Este martes 17 de noviembre se llevará a cabo un paro de 24 horas convocado por Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad (AMM), la medida de fuerza es impulsada en el marco del reclamo salarial por parte de los profesionales de la salud hacia el Gobierno porteño. A pesar de las numerosas movilizaciones que se organizaron a lo largo del año y del petitorio lanzado vía Change.org, donde firmaron cerca de 200 mil personas, el personal esencial no recibió respuesta.
“Éste problema viene desde que tengo uso de razón y con todos los gobiernos”, afirma Marcelo Userpater, médico y vocero de Médicos Autoconvocados, quien lleva 30 años ejerciendo la medicina en el área de nefrología. La baja en los salarios trae varias consecuencias, por un lado que el fenómeno del pluriempleo se multiplique entre el personal sanitario ya que, tal como ejemplifica Userpater, “una obra social puede llegar a pagar una consulta clínica 170 pesos a 60 días”. El promedio de sueldos de los médicos argentinos ronda entre los 604 dólares al tipo de cambio oficial, lo cual se encuentra por debajo del promedio de la región que ronda los 1.291, sin llegar a representar la mitad del sueldo promedio de Latinoamérica (46,8%), según un informe realizado por el centro de investigación Libertad y Progreso. Por otra parte, la multiplicidad de trabajos se traduce en extensas jornadas laborales que desembocan, inevitablemente, en el deterioro de la salud pública. “Las guardias de 24 horas ya no se usan en la mayoría del mundo, por lo general son de ocho o 12 horas, porque es una locura atender 70 pacientes al día. Cuando llegás al paciente número 70 ya no te acordás ni cómo te llamas: ¿Cómo hacés para prestarle atención a la problemática del paciente si no tenés lucidez?” cuestiona.
Otro punto importante se relaciona con las exigencias que deben cumplir: un médico que desea ingresar al sistema de salud está obligado a adquirir y abonar, sin haber empezado efectivamente a trabajar, una matrícula nacional y otra provincial, seguro de mala praxis, monotributo y abonar lo correspondiente a la caja médica, que se encargará de su futura jubilación. La suma total de todos estos requerimientos ronda los 10 mil pesos mensuales, sin mencionar que una vez que comience a ejercer, el pago del monotributo dependerá de la facturación. Agustín Vera Pérez es médico y contó a ANCCOM cómo fue su experiencia de ingreso al mercado laboral sanitario y mencionó que por lo general, “la mayoría de los estudiantes desconocen la ética y el Código Laboral que establece la Confederación Médica de la República Argentina (COMRA) donde se fijan los honorarios, eso hace que la persona que evalúa una oferta de trabajo, siente que es correcto cobrar una guardia de 12 horas cinco mil pesos. Inevitablemente, quien no conoce su derecho tampoco puede exigirlo”. Es por esta razón que la mayoría de los estudiantes prefieren ingresar al sistema de residencias donde se puedan formar y capacitar para conseguir mejores ofertas. Sin embargo, no siempre es la mejor opción ya que “demandan entre dos y cuatro guardias semanales por una paga muy baja, así que vuelve a aparecer la precarización laboral también en éste ámbito” resalta Pérez.
Al interior de los mismos espacios de trabajo surgen las contradicciones acerca de la situación laboral, lo que dificulta llevar adelante la demanda con un sólido consenso sin que la fuerza se disperse. Como agravante, existe una multiplicidad de sindicatos donde muchos médicos no se sienten representados o, incluso, en algunos casos prefieren no afiliarse. Al respecto Userpater afirma: “Jamás nos han escuchado, siempre han hecho sus arreglos a nivel personal y a los médicos nunca les llega una solución. Estoy hablando a nivel municipal, provincial y privado.” La cuestión es igual o peor en el caso de las mutuales: “Sólo por poner un ejemplo entre tantos, en La pampa las prácticas ginecológicas se pagan 50% menos de lo que se paga por la misma práctica a alguien en Chubut o en Neuquén. Lo que queda para pensar es que depende del arreglo que tenga el colegio médico o el sindicato de cada lugar, sino no hay ninguna razón por la que sea distinto”.
