Otra economía es posible

Otra economía es posible

Las Naciones Unidas declararon al 2025 como el Año Internacional de las Cooperativas. Sin embargo, las políticas públicas no parecen acompañar al sector. Especialistas, referentes y dirigentes del sector describen la crisis que atraviesan, los desafíos que enfrentan y hablan de la necesidad de politizarse. El vínculo estratégico con las universidades.

Centro para el Desarrollo Productivo Papa Francisco en Ituzaingó.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró al 2025 como el Año Internacional de las Cooperativas bajo el lema “Las cooperativas construyen un mundo mejor”. La iniciativa fue impulsada con el objetivo de poner en el centro de la escena el modelo productivo que desempeñan para el desarrollo de una economía sostenible, la inclusión social y el desarrollo democrático de las comunidades. “Me parece importante que la ONU promueva, aunque sea en términos de declaración, la conmemoración del año internacional del cooperativismo porque da difusión, apoya y apuesta al movimiento, pero sabemos que con esta iniciativa por sí sola no alcanza”, declara en diálogo con ANCCOM Miguela Varela, presidenta del Centro de Comercialización de Productos de Agricultura Familiar (CECOPAF), miembro fundadora de la Red Nacional de Alimentos Cooperativos y directora de Desarrollo para Entramados Productivos Regionales del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, y agrega: “El futuro del cooperativismo no tiene que ver con resoluciones de un organismo internacional, sino con la fuerza económica que tengan nuestras empresas sociales, con la fuerza que tengamos las y los dirigentes de este movimiento y nuestro compromiso transformador de la sociedad”. En esa misma línea, Pedro Cerviño actual tesorero de CECOPAF comenta: “Una declaración así ayuda, pero lo más importante está siempre en el trabajo cotidiano de abajo hacia arriba. Tenemos que entendernos entre nosotros y poder construir desde nuestros principios una manera de funcionar mejor”.

“Aunque se diga que del dicho al hecho hay un largo trecho, realmente es muy significativo que la Asamblea General de las Naciones Unidas haya proclamado el Año Internacional de las Cooperativas”, plantea Rodolfo Pastore, economista, docente-investigador y director (Decano) del Departamento de Economía y Administración de la Universidad Nacional de Quilmes. Además, Pastore reflexiona sobre el lema: “Es muy claro lo que expone la proclama: las cooperativas son necesarias para construir un mundo mejor porque, justamente, nos encontramos en un mundo peor. Desde hace bastante tiempo, pero sobre todo en estas últimas décadas, estamos viviendo una aceleración de problemáticas ya ni siquiera sociales, sino de puesta en peligro de la propia reproducción de la vida”. Es en este contexto que el cooperativismo –enarbolando sus valores históricos ligados a la solidaridad, la autogestión, el asociativismo, la ayuda mutua y la integración– habilita un modelo económico que ofrece mejores condiciones para trabajar, producir y consumir.

Cooperativa de construcción El molino.  

La primera vez que la ONU declaró el Año Internacional de las Cooperativas fue en el 2013. Sobre estas conquistas dadas en un periodo relativamente corto de tiempo, Pastore advierte: “Hay todo un trabajo articulado entre distintos organismos internacionales y grandes representaciones de la sociedad civil que vienen construyendo esta agenda desde hace ya un tiempo hasta acá. Sin embargo, al ver cómo eso que es muy importante a nivel global se traduce en términos de políticas públicas nacionales, se advierte una distancia tremenda”.

Según datos oficiales del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) se pueden relevar un total de 17.691 cooperativas vigentes en este momento en todo el país. Eduardo Julio Amorín, Director de la Agencia de Noticias Solidarias (ANSOL) y referente del cooperativismo de trabajo y consumo, explica que “los datos provienen fundamentalmente del censo llevado adelante en 2019 por el INAES. Posteriormente se llevó a cabo un seguimiento de datos, que se hizo más preciso a partir de este año dado que la Resolución 756/2025 solicita a las cooperativas y mutuales presenten al organismo de manera electrónica su registro de asociados activos”.

A su vez, Amorín señala que es difícil hablar de la situación de las cooperativas en general ya que existen más de setenta rubros que se dedican al cooperativismo en nuestro país. De todas manera, en base a los datos oficiales del INAES se puede establecer el siguiente ranking de cooperativas por actividad:

 

  1. Trabajo: 13.878
  2. Servicios Públicos: 1.054
  3. De Provisión: 662
  4. Agropecuaria: 634
  5. Vivienda y Construcción: 309
  6. Crédito: 282
  7. Educación: 211
  8. Consumo: 177
  9. Agropecuaria – Agroindustrial: 170
  10. Agrícola: 123

 

Centro para el Desarrollo Productivo Papa Francisco en Ituzaingó.

El INAES es un ente autárquico, que se financia de manera sustentable con los propios aportes de las mismas cooperativas y mutuales, reglamentando su constitución, registro y fiscalización, como autoridad de aplicación de las Leyes de Cooperativas (20.337) y Mutuales (20.321). Actualmente depende del Ministerio de Capital Humano. “Es muy importante que tomemos dimensión del valor que tiene el Estado en la tarea de relevamiento de datos”, reflexiona Amorín y agrega: “Si bien hay federaciones muy valiosas que también se dedican a la recolección de datos, nada reemplaza el rol fundamental que tiene el Estado en general y el INAES en particular”.

“Si bien existen distintas realidades, en líneas generales estamos atravesando un contexto que es muy duro para nosotros. En nuestro caso, que trabajamos con la cadena de valor agroalimentaria, la situación es muy compleja, es algo que nunca habíamos visto en mucho tiempo: la caída del consumo de alimentos es muy grande”, declara Varela. En relación a esto, Pastore agrega: “No solo se evidencia una disminución sustantiva del consumo sino que, a su vez, eso viene acompañado de un aumento considerable de los costos fijos”. Además, Varela denuncia: “Lo mismo sucede en las cooperativas vinculadas al rubro textil. Ni hablar del rubro de la construcción que con la desaparición de la obra pública en la Argentina se han quedado sin trabajo”.

