Una amenaza gubernamental a la privacidad y a la libertad de expresión

Una amenaza gubernamental a la privacidad y a la libertad de expresión

Patricia Bullrich creó la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS) para patrullar redes sociales y sitios de Internet. Hasta postula “predecir delitos” utilizando algoritmos. La medida genera preocupación por la falta de claridad sobre el manejo de datos y los mecanismos de control.

A través de la Resolución 710/24 publicada este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno dispuso la creación de la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS), a cargo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El organismo, que operará dentro de Dirección de Ciberdelito y Asuntos Cibernéticos, tendrá entre sus funciones “patrullar las redes sociales abiertas, aplicaciones y sitios de Internet en orden a la investigación de delitos e identificación de sus autores, así como la detección de situaciones de riesgo grave para la seguridad”.

A fines de mayo, mediante la Resolución 428/24, la ministra comenzó a implementar un protocolo de ciberpatrullaje “en sitios web de acceso público y fuentes digitales abiertas”, y habilitó a las fuerzas federales a realizar labores «preventivas» en el ciberespacio. Lo novedoso con esta flamante resolución es la utilización de Inteligencia Artificial; el ciberpatrullaje no es una práctica nueva para Bullrich, quien ya durante el gobierno de Cambiemos utilizaba estas técnicas, lo que resultó en varios casos de denuncias y detenciones por amenazas en redes sociales.

Funciones de la UIAAS

Este nuevo organismo estará liderado por el Director de Ciberdelito y Asuntos Cibernéticos, Santiago González Bellengeri, e incluirá a las áreas especializadas de las fuerzas policiales y de seguridad federales, cuyos representantes serán designados por la máxima autoridad de cada una de estas fuerzas.

Entre sus principales tareas se incluyen: patrullar redes sociales abiertas, aplicaciones y sitios de Internet, analizar imágenes de cámaras de seguridad en tiempo real utilizando reconocimiento facial, utilizar algoritmos de aprendizaje automático para predecir futuros delitos basándose en datos históricos, identificar patrones inusuales en las redes informáticas para prevenir ciberataques, procesar grandes volúmenes de datos para crear perfiles de sospechosos e identificar vínculos entre casos, utilizar drones para vigilancia aérea y responder a emergencias, realizar tareas peligrosas como la desactivación de explosivos mediante robots, detectar transacciones financieras sospechosas, entre otras.

“La resolución no deja claro qué clase de IA se va a utilizar y estrictamente sobre qué información. Si es sobre acciones que se están desarrollando en el presente deberían estar en el marco de una causa judicial”, comenta en diálogo con ANCCOM Sabina Frederic, ex ministra de Seguridad de la Nación entre 2019 y 2021. Y agrega: “Usarlo para perseguir militantes políticos sería delito”.

“El riesgo mayor es el uso de Pegasus, que suele ser vendido para ser utilizado por gobiernos y es un sistema que permite introducirse en apps como Whatsapp, por ejemplo. Esta resolución merece varios pedidos de información pública para ver qué sistema se va a utilizar, sobre qué datos disponibles y demás”, advierte la exministra. El Pegasus es un programa de ciberespionaje que permite acceder a los teléfonos celulares para recabar información e incluso utilizarlos como cámaras o micrófonos, sin que el usuario se percate de la infiltración.

“Es crucial que el debate sobre su implementación incluya la participación activa de expertos en derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y el Poder Judicial, para asegurar que las innovaciones en seguridad no se conviertan en herramientas de represión y control social”, dijo Juan Manuel de Casas, abogado constitucionalista.

Antecedentes y preocupaciones

El ciberpatrullaje no es una práctica nueva en Argentina. Durante el gobierno de Cambiemos, la Policía Metropolitana ya utilizaba estas técnicas, lo que resultó en varios casos de denuncias y detenciones por amenazas en redes sociales. Un incidente notable fue la amenaza contra la hija de Mauricio Macri en 2016, que llevó a la detención de varios tuiteros descontentos con el entonces presidente.

En marzo pasado, desde el Ministerio de Seguridad se ordenó el allanamiento del domicilio de un joven en el barrio de Chacarita tras analizar una discusión que mantuvo en Instagram, en la que amenazaba «con un disparo en la cabeza» al presidente. Para argumentar la peligrosidad del detenido y solicitar a la Justicia Federal el allanamiento, Bullrich indicó que «mediante el relevamiento de sus redes sociales se determinó que demostraba tener un pensamiento ideológico muy apegado a la propaganda política de la antigua Unión Soviética, contando con vínculos comunistas que podrían llegar a realizar acciones que atenten contra el orden público».

Poco después, en abril, un hombre de 42 años fue detenido en la provincia de Chubut, acusado de amenazar de muerte al presidente y escribir mensajes intimidatorios contra la vicepresidenta Victoria Villarruel y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Reacciones y críticas

La creación de la UIAAS con la incorporación de inteligencia artificial ha intensificado las preocupaciones. Bullrich afirmó que existe un vacío legal que la nueva unidad viene a llenar, pero los críticos advierten sobre los riesgos de utilizar tecnologías de IA sin un marco regulatorio claro y específico.

La nueva iniciativa del Gobierno ha generado comentarios irónicos sobre la posibilidad de que la ciberpatrulla termine detectando a los militantes que insultan, hostigan y amenazan a opositores, algunos de ellos muy cercanos al gobierno y hasta con cargos. «Es probable que en las rondas de patrullaje se encuentre con los delincuentes que forman parte de la estructura política libertaria, alentada desde el poder», tuiteó el exdiputado nacional Alejandro «Topo» Rodríguez, quien la semana pasada denunció amenazas por parte de Santiago Caputo. «¿Qué hará la ministra de Seguridad si en medio de la ronda ciberpolicial se cruza con esos delincuentes mileístas?», preguntó.

Además, en el texto no se menciona quien será la empresa que proveerá la IA, donde se almacenarán los datos de las personas, o si habrá un órgano de control. El abogado constitucionalista De Casas criticó la resolución por permitir al Ministerio de Seguridad regular en materia de libertad de expresión, algo que, según él, corresponde al Congreso. “Esta medida abre la posibilidad de perfilar a todos los usuarios de redes sociales y restringir su libertad de expresión”, advirtió.

