Jun 30, 2021 | Géneros, Novedades
Pasaron ya seis meses de aquella vigilia que terminó en una de las principales conquistas impulsada por los movimientos feministas. El 30 de diciembre de 2020, el Congreso aprobó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), mientras una marea de pañuelos verdes acompañó el proyecto desde las calles y plazas de todo el país.
Se trataba de resolver una de las deudas más importantes de la democracia: el derecho de las personas a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas.
Desde la mañana del 29, la avenida Rivadavia comenzó a vestirse de brillos y pinturas verdes y violetas, intervenciones callejeras, bailes, bombos y canciones de protesta. Por supuesto, estaba el símbolo de lucha: el pañuelo de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Todas las voces se unían en un sólo grito: ¡Que sea ley!
Sin etiquetas ni discriminación de edades, las mismas personas con capacidad de gestar, que en 2018 se fueron de la Plaza de los Dos Congresos con un sabor amargo, recuperaron el tiempo perdido. Esta vez con un contexto atípico: barbijos, alcohol en gel y en medio de una pandemia. Así, el Senado votó con protocolo a favor del proyecto.
La sesión comenzó a las 16:08 de aquel 29 de diciembre. Empezaba una jornada histórica. La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito cumplió en 2020 su 15º aniversario. ¡Brazos arriba a pesar de los proyectos cajoneados! En noviembre del año pasado, por primera vez, el Poder Ejecutivo impulsó el proyecto para que finalmente el aborto sea ley, sin criminalizar a quien lo solicite.
Se contaban los votos de a uno. El llamado “poroteo” invadía las redes y la expectativa aumentaba. Para las 23 y con los números a favor, en las calles ya se sentía, poco a poco, el deseo en ley. Más de 1.700.000 personas siguieron la sesión por Youtube. Por whatsapp replicaban: “Parece que esta vez sale”.
Más de doce horas y 58 discursos durante la noche y la madrugada del 29 al 30 de diciembre. “Resulta aprobado, con 38 votos afirmativos y 29 negativos y una abstención, se convierte en Ley y se gira al Poder Ejecutivo”, fueron las palabras de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a las 4:12 de la madrugada.
Panorama sobre la aplicación de la ley
Según un relevamiento publicado en mayo 2021 por el Grupo de Estudios sobre Derechos Sexuales y Reproductivos (GEDESyR – UNSAM), la línea telefónica de consultas ( 0800-222-3444 ) del Ministerio de Salud para el acceso a la IVE o ILE indicó que las llamadas se duplicaron luego de la aprobación de la Ley.
“Según el último informe del Ministerio de Salud de la Nación, en el año 2020 se recibieron más de 19.900 llamados a la línea. En el primer cuatrimestre del año 2021, el número de llamadas contabilizó un total de 12.010, de las cuales 7.542 generaron secuencias. En este período, 7.185 fueron consultas por IVE/ILE (95,3%), 210 por métodos anticonceptivos (2,8%) y 147 por otros motivos (1,9%). Los datos muestran el aumento sustancial en el uso de esta herramienta para la atención de IVE/ILE”, amplía Ana Morillo, coordinadora del Área de Salud de Católicas por el Derecho a Decidir.
La Ley también genera un impacto al interior del sistema de salud. “Al 31 de diciembre de 2020, la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (DNSSR) informaba que la cantidad de efectores del subsistema público de salud que habían comunicado la realización de interrupciones legales del embarazo (ILE) eran 907. Cinco meses después -el 31 de mayo-, ese número contabilizaba 1164. Es decir, alrededor de un 30% más”, explica Morillo.
En Entre Ríos, la IVE es practicada por el 70% de las y los efectores de salud.
El informe de GEDESyR ofrece una mirada federal de la ley y arroja datos de diversas provincias. En Entre Ríos, la IVE es practicada por el 70% de las y los efectores de salud. Asimismo, en Córdoba 100 centros de salud realizan IVE. En la provincia de La Pampa, Maternidad e Infancia explicó que se garantiza la gratuidad de los medicamentos; así como en San Juan, el Hospital Marcial Quiroga afirmó que garantizará la IVE. En la provincia de Jujuy aún no se cubre el misoprostol.
En Tierra del Fuego, el Ministerio de Salud informó las vías de acceso para la IVE en Ushuaia, Tolhuin y Río Grande y, según GEDESyR, esta última localidad inició la capacitación de personal. El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires también mostró predisposición a la implementación de la Ley mediante el lanzamiento de una guía para el acceso a IVE, mientras que CABA subió información a su página web sobre cómo acceder a un aborto con o sin causales.
Con respecto al número de interrupciones voluntarias no hay datos estadísticos que puedan reflejar todavía el impacto de la Ley. Sin embargo, el informe muestra que en enero, en la provincia de Neuquén, ya se habían aplicado 10 IVE en el Hospital Heller. También, entre enero y marzo, La Rioja indicó que a la fecha se habían practicado 55 IVE. En el mismo período, se habían realizado 42 interrupciones voluntarias del embarazo en el Hospital Materno Infantil de Salta. También la provincia de Río Negro garantizó 88 interrupciones en General Roca y en Cipolleti.
