A principios de julio, intendentes del sur del conurbano junto con la Defensoría del Pueblo bonaerense, presentaron una queja ante el responsable del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Federico Basualdo, debido a los reiterados cortes del suministro de Edesur en plena pandemia, producto de años de desinversión, y pidieron revisar los aumentos tarifarios autorizados por el gobierno de Mauricio Macri. La Defensoría solicitó incluso quitar la concesión a la empresa.
Desde la oficina de prensa de Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría, aseguran que el servicio de Edesur “es pésimo” y las tarifas “impagables”. “Se corta todo el tiempo la luz, nos dejan sin agua en el distrito y han cerrado las oficinas comerciales para no atender a los usuarios”, afirman.
En enero de 2015, el municipio firmó un contrato con Edesur para empezar las obras de una nueva subestación, que debería ejecutarse en el lapso de cinco años. A finales de julio de este año, el jefe comunal denunció a la empresa por incumplimiento del acuerdo. Frente a éste y otros reclamos, en representación de un grupo de intendentes del conurbano, el defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires pidió la revocación de la concesión.
La empresa, de capitales italianos, respondió que “todos los ingresos se destinan a obras para mejorar el servicio” y que los municipios le adeudan 3.000 millones de pesos, fruto del traspaso que autorizó la ex gobernadora María Eugenia Vidal en 2017 que los obligó a pagar el consumo de electricidad en los barrios populares, sin ayuda adicional.
Edesur tiene la concesión hasta el año 2087 y, entre sus accionistas, se encuentra el Fondo Black Rock.
El actual contexto de emergencia sanitaria ha puesto en evidencia la precariedad del servicio eléctrico que brinda Edesur. Los reiterados cortes de luz en barrios no sólo populares sino además de clase media y alta del sur del Gran Buenos Aires, reavivaron el debate acerca de la concesión.
“Nada de lo que deba ser estatal, permanecerá en manos del Estado”, fue el fallido del ministro de Obras y Servicios Públicos, Roberto Dromi, a principios de los 90, en pleno proceso de privatización de las empresas públicas, entre ellas Segba (Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires).
En 1992, una parte de la estatal Segba se convirtió en Edesur, cuyo historial de ganancias extraordinarias, desinversión e incumplimiento en el servicio, es de larga data. En 1999, cientos de miles de usuarios se vieron afectados por falta de energía eléctrica durante varias semanas.
En 2003, el gobierno de Néstor Kirchner aplicó una política subsidiaria de tarifas que permitió un mayor acceso al servicio, lógica que se mantuvo hasta finalizar la gestión de Cristina Kirchner, en 2015. Pero con la llegada al poder de Macri, y con el argumento de la “emergencia energética”, en enero de 2016 se quitaron los subsidios y los usuarios sufrieron un incremento de hasta diez veces del valor que venían pagando.
Las empresas energéticas fueron de las grandes ganadoras durante la gestión de Cambiemos. Sólo en tres años aumentaron sus tarifas hasta un 3.000 por ciento, suba que no se vio reflejada en los niveles de inversión. La posterior dolarización de las tarifas tampoco se tradujo en mejoras, sólo en mayores ganancias.
Edesur obtuvo ganancias por más 12.600 millones de pesos en 2019, un 168% más que el año anterior.
Edesur, que tiene la concesión hasta el año 2087 y cuya propiedad es del holding italiano Enel –del que también es accionista BlackRock, uno de los fondos acreedores de la deuda argentina–, obtuvo un beneficio de más 12.600 millones de pesos en 2019, un 168% más que el año anterior, según informó la propia compañía a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
En vista del desbalance entre ganancias, falta de inversión, tarifazos y mala prestación del servicio, los municipios debieron ponerse a la cabeza del reclamo de los usuarios. Desde 2017, cuando Vidal les traspasó a las comunas el costo del consumo eléctrico de los barrios precarios, el ENRE ha detectado irregularidades tanto de Edesur como de Edenor y estima que mantienen una deuda con el Estado de 26.400 millones de pesos. En un comunicado, el organismo de control señaló que «presenta elementos de convicción que pueden colaborar en el esclarecimiento de la causa, permitiendo que se dejen sin efecto los acuerdos realizados», aludiendo a una posible anulación de aquel traspaso.
Tras los reclamos de los usuarios, los intendentes y la Defensoría, el ENRE sancionó a Edesur con una multa de 167.812.000 de pesos por incumplimientos en materia de seguridad pública correspondientes a 2018 y 2019. Los apercibimientos contemplan una denuncia del Concejo Deliberante de Lomas de Zamora, por inobservancia a las normas de seguridad en la vía pública en ese municipio, y otra de septiembre de 2018 por un incendio ocurrido en una vivienda en el partido de Ezeiza, debido a una anomalía en una instalación eléctrica en la vía pública.
No sólo los usuarios del Gran Buenos Aires padecen la negligencia de la empresa, también los de la Capital Federal. Hace pocos días, las organizaciones sociales, sindicales y vecinales integrantes del Comité de Crisis de las Villas 21-24 y Zavaleta volvieron a reclamar a las autoridades del Gobierno porteño la realización de «obras de fondo para garantizar el suministro eléctrico y de agua potable para todos los vecinos».
«En nuestros barrios seguimos esperando las respuestas que nunca llegan y que en contexto de pandemia se vuelven más urgentes que nunca: la energía eléctrica y el agua», afirmaron. A su vez, insistieron en la conformación de una mesa de trabajo con representantes del Estado y las empresas Edesur y Aysa «para que se solucionen definitivamente nuestros dramas que llevan años en la Ciudad».
Los trabajadores de Edesur también sufren las consecuencias del servicio ineficiente, la precarización laboral y la tercerización de las tareas. Julio Acosta, secretario adjunto de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina, explica que la empresa cuenta con 2.500 trabajadores contratados por convenio de trabajo de la actividad, pero también con 2.500 empleados precarizados. “Al ser tercerizado el servicio, se han disminuido los costos laborales con bajos salarios”, remarca. La falta de medidas de seguridad para los empleados causó, a mediados de julio, la muerte de dos trabajadores en la localidad de Burzaco.
