¿Diputados o camaleones?

¿Diputados o camaleones?

Un puñado de legisladores radicales y de partidos provinciales que habían votado la Ley de Actualización Jubilatoria cambiaron su posición y respaldaron el veto de Milei. De esta manera, no habrá recomposición de haberes para los adultos mayores. Otra vez hubo represión, heridos y detenidos en las afueras del Congreso.

La Cámara de Diputados ratificó el veto de Javier Milei a la Ley de Movilidad Jubilatoria que actualizaba las jubilaciones un 8,1% y luego las ajustaba mensualmente. En una sesión caldeada por la represión en la Plaza del Congreso y las sospechas de compra de votos, se registraron 153 votos a favor de sostener la norma, 87 negativos y 8 abstenciones, sin que se alcancen los dos tercios necesarios para dejar de lado el veto presidencial. La visita de un grupo de diputados radicales a Casa Rosada a horas de la sesión sembró de acusaciones el debate, que tuvo varios “vuelcos” inesperados y abstenciones respecto de la votación original.

La mayoría en ambas cámaras alcanzada para dictaminar la sanción se esfumó en la sesión de este miércoles, en un proceso plagado de negociaciones subterráneas que habrían conseguido cambiar la voluntad de trece legisladores para suspender la iniciativa. Diputados opositores señalaron con vehemencia el vuelco de algunos de sus colegas que se habían mostrado, en un principio, a favor de mejorar en al menos una pequeña parte el muy bajo poder adquisitivo de las jubilaciones. A la vez, las bancadas oficialistas y del  PRO se centraron en defender a capa y espada las bondades del superávit fiscal.

Los diputados de izquierda comenzaron fuerte en el debate parlamentario. Nicolás del Caño, por el PTS, calificó como un “escándalo” la renuncia del entrerriano radical Pedro Galimberti, que dejó su banca un día antes de la votación para ocupar un cargo político en la represa de Salto Grande, ubicada en su provincia natal. Por su parte, el compañero de bancada de Del Caño, Christian Castillo, se refirió al veto como “un acto de autoritarismo monárquico”, y también como “una muestra más del toma y daca”.

En esta línea, Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, manifestó un claro rechazo al veto presidencial, evidenciando la fractura cada vez más evidente de lo que fue alguna vez Juntos por el Cambio, en la práctica ya desintegrado por las posturas irreconciliables, y expuso las divisiones internas de la desmedrada coalición que fue gobierno. En el mismo sentido habló Miguel Ángel Pichetto, que supo ser candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, y hoy optó por apelar a la memoria de la dirigente del movimiento de jubilados en la década del noventa, Norma Plá, para votar en contra del oficialismo. 

Tal vez la nota de color la aportó la recientemente desterrada diputada del bloque de LLA Lourdes Arrieta, una de las que visitó a los genocidas de la dictadura condenados en el penal de Ezeiza. La mendocina, autodefinida como parte de la “familia militar” y que acostumbró lucir patitos de plástico kawaii en reuniones de comisión, aseguró que “hay que darle libertad a los jubilados, que puedan decidir llegar a fin de mes, viajar, disfrutar a sus nietos”, tuvo digresiones en su discurso para hablar de su vida familiar, y cerró con un “Viva Cristo”. Su voto fue la abstención, argumentando que la promesa de Milei era ajustar a la casta y no a los jubilados..

Por su parte, Rodrigo de Loredo -titular de la bancada de la UCR-, reconoció los desacuerdos que se dieron hacia adentro de su bloque para determinar si acompañaban o no al oficialismo. En este sentido, señaló que si se gana habría un triunfo parlamentario, pero si se pierde hay victimización. Finalmente dejó claro que la postura oficial del bloque sería insistir de forma total en la ley de actualización jubilatoria y el rechazo al veto del presidente.

El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martinez, acusó de “hipócritas” a los diputados radicales y provinciales que cambiaron su decisión repentinamente. Y concluyó que “miles de trabajadores no quieren que este sea el destino de la Argentina, por eso nosotros venimos a rechazar este veto” y replicando a León Gieco continuó: “Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente”. Y finalmente ratificó la lucha del bloque para procurar suficientes mayorías en diputados, y así “reinstalar la justicia social” como centro de la política económica en el país. 

José Luis Espert, diputado de La LLA, le respondió y apuntó contra el gobierno anterior, acusándolo de “chorro” y denunciando que el sistema se quebró porque durante la gestión de Alberto Fernandez, “jubilaron a cuatro millones de personas sin aportes”. Su voto fue a favor del veto.

Por último, cerró las exposiciones Gabriel Bornoroni de LLA. Comenzó alegando que Milei en campaña dijo lo que iba hacer y lo está cumpliendo. Volvió a mencionar “la necesidad de una nueva reforma laboral” porque, al igual que Espert, opinó que se está enfrente de un sistema quebrado. Acusó de “caraduras” a la oposición y sentenció que “es importante para el bloque de la Libertad Avanza cumplir con la palabra empeñada en campaña” y que el bloque insistirá en proteger el equilibrio fiscal. 

El bloque Innovación que incluye diputados de Misiones, Río Negro y Salta se abstuvieron cuando en junio se pronunciaron a favor. Sumado el quiebre de la UCR, ambas coaliciones se transformaron en la llave que promovió el triunfo político del oficialismo, para que Javier Milei y quienes lo acompañan, alcancen su propósito: que no se actualicen las jubilaciones.

Por su parte, el primer mandatario se expresó por redes sociales y llamó “héroes” a aquellos 87 diputados que votaron de forma negativa, permitiendo así, el triunfo del oficialismo pero la derrota de todos aquellos que cobran por debajo de la línea de la pobreza. Y agregó que “el déficit cero es innegociable”.

