La Fiscalía pidió 15 años de prisión para Donda Tigel

La Fiscalía pidió 15 años de prisión para Donda Tigel

El Ministerio Público Fiscal acusó al militar de haber sido partícipe y coautor de la apropiación de su sobrina, Victoria Donda. Durante cuatro audiencias desplegó las pruebas que dan cuenta del conocimiento, participación y ocultamiento del delito.

El Ministerio Público Fiscal pidió, ante el Tribunal Oral Federal N° 6, quince años de prisión para Adolfo Donda Tigel, la pena máxima prevista por el delito de sustracción y ocultamiento de una menor. En este caso, de su sobrina Victoria Donda, restituida en 2004.

“Por todo lo expuesto Adolfo Donda deberá responder como partícipe necesario en la sustracción de una menor del poder de sus padres y como coautor en su retención y ocultación de una menor. Teniendo en cuenta todos los argumentos expuestos hasta este momento y por la gravedad de los hechos solicitamos que se lo condene a quince años de prisión”, fueron las palabras del Fiscal General Pablo Parenti; quien junto al doctor Iván Polaco, finalizaron de exponer su alegato el miércoles último, luego de cuatro audiencias destinadas a tal fin. Semanas antes, la querella de Abuelas había pedido la misma pena luego de un alegato de tres audiencias.

“Solicitamos al Tribunal que se declare expresamente, que los hechos constituyen por un lado un crimen de lesa humanidad, y por otro, que implicaron una forma específica de violencia contra la mujer por su condición de tal, es decir, que se trató de una conducta constitutiva de violencia de género”, agregó Pablo Parenti.

Durante las cuatro audiencias que duró el alegato, los representantes del Ministerio Público Fiscal hicieron un recorrido con testimonios de sobrevivientes y pruebas que sostienen que Donda Tigel prestaba servicios en la ESMA en agosto de 1977, fecha en la que se presume el nacimiento de Victoria. “Vamos a formular nuestra acusación contra Adolfo Donda, dado que a la luz de la prueba producida en este juicio quedó demostrado que fue partícipe necesario de la sustracción de Victoria y coautor de su posterior retención y ocultación”, comenzó en su alegato el doctor Pablo Parenti. 

“Vamos a referirnos a lo que dijo Donda en las indagatorias. Donda se coloca prácticamente en situación de víctima de la Armada. Según él acusado, y así lo dijo textualmente, todos sabían menos él”, subrayó el fiscal. “El sería una víctima de la Armada porque le ocultaron que su cuñada estuvo meses secuestrada en la ESMA, que tuvo a su hija en el lugar y que la beba fue entregada a un integrante del grupo de tareas de la ESMA. Donda, según su versión, sería una de las víctimas de la ocultación y prácticamente podría ser querellante y no acusado en este juicio. La verdadera historia es que no se le ocultó nada, la Armada decidió hacerlo parte de los hechos y él dio claras muestras de fidelidad y compromiso”, sentenció Parenti.

“Las familias estaban desesperadas. Presentaban habeas corpus y hacían mención de que María Hilda “Cori” tenía un embarazo avanzado, obviamente no podían denunciar que estaba secuestrada porque no lo sabían. Sí lo sabía Donda, pero su compromiso era con la Armada y con el plan represivo antes que con su propia familia. Su silencio garantizó que efectivamente el parto, la sustracción y la desaparición de Victoria se produjeran en condiciones de clandestinidad”, explicó en otros pasajes del alegato el Fiscal General. “Donda callaba, pero Leontina, la madre de María Hilda Pérez, se ponía en riesgo y salía a la calle mientras fundaba “Abuelas de Plaza de Mayo” en 1977 en plena dictadura. Muchas de estas mujeres eran vigiladas y desaparecidas nada menos que por integrantes del grupo de tareas de la ESMA”, señaló Parenti.

El fiscal Iván Polaco se refirió a cuando el imputado declaró anteriormente no haber visto a María Hilda en la ESMA y negó cualquier conocimiento acerca de lo que sucedió luego: “Cuando esta fiscalía le preguntó si durante 1976 había desempeñado alguna función en la llamada lucha contra la subversión, dijo que en esa época no podía haber ningún miembro de la Armada que no estuviera afectado a la lucha contra el terrorismo. Frente al tono evasivo de sus respuestas, el presidente del tribunal le preguntó concretamente si cumplió funciones en la ESMA en 1976 y Donda lo negó”. 

El imputado también sostuvo que sus padres tampoco supieron sobre el embarazo de su cuñada. Al respecto, explicó que su hermano había enviado dos cartas a su madre, y que en ninguna de las dos había dicho que María Hilda estuviera embarazada y tampoco lo manifestó en ninguna otra oportunidad. Por lo demás, Donda negó haber visto mujeres embarazadas en la ESMA, así como la existencia de un sector especial para los partos.  

La fiscalía recordó a la testigo María Iris Pérez, tía de Victoria, cuando en este juicio declaró que desde el primer momento se buscó recurrir a Adolfo Donda para que los ayudara. La testigo contó, en este sentido, que “Cuqui”, madre del imputado, recibió un llamado de su hijo José María, avisándole que habían secuestrado a “Cori”, y le dijo específicamente que hablen con el “Doctor Donda”. el pedido de ayuda no podría ser más explícito. Por lo tanto, la versión presentada por el imputado acerca del desconocimiento de sus padres sobre el embarazo se encuentra claramente refutada.

