Esta semana, Federico Sturzenegger prometió reglamentar el capítulo laboral de la Ley Bases. Eliminación de la indemnización, creación de la figura del colaborador, habilitación para despedir a trabajadores que participen de protestas, quita de multas a las empresas que contraten en negro y apuestas por incrementar el monotributismo. La apuesta a la declaración de inconstitucionalidad.

Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la tasa de desempleo en Argentina alcanzó el 7,7% en el primer trimestre de 2024, lo que representa un aumento de 0,8 puntos porcentuales respecto al mismo período del año anterior. Este incremento significa que aproximadamente 1,1 millones de personas están sin empleo en un contexto económico cada vez más deteriorado. A su vez, destaca que se ha evidenciado una reducción en el empleo informal, lo cual impacta especialmente en los sectores más vulnerables.

En este contexto, el pasado 28 de junio se aprobó la llamada Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que entre sus artículos resaltan los que modifican, anulan y reemplazan los hasta ahora vigentes del derecho laboral. Para esta semana se espera que el gobierno publique la reglamentación de todo ese capítulo de la norma.

En relación a este panorama del mundo laboral, conversamos con Matías Cremonte, abogado y presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, y Daniel Arroyo, diputado nacional, politólogo y exministro de Desarrollo Social de la Nación.

Cremonte considera que si bien antes de la llegada del nuevo gobierno existían niveles altos de inflación y que el salario real en la Argentina estaba deteriorado, lo que ocurrió desde el pasado diciembre “fue un cambio trágico, aún antes de la reforma laboral”: la política económica llevada adelante implicó una importante caída de la actividad industrial, el cierre de empresas y suspensiones, lo cual es acompañado por el temor que empieza a hacerse cada vez más presente entre los trabajadores de perder su empleo.

 “Renuncian a derechos para mantener la fuente de ingresos, lo cual es un clásico del mercado de trabajo en el capitalismo, o sea, que haya un ejército de desocupados que presiona a la baja los salarios y a la pelea por mejores condiciones laborales. Es una forma de disciplinar”, denuncia.

Por su parte, Arroyo considera que el parate generalizado en el mercado laboral impacta en mayor medida en los sectores informales de la economía “Objetivamente la gente que hace changas, los ocho millones de cuentapropistas están teniendo más dificultades, y eso lleva en la práctica a que  haya más gente en los comedores comunitarios, más gente reclamando asistencia.”

Otro aspecto que destaca es el sobre endeudamiento de las familias que deben hacer frente a los aumentos en insumos y servicios. “Hoy gran parte de los ingresos se van en comprar comida, con el pan a 2.500 pesos y la leche a 1.500 pesos, todo eso se traduce en el endeudamiento de la familia”, dice.

Con la aprobación de la Ley Bases se cristalizaron muchas iniciativas presentes en el DNU 70/2023 que, según Cremonte, fue anunciada como beneficiosa para el mercado laboral pero está muy lejos de ser así: “Empeora todas las condiciones de trabajo y de vida de todos los trabajadores y trabajadoras por un supuesto beneficio que vendrá luego”. Destaca, adeás, que este tipo de recetas regresivas nunca han funcionado, lo cual fue demostrado por un estudio del 2015 llevado adelante por la OIT en el que se analizaron 63 países en los cuales se llevaron adelante y “en ninguno de ellos el resultado fue un crecimiento económico, todo lo contrario: los indicadores sociales y económicos empeoraron”.

En relación a las normas, destaca entre las más perjudiciales la eliminación de la indemnización, agravada para el caso de despidos de trabajadores no registrados ya que desconoce que el daño que sufre una persona no registrada es mayor y el efecto que tendrá es que “los empleadores no van a sentir ningún temor por no registrar al trabajador, y entonces lo que va a crecer es el empleo en negro”.

Por otro lado, está el artículo que legaliza la figura del monotributista, del trabajador autónomo, que antes era considerado un fraude laboral y que promovería un tipo de empleo sin ninguna protección social. “Antes, si alguien prestaba servicios para otra persona de manera continuada y si se daban ciertas características propias de la relación laboral la ley presumía que había un contrato de trabajo encubierto, ahora eso se elimina”, agrega al respecto. Para el abogado, las modificaciones precedentes en la ley nos retrotraen al siglo XIX o principios del XX, momento en el que no existía el derecho del trabajo.

