Misiones criminaliza la protesta

Misiones criminaliza la protesta

Oct 18, 2024 | Destacado 5, Trabajo

Meses después de que el foco mediático se posara sobre Posadas por los reclamos salariales de policías, docentes y personal de la salud, el gobierno de Hugo Passalacqua judicializó a una docena de trabajadores sanitarios que ejercieron el derecho a la protesta.

A fines de mayo, la atención de los medios masivos estuvo en la provincia de Misiones, donde personal policial se unió para reclamar mejoras salariales y tomó varias dependencias de la fuerza. Aquella protesta, que obtuvo el nombre de “Misionerazo”, también incluyó a docentes y personal de salud de la misma provincia en la que hace más de dos décadas gobierna el Frente Renovador de la Concordia Social, una fuerza política provincial creada por el exmandatario Carlos Rovira.

Hugo Passalacqua, actual gobernador, responde a ese espacio y es uno de los eventuales aliados del presidente Javier Milei, ya que con sus cuatro diputados -Alberto Arrua, Carlos Alberto Fernández, Yamila Ruiz y Daniel Vancsik, todos del bloque Innovación Federal- ha colaborado en el Congreso levantado la mano para aprobar la Ley Bases y se han abstenido en las sesiones para insistir contra los vetos a la reforma jubilatoria y la Ley de Financiamiento Universitario, a pesar de haber votado a favor de ambas iniciativas previamente.

Mientras tanto, los trabajadores públicos de la provincia de Misiones reciben uno de los sueldos más bajos del sector a nivel nacional. Por eso mismo es que recrudecieron las protestas a fines de mayo, cuando toda la Argentina hablaba de lo que ocurría allí.

Casi cinco meses después de aquellos acontecimientos, ningún medio nacional habla del tema y los trabajadores que salieron a la calle para reclamar por cobrar un salario acorde siguen en la misma lucha. Lo que cambió es que ahora enfrentan una inédita causa penal por haber reclamado. Doce trabajadores de la salud fueron llamados a indagatoria por el juez Ricardo Balor luego de que el Ministerio de Salud provincial, a cargo de Héctor González, los denunciara por haber tomado el edificio.

Jorge “Koki” Duarte es una de esas personas que fue apuntada por la Justicia. En diálogo con ANCCOM, defiende su accionar y el de sus colegas durante aquellas semanas de mayo y arremete contra la gestión de Passalacqua.

“Estábamos planteando la necesidad de mejorar nuestro salario, que el promedio en ese entonces estaba ubicado entre 450.000 pesos y 500.000 pesos en trabajadores estatales de distintas reparticiones. Hicimos una protesta frente al Ministerio de Salud, donde ocupamos la vereda, la calle y en un momento el hall de entrada del edificio, lo que para las autoridades configura una toma”, relata el enfermero profesional, que trabaja en el Hospital Nivel III de la ciudad de Oberá.

“Una toma implica afectar el funcionamiento del área o de las oficinas e impedir la entrada y salida del público. Y la verdad es que todos los trabajadores del Ministerio de Salud Pública podían entrar y trabajar en sus oficinas, mientras que la gente que iba a hacer trámites o a buscar remedios -hay una farmacia en el edificio- podía entrar. No era una toma, simplemente una vigilia en espera de una respuesta de las autoridades para nuestras demandas salariales”, remarca Duarte, quien integra la comisión provincial de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A).

“El partido gobernante está llevando adelante distintos mecanismos para callar las voces que venimos denunciando el avance sobre nuestros derechos. En estos últimos años hemos llevado adelante grandes luchas por el tema de la no construcción de represas en nuestra región, por ejemplo”, argumenta. “Y este año venimos dando batalla contra el lineamiento que la provincia de Misiones tiene con el Ejecutivo Nacional de ajustar a los sectores más vulnerables, como son los trabajadores y los jubilados. Esa batalla tuvo un pico en mayo, cuando la educación y la salud salieron a la calle junto a la Policía”, remarca.

Imputados por protestar

La denuncia penal por “ocupación” fue impulsada por el subsecretario de Salud, Héctor Proeza; junto al subsecretario de Recursos Humanos de la cartera sanitaria, Rodolfo Fernández Sosa. En los últimos días, los trabajadores desfilaron por los tribunales de Misiones para prestar declaración indagatoria. “Expresamos justamente que estábamos en una huelga, en un reclamo salarial y en una vigilia en el hall de entrada del Ministerio y también sobre la vereda y la calle, con un acampe, carpas y ollas populares”, explica Duarte. “Somos trabajadores de la salud y esto configura, a nuestro entendimiento, una clara judicialización de la protesta social. Tratan de acallar a aquellos que venimos hace muchos años denunciando estas cuestiones que están sucediendo en nuestra provincia”, sostiene el dirigente sindical.

“El agravante que tuvo esta judicialización es que no solamente fue para los trabajadores de salud, sino que también para trabajadores docentes y para la policía. Hay ocho agentes que están detenidos y en cárceles comunes directamente”, agrega.

