivo para DEN-4, siendo estos dos serotipos los de circulación actual en CABA.

Otra razón de preocupación para la bióloga, también investigadora del CONICET, es que “este año se observó un aumento importante de la población del mosquito aedes aegypti”. “Estamos cursando la peor epidemia de dengue en las Américas. Eso es preocupante ya que aún hay bastantes días para que siga el dengue propagándose: marzo y abril suelen ser los picos de casos de este tipo de enfermedades.”

Así también lo informa el BES correspondiente a la semana del 27 de marzo. En el documento se deja constancia de estar transitando el período de alto riesgo -que va de marzo a junio-, en el que se advierte “presencia del vector con existencia de casos confirmados de dengue, fiebre chikungunya, fiebre zika o fiebre amarilla (con circulación viral regional confirmada)”. Es decir, con casos autóctonos que no presentan antecedentes de viaje a zonas de contagio.

Flores, Barracas y Villa lugano concentran el 53 por ciento de los casos porteños.

Las comunas más afectadas son la 7 -Flores y Parque Chacabuco-, la 8 -Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo- y la 4 -La Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya. Y sólo tres barrios concentran el 53% de los casos: Flores (21%), Barracas (16%) y Villa Lugano (16%). Esto también demuestra que, si bien el dengue dista de ser una enfermedad que distinga clases sociales, es un dato objetivo que los barrios más carenciados -ubicados en el sur de la ciudad- son los más afectados debido a las condiciones de infraestructura y de provisión de agua que facilita la reproducción del mosquito.

Según Luana De Borba, investigadora del Grupo de Virología Molecular de la Fundación Instituto Leloir, el aumento de casos sospechosos en relación con el mismo período en años anteriores se debe a “la introducción de un nuevo serotipo al país, al cual la población no tiene inmunidad previa.” Esta situación no sólo es riesgosa para la salud personal de los ciudadanos, sino también para la pública: “La presencia del vector en comunidades altamente densas y la circulación del virus hace que el riesgo de salud pública sea muy importante y pueda significar una alta carga a los sistemas de salud pública, pudiendo evitarse con el simple control del vector, un mosquito”, explica la investigadora.

Según el Ministerio de Salud de la Ciudad, actualmente está en marcha un Plan Operativo de Prevención y Control de las Enfermedades Transmitidas por Mosquitos Aedes aegypti (ETMAa), a partir del cual realizan distintas medidas, como capacitaciones, “descacharreos” organizados, principalmente en las comunas más afectadas, y protocolos vigentes y activos en todos los hospitales y centros de salud. Sin embargo, y como sostiene De Borba, “dada la cantidad de casos registrados en 2020 hasta ahora, parecería que las medidas no están siendo lo suficientemente eficaces como para combatir la enfermedad y requieren de una estrategia más acentuada en la concientización de la población en riesgo”.

A nivel nacional, también se llevan a cabo distintos planes de control y monitoreo que se dan a conocer al público a través del Boletín Epidemiológico emitido por el Ministerio de Salud de la Nación. Sin embargo, es posible que haya un nivel de subnotificación de los casos oficiales debido a la escasez de kits de diagnóstico en determinadas regiones del país y a que muchas personas no acuden al médico frente a síntomas leves de la enfermedad. Mientras tanto, el número de casos en el país asciende a 2.942 infectados -con circulación viral en 15 provincias-, y ya son 6 los fallecidos por falla multiorgánica debido a dengue positivo.

En todo el país fallecieron seis personas por fallas multiorgánicas tras ser picados por el mosquito del dengue.

Mosquitos y paradigma químico

Los tiempos que corren de coronavirus y aislamiento social preventivo y obligatorio, tampoco son de gran ayuda. Debido a la cuarentena, los monitoreos con sensores de presencia del mosquito y las acciones de control y divulgación se detuvieron para enfrentar una crisis que parece más acuciante debido a la alta tasa de contagio del Covid-19. Además, las casas no sólo se convierten en el espacio único de las familias, sino que también en sitios ideales de contagio y transmisión por parte de los mosquitos. Esto se debe a que los seres humanos están rodeado de potenciales criaderos para estos insectos: y no son los charcos, lagunas ni ningún tipo de espejo de agua, sino floreros, recipientes y neumáticos, entre otros objetos. Ya que el aedes aegypti es un mosquito doméstico, por lo que cumple todos los requerimientos de reproducción en zonas urbanas y viviendas, específicamente. 

