Inés Armas, bailarina, docente y codirectora de Galpón FACE.
La llegada del Covid-19 supuso una profunda transformación para la danza en la Argentina. Por un lado, las y los trabajadores de la disciplina coordinaron fuerzas como nunca antes para reclamar por sus derechos. Por otro, las condiciones de aislamiento inauguraron una etapa de experimentación en el campo.
El Frente de Emergencia de la Danza emitió el 8 de septiembre un comunicado en el que solicita medidas urgentes al Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Entre otros aspectos, la agrupación denuncia que tras cinco meses de cuarentena el organismo, encabezado por el funcionario Enrique Avogadro, no ha puesto en marcha ninguna iniciativa para paliar la crisis. Los estudios de danza, duramente golpeados, no pudieron presentarse a subsidios ni recibieron ayuda para adecuar los espacios a los protocolos aprobados para actividades sin público. El Ministerio porteño tampoco realizó un relevamiento que dé cuenta de la situación de las y los trabajadores de la danza, no diseñó un plan para generar fuentes de ingreso, ni garantiza un presupuesto 2021 acorde a las necesidades.
La emergencia sanitaria ha potenciado reclamos de la danza de larga data en todo el país. Sólo una porción minoritaria resultó beneficiada con las ayudas otorgadas por el Estado como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o el Fondo Desarrollar. “Más del 85 por ciento no pudo acceder debido al grado de informalidad en el que estamos”, sostiene David Señorán, maestro, coreógrafo y director a cargo de la comunicación del Movimiento Federal de Danza (MDF) en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).
Según un informe publicado por el MFD en mayo, el sector cuenta a nivel nacional con 450.000 trabajadores independientes, entre artistas, gestores culturales, talleristas, intérpretes, coreógrafos, propietarios de salas y espacios independientes. Sólo el 16 por ciento trabaja de manera formal, el 42 lo hace en condiciones de informalidad y el 42 restante en ambas modalidades.
La actividad carece de un marco legal e institucional que la regule, a diferencia de otras expresiones artísticas que sí lo tienen como el teatro (Instituto Nacional del Teatro, INT), el cine (INCAA), o la música (INAMU). Tampoco tiene sindicatos. Por eso, desde 2019 el MFD nuclea a las y los trabajadores de la disciplina para impulsar el Proyecto de Ley Nacional de Danza y crear un instituto nacional, así como también ampliar el Registro Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la disciplina y articular redes de trabajo.
Recién en marzo último, la danza logró ser reconocida dentro de las industrias culturales nacionales, lo que le permitió a los bailarines dialogar con organismos públicos y postularse a subsidios. No obstante, predominan la precariedad y la ausencia de políticas públicas, y la mayoría de sus trabajadores vive de las clases que dicta. Con el aislamiento, sus ingresos se interrumpieron y se calcula que 36.310 estudios cerraron sus puertas. “Solo un 60 por ciento pudo continuar su actividad de forma virtual y sus sueldos se redujeron al 20 por ciento”, afirma Señoran.
Ante la emergencia, las y los trabajadores del sector comenzaron a reunirse en el espacio virtual y, organizados en colectivos, encontraron algunas vueltas para salir a flote. “Fue un proceso muy interesante de transformación”, dice Inés Armas, codirectora de Galpón FACE, un espacio de producción e investigación en danza contemporánea y artes performáticas. “A veces se nos acusa a les bailarines de ser muy individualistas”, señala y agrega “En esta cuarentena hemos logrado juntarnos y desarrollar estrategias de contención y de activación de políticas que pueden beneficiarnos a todes”.
La relación entre danza y tecnología está poco desarrollada en el país, debido en buena parte al acotado presupuesto que se destina a la disciplina a través de los fondos públicos. En este sentido, se activó una etapa novedosa. Las clases a distancia fueron unas de las primeras en abrirse paso, entre videoconferencias y cargas de contenido didáctico digital a plataformas y redes. “Muches alumnes que estaban con resistencia encontraron el tiempo para dedicarse a investigar nuevas técnicas”, cuenta Armas.
Según la docente, otro rasgo provechoso de los encuentros virtuales es la intimidad que establece la cámara. “Es un acceso a lugares de riesgo que en un espacio compartido no se tiene. En el ámbito privado hay más permiso a la diversidad y a la búsqueda individual”, explica. Sin embargo, la cámara interpone algunos obstáculos. “Es una mirada muy exigente y tal vez más aguda que el espejo típico de los bailarines –añade Armas–. Es un retroceso hacia la propia acepción (N. de la R.: en el sentido de aceptación)”. Pero las clases a distancia no pueden reemplazar la vinculación interpersonal que se genera en la presencia. “La principal dificultad que encontré es la ausencia del otre, el compartir ese espacio”, opina Armas.
