Puntos Suspensivos es una editorial independiente que nació en 2015 con el propósito de crear un espacio de comunicación orientado a personas del colectivo LGBTIQ+. El proyecto, siempre autogestionado bajo la dirección atenta de Gaita Nihil, abrió un espacio hasta entonces velado en los estantes de las librerías que suelen privilegiar los gustos del mercado masivo.
Esta batalla cultural no sólo pone en disputa a los dueños de la palabra. También invita a las y los lectores a cambiar el enfoque sobre las publicaciones de género. Así, esta editorial pone sobre el mostrador otros temas menos comerciales, pero no por ello indiferentes a los intereses del público, que cruzan tanto a las minorías sexuales, entre las cuales también redescubre a las disidencias invisibilizadas en los grupos de adultos mayores.
¿Quién puede tomar la palabra? ¿Cuál es el mainstream de las autores y los autores? ¿Quiénes tienen derecho a opinar sobre sexualidad? Son algunos de los tópicos que elige Puntos suspensivos.
Las personas trans, travestis y no binarias son las protagonistas de historias personales y, no tanto, en las que Gaita Nihil ocupa la curaduría de los textos elegidos. Gaita es militante, poeta y editor. Todo en uno.
“El proyecto surgió en el año 2015, en el marco de la FLI(A) (Feria del Libro Independiente) y… autónoma, autárquica, amiga, amorosa, anarquista, abierta. Es una feria que aglutina a escritores, poetas, editores, imprenteros y demás actores del mundo del libro, de forma independiente y autogestiva. La decisión de editar a colectivos marginados fue tomada por las personas que pasaron por la editorial, fuertemente atravesada por la poesía”, explica Gaita.
“El hecho de encontrarnos en lecturas en la calle, en centros culturales independientes, bares, y demás, hizo que nos encontráramos con amigues y compañeres y sintiéramos la necesidad de que esos libros existieran, con el objetivo de visibilizar a los colectivos sexogenéricos marginados. Es una postura que fue tomando forma con el tiempo. En el pasado hemos editado a personas heterocis: de hecho, en el caso de Rosa Rodríguez Cantero, lo seguimos haciendo, sólo que ella es militante por la visibilidad del deseo de las personas de la tercera edad”, agrega.
Gaita Nihil hace público su recorrido íntimo con la sexualidad como acto militante. “Al haber sido yo lesbiana y ahora varón trans, las personas bisexuales y trans, o del espectro LGTBIQ+, llevamos nuestra militancia a la editorial con las problemáticas que vivimos todos los días”.
Si hacemos un recorrido histórico sobre la literatura militante disidente nos encontramos con la novela de Sylvia Molloy, En breve cárcel (Fondo de Culura Económica, 1981), relata una historia de amor entre personas del mismo sexo. Se podría ubicar como la primera novela de amor romántico entre mujeres en la literatura argentina. Luego de la sanción de la Ley de Identidad de Género en el año 2012, la literatura de disidencias sexuales ganó mayor visibilidad. Ejemplos de esto son las autoras Camila Sosa Villada o Gabriela Cabezón Cámara, entre otras.
La editorial Puntos Suspensivos ofrece ensayos, poesías y novelas, dando lugar y expresión a voces silenciadas por mandato patriarcal. Los últimos lanzamientos son el libro de poesía lésbica y militante, Todo por una estafa (2021), de Carolina Balderrama,, con contratapa de Florencia Kirchner, Cuirentena (2020), que recopila una serie de textos, ilustraciones y fotografías donde participó Susy Shock y Si Evita viviera. Antología de poesía lesboperonista (2021).
“La Antología de poesía lesboperonista Si Evita viviera, es una invitación a pensar las posturas peronistas desde los ojos contemporáneos de las autoras, a partir de la conquista de derechos como la Ley de Matrimonio igualitario, la Ley de Identidad de género, el aborto, etc. El eje disparador fue [imaginar] qué esperarían de una figura tan imponente y lidereza como lo fue Evita Perón, si Evita viviera en la actualidad”, explica Nihil.
