Todavía quedan dos detenidos por la manifestación contra la Ley Bases

Todavía quedan dos detenidos por la manifestación contra la Ley Bases

A más de 50 días de la represión a la manifestación contra la Ley Bases, aún quedan dos personas detenidas. ¿Quiénes son? ¿De qué los acusan? ¿Cómo están?

“¿Y si fuera tu hijo, tu amiga, tu prima, tu hermana?” se preguntan los afiches que sostienen exdetenidos en la manifestación contra la Ley Bases y familiares y amigos de Daniela Calarco Arredondo y Roberto María de la Cruz Gómez en redes sociales. Los dos continúan presos hace más de 50 días en cárceles de máxima seguridad luego de la represión que se llevó a cabo mientras se debatía la norma impulsada por el gobierno de Javier Milei. Todos ellos exigen la inmediata liberación de ambos.

 El miércoles 12 de junio, mientras los senadores decidían sobre el futuro del país, en las inmediaciones del Congreso se desató una brutal represión. El resultado fueron 33 detenidos, de los cuales 28 fueron liberados con el correr de los días. De los cinco restantes, Facundo Gómez, acusado de saltar un vallado policial de más de dos metros de alto, fue liberado tras 22 días de encierro, mientras que Cristian Valiente, acusado de poseer una granada de gas lacrimógeno que no era más que un aerosol del Ministerio de Defensa utilizado esa misma tarde para reprimir manifestantes, y David Sica, acusado de sortear un vallado policial cuando se dirigía a una iglesia cercana, fueron puestos en libertad un día antes de cumplir un mes en prisión. Calarco Arredondo y de la Cruz Gómez aún aguardan en el penal de Ezeiza. 

Daniela Calarco Arredondo, de 39 años, es una militante social, LGBT y feminista, referente del Movimiento Teresa Rodríguez y trabajadora despedida del exministerio de Desarrollo Social. Fue detenida durante la desconcentración cuando salía de un local de comida rápida. Hace 55 días aguarda su libertad en un penal de máxima seguridad. Allí mantiene ciertos hábitos que la ayudan a lidiar durante su estadía, conserva su rutina de ejercicio y de lectura. También dialoga constantemente con su entorno. Entre ellos se encuentra Emilia Manazza, compañera de Calarco, quien relató a ANCCOM: “Daniela está bien, está fuerte. Es una compañera que saca esa fuerza por estar organizada”. Y agregó: «Está entera porque sabe todo lo que está pasando de este lado, las actividades y las conferencias”.

El 18 de junio fue procesada con prisión preventiva por los delitos de intimidación pública, incendio y daño agravado. Se la acusa de haber quemado bicicletas del Gobierno de la Ciudad. La excusa para no liberarla y continuar el proceso en libertad es que podría interrumpir el proceso de investigación, pero Manazza se pregunta: “¿Cómo podrían (Calarco y Gómez) interrumpir la investigación? Generalmente quienes han interrumpido la investigación lo han hecho con plata, con poder económico, coimeando y comprando testigos. De hecho, la mayoría de los testigos en esta causa son policías”, sentenció.

Una vez liberados Facundo Gómez, David Sica y Cristian Valiente, a Daniela le volvieron a negar la excarcelación con un fallo que terminó 2 a 1. Los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah en contra, el juez Roberto Boico a favor, convencido de que no existe mérito ni justificación para que Calarco siga con prisión preventiva. Aún así permanece en el penal de Ezeiza. «No nos dicen qué más están investigando. Pueden estar años y años buscando, pero no tienen pruebas ni las van a encontrar. Nosotros creemos que están queriendo ganar tiempo para dar un mensaje que no están pudiendo dar por el amplio arco de unidad de los sectores que se manifestaron”, afirmó Emilia de manera contundente.

Pero Calarco Arredondo no es la única detenida. En otro pabellón del penal de Ezeiza también aguarda su libertad De la Cruz Gómez, quien está procesado por daño agravado y resistencia a la autoridad agravada. En su caso, la prisión preventiva se mantuvo por contar con antecedentes penales. Por ello debe aguardar que la causa avance y, si no hay otras pruebas en su contra, debería continuar hasta la siguiente etapa que es el juicio. 

Mientras tanto, periódicamente conversa con familiares y ex detenidos, quienes lo mantienen al tanto de qué sucede afuera. Uno de ellos es Santiago Adano, músico y artista, detenido, durante la desconcentración, cuando se dirigía a buscar su auto para emprender la vuelta. Adano pasó la noche junto a él en Madariaga. Primero en un calabozo, luego en la celda, más tarde los llevaron a declarar a Comodoro Py. La segunda noche fueron trasladados a la Comisaría 28 en Tribunales. Allí los separaron, De la Cruz Gómez, junto con otros detenidos, fue llevado a Ezeiza donde aún aguarda su libertad, a Adano lo trasladaron a Marcos Paz, donde luego de unos días fue liberado junto a Ramón Remigio Ocampo. “Nos largaron sin prestarnos un teléfono, en el medio del campo, un viernes a las 11 de la noche. Nos abrieron la puerta del penal y nos largaron sin ningún tipo de ayuda”, denunció Adano. Luego, los uniformados les indicaron a ambos que a unas pocas cuadras encontrarían un bar donde podían pedir prestado un teléfono. El bar en cuestión estaba cerrado. También les indicaron cuáles colectivos pasaban por allí, pero ninguno pasó. Fueron rescatados por una compañera de la Asamblea de Marcos Paz. No se conocían entre sí, pero fueron advertidos de la liberación y acudieron a su ayuda.

