Intimidación policial a un gremio docente

Intimidación policial a un gremio docente

Ago 6, 2025 | Destacado 5, Trabajo

Dos oficiales y una camioneta de la Policía de la Ciudad se presentaron en la sede principal de la Asociación Gremial Docente (AGD) mientras se llevaba adelante una asamblea.

El pasado lunes 4 de agosto la Asociación Gremial Docente (AGD) de la Universidad de Buenos Aires sufrió una intimidación de parte de la Policía de la Ciudad. Dos oficiales y una camioneta se presentaron en la sede principal del gremio en el marco de una asamblea cuyo temario eran las futuras huelgas y manifestaciones. Los oficiales interrogaron a los participantes, pidieron sus datos y se mantuvieron en la puerta del edificio durante toda la reunión, con las luces del patrullero ostensiblemente encendidas.

La AGD forma parte de la Conadu Histórica (Federación Nacional de Docentes Universitarios) y convoca asambleas regularmente como modo principal de organización, deliberación y toma de decisiones. Javier Palma, secretario general de la asociación en la Facultad de Ciencias Sociales, remarcó que la presencia de la policía en la reunión fue un hecho de intimidación sin precedentes. “Que vengan a mostrarse a la sede del sindicato en los momentos de la asamblea es un hecho inédito”, afirmó. “Esto solo se puede leer en el marco del avance sistemático en contra de las libertades democráticas que lleva adelante el gobierno. No es casualidad que apunten a los sectores en lucha”, aseguró el secretario general.

Si bien los miembros del sindicato están acostumbrados a la presencia de oficiales en sus manifestaciones, esto no había sucedido nunca en el ámbito de una reunión cerrada. “Es mucho más común que te pase en la vía pública, cuando cortamos una calle para hacer clases públicas tenemos que enfrentarnos a la policía”, explicó Palma. 

Laura Carboni es secretaria general de la Asociación Gremial Docente (AGD) de la UBA y secretaria adjunta de la AGD del Colegio Carlos Pellegrini.

También llegó temprano a la reunión para preparar el espacio y ordenar, por lo que tuvo un encuentro con los oficiales antes de entrar al edificio, donde la policía justificó su presencia alegando que los participantes habían pedido seguridad para el evento. “Cuando les dijimos que no, bajo ningún concepto, nos pidieron nuestros nombres pero no se los dimos. Decían que los necesitaban por si alguien presentaba una denuncia”, aclaró Carboni. Si bien la asamblea pudo realizarse con normalidad a pesar del amedrentamiento, más tarde llegó una camioneta que se apostó en la entrada del sindicato, donde se mantuvo con las luces azules encendidas durante toda la reunión “haciéndonos saber que estaban ahí, ostentando”, describió Carboni. 

Entre el gobierno de la ciudad y las políticas nacionales pareciera haber una alianza o “una sintonía, una orientación común en cuanto a cómo abordar a quienes se dedican a organizar la lucha callejera”, en palabras de la secretaria general de la AGD. “La responsabilidad le cabe a Macri, pero claramente es en consonancia con la orientación en seguridad que tiene el gobierno nacional”, añadió Carboni en referencia a las políticas represivas llevadas adelante por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, exintegrante del PRO ahora en las filas de La Libertad Avanza. En estas circunstancias, la figura de Bullrich se presenta como un emblema de la alianza actual entre ambas fuerzas políticas.

Espionaje a los opositores

El amedrentamiento en la sede del sindicato docente no se dio de forma aislada, sino que formó parte de una serie de operativos en los que la Policía de la Ciudad procedió de la misma manera, vigilando e interrogando. “Esto ya había sucedido el sábado pasado en el local de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Se estaba desarrollando un cabildo abierto convocado por trabajadores y trabajadoras del Garrahan, al que concurrimos sindicatos, organizaciones sociales y todo aquel y aquella que le está dando un apoyo a esta lucha tan genuina, y pasó exactamente lo mismo. Un policía se acercó, le preguntó al portero qué tipo de evento se estaba realizando en ese momento y qué cantidad de gente había en el local. Tampoco le contestaron.”, explicó Carboni. Laura añadió que esto se repitió el mismo sábado por la tarde en la asamblea del Ni Una Menos en un local de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), donde también se presentaron a intimidar.

La situación se agrava al tener en cuenta que esta misma semana se filtró un informe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que dio cuenta de actividades de espionaje interno a gremialistas y jubilados. Se reveló que los fondos de la institución están siendo utilizados para espiar a opositores, hecho que atenta contra los derechos civiles. “Este espionaje no debería ocurrir en el marco de la democracia”, declaró Carboni.

Las próximas medidas de protesta

Los dirigentes del gremio aspiran a que las movilizaciones se den en unidad con otras luchas y que logren tener una amplia convocatoria, entendiendo la masividad como un factor determinante para la seguridad y efectividad del reclamo. “Preparemos el no inicio del segundo cuatrimestre y una marcha federal a Plaza de Mayo”, leía la convocatoria que difundió la AGD de la UBA por redes sociales y en su sitio web. 

La asamblea y el Congreso de la Conadu histórica votaron a favor de efectuar una semana de paro a partir del lunes 11. Por otro lado, hoy 6 de agosto se tratará la Ley de Financiamiento Universitario, una de las medidas que el presidente vetó el año pasado y que, según dijo abiertamente, probablemente rechace nuevamente. “No tiene ningún problema de bajarle las retenciones al campo, pero sí en aprobar la ley para nosotros, que somos los que tenemos unos salarios que están por el piso”, sostuvo la secretaria.