Frente a la situación, los “héroes de la pandemia” se vuelcan a los paros como una herramienta para hacerse oír, con la desventaja de no poder hacerlos efectivos ya que su mismo código de ética se los prohíbe. “Esto hace que prácticamente las personas no se enteren de lo que está pasando. Los consultorios y hospitales no atienden y se suspenden las cirugías, pero después, la guardia y la terapia siguen funcionando, por lo cual la salud sigue asegurada. Entonces si no murió nadie y la gente que fue se siguió atendiendo, a la política no le importa”, sintetiza el nefrólogo y continúa “estamos pidiendo honorarios dignos para una profesión digna”
Este lunes se presentó de forma virtual un proyecto de Ley para el Fomento de la Pluralidad y la Diversidad Informativa. La transmisión se realizó por Youtube con representantes de distintos sectores que participaron en su elaboración: medios cooperativos, comunitarios, populares y micro-pymes de todo el país. También participó el SiPreBA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. La propuesta “se gestó a partir de las demandas concretas del sector de pequeños medios, en su mayoría gestionados por sus trabajadores, con el acompañamiento y la participación muy activa de los sindicatos”, dice Natalia Romé, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y, además, integrante de FM La Patriada. Y agrega: “Surge de entender que la democracia informativa requiere que el Estado garantice condiciones materiales para que eso sea posible”.
“El espíritu central del proyecto busca equilibrar la cancha en el mapa de los medios y generar un paisaje más igualitario, por una serie de mecanismos directos e indirectos”, dice Federico Amigo, presidente de la cooperativa que edita Tiempo Argentino. Las medidas indirectas que se proponen tienen que ver con cuestiones impositivas. Por un lado, busca permitir que los medios pequeños y sin fines de lucro sean beneficiarios de ciertas facilidades tributarias con las cuales ya cuentan las grandes empresas mediáticas comerciales.
Además, el proyecto plantea la posibilidad de que quienes hagan aportes económicos a estos medios comunitarios puedan recibir una exención del impuesto a las ganancias, “como en otros casos de donaciones, como las que reciben los partidos políticos y las instituciones educativas”, aclara Romé. Y plantea: “Tiene que ver con promover la solidaridad, con un objetivo mayor que es la promoción de pluralismo y la diversidad informativa. Hay una consideración del Estado de promover que la sociedad civil se involucre acompañando materialmente a las iniciativas que tienen que ver con el enriquecimiento de la formación ciudadana y el incremento de la democracia. La idea es incluir a los pequeños medios en esa posibilidad”.
Las medidas directas se basan en la creación de un fondo de fomento para ayudar a medios sin fines de lucro y micropymes. “Tiene que ver con recapturar lo que el Estado ya recauda con el cobro de IVA a servicios digitales extranjeros, como Netflix, Facebook, servicios de publicidad y hosting: redireccionar el 5% a una partida que va a ser destinada para los medios que cumplan con el fomento de la diversidad y el pluralismo informativo”, dice Amigo. La creación de este fondo compromete a los medios beneficiarios a potenciar la diversidad interna en su composición. Es decir, que tengan políticas activas para reparar la desigualdad de género e incluir disidencias.
“El proyecto busca saldar una cuestión central en cualquier democracia que es una esfera pública con información plural y diversa. El sistema de medios argentinos se caracteriza por una altísima concentración y muy poco apoyo estatal histórico a los medios no comerciales. Un modo posible de limitar un sistema de medios concentrados es regular o limitar la concentración y el otro modo es fomentar a los medios más pequeños. En este caso, sería la segunda opción”, aporta Diego De Charras, Presidente de la Red de Carreras de Comunicación (REDCOM), docente e investigador en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Y suma: “De alguna manera viene a saldar algo que ya preveía la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aunque esta ley apuntaba directamente a lo que es servicios de radio y televisión, y en este caso estamos hablando de todos los soportes. Hoy estamos teniendo una buena parte de la información circulante a través de otro tipo de medios. Este proyecto abrió un abanico desde las radios, que ya tienen una historia muy larga de militancia, a medios gráficos autogestivos, participación de sindicatos y portales en Internet”.
El proyecto propone redireccionar lo que el Estado recauda a través del IVA a servicios digitales extranjeros, como Netflix.
Silvina Tamous es integrante de El Ciudadano, periódico rosarino que funciona en modalidad cooperativa. Ella formó parte de la gestación del proyecto de ley y estuvo durante su presentación virtual el lunes 17. Al respecto, reflexiona: “Me pareció interesante la cantidad de participación de organizaciones sociales, ONGs, sindicatos, gremios, gente de universidades, mas allá de todos los medios que integramos la propuesta. Me interesa esta construcción colectiva porque puede llegar a ser el germen para tratar otros problemas. Las inequidades entre cooperativas y empresas son terribles”. Y también afirma: “Creo que cuando salgamos de la pandemia va a haber muchas más cooperativas, entonces hay un montón de cuestiones que repensar. Por ejemplo, cuál va a ser la jubilación de una persona que es cooperativista. Quedamos en una especie de limbo porque no somos el sector que se busca rescatar, no nos están dando la importancia que creo que tenemos. Hoy las cooperativas no somos un medio pobrecito, sino medios que generamos contenidos, que generamos visitas, que buscamos competir, pero desde una mirada social, por supuesto”.
