Una pasarela inclusiva

Una pasarela inclusiva

La agencia Somos Diversity prepara a modelos con diferentes discapacidades con el horizonte de una moda inclusiva.

Un lugar donde ni la edad, ni el cuerpo o discapacidad son un límite para aprender a modelar y formarse como profesional; de eso se trata la agencia Somos Diversity, primera y única en Argentina en estar integrada por personas con diferentes discapacidades, como síndrome de down, usuarios de sillas de ruedas, no videntes o retrasos madurativos. 

“¿Por qué no puedo ser modelo?”, le preguntó una joven con síndrome de down a su psicomotricista, Megui Ventura, quien utilizó ese cuestionamiento para pensar en un proyecto de moda con el propósito que incluya a todos y logre abatir la falta de inclusión en el mundo del modelaje. 

Junto a sus estudios acerca de salud mental, Ventura reunió su pasado artístico, caminatas en las pasarelas y mundo del arte para formar Somos Diversity, la agencia que a través de talleres de maquillaje, cuidados de la piel, expresión corporal, armado de book, autocasting y cámara, busca formar modelos que el sistema suele expulsar del mundo laboral.

”Nos pasó de quedarnos afuera de muchos desfiles”, cuenta a ANCCOM Megui Ventura, quien se encarga de que los lugares a cubrir cuenten con cambiadores aptos para sillas de ruedas y accesibilidad dentro del espacio, ya que unas escaleras sin rampa pueden ser el primer impedimento para su participación. 

Ubicada en Buenos Aires y también en Córdoba, Somos Diversity ofrece servicios para marcas o empresas, desfiles para eventos y books de fotos de artistas o modelos.

Cómo desfilar y posar son uno de los talleres clave para la formación de los estudiantes, que al igual que los demás, cuentan con un abordaje terapéutico e integral, acompañado de profesionales especializados como psicólogos, psicopedagogas, psicomotricistas y profesoras de educación física. 

La formación profesional de cada persona no cuenta con años obligatorios, si bien el mínimo se basa en dos años, al ser un sistema comunitario y un espacio grupal terapéutico, los integrantes pueden decir hasta cuando deciden quedarse en la agencia. 

“Aprendí bastante a conocer y cuidar mi cuerpo, el rostro, hacer poses, caminar, o mover los brazos”, relata Macarena Fariña, usuaria de andador, quien a sus 16 años con un poco de miedo e incertidumbre fue impulsada por su familia a conocer la agencia para indagar en el mundo del arte y ser modelo profesional. 

“Deseo seguir participando de desfiles, fotos, hacer publicidad y cuando termine el secundario quisiera poder estudiar alguna carrera relacionada al mundo de la moda”, agrega Fariña. 

Al igual que Macarena, Camila Nardi es otra de las jóvenes integrantes de la agencia, usuaria de silla de ruedas, quien descubrió la propuesta a través de internet y fue su deseo de hacer fotografía y campañas en revistas la que la llevó a anotarse en Somos Diversity. 

“Me gusta como me tratan”, cuenta Maria Solange Tercelan, de 23 años, quien siente que la agencia es un lugar “espléndido”, fácil de entender y aprender para poder trabajar de modelo en su futuro profesional. 

Somos Diversity busca que las personas que la integran cuenten con un seguimiento por terapeutas y estén contenidas, para poder estimularlos en sus aprendizajes: “Buscamos comunicar a través de la moda y el arte que la belleza es diversa y que cualquiera puede formarse para insertarse laboralmente”, expresa Ventura, la fundadora del proyecto, que busca conquistar espacios y derribar los estereotipos que excluyen a las personas con discapacidad; a ocupar un puesto de trabajo en lo que realmente les apasiona. 

El lema de la agencia es motivar e inspirar a todos los cuerpos más allá de sus etnias, su géneros, sus tallas, edades, medidas, discapacidades o diversidades funcionales para lograr nuevos referentes de belleza, lejos de la hegemonía establecida. 

“Somos diversos y todos tenemos los mismos derechos a ser representados en los medios de comunicación, de la moda, en la publicidad, en las pasarelas. Tenemos derecho a elegir que ponernos y a trabajar de lo que soñamos”, finaliza Ventura. 

La solidaridad en la resistencia

La solidaridad en la resistencia

Anccom se acercó al acampe de Télam para retratar la fuerza de la organización y la resistencia. El acompañamiento de los vecinos y de las organizaciones que se acercan con donaciones, y la espera de las novedades del domingo cuando vence la prórroga de las licencias.