Sin embargo, el aislamiento también es una buena oportunidad para hacer limpieza. “El dengue se detiene controlando la población de mosquitos, lo cual es muy fácil si uno piensa que son tachos y estructuras en las viviendas que pueden acumular agua”, explica Burroni. “Hay que eliminarlos en estados inmaduros y descacharrar y limpiar los recipientes que no se tiran en el invierno, si todos los ciudadanos lo hacen a conciencia, la población de este mosquito baja al año siguiente. Y obviamente hay que mantenerlo bajo.”

No obstante, para Nicolás Schweigmann, doctor en Ciencias Biológicas y jefe de investigación del Grupo de Estudios de Mosquitos (GEM), las acciones y medidas que se toman no son suficientes: “Lo histórico es hablar de dengue y el descacharrado cuando la transmisión es inminente o ya se inició. Lo histórico es responsabilizar al ciudadano cuando el Estado tiene responsabilidad en que no existan criaderos en las cementerios,  escuelas, edificios públicos y hospitales (donde hay criaderos actualmente) y cubiertas de vehículos en las aceras de gomerías, cementerios de chatarra en zonas urbanas, etcétera. Hay que trabajar en prevención durante el invierno.”

Esta insuficiencia de las medidas se debe, según el especialista, a que la sociedad está atrapada en el paradigma químico que entiende la fumigación -con insecticidas y repelentes de capacidad sobreestimada- como única forma de eliminación del mosquito, cuando está comprobado que éste “se instala en nuestras viviendas porque le damos la oportunidad de proliferar en los recipientes que contienen agua. Controlar solo una de las siete etapas del ciclo de vida del mosquito no te protege en forma definitiva”, sostiene Schweigmann: “El mosquito responde favorablemente al paradigma químico, está preparado para morir ya que de 330 huevos, con que sobrevivan sólo dos y sean exitosos, esto permite que la población mantenga sus números.  Hay que actuar sobre los criaderos, pero no se le explica a la población ni se le enseña como luce una larva.” Para el biólogo, faltan educación, calidad de la información -los medios desinforman y subestiman la epidemia- ; y, principalmente, mejores acciones de prevención por parte de las autoridades.

Monotributistas de la Argentina, uníos

Monotributistas de la Argentina, uníos

Ailén Lucarelli, referente de Monotributistas Organizadxs.

Ni ART, ni indemnización por despido, ni antigüedad laboral. Mucho menos vacaciones pagas, aguinaldo o licencias. Sin paritarias, ni representación gremial, ni jubilaciones dignas. Sin Convenio Colectivo de Trabajo. Sin estabilidad laboral. En esas condiciones trabaja el 49% de trabajadores activos en Argentina, según el Instituto Nacional de Datos, Estadísticas y Censos (INDEC), todos ellos monotributistas. Sobre este “régimen de precarización y tercerización laboral”, se le sumó un aumento al impuesto al Monotributo del 51% a partir de enero del 2020, en un contexto de congelamiento tarifario generalizado.

Frente a la situación de “presiones tributarias, ausencia completa de derechos laborales, inestabilidad y flexibilidad laboral”, los prestadores de servicios contratados bajo la modalidad de Monotributo, trabajadores independientes y freelancers, se organizaron  dentro de Monotributistas Organizadxs. “Somos un grupo de trabajadorxs monotributistas de distintos ámbitos y rubros que nos organizamos para unirnos en la lucha contra la precarización laboral y para exigir nuestros derechos como trabajadorxs”, se presentan.