«Con Roberto pasamos dos días muy intensos y de mucho compañerismo. No nos conocíamos, pero hoy somos todos amigos”, expresó el artista. «Roberto está con energías, está ansioso, quiere salir. Quiere tener su proceso judicial en libertad, como debería, pero está entero. Cuando vos tenes ideales fuertes, este tipo de situaciones te los reafirma, entonces no se está dejando doblegar. Pero también está harto”, afirmó el músico sobre Gómez. Y agregó: «Cuando yo hablo con él lo escucho animado y con energía. Me tranquiliza escucharlo. No está pinchado, sabe que hay gente moviéndose por él.»

Tanto Emilia como Santiago hacen hincapié en que Colarco Arredondo y De la Cruz Gómez se mantienen enteros gracias al movimiento que hay fuera exigiendo su liberación. Ese apoyo, a lo largo de estos más de 50 días, se ha materializado en conferencias, colectas, festivales e intervenciones. También en manifestaciones. El pasado viernes, organizaciones piqueteras y sociales llevaron a cabo cortes en Puente La Noria y otros puntos de zona sur y oeste, en reclamo por ambos presos. La jornada finalizó con una concentración en el Obelisco. «Nosotros mantenemos reuniones periódicas con la Coordinadora por la Libertad de los Detenidos, planteando actividades, algunas culturales, algunas más de orden político. Se va a presentar un amicus curiae de parte de varias organizaciones pidiendo por la liberación de Daniela y Roberto y el sobreseimiento de todos y todas”, anticipó Adano. Y continuó: «Es importante apoderarse de las herramientas políticas. Nuestro caso llegó a Amnistía Internacional en los primeros dos días. Tuvo mucho movimiento. El tipo de presión que pudimos ejercer los primeros días fue clave para que nos fueran largando”.

¿Cómo continúa la causa?

Aunque los detenidos sean solo Daniela Calarco Arredondo y Roberto María de la Cruz Gómez, al mismo tiempo hay tres de los exdetenidos que aún están procesados: Cristian Valiente, Daniel Sica y Brian Ortíz, quien se sumó a esta lista hace tan solo unos días. 

La Fiscalía de Carlos Stornelli había apelado siete faltas de mérito dictadas por la jueza María Servini. Ante esto, el pasado jueves, la Cámara porteña confirmó seis de ellas, correspondientes a Gabriel Famulari, Camila Juárez Oliva, Sasha Lyardet, Nicolás Mayorga, Sofía Ottogali y Juan Spinetto, pero sumó un nuevo procesamiento, el de Brian Ortíz, a quien acusaron de haber arrojado golpes de puño y patadas a los policías que lo detuvieron. Compararon su situación con la de Cristian Valiente, procesado el 11 de julio, y determinaron adjudicar el delito de atentado a la autoridad. Una vez más, el juez Roberto Boico votó en contra de esta decisión, pero prevaleció la mayoría ya que Irurzun y Farah, quienes fallaron a favor. El resto de los exdetenidos aguardan aún su sobreseimiento pero continúan con faltas de mérito.

La importancia de Lula en la elección venezolana

La importancia de Lula en la elección venezolana

El sociólogo argentino Marco Teruggi reside en Caracas y analiza los comicios venezolanos del domingo pasado. El rol de los medios, la oposición y los países del continente en la génesis y solución del conflicto.

Marco Teruggi es sociólogo graduado de la Universidad de La Plata. En 2003 se mudó a Caracas y desde allí trabaja como cronista y periodista, siguiendo de cerca la situación del país latinoamericano. En esta entrevista, analiza el proceso electoral de Venezuela, donde el domingo hubo elecciones. Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), Nicolás Maduro fue reelecto presidente con el 51,2% de los votos. Las actas oficiales no aparecen y la oposición,encabezada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, denuncia fraude. Las Fuerzas Armadas apoyaron a Maduro. Junto a siete países de la región, la Cancillería argentina rechazó el resultado y el gobierno bolivariano respondió con el retiro del personal diplomático por “acciones injerencistas”. La OEA tampoco reconoció el triunfo del chavismo. Por los disturbios, 6 fallecidos y más de 700 detenidos  en Caracas.

 Una parte de la prensa argentina se refiere a la Venezuela de Maduro como un régimen dictatorial  ¿cuál es tu visión respecto a ello?

Es una mirada reduccionista que viene de hace mucho tiempo. En Venezuela podría haber existido un presidente que se llamaba Juan Guaidó, puesto en titulares como el nuevo jefe de Estado y fue siempre una ficción, una virtualidad construida desde el extranjero. Son dispositivos reduccionistas que sirven para atacar la política local y al chavismo. Me parece que debatir en esos términos no tiene mucho sentido.

 ¿Qué importancia tiene en el reconocimiento del proceso electoral por parte de la comunidad internacional?