“La solución, para nosotros, es el fin de la concesión, porque acá no se cumplió con el contrato que firmaron. Creemos necesario que el Estado se haga cargo del servicio porque es un derecho humano”, sostiene Acosta.
Este lunes se presentó de forma virtual un proyecto de Ley para el Fomento de la Pluralidad y la Diversidad Informativa. La transmisión se realizó por Youtube con representantes de distintos sectores que participaron en su elaboración: medios cooperativos, comunitarios, populares y micro-pymes de todo el país. También participó el SiPreBA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. La propuesta “se gestó a partir de las demandas concretas del sector de pequeños medios, en su mayoría gestionados por sus trabajadores, con el acompañamiento y la participación muy activa de los sindicatos”, dice Natalia Romé, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y, además, integrante de FM La Patriada. Y agrega: “Surge de entender que la democracia informativa requiere que el Estado garantice condiciones materiales para que eso sea posible”.
“El espíritu central del proyecto busca equilibrar la cancha en el mapa de los medios y generar un paisaje más igualitario, por una serie de mecanismos directos e indirectos”, dice Federico Amigo, presidente de la cooperativa que edita Tiempo Argentino. Las medidas indirectas que se proponen tienen que ver con cuestiones impositivas. Por un lado, busca permitir que los medios pequeños y sin fines de lucro sean beneficiarios de ciertas facilidades tributarias con las cuales ya cuentan las grandes empresas mediáticas comerciales.
Además, el proyecto plantea la posibilidad de que quienes hagan aportes económicos a estos medios comunitarios puedan recibir una exención del impuesto a las ganancias, “como en otros casos de donaciones, como las que reciben los partidos políticos y las instituciones educativas”, aclara Romé. Y plantea: “Tiene que ver con promover la solidaridad, con un objetivo mayor que es la promoción de pluralismo y la diversidad informativa. Hay una consideración del Estado de promover que la sociedad civil se involucre acompañando materialmente a las iniciativas que tienen que ver con el enriquecimiento de la formación ciudadana y el incremento de la democracia. La idea es incluir a los pequeños medios en esa posibilidad”.
Las medidas directas se basan en la creación de un fondo de fomento para ayudar a medios sin fines de lucro y micropymes. “Tiene que ver con recapturar lo que el Estado ya recauda con el cobro de IVA a servicios digitales extranjeros, como Netflix, Facebook, servicios de publicidad y hosting: redireccionar el 5% a una partida que va a ser destinada para los medios que cumplan con el fomento de la diversidad y el pluralismo informativo”, dice Amigo. La creación de este fondo compromete a los medios beneficiarios a potenciar la diversidad interna en su composición. Es decir, que tengan políticas activas para reparar la desigualdad de género e incluir disidencias.
“El proyecto busca saldar una cuestión central en cualquier democracia que es una esfera pública con información plural y diversa. El sistema de medios argentinos se caracteriza por una altísima concentración y muy poco apoyo estatal histórico a los medios no comerciales. Un modo posible de limitar un sistema de medios concentrados es regular o limitar la concentración y el otro modo es fomentar a los medios más pequeños. En este caso, sería la segunda opción”, aporta Diego De Charras, Presidente de la Red de Carreras de Comunicación (REDCOM), docente e investigador en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Y suma: “De alguna manera viene a saldar algo que ya preveía la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aunque esta ley apuntaba directamente a lo que es servicios de radio y televisión, y en este caso estamos hablando de todos los soportes. Hoy estamos teniendo una buena parte de la información circulante a través de otro tipo de medios. Este proyecto abrió un abanico desde las radios, que ya tienen una historia muy larga de militancia, a medios gráficos autogestivos, participación de sindicatos y portales en Internet”.
El proyecto propone redireccionar lo que el Estado recauda a través del IVA a servicios digitales extranjeros, como Netflix.
Silvina Tamous es integrante de El Ciudadano, periódico rosarino que funciona en modalidad cooperativa. Ella formó parte de la gestación del proyecto de ley y estuvo durante su presentación virtual el lunes 17. Al respecto, reflexiona: “Me pareció interesante la cantidad de participación de organizaciones sociales, ONGs, sindicatos, gremios, gente de universidades, mas allá de todos los medios que integramos la propuesta. Me interesa esta construcción colectiva porque puede llegar a ser el germen para tratar otros problemas. Las inequidades entre cooperativas y empresas son terribles”. Y también afirma: “Creo que cuando salgamos de la pandemia va a haber muchas más cooperativas, entonces hay un montón de cuestiones que repensar. Por ejemplo, cuál va a ser la jubilación de una persona que es cooperativista. Quedamos en una especie de limbo porque no somos el sector que se busca rescatar, no nos están dando la importancia que creo que tenemos. Hoy las cooperativas no somos un medio pobrecito, sino medios que generamos contenidos, que generamos visitas, que buscamos competir, pero desde una mirada social, por supuesto”.
Al respecto, Romé habla de que la ley permitiría un fortalecimiento institucional: “Muchos casos de medios cooperativos no tienen sus cuestiones administrativas y legales regularizadas. Todo el proceso de institucionalización es un proceso de reconocimiento de su lugar, de su función pública y también de su capacidad productiva; que se reconozca que es un sector que crea trabajo. No es solamente un sector que cumple una función pública y cultural importante”.
En la presentación del lunes estuvo el diputado cordobés Pablo Carro, del Frente de Todos, que integra la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados, que ha presentado previamente varios proyectos vinculados al mundo de la comunicación. En cuanto a este proyecto de ley, “ahora sigue la presentación formal en comisiones y luego se verán los grados de consenso que se vayan alcanzando. Confiamos en que próximamente va a tener el apoyo de legisladores de distintas bancadas”, concluye De Charras.
Si bien el espacio público es el lugar tradicional de lucha por los derechos humanos, esta vez, como ya ocurrió el 24 de marzo, la pandemia cambió los planes y el 44° aniversario de la Masacre de Fátima se recordó de manera virtual. No fue, como cada año, el mismo espacio verde junto a un camino rural donde el terrorismo de Estado asesinó a 30 personas, sino a través de Zoom, donde familiares de las víctimas, organizaciones y vecinos comprometidos con los derechos humanos se encontraron para mantener viva la memoria colectiva, y seguir exigiendo verdad y justicia.