En cuanto a las medidas legales, el sindicato ya realizó una denuncia pública en sus medios de comunicación por el incidente ocurrido este lunes. Por el momento sus miembros no discutieron la posibilidad de hacer una denuncia judicial, si bien la Secretaria General afirmó que no lo considera de gran utilidad en este caso particular. Esta percepción se debe a la falta de respuesta que han obtenido en ocasiones anteriores de parte del Poder Judicial. Carboni explicó que si bien es la primera vez que se da un amedrentamiento de estas características, “ya había habido casos de acoso y amenazas a los integrantes del gremio”.

Manifestarse con efervescencia

A pesar de la constante represión, las movilizaciones en contra del gobierno se mantienen y siguen creciendo. “Hay mucha efervescencia, hay fábricas tomadas, hay trabajadores haciendo asambleas, está el movimiento piquetero cortando calles, hubo cortes en la Panamericana. El aparato represivo se refuerza cuando ve que hay respuesta, y esa respuesta hoy no es masiva. Por eso el Estado está interviniendo, para que no crezca”, declaró Laura.

Tanto Palma como Carboni estuvieron de acuerdo en que estos operativos son una forma de evitar la conflictividad social, por un lado es intimidando y amedrentando y por el otro lado es descargando directamente la violencia sobre las personas que se manifiestan. “En este momento se están produciendo ambas cosas. Es la única forma de dejar pasar el ajuste, que no es solamente una palabra, es gente muerta de hambre”, afirmó la secretaria.

 

Esta radio ya no es con vos

Esta radio ya no es con vos

Ago 6, 2025 | Destacado 5, Trabajo

El empresario Gabriel Hochbaum -cercano a Javier Milei y socio de Luis Majul- adquirió Radio con Vos y accionó tres decenas de despidos y un importante cambio de programación. ¿Ajuste o nueva línea editorial?

En los últimos días, desde la dirección de Radio Con Vos 89.9, una de las emisoras más reconocidas de la ciudad de Buenos Aires con sede en el barrio de Palermo, se decidió terminar varios programas y despedir casi 30 personas de su plantilla, aduciendo problemas económicos. Sin embargo, desde dentro tienen dudas al respecto y consideran que tiene que ver más con motivos de línea editorial.

“Tuvo que ver también con cuestiones de bajada de línea. Nosotros antes teníamos mucha libertad, casi total, de decir lo que cada conductor quiera, hablar de cualquier cosa. Desde que entró esta nueva gestión empezaron a bajar línea con ciertos temas”, mencionó un trabajador de la radio que prefiere el anonimato. “Había algunos temas en particular que molestaban, la masacre en la Franja de Gaza, la elección de Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema, la causa de las valijas relacionadas a Leonardo Scaturicce”.

Hasta el miércoles último eran tres los programas levantados a los que luego se le sumaría el de Fiorentino. Los programas eliminados de la grilla son “Buenas Tardes China”, con Jairo Straccia y Yamila Segovia; “Que No Panda el Cúnico”, con Ernesto Tenembaum y Noelia Barral Grigera, “Todo Marcha Acorde al Plan (TMAP)”, con Tamara Pettinato y Nacho Girón; y “Podría Ser Peor”, con Nico Fiorentino y Maru Amabile. En cuanto a la cantidad de trabajadores echados, según distintos testimonios, serían entre 25 y 30.

“Todo fue justificado por lo económico. Lo raro es que la mayoría arrancó hace poco”, analizó el trabajador. Vera Ferrari integraba TMAP y, en diálogo con Anccom coincidió: “Una hora antes de que salga el último programa nos avisan que termina y decidimos no salir. Era un programa muy nuevo, imaginate la sorpresa. Si es una cuestión presupuestaria, ¿cómo es que hace 3 meses no sabían que no iban a llegar con el dinero?”.

Otra fuente anónima sumó: “Ahora tienen mucho control de las redes sociales de la radio. Normalmente hay notas que te dejan hacerlas, pero no las suben a las redes ni el corte a YouTube. Todos los títulos que suben a Twitter se los tienen que pasar primero al director de la radio, él los tiene que aprobar y después los suben. Lo cual es un manejo de redes muy raro para una radio”.

Relató también que, extraoficialmente, había muchos rumores en la radio “muy de pasillo” tanto como en colegas de otros medios. Incluso que fue a la reunión final sospechando el motivo. “Fue muy abrupto, por los modos y por las condiciones. Yo estaba facturando y nunca tuve contrato. No se sabe qué va a pasar con los sueldos, no es que nos adelantaron una paga ni nada. Es algo que está por hablarse, pero no fue algo que estuviese garantizado”.

Otro integrante que prefiere reservar su identidad comentó: “el recorte que tenían que hacer era millonario. Lo que me parece extraño porque la radio la compraron nuevos dueños a fin del año pasado. Antes los dueños eran Carlos Gorosito y Benjamín Vijnovsky, aparte de Martín Kweller de Kuarzo Producciones, que tiene como el 30% de las acciones”. Los primeros dos vendieron sus partes a Gabriel Hochbaum, quien fue accionista del Grupo América y actualmente posee vínculos con El Observador de Uruguay, grupo que posee la revista Quórum y FM El Observador, en sociedad con Luis Majul.

“Cuando pasa eso, la radio hace todo un relanzamiento diciendo que le quieren meter muchas fichas al streaming, presentando nuevos programas y armando en un fiestón, como nunca se hizo en la radio, en el Complejo C Art Media (del barrio de Chacarita), incluidos los ahora programas levantados. A partir de ahí, a varios les preguntan qué necesitan, que pidan lo que quieran porque había recursos. Eso suma a lo sorpresivo del recorte”, prosiguió.