Al ser consultado por esto, Arroyo plantea otra mirada, ya que considera que una reforma laboral era necesaria y ve con buenos ojos alguno de los aspectos antes mencionados: “El caso de eximir de multas me parece bien, lo de los tres colaboradores si se toma seriamente puede ser un avance”, dice. El exministro refiere a una nueva figura que crea la Ley de Bases que estipula que un monotributista podrá tener hasta tres trabajadores sin registrar bajo la categoría de “colaborador”.

Pero señala que las modificaciones presentes en la ley son parciales y acotadas, y que es necesario un cambio estructural profundo que aborde tres planos: “Uno es distinguir el tipo de empresa. No es lo mismo una grande que una pyme que un jardinero con dos ayudantes. La forma de contratación laboral, los aportes patronales, la carga impositiva tiene que ser distinta en cada uno de esos casos. Hay que poner una fuerte impronta en el tema del primer empleo, el gran tema en la Argentina es el tema de los jóvenes de 18 a 29 años, a quienes les cuesta entrar en el mundo laboral. Y por último debería haber un incentivo a las empresas que requieren de mano de obra intensiva, como la construcción, los textiles, producción de alimentos, el cuidado de personas, el reciclado, que son en esencia los sectores donde trabajan los más pobres”.

Señala, finalmente, que lo que hay en la Ley Bases son grandes incentivos para la inversión extractiva, no así para que las empresas masivamente contraten trabajadores y agrega que “por eso hace falta una Ley PYME”.

Otro aspecto del mundo laboral es la actividad sindical tanto para el resguardo de los puestos de trabajo como para la mejora de las condiciones de trabajo. Según Cremonte, del proyecto inicial del DNU el ataque a la actividad sindical se ve considerablemente disminuido, pero sin embargo señala dos puntos que la afectan de lleno. Uno es que habilita a la justa causa de despido en base al criterio del empleador, “entonces la participación en medidas de acción sindical qué al simple criterio del empleador impliquen un perjuicio lo habilitarían a despedir sin indemnización”, explica y agrega que esto ya fue utilizado por la parte empleadora en un conflicto de la industria ceramista donde hubo trabajadores intimados a volver a trabajar que fueron amenazados con ese artículo.

El otro aspecto es que elimina la obligatoriedad de reincorporación al puesto de trabajo en los casos de despidos discriminatorios. “La reforma incluye un artículo que modifica esto y el trabajador en caso de determinarse su despido discriminatorio tiene derecho a una indemnización agravada, es decir un monto más que el que le corresponde por despido, pero que en ningún caso tiene derecho a ser reinstalado”, dice Cremonte.

Por su parte, Arroyo considera que “el vínculo entre trabajadores y sindicatos no fue afectado en la Ley Bases” y que así como en el derecho laboral, debe darse un debate serio en relación al esquema de la organización sindical.

Un fenómeno novedoso propiciado por las tecnologías de la información y la comunicación en el mundo laboral, fue la llegada de los trabajadores de aplicaciones y plataformas digitales. Según Cremonte, existen dos miradas muy diferentes con respecto a estos trabajadores; para su visión no tienen ninguna diferencia a cualquier otra relación laboral y por lo tanto debe aplicarse la Ley de Contrato de Trabajo.

Arroyo, por su parte, cuenta que se intentó llevar adelante un proyecto de ley que regularizara y formalizara a estos trabajadores pero se encontraron con el rechazo de un amplio sector de los jóvenes, influenciados por las mismas empresas. “Por lo que hay que entender también que hay un cambio en la concepción de libertad y del mundo del trabajo y que estas aplicaciones pegan fuertemente en eso. La legislación tiene que tener en cuenta toda esta nueva complejidad y tal vez avanzar con mecanismos de formalización parciales, de transición, novedosos”.

Al ser consultado por el futuro, Arroyo dice que el gobierno está planteando un país con dos tercios de la población afuera donde los precios y la inflación están estables pero a costa de que dos tercios del país no tengan dinero para consumir. Por su parte, Cremonte ya está viendo conflictividad y “va a haber mucha más debido a la situación social salarial” y añade que “lo que vamos a ver, es que cada vez que se judicialice la aplicación de alguno de estos aspectos regresivos de la reforma se declarará su inconstitucionalidad, lo cual creo va a ser una forma de poner un cierto límite a los efectos nocivos de esta ley”.