Jul 15, 2020 | Comunidad, Novedades
Las premisas que Arturo Jauretche denominaba ‘zonceras argentinas’, históricamente avaladas y convertidas en irrefutables, han posibilitado que extraños intereses conduzcan el destino del país, sus recursos y riquezas. El contexto que se configura a partir de la pandemia deja al desnudo las más dramáticas y paradójicas consecuencias que de allí derivan. El paso del coronavirus por los barrios populares evidenció las condiciones de extrema criticidad en la que viven casi un millón de familias en un país altamente rico en tierras, recursos y mano de obra. Ana Pastor, trabajadora social, vicepresidenta de la organización social Madre Tierra y representante de América Latina en la Coalición Internacional del Hábitat y Jaime Sorín, Decano de Arquitectura en la Universidad de Avellaneda, arquitecto, docente e investigador analizan la situación habitacional de la Argentina, una deuda histórica en materia de derechos.
“La pandemia devela la enorme desigualdad socio-territorial que tenemos en nuestras sociedades –afirma Pastor-. Hay dos recomendaciones fundamentales que se dan en este tiempo: quédate en casa y lávate las manos. Es evidente que estas cuestiones mínimas son condiciones que muchas personas de las villas y asentamientos no pueden cumplir”. Según el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), en Argentina hay un total de 4.461 villas y asentamientos, donde viven aproximadamente cuatro millones de personas. Los datos respecto a los servicios básicos e infraestructura son allí desalentadores: el 93,8% no cuenta con acceso al agua, el 98,8% no accede a la red cloacal, el 98,4% no está conectado a la red formal de gas, y el 70,6% no tiene energía eléctrica formal. En el país, el déficit habitacional afecta a 3,8 millones de hogares, de los cuales 1,6 millones necesitan una nueva vivienda y 2,2 millones precisan refacciones para poder alcanzar el umbral mínimo de la casa digna.
En este escenario, el programa Argentina Construye, del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, se propone como una respuesta inicial a estos déficits. Se planificaron viviendas nuevas, refacciones y microcréditos y se prevé la generación de miles de puestos de trabajo. Es incipiente y los resultados se verán sobre la marcha. Vivir con los derechos de acceso al hábitat digno vulnerados trae aparejado un sinfín de problemas ligados en gran medida a la salud, por lo que, para gran parte de los barrios más postergados, la emergencia sanitaria que hoy atraviesa al país entero es una problemática constante. Lo acontecido en Villa Azul, Buenos Aires, grafica esta desigualdad: “Han sido más las víctimas en la parte no urbanizada (Quilmes) que en la urbanizada (Avellaneda) –destaca Pastor-. De ahí sacamos dos saldos: la importancia de entender cuánto más saludable es un barrio que está urbanizado y la importancia de un Estado presente”.
Al respecto, Sorín agrega que “el Estado -y no así el mercado- es fundamental si se quiere tener una política de vivienda que abarque a todos los sectores y, si no actúa, de alguna manera lo que está haciendo es posibilitar esa desigualdad estructural”. En este sentido, Pastor sostiene que “el neoliberalismo lo que ha instaurado es que el apoyo del Estado se riega por arriba, es decir, se riega a las grandes empresas que son las que supuestamente van a desparramar trabajo: ya estamos viendo que mucho no derraman. Si los patrones logran segundas y terceras viviendas, ociosas, y sus empleados no tienen ni lo mínimo para lograr un techo seguro donde vivir, evidentemente algo se está haciendo mal”.
El 93,8% de las personas que viven en villas y asentamientos no cuenta con acceso al agua, el 98,8% no accede a la red cloacal, el 98,4% no está conectado a la red formal de gas, y el 70,6% no tiene energía eléctrica formal.
Trabajo y vivienda
El déficit habitacional ha sido y es el correlato directo de la desigualdad social y estructural de nuestro país y de la región. En Argentina, los barrios de emergencia comenzaron a surgir a mediados del siglo XX y, a lo largo de los últimos 40 años, han crecido y empeorado a la par de las sucesivas crisis económicas. Tras una década de una fuerte -aunque insuficiente- iniciativa en materia de hábitat, enmarcada en un contexto económico más favorable para los sectores populares; el aumento de la pobreza y la indigencia durante el gobierno de Mauricio Macri tuvo su duro impacto en la situación habitacional.
“Detrás de esto está la cuestión de por qué en un país tan grande y con tan poca población para el territorio no hemos podido garantizar nunca que toda persona que pise suelo argentino tenga un lugar mínimo pero adecuado donde vivir –sostiene Pastor-. Y esto tiene que ver con el tipo de normativa que nos hemos dado para vivir en sociedad, en la que prima el derecho a la propiedad absoluta por sobre la función social de la propiedad”. Cavando más profundo, no se trata sólo de un problema de acceso a la vivienda sino también de acceso al suelo urbano. “Si nosotros entendemos que el suelo es un bien de cambio y aceptamos eso con naturalidad, siempre va a quedar una mayoría cayéndose del mapa y una muy minoría con mucho territorio”, agrega.
En este sentido, Sorín entiende que a esta problemática se la empieza a atacar equilibrando con políticas fiscales que sean equitativas: “Esto no significa de ninguna manera que hay que sacarle al que tenga más, sino que, una vez establecido un piso de propiedad privada, hay que empezar a cobrar impuestos para aquel que utiliza la vivienda o el suelo como si fuera una caja de seguridad”.
Por otro lado, otra de las razones tiene que ver con la falta de comprensión cabal de cuáles son los componentes que pesan en la realidad de quienes habitan los barrios. La cuestión habitacional no refiere únicamente al aspecto material o de infraestructura de las viviendas, sino que apunta al acceso a todos los derechos, empezando por el trabajo. De allí la necesidad de pensar la acción pública de manera tal que incorpore componentes de vivienda y trabajo y no reducirla sólo a construcción de viviendas o regulación dominial. “No podemos pensar -expresa Sorín- que solamente con dar una vivienda vamos a resolver el problema: nadie tiene sólo un problema de vivienda, este aparece porque no hay trabajo primero”.
“Si el suelo es un bien de cambio, siempre va a quedar una mayoría cayéndose del mapa», anuncia Pastor.