Sobre el rating, mencionó que “los nuevos lógicamente estaban empezando, pero a la gente de “Buenas Tardes China” le iba bien, incluso triplicando las mediciones de algunos programas que continúan”. Y, con tono de sospecha, agregó “incluso en la radio se sabía que se les había ofrecido sumar una hora al programa y ahora lo sacan, siendo que justo en el medio hubo nuevos roces por hablar o no de ciertos temas”.

En ese contexto, Luisa Romanazzi, periodista y productora de “Y Ahora Quién Podrá Ayudarnos”, publicó una hilo de tuits al respecto donde opinó: “en el comunicado de las autoridades aluden a una cuestión económica pero existe un contexto político. No es menor ser una de los (poquitísimos) medios opositores a este gobierno que nos ataca, agrede, miente, amenaza diariamente. No es menor que nos gobierna gente que la excita aplicar la motosierra contra jubilados, hospitales públicos, tratamientos de cáncer, etc. etc. etc.” (sic).
La publicación de las autoridades a las que se refiere Romanazzi fue borrada en primer lugar y vuelta a publicar ante las constantes críticas por un error: le cambiaron el nombre del programa a “BITChina”, algo que fue criticado tanto por los trabajadores en off como por los miles de oyentes (por ejemplo) que se mostraron enojados con la decisión.

Al mismo tiempo, muchos otros aprovecharon a recordar que el nuevo dueño es cercano a Gerardo Werthein, actual canciller del gobierno nacional encabezado por Javier Milei, y sumaron el tratamiento de temas que afectan o disgustan al Ejecutivo argentino.
Mariana Carbajal se despidió ayer de su columna en el programa “La Inmensa Minoría” de Reynaldo Sietecase. Consultada por este medio, contó: “el viernes me citó una de las autoridades y me lo comunicó”. Prosiguió: “Seguro que no responde a una cuestión de ajuste. No creo que solucionen sus problemas financieros ahorrándose lo que yo cobraba. El conductor del programa estaba muy conforme con mi trabajo” y aclaró que cree “que les incomoda mi mirada crítica y feminista. ¿Razones? No sé. Habría que preguntarles a los dueños de la emisora”.

Vera Ferrari añadió: “es raro, en las próximas semanas o meses se confirmará qué tanto de búsqueda política tuvo todo este cambio. A ver qué comunicadores, qué tipo de programas, qué periodistas entran, a qué voces se les va a dar más espacio y qué consecuencia trae eso. No hay nada que te pueda confirmar, pero va a ser notorio si estamos atentos. Sacar una voz como la de Jairo Straccia que se mete en temas sensibles, tiene una agenda económica, es crítico… Y justo ese periodista entró en el recorte. Ahora, yo no sé qué tanto hay de una intencionalidad política o una búsqueda de que entre guita, no sé cuánto hay de carga ideológica”.

María Paula Grieco es productora de TV y radio con extensa trayectoria y relata una modalidad de expulsión similar: “De un día para el otro, mañana tenés una reunión en la que te espera el gerente de la empresa. Ahí me dijeron que estaba desvinculada y que a partir de agosto no trabajaba más”. Sobre la cuestión de la bajada de línea, consideró que “en el programa de Manguel no tuvimos ese tipo de dificultad, quizá también por el perfil de Romina, más de derecha”. También coincidió en la extrañeza del ajuste presupuestario y al hecho de que hace poco se realizó la “mega fiesta” de los 10 años de radio.

 

El asbesto del subte sigue matando

El asbesto del subte sigue matando

Ago 4, 2025 | Destacado 2, Trabajo

La gremial de trabajadores del Subte y Premetro realizó un paro de tres horas para denunciar una nueva muerte por contaminación y exigir que de una vez se termine con el retiro del material tóxico de las unidades y de los lugares de trabajo. Ya son cinco los muertos por asbesto y 114 los trabajadores identificados afectados.

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (AGTSyP) realizó este lunes un paro en todas las líneas y talleres del subte entre las 13 y las 15 en “repudio al fallecimiento del trabajador de la Línea D, Walter Berhovet, víctima de cáncer de pulmón producto de la exposición al asbesto», quien sería el quinto muerto debido al amianto, como también se conoce a ese grupo de minerales. La Secretaría de Salud Laboral del sindicato lo anunció como “medidas de autodefensa” el viernes último, a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

Asimismo, el gremio señaló que Berhovet «integraba la lista de los 114 trabajadores afectados por asbesto reconocidos por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo” y que su muerte “pudo haberse evitado: el asbesto está prohibido en Argentina desde el año 2003”.

Desde el Sindicato también se reclama “máxima celeridad” en los procesos para garantizar el urgente cambio de las flotas que contienen asbesto: “Necesitamos que se aceleren las tareas de descontaminación en base a un plan integral de desasbestización. Todas las personas que trabajan en el Subte y Premetro deben ser incorporadas a programas de vigilancia médica, que debe extenderse también a las y los trabajadores jubilados, dado que el período de latencia de la enfermedad es de varias décadas».

Claudio Dellecarbonara, delegado de la Línea B y que esta mañana se encontraba en la estación Juan Manuel de Rosas, mencionó que “no han retirado de los túneles” el material “que está presente en toda la red y que no sólo pone en riesgo a los trabajadores, sino también a los millones de usuarios que se lo llevan en la ropa, que pueden terminar contaminando a alguien de su entorno familiar, laboral o de estudio”.