La madrugada del 20 de agosto de 1976, treinta peronas que se encontraban detenidas ilegalmente en el centro clandestino que funcionaba en la Superintendencia de Seguridad Federal de la Ciudad de Buenos Aires, fueron sedadas, subidas a un camión del Ejército y trasladas a la localidad de Fátima, en Pilar. Allí, la dictadura cívico militar asesinó a veinte hombres y diez mujeres. Estaban con los ojos vendados y atados de pies y manos, se les disparó a cada uno en la cabeza y luego se los dinamitó. La explosión, que fue a eso de las 4:30 de la mañana, los dispersó en un radio de 30 metros. Las víctimas de la masacre habían sido secuestradas por las fuerzas de seguridad: los habían “chupado”, a la mayoría de sus casas, grupos armados movilizados en Ford Falcon.
“Los primeros en verlo fue la gente que trabajaba en la fábrica de ladrillos. Horrorizados volvieron a sus casas a contar lo que habían visto, pero enseguida llegó la policía, la zona se llenó de militares”, cuenta Cristina Luján Godoy es vecina de Fátima y tenía ocho años cuando ocurrió la masacre que aún recuerda: “Los vehículos pasaban en la madrugada, nos llamó mucho la atención porque Fátima es un lugar muy tranquilo, con poca gente. Después la explosión. Escuchamos el estruendo, muy grande, para nosotros había sido el horno de la fábrica de ladrillos”. En diálogo con ANCCOM, Cristina rememora esa fecha que marcaría un antes y un después. “Pasando por el campo vi soldados, escondidos, como en posición de guardia. Los vecinos empezaron a comentar que había pasado algo raro. Pero después de ese día fue un silencio total, nos dijeron que no contemos nada. Fue algo muy macabro que no me voy a olvidar nunca”.
Cada 20 de agosto, llegan hasta Fátima los familiares de las víctimas de la masacre. Primero se reúnen en Moreno 1417, la dirección de la Superintendencia de Seguridad Federal, actualmente señalado como ex centro clandestino de detención. Luego, ya en Fátima, se encuentran en la Escuela Media N° 9. Van desde la Plazoleta de la Memoria, un largo trecho por el mismo camino de tierra que hace 44 años, hasta el lugar de la masacre, a recordar y reivindicar la lucha de las treinta víctimas.
Esta vez, el homenaje fue a través de un nutrido conversatorio virtual. Los familiares de los masacrados prepararon un video, en el que destacaron que aunque “pasaron 44 años, su presencia está intacta”. También hubo en el Zoom canciones alusivas, que se sumaron a un video artístico editado por el Municipio.
“Había que encontrar la forma de estar presentes, hacer este acto de memoria para recordar el hecho y las causas con las que estaban comprometidas las víctimas, por las que fueron asesinadas: lo que buscaban era un mundo mejor”, dijo José Luis Aguilar, integrante de la Comisión por la Memoria de la Masacre de Fátima, previo a la reunión virtual. También enfatizó el reclamo de justicia, al señalar que “es imposible pensar que para secuestrar, torturar, trasladar y asesinar a treinta personas, solo haya dos personas presas, semejantes maquinarias no funcionaban con poca gente”.
Un puntapié para el trabajo de memoria y reivindicación que se hace año a año, fue el proceso de identificación de las víctimas de la masacre por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Cuando ocurrió el hecho, en 1976, solo se identificó a tres personas, y se procedió a enterrar a todas las víctimas en una fosa común en el cementerio de Derqui. En aquel momento, los militares perpetradores de la masacre se desentendieron del hecho. Una década después, empezaron las tareas de análisis lideradas por el EAAF, por las que se identificó a la primera víctima en 1999, y al día de hoy ya se logró conocer la identidad de 25 de los treinta, el último el año pasado.
“Siempre cuando estamos por perder las esperanzas aparece algo más”, dice Hugo Argente, familiar de las víctimas de la masacre. “El 17 de marzo del 2000 me llaman del Equipo de Antropología Forense para decirme que mi hermano (Jorge Daniel Argente) era uno de los 7 reconocidos en ese momento”, recuerda. “Cuando empezó esto –agrega-, yo viajaba una vez por semana a Fátima. Pero hubo un año en que ya no tuvimos que organizar nada. Me llamaron los que estaban organizando las cosas en Fátima, y nos preguntaron si estábamos de acuerdo. Ahí me sentí militante, porque militante es el que crea conciencia”.
Integrante de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas desde 1979, y anteriormente militante de la Juventud Peronista y Montoneros, Argente hoy apunta a “compartir las banderas” con las nuevas generaciones: “Eso es lo que querría mi hermano, los 30 mil compañeros, los presos y los exiliados”. Y ese ímpetu se hace especial eco en la Escuela Nº9. Su ex director (ya jubilado) Donato di Santo, señala que “desde el año 2001 que conocimos a los familiares hemos trabajado este tema. Cuando llegué a Fátima sabía que había sucedido algo allí, pero no conocía bien el hecho. Me comentaron que familiares de desaparecidos querían venir a la escuela a contarlo, para mantener la memoria viva del hecho, y así fue”.
El primer año, recuerda el profesor, participó una murga del homenaje: “No es solo un aniversario de tristeza, porque es la reivindicación de ideales muy importantes”. Los alumnos empezaron a participar del Programa Provincial Jóvenes y Memoria, contando la historia de lo que había ocurrido en Fátima.
Afirma Cristina Godoy que “cuando la escuela se instaló en Fátima, recién ahí empezamos a hablar de lo que habíamos visto y lo que había pasado. En el pueblo se habían asustado, el silencio duró mucho tiempo”. Ese silencio pasó y en 2008 Cristina fue una de las personas que declaró en el juicio por la Masacre de Fátima, experiencia que recuerda como “aterradora”. “Declaré en busca de la verdad, para que se hiciera justicia y para que no pasara nunca más”, dice y añade: “Mataron a treinta personas en Fátima, no se puede olvidar”.