“Cada una de estas afirmaciones dirigidas a evadir su responsabilidad son refutadas por toda la prueba documental y testimonial producida durante este juicio. Además, existe una prueba documental de Donda en la ESMA en 1976, cumpliendo tareas represivas por las que fue calificado elogiosamente y a estas pruebas se le suman testimonios”, concluyó el fiscal Polaco. 

El doctor Pablo Parenti se refirió a la relación entre el acusado y dos protagonistas claves de la apropiación, Héctor Febres (miembro de los grupos de tareas de la ESMA) y Antonio Azic (apropiador de Victoria): “Es claro que Adolfo Donda durante años cumplió funciones en la ESMA. Secuestraba, torturaba y también sustraía a los bebés de otras detenidas que, como su cuñada, tuvieron que pasar por la pieza de las embarazadas, parir allí a sus bebés y después ver cómo se las sacaban de sus brazos para no volver a verlos nunca más. Compartía sus días con Febres, el encargado de las embarazadas. Febres era el que, como el propio Donda hizo con “Cori”, le prometía a las detenidas que sus bebés iban a estar bien y que los iban a llevar con sus familias”.

“Febres era uno de sus compañeros, mejor dicho, uno de sus subordinados durante años, el padrino de su sobrina. Otro de sus compañeros de la ESMA por años, con el que secuestraba, torturaba y también se apropiaba de los bienes de los secuestrados, era Azic, el apropiador de su sobrina Victoria. En este juicio quedó acreditada la relación y vínculo personal que unía a Donda con Azic”, describió Parenti. 

El fiscal general mencionó la declaración del testigo Carlos Muñoz, secuestrado en la ESMA desde noviembre de 1978 hasta febrero de 1980: “La alta valoración que hacían el resto de los oficiales sobre Donda, reafirmaba que evidentemente, algo había, como un plus en el reconocimiento de Donda. Evidentemente estaba asociado al caso de “Cori” que constituye una excepción a la regla en dos sentidos”.

El caso de Victoria presentó dos elementos distintivos. Su madre María Hilda “Cori” Pérez fue trasladada a la ESMA desde otro centro clandestino a cargo de la Fuerza Aérea, varios meses antes de la fecha del parto. La segunda circunstancia distintiva es que se rompió una especie de “regla general” según la cual los bebés nacidos en la ESMA provenientes de secuestros realizados por otras fuerzas regresaban al dominio de esas fuerzas, una regla que parecía inquebrantable, pero aparentemente no fue así, y el caso de Victoria lo demuestra. El incumplimiento de esta regla puede explicarse por el parentesco de Adolfo Donda con la niña y su intervención directa en el caso. “Debe valorarse especialmente el parentesco del acusado con las víctimas ya dijimos que se trata de un caso atroz dentro de lo atroz en el que el acusado mantuvo una lealtad absoluta a los planes criminales de la Armada a pesar de que afectaban gravísimamente a su familia. Estamos hablando de una conducta que implicó callar, ocultar a su familia que su cuñada iba a ser obligada a parir en la ESMA y de que su cuñada iba a parir allí en esas condiciones, mientras su hermano desaparecido enviaba mensajes a su familia implorando su ayuda. Le dijo a su cuñada que se quedara tranquila, que su bebe iba a ser llevado con sus abuelos. Pero luego de que se la arrancaron de sus brazos, se la entregaron a un integrante del grupo de tareas, a quien (Donda) veía cotidianamente por años. Él siguió ocultando los hechos frente a su papá, su mamá y frente a Eva Daniela, esto también debe reflejarse en la pena a aplicar”, finalizó Pablo Parenti.

Con toda la prueba desplegada, el Ministerio Público Fiscal pidió quince años de prisión para el acusado, la misma pena que solicitó la querella de Abuelas de Plaza de Mayo. El juicio continuará el miércoles 20 de diciembre con el alegato de la defensa del acusado. 

Abuelas de Plaza de Mayo pidió 15 años de prisión para Donda Tigel por la apropiación de su sobrina

Abuelas de Plaza de Mayo pidió 15 años de prisión para Donda Tigel por la apropiación de su sobrina

En el alegato, acusaron al militar de haber sido partícipe de la sustracción, coautor de la retención y ocultamiento de Victoria Donda, nacida en la ESMA.

«Solicitamos que Adolfo Miguel Donda Tigel sea condenado a la pena de 15 años de prisión por la sustracción, retención y ocultamiento de su sobrina, Victoria Analía Donda Pérez», cerró su alegato Emanuel Lovelli, representante legal de Abuelas de Plaza de Mayo, junto a Carolina Villella, en el juicio por la apropiación de la hija de los militantes aún desaparecidos, María Hilda “Cori” Pérez y José Laureano Donda.

El alegato de Abuelas de Plaza de Mayo se había iniciado el 30 de octubre, con un relato del contexto y puesta en valor del testimonio como prueba fundamental de los juicios de lesa humanidad. Continuaron el lunes siguiente, 6 de noviembre, con el relato de la prueba desplegada durante el debate oral y, como no alcanzó el tiempo, la pena fue solicitada el miércoles en una audiencia adicional.