Además, la editorial propone literatura de otros sectores marginados, como las adultas y los adultos mayores. Lo senil no quita lo caliente y El amor en tiempos del PAMI son dos ejemplares de Rosa Rodriguez Cantero, autora de 73 años, que logra visibilizar el amor en la tercera edad y romper con el estereotipo del deseo sexual limitado a cuerpos jóvenes.
Simón (2019) es el tercer poemario Gaita Nihil, se trata de un registro en clave poética de una transición transmasculina atravesada por la militancia y el amor. “Habla de militancia, atravesado por mi transición, por el deporte, el amor, la política. Retoma a Simón Radowitzky, anarquista de principios del siglo pasado y a Maite Amaya, trava anarquista cordobesa que murió hace poquito, para poder repensar la anarquía, a la cual suscribo, y la diversidad sexogenérica. Es decir, traer discusiones actuales a las distintas ideologías políticas”, cuenta Nihil.
La igualdad ante la ley y la igualdad ante la vida
En 2012 se sancionó la Ley Nacional 26743 de Identidad de Género. A pesar de estar a la vanguardia en medidas vinculadas al género, en el último informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT se puede relevar cómo la violencia crece. Durante los primeros seis meses de 2020 se registraron 69 crímenes de odio.
Del total de las personas de la comunidad LGBT víctimas de estos delitos, el 78 por ciento de los casos corresponden a mujeres trans (travestis, transexuales y transgéneros), el 16 por ciento, a varones gays, lesbianas en tercer lugar con el 4 por ciento, y, por último, con el 2 por ciento, varones trans. Además, el informe pone de manifiesto que aún hoy la expectativa de vida del colectivo trans es de 35 a 40 años.
En septiembre pasado, a partir del DNU 721/2020 se estableció el cupo laboral del 1 por ciento “para las personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad”. Sin embargo, esta ley aún no fue reglamentada en todo el sector público y no parece suficiente según entienden los sectores militantes.
“A pesar de que es una medida necesaria para cambiar las vidas de nuestro colectivo en pos de sentirnos como cualquier otre ciudadane, las situaciones que atravesamos cotidianamente las personas no pueden solucionarse con el acceso al trabajo. Todos nuestros derechos se ven vulnerados o invisibilizados. Muchas veces, incluso habiendo realizado el cambio registral y poder tener el DNI con nuestro nombre y género autopercibido, seguimos figurando con nuestro nombre anterior en muchos registros privados y públicos. Es decir, una ley no cambia automáticamente nuestra realidad””, cuenta Gaita.
“Por un lado, esta ley todavía no fue reglamentada. Desde hace varios años que en distintas provincias se legaliza el cupo laboral travesti trans y eso no cambia los transfemicidios o hechos violentos a los que nos vemos sometides todos los días al intentar hacer un deporte, una expresión artística, poder estudiar, o poder caminar por la calle”, agrega.
El colectivo sufre violencia física y simbólica. A pesar de políticas que apuntan a una mejora en las condiciones materiales, hace un mes Tehuel Torres, el joven trans de 22 años que fue en busca de un trabajo, no aparece. ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde están las voces disidentes? ¿Dónde están los que escapan a las normas heteropatriarcales? Son todas preguntas con Puntos suspensivos.
“Lo que realmente va a cambiar nuestra existencia en el mundo es que existamos como sujetos de derechos en el imaginario social, que formemos parte de la construcción política, artística, epistémica, y no como sujetos marginales. La evidencia de que tenga que existir un “cupo trans” y no un “cupo cis” muestra la jerarquía en la que se ubican las identidades” sostiene Nihil.
“Todo es un asco”, sintetiza Ayelén Córdoba, una de las trabajadoras de la empresa de seguridad aeroportuaria Group of Private Security (GPS) que denuncia malas condiciones de higiene, infraestructura y seguridad dentro de los aeropuertos Jorge Newbery (Aeroparque metropolitano) y Ricardo Pistarini (Aeropuerto de Ezeiza). Señala que el hacinamiento en los compartimentos de descanso y los pocos elementos de limpieza que disponen dificultan el cumplimiento de los protocolos. Acusa a la compañía de persecución y maltrato a los empleados que buscan, a través de sus reclamos, mejorar sus condiciones de trabajo.