En julio de 2008 se conoció la sentencia por el juicio oral y público por la Masacre de Fátima, que solo condenó a perpetua a los ex policías Carlos Gallone y Juan Carlos Lapuyole, y absolvió a Miguel Ángel Timarchi. El comisario Carlos Vicente Marcote ya había fallecido y Luis Alberto Martínez se encontraba prófugo. Fue atrapado en 2012 por Interpol.
El reclamo por que se haga justicia y por conocer la verdad sigue vigente. En cada acto en la calle, y ahora también de manera virtual, reafirmando el nunca más al terrorismo de Estado.
Presentes, ahora y siempre
Hasta ahora fueron identificados: Inés Nocetti, Ramón Lorenzo Vélez, Ángel Osvaldo Leiva, Alberto Evaristo Comas, Conrado Oscar Alzogaray, Marta Alicia Spagnoli de Vera, José Daniel Bronzel, Susana Elena Pedrini de Bronzel, Selma Julia Ocampo, Haydeé Rosa Cirullo de Carnaghi, Carmen María Carnaghi, Norma Susana Frontini, Jorge Daniel Argente, Horacio Oscar García Gastelú, Juan Carlos Vera, Carlos Raúl Pargas, Ricardo José Raúl Herrera, Roberto Héctor Olivestre, Enrique Jorge Aggio, María Rosa Lincon, Cecilia Podolsky de Bronzel, Ernesto María Saravia Acuña, José Jacinto Pasquarosa, Juan Carlos Pasquarosa y Oscar Eladio Ledesma Medina.
“Tenemos gente que se está muriendo en la casa. Hay pacientes que se mueren dentro de los hospitales porque no hay oxígeno, eso no puede suceder”, cuenta Celina Castellón, directora del Colegio de Enfermería de Jujuy. Al comienzo de la pandemia la provincia se perfiló como modélica en cuanto al control del Covid-19. Sin embargo, a mediados de junio la situación cambió drásticamente y hoy el sistema de salud (tanto público como privado) se encuentra saturado. El aumento de casos, la falta de recursos en los hospitales y la ausencia de políticas sanitarias dejan a la provincia de Jujuy desamparada. El clima que se vive en los hospitales es alarmante y aquellos que transitan la enfermedad en sus hogares no reciben la atención necesaria.
Hasta el parte vespertino del miércoles 19 de agosto Jujuy registraba 133 muertos y 5.360 casos: tras CABA y Buenos Aires, es el tercer distrito más castigado por la pandemia. Actualmente, aunque muchos medios informan que el 93% de las camas están ocupadas, el abogado del Colegio de Enfermería provincial, Alberto Elías Nallar, detalla que esa cifra no es real: “Si hubiera un 7% de las camas disponibles, la gente no se estaría muriendo en sus casas”.
El brote
Desde el inicio de la contingencia, el gobernador Gerardo Morales adoptó una política punitiva y persecutoria. Las regulaciones en torno al uso del barbijo y la circulación tenían una sanción monetaria. El director de Radio Nacional de Jujuy, Federico Noro, declara que incluso “se marcaban las casas de aquellas personas que tenían coronavirus”. A su vez, se creó el Comité Operativo de Emergencias (COE) cuyo fin es informar a la población sobre la situación de la pandemia y acompañar a las diferentes instituciones en la problemática. Sin embargo, las voces aquí plasmadas coinciden en que no son eficientes. “La sede del COE es un edificio aparte, los funcionarios van ahí y hacen una transmisión diaria de lo que sucede, difunden placas informativas por WhatsApp y realizan manejo de redes. En mi opinión, se crean con el objetivo de desligar a Morales de toda la responsabilidad que recae sobre él”, observa Noro.
En mayo, el gobernador ofreció llevar el fútbol a Jujuy. En diálogo con TyC Sports, Morales explicó: “Lo que hicimos fue plantearles a varios dirigentes, al ministro de Turismo y Deportes y a la AFA la disponibilidad de Jujuy. A partir de las condiciones sanitarias que tiene la provincia, como varias otras, se podría empezar la práctica de fútbol. No tenemos circulación local, hace 48 días que no hay casos en Jujuy”. En este sentido habilitó salidas según la terminación del DNI, reactivó algunos sectores económicos y actividades sociales. “Cambió el Día del Padre por decreto con el fin de evitar contagios, pero dos semanas después lo permitió, y ya había más de 200 casos”, expresa el director de Radio Nacional. Muchas de las empresas habilitadas, como por ejemplo Ledesma, que hoy cuenta con más de 300 contagiados y ocho muertos.
En junio comenzó el brote del virus a partir de un operativo policial habilitado por el gobernador y los contagios se volvieron imparables. “El objetivo era reforzar los controles en la frontera para evitar que circulen personas que podrían estar infectadas –relata Nallar-. Para ello, fueron enviados 60 funcionarios. A este punto, ya no hablemos más de distancia social. Ahí, dos policías cruzan y contraen la enfermedad. Al llegar, desconociendo que padecían el virus, comienzan a transmitir el virus a sus familiares y a dispararse los contagios”.
Noro considera que nunca hubo un foco central en las políticas sanitarias. “Morales intentó mostrar que hacía cosas, más que hacerlas. Los hospitales de campaña, por ejemplo, no tenían calefacción. La gente se iba a curar de una enfermedad pulmonar como es el Covid-19, y se moría de frío. Es una locura. Había más ganas de mostrar que se ocupaban que de hacer algo realmente”, sostiene Noro.
El gobernador Gerardo Morales contrajo coronavirus. También su vice, Carlos Haquim.
Desamparo y silencio
Actualmente no son solo los hospitales los que se encuentran colapsados sino también los cementerios: los deudos de los muertos cavan fosas en los pasillos. Castellón detalla que “la gente se muere en las casas y tienen al cuerpo ahí como por tres días porque no le dan el certificado de defunción. Los cementerios están saturados, no hay donde enterrar a los pacientes y es terrible”.