El enfermero considera que el gobierno de Passalacqua impulsa causas penales contra los trabajadores con el respaldo de la Casa Rosada para criminalizar la protesta social y a los dirigentes sindicales. “No es casual que quienes estemos implicados seamos referentes de distintos hospitales de la provincia. Tenemos otras causas sobre nuestras espaldas, muchas de ellas por corte de calle, por corte de ruta. Mecanismos que utilizamos después de agotar todas las instancias administrativas de conciliación en el Ministerio del Trabajo. Al no encontrar el Ejecutivo una forma de disciplinarnos, emplean estas metodologías para asustar a los demás”, analiza.

La declaración de Duarte y sus colegas fue acompañada por una movilización de trabajadores que los respaldaron y le enviaron un claro mensaje a las autoridades misioneras: “Son responsables de un mecanismo que realmente no tiene pies ni cabeza porque el derecho a reclamar ante las autoridades, a peticionar, es constitucional y es lo que estamos ejerciendo desde nuestra función como representantes gremiales”, sostiene.

Aún es una incógnita cómo continuará la causa judicial contra los trabajadores de la salud de Misiones. Lo que sigue igual es la situación salarial del personal del sector, que permanece reclamando ante el gobierno de la provincia por sus sueldos y, al momento de este artículo, cumple un paro de 48 horas.

“Habíamos acordado en septiembre con las autoridades que la primera semana de octubre nos reuniríamos a discutir la pauta para el mes en curso. Y pasó la primera semana, la segunda y se convocó a mediados de mes cuando ya las liquidaciones están realizadas. En las últimas horas circuló un comunicado del propio ministro de Hacienda que afirma que en este mes los empleados públicos no recibiríamos incremento salarial”, cuestiona Duarte. Este panorama no hace más que agravar una alarmante situación que vive el sistema sanitario misionero. La lógica indica que debería haber cuatro médicos o enfermeros por cada 1.000 habitantes, pero la realidad marca que en dicha provincia solo hay una media de 1,8 médicos y 2,2 enfermeros.

“Y eso no se explica porque no salgan enfermeros o médicos de las universidades, sino que se van a otras ciudades donde la oferta es mucho más tentadora que la de acá”, analiza el dirigente de la CTA-A. No obstante, la lucha para Duarte y el resto de los trabajadores de la salud de Misiones está lejos de claudicar: “Venimos defendiendo nuestro derecho salarial y laboral  y nuestros mismos compañeros nos alientan a seguir luchando. Eso nos da fuerza para seguir”, cierra.

Un proyecto legal para frenar el acoso sexual en el trabajo

Un proyecto legal para frenar el acoso sexual en el trabajo

Oct 12, 2024 | Destacado 5, Géneros, Trabajo

Periodistas Argentinas presentó un proyecto para incorporar en la Ley 26485 la modalidad de violencia sexual en contextos laborales y académicos. Surgió a partir de las denuncias públicas contra Pedro Brieger y busca proteger a las mujeres en esos ámbitos.

La agrupación Periodistas Argentinas presentó un proyecto para incorporar la modalidad de acoso sexual en contextos laborales y académicos en el Artículo 6 de la Ley 26485 de «Protección integral a las mujeres».

Se trata de una iniciativa que surgió a partir de las denuncias públicas contra el periodista Pedro Brieger, del acompañamiento que realizaron a las colegas afectadas por los hechos de violencia que cometió y, también, a otras que vivieron situaciones de la misma índole.

«En nuestros encuentros encontramos que había un vacío legal. El objetivo es que se proteja a las mujeres en sus trabajos y los lugares en los que estudian: en ámbitos de los que no pueden escapar, porque ni siquiera es una calle en la que en la cuadra siguiente estás a salvo si un acosador te cruza de frente y sigue de largo», contó Agustina Kämpfer en diálogo con ANCCOM.

La propuesta fue presentada el martes 8 de octubre en el Anexo C de la Cámara Baja del Congreso de la Nación por el colectivo junto a la diputada de Unión por la Patria y presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad, Mónica Macha. Además, cuenta con la firma de representantes de la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Frente de Izquierda, PRO y la Unión Cívica Radical.

El acto fue encabezado por Macha, acompañada por sus pares de otros partidos políticos: Esteban Paulón y Mónica Fein del Partido Socialista; Belén Avico y Nancy Ballejos del PRO; Vanina Biasi del Partido Obrero y Paula Penacca del bloque kirchnerista. Estuvieron también presentes Agustina Kämpfer y Nancy Pazos, integrantes de Periodistas Argentinas.

El objetivo es incorporar la modalidad de «violencia y acoso sexual en el contexto laboral o académico» como conductas no consentidas que atentan contra la dignidad de la mujer, lo que generan «un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante y/u ofensivo», según indica la iniciativa.

Entre los fundamentos, se menciona que está inspirado en el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual fue suscripto por la Argentina y expresa el compromiso de las naciones firmantes a adoptar medidas para prevenir de forma efectiva este tipo de casos. También se requiere que los empleadores actúen de forma concreta ante las denuncias, mediante la creación de mecanismos accesibles y confidenciales.

