Cacería y criminalización

Cacería y criminalización

Jun 13, 2024 | Destacado 1, Vidas políticas

Treinta y tres detenidos quedaron luego de la movilización al Congreso contra la Ley Bases. Muchos de ellos ya desconcentraban. Los acusan de delitos gravísimos, como sedición, para no liberarlos.

La aprobación de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos en el Senado tuvo lugar en una jornada signada por la violencia, los gases lacrimógenos y la represión policial afuera del Palacio Legislativo. Luego de 24 horas ninguna de las 33 personas detenidas recuperó su libertad a instancias del fiscal federal Carlos Stornelli, quien las acusó de una docena de delitos graves no excarcelables. Se trata del correlato judicial de las declaraciones del gobierno que calificó a los manifestantes de “terroristas” que intentaron realizar un “golpe de Estado”. Los abogados de los arrestados denunciaron que las condiciones de detención violaron sus derechos humanos.

Cerca de las 11 de la mañana, luego de que el senador Martín Lousteau, presidente de la Unión Cívica Radical, decidiera bajar al recinto y dar quórum, las fuerzas policiales y de seguridad comenzaron su despliegue, delante de un Congreso totalmente vallado y militarizado. La presencia de manifestantes se esperaba desde temprano, ya que la convocatoria fue para estar allí desde la mañana y durante todo el tratamiento de la ley. «Tiene total sentido que la única manera de hacer pasar una ley como esta, con el nivel de gravedad y daño que ejecuta sobre el país y sobre el pueblo, sea reprimiendo con esas características porque en la calle estaba el pueblo intentando presionar pacíficamente para que eso no se apruebe”, declaró a ANCCOM Facundo Merlán Rey, integrante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) y miembro de la Red Federal en Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia.

Cerca del mediodía la policía intentó evitar el paso de algunas columnas que estaban sobre la Avenida Callao. Con el correr de la tarde la tensión fue aumentando y los uniformados ya se mostraban exacerbados. Alrededor de las 14, a la altura de Callao, entre Rivadavia y Mitre, lanzaron gases a un grupo de diputados de Unión por la Patria. Comenzaron las corridas y fueron lanzados los primeros gases lacrimógenos. Ya había un detenido. 

Cerca de las 16, aún en la plaza de Congreso, se desató el operativo represivo. Hubo más de 200 personas heridas por los gases y balas de goma. Entre ellos, trabajadores de prensa, identificados con sus pecheras, jubilados, totalmente indefensos, y los cinco diputados de Unión por la Patria que habían intentado ingresar al recinto: Carlos Castagnetto, Leopoldo Moreau, Luis Basterra, Juan Manuel Pedrini y Eduardo Valdés. Algunos de ellos fueron atendidos en la enfermería del Congreso, otros debieron ser asistidos en el Hospital Oftalmológico Santa Lucía. Los camiones hidrantes lograron hacer retroceder a los manifestantes, que se vieron obligados, por lo menos en su mayoría, a comenzar a desconcentrar, debido a la violencia ejercida por Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria actuando en conjunto. 

 

Caza mayor

Tras el incendio del vehículo de Cadena 3, un medio de Córdoba, se desató la cacería indiscriminada de manifestantes. «Hubo una avanzada absolutamente desmedida, desproporcionada e injustificada dentro de lo que era la Plaza de Congreso hacia la zona de Avenida de Mayo. Allí se avanzó con gases lacrimógenos, que dicho sea de paso, algunos de ellos son gases nuevos, que no conocíamos, y que son bastante más agresivos que los que conocemos”, sostuvo el miembro de Correpi. Cerca de las 18 se produjeron la mayoría de las detenciones, a varias cuadras de distancia, entre las Avenidas de Mayo y 9 de Julio. Más de 20 personas fueron arrestadas por la Policía de la Ciudad y la Policía Federal. «Las detenciones se dieron en distintos lugares, fue una verdadera cacería. Pero podríamos marcar dos momentos clave: uno cerca de las 17:30 en la zona de Congreso y otro momento cerca de las 21 en la 9 de Julio”, agregó Merlán Rey.

Caída la noche, la represión continuó y las detenciones también. Rápidamente organizaciones sociales y de derechos humanos que habían estado monitoreando la situación en la calle comenzaron a circular por redes las listas con los nombres de las personas arrestadas. Con el correr de las horas la cifra fue aumentando. En total, y hasta el momento, son 35, 22 bajo la custodia de las fiscalías de la Ciudad de Buenos Aires y 13 en la órbita de la justicia federal. Los varones quedaron alojados en la Alcaldía 4, en el barrio de Parque Patricios, mientras que las mujeres fueron trasladadas a la Alcaldía 15, en Chacarita. En cuanto a las detenciones llevadas a cabo por la Policía Federal, los detenidos se encuentran en la Superintendencia ubicada en Madariaga y General Paz, en Lugano.

Campaña sucia

La respuesta del Gobierno no se hizo esperar. Desde su cuenta en X, la Oficina del Presidente felicitó a las fuerzas de seguridad por su accionar represivo y acusó a los manifestantes de intentar perpetrar un golpe de Estado. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue aún más lejos, calificando el accionar de los manifestantes como un «golpe de estado moderno”. Además, exigió a la Justicia que los detenidos sean acusados por sedición. Según un comunicado de ese Ministerio, los detenidos podrían ser más en la medida en que sean identificados a través de grabaciones, y también afirmaron que exigirán que quienes se manifestaron paguen los costos del operativo. Por su parte, Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación, se refirió a los manifestantes que ayer llenaron la plaza de Congreso como «delincuentes» y adelantó que el Senado denunciará a todos aquellos “que atentaron contra las instituciones de la democracia”. 