En la audiencia del miércoles, Lovelli se centró en el año 1978 donde testigos sobrevivientes aseguraron haber visto a Adolfo Donda en la Esma en su rol de jefe de operaciones del lugar. Es importante mencionar que los testigos asumieron que anteriormente no sabían quién era, solo lo tenían identificado visualmente y que en 1978 lograron unir un nombre con una persona. “Habiéndose demostrado su presencia en la ESMA como jefe de operaciones, y su presencia permanente, consideramos que Donda Tigel debió conocer la presencia de su cuñada María Hilda “Cori” Pérez en ese lugar y, obviamente, su estado de embarazo”, señaló Lovelli. El abogado de Abuelas de Plaza de Mayo recordó los dichos del testigo Lisandro Cubas, uno de los sobrevivientes que declaró: “En un segundo encuentro con Cori, que la había visitado su cuñado, yo le pregunto quién era, pensando que era otro detenido, y me dice que no, que era el hermano de “Pato”, que era marino, y estaba ahí, y que había ido a hablar con ella. Entonces me dijo que él le comentó que se quedara tranquila que a la niña la iban a entregar a la familia. Para ese entonces, Victoria ya había nacido. Yo cuando entré, la vi al costado de la cama, estaba en una cunita, en una canastita”.

El abogado de la querella trajo a la audiencia el momento en que la familia Donda recibió una carta en 1977 que al día de hoy se encuentra perdida. María Iris, “la tía Mary”, de Eva Daniela y de Victoria, en su declaración planteó: “Cuqui recibió una carta, se la tiraron por una ventanita. La carta decía: ´Estoy muy triste, estoy durmiendo hasta en baldíos, tirado para que no me encuentren y sumamente angustiado, porque no sé qué vejámenes estará sufriendo mi señora, y si habrá nacido mi hijito o mi hijita. Si irá a nacer, si la dejarán llegar a tenerlo´. Él estaba muy triste y pedía a las familias que no se peleen, que cuiden bien a Daniela, por favor”, en referencia a la primera hija del matrimonio, que finalmente crio el tío represor.

Leontina, la madre de María Hilda Pérez, en 1977, estando su hija secuestrada, presentó un habeas corpus y fue a Aeronáutica a buscar a su hija, con un pañuelo blanco. “Obviamente que nadie puede creer que la familia Donda no sabía y que Adolfo Donda no supiera, más estando Donda en funciones. Y sabiendo ya la familia que estaba en Aeronáutica. Nadie le va a decir Adolfo, ¿no conoces a alguien de Aeronáutica que nos dé una pista?”, señaló Lovelli y agregó: “Mire si Donda no tenía razones para ir en el 77 a la ESMA. Estaba su cuñada embarazada secuestrada”.

La querella no dejó de mencionar el “inconveniente” que Donda tuvo con su hermano, refiriéndose a que tuvo que comunicar a su superior que tenía un hermano militante de la organización Montoneros. En la primera indagatoria a Donda se le preguntó por qué le trasmitió sus inquietudes a su superior, respecto de José María. La respuesta del imputado fue que debía denunciarlo para que lo investigaran y que no tenía intención de encontrarse con su hermano, porque de encontrarlo en actividad “seguramente iba a tener que actuar en consecuencia”. En las palabras del propio Donda Tiger “no había excepciones, ni siquiera de sangre”, con estos dichos toman nuevamente veracidad las aseveraciones de los sobrevivientes.

El alegato de la querella resaltó que resulta poco creíble que Adolfo Donda diga que dos personas le dijeron -cuando ya había pasado un año de la desaparición de su hermano y su cuñada- que las víctimas estaban bajo la órbita de Fuerza Aérea y que, seguramente, su hermano y su cuñada ya estaban muertos. “Le pudo haber preguntado a todo el mundo en la ESMA dónde estaba su cuñada, qué había pasado con su hermano. Reitero, pudo haber ido a Aeronáutica, como han ido todos los familiares de los desaparecidos que siguen buscando respuesta del Estado y que no saben dónde están, y que no sabemos dónde están muchos de los 30000”, resaltó la querella de Abuelas.

“Acá hay una dualidad muy extraña, estamos hablando de un familiar porque en definitiva es el tío Victoria, pero también es un miembro de la represión que elige el pacto de silencio, y Victoria hoy sigue sin saber qué día nació”, reforzó Lovelli y se preguntó ante el Tribunal Oral Federal 6 –integrado por Ricardo Basílico, Daniel Horacio Obligado y Gabriela López Iñíguez-: “¿Cómo podría justificar no saber dónde estaba Cori y dónde estaba su propio hermano? Eso determinó el accionar de Donda y su participación en la retención y el ocultamiento de Victoria. También determinó asegurarse la crianza de su sobrina en un grupo familiar ajeno al de su pertenencia. Y más aún, no solo eligió otro grupo, sino que eligió el suyo propio, entregándosela a un camarada. Porque la relación con Juan Antonio Azic (el apropiador de Victoria) evidentemente era estrecha. Le entregó la bebe a un subordinado, alguien que podía dominar, a alguien con quien había robado bienes a las personas secuestradas y desaparecidas. Esto fue así porque fue un acuerdo”.

Entonces, Lovelli concluyó: “Creemos que está altamente demostrada la participación y la responsabilidad de Adolfo Donda Tigel en los hechos que perjudicaron y tienen como víctima a Victoria Donda Pérez. Vamos a efectuar nuestra acusación como partícipe de la sustracción, coautor de la retención y ocultamiento de Victoria”.