«Nos encontramos con todos estos casos y lo que hicimos fue presentarlo a la sociedad. Hubo reclamos a las afectadas de por qué no judicializábamos el tema, pero no teníamos las herramientas. La ley hablaba del acoso callejero y no en los ámbitos laborales o académicos, que es donde habían sucedido estas situaciones», comentó Nancy Pazos.

Por su parte, Kämpfer mencionó una situación que ocurrió con una estudiante de TEA: «En el camino de nuestras denuncias fuimos allí, y supimos de una situación de otro acoso sexual por parte de un profesor a una alumna, que sí pudo hablar, fue escuchada, su madre es abogada, se presentó en la institución y los intimó. Lo despidieron, luego les inició un juicio y lo ganó. Esa es la situación en la que se ven las empresas que, en los mejores casos, deciden actuar en favor de la víctima».

Ambas periodistas agradecieron el acompañamiento de la propuesta por parte de los diputados y diputadas firmantes. Pazos calificó de «increíble» el trabajo llevado a cabo en conjunto y mancomunado por parte de todos. Kämpfer, en tanto, remarcó: «La salida es colectiva. Lo hacemos por las pibas, por las que no saben, no tienen recursos y no pueden contar con un micrófono para denunciar el calvario».

La presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad calificó la Ley 26485 de “ley viva”, que visualiza los ataques de género en todos los ámbitos y se necesita transformar a lo largo de los años para nombrar todos los tipos. Además, destacó que el proyecto tiene dos dimensiones: dar una reparación para las víctimas y sobrevivientes, una política restaurativa, y un mensaje solidario de pensar que a otras mujeres no les pase lo mismo.

«El acoso sexual en ámbitos laborales y académicos, que es la introducción que hacemos, nos permite buscar que las instituciones, personas y organizaciones puedan ir construyendo formas de prevención, de acompañamiento, porque también a lo largo de estos años fuimos aprendiendo que hay un pasaje».

A su vez, resaltó que el trabajo de Periodistas Argentinas tras las denuncias contra el experiodista de la TV Pública y C5N, entre otros medios, no es la única situación, ni se trata de un problema puntual con una persona: «Tiene que ver con la cultura de la violencia, que para nosotres siempre es una instancia que necesita la transformación, tiene que ver con la militancia y creo que, tanto los feminismos como los transfeminismos, han hecho mucho en términos activismo para poner en palabras un montón de situaciones».

Según el diputado Esteban Paulón, vicepresidente de la Comisión, la modificación busca recuperar, restituir y proteger derechos a partir de una construcción por parte de la sociedad civil. «Quienes venimos de los distintos colectivos vulnerados en derechos, sabemos que estas leyes y estos cambios se construyen sobre nuestros cuerpos, nuestras historias y sobre poder ponerlas sobre la mesa», planteó. Y aseguró que estas historias tienen impacto, con consecuencias en la vida de uno, y que «la verdad es liberadora».

La macrista Nancy Ballejos se refirió al compromiso de su bloque en apoyar la iniciativa y a la necesidad de dar voz a las mujeres. «El acoso sexual hacia las mujeres, pese a que está en la agenda pública, no se resuelve, y se necesita mayor visibilidad y participación», afirmó.

Kämpfer expresó que Periodistas Argentinas trabaja para mejorar la realidad de las mujeres en el país: «La agrupación todo el tiempo elabora y presenta propuestas a los diputados y senadores».

La propuesta fue suscripta por 19 diputadas y diputados de los distintos bloques políticos que conforman la Cámara de Diputados, excepto La Libertad Avanza que no aportó firmantes. La diputada Vanina Biasi, del Frente de Izquierda, cuestionó al oficialismo por negar la existencia de violencia de género, al mismo tiempo que destacó la unidad de la mayoría de los bloques: «Tiene un valor especial no solamente que tengamos las firmas de un abanico tan amplio de posiciones políticas, sino que está ocurriendo bajo el gobierno que perjuró que no existía y trata de implementar medidas para marcar, tanto en el campo de acción como en el campo legal, que no existe».

Consultada por ANCCOM sobre si los libertarios podrían llegar a votar a favor, Mónica Macha respondió: «Los que integran la Comisión (de mujeres y diversidad) no lo acompañaron, pero eso no quiere decir que con la persistencia de las compañeras de Periodistas Argentinas lo puedan logar. Hay una contradicción en ellos, pero hay que ver si esa perspectiva de esa negación es discurso de algunos referentes o si, de repente, es una mirada de toda la bancada».

De acuerdo a lo estipulado en la ruta legislativa, será tratado primero en la mencionada Comisión que preside, la cual es cabecera del proyecto, para posteriormente pasar a la de Legislación del Trabajo, conducida por el radical Martín Tetaz. Se intentará que sea debatido en un plenario conjunto.