Sin embargo, a seis meses de la aprobación de la Ley 27.610, en Argentina no hay una efectiva implementación. Durante las últimas semanas, diversos grupos antiderechos presentaron acciones judiciales para frenar que en nuestro país se lleven a cabo abortos ya amparados por la ley.
Río Negro ya garantizó 88 interrupciones de embarazos en General Roca y en Cipolleti.
Soledad Vallejos, escritora y periodista especializada en género, plantea que “lo que tenemos por delante y va a durar bastante es la aplicación cabal en todo el territorio, que haya igualdad para mujeres de todas las provincias argentinas y de todas las jurisdicciones respecto al acceso. Y eso es algo que tiene que garantizar el Estado”, y luego sentencia: «Una vez que lográs la Ley, empieza la peor parte, porque hacer cumplir la ley es la peor parte».
Morillo aporta datos concretos: “Hay más de 30 presentaciones judiciales a nivel local y federal en 13 provincias de nuestro país. Once de esas presentaciones han sido rechazadas por carecer de sustento y no contar con legitimidad procesal alguna”. Las restantes están en trámite.
Vallejos analiza el fenómeno de las reiteradas causas judiciales y explica que, con la legislación aprobada en diciembre del año pasado y promulgada en enero de este año, quienes se oponen a la ley pierden posibilidad de acción en el terreno legislativo; por lo tanto, acuden al territorio judicial de manera deliberada.
Según la periodista, esta es una de las estrategias del sector conservador para obstaculizar la implementación de la Ley. Lo que buscan estos sectores es volver a poner en debate temas sobre los cuales ya existen consensos sociales, como lo es el aborto, que es ley por amplia mayoría. “Todavía estamos viendo estos meses toda la resistencia organizada que sigue intentando boicotear lo que el Congreso sancionó de manera soberana, por abrumadora mayoría, de forma muy sólida”, describe.
Morillo coincide: “Es inadmisible que un juez pretenda frenar una norma nacional surgida del consenso social y de un debate político-democrático sin precedentes en nuestra historia y en cuyo fundamento se recogen normativas sancionadas con anterioridad, como son las leyes de Protección a la infancia, de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, la ley de Derechos del paciente, el Código Civil y Comercial vigente y distintos tratados internacionales con jerarquía constitucional”.
Vallejos explica que este accionar no es nuevo sino que también ha ocurrido con leyes sancionadas en el país con anterioridad. Casi como si armara una línea temporal del último siglo, ofrece como ejemplos el voto de Julieta Lanteri en 1911, el sufragio femenino en los años cincuenta y el matrimonio igualitario hace una década. La periodista sintetiza la resistencia a la ley con una frase contundente: «Ante cada avance de derechos, siempre hay una reacción».
“Es inadmisible que un juez pretenda frenar una norma nacional surgida del consenso social», dice Morillo.
Sean eternos los derechos que supimos conseguir
Para las personas gestantes, esta conquista significa mayor libertad sobre sus cuerpos. “No sólo el derecho a la vida de las mujeres”, decía Pino Solanas en la sesión del Senado en 2018. “El derecho a poder decidir por sus cuerpos, y por qué no, el derecho a gozar de la vida y a gozar de sus cuerpos”. Finalmente, algo más de dos años después de su discurso, el derecho al goce es ley.
Argentina es vanguardia en América Latina en materia de derechos. El pasado 24 de junio se sancionó la Ley de Cupo Laboral Trans-Travesti del 1% en el sector público del Estado. Además de las leyes de género, Argentina forma parte de la lista de los únicos seis países en América latina en los que hoy existe aborto legal: Uruguay, Cuba, Guyana, Guayana Francesa y Puerto Rico.
En 2005 el cantautor argentino León Gieco hacía referencia al caso de Romina Tejerina para poner en debate el acceso a un aborto seguro. “Vamos a bailar que yo ya te perdoné aunque nos quemen en la hoguera como fue una vez”, cantaba Gieco. A seis meses de la madrugada en que nuestros pecados fueron perdonados todavía no hay una implementación efectiva en todo nuestro territorio del derecho al goce, el derecho que supimos conseguir.
Jun 18, 2021 | DDHH, Novedades
“No podemos decir cuántos nietos habrán pasado por esas butacas, escuchando y teniendo en fuero íntimo esa duda, que ahí se daban cuenta que tenían que resolver. Cuántos han pensado: ¿No seré yo algunas de esas personas que están diciendo “yo me llamo… porque sé quién soy”? ¿Yo seré quien soy o seré otra persona?” Estas fueron las palabras de Estela Barnes de Carlotto en el acto inaugural del I Congreso Internacional de Teatroxlaidentidad.
Celebrando 20 años desde su conformación, el brazo teatral de Abuelas de Plaza de Mayo organiza el congreso en el que participan desde ayer y hasta el sábado Liliana Felipe, Jesusa Rodríguez, Daniel Santoro, Adriana Barraza, Bruno Stagnaro, Claudia Piñeiro, Patricia Zangaro, Daniel Fanego, Ricardo Foster, Eduardo Aliverti, el “Bicho” Gómez, Estela Díaz, entre otros artistas, políticos y pensadores.