La intersección entre deuda externa y genocidio

La intersección entre deuda externa y genocidio

En el inicio de la campaña !Basta al FMI-BM!, una mesa redonda debatió acerca de las vinculaciones del endeudamiento externo con la dictadura militar. El rol de las empresas en la desaparición de los trabajadoares.

El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial se crearon en 1944 en el marco de los acuerdos de Breton Woods como herramientas de la reconstrucción de los países centrales, después de la Segunda Guerra Mundial. En esas mismas negociaciones, se decidió adoptar el patrón dólar con respaldo en oro, para evitar fluctuaciones cambiarias y recesiones como la ocurrida en 1930. Así, siendo Estados Unidos el país con más reservas de oro, pasó a convertirse en el principal socio del FMI con capacidad de tomar decisiones e inmiscuirse de esa manera en las políticas monetarias de los países miembros. Argentina, por primera vez tomó un préstamo del FMI, durante el gobierno de Pedro E. Aramburu en 1956.

A 80 años de la creación del FMI y el BM, nació la campaña Alto al FMI-BM impulsada por las organizaciones Diálogo 2000, la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda, el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL) y el Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas (CADTM). 

Esta iniciativa denuncia que las dos instituciones han estado desde su creación al servicio de un capitalismo patriarcal y racista, cada vez más concentrado, empobrecedor de los pueblos y devastador de la propia naturaleza. Ajustes y miseria planificada, golpes de Estado y regímenes dictatoriales, deuda ilegítima y odiosa, dicen las organizaciones, es lo único que han producido para las poblaciones. 

El pasado jueves en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) tuvo lugar la charla debate Deuda Externa y Genocidio, en la que disertaron Carlos Loza, investigador, docente e integrante de Archivo Popular de la Memoria (APM); Pablo Peláez del Programa Estudios del Trabajo, en reemplazo de su compañera Victoria Basualdo, (investigadora de FLACSO-CONICET) quién se encontraba enferma y Beverly Keene, economista e integrante de la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda.

El Archivo Popular de la Memoria (APM), creado el 22 de agosto de 2023, tiene como finalidad recuperar la documentación de la represión estatal. Como grupo mantiene una línea de trabajo que tiene que ver con la investigación de diversos temas, entre ellos, quiénes se beneficiaron con la deuda externa, el genocidio y la política económica. Uno de sus objetivos es la búsqueda de la reconstrucción de dichos archivos a partir de una investigación en los lugares donde los compañeros estuvieron detenidos.

Loza, su representante, fue el primer orador de la jornada y abordó ejes referidos a los cargos en la superestructura del Estado a que pertenecían a grupos económicos que propiciaron el golpe de Estado en alianza con los sectores militares. Luego habló de la deuda externa contraída por la empresa Techint y también mencionó los cargos que ocupa la multinacional en el gobierno actual. “Darle un tratamiento sólo financiero al principal problema político y económico del país desde la dictadura para acá es lo que explica por qué una y otra vez repetimos las mismas crisis. En el marco de la Argentina de Macri, donde una vez más la mayor parte de la deuda se fugó, el FMI es corresponsable directo de la crisis”, fue uno de sus conceptos. Y agregó: “No es historia del pasado referir que los funcionarios del grupo Techint están presentes en el actual gobierno de Javier Milei. Es el mismo poder que actúa de la misma manera que años atrás”.

Haciendo memoria

Según contó Loza, en todos los casos se repite el horario de secuestro de sus compañeros delegados: la noche y las primeras horas de la madrugada. “Ingresaban en domicilios, rompían todo, se robaban lo que encontraban, aterrorizaban a las familias, se llevaban a los trabajadores y los desaparecían. Como no se sabe qué pasó con ellos, el delito se continúa cometiendo. Fueron operativos que destruyeron a colectivos organizados”, describió.

“Todo lo que el actual gobierno de Javier Milei dice –agregó- es para reivindicar a los genocidas, por eso es necesario destruir la idea de que fue un enfrentamiento: se llevaron trabajadores, colectivos sociales, que fueron perseguidos desde el poder del Estado, estigmatizados y luego represaliados

Responsabilidad empresarial

La clase trabajadora en Argentina durante el siglo XX fue protagonista de importantes luchas y de gran poder acumulado de sus representaciones sindicales de base. “Fueron sujetos de levantamientos populares: el Cordobazo, el Tucumanazo, tomas de establecimientos, coordinaciones como la del plenario en Villa Constitución del 74, que tuvo su respuesta represiva en marzo del 75 durante gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón”, ejemplificó Pablo Peláez. Además, se refirió a la responsabilidad empresarial en los delitos de lesa humanidad. “En 2015 fue publicada una investigación importante, realizada entre cuatro instituciones, donde se investigaron 25 grandes empresas, con eje en el espacio productivo y en la forma en la que se articularon en cada establecimiento las prácticas e intereses de las fuerzas militares y la dirigencia empresarial, en lo que se conformó en todos los casos como una alianza represiva, dirigida contra los colectivos obreros y sus representantes sindicales de base durante la segunda mitad de los 70”, dijo el experto. El universo abarcado en la investigación fue bastante amplio, hay empresas de todas las provincias, de distintas actividades, siderúrgicas, automotrices (Ford y Fiat), diarios como La Nueva Provincia y multimedios. 

A criterio de Peláez, las prácticas empresariales represivas fueron en las que se reflejó dicha articulación de intereses entre la fuerza militar de ocupación y la dirigencia empresarial. En sus palabras, “en la mayoría de las empresas se constataron secuestros de trabajadores, entrega de información privada y lista de delegados entregadas a las fuerzas represivas, presencia de cuadros empresariales en las mismas detenciones, secuestros y torturas de trabajadores, uso de camionetas y vehículos de las firmas, presencia militar en las fábricas y participación de miembros de fuerzas armadas en cargos directivos de las empresas”.