“No somos mafia, somos trabajadores”

“No somos mafia, somos trabajadores”

Oct 11, 2024 | Destacado 4, Trabajo

Vendedores ambulantes de Once exigen al gobierno de Jorge Macri que se respeten sus fuentes laborales y advierten que las protestas continuarán si no aparece ninguna solución. La policía allanó casi 200 depósitos donde guardaban mercadería.

En Once, el centro comercial a cielo abierto del barrio porteño de Balvanera, los vendedores ambulantes de la economía popular se instalan en las veredas para comercializar sus productos al público, que busca precios bajos a la hora de comprar. Sin embargo, el viernes 4 de octubre la Policía de la Ciudad allanó unos 200 depósitos en la zona y les secuestró casi toda la mercadería que tenían, despojándolos así de lo invertido y, con ello, de su forma de subsistir.

Entre cánticos como «No somos mafia, somos trabajadores», «Si no hay solución la marcha continúa» o «Manteros unidos, jamás serán vencidos», desde el lunes 7 de octubre se mantienen movilizados para visibilizar la situación y reclamar al jefe de Gobierno Jorge Macri contra el desalojo, o bien, que se les brinde una alternativa digna.

«Alegan que somos mafia, que por eso allanaron los lugares, incluso los que el mismo Gobierno de la Ciudad que nos habían entregado, diciendo que ahí se guardaba mercadería ilegal, cosa que no es verdad, porque los compañeros tienen las boletas de dónde van y compran su mercadería», expresó Luzmery Villanueva, referente de Vendedores Ambulantes de Once (VAIO), nucleados dentro del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

Durante el lunes, con el protocolo antipiquetes activado para evitar cortes de calle, los vendedores agrupados en VAIO y el MTE marcharon por las distintas veredas del barrio para exigir al Gobierno porteño que deje de atacarlos y se les permita trabajar como todos los días para cubrir sus necesidades básicas. «La movilización fue pacífica, respetamos todas las normas, se marchó por la vereda y no hubo incidentes», subrayó Javier, vendedor ambulante desde hace 30 años.

Otra vendedora, Matilde, destacó la necesidad de tener un espacio para trabajar y poder vivir tranquilos: «Tenemos que pagar alquiler, los servicios, la mayoría, somos monotributistas, entonces nosotros no estamos queriendo no pagar, porque también queremos un lugar que nos den o por lo menos que no nos habiliten uno para pagar un arancel».

El martes 8 de octubre continuaron las protestas. Ese día se vivieron momentos de tensión por el fuerte operativo policial que terminó con la represión a los manteros autoconvocados, que pedían la devolución de la mercadería secuestrada. Mientras tanto, los espacios de la calle que habitualmente usan, seguían vacíos, aunque transitados al ritmo habitual por el público que va a comprar a Once.

El reclamo de los trabajadores también incluye la legalización de la venta ambulante y un marco regulatorio, para brindar una solución a este sector de la economía popular. «Presentamos un proyecto de ley donde le hemos dado una estructura de cómo se vería la ciudad con cada vendedor en un local, que no tengamos que tirar una manta, podamos pagar un canon según el sector», contó Luzmery, quien resaltó también que el Gobierno de Macri no tiene interés en dar una solución: «Creo que realmente ellos son mafiosos porque les conviene más venir a reventar los galpones donde guardan la mercadería nuestros compañeros».

El viernes 4 de octubre, unos 500 efectivos de la policía porteña allanaron en simultáneo 197 depósitos, incluyendo dos predios que Horacio Rodriguez Larreta había arrendado, uno en calle La Rioja y otro sobre Perón, para reubicar a varios de esos vendedores tras el desalojo que se hizo en 2017. Allí secuestraron una importante cantidad de mercadería que guardaban los trabajadores, que según se calcula son unos tres mil en zona de Once.

Muchos se enteraron vía llamada telefónica, otros cuando llegaron al lugar, como Marina: «Venía de González Catán, fui a hacer un trámite y estaba volviendo. Bajo del micro y veo a un montón de policías. Me encuentro con mis compañeros ya en la calle tratando de armar y ya no se podía, estábamos todos desesperados», contó.

Jorge Macri calificó el operativo como «un golpe durísimo a la mafia que inundaba de suciedad y trabajo esclavo», en una alusión xenófoba a los vendedores senegaleses y de otras nacionalidades –paraguaya, boliviana y peruana–. Sin embargo, la realidad es que la mayoría de los extranjeros tienen la nacionalidad argentina y están al día con la AFIP.

«El sábado hubo un operativo de Migraciones pensando que todos los que estamos en la calle somos indocumentados y se toparon con que todos tenían el DNI en regla. La mayoría está nacionalizada y paga monotributo. Me cobrás un monotributo sabiendo que vendo en la calle y después me venís a sacar de ahí», comentó Marina.

Entre los manteros, hay algunos que han obtenido títulos universitarios o de educación superior, pero no logran conseguir un empleo, por lo que deben recurrir a comprar productos y “mantear” para poder subsistir. Ninguno trabaja para alguien, sino que son autónomos que compran la mercadería por su cuenta.