Las agujas marcaban las 15:40 de la tarde y finalizó la votación en Cámara de Diputados;  una multitud de uniformados de Gendarmería, Policía Federal Argentina y Prefectura Naval Argentina comenzó a reprimir con gases, palos y detenciones sobre la multitud que nuevamente copó las inmediaciones del Congreso en defensa de los jubilados. Se hizo uso del programa antipiquetes por orden de la ministra Patricia Bullrich, por tercera semana consecutiva. Al menos medio centenar de personas resultaron heridas y una finalizó detenida. 

La Policía Federal bloqueó la entrada a la Universidad de las Madres

La Policía Federal bloqueó la entrada a la Universidad de las Madres

El gobierno intentó bloquear el ingreso a la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo con la policía. La intervención de la rectora Cristina Caamaño logró recomponer la situación. Desde que asumió el gobierno de Javier Milei, el Estado no gira fondos para gastos de funcionamiento ni para pagar los sueldos de docentes ni no docentes.

La policía federal bloqueó ayer la puerta de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo impidiendo la salida y entrada de los trabajadores, docentes, rectores y estudiantes al establecimiento; desconociendo la autonomía universitaria. La rectora de la Universidad, Cristina Caamaño, quedó encerrada en el edificio durante más de cuatro horas junto a otros siete trabajadores de la universidad. La situación generó un repudio generalizado y una concentración en las puertas de la institución en apoyo a la comunidad educativa, lo que llevó a la policía a retirarse del establecimiento luego de varios momentos de tensión.

El operativo se llevó a cabo a partir de un mail no oficial, sin sello ni orden judicial. Estaba firmado por el interventor Eduardo Maurizzio que designó el gobierno de Javier Milei.

La rectora Cristina Caamaño, en diálogo con ANCCOM, expresó: “No quieren saber nada con esta universidad y la quieren cerrar” y continuó: “Nosotros, porque es la memoria de Hebe y porque es el legado de las Madres, la vamos a defender hasta las últimas consecuencias”.

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El cordón policial

Cuenta la rectora Caamaño que, a las diez de la mañana del lunes 2 de septiembre, recibió el aviso de los trabajadores de la universidad de que un uniformado no dejaba entrar a una empleada del instituto para realizar sus tareas con normalidad. La rectora fue al establecimiento y cuando llegó “el tipo no me quería dejar entrar por un mail que había recibido de un gmail, no era un mail oficial, era un gmail firmado por el interventor que puso Milei en la universidad, que decía que no quería que entre nadie y el policía dijo ‘porque él viene a cerrar la universidad’”. En ese momento, la policía recibió una llamada, y la rectora junto a otros trabajadores lograron ingresar.

La policía bajó la persiana metálica dejándolos encerrados dentro del edificio. La rectora cuenta que aproximadamente desde las 10.30 hasta las 15.30 no los dejaron salir, por lo que realizó una denuncia judicial por privación ilegítima de la libertad. La comunidad educativa empezó a difundir la situación en redes y en algunos medios de comunicación, como la Radio de las Madres AM 530, lo que resultó en una concentración a las afueras del edificio en apoyo a la institución: “Y empezó a llegar gente. Entonces ellos llamaron a más policías, y llegó la Infantería, con sus escudos, sus cascos y sus aerosoles. Yo ahí me empecé a preocupar porque había muchos estudiantes en la calle, también docentes.” La rectora continuó: “En el edificio solamente había ocho personas, las que habíamos podido entrar, que después no podíamos salir. Los estudiantes y todos estaban en la calle, queriendo entrar y la policía tapando la entrada, haciendo un cordón”.

La rectora se comunicó con un oficial de mayor rango para solucionar la situación y evitar que reprimieran. El policía accedió a retirar a los oficiales exigiendo que el estudiantado no intervenga. “Estaba todo como muy en caliente. Yo hablé con los estudiantes y les pedí que, por favor, dejen pasar a la policía, que no los puteen, que no los insulten, que no los toquen. La cosa es que después de bastante tiempo, cuatro y media la policía se retiró”. Cuenta, además, que invitó al estudiantado a dar una vuelta a la pirámide, como hacen las Madres de Plaza de Mayo durante las rondas de los jueves desde 1977. Los estudiantes accedieron y participaron de la iniciativa mientras la policía se retiraba del lugar.

Sin salarios

“El interventor cobra cinco millones de pesos por mes, mientras los empleados y los docentes de la universidad no cobraron en todo el año ni un peso desde que asumió Milei”, denunció la rectora Caamaño. Desde que gobiernan los libertarios, la universidad no recibió fondos para los gastos de funcionamiento ni para pagar salarios: “Por eso no tenemos en este momento internet, ni servicio de limpieza, entre otras cosas. Por otro lado, no han pagado los sueldos a pesar de la marcha universitaria que fue multitudinaria y que se hizo justamente para eso. Todas las universidades recibieron algo menos la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo”.

Frente a la pregunta del porqué al ahogamiento presupuestario y la intervención directa del gobierno, respondió que “por un lado, este gobierno está en contra de la educación pública y, por el otro lado, están en contra de los derechos humanos porque son negacionistas, reivindicadores de la última dictadura y visitadores de los genocidas. Entonces una universidad que reúne las dos condiciones, que es pública y que además tiene orientación en derechos humanos para ellos es lo peor que les haya pasado, no quieren saber nada con esta universidad y la quieren cerrar”. Concluyó: “Yo tampoco le puedo exigir a la gente que venga todos los días a cumplir un horario si hace nueve meses que no cobra”.