Es fundamental. En general hay cuatro posicionamientos: quienes ponen en duda el  resultado -una de las declaraciones de Estados Unidos fue en ese sentido-,quienes piden esperar como el presidente de México Andrés Manuel López Obrador,  los que solicitan que  se hagan públicas todas las actas para poder emitir su veredicto, y los que  reconocen la victoria de Nicolás Maduro, como Rusia, China, Cuba, Bolivia y Honduras. El rol de Estados Unidos es un factor determinante, pero también la posición de Lula da Silva, el presidente de Brasil.

El rol de Estados Unidos y Brasil es un factor «determinante» sostiene Teruggi.

 ¿Por qué ubicás el rol de Lula en ese nivel de la escala?

Porque es un aliado histórico y tiene un poder simbólico desde la legitimación. Es decir, si el gobierno brasilero finalmente dice que efectivamente ganó Nicolás Maduro eso va a generar, seguramente, una corriente de reconocimiento. Sino, se va a ampliar la crisis internacional. Además, en términos simbólicos ha sido un actor cercano a Caracas 

¿Y el rol de Estados Unidos?

Estados Unidos viene falseando todas las situaciones económicas y por ende la situación electoral.  Hoy en lo concreto hay que ver, porque hay diferentes declaraciones. Es diferente lo que dice Kamala Harris, vicepresidenta de EEUU, de lo que dice el secretario de Estado, Antony Blinken, o el vocero del Departamento de Seguridad. Nada de lo que pasa en Venezuela en general puede prescindir del rol de Estados Unidos. 

En Venezuela podría haber existido un presidente que se llamaba Juan Guaidó, puesto en titulares como el nuevo jefe de Estado y fue siempre una ficción, una virtualidad construida desde el extranjero.

Marco Teruggi

¿Podrías ahondar en el tema de las sanciones económicas ?

El grueso de las sanciones datan desde 2017. Ahí es cuando se da el bloqueo sobre PVDSA que es la columna vertebral de la economía, es como si en Argentina se hiciera un bloqueo progresivo sobre el complejo agroindustrial y que no pudiera exportar su producto. El efecto sobre la economía es letal.  Hoy están en un terreno de  zona eriza: formalmente siguen, pero se otorgan licencias individuales a determinadas empresas. Es una zona intermedia,  no es el bloqueo que había antes pero tampoco está desbloqueado. 

¿Qué le resta por hacer a la oposición venezolana?

Hay varias oposiciones. Los focos hoy están centrados en Machado y Edmundo González Urrutia. Yo creo que ahí hay un plan armado desde antes, que está en proceso de despliegue, construido sobre la zona de vacío narrativo del CNEl que va a ir escalando porque su objetivo es sacar el gobierno con las  Fuerzas Armadas, y eso básicamente se llama Golpe de Estado

Rechazando la victoria de Maduro, el gobierno argentino agitó la intervención de las Fuerzas Armadas en Venezuela ¿ qué opinas al respecto?

No me sorprende. Hay un antecedente en la región que ya no se respetan los lineamientos diplomáticos o los modos de funcionamiento, que fue lo que pasó en Ecuador cuando el gobierno de Daniel Novoa tomó por asalto la Embajada de México. Son derechas que se parecen y son registros similares. Creo que a su vez es una forma de sobreactuar su propia performance política.

¿Cómo crees que afectará esta nueva crisis en la inmigración?

La cuestión migratoria venezolana es un flujo que se ha modificado. Si hace unos años era un flujo que venía hacia el sur, desde hace unos tres años  va hacia el norte. Entonces, la preocupación principal en realidad es para Estados Unidos, que tiene que medir qué hace por si se genera un nuevo flujo de inmigrantes. 

Una amenaza gubernamental a la privacidad y a la libertad de expresión

Una amenaza gubernamental a la privacidad y a la libertad de expresión

Patricia Bullrich creó la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS) para patrullar redes sociales y sitios de Internet. Hasta postula “predecir delitos” utilizando algoritmos. La medida genera preocupación por la falta de claridad sobre el manejo de datos y los mecanismos de control.

A través de la Resolución 710/24 publicada este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno dispuso la creación de la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS), a cargo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El organismo, que operará dentro de Dirección de Ciberdelito y Asuntos Cibernéticos, tendrá entre sus funciones “patrullar las redes sociales abiertas, aplicaciones y sitios de Internet en orden a la investigación de delitos e identificación de sus autores, así como la detección de situaciones de riesgo grave para la seguridad”.

A fines de mayo, mediante la Resolución 428/24, la ministra comenzó a implementar un protocolo de ciberpatrullaje “en sitios web de acceso público y fuentes digitales abiertas”, y habilitó a las fuerzas federales a realizar labores «preventivas» en el ciberespacio. Lo novedoso con esta flamante resolución es la utilización de Inteligencia Artificial; el ciberpatrullaje no es una práctica nueva para Bullrich, quien ya durante el gobierno de Cambiemos utilizaba estas técnicas, lo que resultó en varios casos de denuncias y detenciones por amenazas en redes sociales.