”El gobierno está señalando que hubo un intento de golpe de Estado y en ese contexto aparece la figura de sedición del Código Penal, pero esto no fue un golpe de Estado, hubo golpes de Estado modernos en Bolivia en 2019, la situación del Planalto en Brasil, del Capitolio en Estados Unidos”, dijo Diego Morales, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “Esto fue el ejercicio del derecho a la manifestación social y pública, el uso de esta figura sin ningún elemento que caracterice la interrupción del funcionamiento de una instancia como el Congreso nos llama mucho a la preocupación porque recarga la imputación a las organizaciones sociales que se movilizaron, y en particular a las personas que hoy están detenidas, (el fiscal Carlos) Stornelli está pidiendo su prisión preventiva, el mensaje del Poder Ejecutivo Nacional ahora está reflejado en una imputación fiscal”, agregó. Morales describió que el escrito de Stornelli apenas transcribe tres notas periodísticas que reiteran lo que dijo el Poder Ejecutivo, pero no explica la relación entre cada detención y esos hechos tan graves que se les pretende imputar. El fiscal acusó a los manifestantes de los delitos de lesiones, daños agravados, incendio y estrago, instigación a cometer delitos, intimidación pública, incitación a la violencia colectiva contra las instituciones, organización o pertenencia a agrupaciones que tengan como objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza, atentado al orden constitucional y los poderes públicos, atentado y resistencia contra la autoridad y perturbación del orden en sesiones de cuerpos legislativos.

Cerca de las 20 de ayer, la justicia porteña delegó en la federal todo el caso y así todos los arrestados quedaron a disposición de la jueza federal María Romilda Servini de Cubría, quien ya había comenzado a indagar a algunos durante la tarde. Será ella quien deberá emitir avalar o no el pedido del fiscal. «Fueron detenciones totalmente irrisorias, comparándolas especialmente con las declaraciones posteriores del Gobierno en sus distintos comunicados en redes sociales donde hablaban de terrorismo y golpe de Estado”, afirmó Merán Rey. Y agregó: “Lo que sí significa es la configuración de un relato que se crea para este momento y de acá en adelante. Lo que está haciendo el Gobierno es presentar un discurso que ya lo traía desde la campaña, que le sirve a ellos para justificar las medidas que toman en términos económicos y sociales”.

Sin medicación

“Les dijeron ‘tirate al piso sino te agarramos de los pelos’, la detención fue ilegal, ellas estaban desconcentrando por 9 de Julio y Chile, la Policía de la Ciudad venía cazando gente, se llevaron a personas en situación de calle, tiraron gas vencido y tiros a mansalva”, dijo la abogada Candela Ramírez, del CADHU (Centro de Abogados por los Derechos Humanos) en representación de algunas de las mujeres arrestadas en la Comisaría vecinal 15 de Chacarita, quienes estuvieron horas en el camión policial estacionado en la Villa Zavaleta luego de haber sido paseadas por toda la Ciudad. “No nos dicen nada a los letrados, no dejaron pasar al Defensor del Pueblo, las siete chicas están en un pasillo, con las manos precintadas y se turnan para sentarse en una silla, están incomunicadas y no dejaron que les alcancemos a una su medicación”, agregó Ramírez, mientras un grupo del MST (Movimiento Socialista de los Trabajadores) cantaba “libertad, libertad a las presas por luchar”. La detenida Sasha Lyardet es militante de la agrupación. Para Ramírez, “esto es un intento de aleccionar a la gente para que no salga a la calle, protestar no es delito, porque por ahora el estado de sitio no nos llegó”.

Al cierre de esta edición, todas las personas detenidas continuaban privadas de su libertad mientras organizaciones de derechos humanos, instituciones educativas y gremios, entre otros, exigían su inmediata liberación. 

 

Dentro de los 35 arrestados se encuentra un docente, Juan Spinetto, delegado y afiliado a Ademys. Desde la gremial docente, denunciaron que los detenidos que fueron alojados en la Alcaldía 4 permanecieron incomunicados durante más de seis horas, sin saber el destino de su traslado, sin recibir alimentos y con la imposibilidad de ir al baño. Recién a las dos de la mañana los ingresaron a la comisaría. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) fue otro de los sindicatos que exigió la liberación de una de sus compañeras, María de la Paz Cerruti, trabajadora del Ministerio de Economía y afiliada de ATE. También forman parte de la lista estudiantes de distintas universidades nacionales; Ricardo Sharif Sleme de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), Mateo Dettore de la Facultad de Derecho (UBA), y Camila Juárez y Nicolás Mayorga, estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín.

La situación de los varones, arrestados en la Alcaldía 4 de Parque Patricios, no dista mucho. Nicolás del Caño, diputado nacional por el Frente de Izquierda, denunció que fueron golpeados y hacinados. Absolutamente ajenos a estas palmarias violaciones a los derechos humanos de las personas arrestadas, los funcionarios del Gobierno festejaban ayer la represión ordenada durante la jornada del miércoles 12, envalentonados por su primera gran victoria política. 