La memoria de Hebe

La denuncia por el operativo policial de ayer se suma a otras denuncias y causas en el contencioso administrativo, que se inició a partir de la polémica designación del Ministerio de Capital Humano de Eduardo Maurizzio como interventor en la Universidad. Por el momento, se mantienen activas las medidas cautelares a favor de la Universidad de las Madres y la comunidad educativa, hasta que la justicia dicte su resolución.

La medida que designa como Interventor al funcionario Maurizzio, transgrede la autonomía y autarquía universitaria que establece la Constitución nacional y otras leyes antecesoras, desde el año 1919 y que solo fue interrumpida durante La Noche de los Bastones Largos, el 29 de julio de 1966, y La Noche de los Lápices, el 16 de septiembre de 1976, dejando como saldo una feroz represión con estudiantes detenidos, desaparecidos y asesinados por la militares de la dictadura.

Además, cuenta otro episodio reciente en el que el interventor “entró al edificio con una patota de seis personas por el sótano, cuando lo nombraron a él. No entró por la puerta, entró por el edificio de al lado. El sótano comunica con una parte de la universidad que no es el ingreso. Apareció ahí, filmó y los mismos estudiantes le pidieron que se retire”.

El Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo fue creado por Ley en el año 2014, como unidad funcional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Desde 2015, es reconocida como instituto universitario por el Ministerio de Educación y desde el año 2023 fue aprobada su apertura como Universidad Nacional por el Congreso de la Nación. Sin embargo, su historia data de mucho antes. Fue creada en el año 2000 y comenzó con carreras terciarias y cursos. Desde ese entonces se constituyó como una universidad popular. Cuenta con 2.245 estudiantes y 300 trabajadores docentes y no docentes. La rectora concluyó: “Nosotros, porque es la memoria de Hebe y porque es el legado de las Madres, la vamos a defender hasta las últimas consecuencias”.

 

«No son excombatientes, son genocidas»

«No son excombatientes, son genocidas»

La sobreviviente de la ESMA, Ana María Soffiatini, da cuenta de las implicancias de la visita de un grupo de diputados de La Libertad Avanza a los represores condenados por crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué es apología del delito?

Ana María Soffiatini guía una visita a la exESMA.

Ana Maria “Rosita” Soffiantini es una docente retirada, ceramista, militante, pero sobre todo sobreviviente “egresada” de la ESMA. Se identifica como parte de la extraordinaria generación de los años setenta, una juventud que vislumbró la política como transformadora de los dolores sociales. 

Militó en el secundario, ingresó a las filas de la Resistencia Peronista y luego se incorporó a Montoneros, una organización político-militar que cautivaba a la buena parte de la juventud peronista.
Describe su militancia como una experiencia hermosa, que le legó una serie de compañeros, entre los cuales estaba Hugo Luis “el Loro” Onofri, con quien tendría dos hijos, Luis y Maria. Una mañana de octubre de 1976, con el golpe militar ya instaurado, Hugo saldría a trabajar para nunca más volver. Su paradero se desconoce hasta el día de hoy.
“Rosita” fue secuestrada, junto a sus dos hijos pequeños, un año después en el barrio de La Paternal, de camino a la panadería. Luisito tenía once meses y Maria apenas caminaba. Fueron arrancados de sus brazos y llevados a otro vehículo. Ana Maria, por su parte, fue golpeada ferozmente y forzada a abordar un auto donde, según recuenta, la recibieron Carlos “el Pajarito” Suarez Mason y Adolfo Donda entre otros uniformados que la vendaron y violentaron durante un largo tramo. Fue llevada a la Escuela de Mecánica de la Armada, donde funcionaba un centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Allí, además de sufrir todo tipo de padecimiento físico, fue forzada a realizar trabajo esclavo.
Habitar ese infierno, según Soffiantini, era aún más difícil ante la constante presencia de oficiales que adornaban el dia a dia con frases como
la favorita de Jorge Eduardo “el Tigre” Acosta, quien a su vez se jactaba con sentencias del tipo  “de nosotros depende la vida y la muerte”. Alfredo Astiz, otro de los represores, tenía su propia bravuconada: “Vos te vas arriba cuando yo lo decida”
“Rosita” entró en régimen de libertad vigilada después de casi dos años de cautiverio, desde enero de 1979 hasta principios de 1980.  Hoy, es una de las integrantes del Consejo Asesor de Sobrevivientes en la exESMA y representante del mismo en el órgano ejecutivo de el Espacio para la Memoria que allí funciona.
Ahora, en conversación con ANCCOM, reflexiona sobre las visitas por parte de diputados del bloque de LLA a ocho represores, entre los cuales figuran cinco de sus propios victimarios, las declaraciones emitidas por los distintos protagonistas de la política, sus impresiones y las implicaciones que tiene esto para el proceso de construcción de la memoria.

Cuando el diputado Benedit presenta estos nombres que vos conociste en la ESMA como “excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista”, parece querer humanizarlos ¿Como era su trato con la gente que tenían detenida?