Al respecto, Romé habla de que la ley permitiría un fortalecimiento institucional: “Muchos casos de medios cooperativos no tienen sus cuestiones administrativas y legales regularizadas. Todo el proceso de institucionalización es un proceso de reconocimiento de su lugar, de su función pública y también de su capacidad productiva; que se reconozca que es un sector que crea trabajo. No es solamente un sector que cumple una función pública y cultural importante”.
En la presentación del lunes estuvo el diputado cordobés Pablo Carro, del Frente de Todos, que integra la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados, que ha presentado previamente varios proyectos vinculados al mundo de la comunicación. En cuanto a este proyecto de ley, “ahora sigue la presentación formal en comisiones y luego se verán los grados de consenso que se vayan alcanzando. Confiamos en que próximamente va a tener el apoyo de legisladores de distintas bancadas”, concluye De Charras.
«Muchas están encerradas en sus casas con personas que no saben que van a abortar», dice Ferrario.
El envío al Congreso de un proyecto de interrupción voluntaria del embarazo parecía inminente a principios de marzo, pero poco después el aislamiento social preventivo y obligatorio lo dejó en pausa. Ahora, en plena pandemia y a dos años del rechazo del Senado al proyecto de legalización del aborto, es una incógnita cuándo finalmente volverá a tener tratamiento legislativo. Mientras tanto, en estos meses de cuarentena las mujeres siguen abortando, pero lejos de que sea en un marco enteramente legal, seguro y gratuito, las restricciones a la circulación y la enorme demanda del sistema de salud, producto del coronavirus, han puesto más barreras en el camino.
“Con la pandemia se agudizaron mucho los obstáculos de siempre”, cuenta Julieta Ireizo, integrante de la Regional Oeste de Buenos Aires de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Y enumera un combo que incluye la derivación hacia otras funciones de equipos de profesionales que acompañaban ILE (interrupción legal del embarazo), el endurecimiento de muchos servicios de salud y la profundización de situaciones de violencia obstétrica en los hospitales, sumado a los pedidos de explicaciones policiales, e incluso un aumento de embarazos no deseados, sobre todo en situaciones de violencia de género -que se han agudizado- y por falta de acceso a métodos anticonceptivos. “Hay más barreras, atendemos chicas con mucho miedo de salir de su casa y es muy difícil”, comenta esta médica generalista de Moreno.
Desde Socorristas en Red coinciden en que las dificultades han ido en aumento a lo largo de la cuarentena. “El aislamiento se nota muchísimo en los niveles de ansiedad y de emergencia que muestran las mujeres, personas trans y no binaries que se comunican con nosotras”, señala Eugenia Ferrario, integrante de Socorro Rosa Necochea-Quequén en Socorristas en Red. “Todo se puso más intenso. Antes en el segundo momento del dispositivo de acompañamiento socorrista nos encontrábamos cara a cara y ahora es todo virtual, por videollamada. Muchas están encerradas en sus casas con personas que no saben que van a abortar, me pasó de estar en videollamada con una chica que solo podía responder por sí o por no”, cuenta. Y agrega que le tocó acompañar tres casos de “mujeres que han abortado de noche, con el varón durmiendo al lado, y nos escribíamos por whatsapp, no mucho porque no podían hacer mucha luz con el teléfono”.
Sólo durante los primeros dos meses de cuarentena, Socorristas acompañó más de 3.000 abortos en todo el país, afirmó Ferrario; mientras que durante todo el 2019 fueron 12.575 acompañamientos. “En provincias donde ya era un desafío acceder a una ILE, ahora se puso más complejo – agrega la docente de Necochea-. Todos los procesos de crisis recrudecen las condiciones de inseguridad en las cuales se realizan los abortos en la Argentina, y más complicaciones hay por la práctica de abortos inseguros”.
“Hay mujeres que han abortado de noche, con el varón durmiendo al lado», cuentan desde Socorristas en Red.
Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito difundieron que “en estos primeros meses de 2020 murieron mujeres por aborto, otras entraron en las cárceles y muchas se han visto obligadas a llevar adelante embarazos productos de violaciones”. Entre ellas, tres mujeres fueron presas por abortar en Santiago del Estero y una joven de 22 años falleció tras realizarse un aborto inseguro en Formosa, ambas provincias siguen sin adherir al protocolo nacional de ILE. Recién en las últimas semanas la Ciudad de Buenos Aires aprobó su adhesión en la Legislatura. Sin embargo, fue reglamentada con restricciones por parte del Ejecutivo porteño, según denunció la Campaña: la obligatoriedad de consultas interdisciplinarias para acceder a la ILE, la imposición de un límite de edad gestacional para la realización de la práctica, la habilitación de objeción de conciencia institucional; cosas contrarias a lo establecido por el protocolo nacional.