El secretario de Salud Laboral, Francisco Ledesma, mientras les explicaba a los pasajeros la situación y liberaba los molinetes de la estación Congreso de Tucumán de la Línea D -previo al cierre de las 13-, coincidió e indicó que la situación se agrava por ser “un medio que es un espacio confinado: no hay ventilación natural y existe poca ventilación forzada”. Resaltó asimismo que buscan “que se tome conciencia porque no hay solamente asbesto en el subte, sino que, en una escuela, en los techos, en un hospital, en los tanques de agua, en los fusibles, en una biblioteca pública, o sea, en distintos lugares” a la vez que precisó “ya se sacaron 300 toneladas de asbesto en el subte, pero todavía faltan alrededor de 200 toneladas más instaladas en la infraestructura”.
En este sentido, el secretario insistió con el seguimiento de la salud de los trabajadores: “Lo hace la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación a través de una auditoría que se realiza en el Hospital Británico, donde vamos una vez por año y semanalmente se estudia a las distintas personas que se están haciendo los chequeos. Ahí se controlan los pulmones para, de esa forma, detectar tempranamente si algún compañero tiene una infección o cáncer. Todos los lunes hay auditoría médica y todos los lunes hay un nuevo afectado. Nosotros queremos salir de nuestra casa e ir al trabajo y después volver sanos y salvos, no queremos volver con un cáncer”.

Ledesma reclamó: “Nosotros nos dejamos en manos de los neumonólogos, que son especialistas en el tema, y por eso exigimos que todo el personal que trabaja en el subte entre al control médico. Hasta ahora tenemos 2.179 en control médico y nos faltan alrededor de 1.600 personas, por ejemplo, de las estaciones y de limpieza, que no los quieren ingresar y son todos seres humanos que trabajan en el mismo ambiente donde está este material”.

Desde SBASE prefirieron no responder, mientras que desde Emova, ex Metrovías, empresa del Grupo Roggio, contestaron sólo pasando el comunicado en el cual lamentan el fallecimiento y se diferencian al remarcar que Berhovet “se encontraba internado a raíz de un cuadro clínico asociado a una condición médica preexistente, de evolución compleja, no existiendo hasta el momento elementos clínicos concluyentes que permitan establecer una relación directa entre su situación de salud y su historial laboral”. Asimismo, a fin de “respetar la privacidad y confidencialidad de los datos personales”, consideraron “prudente no brindar mayores detalles”.

Ante esto, Ledesma replicó “le pedimos a Emova que vaya y se asesore leyendo el expediente en la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación, que es quien controla a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo. Entonces, no lo decimos solamente nosotros, sino que lo dice un organismo público nacional, la Policía de Trabajo, que sería como el Ministerio de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, y además lo dice la Justicia, en primera y segunda instancia”. Y claramente enojado espetó: “Emova no se toma el tiempo de leer los expedientes de los cuales forma parte, y a nosotros nos ve como un legajo, no nos ve con un nombre y apellido. Somos seres humanos, que tenemos salud y familia. Por eso dice lo que dice, si no, si fuera responsable, leería la letra chica de los expedientes. Es un cinismo que nos indigna mucho”.

Al respecto, Claudio Dellecarbonara opinó: “La empresa tiene una actitud y política criminal, en vez de solucionar el problema y apurar los tiempos niega y minimiza. Es una política constante, cuando descubrimos la presencia de asbesto en nuestros lugares de trabajo, tuvimos que tomar muestras y mandar a analizar a las universidades nacionales por nuestra cuenta, cosa que la empresa y el gobierno ya sabía, pero nunca nos lo comunicaron. Al revés, en vez de sacarlo, compraron trenes en España que venían contaminados sabiendo que tenían asbesto cuando ya hacía décadas que estaba prohibido por la ley su uso y su venta”.

Acerca de ese material rodante, clarificó que “los pagaron más caros que si fueran nuevos. Fue un negociado tremendo de la administración de Mauricio Macri como jefe de Gobierno. Hubo que hacer una serie de obras en los trenes y en la alimentación eléctrica, instalar una catenaria nueva y varios suplementos en los trenes. Son los CAF serie 5000 y serie 6000”.

Sobre los trenes contaminados puntualizó: “Los coches 5000 logramos que los saquen de circulación, porque además eran chatarra en España, entonces cuando los pusieron a circular acá no funcionaban y tenían muchos problemas, quedaban frenados, se prendían fuego, etc. La otra serie, la CAF 6000, sigue circulando con asbesto, aunque hemos avanzado con esta pelea en que se retiren parte de las piezas que están contaminadas. Gracias a esta pelea que damos, hemos logrado que se retire mucho asbesto, pero queda muchísimo más por retirar y los tiempos que maneja la empresa y el gobierno son muchas veces inciertos y nosotros no podemos seguir lamentando cada 6 meses u 8 meses un compañero fallecido y cientos de compañeros enfermos”.

Consultado por la reciente adjudicación de la licitación para nuevos trenes anunciada por el GCABA, Dellecarbonara cuestionó que “se viene postergando hace años, aparentemente ya tiene un resultado con una empresa china que sería la encargada de fabricar los trenes que vendrían para la línea B, pero son trenes que quién sabe cuándo van a llegar, hay que tener en cuenta que es el mismo gobierno que ha anunciado la creación de la línea F desde hace 10 años y todavía estamos esperando”.

Ambos sindicalistas coincidieron en resaltar que con el cambio de trenes no alcanza y, entre llamados a los pasajeros a que “pasen por acá, por favor”, Ledesma declaró “queremos que se saque el asbesto y que se ponga otro tipo de material, puede ser PVC, acero inoxidable… reemplazos aceptables para hacer esas modificaciones”.