Es complejo de explicar. Atravesé bastantes cosas: la situacion constante de tortura, el escuchar a los demas ser torturados, los abusos sexuales y fisicos constantes. Estos tipos, que decían luchar contra la subversión, se convertían cada vez más en una banda de delincuentes. Ellos, que decian defender un proyecto de pais, que secuestraban para proteger la nacion del enemigo interno, terminaron teniendo un goce por la tortura. Porque la gozaban. De otra forma, no lo harían a diario y sin motivo alguno. Nos robaron para siempre nuestras vidas, porque ninguno volvió a ser el mismo. Ellos me marcaron para siempre. Aunque resistimos y seguimos luchando por recuperar lo que somos, te queda lo vivido. Por su parte ellos, además de convertirse en delincuentes, pudieron sacar rédito de la situación. No solo con los bienes apropiados a desaparecidos, sino con negociados por sus tareas. No solo a ese nivel, sino también a nivel personal. La asimetría de poder al interior nos llevó a seguir sus mandatos porque no nos quedaba otra para seguir vivos que simular, acatar: éramos esclavos. Aceptamos ser esclavos por esa pulsión natural de sobrevivir y de tener siempre una esperanza. Hasta los que asesinaron compartian ese amor a la vida, algunos hasta estaban en situacion de esclavitud, como nosotros, y un dia decidieron matarlos. Ese impulso natural de querer sobrevivir es lo que me sostuvo en el tiempo. 

¿Eso es lo que te lleva a rescatar la humanidad que encontraste en esa experiencia? 

En ese horror, en medio de esa soledad terrible, uno busca tener alguna caricia. Yo tuve suerte de encontrarlo ahí dentro. Como parte del trabajo esclavo, me llevaron a trabajar a un lugar donde conocí a otro compañero, Ricardo Coquet, y esa convivencia se transformó en confianza y después en amor. Con él tuve una hija, Ana Julia. Aunque no prosperara, ese amor clandestino me ayudó a sobrellevar el calvario. En lo personal, me sirvió para volver a sentirme humana. Me sentí dueña de mi vida de nuevo.

Cuando Patricia Bullrich dice que visitarlos es una “construcción de libertad” y que “si alguien quiere ver a un detenido porque considera que forma parte de un momento trágico de la Argentina, lo puede ir a ver” ¿Que se está jugando realmente?

Primero que nada, tienen derecho a ser visitados. Todo lo que no está prohibido se puede hacer. El problema es la razón por la que los visitan, y las declaraciones que emiten. Lo que se quiere es institucionalizar los mecanismos para gobernar, los mismos que regían en la dictadura: la represión, la violencia. Estas declaraciones son apologías a un gobierno anticonstitucional. Estos tipos son asesinos, siguen sosteniendo lo perpetrado, y silenciando donde escondieron los cadáveres, como el de mi compañero, y así con cientos y cientos de personas que no están, cientos de niños que no fueron recuperados. Yo los oí nacer en la ESMA, los gritos de las madre en el parto, vi cómo las hacían escribir una carta falsa a sus padres diciendo que la militancia no las dejaba hacerse cargo de su hijo y que se los mandaban. Cuántos muertos y cuántos niñas y niños que no pudimos encontrar. Yo y muchos más como yo somos testigos vivos de lo que hicieron y lo volvemos a afirmar a diario. No fueron ex-combatientes, fueron genocidas.

Es importante rescatar que estas declaraciones se hacen al interior de un gobierno constitucional, por gente que ocupa cargos de forma democrática. ¿Qué dice eso de la sociedad que los elige?

Por más de ocupar la democracia, declaraciones como estas son tristes apologias de la violencia y el genocidio. La sociedad los condenó, no sólo a través de los juicios que se llevaron adelante con justicia plena, sino que, a sus ojos, fue un ataque contra la sociedad en su conjunto. Yo sigo peleando, pero no solo por lo que yo sufrí, sino por lo que ellos quisieron destruir a través de nosotros, desapareciéndonos. Lo que se quería era dar por tierra con un proyecto opuesto. Había uno pensado para el conjunto de la sociedad, y otro para beneficiar a un grupo hegemónico y a las transnacionales dueñas de la guita. La sociedad necesita reforzar la memoria, aun cuando el proyecto vigente trate de hacerla disipar.

¿Se puede sobreescribir la memoria social?

Mira, yo creo que si para algo sirve la memoria es para entender el tiempo de cada cosa. No sé si alcanzaremos algún día una victoria plena de nuestras aspiraciones de una sociedad justa. Sabemos que para eso tienen que darse muchas luchas. Hoy estamos viviendo un tiempo de derrota que nos desilusiona porque no hay una contención desde la oposición, que lidere y nuclee la situación que estamos pasando. Hay una incertidumbre generalizada y mucha bronca, pero no podemos encauzarla con mayor fuerza. Estas declaraciones son un caballo de Troya muy bien pensado, que busca correr el eje de la discusión. Va a llevar mucho tiempo reubicar y volver a construir una memoria que retome la discusión en medio de tanta burrada. Hay que erguir una historia, de la cual la lucha de la reivindicación es solo una parte.
El error, quizás, fue descuidar otros espacios. Nos faltó hablar en el lenguaje común, nos perdimos en niveles de conversación interna. Hablamos mucho de yo soy el otro, pero no lo concretamos. Y ese otro se sintió fuera. Dejamos afuera algo. Asi se empieza a desdibujar.  Hoy es ahi donde debemos trabajar, y apuntalar: no solo se reivindica el genocidio, sino que tambien se reivindica una metodologia para oprimir el pueblo, que viene acompañada de un discurso que lleva años construyendose. 

¿Lo que se busca es hacer pasar al genocida por excombatiente y así ampliar el horizonte de lo posible en la discusión política?

Lo que se busca es hacer que el conjunto de la sociedad lo naturalice. Mientras que reivindica un proyecto de país nefasto con formas de sostenerlo aún peores, estas declaraciones ayudan a evitar lo inhumano del genocida. Están presos, pero no reformados. La cárcel debería ser un espacio no de castigo, sino de reformación. Astiz, Pernia, Donda son asesinos, pero también siguen ocultando el paradero de los desaparecidos. No han recapacitado. No reflexionaron sobre el horror que generaron. Siguen afirmando que su accionar fue correcto. Yo si los iría a visitar, sería para que me digan a donde tiraron a nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros hermanos, nuestros esposos, nuestras madres, nuestros hijos. Mientras que no se sepa dónde están, el delito sigue existiendo.