Desde Nación, en tanto, en el marco de la pandemia se había declarado ya a la ILE y a la provisión de métodos anticonceptivos como servicios esenciales. Un factor clave para el acceso a una ILE es la disponibilidad de misoprostol cuyo precio, sin embargo, no ha hecho sino aumentar de manera sideral: según difundió el Observatorio Nacional de Acceso al Misoprostol entre 2015 y 2019 el medicamento subió un 1.280%. En ese sentido, Ireizo señala que “con el cambio de gestión se asumió el compromiso de garantizar las prácticas, hubo una compra muy grande a nivel nacional y también provincial de misoprostol, mucho mayor a años anteriores, pero sigue quedando corta y habiendo faltantes. Estamos esperando que en agosto entre una nueva compra”.
Desde el gobierno bonaerense, en tanto, la jefa de Gabinete de la Subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad Sexual, Sabrina Cartabia, dice que “la Provincia de Buenos Aires trabaja en la provisión de medicamentos – teniendo en cuenta que el misoprostol es esencial según la OMS-; en la capacitación de los servicios para que den respuesta a la demanda de las mujeres; y en que las mujeres y cuerpos gestantes conozcan que tienen derecho a acceder a un aborto, por las causales permitidas en la Argentina desde 1921, según el artículo 86 del Código Penal: cuando la salud de la persona gestante se ponga en riesgo o cuando el embarazo provenga de violencia sexual”. Asimismo, destacó que a partir de la pandemia, “desde el Ministerio de Salud se trabajó en las resoluciones que explican cómo se debe trabajar en el contexto de ASPO y pandemia para el acceso a la ILE y otros derechos sexuales”. También se hizo mucho énfasis desde el Estado nacional en la línea telefónica de salud sexual, cuya demanda se ha incrementado notablemente en los últimos meses.
“La mayoría de los abortos se pueden resolver en casa de forma segura, por lo tanto las pastillas de misoprostol, de las que la Provincia hizo una compra muy grande en marzo, permiten la interrupción del embarazo aún con las limitaciones que impone la pandemia”, destaca Cartabia. “Otra cosa muy importante es que en junio salió por primera vez un folleto oficial del Estado argentino, de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva de Nación, explicando cómo se debe realizar un aborto con pastillas, en casa. Es un método seguro, barato y accesible”, añade la abogada feminista. Y apunta que hoy “la mejor manera de tener un contacto directo y exitoso con el Estado es a través del 0800 de salud sexual”.
«En la cuarentena, muchas fueron obligadas a continuar embarazos productos de violaciones”, dice la Campaña.
Que sea ley
El 8 de agosto se cumplieron dos años del rechazo del Senado al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), y con la fecha se hizo sentir la consigna de “aborto Legal 2020”. Si bien distintos funcionarios del gobierno nacional –incluido el presidente Alberto Fernández-han repetido en los últimos meses que ya hay un proyecto listo, la pandemia parece posponer cada vez más la presentación formal del proyecto.
“Con pandemia o sin pandemia, la ley para que el aborto sea legal es una deuda enorme de la democracia. A dos años del horror del Senado, cuando votó en contra de nuestros derechos, a todas las que militamos esta causa la posibilidad del tratamiento de la ley este año nos generó mucha ilusión”, expresa Ferrario, y destaca que “con o sin cuarentena, desde Socorristas sostenemos que el aborto tiene que ser legal ya”.
En tanto, Ireizo, de la Red de Profesionales de la Salud, señala que “la ley de IVE tarde o temprano va a salir, hay interés del actual gobierno en que salga, pero no es el proyecto que hemos presentado nosotras desde la Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito. Una vez que salga, habrá que seguir disputando su implementación, para que no sean los médicos y médicas quienes toman la decisión final, sino que sean las personas quienes puedan ejercer el derecho a decidir por la autonomía de sus cuerpos”.
En plena crisis sanitaria es difícil saber cuándo la marea verde podrá volver a inundar las calles en reclamo de que el aborto sea legal, seguro y gratuito en la Argentina. Mientras, con el sostén que siempre han sido las redes feministas y con un Estado que por primera vez no mira para otro lado, las mujeres siguen abortando, pero con las complicaciones adicionales que el contexto impone para su práctica.