Dellecarbonara cerró: “Como organización de trabajadores hemos presentado esta denuncia en todos los ámbitos posibles, inclusive en la Organización Internacional del Trabajo. En la Legislatura porteña hemos presentado, junto a diferentes bloques, pedidos de informe, exigencia de declaración de la emergencia para la Línea B, porque no sólo tiene el problema igual que todas las líneas por el asbesto, sino que tenemos trenes con 70 años de antigüedad que son obsoletos, están sin mantenimiento y sin repuestos, vías al borde del colapso… Una situación particular que la vuelve una bomba de tiempo y tampoco tenemos respuesta. Hemos sido acompañados por infinidad de organizaciones políticas, sociales, de derechos humanos y de defensa al consumidor porque es un reclamo del conjunto de la sociedad, no sólo de los trabajadores del subte”.

El comunicado que circularon los Metrodelegados concluye; «No queremos seguir lamentando muertes que se pueden evitar. Nadie tendría que morir por su trabajo. ¡Walter Berhovet presente! Seguimos luchando por un subte y premetro libre de asbesto».

Tras los despidos, conciliación obligatoria en Petroquímica Río Tercero

Tras los despidos, conciliación obligatoria en Petroquímica Río Tercero

Jul 21, 2025 | Destacado 4, Trabajo

Otros 124 trabajadores fueron cesanteados y el plantes quedó reducido a un tercio en el último año. Ante la apertura de las importaciones, los empresarios prefieren importar a fabricar. Militarización de la planta.

Los trabajadores de la Petroquímica Río Tercero (PR3) recibieron el lunes de la semana pasada a través de sus correos electrónicos la noticia de 124 nuevos despidos. La fábrica cordobesa contaba con 375 trabajadores hasta octubre del año pasado, cuando 140 fueron echados tras el cierre de la planta que fabricaba TDI, la principal producción de la PR3 hasta entonces. Esta semana, nueve meses después de los primeros despidos, la empresa decidió desafectar a otro centenar de trabajadores y dispensar a quienes aún mantienen sus puestos. En menos de un año, la PR3 redujo en dos tercios su planta. 

A comienzos de junio, los empleados de la PR3 denunciaron que no habían percibido su salario ni el pago del aguinaldo en tiempo y forma. A través de la votación en asamblea, los trabajadores decidieron aceptar la propuesta de la empresa: los salarios se pagarían en dos partes. Lucas Felici, secretario general del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas (SPIQYP) de Río Tercero observó con respecto a la medida: “La empresa dijo que iba a pagar la mitad del salario a principio de julio y la segunda mitad el 16 del mes. A eso se comprometieron en una presentación frente al Ministerio de Trabajo”. Felici explicó que los motivos y la posición de la empresa quedaron asentados en un documento: “El abogado dejó por escrito que era una cuestión temporal, que necesitaban ese tiempo porque simplemente se habían atrasado unos pagos que estaban esperando. Resulta que antes de cumplir con la segunda cuota de nuestros salarios llevaron adelante una masacre laboral”. 

Esta no es la primera vez  que la dirección de la empresa incumple o pasa por alto sus compromisos frente al Ministerio de Trabajo. Hace dos semanas, los trabajadores denunciaron frente al organismo estatal que la empresa estaba llevando adelante un lockout patronal. “Habían mandado a parar la producción y estaban vaciando los tanques de stock. Al ver eso, nosotros comenzamos con asambleas para evitar el vaciamiento de la fábrica y realizamos la denuncia frente al Ministerio”, recordó Felici. Desde el Estado se le dio a la empresa un tiempo para presentar su descargo y mostrar la situación en que se encontraba. “Ellos tenían plazo hasta este lunes para responder. Bueno, su respuesta fue despedir 124 trabajadores y militarizar toda la fábrica con una gran cantidad de fuerzas policiales. Estaban la Infantería, la Policía de Córdoba y la Gendarmería”, agregó el secretario general. 

Desde la dirección de la Petroquímica afirman que los despidos se deben a un “proceso de reestructuración profunda” que la empresa está llevando adelante por la “crítica situación económico-financiera que atraviesa la compañía”. Felici, por su parte, remarcó que el viernes pasado, la directora de la empresa Verónica Vara “dijo que nos quedáramos tranquilos, que esperemos hasta el lunes que ya iban a ingresar los papeles al Ministerio, pero que no iba a haber despidos”. El secretario del Spiqyp de Río Tercero aclaró que “la empresa debe hacer una reestructuración, porque cerró una parte grande de su industria. Eso lo sabíamos todos”. Sin embargo, “el problema es que fueron por el Convenio Colectivo de Trabajo, porque echaron a 65 trabajadores afiliados al Sindicato y quieren establecer un nuevo régimen laboral, flexibilizando puestos de trabajo, atacando nuestros derechos adquiridos, e incluso nuestros salarios”. 

Otra suposición sobre el destino de la PR3 es que el Grupo Bitali le venda la empresa a Transclor,  la compañía de Mauricio Filiberti, conocido como “El Rey del cloro”.  Felici consideró que “de venir a Río Tercero y concretarse la venta, si es que no se ha concretado ya porque no tenemos datos, Filiberti  quiere una fábrica flexibilizada y con mucho menos personal que el que tenemos hoy”. 