«La oposición quedó aún más desdibujada»

«La oposición quedó aún más desdibujada»

Jun 13, 2024 | Destacado 5, Vidas políticas

Luego de la extensa jornada que le dio al Gobierno en triunfo en el Senado, ANCCOM conversó con el abogado laboralista, Matías Cremonte  y la politóloga, Paola Zuban sobre las implicancias de la nueva ley y su impacto en el escenario político.

 

El proyecto de ley «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos» finalmente se aprobó ayer en el Senado, con varios cambios, luego de que la vicepresidenta, Victoria Villarruel, diera el voto positivo ante el empate entre los senadores. A pesar de la aprobación, aún sigue siendo una ley controvertida. Por eso, mientras dentro del Congreso se decidía el futuro del país, afuera, una multitud, a pesar de la represión y las vallas, se expresó en contra de la normativa. Según Matías Cremonte, abogado laboralista, la Ley Bases “afecta muchísimo a los trabajadores y trabajadoras, es una reforma laboral muy regresiva, tal vez la más profunda desde la última dictadura militar”.

A pesar de lo que los grandes medios comentaban sobre la agresividad de los manifestantes, durante la jornada del miércoles las balas de goma y gases lacrimógenos apuntaban a jóvenes, jubilados y demás personas que protestaban contra la ley. Por los disturbios ocasionados el presidente Javier Milei denunció que había intenciones de hacerle un “Golpe de Estado”. Paola Zuban, politóloga e investigadora expresa: “Constantemente (el presidente) corre los límites de lo políticamente correcto, incluso afectando la institucionalidad. Sigue en modo electoral con golpes de efecto permanentes en su narrativa combativa contra todo el que se le opone”. Además, agrega: “El peligro de esto es que avala la violencia. Pero ese estilo tiene un límite: la repetición y la rutinización se agotan demasiado rápido. La pregunta es si logrará cubrir las expectativas ciudadanas de mejora en la calidad de vida antes de ese agotamiento”.

Cremonte analiza puntualmente las modificaciones que trae la ley para los trabajadores: “Agrava muchos aspectos para el trabajo de los argentinos y argentinas como la extensión del periodo de prueba, la eliminación de las multas para el empleo no registrado, que va a generar una mayor informalidad laboral. Y la creación de la figura del trabajador autónomo que es básicamente una deslaboralización del contrato de trabajo. Esto último es un fraude laboral ante la ley”. A ello se suma el agravante de las sanciones que pueden tener los empleados por participar en huelgas o por ser activistas sindicales. “Es todo un retroceso limitar la posibilidad de ejercer libertades a los trabajadores ya que por llevarlas a cabo podría ser despedido con ´justa causa´, siendo el empleador quién toma esa decisión”, describe.

Sobre el escenario político que deja la votación de la ley, la politóloga Paola Zuban analiza: “Es el primer escalón de construcción de poder político de Milei, con un trabajo que se debería haber hecho antes. La oposición, sin una conducción clara ni consenso, quedó aún más desdibujada que antes”.

La ley del topo

La ley del topo

Jun 13, 2024 | Destacado 2, Vidas políticas

Tras una jornada de más de 16 horas, la Cámara Alta aprobó el proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. La Libertad Avanza (LLA) se impuso con el apoyo de senadores del radicalismo, el PRO, algunos provenientes del peronismo y el voto de desempate de Villarruel. Hasta último momento el Gobierno siguió haciendo concesiones para obtener su primer triunfo legislativo en seis meses de gestión.

La sesión inició a las 10.15 cuando el oficialismo consiguió el quórum con la presencia de 37 senadores. “Somos optimistas de que la ley va ser acompañada”, remarcó el primer orador y miembro informante de La Libertad Avanza, Bartolomé Abdala, quien además anunció que el Gobierno quitó de la lista de empresas sujetas a privatización a Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina, y que la norma tampoco suprimiría la moratoria previsional ni las pensiones por invalidez.

El senador y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau, segundo orador, adelantó su voto negativo al proyecto y cuestionó el artículo que le otorga facultades delegadas al Presidente de la Nación: “¿En serio le vamos a dar facultades delegadas? Yo no le daría poder a un director de escuela que diga que viene a destruir la educación pública”, afirmó, en referencia a los dichos del mandatario que se definió como “un topo” que pretende destruir el Estado desde adentro.

La noche anterior al debate, los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano habían llamado a no dar quórum, lo que hizo temblar por un momento el tratamiento de la ley, dado que sus votos eran fundamentales para el oficialismo. El foco, entonces, se puso sobre Lousteau, que, finalmente, se convirtió en uno de los responsables de garantizar el quórum para abrir la discusión en el recinto.

En diálogo con ANCCOM, la referente de la izquierda Myriam Bregman señaló precisamente que Lousteau “tuvo una oportunidad histórica de jugar a favor de las mujeres, de los jubilados, de los trabajadores y las trabajadoras, pero eligió congraciarse con el poder”. Además, sostuvo que la sesión “ni tendría que haber empezado con la cantidad de hechos de corrupción que la rodean” y que la ley es “nefasta para el pueblo y que para votarla tuvieron que comprar voluntades y reprimir en la calle”.