Antes de culminar, la abogada de Abuelas, Carolina Villella, eligió recordar dos pasajes del testimonio de Victoria que contiene un pedido concreto a su tío y represor Donda Tigel y leyó la declaración de la víctima: “Le voy a decir que lo único que yo quiero saber es que nos digan dónde están. Que rompan el pacto de silencio que lo único que muestra es que eran varias bandas que se sirvieron del Estado para delinquir con los peores crímenes que la humanidad conoció y que por esta sociedad que pelea y que va a seguir peleando por la democracia es que hoy están siendo juzgados. Espero que la condena sea rápida y que en tus últimas palabras tengas el valor de afrontar lo que hiciste y dejar de esconderte detrás de una supuesta tarea de chofer de lujo que desconocía donde iba cada uno de los detenidos desaparecidos”. Villella concluyó: “Es por todo ello que entendemos que corresponde aplicar a Donda Tigel el máximo de la pena prevista para estos delitos, por lo que solicitamos que Adolfo Miguel Donda Tigel sea condenado a la pena de 15 años de prisión por la sustracción, retención y ocultamiento de su sobrina Victoria Analía Donda Pérez”.

A diferencia de otras audiencias, en esta, la querella pudo terminar su alegato sin interrupciones y provocaciones del abogado defensor Guillermo Franco, famoso por las dilaciones y exabruptos. El lunes 30, la querella de Abuelas debió soportar un planteo por la lectura del alegato sobre delitos ocurridos hace cuatro décadas.

Mientras Vilella recordaba los cargos de los que se imputaba a Adolfo Donda Tigel, mencionó la utilización de seudónimos entre los agresores para encubrirse y la destrucción de documentos que pudieran perjudicarlos. “Se escuchó al mismo Donda Tigel decir que operaba con el seudónimo de ´Palito´”, señaló la abogada de Abuelas en aquella audiencia, mientras acomodaba sus papeles. Entonces, Fanego aprovechó que la abogada se detuvo cuando daba vuelta la página del documento, para quejarse ante el Tribunal por la lectura de los alegatos: “No es aceptable ni admisible que se lea un alegato. Doctor le pido que llame la atención a la querella, para no tergiversar el proceso”, interrumpió con su habitual actitud provocadora. El presidente del Tribunal de inmediato respondió:

-De acuerdo a la extensión del juicio, como se hicieron en los demás juicios de lesa humanidad y delitos complejos, el Tribunal no tiene inconveniente en que se pueda tener memoriales o leer parte de ellos.

-En la audiencia anterior yo no me opuse a que el letrado leyera indicaciones precisas, pero transformar el alegato en un discurso político leído me parece que no cumple con la forma en la que debe formularse un alegato- insistió Fanego.

-Doctor, me parece impertinente interrumpir el alegato. La presidencia resuelve que la querella pueda continuar con la lectura de acuerdo a la complejidad, a la extensión, a los detalles que debe referenciar y a lo que sea necesario dar lectura. Estamos en un juicio oral que tiene particularidades, tal vez la extensión, la complejidad, sin que ninguna de las partes tenga restricción en la utilización de los medios que crea conveniente para poder llevar adelante su ministerio, así lo resuelvo – cerró ofuscado el presidente del Tribunal.

Pero Fanego continuó: “Entonces considero que debe correr el traslado a las partes sobre todo para que el Ministerio Público Fiscal se expida en cuanto a la legalidad de los actos”. El fiscal Pablo Parente, también acordó con el Tribunal. Luego de la puesta en escena virtual -porque el abogado ni siquiera se tomó y trabajo de acercarse al Tribunal- el presidente hizo un cuarto intermedio y pasó a deliberar, rechazando una vez más el absurdo planteo de la Defensa.

Entonces Vilella pudo continuar: “En este proceso se juzgan gravísimas violaciones a los derechos humanos y estas circunstancias son relevantes porque es por eso que las declaraciones testimoniales tienen un valor de inmensa trascendencia, y en particular nos referimos a las declaraciones que han hecho las víctimas en el proceso”. Y señaló: “Queremos dejar en claro que cuando nos referimos a víctimas, nos referimos a las personas damnificadas en forma directa, a sus familiares, a quienes sufren o sufrieron lesiones físicas, mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera y esto es siguiendo las definiciones de Naciones Unidas, también consistente con la definición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

EL miércoles último, la querella de Abuelas de Plaza de Mayo pudo dar cuenta de la responsabilidad de Donda Tigel en la apropiación de su sobrina y, en consecuencia, pidió la máxima pena. El miércoles 22 de noviembre, a las 13 horas, será el turno de los alegatos de la Fiscalía, para posteriormente escuchar a la Defensa.

¿Qué pasó con las familias desalojadas de Guernica?

¿Qué pasó con las familias desalojadas de Guernica?

A tres años de la toma de tierras el Gobierno provincial está construyendo 160 viviendas en el predio para aquellos que fueron desalojados . Los beneficiarios reclaman que sus abogados y arquitectos participen del proyecto.

Archivo 2022. 

Corrían los últimos días de julio del 2020 en la localidad de Presidente Perón cuando un grupo de familias ocupó 100 hectáreas en el barrio Numancia de Guernica en plena pandemia del covid-19. Tres meses después se produjo el desalojo con una feroz represión de Policía Bonaerense. ANCCOM quiso saber qué pasó con aquellas demandas por viviendas.

El 29 de octubre del 2020 se produjo el operativo del que participaron cuatro mil policías. Las casillas de los ocupantes fueron derribadas y algunas incendiadas por efectivos de la Guardia de Infantería. También reprimieron con disparos de balas de goma a las 300 personas que se resistían a abandonar los terrenos con pedradas e insultos. Hubo decenas de detenidos acusados de los delitos de resistencia a la autoridad y usurpación.