Mientras tanto el personal que trabaja en el campo de batalla carece de los elementos de protección adecuados para tratar a pacientes con Covid-19. Por lo tanto, muchos de ellos tuvieron que dejar de trabajar porque resultaron contagiados. “Utilizan un barbijo social para ocho horas laborales, pero a las tres horas ese barbijo ya no sirve. Y lo digo con conocimiento de causa, soy enfermera en control de infecciones”, explica la especialista. A su vez, los hospitales de campaña mencionados (realizados para tratar la pandemia) están completamente desabastecidos y su infraestructura es frágil: muchos de ellos son simples carpas. Además, según Castellón, carecen de elementos esenciales como suero, oxímetros y equipamiento de protección personal para los trabajadores de la salud. “En un comienzo, tuvimos la oportunidad de acercarnos a un hospital de campaña y no tenían nada. Los baños son comunitarios y tampoco hay calefacción. Unas colegas fueron aisladas ahí, la comida era mala y el edificio no tenía puertas”, cuenta.
A esta problemática, se añade que la mayor parte del sector de Salud no está recibiendo su sueldo en tiempo y forma. “La gente no cobra hace cuatro meses y muchos renuncian. Nosotros aprendimos a salvar vidas, para eso hemos sido formados y no para dejar morir gente. Es terrible para el personal de salud ver esto”, declara la enfermera Castellón.
Jujuy tuvo la ventaja de contar con algo de margen para prepararse y la representante del Colegio de Enfermería explica que para ello era necesario capacitar a las personas y abastecer el sistema de salud, habilitar camas e instalaciones. A través de una carta documento solicitaron al gobernador, Gerardo Morales, que se prepare en buena forma porque conocían la gran falta de recurso humano en sanidad. Sin embargo, aunque el pueblo jujeño respetó la cuarentena estricta, esos 90 días no fueron utilizados como deberían para proveer recursos. “Como el gobernador no nos dio respuesta, hicimos una acción de amparo solicitando elementos de protección personal y recursos –cuenta Castellón-. El juez (Sebastián) Damiano no nos dio lugar y salió desfavorable para el trabajador”.
El Gobierno provincial, en cambio, incorporó nuevo personal, pero lo hizo de manera irregular, cercenando derechos laborales y atacando a la libertad de expresión “Les hacen firmar declaraciones juradas a médicos donde se los hace responsable de lo que suceda en el servicio y se los llama a hacer silencio -manifiesta la enfermera-. Nadie quiere hablar, nadie quiere decir nada, todas son quejas en silencio, en la oscuridad de las cuatro paredes. Pero acá no hay una dictadura, acá tenemos que salvar las vidas”.
Al borde del abismo
“Se ha dicho que todo paciente que de positivo tiene que cursar la enfermedad en su casa –dice el abogado Nallar-. Imaginen, en Jujuy nadie es tan rico como para aislarse en un cuarto de huésped. Acá tenemos dos habitaciones y tenemos que convivir con nuestras familias. Conclusión: Todos enfermos”. Por lo tanto, advierte, al total de tres mil contagiados que cursan la enfermedad (muchos de los cuales cursan la enfermedad en su casa), hay que multiplicarlo por cuatro o cinco del grupo familiar que no están registrados. “El sistema está colapsado, el total de las camas están ocupadas, las imágenes que se ven de gente contra las camillas amontonadas dan la pauta de que no dan abasto ¿Cómo van a estar tirados así, como perros?”. A partir de la saturación del sistema de salud, se instaló un sistema de telemedicina en el que se reincorporaron a personas de sesenta años. “Los médicos y médicas no pueden asistir al domicilio y cuando alguien llama, se mueren con el teléfono en el oído porque no hay nadie que pueda asistir a socorrerlos”, dice Nallar.
Una joven residente de medicina, a quien llamaremos “Equis” porque prefiere mantener su nombre en reserva por temor a represalias, comenzó a trabajar como voluntaria en un call center donde se pide atención médica y se gestionan ambulancias. La operadora, que daba turnos médicos por teléfono, ahora recibe cualquier tipo de consultas. Por lo tanto, ahora hay un 0800 para turnos y otro creado especialmente para Covid-19. Con cada llamado se hace una primera clasificación del caso: si necesita atención médica, una cama o no. Después de este trabajo los técnicos se encargan de buscar una cama o ambulancia para las situaciones graves.
Según el día y el horario, el call se satura o está tranquilo. “El pico de terror es después de la transmisión del COE (Comité Operativo de Emergencias 2020). La gente se asusta mucho con sus declaraciones. La última vez se habló de medicación que se puede proporcionar sin consultar, y la gente llamó para preguntar qué podía tomar”, relata la residente. En su primera semana de trabajo le tocó una llamada de un paciente con Covid-19 grave. “No había ambulancia, no había cama y nadie iba a verlo –cuenta Equis-. Entre que yo hablaba con los técnicos y con el pariente, el señor murió. En un momento llamo al familiar con el que me había estado comunicando y me dice: ´Creo que mi hermano se fue porque está frío y ya no respira´”.
Al estar los médicos colapsados, las personas reclaman la demora en la atención: “Hace tres días solicité un médico, dijeron que iban a llamarme pero me siento mal y nadie me llama”. La directora Castellón, quien padece la enfermedad, relata cómo no recibió ningún tipo de asistencia y ha tenido que proveerse los insumos por su cuenta. Equis, por su parte, observa: “Todo el mundo quiere hisoparse pero no alcanza. Ni cerca. Como no hay disponibilidad de tests, pedimos que se encierren dos semanas y que esperen al llamado del médico”.