El trabajador petroquímico afirmó que entre los despedidos se encuentran también delegados sindicales. “La empresa ha sido atenta a las época en que vivimos, el clima del peluca les permite a ellos tomar cualquier decisión creyendo que pueden avanzar con todo”, sostuvo. Más allá del aval discursivo por parte del Gobierno,  que considera  “héroes” a los empresarios que evaden, la apertura del régimen de importaciones que propiciaron Javier Milei y su equipo económico afectó a empresas como la PR3. Refiriéndose a ello, Felici dijo: “Los problemas de Petroquímica y de la mayoría de las industrias comenzaron después de la asunción de Milei, cuando se empezó con esta política de liberar importaciones y quitar aranceles”. Sin embargo, el secretario general también dejó en claro que “los dueños de la petroquímica no dejaron de hacer plata, los empresarios cambiaron su negocio, empezaron a hacer trading. Ahora compran el TDI afuera, lo importan porque tienen la billetera y el poder para hacerlo y lo distribuyen a los consumidores más pequeños”. 

El TDI es un componente químico fundamental para la fabricación de goma espuma. Hasta el cierre de la planta productora de TDI en octubre del año pasado, ese componente conformaba la mayor área productiva de la empresa.  Felici remarca que el Grupo Bitali, propietario de la PR3, controla las marcas de colchones  Piero, Cannon, Suavestar, Gani, Suavegom y Rosen y afirma: “Ellos importan TDI también para sus empresas. Antes producían su propia materia prima, ahora la importan barata. Parece que el negocio les ha cerrado completito, siguen haciendo plata sin producir y sin generar empleo”. 

Militarización

Los 124 trabajadores despedidos de la PR3 fueron notificados a través de sus correos electrónicos de la decisión tomada por el directorio. Los primeros mails comenzaron a llegar alrededor de las seis de la mañana del pasado lunes. Dos horas antes, a las cuatro de la madrugada, los trabajadores que se encontraban realizando el turno nocturno en la fábrica presenciaron la militarización del predio y la llegada de los agentes de Infantería, Gendarmería y Policía de Córdoba. El Secretario General del Sindicato relató que “no dejaron ingresar a los compañeros que iniciaban su turno a las 5 y nosotros que estábamos haciendo el turno de la noche no podíamos salir, nos quedamos esperando alguna intervención del Ministerio o del Gobierno de Córdoba”. Los trabajadores que se encontraban dentro de la planta se mantuvieron allí durante 27 horas, mientras del lado de afuera se organizaba un paro total de actividades para el resto de las industrias del Polo Químico de Río Tercero.

Ahora, la resolución del conflicto se encuentra en pausa ya que el Ministerio de Trabajo dictó una conciliación obligatoria por quince días. La medida implica que tanto los despidos como las medidas de fuerza deben suspenderse.  “Ahora todos los trabajadores, tanto suspendidos como despedidos, estamos adentro de la fábrica, pero sin tareas. La empresa no nos da trabajo para hacer y sigue deseando tener la producción parada”, expresó Felici. El trabajador petroquímico afirma que las condiciones en las que volvieron a sus puestos no son óptimas. “Estamos adentro de la fábrica pero sin ningún elemento básico, nos han quitado el agua caliente, el transporte. Lo único que han acatado de la conciliación obligatoria fue dejarnos ingresar al predio, pero sigue estando militarizado. La actitud de la empresa busca intimidar a los trabajadores y desmoralizarnos”,  denunció. 

El sindicalista también se refirió a los dichos del intendente de Río Tercero Marcos Ferrer,  quien criticó que las medidas de fuerza de los trabajadores de la PR3 se extiendan a otras empresas del sector. “El intendente tuvo una actitud lamentable, saliendo a decir en todos los medios que nosotros debíamos flexibilizar los convenios y que no hiciéramos uso del derecho a huelga porque afectamos al resto de las industrias y de la economía”, repasó Felici. A su criterio, es “una actitud muy agresiva, desconociendo la historia de la clase trabajadora y la importancia de los convenios colectivos de trabajo. Ferrer está dentro de la línea mileísta y no quiere que la lucha obrera empiece a asomar la cabeza”.

Romper la comunidad 

El dirigente del Spiqyp evaluó que los despidos y vaciamiento de la petroquímica generan un impacto muy grande en la comunidad de Río Tercero. “No hay registros de una masacre laboral tan importante en la ciudad, esta política no apuesta por la industria, sino a desindustrializar. Y en Río Tercero cada uno de los salarios que se pierden son parte de nuestra economía regional y de la ciudad. Entonces, de octubre a esta parte, en todo el polo químico, se perdieron alrededor de 350 puestos laborales”, repasó. 

Tras la conciliación obligatoria, el Sindicato se encuentra a disposición para discutir y negociar. “Siempre pensando en volver a nuestros puestos de trabajo, eso no se negocia y es el eje principal que sostiene nuestra lucha obrera”, sostuvo. Los trabajadores no descartan decretar un nuevo paro total de actividades en el Polo Químico, en caso de que la posición de la empresa se mantenga inamovible. “Nuestro lugar es la fábrica, somos trabajadores y no nos vamos a retirar hasta que haya una solución”, enfatizó Felici. 

Todos por el Garrahan

Todos por el Garrahan

Jul 18, 2025 | Comunidad, Destacado 1, Trabajo

Una multitud marchó desde el Congreso hasta Plaza de Mayo para protestar por el desguace del hospital pediátrico en particular y del sistema sanitario en general. En el centro del reclamo -además del ajuste y la cuestión salarial- estuvo la transformación del sistema de residencias. Una verdadera multisectorial solidaria recorrió el centro porteño.

Trabajadores y trabajadoras del Hospital Garrahan se movilizaron del Congreso a Plaza de Mayo en el marco del conflicto con el Gobierno nacional por el recorte presupuestario y el deterioro salarial. La marcha fue convocada a las 16 por la Asociación de Profesionales y Técnicos del hospital y adhirieron también las dos CTA, varios gremios de la CGT, organizaciones sociales y políticas, agrupaciones de jubilados y muchas personas no encolumnadas. La movilización se realizó en medio de un paro de 24 horas que garantiza la atención de urgencias y de pacientes internados en la institución.