A finales de mayo de 2022 el gobernador Axel Kicillof anunció que el gobierno provincial destinaría 1.098 millones de pesos para edificar 160 viviendas de las cuales ocho serían para personas con discapacidades, en un proyecto que incluía veredas, forestación y equipamiento para el barrio, en el mismo predio donde dos años atrás unas dos mil familias sin vivienda habían sido desalojadas. 

los vecinos concurren al predio con frecuencia para ver si hay avances en la obra de construcción. «Ya había un proyecto, estaba aprobado, hubo licitaciones, se empezaron a construir las casas, son dos partes, una de 160 viviendas y la otra de 600 y pico, pero aún así no llegaría a resolver la totalidad de esos vecinos que se organizaron y estuvieron ahí en la recuperación», precisó Torrado.

Los beneficiarios proponen armar una comisión de seguimiento de avance de obra, «un proyecto de barrio comunitario, el cual claramente nos rechazaron y es todo bastante como ilógico, porque ellos nos rechazan este proyecto, nos desalojan y después nos dan las propuestas de estas viviendas en el mismo territorio de donde nos sacaron», dijo la mujer. La idea es obtener un nuevo compromiso del gobierno provincial y municipal para que los profesionales, como arquitectos y abogados de derechos humanos, puedan ser parte de esta comisión y así seguir acompañando a las familias.

Ana Torrado es de las mujeres que aguardan una solución habitacional. 

Nicole Salvatierra, de la Asamblea Permanente de Guernica, precisó que en el mismo predio donde los desalojaron se están construyendo viviendas que serían entregadas para las familias de Guernica en un plazo que está atado a dos licitaciones. Una finalizará en noviembre de este año, y la otra en abril del año 2024. Agregó que habrá una entrega parcial a los vecinos que firmaron el acta, por sorteo, y destacó que «la siguiente pelea que estamos dando en este momento es por todos los demás».

Ante esta problemática y a partir de Ley de Acceso Justo al Hábitat, el Estado Nacional comenzó con la ejecución de un proyecto de construcción de viviendas, el cual está en proceso con las primeras 160 de las 853 licitadas, por lo que en la actualidad las familias continúan sin un techo para dormir, comer o bañarse. Ya fueron realizadas las tareas de desmalezamiento, cercado, tendido eléctrico e instalación de luminaria en la zona. El pasado viernes 27 de octubre, en coincidencia con los tres años del desalojo, algunas de las familias de Guernica fueron al municipio de Presidente Perón para exigir la concreción de las promesas de urbanización y entrega de viviendas con servicios.

Paula Delfino y Yamila Rodriguez Alagastino. 

Paula Delfino es autora del libro Recuperación de tierras de Guernica. Experiencia y perspectivas desde el trabajo social, junto a Yamila Rodríguez Alagastino. En diálogo con ANCCOM señaló que en la actualidad en Guernica siguen las familias organizadas, y están reclamando para que se pueda efectivizar la entrega de las viviendas. En distintos momentos hubo promesas de los lotes de adjudicación de viviendas, pero todavía no fue concretado. “La lucha sigue y están en ese proceso de seguir demandando al Estado que cumpla con lo prometido», apuntó Delfino. Las escritoras explicaron que su libro pretende ser un aporte que permita entender cómo fue el proceso de organización comunitaria para que miles de familias recuperen tierras en Guernica, así como para «abrir el debate en torno a la responsabilidad del Estado y la intervención de profesionales en conflictos por la tierra y la vivienda».

Por su parte, Neka Jara, militante autonomista, popular y feminista, señaló que en ese momento «fue muy difícil, porque no hubo una política que accediera a una posibilidad de negociación que tenga que ver con el acceso a la tierra, a una casa para vivir». Jara participó desde el área de salud en la asistencia de las personas accidentadas y heridas. «Sentí mucha desolación, la represión marcaba un camino de mucho abandono, de una exposición de una fragilidad enorme a toda esa población», dijo. A su criterio, “con la lucha hay que seguir exigiendo el derecho a la tierra, al hábitat y el derecho a construir nuevas relaciones”

 

Presentan un proyecto para legislar el negacionismo

Presentan un proyecto para legislar el negacionismo

Este martes se hará pública una iniciativa de Ley Integral contra el Negacionismo que busca combatir los discursos de odio y la apología de los crímenes de lesa humanidad. El debate sobre el punitivismo y qué pasa cuando son los funcionarios públicos quienes banalizan un genocidio.

La reciente proliferación del discurso negacionista respecto a lo ocurrido durante la última dictadura cívico-militar en la Argentina preocupa a parte de la sociedad que creía saldada la discusión acerca de los crímenes cometido en el marco del terrorismo de Estado, delitos de lesa humanidad que vienen siendo juzgados y sancionados por la justicia nacional e internacional, desde hace más de 20 años. 