Según explicó, estas prácticas empresariales y la represión sobre la clase trabajadora se articularon con un plan económico, la cual se ve reflejada en la caída en la participación de los salarios en el PBI nacional que empieza en 1975, lo cual se profundizó durante el período de la dictadura. “El caso Dálmine Siderca es de lo más interesantes para ver, en relación a la actualidad que tenemos, siendo que está el grupo Techint directamente en el actual gobierno” expresó Peláez.

Según contó Beverly Keene, el momento del golpe de 1976 en Argentina, coincide con el avance económico que se estaba viviendo a nivel mundial. Ese proceso significa que en Argentina el rol de esas empresas y la represión que desataron tienen que ver con la expansión concreta de ese modo de funcionamiento del sistema capitalista donde las finanzas toman un rol cada vez más importante. En este sentido, Keene afirmó que el problema de la deuda externa no tiene que ver con las necesidades del pueblo ni de la naturaleza Argentina, “sólo tiene que ver con las prioridades y exigencias de un sistema financiero internacional”.

 

Norita presente, ahora y siempre 

 

Durante la jornada de debate, se recordó un encuentro virtual del 2020, donde Nora Cortiñas compartió unas palabras: “El pueblo no debe pagar lo que no gastó. ¿Por qué debemos pagar la deuda del horror y la sangre derramada de la dictadura?”, cuestionó la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora recientemente fallecida. El público agradeció y expresó que la exposición fue enriquecedora, al tiempo que se mostró motivado a dar la lucha y no bajar los brazos.

 

Ambientalistas contra el Pacto de Mayo

Ambientalistas contra el Pacto de Mayo

Ochenta organizaciones firmaron un documento conjunto en el que manifiestan fuertes críticas, especialmente a su punto 7 donde Milei y los gobernadores firmantes afirman el avance de la explotación de recursos naturales sin ningún tipo de límites.

Unas ochenta organizaciones sociales ambientalistas elaboraron y firmaron un documento conjunto para manifestar su rechazo a las palabras proferidas por el presidente de la Nación el día en que se llevó adelante el Pacto de Mayo en la Casa Histórica de Tucumán. En esa ocasión, dieciocho gobernadores provinciales firmaron un acuerdo propuesto por Javier Milei con diez pautas comunes. La séptima proponía “el compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país”, lo que provocó una especial aversión en el ambientalismo.

Además, antes de la firma conjunta entre el presidente de la Nación y los gobernadores, Milei había dicho en un discurso público que “Dios bendijo a nuestra tierra con una riqueza enorme en recursos naturales, pero los políticos han escuchado más las demandas de minorías ruidosas y organizaciones ambientalistas financiadas por millonarios extranjeros que la necesidad de prosperar que tienen los argentinos. Nosotros venimos a dejar atrás la demagogia buenista que condena a la miseria a millones de argentinos. La naturaleza debe servir al ser humano y su bienestar, no a la inversa. Los problemas ambientalistas tienen que poner en el centro al individuo”.  

La respuesta del ambientalismo al discurso oficial y al Pacto de Mayo no tardó en llegar. Las palabras del presidente y el texto firmado por las autoridades provinciales van a contramano del mandato constitucional que garantiza a todos los argentinos el derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano”, dice uno de los pasajes del documento firmado por ochenta agrupaciones ambientalistas. “La mención a las ‘minorías ruidosas’ y la calificación de las organizaciones ambientalistas como adversarios del progreso marca un rumbo equivocado en tal sentido —sigue el documento—, ya que han tenido y tienen un rol preponderante en la creación de nuevos Parques Nacionales, reservas naturales y áreas protegidas, colaborando así en la conservación de nuestro patrimonio natural y cultural”. El texto finaliza con un reclamo a las autoridades nacionales y provinciales para que se garantice el derecho a un ambiente sano, que se respete y aplique la normativa ambiental vigente y que se asegure el acceso a la información y la participación ciudadana en materia ambiental. 

ANCCOM conversó con Manuel Jaramillo, Director General en Fundación Vida Silvestre Argentina, una de las organizaciones sociales ambientalistas firmantes. El dirigente dijo que el discurso del presidente de la Nación es anacrónico y que “está tan desfasado en el tiempo como lo es firmar el Pacto de Mayo en julio. Hoy los mercados no están buscando flexibilizaciones ambientales sino certificaciones sociales y ambientales que permitan que los productos que se generen alcancen los mercados. Pensar que se van a conseguir mayores o mejores inversiones flexibilizando las normas ambientales y sociales es pegarse un tiro en el pie para el desarrollo de nuestro país”. 

Por su parte, Ariana Krochik de la organización Consciente Colectivo, otra de las agrupaciones firmantes, dijo que “si bien el documento que ellos firmaron no tiene ninguna validez legal, el discurso muestra la orientación de adónde quiere ir este gobierno, que es poder vender el país a dos mangos con cincuenta sin ningún tipo de condicionamiento o sin las condiciones mínimas que se espera ni las normativas vigentes que existen hoy”. 

ANCCOM también conversó con Micaela Oroz de la organización ambientalista Ahora qué?, otra de las firmantes, quien dijo que el oficialismo “nos pinta como enemigos del desarrollo nacional, lo cual está muy lejos de ser la realidad, porque queremos apostar por un desarrollo sostenible e inclusivo. El discurso de Milei no era tan peligroso cuando era un panelista en ‘Intratables’, pero ahora es peligroso porque es el presidente de la Nación y es en base a eso que se van a redactar las políticas públicas y la base que se les está dando a las empresas que van a insertarse en el país”. 

Suponiendo que al presidente de la Nación le llegue el documento firmado por las organizaciones ambientalistas, ¿cambiaría su visión en torno a la problemática socioambiental? “No tenemos mucha expectativa de eso —opinó Jaramillo—. Lo que hicimos ahora es transformar el documento en una propuesta formal de pedido de audiencia con el presidente de la Nación o con el jefe de Gabinete. Vamos a hacer lo mismo con los gobernadores, porque son ellos los que firmaron el Pacto de Mayo y los que tienen, en realidad, las políticas para la gestión de los recursos naturales”. 