La organización se creó a fines de 2019 como forma de lucha contra el aumento, y a partir de Prestadores Precarizados en Salud y Educación, una agrupación que nucléa psicólogos, psicopedagogos, psicomotricistas, terapistas ocupacionales, entre otros. “Al enterarnos del brutal aumento del 51% quisimos coordinar acciones para enfrentarlo, pero como solos no nos daban las fuerzas, creamos el espacio de Monotributistas Organizadxs para articular a todos los monotributistas en una lucha en común para derrotar este impuestazo”, explica Ailén Lucarelli, una de las referentes de la agrupación. “Con una primera asamblea de tan sólo ocho personas comenzamos a organizar el movimiento, que tuvo rápida repercusión debido a que tocamos una fibra sensible de la clase trabajadora argentina, que está sumida en la más absoluta precarización laboral.”

“Ser monotributista en la actualidad es parte de la progresiva «uberización» de la economía”, sostiene Lucarelli, quien es psicóloga y trabaja como acompañante terapéutica de niños con discapacidad. “La patronal o el Estado, dependiendo del caso, queda eximido de pagar los aportes patronales que por ley deben cubrir para contratar trabajadores, y pueden desvincularlos en cualquier momento sin ningún tipo de indemnización. La contracara, para los trabajadores monotributistas, es la falta total de derechos.”

 

Además de la anulación del “impuestazo” para las categorías que no alcanzan a cubrir la canasta básica familiar, entre las reivindicaciones de los monotributistas se encuentran también ingresos y jubilación digna -más del 80% de los trabajadores está por debajo de la línea de pobreza y todos, sin importar la categoría, se jubilan con el haber mínimo-; el pase a planta bajo convenio colectivo de trabajo de todos los monotributistas contratados en relación de dependencia encubierta -y derechos laborales de freelancers y autónomos-; y cobertura de salud de calidad garantizada o componente de obra social en carácter optativo.

Respecto de esto último, Guillermo Kühl, otro de los referentes de Monotributistas Organizadxs, explica: “Nosotros pagamos tres componentes: el componente previsional, la simplificación tributarias -que tiene que ver con el pago de IVA y ganancias-, y la obra social. En los últimos años, a los monotributistas no nos están dejando afiliar a casi 20, 30 obras sociales porque, según ellos, el componente que pagamos de obra social no alcanza al valor de un Plan Médico Obligatorio.” Frente a esto, los monotributistas exigen que se garantice la libre afiliación -en tanto está establecido por ley y pagan la obra social. O, en su defecto, que el pago del componente sea optativo.

“También estamos debatiendo el componente de la simplificación tributaria porque nosotros no somos una empresa y no tenemos mucha claridad de por qué deberíamos pagar el IVA o ganancias al Estado”, agrega Kühl.

Debido al aumento del 51% -impuesto que hoy en día los monotributistas están pagando y asunto que organiza las medidas más urgentes de Monotributistas Organizadxs-; los trabajadores precarizados y tercerizados se movilizaron hacia la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), donde se les dijo que nada podían hacer por ser solo un “órgano de aplicación”. Frente a esta respuesta, votaron en asamblea la realización de una audiencia pública en el Congreso de la Nación para presentar un proyecto de ley que anule el “impuestazo” de forma retroactiva al pasado enero y modifique en favor de los monotributistas las regulaciones actuales. Para ello, la diputada nacional por el Frente de Izquierda, Romina Del Plá, se puso a disposición de la agrupación.

Asimismo, luego de una movilización al Ministerio de Trabajo y la presentación de un pliego de reivindicaciones con 70 mil firmas, consiguieron una reunión que se llevó a cabo el 20 de febrero. Estuvieron presentes los funcionarios Adrián Perrone y Alberto Tomassone, quienes se comprometieron a avanzar en las negociaciones y seis delegados de Monotributistas Organizadxs. El siguiente paso sería la conformación de una “mesa chica” para tratar con los diferentes organismos los reclamos que presentan.

El día a día 

Lejos del ideal de independencia y libertad presentado como una de las ventajas de este tipo de contratación, los trabajadores que se encuentran bajo la modalidad de Monotributo -o, al menos, la gran mayoría-, enfrentan muchas dificultades en su vida diaria. En muchos casos, incluso, el monotributo no es una opción personal: “Soy monotributista porque el Estado me obliga a eso”, cuenta Emilia, quien prefiere no dar a conocer su apellido para resguardar su identidad. “Trabajo como psicopedagoga en el ámbito de la discapacidad. Le facturo a las obras sociales de forma independiente y, en el caso del centro categorizado para el que trabajo, es una relación de dependencia encubierta porque facturo mis honorarios y ellos a su vez le facturan a la obra social. O sea que mis ingresos son un parcial de lo que debería recibir en esta relación de dependencia encubierta.”