«El 90 por ciento de los productos se compran y venden aquí. Desde un chupetín o una gaseosa hasta una remera y un pantalón. Hacemos un acto de comercio: la compramos a un precio, vendemos a otro precio y obtenemos una ganancia, vivimos de eso», aseguró Javier.

Respecto al trato con los comerciantes comentó: «No hay rivalidad, sino que es todo buena onda. Nos conocen porque somos gente que trabaja todos los días en el mismo lugar. Incluso al sacar a los manteros, la mayoría de las ventas de los negocios bajan ».

El día posterior a los allanamientos, el barrio contaba con una mayor presencia policial de lo habitual, con personal del Departamento Operaciones Urbanas de Contención (DOUC) y grupos de fiscalizadores de Espacio Público en casi todas las cuadras, incluso por la tarde, fuera de los horarios habituales de trabajo.

Los vendedores afirman que, si no se abre un canal de diálogo, seguirán las protestas y, de ser necesario, se enfrentarán con las fuerzas de seguridad.

La pregunta del millón

La pregunta del millón

Oct 10, 2024 | Culturas, Destacado 3, Trabajo

Se presentó el primer capítulo de “¿Cómo ganar plata?”, la serie documental ideada y conducida por Ofelia Fernández. La pieza analiza el mundo del trabajo juvenil para explicar su complejidad y contradicciones.

El martes se estrenó “¿Cómo ganar plata?”, el primer capítulo de la serie documental de Ofelia Fernández sobre las distintas formas en las que trabajan las nuevas generaciones. A lo largo de cuatro capítulos se propone hacer una radiografía de los problemas que enfrentan los jóvenes en el mundo laboral. La serie cuenta con la dirección de Agustina Claramonte, el apoyo de la fundación Fundar que se encargó del rigor técnico del proceso y el nuevo medio de comunicación Corta, que compartió el primer episodio en su canal de Youtube.

Desde las 18:00, la fila se fue armando en la vereda del Complejo Art Media, lugar donde se llevó adelante el estreno, y que también fue una de las locaciones de la serie. El interior estaba ambientado como un cine y se llenó por completo. En las paredes se colocaron carteles que decían: “Ganá plata mientras dormís”, “¿Querés ser tu propio jefe?”, “¿Y si te arriesgás y ganás?”. En las primeras dos filas, había varios elementos de oficina, computadoras viejas y teléfonos de cable, instalando una premisa sobre el choque entre lo viejo y lo nuevo en el mundo laboral.

Fernández entró al escenario presentada por Ivan Schargrodsky. Mostrando la frescura que la caracteriza y que marca el tono del documental, le dice al público: “Si alguno tenía la ilusión de venir acá a saber efectivamente cómo hacer mucho dinero, no tengo esa respuesta”. Afirma que “desde noviembre me di cuenta de que no entiendo nada. Entonces decidí salir a preguntar”. Después de los agradecimientos, comenzó la transmisión del primer episodio.

El capítulo

Fernández es clara y convoca esta vez desde la pantalla: “Los invito a dejar de negar esta crisis y les aseguro que no voy a encontrar la consigna, la síntesis que logrará volver a ponernos a todos a hablar el mismo idioma. Porque esto es mucho más complejo, pretendo rendirle honor a esa complejidad”. Fiel a su postulado, el “formato pregunta” está presente en todo el episodio, invitándonos a cuestionar en lugar de cerrar sentidos.

Para comenzar, el documental arranca con una anécdota: un abuelo le cuenta a su nieta que a su edad entró a un laburo donde pasó toda su vida hasta jubilarse, comprándose una casa y un auto. Este hecho contrasta con la experiencia de su nieta, que pasó por 25 trabajos, con eso alquila un monoambiente y ni siquiera piensa en jubilarse. Entonces Fernández se pregunta: “¿Qué hay de bueno y de malo en cada foto? ¿Hay que rearmar el mercado de trabajo que existió? ¿O hay que construir uno nuevo sobre el estallado que nos quedó en frente?”.

“Durante los últimos años advertimos: ¡vienen por tus derechos laborales! Vacaciones pagas, aguinaldo, indemnización, jubilación. Pero de repente nos desayunamos que eso no importó tanto, no asustó tanto. Porque quizás no es la realidad de la mayoría de la gente que labura. Quizás seguimos hablando como si el mundo se hubiera quedado congelado en el siglo pasado”, afirma Fernández.

“Con la realidad no hay que enojarse, hay que tratar de entenderla”, sostiene la exdiputada. Para entender cómo trabaja nuestra generación, Fernández empieza por lo más elemental: la conversación. Se acerca y habla con un ex-policía, con una trabajadora del ámbito privado, con una mesera, una influencer, una manicura, un repartidor, una profesora de educación física. ¿Por qué trabajan de lo que trabajan? ¿Cómo llegan a fin de mes? ¿Qué problemas tienen? ¿Cuáles son sus aspiraciones?