Se puede acceder de manera totalmente gratuita y virtual a las múltiples conferencias, actividades, obras de teatro, podcast, ponencias, paneles y presentaciones a través de congreso.teatroxlaidentidad.net. “El objetivo es poder ampliar. Poder llegar con las palabras de las Abuelas, la palabra de la búsqueda, a todas partes del mundo desde el teatro. El teatro como herramienta de búsqueda, de sensibilización, concientización y transformación”, dice Andrea Villamayor, integrante de TxI y coordinadora general del evento.
Este año se cumplen 21 años del estreno de A propósito de la duda, la semilla que dio origen un año después al primer ciclo de Teatro por la Identidad y que los conformaría como organización. El movimiento teatral de actores, dramaturgos, directores, coreógrafos, técnicos y productores actualmente está constituido como una ONG, comprometida con la búsqueda de la identidad de los niños y niñas apropiadas por la última dictadura cívico militar, junto a Abuelas de Plaza de Mayo.
“Cuando empezamos con TxI nos interpeló como teatristas, como lo que somos. Entonces empezamos a replantearnos nosotros, también, cuál era nuestra identidad como artistas y como equipo de trabajo”, relata Cristina Fridman una de las fundadoras y parte de la comisión directiva. El vocablo identidad ha sido el hilo conector de todas sus producciones artísticas. Pero durante estas dos décadas el término ha evolucionado dentro de la asociación, consiguiendo que se hable de identidad en un sentido mucho más amplio, asegura Villamayor. Actualmente sus espectáculos tocan una temática directa sobre la apropiación de nietos y nietas, o también temáticas indirectas en donde se tratan otras dimensiones, como la identidad sexual, cultural, animal, social y muchas otras, pensándolas como una práctica de construcción permanente.
Con el cierre de los teatros debido a la pandemia, toda la actividad artística se vio afectada. Sin embargo, durante el último año, Teatro por la Identidad desarrolló 8 formas de identidad. Una experiencia por las redes sociales donde cada semana se seleccionaba una temática relacionada a la identidad. Se convocaba a quien quisiera a presentar un texto, audio o video que expresara una historia, sensación o anécdota. Un jurado seleccionaba los materiales y estos eran representados por actores y coordinados por un director o una directora. El producto final se subía a las redes y era acompañado con una charla en vivo con algún referente de la temática seleccionada. “Fue un trabajo tremendo, pero la verdad que fue hermoso, hermoso. Porque participó gente de todo el país. Esto es lo que permitió también la virtualidad, son experiencias que vienen para quedarse”, comentó Fridman.
Aunque los festejos por los 20 años de la asociación se vieron retrasados por las restricciones, todavía siguen en pie. Con la esperanza de realizarlo de forma presencial, planean en septiembre un festival en el Teatro Nacional Cervantes. En ese marco, se estrenará Idénticos que surge de la convocatoria abierta de micromonólogos. Cada trabajo es una apuesta en sí misma y la totalidad conforma la obra. Para la selección, se llevó a cabo un concurso donde se eligieron trece textos y se convocaron a trece actores y directores que conforman el espectáculo, con la coordinación autoral de Mauricio Kartun y con la dirección general de Daniel Veronese.
Siguiendo con los festejos, para fines de noviembre tienen planeado producir un programa en la Televisión Pública por los 20 años de Teatro por la Identidad. Pero por el momento, consideran al Congreso Internacional como la primera celebración de su trayectoria.
Andrea Villamayor y Luis Rivera López, dos de los impulsores de Teatro por la Identidad.
El evento planeado para los días 17, 18, y 19 de junio tiene como ejes: arte, pensamiento y teatro. Porque si bien comienza desde una perspectiva artística, es organizado junto a la Universidad Nacional de las Artes que completa la experiencia con una mirada académica. Villamayor comenta: “Durante el proceso creativo del Congreso, la idea era mezclar la política, la filosofía, la música y el teatro. Pensamos en todo y creo que eso es lo interesante. Mezclar los distintos pensamientos, los distintos lenguajes artísticos, distintas manifestaciones. Pensamos que los moderadores sean personas con formación académica por el hecho de que el moderador no sea un mero presentador sino alguien que ponga algo en debate, en discusión, que establezca un tipo de orden de oratoria”.
Con el objetivo de incluir diferentes voces internacionales, expondrán miembros de todas partes de Latinoamérica e incluso de Europa. El jueves se realizó la conferencia El Théâtre du Soleil y la identidad: diálogos entre el pasado y el presente con la participación de Jean-François La Bouverie, integrante del Théâtre du Soleil y AIDA (Asociación Internacional de Defensa de Artistas Víctimas de la Represión en el Mundo) y de Liliana Andreone, directora de comunicación del Théâtre du Soleil, presentado y moderado por Moira Cristiá, magister y Doctora en Historia. “Lo que se puede hacer en el teatro ayuda a abrir ventanas en la mente”, expuso Andreone.