La mayoría coincide en dos aspectos del Monotributo: la precarización laboral y la incertidumbre.

“No tengo acceso a licencias por enfermedad, por embarazo; no tengo vacaciones pagas; no se tiene en cuenta mi antigüedad; no estoy bajo ningún convenio que fije mi salario, no tengo posibilidad de paritarias. No accedo a aguinaldos o bono, y tampoco a indemnización en el caso de que algún empleador decida suprimir el vínculo laboral. Y además de esto, estoy condenada a la jubilación mínima, sin importar a qué categoría haya aportado en mis años laborales”, enumera Emilia, en una lista que parece no acabar.

En una situación similar, Ailén Lucarelli, psicóloga y acompañante terapéutica de niños con discapacidad (APND) en escuelas, relata las diferencias que hay entre su trabajo y el de otros trabajadores escolares: “Cumplo el mismo horario que los docentes, debo firmar asistencia, realizar funciones pedagógicas, hacer adaptaciones curriculares, de acceso y de contenido, redactar informes, articular con los distintos actores de la escuela, las familias y el equipo tratante del niño. Todo esto  con poco más de la mitad de lo que cobra un docente que recién ingresa a dar clases (es decir, sin antigüedad). Luego de lo cual debemos pagar nuestro propio monotributo, matrícula, seguros de accidentes personales y de mala praxis, etc. Además, los contratos son de marzo a diciembre, por lo cual hay dos meses enteros que no cobramos nada.”

Tal realidad laboral tiene implicancias directas en las decisiones personales de los monotributistas: desde recurrir a la ayuda económica de familiares y conocidos hasta tener un segundo -o tercer- trabajo, tal como la venta de productos, que hasta puede generar mayores ingresos que la fuente laboral principal. “No puedo vivir de lo que amo porque mis ingresos son de hambre. La mayoría de los APND buscamos trabajar de cualquier otra cosa, desde cajero de supermercado hasta microemprendimientos como compra/venta de mercaderías, porque se gana más que con esta profesión”, explica Ailén: “Mi mamá, que es docente, me tiene que ayudar a llegar a fin de mes, y la ayuda se redobla en los dos meses de hambre de las vacaciones de verano, en los que no cobro nada. Me gustaría ser mamá y no puedo porque implicaría tener que dejar de trabajar y, ergo, no poder darle de comer a mi hijo o hija.”

Una película que desarma el discurso romantizado de la maternidad

Una película que desarma el discurso romantizado de la maternidad

Andrea Testa, directora de «Niñas mamá».

Con el eco de miles de mujeres que salieron a las calles a reclamarle al Estado por la Ley de Interrupción Legal del Embarazo y con las memorias de los Encuentros de Mujeres a los que asistió, Andrea Testa se embarca en un nuevo film en el que busca retratar la necesidad de una ley que garantice el aborto legal, seguro y gratuito.

En diálogo con ANCCOM, Testa cuenta cómo surge la necesidad de realizar el film, “Niña mamá me aparecía como una película que quería que dialogue con Pibe Chorro (2016), un documental que buscaba llegar a los lazos sensibles y humanos”. Si en Pibe Chorro buscaba problematizar la estigmatización fogueada desde los medios a los jóvenes del conurbano bonaerense y cómo este estigma se anidaba en el accionar discriminatorio de la sociedad, en Niña mamá desea desarmar los discursos romantizados sobre la maternidad para poner sobre la mesa los relatos de adolescentes que a acuden al hospital ya sea por embarazo, parto, o sobreviviendo a un aborto inseguro, con el peso de la moral de la sociedad en la espalda y de un Estado que en los últimos cuatro años desbarató el sistema de salud.