Los ministerios de Salud de Jujuy y de la Nación articularon medidas para luchar contra la pandemia, enviando ayuda para controlar la situación e incluso asistieron profesionales nacionales. A Nallar no le parece suficiente. “Le están mandando un auto de carrera a un inválido. No necesitamos ayuda, necesitamos gestión”, enfatiza. La situación se volvió aún más preocupante cuando el 15 de agosto le diagnostican coronavirus al gobernador Gerardo Morales. Luego de la distribución que realizó en persona de bolsones con donaciones a barrios carenciados y la visita a hospitales en la zona roja de Ledesma, la autoridad cayó enferma. “En el momento más crítico, cuando estábamos pasando por el ojo de la tormenta, el piloto dijo: ´Me voy ́, y nos quedamos todos arriba”, dice Nallar con preocupación. El 19 de agosto el vicegobernador Carlos Haquim fue confirmado también con coronavirus. “Hay acefalía absoluta, desgobierno total, y las personas que corresponden a las líneas sucesorias, o forman parte de la población de riesgo con enfermedades tales como diabetes o problemas de bypass gástrico, o son incompetentes para gobernar”, asevera Nallar.
Ante la imposibilidad de salir a la calle a realizar manifestaciones, el 18 de agosto el Colegio de Enfermeros junto con 200 instituciones enviaron una carta al presidente Alberto Fernández, en la que piden que los resortes del Estado se pongan al servicio de la salud pública, que la Nación asuma la garantía de la vida y la salud de todos los ciudadanos y que se envíe una suerte de ministro de Salud que se haga cargo del manejo de la pandemia. “Le pedimos al presidente que con la misma eficiencia y solidaridad que trabaja en el AMBA, nos dé una mano para que asuma la conducción del sistema sanitario de la provincia”, detalla Nallar. En esta línea, Casetellón añade: “Jujuy también es parte de Argentina aunque estemos en la frontera, somos un sistema republicano federal y el señor Presidente no puede olvidar esto. Necesitamos que nos ayude, queremos salvar a nuestro pueblo”.
Las aulas se encuentran vacías y los chicos en sus casas. Pero la comunidad educativa, lejos de estar ausente, mantiene redes de contención y ayuda. Desde la distancia, las cooperadoras escolares se vuelven actores fundamentales para la continuidad del vínculo entre familias, maestros y alumnos. Patricia Barrera, vicepresidenta de la cooperadora de la escuela N° 3 D.E. 15 señaló que hay una naturalización en la diversificación de sus funciones, “lamentablemente en los últimos años la educación pública en la Ciudad de Buenos Aires ha caído y tuvimos que salir a tapar agujeros”.
El rol social de las cooperadoras se profundiza en contextos de crisis y en medio de la pandemia la brecha tecnológica fue uno de los problemas más importantes. La suspensión del Plan Conectar Igualdad en 2015 implicó que muchos jóvenes no recibieran su notebook. Este plan fue reemplazado por otro llamado Aprender Conectados en el que se entregaban computadoras, pero para compartir y ser usadas en las escuelas. Desde el inicio de la cuarentena, fueron muy pocos los equipos entregados por el Gobierno de la Ciudad para sortear la desconexión. Uno de los grandes problemas es que, en general, en una misma casa hay más de un niño escolarizado, padres haciendo teletrabajo y, con suerte, un solo dispositivo, sin contar que el acceso a internet tampoco está garantizado y que varios niños entre seis y once años no cuentan con un teléfono móvil para uso personal.
El Observatorio Argentinos por la Educación realizó un relevamiento de datos en todo el territorio nacional que concluyó que el 7,2% de los estudiantes que finalizan la primaria y la secundaria en la Ciudad de Buenos Aires no cuentan con acceso a Internet en su hogar. Pero la conexión no significa poder mantener la instrucción virtual. El Ministerio de Educación se acercó a las escuelas para poder realizar un relevamiento que habría arrojado porcentajes parecidos, pero desde las cooperadoras se denuncia que estos datos son erróneos. Diana Reingart, tesorera de la cooperadora de la Escuela Primaria Nº 26 del Distrito Escolar 6º manifestó: “Le estaban haciendo las preguntas a la gente que iba a buscar el bolsón, personas que se enteraron que eso estaba ocurriendo, porque hubo otras que no supieron porque no tienen conexión –añadió Diana–. Que tengas un teléfono, no significa que estés conectado y que puedas hacer la tarea, porque necesitás internet, capacidad en el celular y saber usar los programas”.
“En nuestra escuela, en las primeras semanas de pandemia venían 9 o 10 familias a buscar ayuda, ahora son 27″, dice Kors.
Las cooperadoras buscaron registrar información propia al respecto, por lo que circuló una encuesta en todas las escuelas públicas de la Ciudad. Barrera manifestó que en este relevamiento se concluyó que el 40% de los chicos en edad escolar no cuenta con la posibilidad de mantener una educación virtual. Varias cooperadoras de distintos colegios se las ingeniaron para ayudar a los alumnos que no poseían conexión usando sus propios recursos económicos con la compra de planes de datos, el pago de internet, el préstamo de algún dispositivo que conseguían y principalmente con la entrega de las actividades escolares impresas.
En las escuelas con menos recursos, la situación resulta más grave: muchas no cuentan con cooperadoras, o tienen organizaciones muy frágiles. Carolina Martínez es profesora de inglés en la Escuela Primaria Nº 6 del Distrito Escolar 21. Allí asisten muchos niños de la Villa 20 con los cuáles fue muy difícil establecer el primer contacto. La directora debió realizar un rastreo de todos los alumnos y sus familias a principio de año porque varios habían perdido el celular, se habían mudado o se encontraban aislados por haberse contagiado. De los 500 alumnos que hay en su escuela, Martínez calcula que más o menos 100 no cuentan con la posibilidad de conectarse porque no tienen internet, computadora o los padres no pueden ocuparse.
El Gobierno de la Ciudad está considerando dar comienzo en septiembre a las clases presenciales para aquellos chicos que no pudieron mantener la conexión virtual. Se estima que son cerca de 5.100 alumnos los que no han tenido contacto con sus docentes desde marzo, pero la iniciativa generó una fuerte resistencia de muchos sectores de la educación pública. La medida implicaría exponer a los chicos de menos recursos a situaciones peligrosas. Luego de que el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, expresara el 14 de agosto esta iniciativa, el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta aseveró que “no están dadas las condiciones epidemiológicas para volver”.
Un relevamiento de las cooperadoras porteñas concluyó que el 40% de los chicos no tiene acceso a la educación virtual.