Desde el punto de vista de Cerviño: “El sector se encuentra un poco a la defensiva porque no hay una política que acompañe ni promueva el desarrollo del cooperativismo”. Pese al panorama adverso, el tesorero de CECOPAF se muestra optimista: “Dentro de las condiciones en las que nos encontramos, tenemos capacidades para superar este momento”. Por su parte, Varela agrega: “Somos muchos los que la estamos remando. Como siempre, somos resilientes y sabemos atravesar las crisis económicas, pero creo que esto va a dejar al cooperativismo bastante herido. Tendremos que encontrar la manera de salir adelante”.

 

Una alianza estratégica y necesaria

Uno de los aspectos fundamentales del cooperativismo se centra en la relación que construyen a partir de su trabajo con la comunidad en el territorio. A partir de esto, Varela señala: “No pensamos en las cooperativas cerradas en su interior, sin que les importe lo que sucede afuera. Me parece importante reivindicar su rol social en un contexto en el que se propone el sálvese quien pueda, donde lo único que importa es ganar plata no importa cómo, ni con quién ni de qué manera”. En esta relación con la comunidad, las universidades juegan un rol fundamental que también se ve afectado por la crisis económica: “Las universidades y la educación en general estamos en una situación extremadamente crítica que afecta las condiciones mismas de nuestro sostenimiento en términos de las actividades que realizamos. Esto ha generado un impacto en lo que viene sucediendo con la vinculación del sistema educativo universitario científico-técnico con las formas de organización económica que proponen las cooperativas”, expresa Pastore.

“Argentina tiene un recorrido bastante interesante en el vínculo entre las cooperativas y las universidades. De hecho, existe la Red Universitaria de Economía Social y Solidaria (RUESS) y hay más ejemplos de estas alianzas que me parecen inevitables y urgentes”, señala Varela y aclara que este valioso vínculo “no tiene que ver únicamente con el rol de las universidades de sistematizar experiencias o de ofrecer espacios de formación vinculados a la economía social, sino que también sean de ayuda para generar conocimiento a partir de las propias prácticas del movimiento: hacer propia la perspectiva del cooperativismo para poder pensar la organización de la sociedad desde otro lugar”.

«En el año 2013 se creó el Programa de Cooperativismo y Economía Social en la Universidad que definió la convocatoria a proyectos de investigación, de vinculación y de redes con el territorio. Ese programa estuvo vigente hasta el 2018 y en el año 2019 todas las confederaciones de cooperativas del país propusieron un Plan Nacional de Educación Cooperativo para todos los niveles. Del 2019 al 2023, pandemia de por medio, algunas de las propuestas del plan se pudieron llevar adelante y otras no tanto; pero son antecedentes muy valiosos que tenemos por delante para pensar el vínculo entre las universidades y las cooperativas», concluye Pastore.

De cara al futuro

“Si bien nos encontramos en un escenario muy complejo, estas formas de organización van a seguir creciendo y lo que se necesita son estrategias tanto de políticas públicas como de la unión de actores de la sociedad civil para encontrar la manera de organizarse y potenciarse”, plantea Pastore y, en coincidencia con sus dichos, Cerviño considera: “Nosotros debemos asumir la responsabilidad de transmitir y comunicar que la producción de nuestro sector realiza un aporte muy importante hacia el mantenimiento de la vida en las sociedades”. En relación al plano simbólico, Pastore habla de una “invisibilidad construida” que hay que desarticular para modificar ciertos imaginarios que a esta altura son inapropiados para la realidad en la que viven las cooperativas y generan una imagen negativa de estas organizaciones: “Aunque está a la vista el fuerte crecimiento del sector en las últimas décadas, aún hay muchas personas que ni siquiera saben que existe o de qué se trata el cooperativismo y, cuando saben, es porque desde las grandes corporaciones mediáticas difunden noticias sesgadas o malintencionadas sobre ellas. Debemos contribuir a visibilizar, reconocer y valorar. Ahí las universidades y los medios de comunicación alternativos tienen un trabajo importante”.

“El desafío de la crisis económica es el más inmediato y urgente porque lo tenemos que atravesar todos los días cuando giramos la llave de la cerradura de cada una de las cooperativas”, expresa Varela y agrega: “Un desafío más estructural, complejo y que necesita de más discusión es el de la política que se le quiere dar a nuestro sector, porque hoy tenemos dirigentes cooperativos, pero no políticos”. Para la Presidenta de CECOPAF, las cooperativas no están exentas de lo que pasa en la arena política: quieran o no están muy involucrados porque el gobierno nacional toma decisiones que los afectan día a día.

“Necesitamos una renovación dirigencial, necesitamos más voces, de gente joven, de más mujeres y más militantes de la economía solidaria: gente que pueda construir un discurso político a partir de las realidades cotidianas de las cooperativas. Es ahí donde tenemos que laburar un poquito más”, concluye Varela.

No comenzó el segundo cuatrimestre en las universidades

No comenzó el segundo cuatrimestre en las universidades

El Frente Sindical, integrado por todas las representaciones gremiales docentes y no docentes, determinó medidas de fuerza para toda la semana en reclamo de aumento salarial y presupuestario. Continúa el derrumbe de los sueldos en el sector.

Las 66 universidades nacionales no iniciaron este lunes el segundo cuatrimestre debido a un paro de actividades convocado por el Frente Sindical que incluye a todas las representaciones gremiales docentes y no docentes del país. Según las organizaciones y las instituciones de estudio, la medida de fuerza se extenderá entre 24 horas y una semana. Todas reclaman al gobierno aumento salarial y mejoras presupuestarias que permitan revertir la crisis en la que se encuentra sumergida la educación superior.

El secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci, afirmó que «el Gobierno no escucha y continúa asfixiando a los trabajadores universitarios, cuyos salarios están mayoritariamente bajo la línea de pobreza». Según un informe del Consejo Superior de la UBA, el poder adquisitivo de docentes y no docentes se redujo casi un 50% durante 2024, caída que se profundizó en los primeros meses de este año.

Según este dirigente, los últimos aumentos fueron de 1,3% en junio, julio y agosto, pero se cobrarán juntos este mes, y fueron definidos por resoluciones ministeriales sin la mesa paritaria que exigen los convenios colectivos de trabajo. En todos los casos, el incremento es por debajo del índice oficial de la inflación, por lo que continúa el deterioro de los salarios.