Los organismos de Derechos Humanos ven con preocupación expresiones negacionistas y apologistas del terrorismo de Estado, como también los discursos y acciones de odio, que proliferaron en los últimos tiempos. En ese contexto, el próximo martes 7 de noviembre presentarán un proyecto de Ley Integral contra el Negacionismo que busca combatirlo “a través de la educación, previniéndolo y erradicando los discursos de odio, poniéndole un límite a quienes respaldan el negacionismo como la etapa final del genocidio y defendiendo la democracia que tanto nos costó conseguir y nos cuesta defender”. Carlos Charly Pisoni., referente de H.I.J.O.S Regional Capital y uno de los impulsores del proyecto, explicó: “A partir de comenzar a estudiar y a entender los negacionismos en el mundo, pudimos redactar un proyecto de ley que tiene una base en la educación con derechos humanos, cuyo objetivo es que todos sepamos lo que se vivió en este mundo y que no vuelva a ocurrir, ese es el principal objetivo referido a los crímenes contra la humanidad”.

ANCCOM conversó con investigadores, historiadores y docentes en genocidios para reflexionar sobre cómo frenar esta ola de expresiones que incitan al odio y la negación de crímenes de Estado.

Una posible respuesta se encuentra en el ámbito legislativo; promulgar una ley contra el negacionismo, como proponen algunas organizaciones de derechos humanos. Este es el camino que han tomado países como Alemania, Francia, Austria y Suiza, que cuentan con leyes que penalizan la negación y/o la apología de crímenes de lesa humanidad perpetrados por el nazismo. Actualmente, en Argentina hay tres proyectos de ley que plantean sanciones similares: lapso mínimo de prisión, multas y, en el caso de funcionarios públicos, inhabilitación para ocupar cargos públicos por cierto tiempo. Algunos hablan de establecer una capacitación sobre genocidio y delitos de lesa humanidad obligatoria para funcionarios públicos que ejerzan como máximas autoridades de los tres poderes o que resulten sancionados por la misma ley.

Héctor Shalom, director ejecutivo del Centro Ana Frank, expresó que, en lo que concierne a funcionarios públicos y comunicadores, “el negacionismo en la voz de personas con incidencia en la opinión pública orientadas a la construcción de violencia, a la incitación a la violencia, al odio, a la apología del odio y de la violencia, debe ser sancionada”. Shalom marcó una distinción entre las personas que generan este tipo de discursos y las personas “que lo replican acríticamente”, por lo que también se diferencian las maneras de contrarrestar el negacionismo. Considerando al negacionismo como discurso de odio, y que como tal está fuera de lo que comprende la libertad de expresión, Shalom dijo que, en el caso de los que expresan estos dichos, “el discurso del odio es un acto fáctico que debe tener una respuesta fáctica de sanción” y que no sancionar estos discursos es dar “un mensaje al sujeto y a todos los demás que observan el accionar de ese sujeto”. También señaló que “paralelamente debe haber una estrategia educativa sobre qué significa el discurso de odio, qué significa el negacionismo, la distorsión, la banalización, qué implicancias tiene, qué consecuencias genera”.

Por otro lado, Marcelo Musante, sociólogo y docente que forma parte de la Red de Investigadores sobre Genocidio y Política Indígena en Argentina, no parece estar tan seguro de que una ley contra el negacionismo sea el camino y opinó que una consecuencia de promulgar una ley de este estilo sería darle a la gente que promueve discursos negacionistas “espacio para que se victimice, y que termine yendo a los programas de televisión, organizando marchas al respecto”, pero que “quizás en lo que tiene que ver con los discursos de los funcionarios, uno podría llegar a pensar algo que vaya en ese sentido”. 

Jonathan Karszenbaum, politólogo, docente y director ejecutivo del Museo del Holocausto de Buenos Aires, en el mismo sentido que Musante, expresó que «evaluaría si después de cinco, diez años, el efecto de la ley fue que se multiplicaran los recursos negacionistas y las sanciones negacionistas» y afirmó: “No creo que sea efectivo, el punitivismo al negacionismo en general. Sí me parece interesante cuando se trata de funcionarios públicos, y con sanciones, como multas o de prohibición o restricción en la función pública, y tal vez no con penas de cárcel. Porque el funcionario público sí debe reconocerse parte de un Estado con una trayectoria, con una historia y con sus propios reconocimientos”. Quien también coincide con la idea de una ley que no sea punitivista es Alex Hadjian, director de comunicación del Centro Armenio de Argentina, quien señaló que él estaría más a favor de que se tomen medidas como que “no se pueda estar en un cargo público y tener discursos negacionistas. Debe formarse a esa persona que expresa públicamente discursos negacionistas en relación al crimen de lesa humanidad sobre los que se manifestó. No simplemente sancionar a esta persona y que siga pensando igual, que entienda el error que está cometiendo. Me parece tocarlo desde ese sentido”.

En general, los consultados coincidieron en la importancia que tiene la educación a la hora de contrarrestar el negacionismo, tanto como complementando las sanciones a las que daría lugar una ley, como herramienta principal que tendría una ley más pedagógica. El doctor en historia e investigador del Conicet Mariano Nagy explicó: “Las personas más jóvenes no vivieron en dictadura, más de la mitad de la población no vivió la dictadura y le queda lejanísimo” y, por eso, subrayó la importancia de las políticas educativas y la necesidad de seguir generando material pedagógico sobre la última dictadura cívico-militar para acercar a las nuevas generaciones a ese período, ya que la escuela suele ser el ámbito en el que hablan sobre la dictadura por primera vez. Musante coincidió en esto último y planteó que “si queremos avanzar contra estos discursos negacionistas y de odio, se construye con la memoria, con más trabajos en las currículas escolares, con más exposición pública”. Y agregó: “Pero no imagino que una ley lo resuelva”. Karszenbaum también coincidió en que “La alternativa siempre es el camino educativo. El museo es una propuesta y se percibe así, entiendo que toda la tarea que hacen en los sitios de memoria en la Argentina también tiene esa impronta”. Aunque agregó: “La amenaza del discurso negacionista está y es verdad que no se soluciona con una visita al museo”. Aunque duda sobre la eficacia de una ley, sostuvo que prefiere que haya una ley a que no la haya.