¿Que se puede hacer frente a estos avances? ¿Se puede hacer apologia al genocidio sin consecuencias?

Por mi parte, como integrante de la Comisión Provincial por la Memoria, reaccionamos a tiempo, haciendo una denuncia en la fiscalía. Hay un artículo en el Código Penal, el 213, que nosotros invocamos. Por fuera de lo legal, es importante que esto ingrese a la discusión pública, que sea parte de los problemas que les competen a los demás. Hay que escucharse y escuchar. No pensar en que se logró el cometido, sino disputar esta memoria en todos los sectores. La problemática tiene que extenderse a todos lados de la sociedad. Es una lucha que se da todos los días.

¿Por qué los testimonios de sobrevivientes son tan valiosos en esta disputa?

Somos testigos, somos prueba de lo que hicieron. Cada experiencia detalla el horror. Como mujer, fui humillada, vi a otras mujeres ser violadas, fui forzada al trabajo esclavo, pero también me costó tiempo de vida por fuera del secuestro. Después nos encontramos con una sociedad silenciada. Nos costó recuperarnos, recuperar nuestra autoestima. Estaba el algo habrán hecho que, como mujer, tenía otras implicaciones. Tener que dar explicaciones, hasta para las propias filas, fue duro. ¿Por qué volviste vos y no volvió fulano? Yo no fui la que decidí vivir. Estos tipos que hoy visitan estos diputados, nos tenían en sus manos y decidían: “esta que siga viva”
Lo que nos costó empezar a hablar, empezar a reconocernos, encontrarnos desde una perspectiva de aceptación y aprobación es también un testimonio del horror.
No vale una declaración que los tilde de excombatientes y héroes. Si hay constancia de los hechos, no es cuestión de que alguien crea en una versión de las cosas, sino en lo que sucedió en realidad. 

Hoy, desde tu lugar en el Espacio de Memoria y Derechos Humanos en la ex-ESMA ¿Buscas aportar a la construcción de esta memoria social?

Para mí, volver a la ESMA fue durísimo. Fue un proceso que atravesé desde distintos planos. En primer lugar desde mi memoria personal, que es fundamental mantener genuina, tanto para testificar como para reconstruir los hechos. Esta memoria hoy se constituye como parte de la memoria colectiva. Lo que yo viví también lo fui armando con retazos que otros me fueron dando. Luego, mi postura dentro de la ESMA siempre fue que no debía ser un lugar encerrado en sí mismo, sino que tenía que avanzar sobre el territorio, más allá de la Capital Federal o de determinados núcleos o sectores. Porque cuando empezás a desparramar tu memoria, en ese espacio surgen otras memorias. La memoria del pueblo, no solo de los militantes sino también de los más vulnerados, que no logran aún recuperarse de esas heridas, y son víctimas de los repliegues de la política.

«Van a salir a cazar pibitos de 13 años»

«Van a salir a cazar pibitos de 13 años»

El gobierno envió a Diputados un proyecto para bajar la edad de punibilidad de 16 a 13 años. Especialistas en infancias, criminología y violencia institucional analizan los riesgos de criminalizar a los niños. Los mitos de la delincuencia adolescente.

El proyecto de ley presentado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona para bajar la edad de punibilidad, de 16 a 13 años, ingresó en la Cámara de Diputados y comenzará su tratamiento. Organismos internacionales, abogados de derecho penal y asociaciones de derechos del niño, niña y adolescentes, advierten sobre los peligros que implicaría que la ley se apruebe.

El proyecto establece que pueden ser sometidos a proceso penal adolescentes y niños a partir de los 13 años con penas de hasta dos décadas de prisión. Además, vuelve a incorporar un régimen de patronato de menores, en el que, niños de hasta 12 años que se encuentren en alguna situación de vulneración de sus derechos y puedan cometer nuevos delitos, podrán ser internados por orden de un juez en un establecimiento, privados de su libertad.

La presentación realizada por la ministra de Seguridad ya tuvo sus antecedentes durante el gobierno de Mauricio Macri que intentó llevar en 2017 la edad de punibilidad a los 14 años y en 2019 a 15 años. Claudia Cesaroni, abogada y magíster en Criminología, en diálogo con ANCCOM explica: “No hay ninguna fundamentación, ninguna explicación, no hay datos, no hay elementos que expliquen por qué a 13 años y no a 14 como propuso el macrismo en 2017, a través de su ministro de Justicia GGermán Garavano, o como propuso a través de Patricia Bullrich en 2019, también el gobierno de Macri, a 15. O sea 14, 15, 13, no hay explicación”.

Mitos

El gobierno de La Libertad Avanza justificó su proyecto bajo el eslogan “Delito de adulto, pena de adulto”. La abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) María del Carmen Verdú cuestiona esta consigna respondiendo: “A un pibe de 13, 14, 15 años, no lo dejás votar, no lo dejas que se case, no lo dejás que tenga una relación sexoafectiva, no le permitís que salga del país sin acompañamiento de sus padres, ¿y lo vas a tratar como a un adulto en materia penal? No tiene ningún criterio.” La recomendación internacional del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) es que la edad mínima de punibilidad no sea inferior a los 14 años y, a la vez, sea lo más cercano posible a los 18 años. La Convención de Naciones Unidas advierte que la madurez y la capacidad de pensamiento abstracto en los niños de 12 y 13 años todavía se está desarrollando.