Pensar el dispositivo cinematográfico
Además de problematizar la romantización de la maternidad, Testa apunta a pensar el dispositivo cinematográfico desde las decisiones que realiza como directora: “Pensamos todo un dispositivo de cuidado para hacer consciente la relación que existe con lo cinematográfico; con el lenguaje, pero también los aparatos que rodean la película, reducirlo al mínimo, no intervenir, no meternos al evento médico, que era lo importante”. Desde un único punto de vista en el que las jóvenes eran las protagonistas, donde lo importante fue escucharlas: “Decidimos, y es muy lindo contarlo, filmar con una lente fija de 50mm, no había posibilidad de hacer zoom, entonces cada vez que queríamos acercarnos teníamos que acercar nuestros cuerpos a esa situación, esto permite un contacto corporal distinto con la persona filmada”.

La decisión se opone a la práctica mediática que durante décadas ha instalado y replicado discursos sin conocer las historias de vida y los contextos de cada mujer niña que quiere decidir sobre su cuerpo. “Cuando pensaba en la película me aparecían mucho esos discursos de ‘se embarazan por un plan’ como una violencia ejercida constantemente desde el sentido común”, detalla Testa. En cuanto a la decisión de que el documental fuera en blanco y negro y con un importante ejercicio de observación, la directora explica que “hay algo del tiempo de la cadencia que tienen que ver con un ejercicio de escucha, de observación, de estar allí con ellas, el blanco y negro suaviza porque hay algo potente en los relatos. Siento como si fuese una caricia a cada una de ellas y que el tiempo de observación permite dejarlas ser, no cortarlas”.

«El tiempo de observación permite dejarlas ser, no cortarlas”, dice Testa.

Compromiso ético y estético

Una vez transitado ese camino, Testa cuenta cómo empezó a preguntarse por los adolescentes en relación a la maternidad: “Me parecía que el lugar era la salud pública, ahí era donde quería enmarcar estas historias”. El rodaje de la película se llevó a cabo durante 2018 al calor de los debates por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Congreso y las vigilias multitudinarias en las que participaba. Sin embargo, no era ese el contexto en que había pensado para el film: “Me encontraba haciendo la película en la intimidad de los hospitales porque siento que es algo estructural, que aparece en estas decenas de relatos pero que también están en otras mujeres y cuerpos gestantes a lo largo del país y en Latinoamérica. Son muchas las violencias de este sistema capitalista y patriarcal. Si bien cada relato es diverso, hay algo latente en todas y es el miedo a morir, que a su vez es un miedo de clase”.

Sobre esta realidad estructural se sostienen los relatos de las protagonistas y los tránsitos de sus decisiones en esos contextos y clases sociales, el film dialoga con las posturas distintas entre sí. “Quise ser fiel a un compromiso ético-estético-político del cine –explica Testa-, decidí ir con la cámara a estos lugares y apareció esto. En ese caso (sobre una de las protagonistas que está en contra del aborto) dialoga también con las niñas que reivindican ese lugar de maternidad aunque sea una maternidad forzada. Es una realidad, una emergencia social estructural que se repite generacionalmente y por eso para  mí la mejor ley de aborto que salga es la base. Después, por qué aparece la maternidad en la adolescencia como una decisión en la construcción de vida de las protagonistas, no sé ¿Pueden decidir otra cosa?.

«Imaginar la distancia de dónde estaba yo y donde estaba la chica que filmaba me destrozaba», confiesa Andrea.

Desandar el camino histórico

“Pasaron cosas muy fuertes. Me pasó igual con la dirección de Pibe Chorro, después de filmar, volvía a mi casa a estar con mi hija, en su cuarto, con todos sus juguetes. Imaginar la distancia de dónde estaba yo y donde estaba la chica que conocí ese día me destrozaba, es sumamente injusto”, confiesa Andrea. Además, cuenta sobre la etapa de montaje de la película y cómo a través de la intuición y del recuerdo de esas imágenes realizaron la selección. Dice que es un ejercicio de desandar el camino histórico del cine, las imágenes estereotipadas que reproducen violencias e infantilizan a los sectores populares. Una vez finalizado el montaje organizó dos proyecciones, una en cada hospital donde filmó y donde las protagonistas volvieron a reafirmar su voluntad de participar en la película. “Las proyecciones fueron íntimas y fue muy emotivo, así como nos conmueve a nosotros al verla, ellas también estaban conmovidas, nerviosas, felices había algo lindo en el verse, mucha emoción. A partir de esa experiencia, algunas pudieron hablar de otras mujeres y decir lo importante que resulta que esto se vea para que no le pase a otra mujer”, cuenta Testa.