A su vez, Krochik dijo que no cree que el presidente cambie de postura al leer el documento firmado por el ambientalismo, pero aseguró que dicho documento “no es tanto para el presidente sino para quienes lo están acompañando y para los gobernadores que se presentaron en el Pacto de Mayo. Yo no creo que nuestro presidente lo haga por una cuestión de ignorancia, aunque sí creo que la tiene en esta materia, sino que es una decisión política. En cambio, creo que las personas que lo están apoyando no siempre están del todo acuerdo con lo que está diciendo y tal vez el documento les puede inclinar un poco la balanza”. 

“Yo creo que no va a cambiar su visión —opinó a su vez Oroz—, pero sí creo que siempre es importante mostrar la fuerza de la acción colectiva y mostrar la unidad sectorial ante las diferentes problemáticas. Puede que no cambie su visión, pero que sí genere un impacto para otros actores dentro del sistema político, como el Congreso. Esperamos que el documento genere impacto en la legislación”. 

Por otro lado, Jaramillo enumeró una serie de situaciones que, a su parecer, debilitan los logros conseguidos por el ambientalismo. Dijo, por ejemplo, que ya no hay una Secretaría de Cambio Climático, que se ha asignado a una persona a cargo de la Dirección Nacional de Cambio Climático pero que fue nombrada como Directora Nacional de Biodiversidad, porque la Dirección no está creada todavía. También mencionó la reciente aprobación del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), que va en consonancia con el séptimo punto del Pacto de Mayo, que es el compromiso por la explotación de los recursos naturales. “Esto muestra la falta de interés que el Poder  Ejecutivo Nacional está teniendo para con el ambiente —opinó Jaramillo—. Es la negación ya no del cambio climático sino de la responsabilidad de los humanos sobre el cambio climático. Va en contra de lo que han firmado más de 180 países en el Acuerdo de París y va en contra de lo que más de 5.300 científicos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático han demostrado a lo largo de treinta años”. 

Por su parte, Krochik advirtió que “no sólo hay desinformación sino también una negación de la otredad, no solamente con los que piensan distinto sino también con lo que se ha logrado hasta ahora. ¿Quién es una persona, representando un país, para negar tan abiertamente a la ciencia, que nos está advirtiendo de los efectos que tiene el cambio climático y lo que es importante hacer en base a eso?”.

“Para nosotros no hay duda sobre la importancia del cambio climático y la inminencia de la crisis —concluyó Oroz—. De hecho, es algo que las empresas multinacionales estipulan dentro de sus planes de inversión. Es un retroceso que el discurso oficial sea, primero, postularnos a los ambientalistas como enemigos del desarrollo nacional y, después, negar tan abiertamente al cambio climático, que es un debate saldado y que retrasa cincuenta años”. 

Música para la libertad

Música para la libertad

Numerosas bandas participaron del Festival Solidario realizado en Plaza de Mayo para exigir la excarcelación de las dos personas que aún quedan detenidas por participar de las protestas contra la Ley de Bases. El documento que se leyó también exigió el cierre de las causas a todos los manifestantes enjuiciados y reclamó contra el desmantelamiento de los sitios de memoria.

Con numerosos artistas en escena tuvo lugar el festival que exigía la liberación de las dos personas que aún se encuentran detenidas desde el 12 de junio tras haber participado de las protestas en contra de la Ley Bases. En el festival también se pidió por el cierre de las causas a las 33 personas que habían sido arrestadas en aquella jornada -31 ya recobraron la libertad- y se planteó la defensa de los sitios de Memoria y Derechos Humanos.

La acción comenzó con un traspié. Alrededor de las once de la mañana, cuando llegaron los encargados de armar el escenario, los agentes de Espacio Público y de la Policía de la Ciudad les informaron que no estaban autorizados a instalar la tarima. La explicación fue que el permiso que había sido tramitado ante el Gobierno de la Ciudad no había sido convalidado por el Gobierno nacional.  Por ello, los organizadores debieron pasar casi cinco horas tramitando la autorización para llevar adelante el festival. Así lo explicó la hermana de una de las detenidas aquel 12 de junio.

Recién a las 15.40 comenzaron a armar el escenario. En ese momento ya iban llegando algunos militantes de distintas agrupaciones y también algunas de las personas que habían sido detenidas el 12 de junio en los alrededores del Congreso.

Una de las detenidas aquel día fue Sasha Lyardet. En diálogo con ANCCOM, contó algunos de los detalles sobre su detención. “Fueron días muy terribles. Los primeros momentos, cuando estuvimos detenidas por el Gobierno de la Ciudad, nos paseaban por diferentes alcaidías y comisarías. Pasamos la primera noche esposadas arriba de un móvil policial,la segunda noche hacinadas en un pasillo. Después  a Comodoro Py y cuando nos negaron la excarcelación fuimos trasladadas al Servicio Penitenciario Federal, en mí caso al penal de Ezeiza, que es de máxima seguridad”. 

Asegura que en esos momentos le daba tranquilidad saber que cientos de organizaciones estaban moviéndose para lograr su liberación. Lyardet explica que en el momento de la detención estaba con dos amigos de la facultad y ya se estaban yendo. Habían ido allí con la Asamblea Vecinal de San Martín. También cuenta que mientras estuvieron en el penal, ella y las otras manifestantes detenidas, estuvieron siempre aisladas, sin mezclarse con las otras reclusas. Lyardet fue liberada el 18 de junio.

Otro de los detenidos fue Santiago Adano, que es músico y se presentó en el festival con su grupo Julio y Agosto. Sobre los dos días que pasó preso dijo que se sintió muy raro. “Éramos gente que no tenía que estar en esa situación. Llegamos en dos días a un penal de máxima seguridad. Estuvimos en Marcos Paz en mi caso , cuando sabemos que hay un montón de condenados en lista de espera , porque no hay cupos en esas cárceles de máxima seguridad. Ni siquiera esperaron para trasladarnos a que se decida si había lugar a la excarcelación. Evidentemente querían generar esta idea de que protestar está mal”.