En diálogo con ANCCOM, Fernández cuenta sobre el proceso: “Es combinar una inquietud, que es el deseo de interpretar y, ojalá, representar las nuevas demandas de mi generación. En este caso particular, de esta primera pieza, de la relación con el trabajo, con el dinero”. Afirma que esta es la mejor manera de contarlo. Para elegir a los testimonios del documental, cuenta que buscó a las representaciones más genuinas de algunas categorías de trabajo: “Creo que terminó siendo bastante representativo de cuál es la foto de esta generación en ese vínculo en particular. Siento que es un tema que podría ser re denso, y que de alguna manera termina siendo relativamente esperanzador”.

“Las ideas son algo muy valioso cuando parece que todo ya está hecho”, sostiene Fernández. En contraste a los videos rápidos y cortos que predominan, la exdiputada hace una apuesta artística para transmitir su mensaje. Capta los sentires de la época y los traduce con audacia en el lenguaje audiovisual.

 

La recepción del público

Al finalizar la proyección, ANCCOM dialogó con el público. Allí estaban, por ejemplo, los periodistas Lía Copello y Matias Mowszet. Sobre sus expectativas, Copello cuenta que “El título ya era algo tentador, porque es algo que está ahí presente en todo, así que valía la pena darle una oportunidad”. Mowszet agrega: “Me imaginaba que iba a ser algo provocador, uno de Ofelia se esperaba eso, y provocó”.

Copello resalta que le “llamó mucho la atención esta conclusión de que estamos todos pensando en la plata. Me aclara y me deprime a la vez. Con algunas cosas me sentí muy identificada, con laburos que nada tenían que ver con el mío”. Mowszet se queda con la parte donde se asegura que “la discusión política está concentrada en menos del 40% de la población laboral. Todo lo que discutimos a nivel laboral, está concentrado en muy poca gente. Me parece que identifica muy bien por qué se pierden las elecciones”.

El periodista Marcos Aramburu afirma que “hay algo de ir a buscar los testimonios y no presuponer esa información, que es sorprendentemente revolucionario en estos momentos de la política. Hay algo de ir a ver a quién estás pretendiendo representar”. También destaca la puesta artística “en un momento donde todas las piezas de comunicación política que ves son de un político tratando de hacer una Bizarrap Session. Esto es como un cachetazo impresionante. Estético, artístico y conceptual”.

El primer capítulo de esta serie documental, se encuentra disponible en el canal de Youtube Corta.

Yo no te banco, Nación

Yo no te banco, Nación

Oct 10, 2024 | Destacado 2, Trabajo

Con la excusa del rechazo al aumento provincial de un impuesto, el Gobierno nacional dispuso el cierre de nueve de las 14 sucursales del Banco Nación en La Pampa, lo que implica 80 trabajadores afectados, severas complicaciones para los habitantes de localidades lejanas y un golpe para la entidad bancaria más importante del país, que la administración Milei ansía privatizar.

Fue a través de un comunicado publicado en la cuenta de “X” del Banco Nación, que tanto empleados como usuarios se enteraron, el pasado 26 de septiembre, del cierre de la Gerencia Zonal de dicha institución en La Pampa. “Nos avisaron que todas, las 14 sucursales, pasábamos a pertenecer a San Luis, de hecho se comenzaron a presentar los nuevos jefes al día siguiente del comunicado. Transitamos así la semana”, cuenta en diálogo con ANCCOM una trabajadora de las sucursales afectadas. Una semana exacta después, el jueves 3 de octubre, llegó el llamado que anunciaba el cierre definitivo de nueve sucursales, pertenecientes a las localidades de General Acha, Colonia Barón, Eduardo Castex, Bernasconi, Guatraché, Ingeniero Luiggi, Intendente Alvear, Victorica, y Winifreda. Solo cinco se mantienen abiertas en toda la provincia, las cuales pasarían a depender de la gerencia puntana: son las sucursales de Quemú Quemú, Santa Rosa, General Pico, Macachín, y Realicó. Un desguace provincial del Nación, el banco más importante del país.

A través de “X”, el Nación argumentó que el cierre de la Gerencia Zonal y de las nueve sucursales se debía a “la decisión de la provincia de duplicar la alícuota del Impuesto a los Ingresos Brutos que grava los créditos a las familias y a las PyMEs”. Dicho impuesto se duplicó del 7% al 15,47% por medio del Decreto N°3609, promulgado en la Ley Provincial N°3575, con vigencia desde el 1º de septiembre y hasta fin de año. El gobernador Sergio Ziliotto expresó en varios medios provinciales que el aumento solo afectaba a las entidades financieras, siendo estas las que habían percibido mayores beneficios económicos en los últimos meses; amparó su medida en que el Tesoro Nacional retiene fondos provinciales coparticipables, y explicó que lo que se recaudara con ese aumento financiaría programas alimentarios para los sectores más vulnerables. Ante la medida intempestiva del Gobierno central, el gobernador reformuló su decisión y dispuso que “el Banco de La Pampa aportará lo que el Banco Nación rechaza pagar”. Si el directorio sostiene el cierre, ya no será bajo el argumento del aumento de impuestos.