Trabajadores y trabajadoras llevan a cabo acampes en las inmediaciones de la Agencia estatal desde el 4 de marzo, cuando el gobierno nacional los licenció, valló el edificio y desactivó la página del medio de información público. Con el lema “Defendamos Télam y el derecho a la información” la calle Bolívar inspiraba esperanza y solidaridad a pesar de la incertidumbre que hay en el ambiente.

La libertad de expresión se ve afectada por un Gobierno que considera a los medios públicos como una variable de ajuste. Sabino Cabrera, delegado de Télam por SiPreBA, opinó que el vallado es una característica de este Gobierno, porque para llevar adelante este plan económico no puede ser sin represión. La fórmula del plan gubernamental se vuelve a repetir, siendo el ajuste, la represión y el disciplinamiento los componentes del mismo signo político. Los trabajadores crearon una página web -somostelam.com.ar- donde dieron a conocer la junta de firmas en ambas sedes pidiendo que no cierre Télam, lo que para Cabrera califica como una alternativa para “el ataque a los trabajadores y no a la casta”.

Después de 25 días trabajadores y trabajadoras continúan frente a la puerta de Télam. El sonido que se escucha de fondo, además de las voces, es música de rock nacional. La carpa no es un espacio ajeno sino que la consideran como su propia casa. Un hogar promedio posee cocina, comedor y una habitación. El acampe tiene los mismos espacios de encuentro. Por fuera de la carpa hay una mesa con sillas donde se sientan a tomar mates, hablar por horas y jugar a las cartas. Además, confeccionan pancartas y banderas con las que es decorada la tienda de campaña, lista para su uso en próximas manifestaciones. Dentro de la carpa se ven los tachos de basura, dispensers de agua, mientras que los colchones están suspendidos en el techo. Guillermo Casime, un vecino del barrio de 22 años afirmó: “la lucha constante y el esfuerzo que hacen al exponerse tanto por defender la agencia es notable”. Y agregó: “no sólo defienden sus trabajos sino el derecho a la información de todos los ciudadanos”.

Los medios públicos tienen un rol central en la sociedad y según Alicia Gallizzi, delegada de Télam por SiPreBA, es “fundamental para el sostenimiento de la democracia porque permite la pluralidad de voces, siendo que nosotros no escuchamos una parte sino muchas de ellas”. Según una encuesta de Analogías Consultora, el 80% de los argentinos conocen a la agencia federal Télam, y el 56% de ellos tiene una mirada positiva apoyando a la cablera de noticias. Los trabajadores y trabajadoras no están solos ya que los vecinos del barrio de San Telmo continuamente se acercan para acompañarlos y saludarlos. Otras personas se detienen simplemente para contemplar el acampe a lo lejos, mientras que algunas firman por la continuidad de la Agencia. “Nosotros tenemos el apoyo constante de la gente y sobre todo del barrio. La gente pasa por la calle, toca la bocina y saluda, los sentimos cerca”, mencionó Gallizzi. Si bien los trabajadores y trabajadoras son quienes ponen el cuerpo para resistir en los acampes y organizarse para escapar del terror instalado, el acompañamiento de la sociedad civil se vuelve un factor clave para el sostenimiento de su lucha.

Es Jueves Santo, a las 21, un auto se detiene frente a Bolívar 531. Un grupo de vecinos baja del automóvil con una caja de cartón llena de empanadas. Los que están de guardia en el acampe agradecen con saludos. El auto se va devolviendo gritos y arengas para los luchadores, y los trabajadores se ponen a preparar la mesa para cenar. Sentados en diferentes sillas, las ansías de comer no los deja esperar y empiezan a tomar de a uno las empanadas. A pesar de que la comida no sobra, invitan a los vecinos presentes que los acompañan por horas, a comer con ellos. Gestos como estos son los que tejen lazos y fortalecen la resistencia, el acompañamiento barrial se siente constantemente. Sobre la organización del acampe, Cabrera comentó: “nos turnamos para cocinar, pero a veces decidimos comprar comida u otros días recibimos donaciones”. A la hora de dormir el mate es fundamental para pasar la noche. Las guardias nocturnas es el momento donde más considerados son los vecinos, ya que hay algunos que los acompañan hasta altas horas de la noche. La falta de tranquilidad al estar en la intemperie acumula un cansancio que obliga a los trabajadores a turnarse para pernoctar en el acampe. Por la mañana el desayuno se organiza sobre la marcha. A veces compran facturas o les llegan donaciones vecinos del barrio o agrupaciones sindicales.