Mientras que FEDUBA decidió un paro para este lunes y realizar jornadas de visibilización del conflicto durante toda la semana, la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires convocó a un paro total hasta el viernes. El llamado a la medida de fuerza de la AGD se produce en un clima de tensión: el 4 de agosto, la policía de la Ciudad se presentó en la sede central del gremio minutos antes de una asamblea y mantuvo una patrulla frente al lugar hasta que finalizó la reunión. Ileana Celotto, secretaria general del sindicato, calificó la situación como “una maniobra de amedrentamiento y espionaje, prácticamente”.

La medida de comenzar el segundo cuatrimestre con un paro no es aislada. Celotto explicó: “Este plan de lucha no puede hacerse al final del cuatrimestre, porque es el momento del cierre, cuando los estudiantes están preocupados por sus notas y por terminar las materias. No es un buen momento para planificar algo más grande que pueda ir creciendo”. 

El objetivo inicial planteado en esa asamblea –que tuvo “custodia” policial– era implementar paros alternos, una semana sí y una semana no. Sin embargo, la mayoría de las federaciones votó por una continuidad de las medidas con paros rotativos de 48 horas para las semanas del 18, 25 de agosto y 1 de septiembre, además de convocar a una marcha nacional universitaria en la primera quincena de septiembre.

Sueldos inexistentes 

Javier Palma secretario general del AGD de Sociales declaró:“Venimos con un deterioro salarial enorme, 45% de pérdida de poder adquisitivo desde noviembre del 2023. No hemos tenido respuesta. Ni siquiera tenemos un espacio en el cual plantearnos. El gobierno no convoca paritarias desde septiembre del año pasado”. 

 

La situación sigue siendo crítica y el gobierno de Javier Milei decide responder con un plan que los profesores y docentes llamaron como minicuotas. Porque a partir de agosto y hasta noviembre impusieron aumentos mensuales que no recuperan su salario devaluado. Celloto compartió su opinión al respecto de las minicuotas: “En agosto cobraremos 1,3% de junio y julio, en septiembre 1,3%, en octubre 1,2%, en noviembre 1,1% y en diciembre 1,1%. Parece una provocación, porque cuando vos tenes un salario inicial de 240 mil pesos, cuando el gobierno sabe que hay renuncias permanentes en todas las categorías docentes por temas de salario, que digan que aumentan un 7%  en un semestre es una insensibilidad”.

Palma comentó: “Esta destrucción de nuestras condiciones materiales trae consecuencias en la calidad de la enseñanza; los docentes no estamos en condiciones de perfeccionarnos ni de comprar libros, y hasta tenemos problemas para llegar a la universidad.”

Desde el Frente Sindical –integrado por Fedun, Conadu, Conadu Histórica y Fatun– auspiciaron que la jornada de lucha del 11 “contará con un alto acatamiento”. Desde Fedun indicaron que “el gobierno de Milei decide no convocar a la paritaria, da aumentos que se encuentran por debajo de la inflación y no aumenta el presupuesto de los gastos de funcionamiento y de la beca para estudiantes”. Y agregaron que “es la mayor pérdida del poder adquisitivo de la historia, nuestro salario se ha convertido en el peor de Latinoamérica”. Hasta el 24 de agosto se llevarán adelante jornadas de visibilización del conflicto en las distintas casas de estudio y con diferentes modalidades.

Movimiento estudiantil y marcha universitaria

La AGD plantea que es momento de acelerar y marcar una dirección, recordando que siempre que la docencia universitaria logró avances fue en las calles. El movimiento estudiantil juega un rol clave en esta lucha. Según Palma, “es fundamental vincular a los estudiantes y permitir la emergencia de un movimiento estudiantil organizado dentro de un plan de lucha serio que les muestre un camino claro”. A su criterio, aunque las acciones de visibilización son necesarias, a veces no alcanzan y no han logrado mucho. Por eso considera que, frente al momento crítico que atraviesa la educación pública tiene que haber unidad entre profesores y estudiantes para pelear por sus derechos. 

El reclamo no es solo de los estudiantes ni de los docentes. Ileana Celotto afirmó que “este es un conflicto contra un gobierno que se opone a la educación pública y también a la salud pública, por eso también traemos la situación crítica del Hospital Garrahan”. Como señala el posteo oficial de AGD en sus redes sociales, “la lucha es ahora”, acompañada por trabajadores del Conicet, Inta, CNEA y otros sectores que se suman frente al retroceso en salarios y condiciones de trabajo. Palma concluye: “La fortaleza está en llevar la pelea a las calles y en mostrar que la universidad pública es un derecho que intentan destruir, pero que no lo van a lograr”. 

 

Sociales alerta

Por su parte, la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA emitió un comunicado sobre la crisis presupuestaria, en el que anunció la decisión de cubrir con recursos propios cuestiones elementales como la limpieza, el mantenimiento de los ascensores y servicios esenciales. Con la firma de la decana Ana Arias y del vicedecano Diego de Charras, la Facultad mencionó también el deterioro salarial de docentes y no docentes. “La pérdida constante del poder adquisitivo impacta directamente en quienes sostienen la vida universitaria todos los días”, expresó. ”Es urgente que se revierta esta política de desfinanciamiento” porque “sin presupuesto no hay educación, no hay salud, no hay ciencia, no hay futuro”, concluyó. 

Intimidación policial a un gremio docente

Intimidación policial a un gremio docente

Dos oficiales y una camioneta de la Policía de la Ciudad se presentaron en la sede principal de la Asociación Gremial Docente (AGD) mientras se llevaba adelante una asamblea.

El pasado lunes 4 de agosto la Asociación Gremial Docente (AGD) de la Universidad de Buenos Aires sufrió una intimidación de parte de la Policía de la Ciudad. Dos oficiales y una camioneta se presentaron en la sede principal del gremio en el marco de una asamblea cuyo temario eran las futuras huelgas y manifestaciones. Los oficiales interrogaron a los participantes, pidieron sus datos y se mantuvieron en la puerta del edificio durante toda la reunión, con las luces del patrullero ostensiblemente encendidas.