Sobre las dos personas que quedan detenidas, Adano dice: “Pienso en cómo estaría mi familia conmigo un mes adentro, cómo estaría yo. Es una sensación muy rara. No saber cuándo vas a salir, no podría imaginarme estar un mes adentro en una cárcel de máxima seguridad”. Y posteriormente agrega: “Aún los delitos de los que se los acusan son excarcelables, con lo cual deberían estar afuera esperando su proceso judicial.Es muy desconcertante que sigan adentro, por eso estamos en este festival pidiendo por su liberación y también por la defensa de los espacios de Memoria y Derechos Humanos”

A las 16.15 dio inicio el acto, recordando que se cumplían treinta días desde las detenciones. Se pidió un aplauso para celebrar las liberaciones de Cristian Valiente y Daniel Sica, que tuvieron lugar el jueves .

La primera en subir al escenario fue Flipa Lestani,que entonó algunas canciones generando un clima muy distendido. Luego se leyeron las adhesiones al acto de numerosos legisladores, organismos de derechos humanos, y demás asociaciones de la sociedad civil. Posteriormente llegó el turno de ocupar el escenario para Paula Maffía. La cantante, como todos los presentes, expresó que “manifestarse no es un delito”. Después vino la rapera Saga.hfk. Con los ritmos urbanos y el RKT se empezaría a sentir un clima mucho más festivo.

Luego llegó al escenario Sudor Marika, el público se encendió y el baile se apoderó del lugar. Al terminar la actuación el cantante de la banda recordó que el lunes empieza el juicio por Tehuel, el joven transgénero desparecido en 2021. Entonces la multitud entonó cánticos que decían “no estamos todos porque aún falta Tehuel”. 

También participaron del acto organizaciones del movimiento piquetero. Y leyeron una carta de una de las detenidas , Daniela Calarco , integrante de ese movimiento.

Después de la actuación del grupo La piba berreta, se leyó el documento del acto en el que se remarcó que “ todavía Roberto y Daniela siguen presos” y se exigió su inmediata liberación.

En el documento también se agradeció a todos aquellos que se movilizaron desde el primer momento y a todos los que asistieron al acto que se realizó en la Plaza de Mayo el 18 de junio pidiendo por la liberación de los detenidos. Además se reclamó por la permanencia de políticas de Memoria y se pidió por el cese de despidos en el área de Derechos Humanos .

Posteriormente llegaron las actuaciones de Julio y Agosto. Y el cierre estuvo a cargo de La Perra que los Parió, dando final a una jornada dónde la protesta tomó la forma de expresión musical.

De las 33 personas detenidas el 12 de junio, 17 fueron excarceladas 48 horas más tarde. Otras 11 fueron liberados el 18 de junio, por falta de mérito. El  4 de julio, la Justicia liberó a Facundo Gómez y el pasado jueves a la tarde fueron salieron de la cárcel Cristian Valiente y David Sica.

Quienes aún continúan detenidos con prisión preventiva son Patricia Daniela Calarco Arredondo y Roberto María de la Cruz Gómez. A Calarco se la acusa de incendiar bicicletas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a De la Cruz se lo acusa de intimidación pública con atentado a la autoridad.

¿Viva la patria?

¿Viva la patria?

Como si fuera un niño, el presidente Javier Milei jugueteó arriba de un tanque en el desfile que organizó para el Día de la Independencia. La estrella más esperada fueron los tanques y hubo banderas reivindicativas a los carapintada.

Son las nueve treinta de la mañana, hace unos cinco grados, propios de esta altura del año. Es un 9 de julio distinto: el presidente Javier Milei organizó un desfile militar para celebrar el Día de la Independencia a la antigua usanza, una manera de acentuar su alianza con el sector castrense y aprovechar para subrayar su posicionamiento negacionista.

Llegar a Avenida Libertador por Godoy Cruz implica pasar por un primer vallado, donde un policía espera al lado de su moto. En la calle somos un puñado, sumados al elenco de runners y ciclistas que, sin considerar los festejos, recorren la avenida cortada.

Además de la gente, concentrada en las esquinas donde el sol apenas pasa entre los edificios, con sus mates y parlantes, llama la atención la cantidad de efectivos de la policía que, a pie o subidos a cuatriciclos, circulan rabiosos entre las personas. 

La gente está dispersa pero todos caminan por Libertador hacia el centro. Otra parte, no menor del elenco, son los comerciantes: puestos dedicados a la venta de banderas, de tres mil a diez mil pesos, escarapelas para todos los santos, incluso una con el contorno de Perón. José, que está a cargo de uno de estos puestos, dice que armaron su stand a las 8 de la mañana y que desde entonces están vendiendo. Hay unos tres puestos por cuadra, algunos más improvisados, pero muchos idénticos en armado y productos. “Se organizaron”, dice José. Por el medio de la calle pasa otro mercader, con un cartel en el que se lee: “Patitos kawaii patrios” que vende a mil pesos la unidad.

A medida que se va acumulando, las personas comienzan a formar una columna, que la policía atraviesa veloz en cuatriciclos y motocicletas. En el fondo se oye, difusa, una voz femenina por los altoparlantes. Con ella, se desencadena una cacofonía de sirenas y las personas comienzan a agitarse.  Un zumbido se escucha a lo lejos. Al fondo de la avenida, se ve como se levantan las banderas. Los perros comienzan a ladrar y se escuchan acercarse los aplausos. Pronto todo esto encuentra su explicación: nos sobrevuelan los aviones de la armada. Primero se ven dos de gran tamaño, volando en solitario, y luego les siguen grupos de cuatro de menor envergadura. Parecen muy cercanos a los edificios. Luego de unas dos docenas de aviones, el sonido de sus turbinas se ve eclipsado por otro aún más potente: la hélice de una decena de helicópteros, que recorren el tramo de Agüero a Dorrego a una altura muy baja. 

La gente sale de los balcones a mirar y muchos cierran sus ventanas ante el estruendo.  “Tengo miedo”, le dice una nena a su madre. La gente aplaude de todas formas.