Despiden a los agentes de tránsito que reclaman contra la precarización laboral

Despiden a los agentes de tránsito que reclaman contra la precarización laboral

El 27 de enero la jueza Elena Liberatori ordenó la reincorporación de la totalidad de los agentes de Tránsito despedidos.

Una larga planilla contiene la lista de 82 nombres. Son los agentes despedidos. Junto a ellos, las razones por las que ya no pertenecen al Cuerpo de Tránsito de la Ciudad de Buenos Aires. En una sala de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Lucas Dávolos y Silvio Piera leen por primera vez los motivos que, aparentemente, justifican sus desvinculaciones y la violación de la medida cautelar emitida por la jueza Patricia López Vergara, de noviembre pasado, que impedía al Gobierno de la Ciudad despedir a cualquier trabajador de es repartición. “Tuvo cuatro suspensiones, fue informado en tres ocasiones, debe destacar que desde el día 8/9/19 el agente no labró acta alguna”, lee Dávolos con incredulidad y una sonrisa que enuncia sorpresa: el enojo y la impotencia ya se superaron. Su trabajo consistía en ser chofer. “Tengo una sola suspensión, que me la hicieron en estos casi cuatro meses de lucha. Me la hizo un coordinador que, además, es delegado del gremio. Cuando empezó el conflicto, aprovecharon a los que tienen nivel jerárquico dentro del Cuerpo y que también pertenecen al sindicato para justificar medidas disciplinarias y poder rescindir el contrato, darnos de baja o echarnos.”

Los despidos comenzaron poco antes del 1 de enero y fueron notificados como no renovación de contratos. Llegadas tarde, ausentes injustificados y falsificación de certificados médicos fueron los motivos que el Gobierno alega para violar la cautelar. Sin embargo, los trabajadores niegan que estos argumentos sean las verdaderas razones: “De los 82, más o menos 55 fuimos los que impulsamos los reclamos y tratamos de asesorarnos con otro gremio, ya que el Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA) siempre se comportó bastante funcional al Ejecutivo y de una manera violenta y agresiva hacia con los trabajadores. Y en ese grupo estamos los referentes, delegados normalizadores de ATE, y nuestros amigos y personas cercanas”, sostiene Dávolos, quien llevaba cuatro años en el Cuerpo.

El caso de Silvio Piera es similar: con seis años de monotributista para el Gobierno de la Ciudad y realizando los estudios para su pase a planta permanente fue notificado por teléfono que su vínculo con Tránsito había cesado. El motivo: no haber realizado multas, incluso cuando esa no era su función. El verdadero motivo: político, tal como se lo confesó su supervisor. Los despidos fueron la última represalia para los que decidieron organizarse por sus derechos, y un mensaje para los agentes que quedaban dentro de la Dirección de Tránsito.

Frente a esto, Rodolfo Arrechea, secretario gremial y parte del Consejo Directivo de ATE, aseguró que acudirán al INADI: “Vamos a ir al INADI a presentar una denuncia por discriminación ideológica y persecución laboral, y porque una patota que agredió a las mujeres, mandada por una organización sindical empresarial que es la que sostiene al Gobierno de Larreta. Presentamos la denuncia en la comisaría y acá la respuesta fue ‘los echamos a todos’

Por otra parte, el pasado 27 de enero la jueza Elena Liberatori ordenó al Gobierno de la Ciudad la reincorporación de la totalidad de los agentes de Tránsito desvinculados del Cuerpo con posterioridad a la cautelar de López Vergara, en un nuevo capítulo de esta saga.

“Vamos a ir al INADI a presentar una denuncia por discriminación ideológica y persecución laboral», dice Arrechea.