Recurseros
Se puede llamar, pedir información y despejar dudas en la línea gratuita de Salud Sexual de Nación: 0800-222-3444. Por otro lado, también existe un recursero para contactarse con la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir y otro de la organización Socorristas en Red
Durante la cuarentena el ocio se multiplica y el encierro revela la limitada oferta de actividades. Entre ellas, se comprobó que el uso de plataformas streaming, también llamadas OTTs, se ha elevado notoriamente. En este marco, el titular del INCAA, Luis Puenzo propuso el “Impuesto Netflix”, con el cual a partir de un aumento del 10% en las tarifas de suscripción se busca apoyar a los trabajadores audiovisuales, otro sector vapuleado durante esta crisis, asignándoles por única vez una suma de aproximadamente 35 mil pesos.
Frente a esta situación, trabajadores del cine, la TV y la publicidad, reunidos bajo la agrupación TAP (Trabajadores Audiovisuales Precarizados) se movilizaron por tercera vez el pasado 29 de junio a Plaza de Mayo. Se trata de personal del cine, músicos, fotógrafos y actores que solicitan al Estado condiciones que les aseguren la supervivencia en la incertidumbre imperante.
Francisco Rizzi tiene 44 años. Trabaja hace 20 en el área de sonido en postproducción audiovisual, más precisamente como “Foley”. Es quien se encarga de recrear en detalle y mediante diversos recursos, los sonidos que no han sido captados durante la grabación de las escenas. Su tarea, como la de muchos otros del sector, es discontinua, lo que no le permite gozar de un sueldo fijo o vacaciones. Tampoco pudo hacerse acreedor del Ingreso Familiar de Emergencia, además de afirmar que no existe ningún tipo de subsidio que los ampare. “Lo que nosotros estamos planteando en nuestro pliego de reivindicaciones es un impuesto real a las OTTs. En lo que llevamos de cuarentena no hemos recibido ningún tipo respuesta ni de organismos oficiales, ni por parte de los sindicatos que nuclean nuestras actividades. El SICA (Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina) al principio nos informó que había un pedido de una IFE Audiovisual, por 10 mil pesos por tres meses que no nos dieron y previo a nuestra primera movilización Luis Puenzo nos culpó de no poder explicar la naturaleza inconstante de nuestro trabajo.”
Trabajadores Audiovisuales Precarizados ya se movilizó tres veces a Plaza de Mayo.
En la industria musical, la perspectiva no cambia demasiado. Luis Mauregui es artista independiente y perteneciente a la agrupación Músicos Organizados. Se moviliza junto a TAP para pedir ingresos acordes a su profesión durante este tiempo de receso obligado. “En nuestro sector no hay bonos. La partida presupuestaria (nota de la r: a nivel nacional) está. El Gobierno de la Ciudad te paga por la música en vivo, algo que hoy no se puede hacer, además lo que te dan es insuficiente.”
La primera movilización fue el 4 y la segunda el 16 de junio. Esta última se dirigió al Ministerio de Trabajo, motorizada por operadores eléctricos, otro sector audiovisual también perjudicado. Junto a la diputada del FIT, Romina Del Plá, el TAP y los otros grupos presentaron un proyecto de ley por el cual solicitan, entre otras cosas, 30 mil pesos de subsidio, retroactivo y mientras dure la cuarentena, además de la prohibición de despidos y suspensiones en el área y la exención inmediata del pago de alquiler de salas de teatro y del monotributo.
Junto a ellos marcharon actores agremiados dentro del Frente de Artistas Actuemos (FDA). Piden, además, mantener en vigencia el derecho de interpretación, por el que deberían ser retribuidos en función de la reproducción de su trabajo. Natalia Badgen, actriz, directora y docente explica: “Hay una ley que nos ampara en cuanto a esto y en las plataformas web no se cumple. Es un gris, porque la ley es anterior al desarrollo de estas tecnologías, entonces los actores no cobramos un mango”. Aclara que el Instituto Nacional del Teatro ofrece mediante el Plan Podestá un subsidio concursable, por única vez, correspondiente al pago de una o dos funciones con contraprestaciones, siempre y cuando no participen de ninguna otra asistencia.
Julio Cortes, también del colectivo Actuemos, coincide en que la precarización del sector precede a la pandemia, mientras que “las ganadoras de esto son las industrias culturales, ahora en su modalidad de plataformas digitales.”
Junto a estas organizaciones se moviliza también el colectivo de Fotografía y Cine “El ojo obrero”. Sofía Bordone, fotoperiodista e integrante del grupo, afirma: “Si llegamos a la conclusión de poner el cuerpo en una movilización es porque no recibimos una respuesta clara del Estado y necesitamos comer para poder realizar el aislamiento como corresponde.”
El Gobierno lanzó, para paliar la situación, las becas Sostener Cultura II, que otorga por única vez 30.000 pesos.