Organización y participación
En este contexto, el programa Argentina Construye supone una iniciativa de enorme importancia. El proyecto busca brindar soluciones al déficit habitacional financiando, en distintos puntos del país, más de 40 mil refacciones, 5.500 viviendas nuevas, equipamiento público -especialmente sanitario y de higiene- y 200 mil microcréditos para materiales de construcción. El programa es entendido, en este contexto, no sólo como una respuesta necesaria en materia de hábitat, sino también y en igual medida como un aporte para la reactivación económica ya que las obras pensadas estiman un total de 750 mil puestos de trabajo.
Además, cabe resaltar el espíritu federal y participativo, tan necesario para la prosperidad de los programas o las normativas que se establezcan en materia de hábitat y territorio. A la luz de la extensa lista de obras que concluyeron en soluciones temporales o incluso derivaron en nuevas problemáticas relacionadas a la salud, la seguridad o el medio ambiente, se torna necesario que “las normas tengan como objetivo final llegar a un territorio que sea económicamente equitativo, socialmente incluyente, espacialmente integrado, ambientalmente sostenible, culturalmente identitario, democráticamente planificado y eficazmente gestionado. Esos son los siete puntos a los que apunta una ley de hábitat integralmente aplicada”, explica Ana Pastor.
Al respecto, Sorín sostiene que sin la intervención del Estado es absolutamente imposible resolver el tema, pero que también se tiene que permitir la acción de aquellas organizaciones de pueblos que tienen sus propias políticas “ya que la vivienda no es un tema sólo económico, es un tema cultural también. Nuestro país es multicultural y con una diversidad regional enorme, por ende las distintas comunidades tienen sus distintas maneras de vivir y de encarar el problema. El Estado debe tener políticas abarcadoras y diferenciadas y permitir que cada sector, de algún modo, intervenga en la definición de cómo quiere resolver su problema”. En este sentido, la vicepresidenta de Madre Tierra afirma que “participación no es juntar a los vecinos y decirles qué es lo que se va a hacer en su barrio: es generar la información y las condiciones necesarias para tomar decisiones en conjunto”.
“Producción social del hábitat es ir logrando de manera auatogestiva un barrio con todas las infraestructuras, los equipamientos, las centralidades, los accesos y las viviendas seguras que deben tener”, cuenta Pastor. En este sentido, la organización social Madre Tierra ha realizado durante 30 años, y a base de trabajo comunitario, 17 barrios con servicios y un gran número de mejoras en viviendas y soluciones cloacales y de agua potable en el conurbano bonaerense, generando en el camino experiencias de organización y participación más que interesantes. Desde ya, esto requiere mucho del apoyo estatal. “Acá la combinación entre acción estatal y organización social es fundamental ya que el Estado solo no puede y, fundamentalmente, no debe. Creo que es lo único que nos va a permitir salir de esta situación”, concluye Sorín.
Estos tiempos deberían ser el puntapié a una reflexión -y acción- profunda tanto para los decisores políticos como para la sociedad toda. Los primeros deberán abocarse a la planificación de políticas públicas que, de manera integral, busquen corregir la diferencia socioeconómica existente. Pero además, y considerando que toda desigualdad se sostiene sobre las decisiones de pocos y la indiferencia de muchos, el pueblo argentino en general deberá pensar cuánto más tolerará esta inequidad. “Espero que esta pandemia nos deje ver la importancia de que si pierde uno pierden todos y que nuestros sectores medios abran los ojos y se den cuenta que nunca los sectores concentrados van a intentar beneficiarlos –concluye Pastor-. En Argentina, lo popular ha tenido grandes pérdidas y siempre ante los intereses de unos pocos”. Intereses de aquella ínfima minoría que, decía Jauretche, son dueños de la tierra (o de lo que fuere), “pero su mayor poder es el de ser dueños de la cabeza de miles de argentinos de clase media que, sin tener más tierra que la de los canteros del patio, se comportan como fieles defensores de un modelo que no les pertenece”. Descubrir y truncar las zonceras que se llevan dentro es, al decir del escritor, un acto de liberación.
Jul 15, 2020 | Novedades, Trabajo
La cuarentena llegó para resguardarse del coronavirus y quedarse por un buen tiempo. Por eso, la medida provocó también que el bolsillo de los ciudadanos se vea afectado, golpeando a los más vulnerables, aquellos que necesitan trabajar día a día y no pueden relajarse. Entre ese grupo están los vendedores ambulantes: ¿qué sucede estos días de aislamiento con ellos y su trabajo?
A raíz de la pandemia que tiene al mundo alerta, la cuarentena obligó a que muchísimos argentinos desistieran de concurrir a sus trabajos para evitar un posible contagio. Como consecuencia de la falta de circulación en los cascos urbanos, muchos comerciantes están sufriendo de gran manera, y uno de los sectores más invisibilizados son los vendedores ambulantes, principales exponentes del empleo informal.
La situación de este sector es crítica, ya que vivir con el dinero que ganan en el día, su situación se tornó gris, al menos en el AMBA. Antes de la cuarentena, el sector seguía creciendo a gran velocidad: ya a principios del año 2019 el Sindicato de Vendedores Libres calculaba más de 10.000 personas viviendo de las ventas ambulantes en la Ciudad de Buenos Aires, una cifra que aumentaba de manera constante.
“La situación está difícil, no sabemos cuándo vamos a poder volver a trabajar y parece que va a seguir para largo, me tiene preocupado” expresa Omar Gutiérrez, vendedor ambulante de Berazategui. Gutiérrez, quien ofrecer indumentaria deportiva, comenta que la solución temporal encontrada para darle una vuelta a su trabajo es la venta online: “Vendo por Facebook, mi hijo me ayuda a publicar y contactarse con el comprador, y yo voy a llevar la mercadería, siempre cumpliendo el distanciamiento social y con uso de barbijo”.