Señoran coincide: “Muchos estudiantes eligen a un maestro. Y cuando se produce esa conexión virtuosa, se avanza. Pero algo de eso está interrumpido”. Según el coreógrafo, el aislamiento repercute sobre el cuerpo en dimensiones que exceden la física: “Quienes intentan hacer un recorrido en estas disciplinas entrenan para estar lo suficientemente vulnerables a lo que suceda alrededor y que no les sea indistinto. Que atraviese su cuerpo, y devolver algo convertido en movimiento –remarca–. Vamos a tener que hacer un gran trabajo para que las preguntas vuelvan a estar instaladas en los cuerpos y no en una pantalla y para que esos cuerpos puedan dar respuesta desde la danza”.
Los espectáculos también encontraron su lugar en el ciberespacio. Algunos aprovecharon la ocasión para reflexionar sobre el contexto, como la Compañía Universitaria de Danza de la UNSAM, de la cual Señoran es director. Junto con el área de Cine Documental de la misma casa de estudios, presentaron el pasado 21 de agosto La Trampa, su primera producción virtual. “Tiene que ver justamente con las trampas que uno hace para poder estar en contacto y las que inventan nuestros cuerpos para poder casi tocarnos”, puntualiza Señoran. Aun así, al pensar sobre la vinculación entre la disciplina y la virtualidad surgida durante la pandemia, guarda ciertas reservas: “Estas producciones son estrategias para seguir en acción, eso ya es valioso. Nos permiten elaborar preguntas vinculadas a la vida académica o la investigación. Pero no sé cuánto del arte específicamente se encuentra en esa estructura”, admite.
Mientras se las ingenian para sobrellevar el presente, las y los trabajadores de la danza esperan un pronto regreso. En AMBA, el MFD elaboró una Propuesta de Protocolo de Seguridad e Higiene para elevar a los municipios al llegar a la fase 5, en la cual se retomarían las actividades culturales. El documento establece normas de bioseguridad para el uso de las instalaciones y de higiene, pautas para el tránsito de personas, prácticas y comportamientos a respetar, y la promesa de garantizar las recomendaciones formuladas por el OMS, como el uso de barbijo y la distancia social. También se contempla la implementación de una declaración jurada donde cada cual declare no poseer síntomas de coronavirus ni haber estado en contacto con alguien que los tuviera. “Al no recibir respuestas, nos vimos obligados a realizar nuestros propios protocolos”, expresa Señoran.
En medio del desamparo laboral, la falta de políticas y la pandemia, las y los trabajadores de la danza no tiran la toalla y se arremangan para reabrir el telón. Señoran es optimista: “Gracias al esfuerzo que estamos haciendo todos, estamos estimulando el pensamiento para poder considerarnos trabajadores de la danza e ir tras nuestro derecho”.
Desde que se declaró la pandemia, ha pasado por los diferentes medios de comunicación, en una suerte de desfile mediático, un sinnúmero de especialistas en diversas materias para analizar los efectos de la enfermedad y el aislamiento obligatorio. Muchos de ellos han hecho hincapié en las consecuencias psicológicas de estas situaciones, entre las cuales se ha destacado el cambio de hábitos alimenticios y la problemática de la falta de nutrientes en los sectores más vulnerables.
Lucas Caputo, preparador físico y psicólogo aporta su punto de vista a partir de su experiencia inmediata. «La alimentación de las personas sufrió modificaciones en ambos extremos: para bien y para mal. Hay quienes comenzaron a optar por elaborar su comida en su casa desde que notaron la disponibilidad de tiempo libre a raíz del aislamiento y se vieron favorecidos a nivel nutricional (y también a que les resulta terapéutico y desestresante), pero también aumentó mucho el consumo de harinas y otros carbohidratos que, en exceso, son negativos para la salud”. El especialista agrega: “Por otro lado, hubo quienes se vieron afectados a nivel anímico y se inclinaron por las comidas rápidas o la compra de comidas elaboradas, de modo que no controlan qué es lo que comen exactamente».
Caputo también cuenta que un gran número de personas se ha acercado a él para solicitar información y rutinas de entrenamiento para mantener el estado físico: «Durante estos meses, recibí muchos llamados de gente que se acercó preocupada porque notaba un aumento de peso y de masa corporal a raíz de la falta de actividad. Varios han iniciado un seguimiento de su salud para estabilizarse a nivel nutricional».