La idea de este panel se basó en los esfuerzos individuales y conjuntos para preservar la memoria de experiencias vinculadas al Teatro Soleil, además de la recuperación de elementos de esa trayectoria colectiva y de diferentes iniciativas artísticas de solidaridad internacional, y la conversación sobre la identidad tanto del teatro como del AIDA. “El archivo como memoria de una sociedad, de un grupo, hay que protegerlo, valorizarlo y amarlo. Es una riqueza historiadora, una prueba de vida”, expresó Liliana Andreone y amplió: “lo importante de los archivos en estos cambios de generación, en estos mundos extraños que estamos viviendo, es guardar la historia, ver el camino que se hizo, explicar cosas que en aquella época no se entendían y que ahora, con un paso al costado, se entienden, y pasar la idea a las generaciones del futuro”.
¿Qué lugar ocupa hoy Teatro por la Identidad en la cultura argentina?
Para Andrea Villamayor es “un movimiento de teatro político apartidario, muy sólido, muy conformado y que es referente en la cultura porque nunca perdimos el horizonte, nunca perdimos de vista el objetivo que es la búsqueda de los nietos y nietas, que es la búsqueda de las Abuelas. Podemos decir que somos un organismo de derechos humanos y claramente somos referentes, inclusive cuando hemos tenido la oportunidad de estar en otros países. Es inédito, no existe en el mundo un movimiento como el nuestro que haya durado 20 años”.
Según Cristina Fridman TxI ocupa en la cultura y en la sociedad argentina un lugar muy grande. “El tema de la identidad nos interpela y nos atraviesa a todos y a todas. Es realmente impresionante cómo pega, sobre todo cuando vos lo haces desde el arte. Cómo entra de otra manera la identidad, es algo que lo percibimos y se te mete a través de una representación. El teatro es algo que te llega al sentimiento y a la razón, te moviliza. En la medida que se llenen las salas de teatro como se siguen llenando y ojalá se sigan llenando, quiere decir que a la sociedad le importa y la moviliza”, reflexiona Fridman sobre la potencia teatral. “Esperemos que se siga movilizando y que se encuentren muchos más nietos y nietas. Faltan muchos por encontrar, así que lamentablemente hay TxI durante un tiempo, por lo menos que tenga que ver con la apropiación. Hasta que aparezca el último”, concluye.
Jun 2, 2021 | Novedades, Trabajo
El rubro de los técnicos y staff escénicos es, sin dudas, uno de los más afectados por la pandemia del covid-19 debido a la suspensión de la mayoría de los espectáculos masivos desde las primeras restricciones, en marzo de 2020.
Este imponderable, también, deja al descubierto una generalizada situación que viene dándose en la industria del espectáculo: la precarización e informalidad laboral de muchos de estos trabajadores, lo que motivó que un grupo de técnicos creara hace relativamente poco tiempo el Sindicato Argentino de Técnicos Escénicos (SATE), cuya personería fue reconocida por el Ministerio de Trabajo en julio del 2015.
Fabio “Toby” Peralta (54) es vocal del gremio y un referente en el mundo de los técnicos escénicos. Su trayectoria, de casi cuarenta años, incluye trabajos con María Martha Serra Lima, Los Enanitos Verdes, Zas, Sumo, Memphis La Blusera, Los Ratones Paranoicos y Las Pelotas. Desde hace 22 años es sonidista de Los Pericos. Tony, obviamente, no saldrá indemne de esta crisis que lleva más de un año: “Hicimos [con Los Pericos] apenas dos shows en enero y febrero y gracias a eso estoy aguantando la situación. Esta pandemia nos dejó mal porque, si bien, hemos pasado cosas parecidas en épocas de poco laburo, igual te la arreglabas trabajando con otros grupos. Ahora todas las opciones de trabajo están cerradas. Se frenó todo. Algunos compañeros han tenido que vender sus cosas para bancarla… En mi caso, por suerte, Los Pericos me pagan dos shows por mes fijos, independientemente de que se hagan o no. Pero no todos tienen esa posibilidad. Esta pandemia dejó al descubierto la precarización de nuestro oficio”.
Hasta la creación del SATE nunca se había planteado seriamente la vulneración de los derechos laborales que afecta a los técnicos: “Esto siempre fue muy informal. Con el correr del tiempo todos los ámbitos del espectáculo se fueron profesionalizando menos nosotros, los técnicos. Nuestro trabajo quedó bajo la forma de una changa. Ese es el gran problema que tenemos al día de hoy y que tiene que cambiar porque salvo alguna que otra empresa que tiene empleados en blanco, los demás somos todos monotributistas. Y en esta época de pandemia quedamos en una situación de mierda, sin siquiera poder reclamarle a nadie. Y la verdad es que somos trabajadores y merecemos los mismos derechos que cualquier otro”, comenta Peralta.
Según censos realizados por el SATE, el 85% de los técnicos escénicos están precarizados: “Históricamente, este fue un oficio de amigos. Cuando nos pusimos a pensar en qué iba a pasar con nuestras jubilaciones o en el caso que nos llegara a pasar algo, nos dimos cuenta de la precarización y de que nuestras familias quedarían muy desprotegidas en este marco”, acota Peralta.