Ante la consulta sobre si hay diferencia sobre los ingresos de antes de la cuarentena comparados con los de ahora, Gutiérrez sostiene: “Tengo más llegada por Facebook, pero no es lo mismo, muchos preguntan para averiguar precios, pero muy pocos compran. Tengo la suerte que junto con mi esposa podemos mantener el hogar, pero tengo muchos compañeros que la están pasando mal”. La situación de los vendedores ambulantes es muy diferente a la de los comerciantes en Buenos Aires. “Ojalá se pueda conseguir un permiso, así como están haciendo con los comercios, para que por lo menos podamos salir en ciertas horas, manteniendo el protocolo y la distancia social, porque así es muy difícil seguir”, comenta.
La situación de Gutiérrez es similar en gran parte del territorio argentino. “Mechita” Suarez (como así prefiere que la llamen) es vendedora de indumentaria de temporada, como guantes, soquetes, medias. Expresa que no pudo aguantar más la situación en Santa Fe, después de estar tantos días sin trabajar y volvió a salir a las calles para ganarse su dinero: “El gobierno no nos ayudó, yo vivo con mi hija, ella cobró el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) pero yo no, y así le pasó a muchos compañeros”, dice Suarez. “Mechita” no ve el panorama con buenos ojos: “La venta está muy fea, la gente está con miedo. En la calle no se te acercan y sobrevivimos a esto como podemos”.
“Vendo por Facebook, mi hijo me ayuda a publicar y yo voy a llevar la mercadería», dice Gutiérrez.
La razón de la falta de ventas es también causada por la falta de demanda. Hugo Delgado, comerciante de la ciudad de Marcos Paz, cuenta que solía comprar mercadería a los vendedores ambulantes, pero que ya no lo hace, ya que el momento económico no es el mejor: “Hoy no tengo dinero extra que me sobre para comprar cosas. Solo compro lo básico, como comida y limpieza personal”. Delgado considera que las ventas ambulantes son exitosas por su simplicidad: “Uno los cruza en la calle y simplemente ahí, en el momento, ocurre la compra. No soy de usar redes sociales ni de ir buscando productos. Antes quizás veía algo que me gustaba, consultaba el precio y si me parecía razonable, compraba en el acto”. Además de estas complicaciones, hay algo que no se debe pasar por alto: la gente también tiene miedo de contagiarse del virus. “Tampoco creo que sea indispensable en este momento comprar mercadería, no quiero comprometer a mi familia saliendo a buscar cosas que no sean indispensables, uno tiene miedo de contagiarse, el virus está por todos lados”, manifiesta Delgado.
Por otro lado, en un panorama completamente distinto, Roberto Quiroga cuenta que en Tucumán los vendedores ya tienen los permisos para poder circular y trabajar: “El gremio hizo una presentación en el COE (Comité Operativo de Emergencia) para que nos habiliten”. Roberto, que es secretario general del sindicato SIVARA (Sindicato de Vendedores Ambulantes de la República Argentina) de Tucumán,dice con orgullo: “Hicimos un protocolo, siempre respetando las normas del Ministerio de Salud, así los compañeros van trabajando”.
Además de su rol como autoridad, Quiroga es quien maneja las redes sociales del sindicato, subiendo imágenes de las actividades que hacen para ayudar a los vendedores: cocinan, recolectan alimentos no perecederos y entregan barbijos junto con alcohol en gel a los vendedores para que siempre respeten el protocolo. Comenta que como autoridad de la organización que representa a los vendedores ambulantes de dicha provincia, organizaron diferentes actividades para poder ayudar a los vendedores en este momento difícil: “Estuvimos conteniendo a los compañeros, dándoles viandas y bolsones de mercadería en estos tiempos de pandemia, en la cual estuvieron parados 80 días sin poder trabajar”. También repite una frase, un mensaje, que suele compartir también en las redes sociales del sindicato: “De esta salimos todos unidos”.
Jul 15, 2020 | Culturas, Novedades
Durante la cuarentena el ocio se multiplica y el encierro revela la limitada oferta de actividades. Entre ellas, se comprobó que el uso de plataformas streaming, también llamadas OTTs, se ha elevado notoriamente. En este marco, el titular del INCAA, Luis Puenzo propuso el “Impuesto Netflix”, con el cual a partir de un aumento del 10% en las tarifas de suscripción se busca apoyar a los trabajadores audiovisuales, otro sector vapuleado durante esta crisis, asignándoles por única vez una suma de aproximadamente 35 mil pesos.
Frente a esta situación, trabajadores del cine, la TV y la publicidad, reunidos bajo la agrupación TAP (Trabajadores Audiovisuales Precarizados) se movilizaron por tercera vez el pasado 29 de junio a Plaza de Mayo. Se trata de personal del cine, músicos, fotógrafos y actores que solicitan al Estado condiciones que les aseguren la supervivencia en la incertidumbre imperante.
Francisco Rizzi tiene 44 años. Trabaja hace 20 en el área de sonido en postproducción audiovisual, más precisamente como “Foley”. Es quien se encarga de recrear en detalle y mediante diversos recursos, los sonidos que no han sido captados durante la grabación de las escenas. Su tarea, como la de muchos otros del sector, es discontinua, lo que no le permite gozar de un sueldo fijo o vacaciones. Tampoco pudo hacerse acreedor del Ingreso Familiar de Emergencia, además de afirmar que no existe ningún tipo de subsidio que los ampare. “Lo que nosotros estamos planteando en nuestro pliego de reivindicaciones es un impuesto real a las OTTs. En lo que llevamos de cuarentena no hemos recibido ningún tipo respuesta ni de organismos oficiales, ni por parte de los sindicatos que nuclean nuestras actividades. El SICA (Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina) al principio nos informó que había un pedido de una IFE Audiovisual, por 10 mil pesos por tres meses que no nos dieron y previo a nuestra primera movilización Luis Puenzo nos culpó de no poder explicar la naturaleza inconstante de nuestro trabajo.”
Trabajadores Audiovisuales Precarizados ya se movilizó tres veces a Plaza de Mayo.
En la industria musical, la perspectiva no cambia demasiado. Luis Mauregui es artista independiente y perteneciente a la agrupación Músicos Organizados. Se moviliza junto a TAP para pedir ingresos acordes a su profesión durante este tiempo de receso obligado. “En nuestro sector no hay bonos. La partida presupuestaria (nota de la r: a nivel nacional) está. El Gobierno de la Ciudad te paga por la música en vivo, algo que hoy no se puede hacer, además lo que te dan es insuficiente.”