«Cuando empezó el aislamiento y me vi encerrada, empecé a comer mucho más que antes y con mucho descuido. Antes de esta situación, siempre fui fumadora, pero fue notable el crecimiento de mi tabaquismo en los primeros 15 días. No lo dejé ahí: abandoné el cigarrillo y empecé a asesorarme con un personal trainer, a seguir una rutina y a cambiar las comidas y los productos que usaba para cocinar». Las palabras son de Marina, una persona que fue obesa y que se reencontró, en medio de esta pandemia, con esa enfermedad a la que tanta batalla le dio durante años.
Muchos jóvenes de un rango etario de entre 18 y 30 años (incluyendo personal gastronómico, trabajadores y estudiantes) definieron que su período de aislamiento les modificó los horarios y las costumbres, incluso los alimentos consumidos: se encontraron con un insomnio constante que los llevó a dormir durante el día y a convertir sus comidas en necesidades a satisfacer de forma inmediata, sin prestar atención a los ingredientes utilizados ni a las consecuencias ocasionadas por ingerir alimentos en cualquier momento. Acostumbraron sus cuerpos a nuevos horarios, a un insomnio ansioso, permanente y a un desbalance nutricional que, según sus testimonios, les ocasionaron «falta de energía», de acuerdo a Karen, 22 años, estudiante, «y agotamiento mental y visual”, según Julia, 19 años, también estudiante «Estrés, ansiedad y desgano», consignó Tomás, 25 años, estudiante y empleado, mientras «malhumor y necesidad de distracciones» apuntó Melany, 21 años, encargada de un local de comidas.
Todo esto se une en un discurso más sencillo: Juan Ignacio Konaszczuk, nutricionista, ofrece un resumen de sus experiencias al día de hoy desde que inició el aislamiento. Según sus palabras, el consumo de harinas, la comida rápida y el abandono psicológico acompañado por el sedentarismo son los primeros factores de los cambios negativos en la alimentación, y los que han presentado un marcado ascenso en el período en cuestión. Por otra parte, Konaszczuk también define el aumento y la persistencia en los pacientes que se acercan en busca de una mejor calidad de vida y una alternativa saludable a sus hábitos alimenticios, ya que la comida también actuó como placebo ante las dificultades psíquicas causadas por el encierro: «He tenido un número más alto de pacientes en el último tiempo. Todos buscan salir de la rutina. El delivery creció, pero cada uno se enfoca en evitarlo, en comprender la ventaja de cocinar en casa y en acompañar una nueva rutina alimentaria con una actividad física o algo que les mantenga la cabeza ocupada».
Sábado a la noche. Pandemia de por medio, cualquier actividad social quedó reducida a la nada. Para una gran parte de la población, la mejor opción son las pantallas y, en especial, las plataformas de streaming: más de 4.5 millones de argentinos poseen una cuenta de Netflix, según datos de febrero de este año.
El aislamiento social generó un aumento mundial de las suscripciones a las plataformas que ofrecen series y películas. En abril, Netflix anunció que durante el primer trimestre de 2020 había sumado 15.7 millones de suscripciones, convirtiéndose en la líder del mercado, con casi 183 millones de registros en total, superando a Amazon (150 millones) y a Disney (50 millones). Siguiendo la tendencia global, la cuarentena incrementó la penetración de las compañías de streaming en los hogares argentinos, con Netflix a la cabeza. “Entre febrero y marzo la cantidad de suscripciones fue igual a la proyección esperada para todo 2020. Aparte creció el tráfico de datos en un 40 por ciento”, afirma Natalia Calcagno, socióloga especializada en economía cultural.
Argentina es uno de los diez países con más usuarios de Netflix en todo el mundo y la elevada tasa de suscripción a los servicios Video On Demand (VOD) en el país podría explicarse por una larga tradición en el consumo de contenidos audiovisuales pagos. Para Calcagno, actual subdirectora general de Cultura de la Cámara de Diputados de la Nación, este fenómeno se explica porque “los argentinos no estamos acostumbrados a la idea de que uno prenda la tele y funcione”. Argentina tiene un alto índice de conectividad que, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), alcanza el 82,9 por ciento de los hogares urbanos del territorio. Esta penetración, junto a la paquetización –el abono de Netflix suele incluirse dentro de los servicios de telecomunicaciones– y el precio accesible de suscripción a la plataforma de entre 199 y 499 pesos mensuales, serían otros factores influyentes.