Otro de los argumentos utilizados en la conferencia de presentación del proyecto legislativo vino de Cúneo Libarona quien dijo: “Todos los días los argentinos de bien padecemos delitos cometidos por menores que quedan impunes». Sin embargo, la abogada de Correpi refuta los dichos aclarando: “La primera falacia con la que nos encontramos con todo este debate de la cuestión de la imputabilidad de niños, niñas y adolescentes es esta creencia de que si tenés menos de 16 años y cometés un delito no pasa nada. Pasan un montón de cosas, quedás a disposición de un juez tutelar, podés terminar en un instituto, no tiene absolutamente nada que ver con esta idea que se trata de instalar a través de redes de que no sucede nada”. En sintonía con Verdú, Cesaroni amplía: “No es que nosotros digamos que no haya nada que hacer con los adolescentes y con los niños no punibles por debajo de los 16 años. Nosotros decimos que sí hay cosas para hacer, pero que esas cosas las tiene que hacer el Estado, no el Estado penal, sino otras areas estatales”.

En 2022, tan solo el 0,1% de los hechos delictivos fueron cometidos por menores de edad.

Según la página oficial Argentina.gob.ar, el gobierno clama con poca precisión y datos oficiales que “las estadísticas indican que el delito juvenil existe, crece, y cuesta vidas”. En Argentina, en el año 2022, según la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Corte Suprema de Justicia, se registraron 2036 causas a menores sobre un total de 1.826.630 hechos delictivos. Es decir, tan solo el 0,1% de los hechos delictivos fueron cometidos por menores de edad.

“Lo que sucede es que cada vez que tenemos un pibito o una pibita involucrada en un hecho de esa naturaleza sale en todos los titulares de los diarios, en todos los noticieros de radio, de televisión, como la gran noticia, y en realidad eso no está reflejando la realidad de lo que sucede”, explica María Carmen Verdú.

Contribuyendo a la desinformación, la ministra de Seguridad de la Nación dijo en Radio Mitre: “Todavía se está discutiendo la edad, si es 14, si es 13 como es en Uruguay, si es 12 como en Brasil”. Por el contrario, la punibilidad penal en Brasil y Uruguay se mantiene a los 18 años, mientras que en Argentina es a partir de los 16 años. En el caso de los menores de edad, en ambos países cuentan con un sistema infraccional y medidas socioeducativas para reponer las situaciones de vulnerabilidad en la que se encuentran la mayoría de los niños, niñas y adolescentes que delinquen; pero en ninguno de los dos países se puede procesar penalmente a un menor de edad, ni encarcelar “en pabellones separados” dentro de una cárcel de adultos.

Menos derechos y más jaulas

Los tres problemas más graves que tiene el proyecto de ley, según Cesaroni, son la baja de edad de punibilidad a los 13 años, el monto de penas que pueden llegar hasta los 20 años, y el reestablecimiento de un Poder Judicial que puede internar y privar de su libertad a niños y niñas menores de trece años. “Es un retorno al siglo XIX”, expresa. Tampoco se introducen medidas de reparación del hecho cometido ni de recomposición de los derechos vulnerados (sanitarios, afectivos, de pobreza extrema, abandono, educativos, etc) de los niños, niñas y adolescentes que cometen un acto delictivo.

La directora ejecutiva del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, Nora Shulman, cuenta que el proyecto de ley no contempla garantías constitucionales y vulnera los derechos fundamentales de las infancias y adolescencias: “Es cárcel y nada más, sin educación y sin salud”.

En su último informe, Unicef denuncia que el 69% (8,6 millones) de los niñas, niños y adolescentes en la Argentina es pobre y carece de derechos fundamentales, ya sea de acceso a la educación, a la protección social, a la vivienda, etcétera. “Si vos no reparás eso, por más de que metas presos a toda la población infanto juvenil del país no vas a llegar a solucionar nada”, explica Shulman desterrando la idea de que a penas más duras, menos es la delincuencia.

En este contexto, la respuesta del gobierno libertario fue desarmar los programas nacionales de asistencia y acompañamiento a las familias, infancias y adolescencias, en situación de riesgo y vulnerabilidad. Las políticas públicas iban desde la prevención del embarazo adolescente y capacitaciones contra la violencia infantil, hasta la asistencia económica directa. Este vaciamiento presupuestario se consolidó con el despido masivo de trabajadores y trabajadoras que se encargaban de asistirlos. En este sentido, Cesaroni manifiesta: “Si vos desfinanciás esas otras áreas del Estado (no penales), si vos le quitás recursos, echás a los trabajadores, rompés los dispositivos; lo más fácil que te queda es mandar a la policía a detener pibes y encerrarlos en una jaula. Eso es lo más perverso, lo más brutal, mientras se desfinancian políticas públicas”. Frente a los riesgos de que se apruebe el proyecto advierte: “Van a salir a cazar pibitos de 13 años. Después es muy difícil volver atrás”.

Desaparecer la adolescencia

El diputado oficialista Alberto Bertie Benegas Lynch de La Libertad Avanza dijo en una entrevista radial que en situaciones de pobreza “no te podés dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitás en el taller con el padre, trabajando” y que en esos casos el Estado no debería intervenir garantizando su derecho a la educación. Pese a la declarativa oposición del ministerio de Capital Humano, sobresale en el proyecto de ley para bajar la edad de punibilidad a los 13 años que entre sus condenas se encuentra la «obligación de buscar y, en lo posible, obtener un trabajo», avalando el trabajo de menores. Simultáneamente, el gobierno libertario elabora una reforma electoral que habilite a los niños de trece años a votar en las elecciones. “Hay algo muy grave acá que es hacer desaparecer la adolescencia, pasar de la primera infancia a la adultez”, dice la abogada Cesaroni.