Cerca de las 14.30, el senador de LLA, Francisco Paoltroni, expresó que el Gobierno ya contaba “con los votos en afirmativo” y que el beneficio de esta ley es “la recuperación de la economía, que va seguir cayendo la inflación, que un montón de trabajadores que están fuera del sistema van a poder encontrarse con un recibo de sueldo y que van a poder acceder a créditos sin interés”.

Pasadas las 16, los senadores de Unión por la Patria (UP) Anabel Fernández Sagasti y Eduardo “Wado” de Pedro pidieron una moción de orden para crear una comisión y hablar con los responsables de la represión que acontecía afuera del palacio legislativo. A esa altura, la multitud que se había congregado en la calle –que al mediodía se extendía desde el Congreso a la Avenida 9 de Julio- comenzó a dispersarse luego que la policía comenzara a reprimir con gases y balas de goma luego de que un grupito de personas que sospechosamente no pertenecían a ninguna columna comenzaran a tirar piedras e incendiar un auto.

El pedido de De Pedro y Fernández Sagasti generó una discusión entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y De Pedro. “Expresé la moción, discúlpeme. Yo sé que usted reivindica un régimen distinto, pero esto es un sistema republicano y democrático”, dijo De Pedro. “No me haga entrar en su historia personal”, le respondió Villarruel. Mientras tanto, al interior del recinto se podían escuchar los disparos de la represión a los manifestantes.

Acto seguido, senadores de UP y del PRO salieron para mirar lo que estaba sucediendo y apenas lo hicieron quedaron envueltos en una nube de gas pimienta: “No se puede tratar una ley en un marco donde la gente no se puede expresar. Necesitamos hablar con el jefe del operativo para que nos garantice que el pueblo argentino se va a poder manifestar en paz sin que se lo violente”, reclamó la senadora Juliana Di Tullio. Sin embargo, la sesión continuó y la represión también.

A las 18, algunos senadores se acercaron al sector de prensa para brindar sus valoraciones del debate en proceso. El cordobés Eduardo Vischi (UCR) manifestó su preocupación frente a la intención, según él, de frenar la sesión para golpear al Gobierno. “No voy a avalar ningún tipo de violencia, ni de las fuerzas de seguridad ni de los manifestantes, por esto mandamos gente a verificar qué era lo que estaba pasando”, señaló. “Es una ley posible, es lo que necesita el Gobierno para llevar adelante su gestión y función, y fundamentalmente lo que hemos hecho fue tratar de darle modificaciones. propuestas e ideas que permitan que salga. En lo personal, voy a votar a favor en general”, agregó Vischi antes de retornar a su banca.

El senador por La Rioja Fernando Rejal (UP), entrevistado por ANCCOM, aclaró que la ley ya está impactando fuertemente en las provincias porque varias normas incluidas en ella, también están en el DNU 70/2023 que aún tiene vigencia, pese a haber sido rechazado en el Senado, porque no lo ha sido en Diputados, y por lo tanto las facultades delegadas le han permitido a Milei liberar la economía, el precio de los combustibles y de los medicamentos y el arancel de las prepagas. “La situación se ha hecho prácticamente insostenible para cientos de miles de familias, el salario de cada uno de los de los trabajadores se ha depreciado, las medidas recesivas que se han tomado han causado el aumento de la importación, por lo que muchas fábricas que producen en la Argentina comienzan a irse”, precisó.

“Estamos debatiendo los distintos aspectos de la Ley Bases, nosotros en general vamos a votar en contra porque no beneficia al conjunto de los argentinos, por el contrario, los perjudica. Escuchamos todas las opiniones, no obstante, hemos hecho evaluaciones a partir de los aportes de las fuerzas y sectores que conforman la sociedad argentina, y que han manifestado en sus respectivas actividades y realidades que no es una ley que resuelve los problemas de los ciudadanos”, añadió.

Respecto a la cacería de manifestantes que se desató fuera del Congreso, Rejal opinó que “lamentablemente tuvieron como protagonistas a quienes deben cuidarnos y que realmente usan la represión como un método para acallar a la sociedad. Somos parte de la comisión que ha sido conformada para ir a verificar cuáles son los hechos, así que hemos pedido un informe a quienes están a cargo de la seguridad para que podamos acercar la cuestión al pleno o al recinto. Este no es el camino”.

La provincia de La Rioja, a la que Rejal representa, tiene entre sus principales actividades a la industria textil, donde se han perdido más de 600 puestos de trabajo, y la construcción, que atraviesa un parate por el desfinanciamiento de la obra pública. “Rechazamos esta ley porque no se le puede delegar facultades a una persona que piensa o que sostiene que el Estado es una organización criminal, y que hay que destruirlo. Todas las decisiones que va a tomar en su gestión tienen que ver con el objetivo que él propone: destruir al Estado y cada una de sus reparticiones”.

A minutos de la medianoche, tras la intervención del formoseño José Mayans (UP), fue el turno del último orador, Ezequiel Atauche, jefe de bloque de LLA. En una primera votación, la ley se aprobó con dos votos de diferencia. Pero el festejo duró poco, porque la santacruceña Natalia Gadano –quien había denunciado amenazas contra ella y su familia para que vote a favor– dijo que le habían registrado mal su voto negativo, por lo cual el tablero, en una segunda votación, quedó empatado en 36.