Aún más cuando vuelven a pasar tres aviones de caza que, al estilo americano, dejan una estela colorida. El del medio, una estela blanca, y los del costado una azul que se funde con el cielo de fondo. La reacción disminuye cuando vuelven a pasar sin los gases celestes. 

“Es un día peronista: se robaron hasta las nubes”, le dice un viejo a otro. Entre el murmullo, la voz del parlante se mantiene difusa y distante, así como el aplauso que muere prematuro. La gente comienza a caminar con más aplomo, mientras que oficiales van formando un perímetro que hará de pasarela.

El desfile da comienzo. La acumulación es pausada, pues en el medio circulan excombatientes de Malvinas y agrupaciones militares. Esporádicamente, suenan vitoreos en respuesta a la consigna que dan quienes desfilan: el “¡Viva la patria!” de siempre, los cánticos de Ar-gen-tina. La mayor parte de la multitud se mantiene en silencio.

Entre tandas de oficiales retirados, la gente aprovecha para cruzar al otro lado y amontonarse en la vereda. Se forma un cordón de espectadores a ambos costados de Libertador y Coronel Diaz, pero detrás de ellos la gente circula tranquila, incluidos corredores, transeúntes y turistas sorprendidos. 

A medida que avanzamos hacia la voz, que no se aclara a pesar de la distancia, la concentración de personas se mantiene constante. Militares y civiles pasean al interior de la columna, pero solo son aplaudidos por unos pocos. Policías en moto atraviesan el desfile en contramano.
El apoyo se renueva cuando empiezan a circular banderas con consignas de Malvinas. Se reanudan los cantos: “¡Viva la patria! ¡Viva! Viva la patria carajo”. ¿Viva?

Un niño me dice que es muy importante el país. No tengo tiempo para responderle, algo cambió en el desfile: ya están circulando la primera fila de militares, los abanderados. Los primeros son los cadetes del colegio militar; circulan liderados por oficiales mayores que saludan como estrellas de rock de antaño a su público. Sus bigotes bien peinados y sus banderas flameando en el aire despiertan algún aplauso, que se acompaña de vítores en algunos sectores.

Un grupo de jóvenes cargan con otro aire. Dicen estar acá “por amor a la patria”. “Ellos tenían mi edad cuando fueron a la guerra”, dice Adrián, uno de ellos, que lidera el coro de “Viva la patria carajo”. 

En el espacio entre filas, los militares se acercan a sacar fotos con el público. Una señora, a mi lado, se emociona, rompiendo en llanto. Un niño celebra alguna victoria percibida: “Al fin, ¡ganamos!”, exclama. ¿Ganamos? 

Siguen desfilando los distintos cuerpos, con sus propias vestimentas: boinas verdes, gorros de marinero, boinas rojas, cascos camuflados, incluso algunos envueltos en capas de un rojo intenso. 

“Imposible circular”, dice un señor, parado en un claro entre la multitud. “Yo lo voy a ver por la tele que se ve bárbaro”, añade. Un runner se para a sacarle fotos a la multitud. Es inglés, me confiesa en su idioma, vino por trabajo y salió a correr igual. No se esperaba un desfile militar. 

“¿Y los tanques?”, escucho que pregunta un niño.
Las sirenas vienen en aumento y ahora vienen de todas partes. El desfile, propiamente dicho, ha comenzado. La policía trata de hacer retroceder el perímetro, pero la gente no responde. No hay aplausos ni “Viva la patria”, ahogados por las sirenas y el ruido de los motores.
“Ahí vienen los milicos, eso quería ver”, dice un señor, envuelto de pies a cabeza en merchandising de la fecha. Una niña estalla en llanto.

Detrás de la primera fila de banderas, circula la banda militar, que entona la Marcha de San Lorenzo. La gente no acompaña sus estrofas, pero se escucha a niños coreando el “Muchaaachos”, quizás por la costumbre. 

Los soldados caminan ordenados en filas de 10, rifles, mosquetes y bayonetas en punta. Pasan dos, tres, cuatro, diez. Unas 150 puntas al aire. La gente aplaude tímida, amuchada en la puerta de los edificios y encima de los canteros de la vereda. Están viendo, pero son pocos los que cantan y aplauden. ¿Viva la patria? ¡Viva!

Un chico, de marcado acento caraqueño, me dice que vino “a apoyar al presidente” antes de salir despedido para adelante.

Un segundo contingente de la banda militar viene llegando, pero no reconozco la melodía que entonan. La gente no vitorea, pero se escucha a algunos acompañar el canto de “la valiente muchachada de la armada” filmando con sus celulares. Le pregunto a una de las señoras por qué filma, pero se rehúsa a elaborar: “Por gente como vos llegamos acá”, me dice.

Los desfilantes intentan propulsar un nuevo “Viva la patria”, pero cada vez es menor la respuesta. Pasan chicos con el pelo al estilo militar, pero sin uniforme. “Juega River, ¿sabías? contra el equipo de Falcao”, se escucha que comentan mientras caminan adelante. 

En la fila, se acercan dos chicos con boinas en la mano. “Deben ser de segundo año”, comentan entre sí.. Dicen que ya no forman parte de las FFAA, pero que venían a apoyar a sus compañeros, toman una foto de la fila y se van.

“¡Viva la patria!”, gritan los soldados.
“¡Viva!”, responden dos personas.

Un niño pasa con un globo en forma de sable corvo. 

Una sirena rompe con el silencio, haciendo que la gente gire la cabeza. Es un contingente de boinas rojas, que indican retroceder: viene el Regimiento de Patricios. La llegada de la fila y su banda causa un levantamiento de celulares.

Cuando intento preguntarle a un señor con una gorra del Intrepid y cara de enterado porque tanto revuelo, me encuentro con la misma negativa: “No hablo con periodistas”.

Escuchó que uno dice al pasar: “Hay que aceptar que no somos el centro del mundo. Hay que hacer plata”. En medio de una fila de policías federales vestidos de all-black, surge una fila de militares camuflados, con visores tácticos, RPGs y rifles de asalto.

“¡Mira mamá! ¡Como en las pelis!”, se escucha que dice una nena.