Son 202 los puestos de trabajo que proporciona el banco en la provincia y 80 los trabajadores afectados de manera directa. La información que conocen por el momento es que aquellos que no ocupan un cargo serán reubicados en las sucursales más cercanas a las familias, mientras que los empleados con puestos jerárquicos se los asignará de acuerdo a la necesidad del banco a lo largo y ancho del país. “Esto lleva a que muchos pierdan su fuente de trabajo más allá de que digan que la garantizan, te están forzando a renunciar, porque no todos van a poder aceptar el traslado que nos impongan”, plantea una trabajadora afectada, que prefiere preservar su identidad. Una reestructuración de las familias, madres o padres que van a tener que decidir entre su fuente de trabajo o estar en el día a día con sus hijos: “Tenés que abandonar tu casa”, analiza.

Las medidas no solo provocan un vaciamiento de trabajadores, sino también de la cartera de clientes. Los pueblos y las comisiones de fomento que conforman La Pampa están separados por al menos 50 o 100 kilómetros, obligando a los usuarios de aquellos pueblos afectados a adaptarse completamente a la virtualidad, o viajar a otras sucursales para hacer sus trámites. “Un jubilado que percibe la mínima no puede pagar un taxi para ir a otro pueblo a cobrar la jubilación –explica la trabajadora a ANCOOM–. Esos clientes se van a perder, van a cambiar su boca de pago. Es una pérdida enorme del federalismo que tiene el Banco Nación porque está a la vuelta de tu casa”. Además, de los pequeños usuarios se verá perjudicada la economía general de la provincia porque “el banco tracciona las PyMES, el comercio y todas las actividades del agro. Ya había sido un cimbronazo enterarnos que San Luis sería la gerencia de cabecera porque tienen otra economía, muy distinta a la pampeana”, agregó.

La Gerencia Zonal se encarga de darle autonomía a la provincia, es el nexo directo entre el directorio nacional del BNA y las sucursales a las cuales también administra y audita. Sin embargo, su importancia es mucho mayor, según explicó Shirley Bustos, delegada general del Banco Nación y secretaria general adjunta de La Bancaria a ANCCOM: “Tiene el conocimiento necesario sobre el territorio y de las particularidades de la economía pampeana. Entiende qué comercios hay y qué promociones aplicar, quiénes son los productores agropecuarios, cuáles son los ciclos productivos de la provincia y cómo asistir crediticiamente a cada uno de ellos”.

Sobre el abrazo simbólico que se realizó el viernes pasado en cada sucursal pampeana agregó: “Quedará marcado como un día histórico porque en menos de 24 horas organizamos un paro provincial en todas las sucursales”. Desde el sindicato llamaron además al cese de actividades con permanencia en los puestos de trabajo y el estado de alerta y movilización en defensa de los mismos. Bustos agregó que el cierre no solo afecta a los 80 trabajadores sino a toda la sociedad: “Las fuerzas vivas salieron a la calle y reclamaron para que todas las partes involucradas se sienten a conversar y busquen una alternativa que no termine en el perjuicio de la sociedad y de los trabajadores”.

El mismo día en Capital Federal y por medio de su Secretario General Sergio Palazzo, el sindicato presentó una denuncia penal ante la Secretaria de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, por “la decisión unilateral y apresurada que tomó el directorio del banco. Nunca la respuesta, más allá del desacuerdo con el aumento de un impuesto puede ser el cierre de sucursales y dejar sin trabajo a la gente o al pueblo sin el servicio que les brinda el Banco Nación”, comentó a ANCCOM Raúl Ibañez, secretario general de la seccional Santa Rosa de la Asociación Bancaria. En la misma Secretaría se realizó este martes 8 una audiencia entre los directivos del Banco Nación y la Asociación. En ella se convino un cuarto intermedio hasta este jueves, donde se espera que el gobierno provincial y el Banco Central, ente rector con facultad de habilitar la apertura o cierre de toda entidad financiera, “encuentren un punto de coincidencia de sus posturas y eviten el perjuicio que están causando”, resultado de la audiencia que catalogó como positivo y que solo fue gracias a la visibilización y el apoyo movilizatorio por parte de la sociedad.

La privatización del Banco Nación se había dictaminado en el DNU° 70/2023 también conocido como “Bases para la reconstrucción de la Economía Argentina”. “Esto es una prueba piloto, el impuesto es la excusa para empezar el desguace y el vaciamiento porque de todas formas se va a tener que pagar en las sucursales que queden abiertas”, son las palabras de la trabajadora sobre el justificativo utilizado por el Banco Nación para el cierre de las sucursales. “El Banco de la Nación es uno de los motores de la economía del país” y en su Carta Orgánica determina la función social y de fomento, cierra la nota Raúl Ibáñez. “Es una entidad que defendemos como propia, y no solo en nuestra provincia, porque en caso de persistir esta actitud se avanzaría sobre el resto del país, y el perjuicio serían tan extenso como hoy están diseminadas las oficiales del banco. Esta situación que vivimos sirve para dejar la base de que el Banco de la Nación no se toca”.