Así entró en escena, nuevamente, la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien antes de volcar el resultado a favor del Gobierno, destacó que lo que se debatía no era una simple ley. “Hoy vimos dos Argentinas, una violenta, que incendia autos y arroja piedras poniendo en juego el ejercicio de la democracia, y una Argentina de los trabajadores que esperan que se respete la votación que en noviembre pasado eligió un cambio”.

A continuación comenzó la votación por capítulos de la ley, que fueron todos aprobados. En el caso de RIGI, el gobierno tuvo que presentar una nueva corrección en el mismo instante de la votación de manera que no sea rechazado. Esta vez, incorporó la obligación para las empresas inversoras de utilizar por lo menos un 20 por ciento de insumos a través de la compra a empresas nacionales.

Ahora bien, ¿cuál será el verdadero país que se viene para los casi 50 millones de argentinos y argentinas? ¿Qué libertades hemos ganado, cuáles hemos perdido? Ahora la ley deberá volver a Diputados para su sanción definitiva.

Palos y la Ley de Bases a la bolsa

Palos y la Ley de Bases a la bolsa

Jun 13, 2024 | Destacado 1, Vidas políticas

 Organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos, partidos políticos y autoconvocados se acercaron a la Plaza del Congreso para repudiar la Ley Bases. Pero todo terminó con represión, autos quemados y detenidos. El Gobierno logró su objetivo de aprobar la norma con las calles despejadas de manifestantes.

Sindicatos, organizaciones sociales, sindicales, organismos de Derechos Humanos y personas autoconvocadas llamaron a una movilización en la Plaza del Congreso con el objetivo de manifestarse contra la Ley Bases, aprobada en general esta medianoche por el Senado de la Nación. La congregación finalizó con disturbios, una violenta represión por parte de las fuerzas de seguridad, heridos y más de 30 detenidos por la policía Federal y de la Ciudad. El Gobierno logró su objetivo de votar la Ley de Bases ya sin grandes manifestaciones en la calle.

Luego de haber obtenido media sanción en la Cámara de Diputados, la Ley Bases, promulgada por el gobierno de Javier Milei, inició su debate en el Senado de la Nación el miércoles 12 de junio, con el acompañamiento de manifestaciones fuera del recinto. El proyecto oficialista, denominado «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos», cuenta con 232 artículos que pretenden una “reforma del Estado” según los lineamientos ideológicos del presidente de ultraderecha. Entre los puntos más destacables se encuentran la declaración de estado de emergencia del país y la concesión de facultades delegadas al Presidente; la implementación del Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) que incluye transformaciones sobre los estatutos impositivos, aduaneros y cambiarios; y todo un paquete de reformas laborales. Con las negociaciones para conseguir los votos necesarios, quedó en el camino la anulación de la moratoria jubilatoria y las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas, el Correo, Radio Nacional y la TV Pública.

La columna de manifestantes ocupaba toda la Plaza Congreso y se extendía por avenida de Mayo hasta la 9 de Julio. Cada vez llegaban más manifestantes hasta que cerca de las 16 comenzaron los incidentes. El operativo policial parecía desproporcionado y provocador. Sin embargo, los propios organizadores utilizaban el micrófono para llamar a los asistentes en no caer en provocaciones y evitar confrontar con los uniformados. Pero el clima se fue caldeando. La Policía tiró gas pimienta a un grupo de diputados de Unión por la Patria y al rato un pequeño grupo que sospechosamente no se identificaba con ninguna columna comenzó a dar vuelta el auto de la radio cordobesa Cadena 3 e incendiarlo. A partir de ese momento, todo fue caos: gases, balas de goma, palazos, piedrazos, tachos incendiados y por lo menos tres decenas de detenidos al azar. Aparentemente ninguno vinculado con el incidente del auto.

Antes del caos.

Nicolás del Caño, diputado nacional por el Partido de los Trabajadores Socialistas, en diálogo con ANCCOM, en la Plaza del Congreso reclamó: “No hay un un paro general como el que debería darse para estar a la altura de estas circunstancias y, a pesar de eso, miles de trabajadoras y trabajadores, jóvenes, y jubiladas y jubilados, se han organizado para venir hoy”. La movilización, convocada desde las nueve de la mañana por un sector de la Confederación General del Trabajo (CGT), la Unión de Trabajadores de Economía Popular (UTEP), y las dos CTA, entre otros, congregó a miles de asistentes con sus pecheras de colores, carteles con inscripciones como “la patria no se vende, el futuro se defiende”, “no a la Ley Bases”, y bombos para acompañar los cánticos.

Por su parte, Florencia Franco, militante del Nuevo MAS y de la agrupación Ya Basta de la Universidad Nacional de La Plata, reflexionó: “La convocatoria por parte de los sindicatos, que era urgente y necesaria, no estuvo para la sesión en Diputados. Hoy faltó un paro para que realmente sea contundente, pero estamos viendo que la movilización es masiva y da cuenta de que los trabajadores no quieren que pase esta ley ni este nivel de ataque por parte del gobierno”.

Dentro de la Ley

“Respecto de las condiciones de los trabajadores, esta ley implica modificaciones y pérdida de derechos históricos que en nuestro país tienen más de 100 años. Hay que defender la legislación laboral y sobre todo los derechos de las mujeres y hombres trabajadores”, afirmó Ernesto Darío Orsi, docente de escuela secundaria de la Provincia de Buenos Aires e integrante del Movimiento de Derechos Humanos. 