Ante la espera de novedades por el vencimiento de la prórroga donde se extendió la dispensa laboral, con goce de haberes, los trabajadores organizaron diferentes actividades para el transcurso del feriado largo. Una de ellas es un encuentro en el acampe de Bolívar que se llevará a cabo hoy, sábado santo, a las 16, junto con la comunidad de “Mujeres que no fueron tapa”. Sin embargo, el foco está puesto en el domingo ya que desean poder volver a trabajar nuevamente en los edificios de Télam y cumplir allí su rol de periodistas. Cabrera indicó: “somos muchas familias que dependemos del trabajo de la agencia”.

A pesar de que el objetivo sea acallar las voces de los medios nacionales, la solidaridad permite una resistencia más fuerte en busca de la libertad y acceso a la comunicación. El apoyo vecinal al cierre simbólico de Télam es una clara demostración de que la sociedad civil no acompaña la persecución política del Gobierno.

Triunfo docente en Neuquén

Triunfo docente en Neuquén

El sindicato docente de la provincia aceptó la oferta salarial del gobierno y luego de cuatro meses de lucha, las clases se reanudan el 3 de abril. No obstante, quedan ejes de los reclamos sin resolver por lo que el Sindicato docente sigue alerta.

Luego de cuatro semanas de lucha, las asambleas del sindicato docente Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN), por mayoría de votos, aceptó la propuesta que el gobierno provincial realizó en la última mesa salarial y las clases volverían el miércoles 3 de abril a todas las aulas de la provincia.

El conflicto docente en Neuquén comenzó al inicio del ciclo lectivo de este año, cuando el gobernador de la provincia, Rolando Figueroa, planteó a través de un comunicado que no se podría continuar con las actualizaciones por Índice de Precios al Consumidor (IPC), una conquista de las organizaciones alcanzada años anteriores. El argumento de las autoridades se basó en que debido a la situación económica del país no se podría brindar la actualización de manera trimestral.

Lejos de ceder, el sindicato de los docentes neuquinos lanzó un plan de lucha con tres ejes centrales. El primero sería la adecuación de un IPC mensual para evitar mayores perjuicios debido a la inevitable inflación. El segundo, el aumento de partidas escolares para refrigerio y comedor. ATEN afirma que al día de la fecha las partidas escolares están pagando para el refrigerio por cada chico 85 pesos, monto que “no alcanza ni para un chupetín”. De este modo, la asociación afirma que dicho monto debería aumentar considerablemente y tener un incremento mensual de acuerdo al índice de inflación. Tercero, la realización de un plan de refacción de escuelas, ya que en la provincia hay alrededor de 100 escuelas que no pueden iniciar las clases. En el último tiempo, no existió intermediación gubernamental en dichos establecimientos capaces de brindar una mejora.

Días después, ante el alto acatamiento de la medida de fuerza el gobierno realizó una segunda propuesta basada en brindar el IPC trimestral y el pago de dos bonos, uno de 100 mil y otro de 125 mil pesos. Sin embargo, el mes de enero no sería pagado debido al 25% de inflación dado en el último tiempo. La respuesta de parte de los directivos y docentes a la propuesta fue ampliamente rechazada. Marcelo Guagliardo, secretario general de ATEN, remarcó la insuficiencia de las negociaciones planteadas por el gobierno.

 

El viernes 15 de marzo el Gobierno provincial agregó leña al fuego: transformó su propuesta en un decreto, el 245/24, con el agregado de que los bonos solo podrían ser cobrados por aquellos que no adhirieran al paro. “Le agregó una suerte de presentismo al tema, transformándolo en una política más que nada autoritaria”, explicó a ANCCOM Angélica Lagunas, secretaria general de ATEN. Además, los días 23 y 24 de marzo los funcionarios de los distritos escolares ingresaron a las plantas funcionales en el sistema del consejo. En algunos casos con sus nombres y en otros robando la identidad de otras personas, practicaron descuentos a todos los directores y directoras, vicedirectores y secretarios. “Fue para presionar por esta vía y hacer que esos compañeros informen quienes estaban de paro y quienes no, y así avanzar con hacer el descuento a huelguistas. Este es un hecho de ilegalidad tremenda, no se pueden cargar datos que no fueron informados por la escuela”, dijo Lagunas.