Tanto el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, admiten que los delincuentes adultos del crimen organizado utilizan personas menores de edad para cometer delitos por ellos. “Esto es muy tremendo porque si el propio gobierno está diciendo que son utilizados para cometer delitos, pues entonces son víctimas. Vos tenés que evitar esto, no ir a meterlos presos”, expresa Cesaroni.

Encerrar a niños, niñas y adolescentes en cárceles y privarlos de la libertad, genera nuevos problemas sociales, entre ellos, la internalización del estigma en un momento de cambio, crecimiento y desarrollo: “Una vez que detiene esos pibes o los encierra la cárcel hace mucho más difícil la vida después porque efectivamente les pone un cartel en la frente que dice ‘este pibe estuvo preso’ e incluso en muchos casos consolida en estos pibes conductas transgresoras porque eso es lo que les da identidad”, cuenta la especialista. Al mismo tiempo que la sociedad adulta y el Estado se apartan de sus obligaciones para garantizar los derechos básicos de las infancias y adolescencias, cae sobre estas últimas una responsabilidad adulta inédita. “El lugar de un pibe de 14, 15, 16 años, dónde está ubicado en el mundo, la mayoría de las veces no tiene que ver con lo que él haga sino con lo que hagan con él, y lo que hagan con él es responsabilidad de los adultos”, explica Cesaroni.

Verdú denuncia que la ideología punitivista se fue estableciendo en el tejido social desde hace veinte años obteniendo una mayor difusión y virulencia con las redes sociales, donde proliferan estos discursos: “Eso lo vemos cada vez que denunciamos un caso de gatillo fácil y la respuesta del aparato de trolls es ‘uno menos, festejemos’”.

En referencia al devenir legislativo del proyecto de ley, Cesaroni concluye: “Hemos conseguido impedir que esto avance en 2017 y 2019 pero es cierto que este momento político es muy difícil y que las fuerzas parlamentarias han demostrado una y otra vez una mirada bastante punitivista y regresiva en estos temas”.

Los días que viajamos en peligro

Los días que viajamos en peligro

Los trabajadores ferroviarios denuncian que el choque de trenes de hace un par de semanas en Palermo no fue un accidente sino las consecuencias de las políticas de ajuste. Señalan que el desfinanciamiento tiene como objetivo generar deterioro para facilitar la privatización. El jueves, habrá medidas de fuerza para advertir la situación y reclamar aumentos salariales.

La Fraternidad, sindicato que representa a los maquinistas de trenes de todos el país, anunció mediante un comunicado una medida de fuerza para este próximo jueves 30 de mayo. Los trenes de pasajeros y de carga circularán durante todo el día a una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora. La medida es en reclamo por la recomposición salarial y para manifestar la seria preocupación por la falta de inversión sostenida en infraestructura en el sistema en general, causal de los accidentes que han ocurrido en estas últimas semanas. De no obtener una respuesta favorable por parte del gobierno, advierten un paro total para el martes 4 de junio.

Mónica Schlotthauer, diputada nacional por el FIT (Frente de Izquierda y de Trabajadores), delegada del Tren Sarmiento e integrante de la Unión Ferroviaria, conversó con ANCCOM sobre la situación del sistema ferroviario. Traza un paralelismo entre el anterior modelo menemista y la situación de desguace actual en los que observa el “destruir para luego privatizar”: “Hay una relación directa: los tipos quieren que el Estado ya no haga nada más que negocios para el bien del empresariado, que les voten leyes que les sirvan. Después no hay educación, no hay salud, no hay nada”, expresó. La diputada también trae a colación el entramado que cimenta la apuesta por la privatización como parte de un todo, de una destrucción total: “Es parte de un caos general al que van a llevar al país con todo este ajuste. Así no tenés luz para la universidad, no tenés seguridad en los trenes, no tenés medicación para el cáncer. Es parte de eso. Ellos, por supuesto, quieren también privatizar. Lo que tenemos que tener claro es que la privatización no es para evitar los gastos de los subsidios, porque acá ningún empresario va a querer tener trenes de pasajeros, que todos saben que son deficitarios. Solo van a venir a robar de los subsidios”, amplió la delegada.

Según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado  (ADIFSE) sufrió un recorte del 92 por ciento en términos reales en relación al primer trimestre del año pasado, consecuencia lineal de funcionar con el mismo presupuesto que en 2023. Este desfinanciamiento implica una destrucción absoluta en materia de mantenimiento y control sobre la estructura de los ferrocarriles: maquinaria, vías, puentes y sistemas de señales, que no resguardan siquiera los estándares mínimos de seguridad operacional en algunas áreas, por lo que diferentes ramales funcionan constantemente con riesgo operativo o autorización del día.