La salida improvisada para muchos fue comenzar a trabajar en otras actividades para poder sobrevivir. Algunos de remiseros, otros se han puesto una verdulería, o hacen comidas y repartos. “Entre los que somos sonidistas, salvo por algunos que son técnicos operadores y han podido hacer streaming y por ahí, manejar la situación de otra manera, son pocos los que han podido aguantar sin cambiar de rubro. Hay gente que ha cambiado directamente de oficio, esperando ver si el año que viene empieza a cambiar un poco la situación. Ahora mismo, hay gente que, trabajando en lo poco que hay, está ganando lo mismo que en 2019 y hasta menos”, informa Peralta.
Un caso paradigmático en este punto es el de Mario Samper, un histórico stage manager de 49 años, que trabaja con Las Pelotas, como productor técnico, y como stage de Lali Esposito y del grupo pop MYA pero, en este momento, hace trabajos de herrería. Samper empezó en este ámbito como plomo, en 1991, y ha conocido altas y bajas durante los años pasados junto a Fabiana Cantilo, Illya Kuryaki, Los Pericos, Árbol y los espectáculos de Cris Morena pero no vivió nada parecido a la crisis actual: “Esta situación dejó al descubierto todas las problemáticas de nuestro trabajo. Hace dos años me compré una soldadora e hice un curso de herrería. No lo hice con la intención de trabajar pero cuando empezó la pandemia empecé a hacer trabajos de herrería a través de un amigo que me recomendó a un vecino y así sucesivamente. No llego a tener un sueldo que sea suficiente todavía pero sí me está salvando. Tengo dos hijos. Por suerte mi mujer tiene un trabajo estable en relación de dependencia, entonces con su sueldo –ajustados- podemos seguir viviendo. Hay gente en este mismo rubro que vive sola y que esto es lo único que sabe hacer y que está en verdaderos problemas.”
Nahuel Rodríguez (27), que trabaja como operador de monitoreo de Nahuel Pennisi y productor técnico de MYA, cuenta su difícil situación: “Hasta el año pasado vivía en Villa Devoto pero debido a la falta de trabajo volví a Florencio Varela. El año pasado hicimos apenas dos shows con MYA. Por eso, al tercer mes de iniciadas las medidas por la pandemia empecé a vender pizzas con unos amigos. Con eso fuimos cubriendo algunos gastos hasta que un colega de iluminación consiguió trabajo en una distribuidora de café. En aquel momento, entramos varios del rubro a esa empresa. Trabajamos durante seis meses que fueron eternos. Nos fuimos en septiembre del año pasado y terminaron de pagarnos el último mes trabajado, hace dos meses. Fue traumático más que otra cosa. Ahora estoy haciendo alguna changuita de electricidad, algún arreglo de aparatos electrónicos. Vivo al día, recontra apretado pero la vamos llevando”.
Para el stage manager Alejandro Bertoli (59), la situación actual es peor que la crisis del 2001. Él, que trabajó durante años con Los Paralamas, Los Abuelos de la Nada, Zas, Fito Páez, Charly García, Baglietto, en México con Tania Libertad, Caifanes, Maná, ahora vive de prestado porque se le cortó los trabajos que tenía como stage freelancer y de alquiler de tarimas para espectáculos: “Me ayudan a subsistir mi familia y algunos amigos con la esperanza de que se los pueda devolver en algún momento, cuando todo se reacomode. La verdad es que la situación es crítica. Desde marzo del año pasado, se me acabó todo. Hice el Loolapalooza en 2019 como stage manager del escenario principal del Festival e íbamos a hacer la edición de 2020 y se canceló”.
Mario reflexiona sobre lo angustiante que es perder el trabajo al que uno se dedicó toda su vida: “Una persona de casi 50 años como yo, es muy difícil que encuentre trabajo de otra cosa. ¿Qué podría hacer yo? ¿Abrir un quiosco? Si lo único que sé hacer es esto. Hay compañeros que, incluso, tienen más edad que yo y que hasta tienen menos posibilidades porque no saben hacer otro trabajo que el que hacen con las bandas. También hay gente nueva, pero el 90% estamos pasando por la misma situación”.
Parece un panorama bastante incierto y sin un horizonte claro. Peralta comenta: “Desde el sindicato estamos ayudando a los compañeros, haciendo todo lo que se pueda para ver en qué momento podemos regularizar la actividad. A eso apuntamos nosotros, a los beneficios de cualquier actividad regulada: vacaciones, aguinaldo, tener una ART, estar cubierto, tener una jubilación… lo importante es que esté en un papel. Muchos de nosotros no sabemos ni siquiera si nos vamos a poder jubilar, y en el caso de hacerlo, ¿qué tendríamos que cobrar? ¿La mínima? Porque cobrar la jubilación del monotributo es una locura después de tantos años de haber laburado en el glamour, en el espectáculo, etc…”.
Nahuel, el más joven de los entrevistados, está evaluando la posibilidad de trabajar full time en otra actividad: “La verdad es que nuestra industria estaba destruida y con todo esto va a quedar peor. Ahora, esta situación blanqueó un montón de cosas y vemos lo maltratados que estábamos en distintas posiciones. No creo que cambien mucho esas cosas. Uno se esmeró por hacer las cosas bien, trató de capacitarse, y hoy, no sirve de nada… Nuestro rubro fue bastante ingrato, al margen del coronavirus. Así y todo, me dolería mucho tener que dejarlo. Todos los que trabajamos en esta industria lo hacemos porque lo amamos. Hay una pasión muy grande. Igualmente, siento que es tiempo de encontrar alguna otra cosa para hacer que sea un poco más segura”.