“Esto le encanta a la gente pobre”, dice otro.

Una fila de cadetes desfila con skis deportivos.

A mi espalda, un niño se quiere ir, a lo que su padre le sugiere que se siente en el suelo, que ya vienen los tanques. “Pero quiero ir al baño”, le dice, a lo que el padre sentencia “Ellos que están desfilando tampoco pueden mear, ni cagar, ni nada”.

“¡Viva el comando 101”, estalla una voz. Los aplausos están ausentes hace rato.

“Aguante la Villar”, grita el otro. Ahora los que desfilan tienen la cara pintada y los distintos uniformes se suceden en una fila única. Su armamento se hace cada vez más pesado, con los últimos cargando morteros. Los de la cara pintada pasan por una bandera negacionista que los reivindica: “Los carapintada tienen razón”, se lee en el que quizá sea el primer apoyo explícito y público en las cuatro décadas de democracia al grupo de militares que intentaron darles golpes militares tanto a Raúl Alfonsín como a Carlos Menem.

Un señor, emocionado, le saca fotos a la columna y me confía, “No pensé que los volveríamos a ver así”.

Los de la cara pintada pasan por una bandera negacionista que los reivindica: “Los carapintada tienen razón”, se lee en el que quizá sea el primer apoyo explícito y público en las cuatro décadas de democracia al grupo de militares que intentaron darles golpes militares tanto a Raúl Alfonsín como a Carlos Menem.

Desfila ahora la policía, lo que causa que el aplauso se haga más fuerte que nunca. Un niño me explica que los aplauden porque “son los buenos”. Desfilan con su clásico uniforme, pero también con sables, bastones y bayonetas. Quien conduce la fila, con aptitudes de showman, le dice al público: “A ver si nos acompañan” y vitorea: “¡Viva la patria!…”

La liturgia de la Policía de la Ciudad se ve interrumpida por indicaciones de retroceso. Escucho que los niños gritan: “¡Los veo! ¡Los veo!”. Al fondo de la columna se asoman vehículos marrones y verdes. “Mamá, ¡vienen los tanques!”, dice un infante. “Disfrutalos hijo”, le responde.

El tour-de-force está en su pico, pero el aplauso sigue tímido. La gente saluda, vitorea, le chifla al tanque, que más bien es un camión acorazado. Su desfilar es sorprendentemente silencioso, aún estando cargado de oficiales que saludan desde las armas montadas, tocando la bocina. No sabía que los tanques tenían bocina. Algunos se hunden en aclamaciones emotivas, vivas y aplausos.

En uno de los tanques va el presidente Javier Milei y su vice, Victoria Villarruel. El mandatario simula disparar un arma. Parece un niño jugando a la guerra.

Los tanques son protagonistas y se van ovacionados: “¡Si! Para sacar a los que entran ilegalmente”, grita un señor, envuelto de pies a cabeza en banderas.

Circulan también ambulancias, camiones de comunicaciones con aires acondicionados, jeeps camuflados, motos. Todo es sorprendentemente silencioso.

Ahora sí, se pueden ver los verdaderos tanques, que vienen en dos camiones IVECO de eje cuádruple, seguidos de otros que recorren la avenida. La gente aplaude rabiosa y solo se pueden ver los celulares en el aire. Los cañones apuntan hacia atrás. Los soldados saludan felices desde los puestos de artillería. La multitud enloquece.

Una vez que pasaron, la desconcentración es casi inmediata. Los boinas rojas intentan contener al público, instándolos a esperar a que termine el desfile, pero la gente sigue saliendo al paso. 

“Ahí vienen más tanques”, dice un padre a su hijo que comienza a bailar.

Se acerca una fila de mamotretos de color marron claro, una fila de tanques de mayor tamaño, que hacen temblar el aire y expulsan un calor notable que calienta el rostro. Sus cañones apuntan hacia adelante. 

“¡Viva la patria!” dicen los soldados.
“¡Viva!”, le responde la multitud.

Una vez que pasaron la multitud voltea apurada. Ya son las 14..

Por último, según informó un oficial, desfilarán los Granaderos montados a caballo.
“¿Cuándo vuelven los tanques?”, pregunta un niño.
Para cuando pasaron los últimos granaderos, ya no queda nadie aplaudiendo, solo una multitud heterogénea: viejos, jóvenes y niños que aplauden a una patria propia, hecha a su medida. Los niños cantan “¡Viva Scaloni! ¡Viva!”, “¡Viva Messi ¡Viva!”, “Viva Aimar ¡Viva!”. Los jóvenes hablan del acto, si Milei domó a los zurdos o si es raro ver al presidente en un tanque. Los viejos hablan de actos militares de otros tiempos, la pérdida de la autoridad o el miedo de volver a lo de antes. ¡Viva la patria! ¿Viva?

 

Bases y condiciones para privatizar

Bases y condiciones para privatizar

Con su primera ley aprobada en el Parlamento, el gobierno de Javier Milei quedó habilitado para vender varias empresas públicas. La necesidad de dar razones oficiales para volver a los 90.

Le llevó seis meses al Gobierno y ceder en algunas pretensiones pero finalmente la Cámara de Diputados le aprobó en la madrugada del 28 de junio la Ley Bases y el paquete fiscal que la gestión de Javier Milei venía empujando con prisa y sin pausa desde diciembre. El ambicioso paquete de reformas original contaba con más de 600 artículos que atravesaban todas las áreas, desde lo impositivo, privatizaciones, seguridad, reformas laborales, jubilaciones y más. En un semestre de intensas negociaciones -y un rechazo de diputados de por medio- el proyecto fue mermando a una versión más escueta y “suavizada” que la original, que tuvo su aprobación definitiva en el Congreso Nacional, luego que Diputados acompañara la norma con 147 votos positivos, 107 negativos y dos abstenciones.