Otro punto abordado fue qué genocidios debería abarcar una ley contra el negacionismo. Para Héctor Shalom es sumamente importante que la ley “debe involucrar a los procesos de negación, distorsión y banalización de la dictadura cívico militar más aquellos genocidios, crímenes de lesa humanidad o manifestaciones masivas de discriminación que atraviesan diferentes minorías”. Alex Hadjian también expresó que este punto le “parece sumamente importante ampliarlo y generalizarlo hacia todos los crímenes de lesa humanidad”. Por su parte, Mariano Nagy expresó que “el tema de que incluya procesos locales es fundamental”, refiriéndose a que la ley trate también sobre los genocidios sufridos por los pueblos originarios.

En este sentido, el historiador Marcelo Musante destacó la importancia del abordaje comparativo de los genocidios: “Si uno puede trabajar en los distintos genocidios, como el armenio, como la Shoá, me parece que también nos puede servir. Uno cuando analiza las masacres de Napalpí y de la Bomba, por pensar en dos procesos judiciales que tienen sentencia de crimen de lesa humanidad en el marco de genocidio, ambas masacres, por ejemplo, tienen cosas muy distintas, perotambién muy similares. El modo en el que la prensa fue construyendo con anterioridad a la masacre la idea de la peligrosidad del indígena, cómo todos esos discursos mediáticos habilitaron efectivamente la represión, y cómo después esos discursos mediáticos la invisibilizaron y la negaron, y que son discursos que podemos ver en lo ocurrido ahora con Rafael Nahuel o cuando fue la desaparición y asesinato de Santiago Maldonado en el lof en Resistencia de Cuyá. Entonces, me parece que estudiar los genocidios en claves comparativas nos pueden permitir también empezar a ver cuando hay ciertas cosas que empiezan a repetirse”.

En ese sentido, Carlos “Charly” Pisoni, explicó que el proyecto de ley contra el negacionismo que se presentará mañana busca “tipificar el negacionismo en el Código Penal, que esa tipificación sancione a los funcionarios públicos que nieguen, relativicen, minimicen los crímenes de lesa humanidad reconocidos por el Estado Argentino, y que la pena sea la inhabilitación en el cargo de seis meses a cuatro años”. Y aclaró que el proyecto “busca la educación en derechos humanos dándole al INADI la funcionalidad de poder trabajar el tema en sus misiones y funciones. Que se implemente una ley de capacitación obligatoria para todos los funcionarios del Estado, como la Ley Micaela”, ejemplificó. Y destacó la amplitud del proyecto: “No es una iniciativa solamente de organismos de derechos humanos, sino que al implicar los negacionismos de todos los crímenes de lesa humanidad reconocidos por el Estado es un proyecto muchísimo más amplio”.

La memoria argentina es patrimonio de la humanidad

La memoria argentina es patrimonio de la humanidad

La UNESCO declaró al Sitio Memoria ExEsma como patrimonio mundial. Es un reconocimiento, además, a las políticas de derechos humanos desarrolladas por la Argentina durante los 40 años de democracia. La mención llega en un momento donde proliferan los discursos negacionistas en medio de la campaña electoral.

La UNESCO declaró este martes al Museo Sitio de Memoria ESMA Patrimonio de la Humanidad, en la 45° sesión extendida del Comité del Patrimonio de la Humanidad en Riad, Arabia Saudita. Desde la secretaría de Derechos Humanos de Nación, el secretario de esa cartera, Horacio Pietragalla Corti, señaló: “Se trata de un hecho de una relevancia única dentro de la historia argentina y regional, que sienta un precedente para seguir dando ejemplo en el mundo con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia”. Expresó además que el Museo representa a todos los Espacios de Memoria del país y de la región, y que esta declaración se trata de un homenaje a “esos miles de desaparecidos que tiene nuestro continente”. Además, señaló que “constituye una contundente respuesta frente a los discursos que niegan o buscan relativizar el terrorismo de Estado y los crímenes de la última dictadura cívico-militar”.

 La votación

El Comité, que comenzó a sesionar el 10 de septiembre último, ha estado votando desde el 16 del mismo mes las propuestas para nuevas incorporaciones a la lista de Patrimonios de la Humanidad, para la que el Museo había presentado su expediente de nominación en enero de 2022. Esta votación está a cargo del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos, por sus siglas en inglés).

Alrededor de las 11 de la mañana del martes, el comité comenzó con la revisión de la propuesta argentina para la inclusión del Sitio Memoria a esta lista, sobre la que ANCCOM ya ha publicado anteriormente. El presidente del Comité, el doctor Abdulelah Al-Tokhais, comenzó señalando que al expediente se habían integrado algunas correcciones factuales, y explicó dónde se encuentra la ex-ESMA y lo que ocurrió allí durante la última dictadura cívico-militar argentina, marcándola como uno de los sitios más emblemáticos del terrorismo de Estado en el Cono Sur. Como tal: “Es de suma importancia para la memoria de las víctimas y es significativo por la resonancia global de los eventos de ese período de la historia argentina”, aseguró. Icomos también marcó que “la nominación incluye una expansión del área protegida”, lo que implica no sólo el resguardo de lo que fue el Casino de Oficiales, donde se mantuvo cautivas a más de 5000 personas, sino que contempla el resguardo del predio de la Esma, que lo contiene.