Como respuesta, ATEN bloqueó la casa de gobierno y rechazó el decreto por considerar que “clausura todo tipo de diálogo y de negociación», ratificando el paro por cuarta semana. Esto logró que el miércoles 27 fuera reabierta la mesa salarial y el gobierno planteó eliminar el ítem que indicaba que aquel que adhiera al paro no cobraría el bono y la reincorporación del monto a aquellos que se les había realizado descuentos.

Al día siguiente, en el plenario docente se impuso la aceptación de la última mesa salarial por mayoría de votos en las asambleas. Sin embargo, no todas las seccionales piensan de modo similar. La asamblea ATEN Capital tuvo 1800 votos por el rechazo contra 700 de aceptación, pero a nivel provincial, con los votos del interior, la mayoría concordó con la aceptación. “Nosotros la rechazamos porque nos sigue pareciendo insatisfactoria frente a los tres ejes elementales para este ciclo lectivo. Tanto el IPC de enero no será pagado ni se llevarán aumentos con las partidas escolares y mucho menos con la refacción de los establecimientos”, sostuvo la dirigente.

Lagunas explicó que hay plata en la provincia y que se puede realizar un presupuesto para las tres demandas en discusión. “Acá producen 380 mil barriles de petróleo por día y cada uno de esos es vendido a 80 dólares aproximadamente. La devaluación hizo que las regalías que ingresan a la provincia se dupliquen”, argumentó. Así y todo, la secretaria de ATEN rescata que todo lo que se logró no habría sido posible sin la constante lucha contra las medidas de las autoridades.

Los conflictos salariales de los docentes se extienden en todo el país, quienes vienen luchando por la valorización de su trabajo y por la defensa de la escuela pública. “Nosotros hemos denunciado constantemente cómo la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) está mirando para otro lado y está dejando que avance el ajuste de Milei. Hay provincias que se encuentran extremadamente mal, hay docentes provenientes del norte que cobran 200 mil pesos, o sea, por debajo de la línea de indigencia. Nosotros somos muy críticos con las conducciones sindicales que cacarean por un lado y dejan avanzar el ajuste de Milei a nivel nacional”, manifestó Lagunas.

Malos tiempos

Malos tiempos

El Servicio Meteorológico Nacional fue uno de los primeros organismos en ejecutar los despidos de este miércoles, donde 7.000 empleados estatales quedaron cesanteados. Hasta el momento, 43 personas perdieron su trabajo.

El miércoles 27 a las 10 de la mañana, comenzaron los despidos en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se dispusieron a acompañar a las personas que eran citadas en las oficinas de los directores para ser notificados de su despido. La situación fue descrita como triste e inquietante porque la noticia era comunicada por supervisores de otras áreas que nunca habían tenido a cargo a dicho empleado. En palabras de Ana Saralegui, delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), lo que se está viviendo en el SMN es una película de terror y que jamás pensó estar viviendo una situación así. “Desde el lunes –dijo angustiada-, sabíamos que estaban las listas y se las estábamos pidiendo al director. Pero como acata órdenes del Ministerio de Defensa no nos la quería dar y nos hizo sufrir estos días”.

En el ruidazo que tuvo lugar ayer en el SMN, se podían observar las lágrimas de los trabajadores despedidos junto a las de sus compañeros. Al canto de “acá no sobra nadie”, expresaron su repudio a los despidos. También pedían que el director, Alejandro de la Torre, salga a explicarles qué es lo que realmente estaba sucediendo. Recordemos que son 670 los contratos que finalizan este 31 de marzo y que no saben si serán renovados. Según ATE, se esperaban 54 despidos y 19 retiros voluntarios pero a día de hoy son 43 los trabajadores notificados.