Las principales demandas giran en torno al ajuste propinado por el Poder Ejecutivo al mayor centro de atención pediátrica del país. Con un presupuesto congelado desde 2023, la amenaza de un vaciamiento progresivo y el desgaste de las condiciones laborales ya renunciaron casi doscientos trabajadores en el último año y medio.

Los residentes tomaron un lugar central en las discusiones a partir del reclamo por la recomposición de salarios que hasta abril se encontraban por debajo de la línea de pobreza, a eso se le suma una resolución emitida por el Ministerio de Salud de la Nación que modifica el Sistema Nacional de Residencias, transformando una relación laboral en una instancia de becas. Melina es residente de primer año de pediatría en el Garrahan y, en medio de la manifestación, sostuvo: “Estamos acá para defender la salud pública y nuestros derechos como trabajadores, nosotros como médicos y los de todos nuestros compañeros. Tenemos los sueldos pisados, estamos explotados de horas laborales y encima cambian el sistema nacional de residencias por un sistema de becas que nos va a dejar cobrando lo mismo pero en la informalidad”.

En la Plaza de los Dos Congreso, del lado de Yrigoyen, una multitud se congregaba mientras tomaban forma las primeras columnas, era la asamblea de residentes que convocaba a decenas de profesionales de diversos hospitales públicos. “Están tratando de pasar a los residentes de Nación a un beca que implica pérdida de derechos laborales, antigüedad, protección, derecho a paro y no supone una mejora del sueldo como dice el Gobierno. Es un precedente gravísimo, un retroceso muy grande para la lucha que hemos tenido en los últimos veinte años”, intervino Joahana, bioquímica residente de primer año del Hospital de Niños Gutiérrez. “Nosotros queremos defender al Garrahan y a todos los residentes de nación. Es muy importante que la gente entienda que el sistema de residencias forman a la mayoría de los profesionales, es el semillero de especialistas de todo el país”, agregó. En la misma ronda una de sus compañeras, instructora de residentes del mismo hospital, sumó que a la vez sus sueldos no están en línea con las paritarias del personal de planta y “se terminan retrasando mucho con la inflación,  para la cantidad de horas que trabajamos no alcanza”, aseguró María Belén y concluyó: “La idea de acá en adelante es trabajar en conjunto para que todos los residentes de la nación y de las provincias tengamos los mismos derechos”.

La situación de los residentes es transversal a las diferentes instituciones e implica una precarización de las condiciones de trabajo, de la formación de los profesionales y del estado general del sistema de atención médica. En esta línea, Mercedes comentó: “Venimos a acompañar al Garrahan, a hacer frente al desmantelamiento de la salud pública y también a defender el derecho a los usuarios, está muy complicado conseguir turnos, en farmacias, guardias, especialidades”. Ella es psicóloga y forma parte de la residencia interdisciplinaria en educación y promoción del hospital Pena, señaló que “cada vez hay menos presupuesto, menos insumos y a la vez están desmantelando el sistema de formación de residentes que es como se sostiene la salud de este país, no solo de los hospitales públicos sino también de los privados”.

Julio Daniel Dunogent preside el Instituto V del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires y  junto a un grupo de colegas llegó a la marcha a apoyar el reclamo del Garrahan: “No entendemos el motivo de lo que se está haciendo, este desguace no tiene un objetivo que sea para mejorar la situación, no creemos que ese sea el camino. Nosotros como médicos, los pacientes y los papás de los pacientes que también están acompañando manifestamos oposición a todas estas medidas. El hospital hay que defenderlo, los médicos y todos los profesionales de la salud tienen que estar muy bien pagos, eso es fundamental”.

A medida que empezaron a moverse las columnas en dirección a Plaza de Mayo, los distintos sectores que pueblan las calles confluyen en un mismo recorrido. Banderas de centros de estudiantes, espacios culturales y gremios se encuentran con los carteles de jubilados, Ni Una Menos, trabajadores Aeronáuticos, de Georgalos y Secco. Ricardo es un jubilado autoconvocado y todos los miércoles está en la marcha frente al Congreso. “Hoy estamos acá para apoyar la salud, al Garrahan, al Posadas, al Bonaparte y a todos los compañeros que están en estado de vulnerabilidad. Nosotros vamos a seguir luchando”, aseveró.

Una amarga semana de la dulzura

Una amarga semana de la dulzura

Jul 17, 2025 | Destacado 4, Trabajo

Los trabajadores de la fábrica de golosinas Georgalos resisten luego de la reducción de personal y el despido de cinco trabajadores por realizar huelga. Por qué puede ser un caso testigo.

“Ni despidos afuera, ni esclavos adentro” es la frase que resume la lucha obrera en la fábrica de golosinas Georgalos tras el despido de cinco trabajadores en la planta de San Fernando. “Semanas previas al inicio de los paros sufrimos una reducción de personal en la línea productiva y un achicamiento del salario consecuencia de la flexibilización laboral que unilateralmente está imponiendo la empresa”, explica Maximiliano Montero, uno de los trabajadores despedidos y agrega: “El Sindicato de Trabajadores de la Industria Alimentaria (STIA) que conduce Rodolfo Daer y la comisión interna estuvieron al tanto de esta situación y mantuvieron conversaciones con la empresa hasta que el jueves 29 de mayo convocaron a un paro”.