Icomos recomendó que el sitio sea incluido a la lista, basándose en el sexto de los criterios de selección de la UNESCO para la inclusión de un sitio a su lista de Patrimonios de la Humanidad, que “trata sobre sitios directa o concretamente asociados con eventos o tradiciones vivas, con ideas o con creencias, con trabajos artísticos y literarios de destacada importancia universal”. Luego, representantes de otros países presentaron sus comentarios. Los embajadores de Japón ante la UNESCO expresaron que se trata de una de las nominaciones más aptas y que es un ejemplo a seguir para otras naciones. Los embajadores belgas marcaron la importancia del momento como un hito, agregando que esperan que la exESMA sea un precedente, por lo que felicitaron a la Argentina por este reconocimiento. El último comentario fue de parte del embajador de México, quien utilizó una cita del escritor Julio Cortázar para marcar el peso histórico del momento, felicitando también a la Argentina y expresando la necesidad de no olvidar lo sucedido durante las dictaduras latinoamericanas.

 

Finalmente, el presidente del comité declaró al Museo Sitio de Memoria como parte de la lista de Patrimonios de la Humanidad de la UNESCO. Acto seguido, los embajadores de la Argentina agradecieron y anunciaron la transmisión de un mensaje del presidente Alberto Fernández, quien agradeció a la UNESCO y expresó: “Se trata de un paso muy importante” y remarcó la importancia de mantener viva la memoria para que las malas experiencias no se repitan. El presidente destacó a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo por su lucha y remarcó que la lucha por los derechos humanos en Argentina estuvo liderada por mujeres que “nunca claudicaron”. Agregó que Madres y Abuelas “nos enseñaron a no buscar venganza, sino a pedir justicia”. Respecto a la coincidencia de esta declaración con los 40 años de democracia, el presidente expresó que este no se trata de un dato más y que esta declaración le da tranquilidad de que el horror no será olvidado. Además, destacó el trabajo de la embajadora argentina ante la UNESCO, Marcela Losardo, por la candidatura y aseguró que este reconocimiento nos permite avanzar hacia un futuro mejor, que nos hará una mejor sociedad. “La UNESCO puede tener certeza de que ha hecho justicia, porque preservar la memoria hace del mundo un lugar mejor”, aseguró el mandatario

En diálogo con ANCCOM, el abogado y activista Guillermo Pérez Roisinblit, nieto restituido e integrante de la Comisión Directiva de Abuelas de Plaza de Mayo, señaló lo importante que es que una organización como la UNESCO, que forma parte de la comunidad internacional reivindique “la lucha que ha llevado adelante nuestro país, empoderando tanto la memoria, la justicia y distintos mecanismos de no repetición” en un contexto en el que proliferan los discursos negacionistas y en el que hay “personas y candidatos presidenciales que reivindican el accionar de los genocidas, el Estado represor y como maquinaria sanguinaria, que desapareció y torturó a 30 mil personas y que además se robó aproximadamente 500 nietos y nietas”. Roisinblit, quien nació durante el cautiverio de su madre secuestrada y desaparecida en la Escuela de Mecánica de la Armada, considera que la exESMA es un centro clandestino emblemático en base a su ubicación, la cantidad de desaparecidos que pasaron por él, de los cuales él es uno de los 200 sobrevivientes, y la magnitud de la crueldad que se ejercía allí.

 

 

Por eso, Pérez Roisinblit destacó la importancia del nuevo estatus del Sitio como Patrimonio de la Humanidad ya que “es algo que ya no se va a poder tocar, que va a perdurar para siempre como prueba irrefutable de lo que fue el genocidio en nuestro país, como prueba indiscutible de a dónde nos puede llegar a llevar la intolerancia, el odio y la disparatada idea de que al otro para anularlo lo tenés que hacer desaparecer”. También, sostuvo que “es enaltecer y reivindicar las distintas posturas que ha estado llevando adelante nuestro país en estos últimos cuarenta años de democracia , porque si hay algo que no puede desconocer el resto de los Estados parte, el resto de los países del mundo, es todo el proceso que ha llevado adelante argentina en materia de los derechos humanos”.

ANCCOM también consultó a Soledad Astudillo, copresidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, quien declaró que este se trata de un logro del movimiento de derechos humanos, un “reconocimiento que demuestra que el camino realizado desde los organismos de derechos humanos de buscar la verdad sin ninguna clase de venganza, es el correcto” y que “es un incentivo a seguir trabajando en este camino de la Memoria, la verdad y la Justicia”.

La directora ejecutiva del Museo Sitio Memoria Ex Esma, Mayki Gorosito fue parte de la delegación que viajó a la capital saudí y expresó a través de la redes sociales del Museo: “Es un día lleno de orgullo y agradecimiento” y agregó: “Orgullo porque logramos con nuestro trabajo dar continuidad a la lucha de los organismos de derechos humanos transformado en política pública”. La directora agradeció a las personas que prestaron apoyo constante en el camino hasta este logro y también extendió sus gracias a las personas que apoyaron y reconocieron su “trabajo para dar cuenta y testimonio del terrorismo de Estado basado en la desaparición forzada de personas”.

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