La AGD forma parte de la Conadu Histórica (Federación Nacional de Docentes Universitarios) y convoca asambleas regularmente como modo principal de organización, deliberación y toma de decisiones. Javier Palma, secretario general de la asociación en la Facultad de Ciencias Sociales, remarcó que la presencia de la policía en la reunión fue un hecho de intimidación sin precedentes. “Que vengan a mostrarse a la sede del sindicato en los momentos de la asamblea es un hecho inédito”, afirmó. “Esto solo se puede leer en el marco del avance sistemático en contra de las libertades democráticas que lleva adelante el gobierno. No es casualidad que apunten a los sectores en lucha”, aseguró el secretario general.

Si bien los miembros del sindicato están acostumbrados a la presencia de oficiales en sus manifestaciones, esto no había sucedido nunca en el ámbito de una reunión cerrada. “Es mucho más común que te pase en la vía pública, cuando cortamos una calle para hacer clases públicas tenemos que enfrentarnos a la policía”, explicó Palma. 

Laura Carboni es secretaria general de la Asociación Gremial Docente (AGD) de la UBA y secretaria adjunta de la AGD del Colegio Carlos Pellegrini.

También llegó temprano a la reunión para preparar el espacio y ordenar, por lo que tuvo un encuentro con los oficiales antes de entrar al edificio, donde la policía justificó su presencia alegando que los participantes habían pedido seguridad para el evento. “Cuando les dijimos que no, bajo ningún concepto, nos pidieron nuestros nombres pero no se los dimos. Decían que los necesitaban por si alguien presentaba una denuncia”, aclaró Carboni. Si bien la asamblea pudo realizarse con normalidad a pesar del amedrentamiento, más tarde llegó una camioneta que se apostó en la entrada del sindicato, donde se mantuvo con las luces azules encendidas durante toda la reunión “haciéndonos saber que estaban ahí, ostentando”, describió Carboni. 

Entre el gobierno de la ciudad y las políticas nacionales pareciera haber una alianza o “una sintonía, una orientación común en cuanto a cómo abordar a quienes se dedican a organizar la lucha callejera”, en palabras de la secretaria general de la AGD. “La responsabilidad le cabe a Macri, pero claramente es en consonancia con la orientación en seguridad que tiene el gobierno nacional”, añadió Carboni en referencia a las políticas represivas llevadas adelante por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, exintegrante del PRO ahora en las filas de La Libertad Avanza. En estas circunstancias, la figura de Bullrich se presenta como un emblema de la alianza actual entre ambas fuerzas políticas.

Espionaje a los opositores

El amedrentamiento en la sede del sindicato docente no se dio de forma aislada, sino que formó parte de una serie de operativos en los que la Policía de la Ciudad procedió de la misma manera, vigilando e interrogando. “Esto ya había sucedido el sábado pasado en el local de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Se estaba desarrollando un cabildo abierto convocado por trabajadores y trabajadoras del Garrahan, al que concurrimos sindicatos, organizaciones sociales y todo aquel y aquella que le está dando un apoyo a esta lucha tan genuina, y pasó exactamente lo mismo. Un policía se acercó, le preguntó al portero qué tipo de evento se estaba realizando en ese momento y qué cantidad de gente había en el local. Tampoco le contestaron.”, explicó Carboni. Laura añadió que esto se repitió el mismo sábado por la tarde en la asamblea del Ni Una Menos en un local de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), donde también se presentaron a intimidar.

La situación se agrava al tener en cuenta que esta misma semana se filtró un informe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que dio cuenta de actividades de espionaje interno a gremialistas y jubilados. Se reveló que los fondos de la institución están siendo utilizados para espiar a opositores, hecho que atenta contra los derechos civiles. “Este espionaje no debería ocurrir en el marco de la democracia”, declaró Carboni.

Las próximas medidas de protesta

Los dirigentes del gremio aspiran a que las movilizaciones se den en unidad con otras luchas y que logren tener una amplia convocatoria, entendiendo la masividad como un factor determinante para la seguridad y efectividad del reclamo. “Preparemos el no inicio del segundo cuatrimestre y una marcha federal a Plaza de Mayo”, leía la convocatoria que difundió la AGD de la UBA por redes sociales y en su sitio web. 

La asamblea y el Congreso de la Conadu histórica votaron a favor de efectuar una semana de paro a partir del lunes 11. Por otro lado, hoy 6 de agosto se tratará la Ley de Financiamiento Universitario, una de las medidas que el presidente vetó el año pasado y que, según dijo abiertamente, probablemente rechace nuevamente. “No tiene ningún problema de bajarle las retenciones al campo, pero sí en aprobar la ley para nosotros, que somos los que tenemos unos salarios que están por el piso”, sostuvo la secretaria.

En cuanto a las medidas legales, el sindicato ya realizó una denuncia pública en sus medios de comunicación por el incidente ocurrido este lunes. Por el momento sus miembros no discutieron la posibilidad de hacer una denuncia judicial, si bien la Secretaria General afirmó que no lo considera de gran utilidad en este caso particular. Esta percepción se debe a la falta de respuesta que han obtenido en ocasiones anteriores de parte del Poder Judicial. Carboni explicó que si bien es la primera vez que se da un amedrentamiento de estas características, “ya había habido casos de acoso y amenazas a los integrantes del gremio”.

Manifestarse con efervescencia

A pesar de la constante represión, las movilizaciones en contra del gobierno se mantienen y siguen creciendo. “Hay mucha efervescencia, hay fábricas tomadas, hay trabajadores haciendo asambleas, está el movimiento piquetero cortando calles, hubo cortes en la Panamericana. El aparato represivo se refuerza cuando ve que hay respuesta, y esa respuesta hoy no es masiva. Por eso el Estado está interviniendo, para que no crezca”, declaró Laura.

Tanto Palma como Carboni estuvieron de acuerdo en que estos operativos son una forma de evitar la conflictividad social, por un lado es intimidando y amedrentando y por el otro lado es descargando directamente la violencia sobre las personas que se manifiestan. “En este momento se están produciendo ambas cosas. Es la única forma de dejar pasar el ajuste, que no es solamente una palabra, es gente muerta de hambre”, afirmó la secretaria.

 

Esta radio ya no es con vos

Esta radio ya no es con vos

El empresario Gabriel Hochbaum -cercano a Javier Milei y socio de Luis Majul- adquirió Radio con Vos y accionó tres decenas de despidos y un importante cambio de programación. ¿Ajuste o nueva línea editorial?