Uno de los puntos más polémicos del proyecto fue el capítulo de las privatizaciones de empresas estatales. Originalmente, se pretendía poner a la venta 40 empresas del Estado, entre las cuales se encontraban YPF, Aerolíneas Argentinas y Banco Nación. Luego de un intenso tira y afloje -que caracterizó el debate de ley en su totalidad- se redujo a 11 (entre las que se quitó a YPF y al Banco Nación) y finalmente en el Senado se quitaron de la lista a Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y los medios públicos.

Según el texto aprobado por el Congreso, las empresas sujetas a una privatización completa son cuatro; Intercargo SAU; Enarsa; Nucleoelétrica Argentina; Yacimientos Carboniferos de Río Turbio. A su vez Agua y Saneamientos Argentinos S.A., Belgrano Cargas y Logística S.A., Sociedad Operadora Ferroviaria S.E (SOFSE) y Corredores Viales S.A. quedarán disponibles para su privatización o concesión.

En conversación con ANCCOM, Karina Forcinito, experta en privatizaciones, docente investigadora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Universidad Nacional de Luján y en la Maestría en Estudios Sociales Latinoamericanos de la UBA, afirmó que el plan de Milei está “vinculado con la necesidad de hacerse de reservas y dinero para financiar el programa del gobierno”. Según Forcinito, la decisión de poner algunas empresas estatales a la venta se enmarcaría en la “concepción anarco neoliberal de Milei, donde el Estado es el principal problema de la economía y es por eso que debe reducirse a su mínima expresión”. El mismo mandatario liberal se calificó a sí mismo como “el que destruye el Estado desde adentro” en una entrevista reciente en el medio internacional The FP Honestly.

Forcinito destacó que algunas de las empresas funcionan bien en las manos del Estado: “Intercargo da ganancia, de los corredores viales el 25% de las rutas del país son superhabitarias”. Igualmente, aclaró que todo dependerá de la forma en la que “se desarrollen las privatizaciones y la bajada de línea que determine el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI)”, foro destinado al arreglo de diferencias entre inversionistas y Estados en la mayoría de los tratados internacionales de inversión.

La investigadora celebró la quita de Aerolíneas Argentinas de la lista de empresas a privatizar. Para ella la aerolínea “tiene la carga del servicio universal y asume todas las rutas deficitarias que ningún privado quiere asumir. Si se hubiera privatizado quedarían desconectados muchos lugares”.

Por último, la experta en privatizaciones afirmó la necesidad de poner en discusión los términos de las ventas con “gente que entienda que el Estado, según la Constitución, tiene funciones indelegables que tiene que cumplir en materia de servicios públicos y entienda la diferencia entre un servicio público y uno privado. Lo que pasa es que este gobierno no ve la diferencia, entiende que todo es negocio y no le importa”.

José Castillo, economista, dirigente nacional de Izquierda Socialista y docente investigador de la Universidad de Buenos Aires, conversó con ANCCOM y afirmó que la estrategia de incluir el capítulo de privatizaciones tiene que ver con una necesidad de “mostrar esa imagen de desregulación, una línea ideológica de privatizaciones, que se integra al programa de ajuste estructural clásico del Fondo Monetario Internacional (FMI) y que se conforma de tres patas: reforma laboral, reforma jubilatoria y reforma fiscal”.

En relación a esta ley, Castillo aseguró: “Hay una desesperación del gobierno de mostrarle a los organismos internacionales, sobre todo al FMI y a los inversores, que tienen la posibilidad de pasar alguna ley. Desde afuera aplauden el proyecto de Milei pero dudan de su viabilidad política. Milei no está logrando ningún acuerdo político”. El recorte del ambicioso proyecto original de la Ley Bases anuncia lo mismo: Milei tuvo que bajar del “trono” y empezar a hacer concesiones entre los partidos al estilo “casta” para poder lograr apoyo del Legislativo.

Siguiendo a Castillo, el gran desafío que tiene Milei para accionar su plan político es “la estabilización de la economía y no está logrando conseguir esos dólares. El FMI tampoco está dispuesto a prestarle de nuevo a Argentina. Este es el gran problema de corto plazo que tiene el gobierno: no tiene plata ni para pagar las exportaciones hoy, ni siquiera pudo abrir el cepo”. El historial de préstamos y cesación de pagos del país se suma al “miedo que tienen los inversores extranjeros a la gobernabilidad de Argentina. Están de acuerdo con el programa económico pero quieren resultados de estabilización y acuerdo político”, afirmó Castillo. En este sentido, la aprobación de la Ley Bases significa un triunfo; logró finalmente llegar a un primer acuerdo político en su gestión, que podría mandar señales de estabilidad a los inversores extranjeros.

En cuanto al plan a largo plazo del gobierno, el dirigente apuntó: “Está muy claro: que se derrumben los salarios y las jubilaciones, que desaparezca la legislación laboral argentina. Argentina pasaría a ser una economía de enclave, en condiciones de competir con otros países, como los del sudeste asiático. Es un esquema donde vienen empresas extranjeras en búsqueda de mejores precios de producción pero no para mejorar la economía local sino para exportar. Para hacer eso tenés que lograr la tremenda derrota para los derechos a los trabajadores” cerró Castillo.

Las privatizaciones en los ‘90

ANCCOM también conversó con Emiliano Libman, doctor en Economía e investigador asistente del CONICET, sobre el esquema de privatizaciones de los ‘90 y las resonancias con esta ley: “Durante el gobierno menemista efectivamente el esquema de privatización generó una mejora en las cuentas públicas: atrajo ingresos frescos y un atractivo para los inversores internacionales. Buena parte de los activos de las empresas públicas formaron parte de toda la estrategia de reestructuración de la deuda que Argentina y los demás países de América Latina tenían desde los ‘80”. Pero fue una estrategia que sólo funcionó “en el corto plazo para eliminar los problemas fiscales”. Tiempo después y a raíz de la convertibilidad el país volvió a endeudarse y terminó la década con una deuda muchísimo más grande que con la que la había empezado.

“Milei elogia al gobierno menemista, pero el contexto es muy diferente. Hoy Argentina no tiene el mismo acceso al crédito que tenía en los noventa. Queda por verse que si Milei puede sostener el ajuste en estos niveles, que es muy fuerte”, concluyó Libman.