“Estamos acá en defensa de la democracia como vida”, continuó Orsi, entre estallidos de pirotecnia y compañeros a su alrededor entonando las estrofas del Himno Nacional, y agregó: “Rechazamos esta supuesta ley que tiene como proyecto la enajenación de la soberanía de nuestro país en todas las áreas que son estratégicas y que nos permiten mantenernos como una nación independiente”.

Florencia, con la bandera roja del MÁS ondeando detrás suyo y frente una hilera de gendarmes, reflexionó: “el RIGI es una entrega de los recursos naturales. Toda la ley se trata de una serie de ataques concretos de este gobierno para avanzar de golpe con todo un programa de reformas estructurales gravísimo y que hay que enfrentar en las calles”.

Otra arista importante dentro de la ley refiere a la implementación de reformas laborales, que significarían menos protecciones para los trabajadores, como periodos de prueba que podrían extenderse hasta un año y una indemnización pagada por el sueldo del propio trabajador.

Atenas Angel es trabajadora del Estado de la administración pública nacional y pertenece al colectivo travesti-trans. Ella describió cómo se ve afectada junto con otras compañeras del colectivo por las políticas que viene implementando este gobierno: “Son políticas de recorte y no tienen en cuenta que hay otras realidades que viven mucho más la violencia del hambre y la prostitución en el caso de las chicas trans”. 

Frente al interrogante de cómo impactaría la Ley Bases sobre la población travesti, trans, respondió: “Si no tenemos la posibilidad de mantener nuestra empleabilidad y que se garantice la accesibilidad y la permanencia, seguimos siendo doble o triplemente agredidas por el sistema. La Ley Bases va a impactar sobre nosotras en las futuras contrataciones. El colectivo trans no es tomado como parte de la clase obrera trabajadora, entonces necesitamos ese reconocimiento”. 

En consonancia con la denuncia de Atenas Ángel sobre la situación del trabajo en poblaciones vulnerables, Merla de Act Up Argentina, contó sobre el impacto de las políticas de Milei en la población con VIH: ”Nos están matando lentamente en general, y a las personas con VIH en particular. La medicación está peligrada, las obras sociales no están dando la medicación, las prepagas están echando personas. Las pensiones y jubilaciones de las personas con VIH están trabadas porque no hay personal dentro del Anses para aprobarlas”, describió.

Sobre el impacto que tendría la Ley Bases en la vida de las personas con VIH, Merla detalló: “Para empezar la precarización laboral. Aunque no se pueda hacer examen preocupacional lo hacen y no conseguimos trabajo. Ahí ahonda más porque permite el despido por discriminación. Solo tienen que pagar una multa”. Por otra parte recordó: “Nos quedamos muchas veces afuera del espacio laboral, porque si sos de una ciudad chica, como exponen tu diagnóstico todos lo saben y no te contratan. No va a haber más pesquisas ni medicaciones públicas nacionales, que sean más baratas para el Estado y para nosotros”.

Un Congreso militarizado

Coronas de gendarmes rodeaban las inmediaciones del Congreso, conforme las indicaciones del protocolo antipiquetes determinado por la ministra Patricia Bullrich. Del Caño dijo al respecto “me parece que con este operativo, lo que intentó Bullrich es generar miedo”.

Desde las 16, la policía empezó a reprimir a aquellas personas y movimientos sociales que se encontraban reunidas en Plaza Congreso. Sobre el protocolo antipiquete, el diputado de izquierda afirmó que las autoridades “gastan una fortuna. A pesar de sostener que no tienen plata para los jubilados, tienen plata para reprimir, para los gases, para los palos y para coordinar un operativo con miles de gendarmes”. 

Un smog de gas lacrimógeno llenó de humo todas las inmediaciones. La calle Hipólito Yrigoyen se encontraba completamente cortada por decenas de policías a pie, motorizados y con camiones hidrantes, mientras se adelantaban por las paralelas e intersecciones del Congreso. Desde un balcón alguien gritó “Viva la libertad, carajo”, mientras los policías motorizados disparaban balas de goma y avanzaban sobre las personas movilizadas que se habían resguardado en las veredas de la Avenida de Mayo, entre Sáenz Peña y San José.

“Soy vecina del barrio y antes de las cuatro ya estaban reprimiendo. Había muchas personas que fueron rociadas con gas pimienta y hubo corridas por parte de la policía”, atestiguó Atenas Angel. 

Quedaron containers prendidos fuego en medio de la calle y algunos tachos de los que salía una gran cantidad de humo. Quedaron algunos carteles abandonados en la calle y las veredas con las consignas “La patria no se vende” y “La ley bases va contra el medio ambiente, derechos humanos, constitución. ¡Fuera Milei!”. Algunas personas se resguardaron en los negocios y las tiendas cercanas, al tiempo que se cubrían la boca y nariz con pañuelos y telas. Los disparos y motores de las motos eran tapados por las sirenas de los policías, bomberos y ambulancias. 

Sandra Lizza es trabajadora en Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires. Llevaba un pañuelo que le cubría la nariz y la boca. Contó que la policía cortó el tránsito de la Avenida Callao desde temprano. Se encontraba sobre la calle Rivadavia cuando empezaron a avanzar sobre las personas, tirando gas pimienta y balas de goma: “A mi amigo le rebotó una bala en un puesto de diario y le dio en el brazo”, detalló. Lizza manifestó que lo que más le preocupa de la Ley Bases es “La soberanía. Perdés la soberanía, perdés todo”. 