La primera movilización fue el 4 y la segunda el 16 de junio. Esta última se dirigió al Ministerio de Trabajo, motorizada por operadores eléctricos, otro sector audiovisual también perjudicado. Junto a la diputada del FIT, Romina Del Plá, el TAP y los otros grupos presentaron un proyecto de ley por el cual solicitan, entre otras cosas, 30 mil pesos de subsidio, retroactivo y mientras dure la cuarentena, además de la prohibición de despidos y suspensiones en el área y la exención inmediata del pago de alquiler de salas de teatro y del monotributo.
Junto a ellos marcharon actores agremiados dentro del Frente de Artistas Actuemos (FDA). Piden, además, mantener en vigencia el derecho de interpretación, por el que deberían ser retribuidos en función de la reproducción de su trabajo. Natalia Badgen, actriz, directora y docente explica: “Hay una ley que nos ampara en cuanto a esto y en las plataformas web no se cumple. Es un gris, porque la ley es anterior al desarrollo de estas tecnologías, entonces los actores no cobramos un mango”. Aclara que el Instituto Nacional del Teatro ofrece mediante el Plan Podestá un subsidio concursable, por única vez, correspondiente al pago de una o dos funciones con contraprestaciones, siempre y cuando no participen de ninguna otra asistencia.
Julio Cortes, también del colectivo Actuemos, coincide en que la precarización del sector precede a la pandemia, mientras que “las ganadoras de esto son las industrias culturales, ahora en su modalidad de plataformas digitales.”
Junto a estas organizaciones se moviliza también el colectivo de Fotografía y Cine “El ojo obrero”. Sofía Bordone, fotoperiodista e integrante del grupo, afirma: “Si llegamos a la conclusión de poner el cuerpo en una movilización es porque no recibimos una respuesta clara del Estado y necesitamos comer para poder realizar el aislamiento como corresponde.”
El Gobierno lanzó, para paliar la situación, las becas Sostener Cultura II, que otorga por única vez 30.000 pesos.
Por su parte y a modo de respuesta, el Ministerio de Cultura, junto con el Fondo Nacional de las Artes y a través del ANSES lanzaron durante el mes de julio “Sostener Cultura II”, una ayuda extraordinaria en forma de beca destinada a trabajadores de las distintas ramas del arte, sean argentinos o nacionalizados, de hasta 30 mil pesos. Para poder aplicar a las mismas, los trabajadores deberán pasar por el dictamen de un jurado quien los habilitará a ser meritorios de las mismas.
En la última movilización de TAP, sus integrantes elevaron una carta con sus reclamos y un pedido de audiencia al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, que fue derivada a los Ministerios de Cultura y Trabajo. Para Francisco, más allá de las ayudas en forma de becas, el impuesto a las OTTs esgrimido por Puenzo es una estafa. El mismo saldría del IVA que pagan los usuarios e iría a parar a la caja del INCAA, no para subsidiar a los trabajadores, sino para continuar fomentando las actividades de los grandes consorcios.
Todos los entrevistados coinciden en que es inminente una reforma normativa, en un contexto –dicen- en donde las burocracias sindicales han operado a favor de una reducción salarial, y en donde Netflix factura un 16% con productos realizados por miembros del TAP que no están recibiendo rédito alguno. Concuerdan además, en continuar con las acciones hasta que sus demandas sean escuchadas y poder permanecer en sus casas con las necesidades satisfechas se convierta en una realidad.
Jul 10, 2020 | Comunidad, Novedades
Las agresiones de la policía, de trabajadores del Gobierno porteño y también de gente que pasa, son frecuentes. El pasado sábado una mujer fue quemada en Constitución, bajo la Autopista 25 de Mayo, donde tenía su colchón y sus pertenencias.
La presidenta de la organización Ciudad Sin Techo, Claudia Enrich, afirma que estas situaciones violentas son más frecuentes de lo que se cree: “Tengo la filmación de un compañero que vio cómo prendieron fuego a un colchón con la persona encima. Fue en pleno Almagro, hace quince días. Parece que más común de lo que uno quisiera. Él salió corriendo, pero se quemaron todas sus cosas”.
Los niños y niñas que viven en la calle son trasladados a dispositivos de la Dirección de Niñez y Adolescencia. “Se los sacan a las familias que están en calle y los llevan a hogares donde son maltratados y aparte ahora están contagiados. Cuando empieza el frío, empieza esa cacería de brujas”, señala Enrich.
A principios de la cuarentena, se conoció la triste noticia de un parador de Retiro con 79 personas contagiadas. Una trabajadora de otro parador del Gobierno porteño, a quien llamaremos L. para resguardar su identidad, sostiene que las condiciones sanitarias mejoraron después del incidente pero que “aún falta mucho”.
Los contagios se multiplicaron por la demora en aplicar protocolos de prevención, su posterior incumplimiento, la falta de insumos de higiene y las condiciones de hacinamiento. En tiempos normales, los paradores de la Ciudad funcionan durante la noche. Desde comienzo del aislamiento social y durante los meses del Operativo Frío, abren las 24 horas. El encierro permanente al que están obligadas las personas que permanecen en estos espacios contribuye al malestar y la proliferación de enfrentamientos violentos entre unos y otros.
“La cuarentena dejó a la vista la desidia que hay en los paradores», dice González.
Los paradores son grandes espacios -como polideportivos- que se adaptan. “No están cien por ciento habilitados para que personas vivan ahí. Esta es una situación extrema y es entendible, pero no son hoteles. No es donde a nosotros, con nuestra casa, nos gustaría vivir”, dice L.
Decenas de personas malviven juntas en habitaciones generales, separadas entre varones y mujeres. El acceso a un parador durante la cuarentena significa un techo y comida. Sin embargo, la vida no es fácil. “Los procesos de convivencia son los que suelen generar conflicto. Las personas en la calle podían decidir con quién estar. Dentro del parador, a muchas les resulta difícil convivir con otras que muchas veces no pueden congeniar”, explica la trabajadora.
“La cuarentena dejó a la vista la desidia que hay en los paradores. Saltó a la luz lo mal manejada que está esta población. Cuando empezó la pandemia no hubo una bajada de protocolo para trabajar”, señala Eleonora González, operadora en el Centro de Inclusión Social Costanera Sur desde 2016.