Los problemas del retorno a la escuela presencial son diversos y graves, teniendo en cuenta que desde hace años los auxiliares de limpieza son menos de la cantidad necesaria y no es posible garantizar las medidas de higiene. “Existe la idea de que los chicos se contagian y no pasa nada, pero el chico no va solo a la escuela, tiene que haber docentes, auxiliares, padres que los lleven, señaló Reingart y agregó: “Además todavía se están evaluando las secuelas que puede dejar el virus. Si el pibe se infecta y le queda una secuela de por vida por asistir dos meses a clases muchos consideramos que es ridículo”.
Tampoco queda claro si habrá incorporaciones de nuevos docentes para realizar las clases presenciales y continuar con las virtuales o si ambos trabajos serán responsabilidad de las mismas profesoras. Reingart expresa que en su escuela se fomenta la inclusión, la solidaridad y el compartir, es por esto que ve muy complicado lograr que los chicos mantengan la distancia, que no se presten los barbijos o que no se abracen después de tantos meses de aislamiento: “Te muestran fotos de la sociedad japonesa pero allí estudian así normalmente, con repetición, sentados, sin moverse. Acá se propicia otra cosa, los docentes van a tener que cumplir una función de policía para la que no están entrenados”.
Carmen Razzotti, presidenta de la cooperadora de la Escuela N°17 de la comuna 14 advirtió que en un principio se había dejado filtrar la idea de que la desinfección de las escuelas iba a estar a cargo de las cooperadoras: “Nos resistimos completamente. Si queremos comprar lavandina para que todo esté más limpio porque la que manda el gobierno no alcanza, es cosa nuestra, pero que el FUDE no incluya hacernos responsables de la tarea de sanitización”. El Fondo Único Descentralizado de Educación (FUDE) es el subsidio anual que el Gobierno les otorga a las cooperadoras para poder hacer frente a sus gastos. El año pasado estuvo cerca de los 100 y 130 pesos por alumno y se calcula de acuerdo a la matrícula y a otros factores que no están claramente determinados. La mayoría de las escuelas todavía no lo cobraron este año y la situación se agrava teniendo en cuenta que en circunstancias normales las cooperadoras obtienen fondos con la organización de eventos que están imposibilitados y con las cuotas sociales, que en la mayoría de los casos no están pagándose debido a la crisis económica.
“El bolsón es bastante carente en lo nutricional», denuncia Barrera.
Julia Kors, miembro de la cooperadora del Jardín Pablo Picasso, explicó que en su escuela hubo familias que se sintieron incómodas al manifestar la necesidad de recibir donaciones porque no estaban acostumbradas, pero sus ingresos se habían visto afectados por la crisis o el desempleo. Y otras que, en un principio, intentaron prescindir de la asistencia, pero la desesperación los llevó a acercarse. “En las primeras semanas de este contexto de emergencia contábamos con unas nueve o diez familias que habían podido transmitir la necesidad de contar con un ayuda por parte de la cooperadora y ahora son unas 27”, subraya Kors. En su escuela se formó una red de donaciones de ropa, alimentos, artículos de limpieza y transferencias bancarias por parte de las familias que están económicamente mejor a las cuentas de otras que lo necesitan. A su vez, las meriendas que el Gobierno de la Ciudad entrega cada quince días son donadas por los chicos que no les hacen falta a otros que sí.
En las escuelas de jornada completa la entrega quincenal se trata de dos bolsones de alimentos que deberían reemplazar el almuerzo de un niño en edad escolar de lunes a viernes, pero Barrera manifestó que no son suficientes. “El bolsón es bastante carente en lo nutricional. El menú escolar tiene platos con distintos tipos de carne roja, de cerdo, huevos una vez en la semana, que por supuesto no está en el bolsón”, dice Barrera.
Una de las propuestas que surgieron desde distintos colectivos de la educación pública fue el reemplazo de los bolsones por una tarjeta alimentaria para ayudar a las familias, evitar la circulación y que puedan elegir qué comer. Pero pareciera que este proyecto no va a prosperar porque supone una inversión mucho mayor por parte del Estado. Para Barrera el problema más importante es otro: “Hay un gran negociado entre el Gobierno de la Ciudad y los comedores que brindan el servicio de comidas”.
Razzotti advirtió que a veces la sensación de que el bolsón que no alcanza tiene que ver con que se usa para alimentar a toda la familia, pero es la ración para el niño o niña que asiste al colegio. En su escuela se preparan canastas y cajas complementarias para la semana en la que el Gobierno no entrega los bolsones, allí se incluye alimentos y artículos de limpieza: “Procuramos que la comida tenga algo fresco y sabroso. A veces los funcionarios creen que con un fideo y un arroz alcanza y no. Conseguimos queso, entonces las familias tienen para hacerse unas ricas pizzas y la vida es un poco mejor”, agregó.
Estos contactos quincenales o semanales fortalecen el vínculo. Razzotti notó que hay necesidad de apoyo psicológico: “Humanamente hay mucha necesidad emocional, que se traduce en necesidad económica, apoyás emocionalmente y después ayudás con alguito. Muchas veces no le solucionás la vida, pero estás ayudando un poco y estás escuchando otro poco”. Además, las cooperadoras también están a cargo de controlar la calidad y la cantidad de bolsones. Varias veces los alimentos frescos llegan en mal estado o podridos y deben realizar la denuncia.
El trabajo de las cooperadoras es fundamental pero en aquellos colegios donde no existe esta organización, no hay red de contención, ni FUDE, ni ayudas en la compra de material didáctico o en la impresión de las tareas o en el acceso a internet. En la escuela de Carolina Martínez la cooperadora no pudo organizarse, principalmente porque necesitan dinero del que las familias no disponen. Allí todos los alumnos se acercan a retirar sin falta los bolsones y la crisis dejó a varias familias sin trabajo: “Todos los padres limpian casas o son amas de casa o albañiles, si hay algo que no está sobrando es plata”.
Las escuelas con población socio-vulnerable sufren una doble victimización: son las más desprotegidas y a su vez las que menos organización tienen. Las cooperadoras al sumar acciones voluntarias, favorecen al Estado ausente que delega en ellas parte de sus tareas. En donde esta organización no es posible, la desigualdad se vuelve cada vez más profunda y difícil de saldar.