En los últimos días, desde la dirección de Radio Con Vos 89.9, una de las emisoras más reconocidas de la ciudad de Buenos Aires con sede en el barrio de Palermo, se decidió terminar varios programas y despedir casi 30 personas de su plantilla, aduciendo problemas económicos. Sin embargo, desde dentro tienen dudas al respecto y consideran que tiene que ver más con motivos de línea editorial.

“Tuvo que ver también con cuestiones de bajada de línea. Nosotros antes teníamos mucha libertad, casi total, de decir lo que cada conductor quiera, hablar de cualquier cosa. Desde que entró esta nueva gestión empezaron a bajar línea con ciertos temas”, mencionó un trabajador de la radio que prefiere el anonimato. “Había algunos temas en particular que molestaban, la masacre en la Franja de Gaza, la elección de Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema, la causa de las valijas relacionadas a Leonardo Scaturicce”.

Hasta el miércoles último eran tres los programas levantados a los que luego se le sumaría el de Fiorentino. Los programas eliminados de la grilla son “Buenas Tardes China”, con Jairo Straccia y Yamila Segovia; “Que No Panda el Cúnico”, con Ernesto Tenembaum y Noelia Barral Grigera, “Todo Marcha Acorde al Plan (TMAP)”, con Tamara Pettinato y Nacho Girón; y “Podría Ser Peor”, con Nico Fiorentino y Maru Amabile. En cuanto a la cantidad de trabajadores echados, según distintos testimonios, serían entre 25 y 30.

“Todo fue justificado por lo económico. Lo raro es que la mayoría arrancó hace poco”, analizó el trabajador. Vera Ferrari integraba TMAP y, en diálogo con Anccom coincidió: “Una hora antes de que salga el último programa nos avisan que termina y decidimos no salir. Era un programa muy nuevo, imaginate la sorpresa. Si es una cuestión presupuestaria, ¿cómo es que hace 3 meses no sabían que no iban a llegar con el dinero?”.

Otra fuente anónima sumó: “Ahora tienen mucho control de las redes sociales de la radio. Normalmente hay notas que te dejan hacerlas, pero no las suben a las redes ni el corte a YouTube. Todos los títulos que suben a Twitter se los tienen que pasar primero al director de la radio, él los tiene que aprobar y después los suben. Lo cual es un manejo de redes muy raro para una radio”.

Relató también que, extraoficialmente, había muchos rumores en la radio “muy de pasillo” tanto como en colegas de otros medios. Incluso que fue a la reunión final sospechando el motivo. “Fue muy abrupto, por los modos y por las condiciones. Yo estaba facturando y nunca tuve contrato. No se sabe qué va a pasar con los sueldos, no es que nos adelantaron una paga ni nada. Es algo que está por hablarse, pero no fue algo que estuviese garantizado”.

Otro integrante que prefiere reservar su identidad comentó: “el recorte que tenían que hacer era millonario. Lo que me parece extraño porque la radio la compraron nuevos dueños a fin del año pasado. Antes los dueños eran Carlos Gorosito y Benjamín Vijnovsky, aparte de Martín Kweller de Kuarzo Producciones, que tiene como el 30% de las acciones”. Los primeros dos vendieron sus partes a Gabriel Hochbaum, quien fue accionista del Grupo América y actualmente posee vínculos con El Observador de Uruguay, grupo que posee la revista Quórum y FM El Observador, en sociedad con Luis Majul.

“Cuando pasa eso, la radio hace todo un relanzamiento diciendo que le quieren meter muchas fichas al streaming, presentando nuevos programas y armando en un fiestón, como nunca se hizo en la radio, en el Complejo C Art Media (del barrio de Chacarita), incluidos los ahora programas levantados. A partir de ahí, a varios les preguntan qué necesitan, que pidan lo que quieran porque había recursos. Eso suma a lo sorpresivo del recorte”, prosiguió.

Sobre el rating, mencionó que “los nuevos lógicamente estaban empezando, pero a la gente de “Buenas Tardes China” le iba bien, incluso triplicando las mediciones de algunos programas que continúan”. Y, con tono de sospecha, agregó “incluso en la radio se sabía que se les había ofrecido sumar una hora al programa y ahora lo sacan, siendo que justo en el medio hubo nuevos roces por hablar o no de ciertos temas”.

En ese contexto, Luisa Romanazzi, periodista y productora de “Y Ahora Quién Podrá Ayudarnos”, publicó una hilo de tuits al respecto donde opinó: “en el comunicado de las autoridades aluden a una cuestión económica pero existe un contexto político. No es menor ser una de los (poquitísimos) medios opositores a este gobierno que nos ataca, agrede, miente, amenaza diariamente. No es menor que nos gobierna gente que la excita aplicar la motosierra contra jubilados, hospitales públicos, tratamientos de cáncer, etc. etc. etc.” (sic).
La publicación de las autoridades a las que se refiere Romanazzi fue borrada en primer lugar y vuelta a publicar ante las constantes críticas por un error: le cambiaron el nombre del programa a “BITChina”, algo que fue criticado tanto por los trabajadores en off como por los miles de oyentes (por ejemplo) que se mostraron enojados con la decisión.

Al mismo tiempo, muchos otros aprovecharon a recordar que el nuevo dueño es cercano a Gerardo Werthein, actual canciller del gobierno nacional encabezado por Javier Milei, y sumaron el tratamiento de temas que afectan o disgustan al Ejecutivo argentino.
Mariana Carbajal se despidió ayer de su columna en el programa “La Inmensa Minoría” de Reynaldo Sietecase. Consultada por este medio, contó: “el viernes me citó una de las autoridades y me lo comunicó”. Prosiguió: “Seguro que no responde a una cuestión de ajuste. No creo que solucionen sus problemas financieros ahorrándose lo que yo cobraba. El conductor del programa estaba muy conforme con mi trabajo” y aclaró que cree “que les incomoda mi mirada crítica y feminista. ¿Razones? No sé. Habría que preguntarles a los dueños de la emisora”.

Vera Ferrari añadió: “es raro, en las próximas semanas o meses se confirmará qué tanto de búsqueda política tuvo todo este cambio. A ver qué comunicadores, qué tipo de programas, qué periodistas entran, a qué voces se les va a dar más espacio y qué consecuencia trae eso. No hay nada que te pueda confirmar, pero va a ser notorio si estamos atentos. Sacar una voz como la de Jairo Straccia que se mete en temas sensibles, tiene una agenda económica, es crítico… Y justo ese periodista entró en el recorte. Ahora, yo no sé qué tanto hay de una intencionalidad política o una búsqueda de que entre guita, no sé cuánto hay de carga ideológica”.