Más allá de lo que pueda afectar una pandemia a cualquier rubro productivo o comercial, lo que esta crisis puso de manifiesto, en nuestro país, es una situación de larga data presente en la industria del espectáculo que, en definitiva, la trasciende, y por ello, permite pensar en la necesidad urgente de incorporar el tema de la regularización laboral del sector a la agenda pública.
May 17, 2021 | Géneros, Novedades
Hace 31 años, la Organización Mundial de la Salud (OMS) quitó a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales y dio origen así al “Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia”, que se conmemora cada 17 de mayo.
Si bien está instalada la palabra fobia –que hace referencia al miedo, aversión o rechazo–, es necesario ponerla en debate: los crímenes cometidos hacia personas LGBTIQ+ son producidos por odio, no por miedo.
Gustavo Pecoraro (56), escritor y comunicador marica, adhiere a esta idea y rememora el caso de Matthew Shepard, un estudiante estadounidense asesinado en 1998 por dos hombres, quienes, en el juicio, confesaron haber cometido el crimen porque él se les había insinuado, es decir, usaron la fobia como argumento.
Pecoraro prefiere utilizar los conceptos de lesboodio, transodio, biodio y homoodio. Tampoco se siente representado por el término “varón”, afirma que está ligado a una cuestión heterosexual. Y cuando se empezó a hablar de la deconstrucción de las masculinidades, se dio cuenta de que a él no le correspondía esa tarea, sino que debía construir su propia identidad. Así fue que decidió reivindicarse como marica.
Consultado por ANCCOM si cree que en algunos ámbitos sigue habiendo más discriminación que en otros, sostiene: “Se siente, está siempre, es como el aire, por eso existe el armario”. Y agrega que por su militancia es probable que si le gritan “puto” lo reciba como “un bocinazo”.
El activista advierte que el avance no es mundial, es desparejo. “En Argentina tenemos un montón de leyes para defendernos, hay abogades y hay gente que está trabajando en la defensa, por más que sea una lucha constante. Hay lugares donde es mucho peor. Hace poco, en un pueblo en Irán, fue asesinado un joven veinteañero por sus primos y hermanos, por su propia familia”, cuenta.
Más de 60 países aún no han reconocido la decisión de la OMS de quitar a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Esto es grave porque significa que un tercio de los estados miembros de la ONU (sobre un total de 193) siguen criminalizando la homosexualidad. Y aunque en América latina la legislación acompaña muchos avances, hoy siguen dándose crímenes de odio. En Brasil, cada 25 horas una persona de la comunidad LGBTIQ+ es asesinada. En Argentina, Tehuel está desaparecido hace más de dos meses.
Más de 60 países aún no han reconocido la decisión de la OMS de quitar a la homosexualidad de la lista de enfermedades.
Discriminación cotidiana
La discriminación también se manifiesta en las dificultades de acceso al trabajo, a la salud, a la educación y a la vivienda. Este último, un derecho básico, es obstaculizado cotidianamente por las inmobiliarias, que suelen rechazar potenciales inquilinos trans y travestis por asociar su identidad a lo promiscuo, al consumo de drogas y a la prostitución.
Ayelén Beker es una cantante y activista trans. A través del arte tuvo la oportunidad de independizarse y de acceder a un alquiler. Sin embargo, la pandemia la obligó a buscar opciones para subsistir y confiesa haber sacado “el traje de puta que las travas siempre llevan en la cartera”.
Hace dos años que vive en el mismo edificio y desde el primer momento sufrió discriminación de una vecina que jamás reconoció su identidad de género. Durante la cuarentena, Beker le abrió las puertas a compañeras que se habían quedado en la calle y repartió viandas, todas acciones que fueron motivos de conflicto.
“Hace unos dos meses, me llamó la inmobiliaria para decirme que mi departamento estaba denunciado como ‘privado’ por el consorcio de vecinos porque recibía muchas visitas. Les dije que nada que ver, que yo vivo en mi casa, y que en todo caso si ella (por la vecina) quería saber si soy puta, me lo preguntara”, relata.
Recientemente, se presentó el Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad 2021-2023, que aspira a ser una herramienta para transformar los factores estructurales que sustentan y reproducen las desigualdades por motivos de género.
Un día llegó al edificio y encontró la entrada empapelada con carteles que anunciaban la prohibición del trabajo sexual. Como justificación afirmaba que el uso de los departamentos sólo podía estar destinado a viviendas familiares. Al mismo tiempo, amenazaban con hacer uso legal de las filmaciones que registran las cámaras del edificio. En otras palabras, amenazaba a todo aquel que fuera invitado por ella. “Que asuman que soy prostituta solo por ser trava, también es discriminación”, subraya.
Indignada, arrancó los carteles y eligió el camino legal. “Quieren sacar nuestro lado más feo: la trava, puta, quilombera. Pero yo no entré en su juego”, explica. Les mandó una intimación, pero el consorcio no cedió. Así, el acoso fue cobrando todas las formas posibles: la acusaron de trata de personas, le bloquearon la llave de entrada, le cortaron los servicios. El hostigamiento persistió y todavía continúa.