El espacio, perteneciente al Gobierno de la Ciudad, tiene lugar para 140 personas y alberga familias en situación de calle, papás solos con hijos y chicas trans en casos excepcionales. Funciona las 24 horas y ofrece cuatro comidas diarias. Cuenta con un equipo de dos trabajadoras sociales y un psicólogo, tres coordinadores y operadores sociales. También dispone de un equipo de logística que distribuye insumos. En este momento, se quedan allí 52 personas.
Pero al comenzar la pandemia “no había jabones, champú, pañales, alcohol en gel ni barbijos. No había nada”, subraya González. Durante ese período se desbordó la capacidad del lugar. “Hubo fechas que tuvimos arriba de 160 personas. Si no hay camas, tenés que tirar el colchón y hacerlas dormir en el piso”.
«Muchas personas del Gobierno vienen de otras áreas y no están capacitadas para trabajar en el parador», dice L.
Las cosas empeoran por la noche. Solo se quedan uno o dos operadores sociales y personal de seguridad. El parador solamente cuenta con el equipo profesional durante la mañana. “Nos arreglamos como podemos -admite González-. Son muy pocos. Muchos renuncian, no aguantan”. Es una constante en estos espacios. Claudia Enrich, quien trabajó dos años en parador donde vivían 120 hombres adultos, recuerda: “El mundo del parador a la noche, cuando se cerró la puerta y ya no podés salir, es terrible. Es una tumba”.
Para ambas, uno de los principales problemas de estos dispositivos es la falta de personal preparado para trabajar con la población, la cual frecuentemente presenta problemas psiquiátricos o casos de consumo problemático. “El trabajo colectivo es difícil ya que muchas personas del Gobierno de la Ciudad vienen de otras áreas y no están capacitadas para trabajar en el parador. Están cumpliendo un nuevo rol y hay quienes lo hacen lo mejor que pueden y otros que no. Suelen haber muchas desprolijidades, falta de empatía, y eso lo notan las personas que están alojadas y que vienen de situaciones tremendas”, expresa L.
“Es gente que necesita acompañamiento constante. Que los escuchen, que estén con ellos. También tenés que bancar que te puteen, son muy borderline. Tenés que negociar todo el tiempo”, remarca González. Ante la falta de profesionales especializados para tratar casos de consumo problemático, los operadores sociales del Costanera Sur asumieron la tarea de gestionar la enfermería del parador y entregar la medicación correspondiente. “Muchos salen de internación y pasan a paradores”, denuncia.
Previo al aislamiento, las personas asistían a los paradores por unas pocas horas durante la noche, básicamente para dormir y alimentarse. Actualmente, deben permanecer encerrados todo el día y la mayoría de las veces no se les permite salir. Este es otro de los puntos que genera tensiones. “Todas esas personas tenían una libertad de decisión en sus movimientos. Ahora tienen horarios, tienen alguien que los tiene que autorizar para salir a trabajar, hacer trámites” explica L.
El Costanera Sur es el único parador de la ciudad que permite salidas. En teoría, debe ser por cuestiones específicas como visitas médicas, para realizar alguna compra, o para cobrar la AUH o el IFE, siempre y cuando su profesional a cargo los autorice. “Eso es como debería ser”, sostiene González y agrega: “Pero la gente sale, y no vuelve, o vuelve a los dos días. Y los reingresan”.
En el Costanera Sur hubo tres casos de covid-19: dos de personal de cocina y uno de oficina. Cuando hay casos sospechosos, se intenta aislar a las personas en la ludoteca “pero la gente no respeta el aislamiento. Como están en el mismo predio salen, porque hay poca seguridad y pocas cámaras y se vuelven a entrelazar entre todos”, sostiene González.
Más allá de las rispideces que genera el encierro, estos dispositivos dan acceso a derechos y contención a la gente en situación de calle. “Muchas veces es un oído lo que necesitan. Son personas que a lo largo de su vida no fueron escuchadas y valoran que alguien se interese por su historia, de dónde vienen y a dónde quieren ir. Esto les ayuda a proyectar. También, hay muchos que, aprovechando el aislamiento, tienen ahora la oportunidad de no drogarse y acompañar ese proceso por profesionales. Otras están pudiendo hacer trámites, por ejemplo, personas con discapacidades”, cuenta L, que trabaja en dar acompañamiento y asistencia en estos procesos.
A pesar del acceso a información y derechos, según ella, la situación está siendo “desaprovechada” por la falta de políticas integrales. “Podríamos tener a toda esta gente después de la cuarentena en una situación mucho mejor de la que está ahora. Podría haber talleres y capacitaciones en empleo, oficios, o darles más herramientas para que puedan proyectar un futuro mejor. Esto no se está haciendo. Simplemente, están ahí”, critica.
“Es gente que suele vivir un mes en el hotel, dos meses en la calle. Conseguir trabajo o acumular ingresos es lo que más les cuesta por obvias razones: es imposible que puedan ir a una entrevista laboral bien vestidos, bañados, sintiéndose bien, combatiendo la adicción. Tienen un montón de barreras, entonces terminan laburando en changuitas que nunca son suficientes ni estables”, detalla González.
Las personas en situación de calle pueden ser trasladadas a hoteles de la Ciudad llamando a la línea 108 Buenos Aires Presente. Para pagar el alquiler, existe la posibilidad de un subsidio habitacional. Sin embargo, no todas pueden cumplir con los requisitos, o bien el dinero no llega a tiempo y las desalojan. “A los dueños de los hoteles les importa un cuerno -asegura Enrich-. Para ellos, es un negocio. Si se va uno, tenés otro en la calle que va a venir”.
Con la pandemia, se estableció un protocolo que prohíbe los desalojos en hoteles. Sin embargo, los propietarios desoyen la medida. “Como no pueden salir a trabajar, y es lógico, no pueden pagar el hotel. Como no pueden pagar el hotel, los echan. El subsidio no llega a tiempo y al hotelero no le importa”, afirma.