María Paula Grieco es productora de TV y radio con extensa trayectoria y relata una modalidad de expulsión similar: “De un día para el otro, mañana tenés una reunión en la que te espera el gerente de la empresa. Ahí me dijeron que estaba desvinculada y que a partir de agosto no trabajaba más”. Sobre la cuestión de la bajada de línea, consideró que “en el programa de Manguel no tuvimos ese tipo de dificultad, quizá también por el perfil de Romina, más de derecha”. También coincidió en la extrañeza del ajuste presupuestario y al hecho de que hace poco se realizó la “mega fiesta” de los 10 años de radio.

 

El asbesto del subte sigue matando

El asbesto del subte sigue matando

La gremial de trabajadores del Subte y Premetro realizó un paro de tres horas para denunciar una nueva muerte por contaminación y exigir que de una vez se termine con el retiro del material tóxico de las unidades y de los lugares de trabajo. Ya son cinco los muertos por asbesto y 114 los trabajadores identificados afectados.

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (AGTSyP) realizó este lunes un paro en todas las líneas y talleres del subte entre las 13 y las 15 en “repudio al fallecimiento del trabajador de la Línea D, Walter Berhovet, víctima de cáncer de pulmón producto de la exposición al asbesto», quien sería el quinto muerto debido al amianto, como también se conoce a ese grupo de minerales. La Secretaría de Salud Laboral del sindicato lo anunció como “medidas de autodefensa” el viernes último, a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

Asimismo, el gremio señaló que Berhovet «integraba la lista de los 114 trabajadores afectados por asbesto reconocidos por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo” y que su muerte “pudo haberse evitado: el asbesto está prohibido en Argentina desde el año 2003”.

Desde el Sindicato también se reclama “máxima celeridad” en los procesos para garantizar el urgente cambio de las flotas que contienen asbesto: “Necesitamos que se aceleren las tareas de descontaminación en base a un plan integral de desasbestización. Todas las personas que trabajan en el Subte y Premetro deben ser incorporadas a programas de vigilancia médica, que debe extenderse también a las y los trabajadores jubilados, dado que el período de latencia de la enfermedad es de varias décadas».

Claudio Dellecarbonara, delegado de la Línea B y que esta mañana se encontraba en la estación Juan Manuel de Rosas, mencionó que “no han retirado de los túneles” el material “que está presente en toda la red y que no sólo pone en riesgo a los trabajadores, sino también a los millones de usuarios que se lo llevan en la ropa, que pueden terminar contaminando a alguien de su entorno familiar, laboral o de estudio”.

El secretario de Salud Laboral, Francisco Ledesma, mientras les explicaba a los pasajeros la situación y liberaba los molinetes de la estación Congreso de Tucumán de la Línea D -previo al cierre de las 13-, coincidió e indicó que la situación se agrava por ser “un medio que es un espacio confinado: no hay ventilación natural y existe poca ventilación forzada”. Resaltó asimismo que buscan “que se tome conciencia porque no hay solamente asbesto en el subte, sino que, en una escuela, en los techos, en un hospital, en los tanques de agua, en los fusibles, en una biblioteca pública, o sea, en distintos lugares” a la vez que precisó “ya se sacaron 300 toneladas de asbesto en el subte, pero todavía faltan alrededor de 200 toneladas más instaladas en la infraestructura”.
En este sentido, el secretario insistió con el seguimiento de la salud de los trabajadores: “Lo hace la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación a través de una auditoría que se realiza en el Hospital Británico, donde vamos una vez por año y semanalmente se estudia a las distintas personas que se están haciendo los chequeos. Ahí se controlan los pulmones para, de esa forma, detectar tempranamente si algún compañero tiene una infección o cáncer. Todos los lunes hay auditoría médica y todos los lunes hay un nuevo afectado. Nosotros queremos salir de nuestra casa e ir al trabajo y después volver sanos y salvos, no queremos volver con un cáncer”.

Ledesma reclamó: “Nosotros nos dejamos en manos de los neumonólogos, que son especialistas en el tema, y por eso exigimos que todo el personal que trabaja en el subte entre al control médico. Hasta ahora tenemos 2.179 en control médico y nos faltan alrededor de 1.600 personas, por ejemplo, de las estaciones y de limpieza, que no los quieren ingresar y son todos seres humanos que trabajan en el mismo ambiente donde está este material”.

Desde SBASE prefirieron no responder, mientras que desde Emova, ex Metrovías, empresa del Grupo Roggio, contestaron sólo pasando el comunicado en el cual lamentan el fallecimiento y se diferencian al remarcar que Berhovet “se encontraba internado a raíz de un cuadro clínico asociado a una condición médica preexistente, de evolución compleja, no existiendo hasta el momento elementos clínicos concluyentes que permitan establecer una relación directa entre su situación de salud y su historial laboral”. Asimismo, a fin de “respetar la privacidad y confidencialidad de los datos personales”, consideraron “prudente no brindar mayores detalles”.

Ante esto, Ledesma replicó “le pedimos a Emova que vaya y se asesore leyendo el expediente en la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación, que es quien controla a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo. Entonces, no lo decimos solamente nosotros, sino que lo dice un organismo público nacional, la Policía de Trabajo, que sería como el Ministerio de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, y además lo dice la Justicia, en primera y segunda instancia”. Y claramente enojado espetó: “Emova no se toma el tiempo de leer los expedientes de los cuales forma parte, y a nosotros nos ve como un legajo, no nos ve con un nombre y apellido. Somos seres humanos, que tenemos salud y familia. Por eso dice lo que dice, si no, si fuera responsable, leería la letra chica de los expedientes. Es un cinismo que nos indigna mucho”.

Al respecto, Claudio Dellecarbonara opinó: “La empresa tiene una actitud y política criminal, en vez de solucionar el problema y apurar los tiempos niega y minimiza. Es una política constante, cuando descubrimos la presencia de asbesto en nuestros lugares de trabajo, tuvimos que tomar muestras y mandar a analizar a las universidades nacionales por nuestra cuenta, cosa que la empresa y el gobierno ya sabía, pero nunca nos lo comunicaron. Al revés, en vez de sacarlo, compraron trenes en España que venían contaminados sabiendo que tenían asbesto cuando ya hacía décadas que estaba prohibido por la ley su uso y su venta”.