La situación que atraviesan los agentes del Cuerpo de Tránsito dista mucho de ser la ideal desde hace mucho tiempo. Su precaria situación laboral se conoció luego de que en la madrugada del 8 de septiembre de 2019, Cinthia Choque muriera durante su horario laboral tras ser atropellada por Eugenio Veppo, quien también hirió de gravedad a otro agente, Santiago Siciliano. “Esa noche, Cinthia y Santiago ya no estaban parando autos porque se habían cortado los controles desde supervisión: ya no había lugar en las playas de acarreo”, cuenta Dávolos, quien también era amigo de las víctimas. “Pero los chicos quedan ahí parados en la calle, no los dejan ni subirse al móvil ni subirse a la vereda. Se tienen que quedar ahí como una especie de campaña de márketing”, agrega.  Una exposición que es  doblemente peligrosa cuando los trabajadores no cuenta con ningún tipo de cobertura por parte de la Dirección de Tránsito: ni ART, ni obra social, ni posibilidad de licencias médicas debido a su condición de monotributistas, es decir, de trabajadores  sypuestamente“independientes”.

A partir de ese momento, lo que antes fueron quejas aisladas y puntuales se convirtió en un reclamo organizado. Comenzaron las movilizaciones, las asambleas y la unidad para denunciar las condiciones en las que trabajan. Sin embargo, en medio de una campaña electoral y con bastante presencia de los medio de comunicación, la respuesta del “Ejecutivo” -las autoridades de la Dirección de Tránsito- no se hizo esperar: “Primero nos sacan de la calle con la excusa de que durante una negociación no se podía cortar la calle”, relata Piera. “En la primera mesa de trabajo nos prometieron un montón de cosas, estábamos todos felices. Pero antes de que se lleve a cabo la segunda mesa, renuncia el director y asume el que hasta entonces era jefe de Operativos, que también es delegado de SUTECBA. Ahí hacen un negocio para ellos y a nosotros nos dejan afuera.” Lo que sigue, cuentan, es una serie de persecuciones y aprietes tanto en el ámbito laboral -suspensiones, cambio de horarios y funciones, acoso- como por fuera de éste e incluye amenazas de muerte, patotas y golpizas.

Verónica Báez, trabajadora en planta permanente que también forma parte de la lucha en contra de la precarización laboral, recuerda que anteriormente “otros compañeros intentaron organizarse en un sindicato distinto, pero fueron amenazados violentamente.” La frase “SUTECBA o muerte” logró disuadir a los demás agentes por un tiempo. “Nosotros teníamos muy en claro que no podíamos organizarnos. Pero todo tiene un límite, y la muerte es un límite. Cuando te dicen ‘SUTECBA o muerte’ era literal, nuestra compañera murió. Eso fue el detonante para querer organizarnos”, sostiene Báez. La afiliación en ATE no fue una opción hasta que, agotados todos los recursos propios y habiendo hablado con todas las personas posibles, el asesoramiento legal y laboral que ya recibían del gremio se convirtió en su base de resguardo.

La presión siguió en aumento, al punto que supervisores y coordinadores acudieron durante su horario laboral -como si estuvieran cumpliendo sus funciones- a una reunión de los trabajadores en Parque Chacabuco, en la que sacaron fotos y filmaron. “Se lo dije al vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, porque esta cuestión es gravísima en el marco de la democracia, y dijo que iban a averiguar”, dice Arrechea. Pero esa averiguación prometida culminó en una lista de despedidos en la que se encuentran todos los fotografiados aquella tarde. “Ahí te das cuenta que en esa lista no está el justificativo. El justificativo es todo lo que venimos aguantando y que expusimos”, argumenta Dávolos. Los despidos fueron tan solo el paso final.

La lucha por la reincorporación no es menor, pero los trabajadores no quieren que esta situación corra del eje central la cuestión más importante: la precarización laboral. “Estamos en el año 2020 y estamos pidiendo derechos del 1900. ¿Cómo puede ser que a esta altura en la Ciudad de Buenos Aires -no un lugar perdido en el mundo-, un trabajador no tenga obra social, y no tenga una ART o el derecho a pasarse un médico?,” sostiene Báez.