En relación a otros momentos históricos Lizza considera que lo que es peor en relación al 2001 no es la represión sino el sadismo: “Esta maldad hacia los pobres, no querer darles la comida. Ahora hay mucha maldad” Y finalizó: “Si no te matan de hambre, te matan con el discurso”.

Marina Vega se encontraba encolumnada en el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) del Frente de Izquierda cuando la policía les lanzó bombas con gases al interior de la columna: “Yo los vi con unas máscaras naranjas, pero no con ropa de policía”. Vega es madre soltera de tres hijos. Trabaja por hora y estudia. Participa de ferias populares para poder llegar a fin de mes. Ella manifiesta encontrarse en la movilización “por los derechos que se pierden con esta ley.”. Asegura que en general toda la ley perjudica a los que menos tienen y beneficia a los más ricos, pero que lo que más le preocupa es “lo que no podemos recuperar, que son nuestros recursos naturales. Lo que se está poniendo en juego con esa ley es el futuro de nuestras generaciones y nuestras propiedades. Es como que entren a  mi casa, me usen el piso, el agua, todo; y yo pague la luz”.

Con más de treinta detenidos y contando, autos quemados, nubes de gas, jubilados golpeados, cientos de heridos y hasta diputados afectados, en un Congreso rodeado no solo por la Policía de la Ciudad sino también la Prefectura Naval, alrededor de las 20 empezaron a escucharse cacerolazos. La concentración se realizó en la Avenida Juan Domingo Perón y Callao donde los autoconvocados de asambleas interbarriales y vecinos que se iban acercando se escontraron obstaculizados por un cordón policial que se expandía a lo ancho de la Avenida. Mientras se escuchaba el sonido metálico de decenas de cacerolas sonando al mismo tiempo, los manifestantes comenzaron a cantar “La patria no se vende”. El cartel de un manifestante decía: “Milei gobierna para el 1% más rico”. Los cacerolazos se fueron replicando en los diferentes barrios porteños.

Franco del Nuevo Más, concluyó: “Vivimos en un país con unas calles conquistadas por la lucha de los trabajadores. Esto da cuenta de que hoy el Gobierno tiene miedo a esta movilización y la permanencia en la vía pública. Por eso reivindicamos seguir acá, continuar resistiendo el protocolo y derrotarlo”.

 

«La patria, las empresas y los medios no se venden»

«La patria, las empresas y los medios no se venden»

Jun 11, 2024 | Destacado 3, Vidas políticas

Un día antes de que se trate en el Senado la Ley Bases, distintos gremios de trabajadores de empresas estatales y organizaciones sociales entregaron miles de firmas para exigirles a los legisladores que voten en contra de la normativa.

Este martes, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa) organizó una conferencia de prensa en contra de la privatización de empresas del Estado, planteada dentro de la Ley Bases, y posteriormente entregó a senadores y diputados en la puerta del Congreso de la Nación las firmas recolectadas en rechazo al desguace del Correo Argentino y la Radio y Televisión.

Si bien el proyecto de ley había sido inicialmente rechazado a principios de febrero en la Cámara de Diputados, el martes 30 de abril una nueva versión de la norma obtuvo una votación afirmativa. Dividida en 10 títulos, la Ley Bases cuenta con tópicos dirigidos a la declaración de emergencia, la reforma del Estado, la promoción del empleo registrado, el avasallamiento de derechos laborales bajo el eufemismo de “modernización laboral”, el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) y cambios previsionales que incluyen el final de moratoria. Ademá,s contiene un anexo con las empresas públicas sujetas a privatización o a concesión.

Este miércoles 12 de junio la Cámara de Senadores debatirá la Ley Bases desde las 10 de la mañana, a lo que horas previas al acontecimiento, distintas organizaciones y trabajadores de empresas del Estado se manifestaron frente al Congreso.

A las 14 ya se podían identificar distintos gremios de las empresas estales como Correo Argentino, Aerolíneas Argentinas, sindicatos de medios públicos como Radio Nacional, Televisión Pública y Télam.

Al cántico de La patria no se vende, el acompañamiento de bombos, aplausos y al ritmo de bocinas de autos que pasaban por el Congreso, la presencia de más personas comenzó a notarse, mientras distintos carteles y banderas en movimiento de cada gremio ocuparon la vereda.

El secretario general de SiPreBa Agustín Lecchi tomó el micrófono para dar inicio a la conferencia. Expresó su satisfacción por estar representados en unidad a pesar del contexto adverso y mencionó un total agradecimiento a todos los gremios que pudieron venir. “No sólo venimos peleando en contra de la privatización de nuestras empresas públicas que cumplen un rol fundamental sino en contra de la Ley Bases, en contra de la Reforma Laboral, en contra de la quita de derechos, en contra del RIGI y en contra de toda esta política económica y social que promueve el gobierno de Javier Milei”, expresó Lecchi.