Por su parte y a modo de respuesta, el Ministerio de Cultura, junto con el Fondo Nacional de las Artes y a través del ANSES lanzaron durante el mes de julio “Sostener Cultura II”, una ayuda extraordinaria en forma de beca destinada a trabajadores de las distintas ramas del arte, sean argentinos o nacionalizados, de hasta 30 mil pesos. Para poder aplicar a las mismas, los trabajadores deberán pasar por el dictamen de un jurado quien los habilitará a ser meritorios de las mismas.
En la última movilización de TAP, sus integrantes elevaron una carta con sus reclamos y un pedido de audiencia al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, que fue derivada a los Ministerios de Cultura y Trabajo. Para Francisco, más allá de las ayudas en forma de becas, el impuesto a las OTTs esgrimido por Puenzo es una estafa. El mismo saldría del IVA que pagan los usuarios e iría a parar a la caja del INCAA, no para subsidiar a los trabajadores, sino para continuar fomentando las actividades de los grandes consorcios.
Todos los entrevistados coinciden en que es inminente una reforma normativa, en un contexto –dicen- en donde las burocracias sindicales han operado a favor de una reducción salarial, y en donde Netflix factura un 16% con productos realizados por miembros del TAP que no están recibiendo rédito alguno. Concuerdan además, en continuar con las acciones hasta que sus demandas sean escuchadas y poder permanecer en sus casas con las necesidades satisfechas se convierta en una realidad.
«Seguimos demandando un salario de cuidado y que se mejore la atención para las violencias machistas», dice Dillon.
El 3 de junio de 2015, cientos de miles de manifestantes se encontraron en las plazas de todo el país para exigir un freno a la violencia machista. Sin saberlo, estaban viviendo un momento bisagra en la Argentina. Ese día fue histórico y marcó un antes y un después para la sociedad, propulsando una revuelta feminista de organización y toma de conciencia. Aquel primer Ni Una Menos cristalizó en las calles un grito que se venía gestando lentamente y provocó un estallido social que aceleró un cambio necesario. La marea feminista fue creciendo de manera exponencial, haciéndose sentir en cada espacio y proponiendo una transformación de la realidad entera.
Este año, debido a la pandemia del covid 19, no se podrá salir a las calles. Aún así, más de 60 organizaciones feministas se reunieron en asambleas virtuales y armaron una serie acciones para que el reclamo no pase desapercibido. “Nos sostienen las redes feministas. Vivas, libres y desendeudadas nos queremos” es la consigna para este año.
Marta Dillon, integrante del Colectivo Ni Una Menos y editora del suplemento “Las 12” del diario Página 12, hace un recorrido por lo alcanzado en estos últimos años y para pensar acerca de la movilización virtual.
Tras cinco ediciones consecutivas de marchas multitudinarias y plazas repletas de personas, este año el reclamo colectivo Ni Una Menos no copará las calles. ¿Cómo va a ser la manifestación este año?
Vamos a hacer un vivo en las redes tratando de abarcar todos los hechos que han sucedido desde el 3 de junio de 2015: desde los paros feministas, las huelgas internacionales feministas, el armado de la intersindical, la emergencia de activismos como el de la diversidad corporal, la columna antirracista y otros. Tenemos anotadas más de 48 personas para este vivo que va a durar más o menos cuatro horas. En el medio habrá un ruidazo y la lectura en vivo del documento que se leerá desde distintas organizaciones. También invitamos a colgar banderas y pañuelos de las puertas, de las ventanas, cuando salgamos a la calle para hacer visible que seguimos organizadas y que cuando decimos Ni Una Menos estamos denunciando la violencia machista pero también reconociéndonos entre nosotras y entre nosotres como aliades para seguir en la lucha.
¿Qué particularidades tiene el reclamo este año?
Estamos atravesando una crisis de cuidados. Sabemos que son principalmente las identidades femeninas las que estamos llevando la mayor carga de las tareas de cuidado, tanto en el sistema de salud como dentro de nuestras casas o en las organizaciones territoriales. Hay una enorme carga de trabajo sobre las espaldas de las compañeras y eso necesita visibilización. También seguimos demandando un salario de cuidado y la posibilidad de que se mejore el sistema de atención para las violencias machistas, que está totalmente colapsado. Otro punto importante es el tema de la deuda que es algo que venimos denunciado desde los feminismos porque es un sistema de obediencia. Muchas no pueden salir de los círculos de violencia justamente porque tienen la vida expropiada en función de tener que sostener la vida cotidiana a través del endeudamiento.
La consigna para este año tiene mucho que ver con lo que estabas diciendo de que nos cuidamos entre nosotras.