Piera sostiene que “ya de por sí la condición de contratado es violencia pura porque la gente no sabe si al otro día va a tener trabajo o no, hay dependencia total de la persona que te contrata y así no se puede proyectar nada.” Por otra parte, y si bien el Cuerpo de Tránsito aporta el mayor caudal de ingresos al gobierno después de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), los trabajadores de esta dirección son los peores pagos entre los trabajadores municipales de la Ciudad, tal como sostiene Arrechea. A esto se le suma que pueden llegar a no cobrar durante enero, febrero, marzo y, en ocasiones, abril. “Interrumpen la facturación, que es por una cuestión fiscal para que no salte la relación de dependencia encubierta”, explica Dávolos y añade: “Si facturás los doce meses durante cuatro años, como es mi caso, claramente hay una relación de dependencia. Estás completando el ciclo anual de facturación al mismo ente una y otra vez y seguís siendo monotributista.”

Según Báez, también “hay que ver lo político y lo económico en cómo está armado el Cuerpo de Tránsito para que las cosas no cambien”. Desde lo político, “algo importante es qué hace el gobierno de la Ciudad, por qué decide contratar”. “No es solo una cuestión burocrática, es una manera de presionarte, diciéndote y amenazándote con que no te van a renovar el contrato. Entonces, si a vos te piden hacer mil multas, lo vas a hacer por el miedo de quedarte sin trabajo. Es una pistola en la cabeza”, expresa la agente.

Otra cuestión de gravedad que denuncian es la utilización de los agentes de Tránsito como militantes políticos por parte del gobierno  y del PRO. “Si superabas los 45 días por médico que tienen los monotributistas y, por alguna razón, tenías que faltar, te daban los días a cambio de que fueras a timbrear. Una persona que hacía política para el PRO o que es afín al gremio y al poder tiene franco”, cuenta también Báez, y Dávolos agrega: “Hay gente que se jacta de que recibió la planta permanente por estar siempre presente en el timbreo y de que ‘vos sos un boludo’, te lo dicen así.” Es de este modo que “una persona que va a timbrear los fines de semana y que entró hace dos años tiene más derechos que Cinthia, que falleció estando seis años y medio como monotributista.” “Hicieron clientelismo con los recursos que nosotros habíamos conseguido en nuestra lucha. Hay clientelismo y corrupción”, resume Piera.

Respecto de los motivos económicos, la recaudación supone el objetivo principal y la contracara de la presión sobre los trabajadores en términos de productividad. “Ellos no quieren funcionarios públicos, no solo por el tipo de contratación y la plata, sino porque no quieren personas que estén a  favor del ciudadano y que ayude en lugar de recaudar”, sostiene Báez, una de las pocas agentes en planta permanente que no es administrativa, sino que trabaja en la calle.

Es por esto que, a pesar de que entre las funciones del trabajador de Tránsito esté el “aportar para cesar la falta y prevención de la falta”, es decir, participar en la educación vial más allá de lo meramente punitivo, desde el Gobierno y la Dirección están lejos de promover este tipo de acciones. “La política de los jefes es esconderte porque ellos lo que quieren es la multa, la plata”, sostiene Piera.

“Eso es el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que nos llenó de luces la avenida Corrientes pero resulta que genera una ciudad profundamente injusta. Por afuera muchas luces y mucha sonrisa, y por dentro están los trabajadores en esta situación,” expresa Arrechea, para quien la situación está lejos de resolverse debido al cerco mediático: “A todo tipo de medios le aporta Larreta para poder sostener un gobierno como este.”

Por su parte, los trabajadores despedidos y los agremiados a ATE continúan en lucha, a la espera de que se cumpla del fallo de Liberatori. “Nosotros creemos que es prioridad el puesto de trabajo, más en un momento tan difícil como el que está atravesando el país, y aún más después de una relación de dependencia durante tanto tiempo, de manera encubierta, y con una limitación de derechos básicos que asquea”, sostiene  Dávolos. También convocaron a una concentración el lunes 3 de febrero para exigir la inmediata reincorporación de los despedidos y continuar con los reclamos por mejora en los derechos laborales.