Daniel Cuarón, hace casi diez años trabaja en el SMN como técnico y en diálogo con ANCCOM contó que lo que se estaba viviendo era una situación desastrosa: después de la pandemia tuvo un infarto, es diabético e hipertenso y estar como desempleado después de tantos años de trabajo lo deja en una situación dificilísima para mantener a su familia: “El problema no sería yo. Acá hay algo que quiero transmitir, porque la gente no lo ve. Acá lo que estamos viendo es la punta del iceberg. Esta gente vino por todo. Es un lobo con piel de cordero”, dijo Cuarón. Y continuó: “Acá tenemos barcos chilenos navegando el pasaje Drake, que era nuestro. Si alguien no sabe qué es, es lo que está entre Tierra del Fuego y Antártida. Nos van a quitar la Antártida. Esto es solo sacar una pieza del rompecabezas para debilitar el SMN, porque la Antártida depende del SMN y de la Fuerza Aérea. Y lo que está tratando de hacer esta gente, dirigida por estadounidenses y el Grupo de los 20, es hacer un Medio Oriente en el cono sur. Se van a quedar con el litio, con las vías navegables, con los acuíferos”. Mostró su indignación porque “las personas dejan que todo llegue a última instancia”, haciendo referencia a que toda esta situación se pudo evitar y llamó a reflexionar sobre cómo el presidente Javier Milei insulta y le falta el respeto a la investidura presidencial. Según sus palabras: “No conoce lo que es la bandera. Yo fui militar, supe jurar la bandera y la voy a saber defender, pero lamentablemente llega al poder esta clase de gente y lamentablemente parece que no se puede hacer nada”, sostuvo Cuarón. Por último, en un mensaje dirigido al presidente, expresó su deseo de tener una reunión cara a cara para discutir diversos temas y escuchar las posibles objeciones. Manifestó que parece haber pocas oportunidades para enfrentarlo y se mostró dispuesto a hacerlo, sin importar quién lo acompañe. Transmitió su intención de hablar con sinceridad sobre la situación actual, esperando que el presidente entienda su gravedad.

Bruno Nicolosi, otro empleado despedido, que se encontraba trabajando allí desde el 2022 como Secretario de la Dirección Nacional de Prácticas y Servicios para la Sociedad así también como asistente de proyectos, contó cómo ve la situación: “La verdad que la destrucción de este organismo como tantos otros, la desmantelación del Estado -que sirve directamente a la sociedad en todos sus estadios- es terrible. Es aberrante este disfraz de ñoquis o de gente que sobra cuando acá todos hemos estudiado muchísimo y trabajamos día a día para asumir esta responsabilidad”.

Todos concuerdan en que es una situación durísima, que estas medidas por parte del Estado no se las esperaban y que detrás de cada empleado despedido, se encuentran una familia destrozada y un derecho de la sociedad que se ve vapuleado.

Desde ATE se habló de llamar a un paro nacional para después de Semana Santa, casi con seguridad el próximo 5 de abril.

 

 

7.000 trabajadores del Estado despedidos y 45 millones de argentinos con menos servicios y derechos

7.000 trabajadores del Estado despedidos y 45 millones de argentinos con menos servicios y derechos

El 15 por ciento de la planta de muchos organismos de la administración pública fue cesanteado. Hay personas que llevan más de veinte años cumpliendo funciones en áreas estatales que brindan servicio a la población y garantizan derechos. La posición de los sindicatos.

Sobre el cierre del miércoles y con el comienzo de la Semana Santa, más de siete mil trabajadores y trabajadoras estatales de los más diversos organismos recibieron un mail que les anunciaba el despido de sus trabajos. En pocas horas pasó de todo: el presidente de la nación, Javier Milei, se mostró orgulloso de su plan “motosierra” en el Foro de Economistas Latinoamericanos: “Eliminamos las transferencias discrecionales a las provincias, también echamos 50.000 empleados públicos, no solo eso, sino que además se dieron de baja contratos, fíjense que ahora están cayendo más contratos y van a caer 70.000 contratos” dijo Milei. Casi en simultáneo su vocero aclaró que 70.000 fueron los contrato analizados, pero los despedidos serían unos 15.000. Con la noticia circulando, hubo medidas de fuerza en el Ministerio de Capital Humano, la Secretaría de Derechos Humanos, el Servicio Meteorológico Nacional, el Ministerio de Trabajo y otros organismos. Veinte mil escritores, investigadores y personalidades de la cultura firmaron una solicitada en defensa de la Biblioteca Nacional. Para sumar confusión, un guardaespaldas del secretario de Derechos Humanos casi saca el arma en medio de un ruidazo.