El último informe presentado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) alerta que entre diciembre del 2019 y diciembre del 2020 habrá un notorio incremento en la cantidad de niños, niñas y adolescentes (NNYA) de la Argentina que se encontrarán por debajo de la línea de pobreza. Según el segundo estudio del año realizado por la organización, Argentina pasaría de 7 a 8,3 millones de chicos y chicas pobres, lo que representaría el 62,9% de ese grupo etario.
Los datos presentados por UNICEF, tanto en el primer estudio desarrollado en abril (“La pobreza y la desigualdad de niños, niñas y adolescentes en la Argentina”), como en el publicado durante los primeros días de agosto (“Segunda Encuesta de Percepción y Actitudes de la Población. Impacto de la pandemia y las medidas adoptadas por el gobierno sobre la vida cotidiana de niñas, niños y adolescentes”), están basados en información oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y pronósticos del Producto Bruto Interno (PBI) del Fondo Monetario Internacional (FMI).
La concurrencia a comedores o merenderos aumentó del 8% al 10%, a la vez que mejoró el acceso a ellos: en abril, el 8% de las personas que concurrieron a un comedor aseguraron tener problemas para llegar o retirar viandas, indicador que en julio se redujo al 1%. Al mismo tiempo, el porcentaje de hogares que dejó de comprar algún alimento por falta de recursos disminuyó levemente del 28 al 26%.
El segundo informe muestra que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) alcanza ahora al 47% de los hogares con NNYA, frente al 22% que lo recibía en abril, lo que significa que son 2.8 millones los hogares donde al menos un miembro lo recibe, con un impacto total de 13 millones de personas.
Si bien la ayuda por parte del Estado está en alza, de acuerdo con las estimaciones abordadas por el segundo estudio, se incrementará un 33% la pobreza extrema infantil, es decir, todos aquellos chicos y chicas que siquiera tienen acceso a una canasta básica.
“La situación que atravesamos es compleja para todos. Pero aún más para los niños, niñas y adolescentes excluidos por la sociedad. Para ellos, que se encuentran por debajo de la línea de pobreza, el efecto de la pandemia es devastador en un sentido amplio. Porque por más que el Estado haya organizado diferentes formas de ayudar, como por ejemplo en la educación, con clases virtuales, difundiendo contenido educativo en la televisión, aun así los niños pobres o en extrema marginalidad no pueden acceder a eso porque no cuentan con las herramientas necesarias. No tienen posibilidades por la precariedad misma de sus vidas. Asimismo, a pesar de todas las medidas estatales muy bien implementadas, no podemos escaparle a la desnutrición y a la malnutrición en la infancia, lo cual juega un papel muy importante en el desarrollo de cada niño”, asegura Sonia Almada, psicóloga y directora de ARALMA, asociación civil dedicada a la erradicación de todo tipo de violencia hacia la infancia.
«En general, los chicos no solo sufren la falta de comida de techo, también otras violencias, como la familiar», dice Almada.
“Que no se cumplan los derechos básicos de los niños y niñas es violencia. Ellos son las víctimas invisibilizadas en este contexto de pandemia. Por lo general, no solo sufren la falta de comida o de un techo, también padecen otros tipos violencias, como la familiar. Ese es un llamado que hoy casi no se puede contestar. Desde ARALMA estamos muy preocupados porque nuestra actividad se vio fuertemente reducida. Al estar cerradas las escuelas, estos chicos no tienen contención, ya no contamos con la intervención de maestras o gabinetes psicológicos para que nos informen y poder ayudarlos, tampoco podemos salir a hacer las recorridas para visitarlos. La mayoría de los chicos no tienen cómo denunciar, cómo contactarnos, es realmente muy complicado”, subraya la especialista y agrega: “El aumento de niños bajo la línea de pobreza y pobreza extrema, sin dudas implica el crecimiento de este tipo de violencia que hasta el momento no recibe respuesta eficaz por parte del Estado”.
El Estado, desde el comienzo de la pandemia, lanzó una serie de programas para ayudar a quienes más lo necesitan, como el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y la tarjeta Alimentar, destinados a evitar la caída de millones de familias en la pobreza extrema. Esos programas durante el mes de julio alcanzaron al 36% de los hogares frente al 19% en abril.
“Lo ideal sería que ningún chico necesite de planes sociales para cubrir sus necesidades básicas. Igualmente, las medidas implementadas por el Estado son pertinentes y oportunas. Constituyen un ingreso para las familias, una ayuda. Creo que estos programas deberían aumentar, y mantenerse más allá de la pandemia”, comparte Natalia Cabral, politóloga asesora en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y docente en la Universidad Nacional de Moreno.
Desde abril, la concurrencia a comedores o merenderos aumentó del 8% al 10% de los chicos y chicas del país.
“Resulta necesario ampliar la ayuda a las instituciones comunitarias como comedores y merenderos, jardines comunitarios, espacios de primera infancia. Así como también impulsar y sostener proyectos socioproductivos, sociolaborales de contraprestación para que quienes reciben ese ingreso por parte del Estado sean reconocidos y se reconozcan como trabajadores, que tengan las herramientas para poder generar más ingresos a su economía”, dice Cabral y ejemplifica: “Potenciar Trabajo y Terminalidad Educativa, son un ejemplo de esto, son programas que apuntan a atender el contexto de emergencia pero también se piensa a largo plazo. Son esas políticas a las que debemos apuntar para dar una respuesta integral a la situación de tantos niños y niñas”.
Es inminente la necesidad de políticas integrales, por eso UNICEF presenta un plan de respuestas que se basa en tres pilares de acción: mejorar la respuesta de salud pública para reducir la transmisión y la mortalidad por coronavirus; trabajar en la contención de los “impactos secundarios” de la pandemia, como la pérdida de clases presenciales, la malnutrición o el aumento de la violencia; y promover medidas de protección e información para prevenir el contagio del virus. Todo un desafío para la Argentina que viene.