Así es. Sabemos que muchas de las compañeras que sobreviven cotidianamente a la violencia machista es porque tienen otra compañera que está cerca, que las alienta a denunciar, que las ampara en su propia casa o que consigue generar las redes para poder decirle basta a la violencia machista aun en este contexto tan cerrado que estamos atravesando.Nos cuidamos entre nosotras y entre nosotres. Y demandamos al Estado, por supuesto, pero sabemos que dependemos y que confiamos y que nos sostenemos cotidianamente por nuestras redes.
«Muchas tienen la vida expropiada al tener que sostener la vida cotidiana a través del endeudamiento», señala Dillon.
¿Qué cambios observás desde ese primer Ni Una Menos?
Me parece que hubo un cambio en la escucha y cambió la tolerancia a la violencia machista. Hubo un estallido y después hubo un proceso de crecimiento, un proceso revolucionario en muchos sentidos. Se fue entendiendo que la violencia machista y los femicidios no son hechos que tienen que ver con relaciones interpersonales sino con una matriz política, cultural, económica. Se empezaron a politizar espacios que no estaban ligados al feminismo o donde el feminismo tenía muchos problemas para hacerse oír, como los sindicatos, las escuelas secundarias, en los contenidos culturales.
¿Y qué cambios notás dentro del movimiento feminista?
Lo que ha sucedido en los últimos cinco años es enorme. Estamos discutiendo desde cómo nos enamoramos hasta cómo se compone nuestro sueldo. Las redes feministas se han fortalecido y multiplicado. Empezaron a surgir otros activismos que ya venían dándose pero que, dentro de esa marea feminista que tiene esa capacidad de transformarse y de abarcar y de integrarse con otras narraciones, tuvieron otra visibilidad, otros diálogos y otra potencia. El paro nos permitió pensarnos ya no solamente desde el lugar de víctimas de violencia o de sujetas de asistencia social, sino como productoras de valor y con capacidad de cambiarlo todo y de detener el mundo. Las tareas de cuidado, la división sexual de trabajo, no son conceptos nuevos pero que se pusieron en acto de otra manera en la calle. Y eso después volvió a las casas, a los barrios, a las plazas, a los lugares de trabajo en forma de discusión, de politización, de entender los propios vínculos.
Se estima que el número de femicidios ha crecido en comparación con años anteriores. ¿Qué pasa con la violencia machista en la situación que se está viviendo actualmente?
Sí, los femicidios y las denuncias por violencia aumentan, se hace evidente algo que venimos denunciando desde siempre: que la familia cerrada a los parámetros heteronormativos es la tierra fértil para las violencias, donde la autoridad de padre no es discutida, donde niños y niñas no son sujetos sino objetos y donde las mujeres tienen que sostener la reproducción de la vida como si eso fuera una disposición natural y no un trabajo. La casa no es un refugio para todo el mundo. Fue una de las cosas que se rompió desde el primer Ni Una Menos: que no hay un territorio privado donde las cosas se arreglan dentro, si no que eso también es político y sacar la intimidad del encierro de las casas es lo que nos asegura poder enfrentarnos a la violencia machista. En este contexto de pandemia, donde los varones que construyen sus masculinidad en términos hegemónicos no tienen el afuera para sentirse valorados, descargan sus impotencias dentro de las casas. Lo que no puede ser expresado en las calles implosiona en los hogares y se transforma en violencia machista.
¿Qué rol juega el Estado en todo esto?
Todo esto que estamos hablando repercute en demandas concretas al Estado, que es responsable cada vez que no llega a tiempo a contestarlas. Cada femicidio es una falla del Estado en la protección de esas mujeres o travestis. Cuando hablamos de prevención, pensamos en la ESI (Educación Sexual Integral); en la necesidad de campañas permanentes sobre la prevención de la violencia machista; hablamos de la falta de mensajes dirigidos hacia los varones; hablamos de la falta de una justicia con perspectiva de género. El Ministerio (de Mujeres, Géneros y Diversidad) es una respuesta institucional a una enorme movilización feminista pero no puede ser la única respuesta a nuestras demandas, porque son transversales. La Ley Micaela es una herramienta pero que no puede resolverse solamente con una capacitación de un día, sino que tiene que ser un cambio de perspectiva totalmente estructural.
¿Qué te parecen las medidas que se fueron tomando en la cuarentena?