Los usuarios argentinos de Netflix tienen acceso a más de 3000 títulos, según un informe de junio de Saving Spot. No obstante, la diversidad y distribución de las películas y series dependen de su visibilidad en los catálogos que aparecen en la interfaz de la plataforma, elaborados en base a algoritmos. “Netflix hace una oferta a la carta de cada consumidor en función de los consumos anteriores y de otros datos que les damos con cada clic que hacemos. Esto genera que la oferta sea híper restringida y muy segmentada para cada tipo de usuario”, advierte Calcagno y agrega: “Es lo mismo que hemos vivido históricamente en los contenidos audiovisuales, pero ahora es incluso peor”.
Hoy en la Argentina existe un vacío importante en materia de regulación del espacio digital, debido a la derogación de parte de la Ley Nº 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual durante la gestión del macrismo y las posteriores medidas del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). La actividad de las plataformas de streaming carece de límites y pautas. “Garantizar la diversidad no es tarea del mercado –sostiene Calcagno–. El mercado se ocupa de ganar más y el Estado tiene que adecuar la regulación para garantizar la pluralidad de voces”.
Para Calcagno, las futuras legislaciones deberían apuntar a la convergencia en el espacio digital. Hay ejemplos, como el del Parlamento Europeo, que estableció una regulación al algoritmo: las plataformas y las televisoras tradicionales fueron obligadas a ofrecer un mínimo del 30 por ciento de producciones europeas en sus catálogos. “No se trata de pedir una cuota de contenidos en el catálogo, como hacíamos en los espacios tradicionales. Se está empezando a regular el algoritmo para que incluya, en todas las categorías, una cuota de contenidos nacionales. Así, cada ciudadano prenderá la pantalla con la posibilidad de ver una parte de las producciones locales”, remarca.
La llegada de los servicios VOD ha transformado drásticamente la lógica de rentabilidad de los contenidos audiovisuales. Antes, la estrategia comercial se apoyaba en la masividad de una única producción. Ahora, el beneficio económico se obtiene a través del pago de un abono mensual, por lo que las empresas buscan producir nuevos contenidos con el objetivo de atraer suscriptores. “La apuesta es la conectividad permanente, donde los usuarios continúan pagando para mirar cosas nuevas, por lo que las plataformas deben renovar constantemente su oferta”, puntualiza Calcagno.
Julio Bertolotti, subgerente del Observatorio Audiovisual del INCAA, y coordinador de la Licenciatura en Producción Audiovisual de la UNTREF, afirma que la sobreproducción actual de series y películas a nivel mundial “está generando una situación en la que se replican estándares”. En ese sentido, la libertad de elección de los consumidores también se ve afectada: cada vez más pueden observarse proyectos que tienen vinculaciones temáticas, de género y hasta de personajes. “Estas reiteraciones no llegan a ser plagio, pero pertenecen al mismo universo”, enfatiza Bertolotti. Según un estudio de la consultora Glance y publicado por la revista Variety, durante 2019 se lanzaron 10.600 series de TV en todo el planeta. Pero no necesariamente cantidad sea variedad.
El impacto del algoritmo en el ámbito audiovisual también impacta en la producción de los contenidos. Como señalan Eleonora Fernández y Esteban Magnani en Revista Anfibia, estos algoritmos de inteligencia artificial buscan correlaciones capaces de segmentar la población de infinitas maneras y así “anticipar que quienes tienen características similares gustarían de las mismas cosas aunque aún no lo sepan y se las podrá estimular para que lo hagan”. Inclusive, con los datos que los usuarios entregan al momento de consumir, las empresas de streaming eligen qué contenidos producir o qué series cancelar.
En febrero de este año, el presidente Alberto Fernández recibió en la Casa Rosada al director ejecutivo de Netflix, el estadounidense Reed Hastings, quien anunció millonarias inversiones en el país y planteó la posibilidad de crear una productora de películas argentinas para la plataforma. Bertolotti, productor de cine y televisión, considera que “difícilmente puedan ser inversiones a largo plazo en la industria audiovisual argentina” y que “no van a ser la solución”. “No creo que sea muy inteligente esperar que esas empresas produzcan mucho más porque se manejan con un sentido de marketing y no se necesitan demasiadas series nacionales para satisfacer a nuestro mercado”, afirma. Dos casos de producciones argentinas recientes, financiadas por los servicios VOD, fueron El apache, la vida de Carlos Tévez –de Netflix– y El jardín de bronce –de HBO–.