“Estoy esperando los tiempos de la justicia, que además no está hecha para nosotras. Espero que se resuelva. Quiero vivir tranquila en mi casa, como cualquier persona que paga su alquiler. No molesto a nadie”, declara.
El suyo no es un caso aislado. Para la comunidad trans, la dificultad para acceder a una vivienda es un problema diario. Son constantemente echados y excluidos. “En la pandemia han venido a dormir amigas que no tenían adónde ir. Es así siempre. Terminás volviendo a la casa de tus padres sintiéndote una vividora, un parásito, porque la sociedad no te deja llevar una vida normal. Siempre estuvimos marginadas”, remarca.
Pese a que el alquiler de su departamento está a su nombre, los trámites previos a firmar el contrato los tuvo que hacer su mamá: “Me pasó dos o tres veces de ir a las inmobiliarias y que me digan que sí por compromiso, pero cuando quise señar ‘el departamento ya se había alquilado’. Por eso le tuve que pedir ayuda”, cuenta. En ocasiones, incluso, le han querido cobrar el doble en pensiones.
“Necesitamos una ley, un amparo para las personas travestis, para que podamos alquilar tranquilas. Nos excluyen de todos lados. Una lo naturaliza y termina creyendo que es normal. Te acostumbrás a irte de todos lados porque sos puta o travesti. La vivienda es lo primordial para las personas. No puede ser que vivamos así, estamos en el 2021 con un gobierno que supuestamente es diverso. Hay que aprovechar las herramientas que tenemos”, opina.
En septiembre del año pasado se anunció el Decreto 721/2020, que establece un cupo laboral trans del 1% en el Estado Nacional. “No debería ser necesario un cupo laboral trans –según Beker–, pero es un avance. A nosotras, las travestis, nos cambia la vida tener acceso a un trabajo. Pero las personas no están capacitadas. Yo estuve trabajando en un camión de vacunación, que entré por un cupo, pero me tuve que ir porque mi coordinadora me hostigaba. Son personas que no entienden que vos entraste sin estudiar por un cupo. Formarte en una sociedad que no está preparada para que una travesti esté en una universidad o en un banco atendiéndote es muy difícil”.
Recientemente, se presentó el Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad 2021-2023, que aspira a ser una herramienta para transformar los factores estructurales que sustentan y reproducen las desigualdades por motivos de género. Mientras tanto, en Argentina, como en el resto del mundo, la comunidad LGBTIQ+ sigue siendo violentada e imposibilitada a acceder a sus derechos fundamentales. Pero en los últimos años la fuerza del activismo logró instalar en la agenda política sus reclamos y el Estado está empezando a saldar la deuda histórica con los derechos humanos.
En 2010, se aprobó la Ley de Matrimonio Igualitario, cuyo debate en el parlamento copó los medios y tras la sanción se modificó la mirada de la sociedad. “Lo importante es el derecho, representa un cambio cualitativo. No solo de los que veníamos peleando, empoderó a las nuevas generaciones y a partir de ahí se formaron decenas de organizaciones en todo el país y todos los partidos empezaron a tener un área de diversidad sexual. Y después llegó la Ley de Identidad de Género, referente mundial para el activismo”, concluye Pecoraro.
Abr 13, 2021 | Comunidad, Novedades
Con 215 votos afirmativos, 7 negativos y 18 abstenciones, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó el pasado 27 de marzo el proyecto de Ley de Educación Ambiental Integral y lo giró al Senado. La iniciativa tiene como objetivo promover la educación ambiental e incorporar, en cumplimiento de la legislación vigente, los nuevos paradigmas de la sostenibilidad a la educación formal y no formal. “La toma de conciencia, el cambio de las acciones individuales y su impacto en lo colectivo es hacia donde se orienta la ley”, explica Cristina Ruiz del Ferrier, titular de la Subsecretaría Interjurisdiccional e Interinstitucional del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
“Por primera vez en la historia de la Argentina vamos a tener a las cuestiones ambientales en las currículas escolares. Ponemos a la educación como herramienta para generar conciencia e involucrar a toda la sociedad en el cuidado del ambiente. Esto es una política pública inédita en nuestro país”, sostiene Leonardo Grosso, diputado y presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano en el Congreso.
Si bien en Argentina ya existen la Ley de Educación Nacional N° 26206 y la Ley General de Ambiente N° 25675 que reconocen el derecho a la educación ambiental, no hay una norma que permita una implementación articulada en todo el país. El actual proyecto busca garantizar que se instrumente y se aplique. Por eso, propone una Estrategia Nacional de Educación Ambiental (ENEA) como herramienta de planificación, coordinada entre el Ministerio de Ambiente y el de Educación.
«Ponemos a la educación como herramienta para involucrar a toda la sociedad en el cuidado del ambiente», dice Grosso.
También dispone la incorporación del Artículo 92 a la Ley Educación Nacional que establecería “la toma de conciencia de la importancia del ambiente, la biodiversidad y los recursos naturales, su respeto, conservación, preservación y prevención de los daños” como contenido curricular común a todas las jurisdicciones. Además, declara el 5 de junio como el Día Mundial del Ambiente, en el cual cada provincia deberá “promover una acción comunitaria en la que se fomente el ‘Compromiso Ambiental Intergeneracional’”.