Funciones de la UIAAS

Este nuevo organismo estará liderado por el Director de Ciberdelito y Asuntos Cibernéticos, Santiago González Bellengeri, e incluirá a las áreas especializadas de las fuerzas policiales y de seguridad federales, cuyos representantes serán designados por la máxima autoridad de cada una de estas fuerzas.

Entre sus principales tareas se incluyen: patrullar redes sociales abiertas, aplicaciones y sitios de Internet, analizar imágenes de cámaras de seguridad en tiempo real utilizando reconocimiento facial, utilizar algoritmos de aprendizaje automático para predecir futuros delitos basándose en datos históricos, identificar patrones inusuales en las redes informáticas para prevenir ciberataques, procesar grandes volúmenes de datos para crear perfiles de sospechosos e identificar vínculos entre casos, utilizar drones para vigilancia aérea y responder a emergencias, realizar tareas peligrosas como la desactivación de explosivos mediante robots, detectar transacciones financieras sospechosas, entre otras.

“La resolución no deja claro qué clase de IA se va a utilizar y estrictamente sobre qué información. Si es sobre acciones que se están desarrollando en el presente deberían estar en el marco de una causa judicial”, comenta en diálogo con ANCCOM Sabina Frederic, ex ministra de Seguridad de la Nación entre 2019 y 2021. Y agrega: “Usarlo para perseguir militantes políticos sería delito”.

“El riesgo mayor es el uso de Pegasus, que suele ser vendido para ser utilizado por gobiernos y es un sistema que permite introducirse en apps como Whatsapp, por ejemplo. Esta resolución merece varios pedidos de información pública para ver qué sistema se va a utilizar, sobre qué datos disponibles y demás”, advierte la exministra. El Pegasus es un programa de ciberespionaje que permite acceder a los teléfonos celulares para recabar información e incluso utilizarlos como cámaras o micrófonos, sin que el usuario se percate de la infiltración.

“Es crucial que el debate sobre su implementación incluya la participación activa de expertos en derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y el Poder Judicial, para asegurar que las innovaciones en seguridad no se conviertan en herramientas de represión y control social”, dijo Juan Manuel de Casas, abogado constitucionalista.

Antecedentes y preocupaciones

El ciberpatrullaje no es una práctica nueva en Argentina. Durante el gobierno de Cambiemos, la Policía Metropolitana ya utilizaba estas técnicas, lo que resultó en varios casos de denuncias y detenciones por amenazas en redes sociales. Un incidente notable fue la amenaza contra la hija de Mauricio Macri en 2016, que llevó a la detención de varios tuiteros descontentos con el entonces presidente.

En marzo pasado, desde el Ministerio de Seguridad se ordenó el allanamiento del domicilio de un joven en el barrio de Chacarita tras analizar una discusión que mantuvo en Instagram, en la que amenazaba «con un disparo en la cabeza» al presidente. Para argumentar la peligrosidad del detenido y solicitar a la Justicia Federal el allanamiento, Bullrich indicó que «mediante el relevamiento de sus redes sociales se determinó que demostraba tener un pensamiento ideológico muy apegado a la propaganda política de la antigua Unión Soviética, contando con vínculos comunistas que podrían llegar a realizar acciones que atenten contra el orden público».

Poco después, en abril, un hombre de 42 años fue detenido en la provincia de Chubut, acusado de amenazar de muerte al presidente y escribir mensajes intimidatorios contra la vicepresidenta Victoria Villarruel y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Reacciones y críticas

La creación de la UIAAS con la incorporación de inteligencia artificial ha intensificado las preocupaciones. Bullrich afirmó que existe un vacío legal que la nueva unidad viene a llenar, pero los críticos advierten sobre los riesgos de utilizar tecnologías de IA sin un marco regulatorio claro y específico.

La nueva iniciativa del Gobierno ha generado comentarios irónicos sobre la posibilidad de que la ciberpatrulla termine detectando a los militantes que insultan, hostigan y amenazan a opositores, algunos de ellos muy cercanos al gobierno y hasta con cargos. «Es probable que en las rondas de patrullaje se encuentre con los delincuentes que forman parte de la estructura política libertaria, alentada desde el poder», tuiteó el exdiputado nacional Alejandro «Topo» Rodríguez, quien la semana pasada denunció amenazas por parte de Santiago Caputo. «¿Qué hará la ministra de Seguridad si en medio de la ronda ciberpolicial se cruza con esos delincuentes mileístas?», preguntó.

Además, en el texto no se menciona quien será la empresa que proveerá la IA, donde se almacenarán los datos de las personas, o si habrá un órgano de control. El abogado constitucionalista De Casas criticó la resolución por permitir al Ministerio de Seguridad regular en materia de libertad de expresión, algo que, según él, corresponde al Congreso. “Esta medida abre la posibilidad de perfilar a todos los usuarios de redes sociales y restringir su libertad de expresión”, advirtió.

La intersección entre deuda externa y genocidio

La intersección entre deuda externa y genocidio

En el inicio de la campaña !Basta al FMI-BM!, una mesa redonda debatió acerca de las vinculaciones del endeudamiento externo con la dictadura militar. El rol de las empresas en la desaparición de los trabajadoares.