Para acceder al subsidio, las personas necesitan DNI con domicilio en Capital, que demuestren que hace más de dos años que está en situación de calle, un informe realizado por un trabajador social y un presupuesto de hotel. Además, para obtener la ciudadanía porteña, las madres que cobran la Asignación Universal Por Hijo (AUH) deben renunciar a este beneficio. “Hay una trampa. Es una cosa o la otra. Es terrible, todo un armado bastante perverso”, denuncia Enrich.
Además, el subsidio es insuficiente para un alquiler. Mientras que el Gobierno de la Ciudad entrega 5.000 pesos a adultos solos y 8.000 pesos a quienes tienen hijos, los hoteles cobran alrededor de 12.000 por una habitación pequeña. “Las organizaciones sociales empezamos a hacer amparos hasta lograr que paguen el total. Si no, ¿con qué comés? Más en este contexto. Por eso ahora también a un par de hoteles estamos llevando comida a algunas de las familias que conocemos. No es lo que queremos hacer, pero el Gobierno de la Ciudad nos está obligando. No queremos reemplazar al Estado”, explica.
En los hoteles tampoco se aplica el protocolo de prevención. “El fin de semana fuimos a visitar a una familia de once personas que está viviendo en una habitación, como si fuera la piecita del fondo de tu casa, con niños muy pequeños y salieron a recibirnos sin barbijo”.
Según la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad, el año pasado había 1.146 personas en la calle. Sin embargo, el Segundo Censo Popular de Personas en Situación de Calle (CPPSC) realizado durante mayo de 2019, demostró que había 7.251, 1.379 más que en 2017. El Primer Censo Popular de Zona Sur reveló, asimismo, que la mayoría quedó en la calle en los últimos tres años de la gestión de Cambiemos y que la mitad de ellos eran niños.
Para Claudia, uno de los factores que influye en esta diferencia radica en el procedimiento empleado para relevar. Mientras que las organizaciones sociales hacen los recorridos en todos los horarios con el objetivo de dar con personas que circulan en distintas franjas, “el Gobierno de la Ciudad hace un muestreo todos los años en abril, entre las 20 y las 8, en un solo día y en una sola camioneta. No vas a poder hacer un muestreo muy real”, destaca.
Erlich sostiene que incluso las cifras del Censo Popular no terminan de reflejar la población entera en situación de calle ya que, al momento del relevamiento, las personas son expulsadas por la fuerza del espacio público para evitar que sean censadas. “Cuando el Gobierno porteño sabe que vamos a salir a hacer el censo que les corresponde a ellos, sacan a la gente violentamente, las llevan a hoteles o a lugares periféricos. Entonces, encontrás menos de la que realmente hay. Hay más, que no quede ninguna duda”.
Tal es así que el año pasado, mientras hacían el recorrido, integrantes de Ciudad Sin Techo presenciaron uno de estos hechos. “Cuando llegamos a la plaza de Tribunales, vimos ochenta personas durmiendo allí y un colectivo negro de la policía sacándolos y despertándolos a palazos, diciéndoles que si no se iban, no sabían lo que les esperaba”, relata Erlich. Situaciones similares se replicaron en otras áreas de la Ciudad. “El número que dimos fue el que pudimos censar, pero estoy segurísima que faltan muchos”, concluye.
Jul 9, 2020 | DDHH, Novedades
La investigación sobre la Megacausa Campo de Mayo se reanudó ayer de manera virtual con el relato de Sandra Missori sobre cómo vivió el cautiverio, a sus doce años, y la historia de la desaparición de los padres de Patricia Parra.
Las declaraciones se centraron en la operación Caída de los Ferroviarios, una serie de detenciones ilegales que se produjeron entre el 30 de agosto y el 6 de septiembre de 1977. Los jueces Daniel Omar Gutiérrez, Silvina Mayorga y Nada Flores Vega juzgan a 22 militares, de los cuales 13 no tienen condena previa y nueve ya han sido sentenciados por otros delitos de lesa humanidad. Entre los imputados están Carlos Javier Tamini, Carlos Eduardo José Somoza, Hugo Miguel Castagno Monge, Carlos Francisco Villanova, Luis Sadí Pepa y Santiago Omar Riveros.
Sandra Missori contó por primera vez las torturas que vivió cuando fue secuestrada siendo aún una niña. Patricia Parra recuperó el recuerdo de la madrugada en la que fueron a buscar a sus padres.
“Muerta en vida”
Sandra Missori se encontraba en su casa, al lado de ella estaba su marido y su psiquiatra, acompañándola. Comenzó su relato con lo que ocurrió en la madrugada del 30 de agosto de 1977 cuando su casa fue invadida. Ella tenía doce años y en el domicilio se encontraba su madre, Ema Battistiol con su tía, Juana Colayago, embarazada de seis meses, y sus dos hijas Lorena y Flavia Battistiol de apenas uno y tres años, quienes ya declararon en las audiencias anteriores.
A las doce de la noche, un grupo de hombres armados y con pasamontañas en la cabeza tiraron la puerta abajo. Buscaban a su tío Egidio Battistiol, pero él se encontraba trabajando en los talleres ferroviarios. El grupo de hombres decidió esperarlo, mientras interrogaban a las mujeres. “Pusieron arriba de la mesa dos bolsos cubiertos de tierra, adentro había armas. Me preguntaron, agrediéndome, si yo sabía si eso era de mi tío. Yo no sabía absolutamente nada”.
Esperaron a Egidio hasta la seis de la mañana. Cuando llegó, su madre y su tía fueron vendadas y forzadas a salir de la casa. Las subieron a un auto y las llevaron a Campo de Mayo, allí Sandra fue separada de su familia. Lo primero que le quitaron fue su identidad “A partir de ese momento yo ya no era más Sandra, pase a ser el número 513”. La obligaron a desvestirse, a entregar sus pertenencias y a ponerse ropa muy grande, “manchada con sangre y sucia”. Sandra recuerda que nunca dejó de llorar durante todo su cautiverio. Le decían que debía calmarse porque si no la iban a castigar, pero Sandra no dejaba de pedir volver a su casa y ver a su madre. “A cada rato venían a preguntarme mi nombre y yo les decía Sandra. Entonces me golpeaban”, recordó.