Acerca de ese material rodante, clarificó que “los pagaron más caros que si fueran nuevos. Fue un negociado tremendo de la administración de Mauricio Macri como jefe de Gobierno. Hubo que hacer una serie de obras en los trenes y en la alimentación eléctrica, instalar una catenaria nueva y varios suplementos en los trenes. Son los CAF serie 5000 y serie 6000”.

Sobre los trenes contaminados puntualizó: “Los coches 5000 logramos que los saquen de circulación, porque además eran chatarra en España, entonces cuando los pusieron a circular acá no funcionaban y tenían muchos problemas, quedaban frenados, se prendían fuego, etc. La otra serie, la CAF 6000, sigue circulando con asbesto, aunque hemos avanzado con esta pelea en que se retiren parte de las piezas que están contaminadas. Gracias a esta pelea que damos, hemos logrado que se retire mucho asbesto, pero queda muchísimo más por retirar y los tiempos que maneja la empresa y el gobierno son muchas veces inciertos y nosotros no podemos seguir lamentando cada 6 meses u 8 meses un compañero fallecido y cientos de compañeros enfermos”.

Consultado por la reciente adjudicación de la licitación para nuevos trenes anunciada por el GCABA, Dellecarbonara cuestionó que “se viene postergando hace años, aparentemente ya tiene un resultado con una empresa china que sería la encargada de fabricar los trenes que vendrían para la línea B, pero son trenes que quién sabe cuándo van a llegar, hay que tener en cuenta que es el mismo gobierno que ha anunciado la creación de la línea F desde hace 10 años y todavía estamos esperando”.

Ambos sindicalistas coincidieron en resaltar que con el cambio de trenes no alcanza y, entre llamados a los pasajeros a que “pasen por acá, por favor”, Ledesma declaró “queremos que se saque el asbesto y que se ponga otro tipo de material, puede ser PVC, acero inoxidable… reemplazos aceptables para hacer esas modificaciones”.

Dellecarbonara cerró: “Como organización de trabajadores hemos presentado esta denuncia en todos los ámbitos posibles, inclusive en la Organización Internacional del Trabajo. En la Legislatura porteña hemos presentado, junto a diferentes bloques, pedidos de informe, exigencia de declaración de la emergencia para la Línea B, porque no sólo tiene el problema igual que todas las líneas por el asbesto, sino que tenemos trenes con 70 años de antigüedad que son obsoletos, están sin mantenimiento y sin repuestos, vías al borde del colapso… Una situación particular que la vuelve una bomba de tiempo y tampoco tenemos respuesta. Hemos sido acompañados por infinidad de organizaciones políticas, sociales, de derechos humanos y de defensa al consumidor porque es un reclamo del conjunto de la sociedad, no sólo de los trabajadores del subte”.

El comunicado que circularon los Metrodelegados concluye; «No queremos seguir lamentando muertes que se pueden evitar. Nadie tendría que morir por su trabajo. ¡Walter Berhovet presente! Seguimos luchando por un subte y premetro libre de asbesto».

Tras los despidos, conciliación obligatoria en Petroquímica Río Tercero

Tras los despidos, conciliación obligatoria en Petroquímica Río Tercero

Otros 124 trabajadores fueron cesanteados y el plantes quedó reducido a un tercio en el último año. Ante la apertura de las importaciones, los empresarios prefieren importar a fabricar. Militarización de la planta.

Los trabajadores de la Petroquímica Río Tercero (PR3) recibieron el lunes de la semana pasada a través de sus correos electrónicos la noticia de 124 nuevos despidos. La fábrica cordobesa contaba con 375 trabajadores hasta octubre del año pasado, cuando 140 fueron echados tras el cierre de la planta que fabricaba TDI, la principal producción de la PR3 hasta entonces. Esta semana, nueve meses después de los primeros despidos, la empresa decidió desafectar a otro centenar de trabajadores y dispensar a quienes aún mantienen sus puestos. En menos de un año, la PR3 redujo en dos tercios su planta. 

A comienzos de junio, los empleados de la PR3 denunciaron que no habían percibido su salario ni el pago del aguinaldo en tiempo y forma. A través de la votación en asamblea, los trabajadores decidieron aceptar la propuesta de la empresa: los salarios se pagarían en dos partes. Lucas Felici, secretario general del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas (SPIQYP) de Río Tercero observó con respecto a la medida: “La empresa dijo que iba a pagar la mitad del salario a principio de julio y la segunda mitad el 16 del mes. A eso se comprometieron en una presentación frente al Ministerio de Trabajo”. Felici explicó que los motivos y la posición de la empresa quedaron asentados en un documento: “El abogado dejó por escrito que era una cuestión temporal, que necesitaban ese tiempo porque simplemente se habían atrasado unos pagos que estaban esperando. Resulta que antes de cumplir con la segunda cuota de nuestros salarios llevaron adelante una masacre laboral”. 

Esta no es la primera vez  que la dirección de la empresa incumple o pasa por alto sus compromisos frente al Ministerio de Trabajo. Hace dos semanas, los trabajadores denunciaron frente al organismo estatal que la empresa estaba llevando adelante un lockout patronal. “Habían mandado a parar la producción y estaban vaciando los tanques de stock. Al ver eso, nosotros comenzamos con asambleas para evitar el vaciamiento de la fábrica y realizamos la denuncia frente al Ministerio”, recordó Felici. Desde el Estado se le dio a la empresa un tiempo para presentar su descargo y mostrar la situación en que se encontraba. “Ellos tenían plazo hasta este lunes para responder. Bueno, su respuesta fue despedir 124 trabajadores y militarizar toda la fábrica con una gran cantidad de fuerzas policiales. Estaban la Infantería, la Policía de Córdoba y la Gendarmería”, agregó el secretario general. 