Mientras tanto, las producciones televisivas locales atraviesan una situación crítica por la prolongada suspensión de sus actividades a raíz de la pandemia, en particular los proyectos de ficción. “La industria audiovisual está sufriendo un impacto enorme porque está todo parado”, dice Bertolotti. Un ejemplo de la crítica situación del sector es el inminente cierre de Pol-ka, una de las productoras audiovisuales más importantes del país. Sergio Vainmann, autor de tiras emblemáticas como Clave de Sol y La banda del Golden Rocket, hizo referencia a este panorama en una sesión especial del Senado de la Nación: “Que desaparezca Pol-ka es una situación trágica para sus trabajadores y es una catástrofe para la industria”, expresó. La productora, vinculada al Grupo Clarín, tiene dificultades para pagar los sueldos y corren riesgo más de 300 empleos.
Otro aspecto que perjudica a la producción local es que las grandes empresas de streaming no pagan impuestos ya que, en la mayoría de los casos, no tienen sede fiscal en la Argentina. Si bien desde 2017 se retiene el IVA de los pagos de suscripción, esos miles de millones de pesos hasta el momento quedan en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en lugar de destinarse al fomento de la industria cinematográfica nacional. “La producción local podría beneficiarse con la reasignación de los recursos de la facturación mediante iniciativas como el ‘Impuesto Netflix’, un proyecto planteado por las autoridades del INCAA”, detalla Bertolotti.
El incipiente arribo de nuevas compañías de streaming a la Argentina como Disney+, Apple y Amazon, seguramente se haga sentir en el mercado nacional. Calcagno pronostica que con la llegada de estos nuevos actores “vamos a empezar a ver una competencia entre multinacionales gigantescas” y hace hincapié en el ingreso de Disney, programado para noviembre de este año: “Será un cambio enorme porque es más grande que Netflix y ofrece contenidos que no son exclusivamente cine y series, como deportes”, subraya. El poderío de Disney se acrecentó en gran medida con la compra del conglomerado de medios 21st Century Fox, en abril de 2019, en una transacción que superó los 71 mil millones de dólares. En ese proceso, Disney sumó importantes marcas que ampliaron de manera exponencial su librería cinematográfica y expandieron su catálogo, incrementando su oferta digital.
Entre las plataformas argentinas, se destacan las estatales Contar y Cine.ar Play, que permiten acceder a los catálogos de producción nacional de manera gratuita. Sin embargo, el avance de las superpoderosas plataformas extranjeras exige una reformulación del sistema de negocios de la industria local. “Tenemos que adaptar la cabeza porque si no adecuamos nuestro sector audiovisual a esa forma de producción, puede ser muy peligroso”, advierte Calcagno, quien imagina una reestructuración del sistema de producción audiovisual: “Tenemos que pensar cómo armamos a una escala mayor, de manera asociativa y juntando las diferentes productoras audiovisuales para que la producción crezca ya que las plataformas van a necesitar renovación constante de contenidos, específicamente de contenidos nacionales, para cumplir con una futura cuota regulatoria”.
En un contexto de convergencia digital, los servicios de streaming aparecen como una nueva forma de acceso a los productos audiovisuales. “Antes, los contenidos culturales llegaban a sus espectadores, lectores, oyentes, a través de cadenas de valor y de organización productiva separada. A partir de la fibra óptica empiezan a converger, transformándose así las letras, las músicas y las imágenes, en datos. Esto permitió que circulen todos juntos y lleguen a los consumidores de una manera totalmente distinta”, explica Calcagno.
Mientras que las nuevas tecnologías parecieran saber más sobre nuestros intereses que nosotros mismos, en el mundo audiovisual ganan terreno las películas y series elaboradas en base a fórmulas hechas por un algoritmo. ¿Es el fin la producción de contenidos tal como la conocemos? “Hay un punto que excede la inteligencia artificial y el algoritmo y tiene que ver con la creatividad abriéndose paso”, opina Bertolotti. Aún así, cuando las opciones disponibles se limitan a unas cuantas alternativas brindadas por un puñado de megaempresas, la libertad de elección puede existir sólo como ficción. Hasta entonces, la diversidad y la pluralidad seguirán siendo una deuda pendiente.
“Necesito que me entreguen a mi hijo”, repite Cristina Castro ante un puñado de periodistas que reposan sobre una de las ventosas veredas del centro de Bahía Blanca. A un costado, su abogado Leandro Aparicio no para de contestar mensajes: su teléfono explotó durante las últimas semanas. Grabado en el barbijo de Cristina se ve la foto de su hijo Facundo, acompañado de una leyenda que dice “Aparición con vida ya”. Hace tres meses, esa madre jamás imaginó tener que atravesar esta situación.