La dejaron en un cuarto lleno de hombres, en un colchón sucio y con sus pies encadenados al resto de los secuestrados. Sandra recuerda que había dos represores distintos, uno muy violento y otro que parecía ser menos agresivo: “El Negro”. A causa de llorar por tanto tiempo, sus ojos se infectaron, entonces “El Negro” le permitió sacarse la venda y dejarse sólo la capucha. Gracias a esto Sandra pudo ver lo que pasaba a su alrededor.
Esa noche, mientras uno de los represores repartía la comida al resto de los secuestrados, Sandra notó que sus piernas ardían, subió su capucha y vio una rata comiendo la sangre de las heridas de sus tobillos. Se sacudió fuertemente y gritó, entonces el guardia disparó a la rata que cayó muerta sobre su pierna. “Retorciéndome -dijo-, me la pude sacar de encima, pero quedó al lado mío. Me daba terror el solo tenerla cerca”.
Al día siguiente, Sandra fue llevada a la “sala de torturas”. Allí la esperaban dos represores, un médico y su tía embarazada acostada sobre una cama sin colchón. Juana no llevaba pantalones y tenía su vestido levantado, por lo que podía verse su panza de seis meses de embarazo. Los guardias comenzaron a interrogar a Sandra sobre las actividades de su tío. Cada vez que respondía que no sabía nada, el doctor acercaba la picana a la panza de su tía que se retorcía a metros de ella. “Me preguntaban si sabía que mi tío ponía bombas en los trenes -declaró-, pero yo no sabía nada de eso, tenía doce años”. Como Sandra seguía sin darles las respuestas, el médico sacó de una caja una rata pequeña y la pasó entre las piernas de su tía, cerca de los genitales. Juana lloraba, pero tenía la boca tapada “Le volvieron a poner el aparato en la panza y vi que ella se quedó quieta con los ojos grandes”, contó.
A Sandra la llevaron nuevamente al cuarto, allí se durmió entre llantos. Cuando despertó uno de los represores la volvió a buscar para interrogarla frente a su tío que estaba atado a un árbol “Él no contestaba -señaló-. Tenía la cabeza caída y estaba muy ensangrentado”. A Sandra le volvieron a realizar las mismas preguntas y cada vez que no obtenían la respuesta que buscaban, golpeaban a Egidio con un palo con cadenas. Cuando se derrumbó lo siguieron pateando en el suelo. “Ellos aparte de la tortura física, usaban mucho la psicológica. Para mí fue muy difícil vivir con eso”, explicó.
Sandra volvió a la habitación, donde continuó llorando desconsolada y pidiendo por su madre. “El Negro” le prometió traérsela. Esa noche Ema fue llevada a donde estaba su hija. Sandra le hizo muchas preguntas a su madre, pero no contestaba “Ella no quería hablar porque tenía miedo que nos separen”, subrayó. Cuando otro represor vio a Ema en esa habitación la arrancó de los brazos de su hija y se la llevó, dejando a Sandra en un ataque de llanto. Anocheció, pero Sandra no lograba tranquilizarse, uno de los guardias la arrastró afuera y la ató a un árbol, donde permaneció durante toda la noche vigilada por un joven que parecía estar haciendo el servicio militar “Le dijeron que no me hable, ni me toque -narró-. Pasó toda la noche y yo temblaba de frío, entonces este muchacho que tenía una manta encima suyo, se la sacó y me la dio”. A la mañana siguiente cuando encontraron la manta en sus hombros, le gritaron por haberla tapado “porque merecía morir como perro”.
Ese día Sandra fue arrastrada nuevamente al “cuarto de torturas”. Allí la ataron a la misma cama sin colchón, en la que había estado su tía. El mismo doctor comenzó a darle descargas eléctricas con la picana cada vez que negaba tener información. Su tío, desfigurado, entró al cuarto. “Cuando empecé a gritar de dolor -recordó-, mi tío me dijo que a todo lo que me preguntaran dijese que sí. A si él ponía bombas, yo decía que sí, a si él mataba gente, yo decía que sí”.
Finalmente dejaron de torturarla y la llevaron a atenderse con una mujer que curó sus heridas y le dio contención. Sandra se durmió con sus caricias en el pelo, hasta que más tarde la fueron a buscar “Me dolía todo -señaló-, pero ya no lloraba, creo que se me habían secado las lágrimas de tanto pedir por mi mamá. Recuerdo que me quedé ahí sentadita esperando”. Al día siguiente la llevaron afuera junto a muchos otros secuestrados, le dieron una pala y le ordenaron ponerse a cavar. A su lado pudo distinguir muchas personas muertas amontonadas.
A la quinta noche la llamaron para confesarse “Yo no lloré más porque pensé que era mi turno de morir. Me calme porque había muchos momentos que deseaba que me maten”, declaró. El sacerdote se sentó a su lado. “Le pregunté cuál había sido mi pecado -agregó-, porque yo no lo sabía”. Luego de esto Sandra fue conducida a una fila de personas que esperaban con ella irse de Campo de Mayo. Allí se reencontró con su madre y juntas fueron trasladadas con muchas otras personas para ser liberadas. Su tío, también estaba en la fila, pero subió a otro camión y nunca más lo vio.
Volver tampoco fue fácil. Su madre nunca quiso hablar ni una palabra sobre lo que vivieron y las órdenes de ser “ciega, sorda y muda” quedaron en su mente. Sandra siente que la dejaron muerta en vida y que ya no supo ser feliz “Yo me quede sin vida y sin madre, porque se distanció de mí. Ella terminó muriendo sola y mal”, sentenció.
Sandra por primera vez dio ayer testimonio de todo lo que padeció hace tantos años: “Fueron cosas que yo me guardé muy en el fondo porque eran vergonzosas”. Muy conmovida antes de terminar su declaración dijo que ella nunca fue culpable de nada: “A mis torturadores solo les puedo decir que me dan lástima”. Sandra contó que fue diagnosticada recientemente con una enfermedad terminal. “Ahora puedo decir que mi enfermedad me puede llevar en paz porque ya dije todo lo que tenía guardado”.
“No somos un número”
Patricia Parra dio testimonio sobre lo ocurrido en la madrugada del 1° de septiembre de 1977 cuando secuestraron a sus padres. Un grupo de hombres con la cara descubierta tocó la puerta de la casa en Don Torcuato cerca de las seis y media de la mañana. Allí se encontraba Patricia, con su madre, Georgina Acevedo y su hermana Isabel Parra, quien ya dio testimonio en una de las audiencias anteriores.