El ajuste indiscriminado se relaciona con el decreto 84/2023 publicado en el Boletín Oficial a finales de diciembre, el cual estableció la finalización de los contratos laborales para el 31 de marzo. Lo cierto es que esos contratos, conocidos en el Estado como Artículo 9-Resolución 48- corresponde a empleados de planta transitoria que los sucesivos gobiernos de los últimos veinte años nunca efectivizaron y trasladaron a planta permanente, por lo que entre los despedidos se encuentran trabajadores que llevan veinte años cumpliendo funciones en la administración pública.

Durante altas horas de la noche aún seguían llegando, vía correos electrónicos, más bajas como en el caso de las 121 personas despedidas en la Biblioteca Nacional, 60 en el INAP, 517 en la Secretaría de Trabajo, 73 en el Servicio Meteorológico Nacional,184 de la Agencia Nacional de Discapacidad, 80 despidos en Parques Nacionales, 40 en AABE,. 150 en Vialidad, 1300 en ANSSEs, entre muchos otros. Se calcula que la medida afecta a un 15 por ciento de toda la plantilla estatal.

Los gremios en pie de lucha

Los dos sindicatos, si bien adoptaron posturas distintas, se mostraron alerta ante la situación que afecta directamente a sus afiliados. UPCN se niega a realizar un paro general y realizará acciones de fuerza puntuales por organismo. El titular de la Unión Personal Civil de la Nación, Andrés Rodríguez, anticipó que van a implementar medidas de fuerza específicas según la situación de cada organismo: “Evaluaremos el alcance de estas acciones en función de las circunstancias», declaró en diálogo con Radio Con Vos, dónde también descartó la posibilidad de un paro general “No contemplamos un paro general en este momento. No entiendo por qué insisten tanto. ¿Acaso la verdadera lucha está en convocar a un paro general o en resolver los problemas?”

Por el lado de ATE durante estas horas resolvieron la convocatoria a una Jornada Nacional de Lucha para el 3 de abril con un ingreso masivo y simultáneo a todos los organismos de la administración pública nacional y un plenario nacional de trabajadores de la Administración Nacional tal como le informaron a ANCCOM.

El Secretario General de la Asociación Trabajadores del Estado, Rodolfo Aguiar, habló sobre la situación puntual del SENASA: “No vamos a tolerar ninguna cesantía injustificada e ilegal en un organismo de vital importancia como este. Si no se garantiza la plena estabilidad de todos los trabajadores, una vez concluido el fin de semana largo vamos a retomar el plan de acción”.

 

“No existe ningún justificativo para aplicar un achique o llevar adelante un recorte en este sector, que no solo se autofinancia, sino que además garantiza –con la labor de todos sus trabajadores- el permanente ingreso de divisas a nuestro país. Poner en riesgo los puestos de trabajo en el SENASA es poner en riesgo al comercio internacional de nuestro país y a la salud de toda la población”, específicó.

También el cuerpo de delegados ferroviarios de la línea Sarmiento, con Rubén Pollo Sobrero a la cabeza, declaró el estado de alerta, movilización y asamblea permanente y ante la llegada de telegramas de despidos se convocaron en Asamblea General. Además llaman al Secretario General de la Unión Ferroviaria, Sergio Sasia, a llevar adelante un plan de acción urgente en defensa de los puestos de trabajo y también le reclaman a la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) un nuevo paro general “para unificar la pelea de todos los afectados”.

Crisis en el sistema hospitalario de Río Negro

Crisis en el sistema hospitalario de Río Negro

Médicos y enfermeros que renuncian, guardias de emergencia y reducción de servicios, falta de insumos y paros en reclamo de recomposición salarial: la crítica situación de la salud pública en el hospital Carrillo de Bariloche, y en toda la provincia de Río Negro.

En un panorama de progresivo agravamiento de la salud pública de Río Negro, los trabajadores del área realizaron esta semana un paro de 72 horas en reclamo de recomposición salarial e insumos hospitalarios. Particularmente se encuentra en emergencia el Hospital Ramón Carrillo de Bariloche, porque allí presentaron sus renuncias la mayor parte de los jefes de servicios y de los centros de salud, en rechazo a la oferta salarial que les hizo el gobierno provincial.

Los médicos jefes de áreas renunciaron a sus puestos el 20 de marzo, y los trabajadores actualmente se encuentran en un paro por tiempo indefinido. Horas después del comunicado oficial del hospital, una multitud de vecinos se acercó a dar un abrazo simbólico al edificio. Desde entonces, hubo numerosas manifestaciones, carteles y marchas. Existe un comprometido acompañamiento de la comunidad, juntas vecinales y organizaciones sociales para acompañar el reclamo del personal de salud.