Cristian Duarte, maquinista delegado del Ferrocarril Sarmiento, señala la importancia de que el sistema de señalización funcione adecuadamente: “Hay ciertas cuestiones que están naturalizadas dentro de la circulación de trenes que constituyen un riesgo total y son terribles: el sistema paliativo es una autorización para transitar de un punto hacia otro que se utiliza cuando el sistema de señalización no funciona”. Duarte explica que este sistema paliativo suele utilizarse en ramales poco transitados como es el caso del que va hacia Lobos o Mercedes. Pero explica que la peligrosidad es otra cuando se utiliza en ramales con frecuencia alta como es el caso del Sarmiento, en su recorrido desde Moreno hacia Once (aunque funciona con treinta formaciones menos) o el San Martín, que funcionaba sin señalización cuando ocurrió el choque de formaciones a la altura de Palermo el pasado 10 de mayo. Esta situación había sido advertida de forma anticipada por el presidente de Trenes Argentinos, Adrián Luque, quien alertó sobre la situación crítica de presupuesto que no alcanzaba a garantizar siquiera, el mínimo funcionamiento. El diagnóstico de Duarte coincide sobre las consecuencias de la desinversión estructural: “Cualquier desfinanciamiento, cualquier falta de políticas para resolver los problemas de fondo, el deterioro del material rodante y de la infraestructura ferroviaria, nos llevan a una situación como la del San Martín del otro día. El resumen más triste son los 52 muertos de Once que fueron resultado de una desidia total donde abandonaron por completo cualquier tipo de mantenimiento como consecuencia de la desinversión.”

Por otro lado, el maquinista se refirió al peligro que conlleva la profundización de este modelo de ajuste: “Las políticas de este gobierno apuntan no solamente en contra del conjunto de los trabajadores sino que también respalda los negociados con respecto al patrimonio nacional. Es una destrucción y un sometimiento total”.

Schlotthauer también se refirió a los ramales que son menos frecuentados donde el ajuste se vio agudizado y la frecuencia de los trenes escasea cada vez más. Este es el caso de ramales que se adentran hasta el cuarto cordón del conurbano bonaerense y llegan hasta localidades como Las Heras o Marcos Paz, que redujeron su servicio en un 60 por ciento, es decir que funcionan a un 40 por ciento de sus capacidades. El desfinanciamiento produce que múltiples máquinas estén paradas por la necesidad de recambio de repuestos que no se produce hace meses: “Lo que genera esta desinversión esencialmente es aislar, quitar oportunidades, dejar a la gente sin acceso a sus derechos”. La integrante de la Unión Ferroviaria amplía: “De Mercedes a Buenos Aires tenes que gastar 6.000 pesos si venís en colectivo. Olvídate de venir. ¡No podes gastar eso por día! Entonces la gente se queda sin nada, sin poder trasladarse a la capital, sin ferrocarril”.

“La privatización de los ferrocarriles argentinos enajena el patrimonio nacional”, declaró Ricardo Banegas, director de la escuela técnica de La Fraternidad, quien agrega otro elemento al análisis de la causas: “Entendemos que el trasfondo es el negocio inmobiliario- señaló en diálogo con ANCCOM-. Es monumental el valor que tienen los terrenos ferroviarios, por eso la idea es venderlos y hacer un negocio con esas tierras”. Además resaltó el marco reglamentario, legislativo y necesario que significa la Ley Bases para desarrollar materialmente la estructura en torno a un modelo privatista: “Tal cual como está presentado el proyecto de la Ley Bases, hay un solo renglón que define el destino de toda la industria, que es el de privatización y concesión, que no está justificado de ninguna manera”. Sobre las consecuencias de la privatización de empresas públicas de interés general, Banegas coincide con Schlotthauer: “Dan lo mínimo e indispensable para funcionar, no desarrollando obras de envergadura que hagan que el ferrocarril sea eficiente. Evidentemente están copiando un viejo modelo que se vivió en los años noventa, en donde no solamente se desfinancia sino que se genera en la opinión pública un desgaste y una idea errada que tiene como resultado final la premisa de que si funciona así mejor que lo hagan los privados”. Haciendo una historización, Banegas se retrotrae a cómo funcionaban los trenes cuando eran privados, en oposición a cualquier idealización: “Cuando se le entregaron las vías a los privados estaban a 120 km por hora y había trenes a todo el interior del país. Treinta  años después, los trenes funcionan con mucha más demora para llegar de un punto al otro, las velocidades son muy inferiores. Todo tiene que ver con que no se han hecho las inversiones necesarias comprometidas en el momento de la privatización”, explicó.

Sergio Galeano, también integrante del Sindicato La Fraternidad, comparte el diagnóstico y expresa que “apuntan a la destrucción del ferrocarril. Te lo digo así nomás: ya no hay inversión. Es muy preocupante porque esto ya lo vivimos con Menem: familias en la calle, sin trabajo. Esto es la vuelta a todo eso- sostuvo -. Y no pasa solamente acá. Esta destrucción no es solo al sistema ferroviario, sino de todo lo estatal. ¡Mirá el caso de Aerolíneas, también! Están destruyendo al país. No hay una sola para los trabajadores. La quieren toda para ellos”.

 

Amenaza de más despidos

Los trabajadores ferroviarios temen por la seguridad de sus puestos de trabajo ante el avance de estas políticas de desguace contra los trenes argentinos. En este sentido Ricardo Banegas explica: “La planificación está en reducir más de un 15 por ciento del plantel actual. Esa es una intención clara. Hay acciones: ya han presentado de alguna manera un plan de retiros voluntarios, que no se ven reflejados porque no tienen la plata para llevarlos adelante”.

“Acá el problema es que hay mucha gente” escucha de forma constante Schlotthauer de parte de la dirigencia del gobierno actual en el intento de respaldar el achique dentro del sistema ferroviario. A su vez, advierte sobre el peligro que significa el constante bombardeo acerca de que “sobra gente” en el Estado. “¡Pará!, ¿por qué no hacemos las cuentas de cuánto gastan en la gente y cuánto gastan en negociados? Porque el otro problema además de la desfinanciación y el vaciamiento es la plata que se llevan para negocios de ellos. Entonces acá no nos digan que lo privado anda mejor, como dice el presidente, porque acá el privado mató gente”.