El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial se crearon en 1944 en el marco de los acuerdos de Breton Woods como herramientas de la reconstrucción de los países centrales, después de la Segunda Guerra Mundial. En esas mismas negociaciones, se decidió adoptar el patrón dólar con respaldo en oro, para evitar fluctuaciones cambiarias y recesiones como la ocurrida en 1930. Así, siendo Estados Unidos el país con más reservas de oro, pasó a convertirse en el principal socio del FMI con capacidad de tomar decisiones e inmiscuirse de esa manera en las políticas monetarias de los países miembros. Argentina, por primera vez tomó un préstamo del FMI, durante el gobierno de Pedro E. Aramburu en 1956.

A 80 años de la creación del FMI y el BM, nació la campaña Alto al FMI-BM impulsada por las organizaciones Diálogo 2000, la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda, el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL) y el Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas (CADTM). 

Esta iniciativa denuncia que las dos instituciones han estado desde su creación al servicio de un capitalismo patriarcal y racista, cada vez más concentrado, empobrecedor de los pueblos y devastador de la propia naturaleza. Ajustes y miseria planificada, golpes de Estado y regímenes dictatoriales, deuda ilegítima y odiosa, dicen las organizaciones, es lo único que han producido para las poblaciones. 

El pasado jueves en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) tuvo lugar la charla debate Deuda Externa y Genocidio, en la que disertaron Carlos Loza, investigador, docente e integrante de Archivo Popular de la Memoria (APM); Pablo Peláez del Programa Estudios del Trabajo, en reemplazo de su compañera Victoria Basualdo, (investigadora de FLACSO-CONICET) quién se encontraba enferma y Beverly Keene, economista e integrante de la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda.

El Archivo Popular de la Memoria (APM), creado el 22 de agosto de 2023, tiene como finalidad recuperar la documentación de la represión estatal. Como grupo mantiene una línea de trabajo que tiene que ver con la investigación de diversos temas, entre ellos, quiénes se beneficiaron con la deuda externa, el genocidio y la política económica. Uno de sus objetivos es la búsqueda de la reconstrucción de dichos archivos a partir de una investigación en los lugares donde los compañeros estuvieron detenidos.

Loza, su representante, fue el primer orador de la jornada y abordó ejes referidos a los cargos en la superestructura del Estado a que pertenecían a grupos económicos que propiciaron el golpe de Estado en alianza con los sectores militares. Luego habló de la deuda externa contraída por la empresa Techint y también mencionó los cargos que ocupa la multinacional en el gobierno actual. “Darle un tratamiento sólo financiero al principal problema político y económico del país desde la dictadura para acá es lo que explica por qué una y otra vez repetimos las mismas crisis. En el marco de la Argentina de Macri, donde una vez más la mayor parte de la deuda se fugó, el FMI es corresponsable directo de la crisis”, fue uno de sus conceptos. Y agregó: “No es historia del pasado referir que los funcionarios del grupo Techint están presentes en el actual gobierno de Javier Milei. Es el mismo poder que actúa de la misma manera que años atrás”.

Haciendo memoria

Según contó Loza, en todos los casos se repite el horario de secuestro de sus compañeros delegados: la noche y las primeras horas de la madrugada. “Ingresaban en domicilios, rompían todo, se robaban lo que encontraban, aterrorizaban a las familias, se llevaban a los trabajadores y los desaparecían. Como no se sabe qué pasó con ellos, el delito se continúa cometiendo. Fueron operativos que destruyeron a colectivos organizados”, describió.

“Todo lo que el actual gobierno de Javier Milei dice –agregó- es para reivindicar a los genocidas, por eso es necesario destruir la idea de que fue un enfrentamiento: se llevaron trabajadores, colectivos sociales, que fueron perseguidos desde el poder del Estado, estigmatizados y luego represaliados

Responsabilidad empresarial

La clase trabajadora en Argentina durante el siglo XX fue protagonista de importantes luchas y de gran poder acumulado de sus representaciones sindicales de base. “Fueron sujetos de levantamientos populares: el Cordobazo, el Tucumanazo, tomas de establecimientos, coordinaciones como la del plenario en Villa Constitución del 74, que tuvo su respuesta represiva en marzo del 75 durante gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón”, ejemplificó Pablo Peláez. Además, se refirió a la responsabilidad empresarial en los delitos de lesa humanidad. “En 2015 fue publicada una investigación importante, realizada entre cuatro instituciones, donde se investigaron 25 grandes empresas, con eje en el espacio productivo y en la forma en la que se articularon en cada establecimiento las prácticas e intereses de las fuerzas militares y la dirigencia empresarial, en lo que se conformó en todos los casos como una alianza represiva, dirigida contra los colectivos obreros y sus representantes sindicales de base durante la segunda mitad de los 70”, dijo el experto. El universo abarcado en la investigación fue bastante amplio, hay empresas de todas las provincias, de distintas actividades, siderúrgicas, automotrices (Ford y Fiat), diarios como La Nueva Provincia y multimedios. 

A criterio de Peláez, las prácticas empresariales represivas fueron en las que se reflejó dicha articulación de intereses entre la fuerza militar de ocupación y la dirigencia empresarial. En sus palabras, “en la mayoría de las empresas se constataron secuestros de trabajadores, entrega de información privada y lista de delegados entregadas a las fuerzas represivas, presencia de cuadros empresariales en las mismas detenciones, secuestros y torturas de trabajadores, uso de camionetas y vehículos de las firmas, presencia militar en las fábricas y participación de miembros de fuerzas armadas en cargos directivos de las empresas”.