La mañana del 30 de abril Facundo Astudillo Castro salió de su casa, en Pedro Luro, con dirección a Bahía Blanca para encontrarse con su expareja. Facundo decidió recorrer los 125 kilómetros que separan las dos localidades del sur bonaerense “a dedo”, a pesar de los controles dispuestos por el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO). Durante su viaje por la Ruta 3, un retén policial lo detuvo a la altura de Mayor Buratovich, a 30 kilómetros de Bahía Blanca. Desde ese momento no se conoce su paradero. Según la versión policial, Astudillo continuó su camino, pero el joven de 22 años nunca arribó a destino.
“Acá es imposible perderse. Somos un pueblo y nos conocemos todos”, dice Cristina, la madre de Facundo Astudillo Castro.
El 5 de junio, Cristina Castro presentó la denuncia ante las autoridades del municipio, quedando asentada una causa por “averiguación de paradero”. Pero las contradicciones policiales y la falta de actividad procesal por parte del Poder Judicial bonaerense provocaron que, 20 días más tarde, Leandro Aparicio y Luciano Peretto, abogados de la familia de Facundo, logren que la causa pase al fuero Federal. De esta manera, el 25 de junio, el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) del Ministerio de Seguridad de la Nación fue notificado de la desaparición y dispuso los recursos federales para la investigación.
Además, hubo un cambio en la carátula de la causa, la cual se catalogó como “desaparición forzada”. Una de las claves para que eso suceda fueron las declaraciones de tres testigos de identidad reservada, quienes vieron cómo dos efectivos de la Policía Bonaerense subían a Facundo a una camioneta Toyota Hilux blanca y negra en la Ruta 3. De esta manera, las sospechas recayeron exclusivamente sobre las fuerzas de seguridad del lugar, por lo que el 13 de julio el jefe de la Policía Bonaerense, el comisario Daniel García, determinó la intervención de tres comisarías del Departamento de Villarino. En las últimas horas, se conoció la aparición de los libros de guardia de la comisaría de Mayor Buratovich: esta documentación debería ser clave para identificar a los policías que subieron a Astudillo Castro a la camioneta.
Leandro Aparicio, el abogado de la madre de Facundo Astudillo Castro, cuestionó los dichos del ministro Sergio Berni.
Durante los últimos días, se han intensificado los rastrillajes en el tramo de la Ruta 3 que une Pedro Luro con Bahía Blanca. Para el operativo fueron dispuestos más de 200 efectivos provenientes de la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura Naval, que también contó con unidades de bomberos, perros y drones. Margarita Jarque, abogada de la Comisión Provincial de la Memoria (CPM), informa que los rastrillajes todavía “no dieron cuenta de ningún resultado relevante”. Jarque añade: “Estamos en el proceso de recolectar y analizar las pruebas para trazar una hipótesis más fina. Seguimos esperando los informes de los análisis de los patrulleros secuestrados y el cruce telefónico”.
El traspaso a la justicia federal fue decisivo para la intervención de la Comisión Provincial de la Memoria, que se presentó como querellante institucional en la causa. “Buscamos hacer una intervención integral, aportar una apoyatura jurídica y darle difusión al caso. Y sobre todo darle la importancia política correspondiente”, explicó Jarque, directora del programa de Litigio Estratégico de la CPM.
La Comisión Provincial de la Memoria fue importante a la hora de difundir la denuncia ante organismos internacionales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas. Como respuesta, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reclamó al Estado Argentino “una estrategia integral que incluya un plan de acción y un cronograma que tome en cuenta todas las hipótesis disponibles”; mientras que la CIDH solicitó informes sobre “las acciones que el Estado estaría llevando a cabo para dar con el paradero del joven”.
En un principio, la reacción de las autoridades bonaerenses no fue positiva para la familia: “En algunos casos la comunicación fue desafortunada con declaraciones que no guardan relación con cuestiones que están en el expediente y mal informaron”, explicó Leandro Aparicio, representante legal de la familia Castro Astudillo, haciendo referencia a declaraciones emitidas hace dos semanas por el Ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni. Con el correr de los días, algunas posturas del gobierno provincial cambiaron ya que Aparicio manifestó que “el gobernador Kicillof se puso a disposición de la familia”.