La Ciudad judicializa a un gremialista docente

La Ciudad judicializa a un gremialista docente

Oct 3, 2024 | Destacado 3, Trabajo

Terminaron de declarar los testigos en el juicio que inició la exministra de Educación, Soledad Acuña, al maestro Juan Manuel Di Vincenzo por denunciar las malas condiciones laborales durante la visita de un funcionario.

El jueves pasado se realizó en el Juzgado Nacional del Trabajo Nº 49, la última ronda de testigos en el juicio por el desafuero a Juan Manuel Di Vincenzo, sumariado junto al docente y dirigente Jorge Adaro por reclamar mejoras en las infraestructura de la Escuela 19 de Villa Soldati y manifestar por los docentes fallecidos en plena ola de contagios de la pandemia de COVID 19.

Pese a las malas condiciones de trabajo en el juzgado, el juicio se desenvolvió como estaba previsto. “Cinco personas en una habitación pequeña, en asientos incómodos, en la primera declaración tardaron dos horas por las fallas en los teclados”, detalló el acusado a ANCCOM. Al finalizar con el último testigo, en las calles esperaban por la conferencia de prensa las compañeras de la Escuela 19, junto con integrantes de ADEMyS, partidos de izquierda, legisladores y periodistas.

Un viaje al 2021

Como era usual en las prácticas que realizaba Fabian Capponi, el entonces Director General de Escuelas Estatales de la Ciudad de Buenos Aires, bajo el contexto de la pandemia del 2020, visitó la Escuela 19 de Villa Soldati, en donde los docentes se acercaron a comentarle respecto de las fallas de infraestructura, conectividad y malas condiciones de seguridad e higiene. “Solo recibimos ninguneos por parte de Capponi, quien se retiró de la escuela arrancando uno de los carteles que estaban en la puerta, informando a las familias sobre la situación de la escuela” contó Di Vincenzo y completó: “Volvió a las horas junto a dos personas más, filmando y sacando fotos con los celulares durante la salida de los alumnos de primer ciclo. Fue una situación de mucha tensión para las familias que no podían retirar a sus hijos, y por otro lado el funcionario y sus dos acompañantes querían volver a entrar a la Escuela. Se les pidió que se fueran, que sin permisos ni notificación no podían filmar, y terminamos logrando que se retiren”, recordó el delegado. 

Entre todos los reclamos por parte de los docentes, en marzo del 2021 la Defensoría del Pueblo junto a legisladores y un arquitecto visitaron la escuela de Villa Soldatti y abrieron un expediente en el cual decían que “el edificio es un riesgo para todas las personas que lo habitan y sugieren que se realice un arreglo integral o el traslado de la escuela a otro edificio, lo cual nunca sucedió”. Después de la visita del funcionario, la exministra de Educación porteña, Soledad Acuña, subió a su cuenta de X uno de los videos ilegales filmados sin ningún tipo de permiso por parte de una persona sin identificación, y lo usó para escrachar a los docentes. “No queremos este tipo de docentes en la educación, serán sancionados” expresó Acuña.

En ese contexto, la funcionaria había anunciado la suspensión del salario por 30 días a dos maestros e inició un proceso para quitarle los fueros sindicales a Juan Manuel Di Vincenzo y Jorge Adaro, en ese momento secretario adjunto del sindicato Ademys. A partir de esa situación, se generó un gran movimiento y se fueron realizando algunos arreglos en la escuela. No obstante, el sumario terminó con la desestimación de los argumentos del desafuero por todas las pruebas presentadas por los docentes. Di Vincenzo y Adaro son acusados por pegar carteles en la puerta, cantarle al funcionario Capponi al grito de “no sos bienvenido, no sos bienvenido” e increpar a un funcionario público.

En este marco, Di Vincenzo fue elegido de manera unánime como delegado por lo cual con la llegada de la notificación del sumario se desarrolló una pelea entre el Gobierno, que sostenía que en el momento del hecho aún no era delegado y, por parte de la Escuela, que dice que ya lo era. “La justicia termina dándonos la razón, y confirmando que al llegar la notificación ya era delegado”, motivo por el cual no se pudo aplicar la sanción. “Por eso me llevaron a un juicio de desafuero, llamado juicio de exclusión de tutela sindical, el cual comenzó en 2023”, explicó el delegado.

Tras tres años de la persecución a ambos docentes, en un contexto donde ninguno de los funcionarios está ya en el poder, el procesamiento continúa. “Es realmente injusto, indignante y vergonzoso pero tengo expectativas ya que contamos con un precedente, el de Adaro, lo cual suma muchísimo” concluyó esperanzado Di Vincenzo, en alusión a la absolución de su compañero, que fue confirmada el 11 de junio por la Cámara de Apelaciones del fuero laboral.