Según explicó, estas prácticas empresariales y la represión sobre la clase trabajadora se articularon con un plan económico, la cual se ve reflejada en la caída en la participación de los salarios en el PBI nacional que empieza en 1975, lo cual se profundizó durante el período de la dictadura. “El caso Dálmine Siderca es de lo más interesantes para ver, en relación a la actualidad que tenemos, siendo que está el grupo Techint directamente en el actual gobierno” expresó Peláez.

Según contó Beverly Keene, el momento del golpe de 1976 en Argentina, coincide con el avance económico que se estaba viviendo a nivel mundial. Ese proceso significa que en Argentina el rol de esas empresas y la represión que desataron tienen que ver con la expansión concreta de ese modo de funcionamiento del sistema capitalista donde las finanzas toman un rol cada vez más importante. En este sentido, Keene afirmó que el problema de la deuda externa no tiene que ver con las necesidades del pueblo ni de la naturaleza Argentina, “sólo tiene que ver con las prioridades y exigencias de un sistema financiero internacional”.

 

Norita presente, ahora y siempre 

 

Durante la jornada de debate, se recordó un encuentro virtual del 2020, donde Nora Cortiñas compartió unas palabras: “El pueblo no debe pagar lo que no gastó. ¿Por qué debemos pagar la deuda del horror y la sangre derramada de la dictadura?”, cuestionó la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora recientemente fallecida. El público agradeció y expresó que la exposición fue enriquecedora, al tiempo que se mostró motivado a dar la lucha y no bajar los brazos.

 

Ambientalistas contra el Pacto de Mayo

Ambientalistas contra el Pacto de Mayo

Ochenta organizaciones firmaron un documento conjunto en el que manifiestan fuertes críticas, especialmente a su punto 7 donde Milei y los gobernadores firmantes afirman el avance de la explotación de recursos naturales sin ningún tipo de límites.

Unas ochenta organizaciones sociales ambientalistas elaboraron y firmaron un documento conjunto para manifestar su rechazo a las palabras proferidas por el presidente de la Nación el día en que se llevó adelante el Pacto de Mayo en la Casa Histórica de Tucumán. En esa ocasión, dieciocho gobernadores provinciales firmaron un acuerdo propuesto por Javier Milei con diez pautas comunes. La séptima proponía “el compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país”, lo que provocó una especial aversión en el ambientalismo.

Además, antes de la firma conjunta entre el presidente de la Nación y los gobernadores, Milei había dicho en un discurso público que “Dios bendijo a nuestra tierra con una riqueza enorme en recursos naturales, pero los políticos han escuchado más las demandas de minorías ruidosas y organizaciones ambientalistas financiadas por millonarios extranjeros que la necesidad de prosperar que tienen los argentinos. Nosotros venimos a dejar atrás la demagogia buenista que condena a la miseria a millones de argentinos. La naturaleza debe servir al ser humano y su bienestar, no a la inversa. Los problemas ambientalistas tienen que poner en el centro al individuo”.  

La respuesta del ambientalismo al discurso oficial y al Pacto de Mayo no tardó en llegar. Las palabras del presidente y el texto firmado por las autoridades provinciales van a contramano del mandato constitucional que garantiza a todos los argentinos el derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano”, dice uno de los pasajes del documento firmado por ochenta agrupaciones ambientalistas. “La mención a las ‘minorías ruidosas’ y la calificación de las organizaciones ambientalistas como adversarios del progreso marca un rumbo equivocado en tal sentido —sigue el documento—, ya que han tenido y tienen un rol preponderante en la creación de nuevos Parques Nacionales, reservas naturales y áreas protegidas, colaborando así en la conservación de nuestro patrimonio natural y cultural”. El texto finaliza con un reclamo a las autoridades nacionales y provinciales para que se garantice el derecho a un ambiente sano, que se respete y aplique la normativa ambiental vigente y que se asegure el acceso a la información y la participación ciudadana en materia ambiental. 

ANCCOM conversó con Manuel Jaramillo, Director General en Fundación Vida Silvestre Argentina, una de las organizaciones sociales ambientalistas firmantes. El dirigente dijo que el discurso del presidente de la Nación es anacrónico y que “está tan desfasado en el tiempo como lo es firmar el Pacto de Mayo en julio. Hoy los mercados no están buscando flexibilizaciones ambientales sino certificaciones sociales y ambientales que permitan que los productos que se generen alcancen los mercados. Pensar que se van a conseguir mayores o mejores inversiones flexibilizando las normas ambientales y sociales es pegarse un tiro en el pie para el desarrollo de nuestro país”. 

Por su parte, Ariana Krochik de la organización Consciente Colectivo, otra de las agrupaciones firmantes, dijo que “si bien el documento que ellos firmaron no tiene ninguna validez legal, el discurso muestra la orientación de adónde quiere ir este gobierno, que es poder vender el país a dos mangos con cincuenta sin ningún tipo de condicionamiento o sin las condiciones mínimas que se espera ni las normativas vigentes que existen hoy”. 