Me parece que todo es insuficiente. Vos denuncias violencia y te llevan a un refugio y después ¿qué haces? ¿De dónde vienen tus ingresos, dónde vas a vivir, qué pasa si tenés hijes? ¿Qué tipo de red se construyó desde el Estado para los hogares donde hay una sola mujer a cargo y hay niños menores? Falta un plan integral, que entiendo que se está trabajando y que se va a presentar pronto por parte del Ministerio con compromiso de otros ministerios. Nunca en todos estos 70 días que llevamos de cuarentena se mencionó a la violencia machista o a la sobrecarga en las tareas de cuidado de las mujeres en los comités de crisis. Así como se reconoce a los médicos tendría que haber habido la misma mención de lo que significa tener que estar encerrada todo el día en tu casa con la persona que te agrede habitualmente. Tampoco hubo mención sobre lo que sucede con los niños y niñas que están en familias donde hay un abusador sexual o con adolescentes y jóvenes LGBT que están en sus casas y son rechazados por sus familias. El discurso es productor de desigualdades y de jerarquías y de falta de entender la salud como un entramado.
«Lo de los últimos años es enorme: discutimos desde cómo nos enamoramos hasta cómo se compone nuestro sueldo.»
Hace algunas semanas hubo una polémica por una supuesta liberación de presos. Ni Una Menos se declara antipunitivista, ¿qué tienen para decir sobre esta situación?
Dentro de las personas que cambiaron su régimen de libertad restringida, hubo algunas que habían cometido delitos de violencia sexual que fueron a prisión domiciliaria porque se cuenta con la complicidad del sistema penitenciario. Creen que quienes han cometido esos delitos no son en realidad delincuentes peligrosos para la sociedad, sino que han tenido problemas con su mujer, como dijo el gobernador de La Rioja (Ricardo Quintela). Esto habla de cómo todavía no se considera a la violencia machista como un problema político ni estructural. Ahora, que la derecha hable de femicidio solamente para generar pánico social es algo que no podemos aceptar y de ninguna manera se puede decir eso en nuestro nombre. Creemos que la cárcel no puede ser que la única respuesta frente a la violencia machista y frente a los horrores que produce el patriarcado. Pero alimentar sistemas de tortura no va a proteger las vidas de las mujeres, lesbianas, travestis y trans. Habría que revisar quiénes están presos y por qué. Y quiénes están presas: la mayoría de las mujeres y travestis están por narcomenudeo, o sea por delitos relacionados con la pobreza. Se necesita imaginación para pensar la justicia por fuera de la cárcel: una revisión social profunda, prevención y un sistema que pueda ser reparador para las víctimas y que emita mensajes pedagógicos para la sociedad. Hay cosas que no tienen más tolerancia.
Marta Dillon recuerda bien el estallido que significó ese primer Ni Una Menos, incluso para las que ya estaban organizadas hace años. El movimiento feminista, que originariamente debatió sobre el cuerpo, la salud sexual, la paridad y las violencias ahora problematiza y analiza también el colonialismo, el racismo, el equilibrio ecológico y los modos de producir valor. Es mucho lo conseguido desde ese entonces: la Ley Micaela, la Ley Brisa, la Ley de Paridad, el debate por el aborto legal, seguro y gratuito, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, entre otras. Pero, sobre todo, la conquista más grande es el haber logrado que esas voces se escuchen, tengan eco y nunca más vuelvan al silencio. Hijas y nietas de las Madres y Abuelas, de los encuentros y de la organización popular el grito en las calles solo parece expandirse y promete nunca abandonar la lucha. Este 3 de junio, será con esta agenda.
Este martes 17 de noviembre se llevará a cabo un paro de 24 horas convocado por Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad (AMM), la medida de fuerza es impulsada en el marco del reclamo salarial por parte de los profesionales de la salud hacia el Gobierno porteño. A pesar de las numerosas movilizaciones que se organizaron a lo largo del año y del petitorio lanzado vía Change.org, donde firmaron cerca de 200 mil personas, el personal esencial no recibió respuesta.
Al interior de los mismos espacios de trabajo surgen las contradicciones acerca de la situación laboral, lo que dificulta llevar adelante la demanda con un sólido consenso sin que la fuerza se disperse. Como agravante, existe una multiplicidad de sindicatos donde muchos médicos no se sienten representados o, incluso, en algunos casos prefieren no afiliarse. Al respecto Userpater afirma: “Jamás nos han escuchado, siempre han hecho sus arreglos a nivel personal y a los médicos nunca les llega una solución. Estoy hablando a nivel municipal, provincial y privado.” La cuestión es igual o peor en el caso de las mutuales: “Sólo por poner un ejemplo entre tantos, en La pampa las prácticas ginecológicas se pagan 50% menos de lo que se paga por la misma práctica a alguien en Chubut o en Neuquén. Lo que queda para pensar es que depende del arreglo que tenga el colegio médico o el sindicato de cada lugar, sino no hay ninguna razón por la que sea distinto”.