“Paramos el jueves 29, viernes 30 y sábado 31 de mayo en los tres turnos con el sindicato a la cabeza. El sábado levantamos el paro porque acordamos tener una audiencia que después no se realizó. Ante la falta de respuesta por parte de la empresa, el martes 3 de junio hicimos dos horas de paro. El miércoles también, dos horas de paro y el jueves 5 de junio fue cuando nos dieron el telegrama de despido”, declara Diego Ciani, uno de los cinco trabajadores despedidos que, al igual que los demás compañeros del sector de chocolate, lo único que hizo fue acatar la medida de fuerza que convocó el sindicato: “Solo soy un obrero sindicalizado que, después de trabajar veintiún años en esta fábrica, estoy acostumbrado a que la única herramienta que tenemos para reclamar es la huelga”.

“El sindicato no midió las consecuencias y hoy estamos cinco familias en la calle”, denuncia Miguel Maciel, otro de los trabajadores despedidos que durante la mañana del 5 de junio se le impidió el ingreso a la fábrica. En el transcurso de ese día, el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires dictó una conciliación obligatoria que planteaba retrotraer el conflicto a foja cero y reincorporar a los cinco obreros despedidos. “Ante esta medida, el viernes 6 de junio entramos a trabajar, nos habilitaron los molinetes y nos dieron tareas normalmente, pero a partir del sábado 7 de junio ya no nos permitieron entrar más: se reforzó la seguridad, pusieron patrulleros, cadenas en los portones y más seguridad privada. La empresa nos negó el ingreso hasta el 8 de julio, que fue cuando se venció el plazo de la conciliación obligatoria”, explica Ciani.

“Nos acusan de haber organizado la huelga, realizar un sabotaje contra la empresa, amedrentar a los compañeros, provocar daños económicos e incitar a la violencia”, plantea Montero que además comenta que en el plazo que duró la conciliación obligatoria se realizaron tres audiencias. “En la última audiencia, la parte gremial denunció que los despidos fueron inconstitucionales, discriminatorios y antisindicales. Por su parte, la empresa no presentó ninguna prueba y mantuvo la postura de no reincorporación”, expone Ciani y agrega: “No tienen ningún argumento para justificar lo que hacen y nosotros estamos muy preocupados porque una empresa como Georgalos te despide con mentiras, incumple la ley ¿y cuál es la respuesta del Ministerio de Trabajo? Una multa ¿Y nosotros? seguimos sin trabajo”.

 “Continuamos peleando por nuestra reincorporación porque se está violando un derecho constitucional como lo es el derecho a huelga; si esto pasa, fija un antecedente nefasto porque cualquier sindicato ya sea a nivel provincial o nacional no va a poder convocar a paro porque si para le echan a la gente”, declara Montero. Los trabajadores de la fábrica de golosinas insisten en que el despido de los compañeros es un caso testigo porque pone de manifiesto que empresas como Georgalos aplican una reforma laboral basada en medidas flexibilizadoras sin cumplir las leyes y la única consecuencia que afrontan por parte del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires es una multa económica por incumplir la conciliación obligatoria. En esa misma línea, Ciani refuerza y resume: “Nos hacen laburar más, nos suben los ritmos de trabajo con menor personal, no damos abasto y encima si levantas la voz te echan”.

«Fue una semana de la dulzura muy amarga para nosotros», ironiza Maciel quien comenta que ante la violación de la conciliación obligatoria por parte de la empresa, el martes 8 de julio cortaron la Panamericana y fueron reprimidos por personal de Gendarmería. El miércoles 9 de julio, realizaron un festival solidario por el Día de la Independencia en la puerta de la fábrica que contó con la multitudinaria presencia de familias y obreros. El viernes 11 de julio participaron de una audiencia pública en el Congreso de la Nación junto a diputados del Frente de Izquierda y Unión por la Patria quienes firmaron una resolución en solidaridad con los trabajadores despedidos y exigieron su inmediata reincorporación.

A su vez, este lunes 14 de julio se movilizaron en La Plata desde el Ministerio de Trabajo hasta la Gobernación para exigir que el gobierno provincial se pronuncie contra los despidos ilegales. “El Ministerio nos dice que ya no puede hacer más nada, entonces les llevamos un escrito que detalla articulo por articulo lo que puede hacer ante estos despidos inconstitucionales y persecutorios que estamos sufriendo”, comenta Ciani y Maciel agrega: “Tienen herramientas para pronunciarse a favor nuestro, solo hace falta un poco de decisión política”.

Como próxima medida de fuerza por parte de los trabajadores de Georgalos, este jueves 17 de julio convocan a marchar del Congreso a Plaza de Mayo junto a las y los trabajadores del Garrahan en defensa de la salud pública. Llevarán sus reclamos contra despidos ilegales y también se sumarán los obreros de Secco y Molinos Río de La Plata. Consideran que avanzar en la unidad de los trabajadores es fundamental para hacer frente al ajuste y la precarización laboral.

«Si bien nosotros somos cinco despedidos, hoy este conflicto excede el dejar a cinco familias en la calle», reflexiona Maciel y Montero explica que lo suyo no se trata de un hecho aislado:  «No hay que perder de vista que el gobierno nacional quiere avanzar con la reforma laboral y ya lo está haciendo». Ante la apertura de las importaciones la industria de la alimentación en Argentina tiene que competir con productos que antes no estaban en el mercado y es en este marco que: «La variante del ajuste en Georgalos es la flexibilización de las condiciones de trabajo y superexplotación del trabajador», según Montero, quien concluye: «Hoy las patronales se ven beneficiadas por las medidas del gobierno nacional y casos como los nuestros se están empezando a generalizar. Es por eso que desde Georgalos continuamos dando pelea».