ANCCOM también conversó con Micaela Oroz de la organización ambientalista Ahora qué?, otra de las firmantes, quien dijo que el oficialismo “nos pinta como enemigos del desarrollo nacional, lo cual está muy lejos de ser la realidad, porque queremos apostar por un desarrollo sostenible e inclusivo. El discurso de Milei no era tan peligroso cuando era un panelista en ‘Intratables’, pero ahora es peligroso porque es el presidente de la Nación y es en base a eso que se van a redactar las políticas públicas y la base que se les está dando a las empresas que van a insertarse en el país”. 

Suponiendo que al presidente de la Nación le llegue el documento firmado por las organizaciones ambientalistas, ¿cambiaría su visión en torno a la problemática socioambiental? “No tenemos mucha expectativa de eso —opinó Jaramillo—. Lo que hicimos ahora es transformar el documento en una propuesta formal de pedido de audiencia con el presidente de la Nación o con el jefe de Gabinete. Vamos a hacer lo mismo con los gobernadores, porque son ellos los que firmaron el Pacto de Mayo y los que tienen, en realidad, las políticas para la gestión de los recursos naturales”. 

A su vez, Krochik dijo que no cree que el presidente cambie de postura al leer el documento firmado por el ambientalismo, pero aseguró que dicho documento “no es tanto para el presidente sino para quienes lo están acompañando y para los gobernadores que se presentaron en el Pacto de Mayo. Yo no creo que nuestro presidente lo haga por una cuestión de ignorancia, aunque sí creo que la tiene en esta materia, sino que es una decisión política. En cambio, creo que las personas que lo están apoyando no siempre están del todo acuerdo con lo que está diciendo y tal vez el documento les puede inclinar un poco la balanza”. 

“Yo creo que no va a cambiar su visión —opinó a su vez Oroz—, pero sí creo que siempre es importante mostrar la fuerza de la acción colectiva y mostrar la unidad sectorial ante las diferentes problemáticas. Puede que no cambie su visión, pero que sí genere un impacto para otros actores dentro del sistema político, como el Congreso. Esperamos que el documento genere impacto en la legislación”. 

Por otro lado, Jaramillo enumeró una serie de situaciones que, a su parecer, debilitan los logros conseguidos por el ambientalismo. Dijo, por ejemplo, que ya no hay una Secretaría de Cambio Climático, que se ha asignado a una persona a cargo de la Dirección Nacional de Cambio Climático pero que fue nombrada como Directora Nacional de Biodiversidad, porque la Dirección no está creada todavía. También mencionó la reciente aprobación del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), que va en consonancia con el séptimo punto del Pacto de Mayo, que es el compromiso por la explotación de los recursos naturales. “Esto muestra la falta de interés que el Poder  Ejecutivo Nacional está teniendo para con el ambiente —opinó Jaramillo—. Es la negación ya no del cambio climático sino de la responsabilidad de los humanos sobre el cambio climático. Va en contra de lo que han firmado más de 180 países en el Acuerdo de París y va en contra de lo que más de 5.300 científicos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático han demostrado a lo largo de treinta años”. 

Por su parte, Krochik advirtió que “no sólo hay desinformación sino también una negación de la otredad, no solamente con los que piensan distinto sino también con lo que se ha logrado hasta ahora. ¿Quién es una persona, representando un país, para negar tan abiertamente a la ciencia, que nos está advirtiendo de los efectos que tiene el cambio climático y lo que es importante hacer en base a eso?”.

“Para nosotros no hay duda sobre la importancia del cambio climático y la inminencia de la crisis —concluyó Oroz—. De hecho, es algo que las empresas multinacionales estipulan dentro de sus planes de inversión. Es un retroceso que el discurso oficial sea, primero, postularnos a los ambientalistas como enemigos del desarrollo nacional y, después, negar tan abiertamente al cambio climático, que es un debate saldado y que retrasa cincuenta años”. 

Música para la libertad

Música para la libertad

Numerosas bandas participaron del Festival Solidario realizado en Plaza de Mayo para exigir la excarcelación de las dos personas que aún quedan detenidas por participar de las protestas contra la Ley de Bases. El documento que se leyó también exigió el cierre de las causas a todos los manifestantes enjuiciados y reclamó contra el desmantelamiento de los sitios de memoria.

Con numerosos artistas en escena tuvo lugar el festival que exigía la liberación de las dos personas que aún se encuentran detenidas desde el 12 de junio tras haber participado de las protestas en contra de la Ley Bases. En el festival también se pidió por el cierre de las causas a las 33 personas que habían sido arrestadas en aquella jornada -31 ya recobraron la libertad- y se planteó la defensa de los sitios de Memoria y Derechos Humanos.

La acción comenzó con un traspié. Alrededor de las once de la mañana, cuando llegaron los encargados de armar el escenario, los agentes de Espacio Público y de la Policía de la Ciudad les informaron que no estaban autorizados a instalar la tarima. La explicación fue que el permiso que había sido tramitado ante el Gobierno de la Ciudad no había sido convalidado por el Gobierno nacional.  Por ello, los organizadores debieron pasar casi cinco horas tramitando la autorización para llevar adelante el festival. Así lo explicó la hermana de una de las detenidas aquel 12 de junio.