Luego tomó la palabra Natalia González, secretaria general de AATRAC (Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones), quien manifestó la necesidad de llenar las calles y hacerse oír frente a medidas que son socialmente perjudiciales. “Estamos para defender nuestras empresas, nuestros salarios, nuestros trabajos, nuestras familias pero por sobre todo para defender la soberanía y el federalismo”. Expresó el esfuerzo colectivo de sus compañeros y compañeras en juntar firmas a lo largo y ancho de todo el territorio nacional; ya sea con los usuarios del correo, con los oyentes de la radio, con los vecinos y con los trabajadores. “Y nadie mejor que el interior del país para entender la necesidad de las empresas de Radio Nacional y del Correo para el desarrollo de las economías y de los pueblos” dijo González.

En tanto, Alejandro Kogan, secretario de prensa de Aeronavegantes por Aerolíneas Argentinas, manifestó el profundo rechazo a toda intención de privatizar y promover un modelo de país que le entregue al sector privado lo que le corresponde al sector público: un modelo de país basado en el individualismo. “Entendemos y vivenciamos todos los días quienes ponemos nuestra fuerza de trabajo que Aerolíneas Argentinas es estratégica para el desarrollo de la producción en todo sentido. Llegamos a lugares de la patria donde el sector privado no querría ir, porque lógicamente el sector privado se nutre de adquirir ganancias”, dijo Kogan. Además, expresó la importancia de reconocer que Aerolíneas generó ganancias millonarias no solo de forma directa sino indirecta. “Donde va Aerolíneas Argentinas se desarrolla el turismo, la cultura, la gastronomía y todas las esferas de la industria nacional”. Finalmente, expresó la notoria diferenciación de Aerolíneas a cualquier otra empresa que solamente se encarga del turismo. “Aerolíneas transporta órganos para ser trasplantados, transportamos permanentemente pasajeros con requerimientos especiales y principalmente lo que buscamos es que con nuestra estrategia la interconectividad de los pueblos esté garantizada”. 

Amanda Alma, miembro de AATRAC y en representación de Radio Nacional, también expresó su preocupación por la dramática situación del país y puso el foco sobre la presencia y apoyo que se viene demostrando desde la radio. “Nuestra lucha, nuestra participación, la presencia del pueblo en estos momentos hace posible que todo pueda organizarse. A los senadores les decimos que rechacen la Ley Bases que no hace más que hacerle daño a la Argentina. Nosotros venimos a mostrarles cómo las audiencias de todo el país quieren a su radio pública, quieren a su televisión pública y necesitan de estos medios”.

En el cierre de la conferencia, la secretaria general de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), secretaria adjunta de SiPreBa y trabajadora de Télam, Carla Gaudensi, acentuó su discurso en la necesidad de no privatizar la soberanía y en no privar a los ciudadanos y ciudadanas al acceso de todos los puntos del país. “Cualquiera de las empresas públicas que estamos representadas acá son parte de nuestra patria, parte de lo que nosotros definimos como esa extensión territorial que tiene nuestro país y que las garantizamos entre distintas acciones. Ya sea desde la comunicación o garantizando la trazabilidad y la operatividad que tiene el correo y lo mismo en el ámbito de la línea de bandera”, dijo Gaudensi. Añadió que permitir que la ley se sancione sería ir en contra de las mayorías populares. Por último, brindó un mensaje de aliento diciendo que es importante no bajar los brazos, llenar las calles y mostrarles a los senadores que deben votar a favor de lo que el pueblo necesita.

Finalizada la conferencia, distintos miembros de cada gremio fueron poniéndose en fila para doblar por Hipólito Yrigoyen hacia la entrada de la Cámara alta para entregar a los senadores las firmas que fueron recolectadas en todo el país con el fin de defender a Radio Nacional y al Correo Argentino diciéndole no a las privatizaciones, no a la venta de empresas e incitando un rechazo colectivo a la Ley Bases. 

A las 15, se volvieron a presenciar los aplausos y bocinas al ritmo de “La patria, el correo y la radio no se venden”. Luego de un prolongado pasamanos, 16 urnas fueron acumuladas en la puerta del Congreso de donde saldrían los senadores. Unos minutos más tarde, los gremios dieron un prolongado aplauso a diputados del Frente de Izquierda, entre ellos Vanina Biasi, Romina del Plá, Alejandro Vilca y Myriam Bregman, quien acaba de finalizar su mandato. También se hicieron presentes veinte senadores, en su mayoría de Unión por la Patria: Alicia Kirchner, José Mayan, Carolina Moisés, Carlos Linares, Oscar Parrilli, Sandra Mendoza y Fernando Rejal, entre otros. Con una sonrisa y al grito de ¡La patria no se vende!, los senadores fueron tomando cada urna y alzando carteles que rezaban “Sin medios no hay democracia” y otros que decían “Los cielos no se venden”.

Finalmente, la exdiputada Bregman prendió un megáfono y dijo: “Es nuestra obligación mencionar que extrañamos a la TV Pública en cada una de las actividades. Sabemos lo que significa la Radio Nacional en todo el país. Los necesitamos, mañana vamos a ser miles y miles en la plaza para defender el Correo Argentino, las Aerolíneas Argentinas y los medios públicos”. 

Al cierre de esta edición, mientras las fuerzas de seguridad se instalaban frente al Palacio Legislativo al mismo ritmo de un enorme vallado, dirigentes y organizaciones opositoras desplegaron una vigilia, con una radio abierta y números artísticos. Cerca de las 21 se habían acercado los dirigentes de Unión por la Patria, Agustín Rossi y Gabriel Katopodis.