Jarque advierte que el comportamiento negligente de las fuerzas de seguridad no es un caso aislado en el sur de la Provincia de Buenos Aires: “Ha habido casos en la zona hace bastante tiempo ya. Sucedió el caso de Daniel Solano, también de desaparición forzada”. Otro caso paradigmático sucedido en el sudoeste bonaerense fue el femicidio de Katherine Moscoso, en el que hubo muchas irregularidades en la investigación. “En el caso de Katherine 300 policías plantaron un cuerpo ¿Por qué no puedo suponer que ahora 300 policías hagan lo mismo?”, cuestiona o Aparicio, quien también ejerció la defensa judicial de la familia de Moscoso.
«Estas violaciones de derechos también afectan al conjunto social”, analiza Margarita Jarque.
La localidad de Pedro Luro tiene aproximadamente 10 mil habitantes, abarcando un área de 9 km2. “Acá es imposible perderse. Somos un pueblo y nos conocemos todos”, afirma la mamá de Facundo. La rutina del último fin de semana se vio completamente modificada ya que amigos y familiares del joven de 22 años convocaron a una manifestación exigiendo por su aparición con vida.
“Vimos en la movilización del pasado fin de semana en Pedro Luro que estas violaciones de derechos también afectan al conjunto social”, analiza Jarque. La directora del Programa Litigio Estratégico de la CPM está preocupada sobre los casos de violencia institucional ocurridos durante la cuarentena: “Representan una alerta que tienen que ver con las fuerzas de seguridad. La Argentina tiene una historia muy triste, muy densa, respecto de la desaparición forzada de personas. Son delitos muy graves que no pueden permitirse en democracia. Hay una deuda pendiente en la Argentina, que es el control del comportamiento de las fuerzas de seguridad. Las fuerzas de seguridad no deben sentir que pueden actuar de este modo y garantizar su impunidad”.
Cristina Castro da un paso atrás y decide dar por terminada la improvisada conferencia de prensa en la vereda de la calle Alsina, ubicada en el corazón de la ciudad de Bahía Blanca. Antes de retirarse, dice unas palabras: “Siento mucho su apoyo desde las redes sociales. Escucho sus audios y leo todos sus mensajes. Quiero que ya se acabe esto para poder llevarme a mi niño a Luro”.
Según un estudio realizado por la Universidad Nacional de Lanús y el Centro de Investigaciones Laborales (CEIL) del Conicet, 5 de cada 10 trabajadoras domésticas vio empeorada su situación laboral a partir del aislamiento por la pandemia covid-19 en Argentina.
Desde que el Gobierno nacional dispuso de una cuarentena obligatoria a partir del 20 de marzo para evitar la propagación de la enfermedad, se afectaron por completo muchos sectores de la sociedad. Uno de ellos y uno de los más vulnerados fueron las trabajadoras de casas particulares, que se vieron imposibilitadas para trabajar.
El Programa Salud, Subjetividad y Trabajo de la UNLa junto al Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL) del Conicet, realizaron un relevamiento encuestando a 635 personas vía redes sociales y WhatsApp entre el 13 de abril y el 10 de mayo, donde notaron que más de la mitad, vieron empeorada su situación. “Decidimos realizar esta investigación para generar un informe y que pueda llegar tanto para que los usen las trabajadoras para reclamar y también por el otro lado que llegue a quienes toman las decisiones políticas”, explica Verónica Casas, antropóloga de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, quien participó en la coordinación del trabajo.
A causa del contexto actual, sólo cuatro de las cinco categorías de empleadas de casas particulares están exceptuadas de concurrir al trabajo. Solamente tienen permitido realizarlo aquellas que estén cumpliendo tareas de cuidado y asistencia de personas, pero en algunos casos, los empleadores se aprovechan de esa situación, como le sucede a Laura Herrera, quien comenta: “Entro a la Ciudad con el permiso de cuidado de personas mayores, no es legal. Pero cualquier cosa que me pase yo ya tengo el permiso. Hay compañeras que entran de forma clandestina, que es peor.”
“Es una estrategia de parte de los empleadores bastante preocupante – exclama Casas – porque después hay que ver si esas personas, efectivamente le cambiaron la categoría y le están haciendo los aportes porque después no las cubre la ART (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) por ejemplo, entre otras cosas. Y es una persona que se está exponiendo a sus familias, mayormente las trabajadoras domésticas tienen hijos y son jefas de hogar, así que es una situación bastante crítica. Lo del cambio de categoría debería ser una de las primeras medidas que se tome para que el Estado pueda controlarlo”.
El 25 por ciento de las mujeres que respondieron la encuesta, trabajan en negro.