Desde la dirección de la Petroquímica afirman que los despidos se deben a un “proceso de reestructuración profunda” que la empresa está llevando adelante por la “crítica situación económico-financiera que atraviesa la compañía”. Felici, por su parte, remarcó que el viernes pasado, la directora de la empresa Verónica Vara “dijo que nos quedáramos tranquilos, que esperemos hasta el lunes que ya iban a ingresar los papeles al Ministerio, pero que no iba a haber despidos”. El secretario del Spiqyp de Río Tercero aclaró que “la empresa debe hacer una reestructuración, porque cerró una parte grande de su industria. Eso lo sabíamos todos”. Sin embargo, “el problema es que fueron por el Convenio Colectivo de Trabajo, porque echaron a 65 trabajadores afiliados al Sindicato y quieren establecer un nuevo régimen laboral, flexibilizando puestos de trabajo, atacando nuestros derechos adquiridos, e incluso nuestros salarios”. 

Otra suposición sobre el destino de la PR3 es que el Grupo Bitali le venda la empresa a Transclor,  la compañía de Mauricio Filiberti, conocido como “El Rey del cloro”.  Felici consideró que “de venir a Río Tercero y concretarse la venta, si es que no se ha concretado ya porque no tenemos datos, Filiberti  quiere una fábrica flexibilizada y con mucho menos personal que el que tenemos hoy”. 

El trabajador petroquímico afirmó que entre los despedidos se encuentran también delegados sindicales. “La empresa ha sido atenta a las época en que vivimos, el clima del peluca les permite a ellos tomar cualquier decisión creyendo que pueden avanzar con todo”, sostuvo. Más allá del aval discursivo por parte del Gobierno,  que considera  “héroes” a los empresarios que evaden, la apertura del régimen de importaciones que propiciaron Javier Milei y su equipo económico afectó a empresas como la PR3. Refiriéndose a ello, Felici dijo: “Los problemas de Petroquímica y de la mayoría de las industrias comenzaron después de la asunción de Milei, cuando se empezó con esta política de liberar importaciones y quitar aranceles”. Sin embargo, el secretario general también dejó en claro que “los dueños de la petroquímica no dejaron de hacer plata, los empresarios cambiaron su negocio, empezaron a hacer trading. Ahora compran el TDI afuera, lo importan porque tienen la billetera y el poder para hacerlo y lo distribuyen a los consumidores más pequeños”. 

El TDI es un componente químico fundamental para la fabricación de goma espuma. Hasta el cierre de la planta productora de TDI en octubre del año pasado, ese componente conformaba la mayor área productiva de la empresa.  Felici remarca que el Grupo Bitali, propietario de la PR3, controla las marcas de colchones  Piero, Cannon, Suavestar, Gani, Suavegom y Rosen y afirma: “Ellos importan TDI también para sus empresas. Antes producían su propia materia prima, ahora la importan barata. Parece que el negocio les ha cerrado completito, siguen haciendo plata sin producir y sin generar empleo”. 

Militarización

Los 124 trabajadores despedidos de la PR3 fueron notificados a través de sus correos electrónicos de la decisión tomada por el directorio. Los primeros mails comenzaron a llegar alrededor de las seis de la mañana del pasado lunes. Dos horas antes, a las cuatro de la madrugada, los trabajadores que se encontraban realizando el turno nocturno en la fábrica presenciaron la militarización del predio y la llegada de los agentes de Infantería, Gendarmería y Policía de Córdoba. El Secretario General del Sindicato relató que “no dejaron ingresar a los compañeros que iniciaban su turno a las 5 y nosotros que estábamos haciendo el turno de la noche no podíamos salir, nos quedamos esperando alguna intervención del Ministerio o del Gobierno de Córdoba”. Los trabajadores que se encontraban dentro de la planta se mantuvieron allí durante 27 horas, mientras del lado de afuera se organizaba un paro total de actividades para el resto de las industrias del Polo Químico de Río Tercero.

Ahora, la resolución del conflicto se encuentra en pausa ya que el Ministerio de Trabajo dictó una conciliación obligatoria por quince días. La medida implica que tanto los despidos como las medidas de fuerza deben suspenderse.  “Ahora todos los trabajadores, tanto suspendidos como despedidos, estamos adentro de la fábrica, pero sin tareas. La empresa no nos da trabajo para hacer y sigue deseando tener la producción parada”, expresó Felici. El trabajador petroquímico afirma que las condiciones en las que volvieron a sus puestos no son óptimas. “Estamos adentro de la fábrica pero sin ningún elemento básico, nos han quitado el agua caliente, el transporte. Lo único que han acatado de la conciliación obligatoria fue dejarnos ingresar al predio, pero sigue estando militarizado. La actitud de la empresa busca intimidar a los trabajadores y desmoralizarnos”,  denunció. 

El sindicalista también se refirió a los dichos del intendente de Río Tercero Marcos Ferrer,  quien criticó que las medidas de fuerza de los trabajadores de la PR3 se extiendan a otras empresas del sector. “El intendente tuvo una actitud lamentable, saliendo a decir en todos los medios que nosotros debíamos flexibilizar los convenios y que no hiciéramos uso del derecho a huelga porque afectamos al resto de las industrias y de la economía”, repasó Felici. A su criterio, es “una actitud muy agresiva, desconociendo la historia de la clase trabajadora y la importancia de los convenios colectivos de trabajo. Ferrer está dentro de la línea mileísta y no quiere que la lucha obrera empiece a asomar la cabeza”.

Romper la comunidad 

El dirigente del Spiqyp evaluó que los despidos y vaciamiento de la petroquímica generan un impacto muy grande en la comunidad de Río Tercero. “No hay registros de una masacre laboral tan importante en la ciudad, esta política no apuesta por la industria, sino a desindustrializar. Y en Río Tercero cada uno de los salarios que se pierden son parte de nuestra economía regional y de la ciudad. Entonces, de octubre a esta parte, en todo el polo químico, se perdieron alrededor de 350 puestos laborales”, repasó. 

Tras la conciliación obligatoria, el Sindicato se encuentra a disposición para discutir y negociar. “Siempre pensando en volver a nuestros puestos de trabajo, eso no se negocia y es el eje principal que sostiene nuestra lucha obrera”, sostuvo. Los trabajadores no descartan decretar un nuevo paro total de actividades en el Polo Químico, en caso de que la posición de la empresa se mantenga inamovible. “Nuestro lugar es la fábrica, somos trabajadores y no nos vamos a retirar hasta que haya una solución”, enfatizó Felici.