Su madre pensó que se trataba de un amigo ya que le habían llamado por su apodo de confianza: Beba. “Empujaron a mi mamá y empezaron a preguntar por mi papá”, recordó. Patricia tenía quince años y su hermana nueve, su madre les dijo que iba a irse con ellos por un rato, pero que iba a volver. Las hermanas vieron por la ventana cómo se llevaban a su madre en un auto. Una vecina las alojó hasta que llegaron sus tíos: “A nosotras nos separaron, mi hermana fue a vivir con otra hermana de mi papá y yo me quede con Rosa Parra y su marido”, detalló.
Sus tíos fueron al día siguiente a los talleres ferroviarios donde su padre, Carlos Raúl Parra, trabajaba. Los compañeros les dijeron que lo habían ido a buscar el 1° de septiembre a la misma hora que fueron a la casa de la familia. Patricia contó que vivió por mucho tiempo con miedo. ”Yo no salía ni a la esquina si no era acompañada por un tío o por un primo; y mi hermana menos”.
Las hermanas perdieron contacto y luego de muchos años volvieron a reunirse. Juntas fueron a la Secretaria de Derechos Humanos a realizar la denuncia y allí les dijeron que todos los Ferroviarios iban a Campo de Mayo. Patricia señaló que le parece injusto que se hayan esperado tantos años para que llegase el juicio “Lo único que quiero es que le quede grabada a esta gente que está siendo juzgada lo que fue mi familia, yo era feliz, con mi padre, mi madre y me hermana y me arrebataron a mi familia y nunca más tuve una vida normal”.
Patricia terminó su testimonio entre lágrimas mostrando a la cámara una foto junto a ellos: “Esta es mi familia, no se olviden de sus rostros y de que no somos un número”.
Jul 9, 2020 | Culturas, Novedades
El 57 por ciento de los encuestados, además de podcast escucha radio.
Una encuesta sobre el uso del podcast en Argentina, realizada desde la propia comunidad de podcasters Drop The Mic, dio el primer panorama más o menos aproximado sobre el uso de este medio digital. El informe, procesado por la cofundadora de Drop, Alejandra Torres, y el mágister en Industrias cCulturales y becario doctoral del Conicet Agustín Espada, cuena con 2.335 respuestas, de las cuales el 62,2% corresponde a hombres; el 36,5%, mujeres; mientras un 0,7% no especificó género. También indica que el 76% de las personas encuestadas vive en provincia de Buenos Aires y en Ciudad de Buenos Aires, en tanto que el 24% restante se lo reparten entre las provincias de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, Salta y Río Negro. Otra información está relacionada con la franja etaria, y señala que el 64% de quienes respondieron tiene menos de 35 años.
En el trabajo se observa que hay una importante cantidad –un 57%- que además de escuchar podcasts, también es usuaria de la radio, lo que habla de la complementariedad de este tipo de consumos. En dialogo con ANCCOM, Agustín Espada comentó que esto no le sorprende “porque su surgimiento y su producción está pensada desde los temas y los formatos como algo para acoplarse al consumo de la radio y, además, es algo que sucede históricamente en la evolución de los contenidos mediáticos y culturales, que las nuevas formas no reemplazan, sino que se suman a las existentes”. Y agregó: “Los datos de la encuesta muestran eso una vez más, una nueva forma de producir y distribuir contenidos se acopla a las existentes, las modifican en algún punto pero se complementan en espacios, en temas y en formatos”.
Un dato importante a tener en cuenta es que la vía por donde más se descubren los podcasts es por redes sociales.“A nivel nacional -dijo Alejandra Torres-, teniendo en cuenta que la mayor parte de los productores son personas amateur, creo que todavía hay muchísimas bondades propias de las redes sociales que se podrían explotar más. Algunas de las cuestiones que lo imposibilitan es: la falta de tiempo, teniendo en cuenta que la realización de un podcast implica pre-producción, producción, grabación, edición y subir a un host el contenido de audio”, indicó, para luego remarcar: “También hay falta de dinero para delegar a profesionales que puedan diseñar estrategias orgánicas o pagas para dar a conocer los contenidos sonoros que realizan a una audiencia potencialmente interesada por sus contenidos, así como falta de conocimiento: tanto de dominio de las redes sociales como de herramientas que faciliten la producción gráfica o audiovisual de piezas que los promocionen”.
Esta cuestión se vincula con el dato que señala que el 64% de los encuestados informaron que tienen menos de 35 años, que es el tipo de público que más familiarizado está con el manejo de las redes sociales y el celular, que es el dispositivo en donde más se escuchan los podcasts.
“El fenómeno del podcasting surgió en un contexto universitario y con acceso a internet. Posiblemente la generación sub-35 al estar en contacto con internet, las redes sociales, los celulares y los influencers sean los más conscientes o estimulados a consumir podcasts”, afirmó Torres, aunque cree que no se debe únicamente a esto, sino que entran en juego una multiplicidad de factores: “ Otra opción puede llegar a ser que dentro del enorme catálogo de contenidos, un gran porcentaje del total tiene a esa franja etaria como público objetivo. Con los años la enorme penetración de las personas sub-35 se puede llegar a equilibrar, pero muy de a poco”.
También es importante destacar que casi el 80% de los encuestados respondió que estaría dispuesto a hacer un aporte económico para el desarrollo de algún podcast que fuese de su interés, ya sea mediante suscripción u otra forma de apoyo. Para Espada, esta es “una forma de producir contenidos sonoros que está cada vez más presente en el mercado y no solo de podcast, sino también con Futurock, Congo, El Destape, que son medios que producen contenidos con modelo de suscripción, en el que el podcast puede empezar a aprovechar y capitalizar esos formatos digitales de micropagos”. Aunque aclaró que esta contribución “puede no estar tan relacionada con la suscripción, pero si con hacer un aporte por única vez al financiamiento de un contenido que a uno le gusta”, y manifestó que esto “puede ser en los próximos años una fuente de surgimientos de productos de podcasting”.