Natalia Criado, trabajadora social del Hospital Zonal de Bariloche, dice que “la situación actual de la salud pública es que se encuentra de luto”. “Sin recomposición salarial para el personal, renuncias de trabajadores y falta de insumos básicos que impactan directamente en la población”, agrega. Desde el hospital sostienen que los pedidos de aumentos empezaron en la prepandemia por lo cual se arrastra un importante déficit salarial, más aún con la inflación; y el presupuesto se viene reduciendo desde el año pasado.

Ante la falta de respuesta de parte del intendente de Bariloche y de la provincia, la atención programada está suspendida en los servicios de hospital y centros de salud, se redujeron al mínimo los servicios esenciales y sólo las urgencias se están atendiendo. “Hay responsabilidad compartida –afirma Criado–. Tanto el hospital como los centros de salud en Rio Negro dependen del gobierno provincial, por lo cual este es el principal responsable. Pero también vale aclarar que se cortó la coparticipación a las provincias desde el gobierno nacional”.

Entre el lunes 25 y el miércoles 27 la Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro, Asspur, dispuso un paro de actividades en los hospitales de la provincia, que se llevó adelante con abrazos solidarios, festivales, panfleteadas, carpas y sentadas públicas en ciudades como Cipolletti, General Roca, Viedma y Allen. El gobierno, que denunció a unos 50 trabajadores del hospital de Bariloche por “incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona”, abrió una negociación con los gremios. Días atrás el gobernador Alberto Weretilneck atacó la huelga a través de la televisión la radio provincial, dijo que no había plata y que no harían otra oferta salarial. “La única respuesta que recibimos de parte del gobernador fue invitarnos a retirarnos al sector privado. Se generó una mesa de diálogo para el sector salud desde el lunes 25, pero es la gente la que se está pronunciando a favor nuestro, de parte de la dirigencia no hay nada”, dice Ariana Curbelis, coordinadora del servicio social en el hospital de Bariloche.

El hospital zonal de Bariloche es de complejidad 6 y es cabecera de zona. Lo que implica que tiene especialidades que otros no, y las personas son derivadas allí para su atención. Las renuncias implican que estas especialidades no van a funcionar. Enfermería ya viene con una reducción del personal, no se llegan a cubrir las guardias y el personal está sobre exigido. Lo mismo pasa con otras áreas, también esenciales en la cadena de atención: trabajadores de mantenimiento, limpieza, cocina, que migran hacia otros trabajos mejores pagos.

“La perspectiva no es prometedora porque en el marco nacional ya se observa una reducción notable de los derechos, una restricción de acceso a prestaciones, al derecho de interrupción legal del embarazo, los derechos de las personas con discapacidad vienen en un deterioro progresivo”, cuenta Criado. Además, desde el hospital subrayan que la tendencia que se observa claramente es hacia una salud privada, el famoso arancelamiento de la salud.

Las áreas de Emergencias, Pediatría, Salud Mental, Farmacia, Oncohematología, Servicio Social, Cuidados Paliativos, Cardiología, Oftalmología, Cirugía y los diversos centros de salud en los barrios más bajos, suspendieron sus actividades, ya que no se encuentran en condiciones de garantizar lo mínimo indispensable para una atención de calidad.

Gastón Vera, jefe del centro de salud de Ojo de Agua, que toma más de ocho barrios de la ciudad, comenta: “Aquí insumos y recursos faltan desde hace meses, pero ahora con la llegada del nuevo gobierno se aceleró; esto se suma al tema salarial, porque no alcanza para vivir, y ahora no tenemos personal estable que pueda atender tanta demanda”.

Esta situación afecta a la población. Existen personas que necesitan tomar sus medicaciones y no lo hace: gente mayor, con problemas psiquiátricos o hasta los métodos anticonceptivos. “Necesitamos que el gobernador vea, porque esto trasciende a los trabajadores de la salud pública, es un pedido de toda la comunidad”, agrega Vera.

“Nos gustaría dejar como mensaje principalmente que la salud pública es un derecho, garantizarla es función de Estado, y tiene que ser de calidad y universal, que abarque a todos y todas”, dice Ariana Curbelis. “Queremos seguir trabajando, sin trabajadores no se sostiene la salud pública, queremos volver a nuestros lugares en el hospital y en los barrios donde tenemos que estar”, concluye Criado.