“Se busca lograr una integralidad que genere conocimiento y conciencia para hacerle frente a una las problemáticas más grandes de la humanidad. La depredación del planeta es escandalosa. No tenemos otro, éste es el único. Y de a poco la humanidad lo está comprendiendo. Estamos llegamos tarde, pero nuestro Gobierno asumió el compromiso y durante 2020 y 2021 tenemos una política ambiental fuerte, con la esperanza de lograr cambios significativos en los resultados y en la conciencia”, afirma Grosso.
La educación ambiental se vuelve prioritaria en un contexto de disputa de los recursos naturales y en el que, según Ruiz del Ferrier, “la pandemia puso en evidencia algo que ya se vislumbraba: debemos cambiar nuestra manera de vincularnos con la naturaleza”.
La Ley de Educación Ambiental Integral ya tiene media sanción de Diputados. Ahora la tratará el Senado.
Martín Vainstein, coordinador nacional de la organización Climate Save Argentina, destaca que están contentos, pero no conformes, con el proyecto presentado. La primera crítica apunta al Artículo 4, que describe los objetivos del Programa Nacional de Educación Ambiental. “En todo el texto se habla de fomentar el desarrollo sustentable pero no se lo define, dando espacio a una zona gris en la que todo puede pasar”, advierte.
El segundo señalamiento es que “el desbalance especista se mantiene”, en tanto no contempla la relación con los animales. “Consideramos que su trato en el marco de la ley sería idóneo por su intrínseco correlato con la relación entre humanos y naturaleza”, declara Vainstein.
Por último, Vainstein expresa su desconfianza hacia la ENEA: “La creación de aún más espacios, donde interactúan distintas instituciones estatales, ralentiza el proceso de implementación”, opina.
A diferencia de Climate Save Argentina, desde Jóvenes por el Clima se manifiestan muy conformes con el proyecto. “Está buenísima la articulación que plantea entre el Ministerio de Educación, de Ambiente y el Consejo Federal de Medio Ambiente. Por otro lado, quiero destacar que la educación ambiental está contemplada en el Artículo 41 de la Constitución Nacional, en la Ley General de Ambiente, así como también en tratados y pactos internacionales. Por lo tanto, es una deuda que teníamos”, remarca la activista Luciana de la Serna.
En tal sentido, Ruiz del Ferrier admite que esta política es una demanda de larga data: “Hace muchos años que desde diferentes sectores se reclama esta ley. La sociedad civil, la academia, los gobiernos locales, todos desarrollan programas de educación ambiental. Pero la existencia de un marco normativo que permita poner en marcha la implementación de una Estrategia Nacional de Educación Ambiental trae la posibilidad de orientar las acciones hacia un mismo objetivo: una Argentina sostenible, lo que significa un presente y un futuro posible para las generaciones por venir”.
La ley establece, además, que cada 5 de junio, Día Mundial del Ambiente, cada provincia deberá “promover una acción comunitaria en la que se fomente el «Compromiso Ambiental Intergeneracional”.
El proyecto de ley fue presentado en el Parlamento por iniciativa del Poder Ejecutivo, lo cual para de la Serna “da cuenta de una toma de conciencia por parte del Gobierno y de una voluntad política de hacerse cargo y hacer algo sobre las problemáticas ambientales: es algo para celebrar”, dice, y también lo es la participación ciudadana que “está implicada y fomentada en esta ley porque su intervención es fundamental en el derecho y en la política ambiental”.
“Muchas cosas que se trabajan en el día a día que están contempladas, como los múltiples cruces entre ecología, sociedad, economía, política y cultura”, reconoce Vainstein, aunque señala que “el Estado es quien debería garantizar el derecho a un ambiente sano y sin embargo es el principal responsable de la creación de vidas y territorios de sacrificio. En el proyecto no hay ninguna mención explícita a su rol en la depredación actual de la mano de los extractivismos, del agronegocio, la ganadería industrial y la extracción de combustibles fósiles”. Y concluye que “si bien hubo apoyo ciudadano, no hubo una alta participación”.
La funcionaria Ruiz de Ferrier habla de una toma de conciencia del Estado frente a las problemáticas ambientales ya que “no hay un planeta B”. “El Gobierno argentino comprendió la necesidad de avanzar en estos temas. Por eso, rejerarquizó la exsecretaría en Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible”, indica.
Aparte de este proyecto, “el Congreso sancionó a fin del año pasado la Ley Yolanda, que obliga a la capacitación en temas ambientales a todos los agentes de la administración pública nacional, de los tres poderes del Estado. Del mismo modo, Argentina ratificó su vinculación con el Acuerdo de Escazú, que es el primer tratado regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales”, enumera Ruiz del Ferrier.
Pese a las discrepancias ideológicas y acerca del contenido, la necesidad de que la educación ambiental sea ley resulta indiscutible por los diferentes sectores. “Es imposible oponerse a una política pública de esta magnitud, por lo tanto, considero que la aprobación no corre ningún riesgo y en pocos días tendremos la ley”, asegura el diputado Grosso.