Recién a las 15.40 comenzaron a armar el escenario. En ese momento ya iban llegando algunos militantes de distintas agrupaciones y también algunas de las personas que habían sido detenidas el 12 de junio en los alrededores del Congreso.

Una de las detenidas aquel día fue Sasha Lyardet. En diálogo con ANCCOM, contó algunos de los detalles sobre su detención. “Fueron días muy terribles. Los primeros momentos, cuando estuvimos detenidas por el Gobierno de la Ciudad, nos paseaban por diferentes alcaidías y comisarías. Pasamos la primera noche esposadas arriba de un móvil policial,la segunda noche hacinadas en un pasillo. Después  a Comodoro Py y cuando nos negaron la excarcelación fuimos trasladadas al Servicio Penitenciario Federal, en mí caso al penal de Ezeiza, que es de máxima seguridad”. 

Asegura que en esos momentos le daba tranquilidad saber que cientos de organizaciones estaban moviéndose para lograr su liberación. Lyardet explica que en el momento de la detención estaba con dos amigos de la facultad y ya se estaban yendo. Habían ido allí con la Asamblea Vecinal de San Martín. También cuenta que mientras estuvieron en el penal, ella y las otras manifestantes detenidas, estuvieron siempre aisladas, sin mezclarse con las otras reclusas. Lyardet fue liberada el 18 de junio.

Otro de los detenidos fue Santiago Adano, que es músico y se presentó en el festival con su grupo Julio y Agosto. Sobre los dos días que pasó preso dijo que se sintió muy raro. “Éramos gente que no tenía que estar en esa situación. Llegamos en dos días a un penal de máxima seguridad. Estuvimos en Marcos Paz en mi caso , cuando sabemos que hay un montón de condenados en lista de espera , porque no hay cupos en esas cárceles de máxima seguridad. Ni siquiera esperaron para trasladarnos a que se decida si había lugar a la excarcelación. Evidentemente querían generar esta idea de que protestar está mal”.

Sobre las dos personas que quedan detenidas, Adano dice: “Pienso en cómo estaría mi familia conmigo un mes adentro, cómo estaría yo. Es una sensación muy rara. No saber cuándo vas a salir, no podría imaginarme estar un mes adentro en una cárcel de máxima seguridad”. Y posteriormente agrega: “Aún los delitos de los que se los acusan son excarcelables, con lo cual deberían estar afuera esperando su proceso judicial.Es muy desconcertante que sigan adentro, por eso estamos en este festival pidiendo por su liberación y también por la defensa de los espacios de Memoria y Derechos Humanos”

A las 16.15 dio inicio el acto, recordando que se cumplían treinta días desde las detenciones. Se pidió un aplauso para celebrar las liberaciones de Cristian Valiente y Daniel Sica, que tuvieron lugar el jueves .

La primera en subir al escenario fue Flipa Lestani,que entonó algunas canciones generando un clima muy distendido. Luego se leyeron las adhesiones al acto de numerosos legisladores, organismos de derechos humanos, y demás asociaciones de la sociedad civil. Posteriormente llegó el turno de ocupar el escenario para Paula Maffía. La cantante, como todos los presentes, expresó que “manifestarse no es un delito”. Después vino la rapera Saga.hfk. Con los ritmos urbanos y el RKT se empezaría a sentir un clima mucho más festivo.

Luego llegó al escenario Sudor Marika, el público se encendió y el baile se apoderó del lugar. Al terminar la actuación el cantante de la banda recordó que el lunes empieza el juicio por Tehuel, el joven transgénero desparecido en 2021. Entonces la multitud entonó cánticos que decían “no estamos todos porque aún falta Tehuel”. 

También participaron del acto organizaciones del movimiento piquetero. Y leyeron una carta de una de las detenidas , Daniela Calarco , integrante de ese movimiento.

Después de la actuación del grupo La piba berreta, se leyó el documento del acto en el que se remarcó que “ todavía Roberto y Daniela siguen presos” y se exigió su inmediata liberación.

En el documento también se agradeció a todos aquellos que se movilizaron desde el primer momento y a todos los que asistieron al acto que se realizó en la Plaza de Mayo el 18 de junio pidiendo por la liberación de los detenidos. Además se reclamó por la permanencia de políticas de Memoria y se pidió por el cese de despidos en el área de Derechos Humanos .

Posteriormente llegaron las actuaciones de Julio y Agosto. Y el cierre estuvo a cargo de La Perra que los Parió, dando final a una jornada dónde la protesta tomó la forma de expresión musical.

De las 33 personas detenidas el 12 de junio, 17 fueron excarceladas 48 horas más tarde. Otras 11 fueron liberados el 18 de junio, por falta de mérito. El  4 de julio, la Justicia liberó a Facundo Gómez y el pasado jueves a la tarde fueron salieron de la cárcel Cristian Valiente y David Sica.

Quienes aún continúan detenidos con prisión preventiva son Patricia Daniela Calarco Arredondo y Roberto María de la Cruz Gómez. A Calarco se la acusa de incendiar bicicletas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a De la Cruz se lo acusa de intimidación pública con atentado a la autoridad.