Según lo establecido por el Estado, las trabajadoras domésticas deberían cobrar su salario a pesar de no estar concurriendo a trabajar, incluso no estando registradas. “Por el tema de la pandemia no trabajo, pero me abonan igual el sueldo. Hasta que no se levante la cuarentena no vuelvo, pero igual tengo comunicación constantemente con mis jefes” expresa Blanca Rodríguez, de Moreno, empleada doméstica desde hace más de diez años en Recoleta. “La rutina igual se extraña, uno está acostumbrado a tener un ritmo de vida de mucho tiempo y este receso complica. En lo económico, afecta bastante porque se gasta más plata al estar en casa todo el día”, exclama. El mismo caso sucede con Sandra Méndez, de la localidad de Merlo: “Con respecto a mi patrona, estoy dentro de todo bien, me está pagando porque yo estoy en blanco hace siete años. Mis patrones son de alto riesgo y se cuidan mucho, por eso no puedo ir. Hasta que no pase la pandemia no me van a llamar”.
Pero, ¿qué pasa con todos los casos que no son como el de Blanca, Laura o Sandra? Algunos empleadores no están cumpliendo con lo pautado y en muchos de esos casos, las trabajadoras no poseen otro ingreso extra. El 25% de las mujeres que respondieron la encuesta, trabaja de manera informal o más conocido como “trabajo en negro”. Así, es el caso de Karina Méndez, de 44 años, quien trabaja hace seis años junto a una familia en San Miguel: “A mí no me pagan porque estoy en negro. Iba una vez a la semana, o dos veces, y yo tenía mi plata, mis cosas, no era mucho, pero iba guardando, gastaba o guardaba, pero ahora no”.
Quienes más padecen esta situación son las empleadas no registradas. “En el trabajo a donde yo voy hace doce años estoy en negro, ella me estuvo pagando y me mandaba mensajes, ahora no me mando más mensajes, nada. A partir de junio se han olvidado que existo. Pensé que me iba a pagar el sueldo, pero hasta ahora nada”, señala Mirtha González, trabajadora doméstica de la localidad de Merlo. “La verdad que ya me estoy poniendo re mal porque no puedo pagar lo que debo. Juan, mi hijo mayor, me da para comprar la comida, remedios y los pañales”, agrega.
Los resultados del estudio demostraron que solamente el 55,7% de las trabajadoras cobró los 10.000 pesos del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) dispuesto por el Gobierno Nacional, el 15% no sabe como tramitarlo y después está el resto que no están recibiendo ninguna ayuda. Casi la mitad de las trabajadoras no poseen otro ingreso extra.
“Ni siquiera cobré el bono –dice Mirtha Martínez- porque estamos vinculados con mi marido a la pensión no contributiva, por discapacidad, de mi hijo Matías. No nos salió negativo la IFE, y cuando mi hija entró a averiguar en el Anses nos sale vinculado con eso, así que estamos sin nada y es un re bajón”.
«En la práctica los empleadores no están cumpliendo la ley y no registran a las trabajadoras», dice Casas.
Este sector siempre padeció una gran vulnerabilidad y se vio profundamente agravado en este contexto de pandemia. Casas sostiene: “Las situaciones que cuentan las trabajadoras y que se ve por todos lados ahora en la cuarentena en realidad son situaciones que vienen de antes, hay una desigualdad estructural del sector que tiene que ver con desigualdad de género, de clase, étnicas y hacen que, un montón de prácticas que antes también se hacían, ahora se empiecen a ver más por esta crisis que estamos viviendo”. Además afirma: “Si bien en Argentina tenemos una ley que iguala derechos a esas trabajadoras, hoy en la práctica los empleadores no están cumpliendo y no las están registrando”.
La pandemia vino a agudizar esas desigualdades estructurales que padecía el sector de las trabajadoras domésticas, compuesto mayormente por mujeres que vienen peleando por el acceso a sus derechos. Es el momento de potenciar la voz de esas trabajadoras que vienen reclamando históricamente, visibilizarlas y darles una solución.
Ante la emergencia, las y los trabajadores del sector comenzaron a reunirse en el espacio virtual y, organizados en colectivos, encontraron algunas vueltas para salir a flote. “Fue un proceso muy interesante de transformación”, dice Inés Armas, codirectora de Galpón FACE, un espacio de producción e investigación en danza contemporánea y artes performáticas. “A veces se nos acusa a les bailarines de ser muy individualistas”, señala y agrega “En esta cuarentena hemos logrado juntarnos y desarrollar estrategias de contención y de activación de políticas que pueden beneficiarnos a todes”.