Entre otros problemas, cuenta, el vestuario no brinda suficiente protección contra los cambios de temperatura y las esquirlas que vuelan en las pistas. En el caso de “M”, una trabajadora de Aeroparque que prefirió mantener su nombre en secreto, comentó que algunos compañeros tienen problemas físicos a causa de la falta de indumentaria y elementos de seguridad.
Desde 2020, el plan de lucha incluye también a las condiciones de contratación y reclaman a Aerolíneas Argentinas que reconozca los años de servicio de los trabajadores de seguridad y que sean incluidos como personal permanente de la compañía.
Pasan los años pero el problema es el mismo
Los trabajadores de GPS señalan que a pesar de que diferentes empresas han prestado servicio tanto en Ezeiza como en Aeroparque, las problemáticas siguen siendo similares y el motivo de lucha es el mismo.
La situación de tercerización laboral de los trabajadores de GPS, los expone a la hora de hacer planteos ante la empresa. Cuentan que fueron víctimas de abusos laborales y salariales como modificaciones arbitrarias de horarios, traslados de los espacios de trabajo, quien se desempeñaba en Ezeiza era enviado al Aeroparque y viceversa, escasa protección en los espacios aéreos o la reducción del salario e incluso retraso en su pago y también del aguinaldo. “Nos mandaron a trabajar a Pistarini, sin tener en consideración lo difícil y a trasmano que es llegar y nos sancionaron igual si llegábamos tarde o si no teníamos transporte público”, declaró “O” una trabajadora del aeropuerto de Ezeiza que prefirió no dar su nombre para resguardar su trabajo.
Durante el 2020 y 2021, los trabajadores de GPS realizaron diferentes medidas de reclamo como asambleas, cortes de calles, manifestacionessobrelaautopistaRiccheri y Avenida 9 deJulio. A pesar de que algunos problemas fueron resueltos, los trabajadores siguen luchando por el acceso a planta permanente. “Hemos tenido varias reuniones pero el problema es el mismo”, declaró Luciano Corradi, delegado de los trabajadores de GPS. “Nos reunimos con las empresas implicadas y con el Ministerio de Trabajo, pero no hemos llegado a ningún lado. Ni GPS ni aerolíneas tienen disposición para negociar”, señaló Corradi.
Despedidos, recontratados y sancionados
En febrero de 2020, cuando todavía el gobierno nacional no había anunciado medidas de restricción, los trabajadores de GPS reclamaron a la compañía de seguridad que distribuyera los materiales de seguridad e higiene necesarios ante una eventual llegada del coronavirus al país. La empresa solo ofreció unos guantes de protección. Frente a esta postura, los trabajadores que se desempeñaban tanto en el Aeroparque metropolitano como en el de Ezeiza se unieron y formaron una comisión de seguridad e higiene, en donde redactaron un protocolo y adquirieron materiales de sanitización y de protección contra el coronavirus
El 25 de marzo de 2020, tras el anuncio de las restricciones por parte del Gobierno nacional y después de realizar una medida de fuerza, los trabajadores Ayelén Córdoba y Carlos Roa fueron despedidosdelacompañía. ”Luego de regresar de mis vacaciones a mitad de marzo, mis compañeros y yo decidimos no tomar posiciones para pedir elementos de seguridad e higiene. Una autoridad de la empresa nos dijo que esto era una psicosis y que no había tal pandemia. Un par de días después de la medida, pudimos obtener algunos elementos, pero a mi compañero (Roa) y a mí nos despidieron”, explica Córdoba.
A causa de este hecho, sus compañeros del aeropuerto de Ezeiza realizaron una campaña para la reincorporación de los trabajadores despedidos. La movida contó con el apoyo de referentes de los derechos humanos como Nora Cortiñas y sectores sindicales como los metrodelegados del subte y premetro. Tres semanas después, tanto Córdoba como Roa fueron reincorporados a la compañía, que también entregó materiales de protección e higiene.
Corradi considera que este tipo de acciones es un ataque al derecho a huelga de los trabajadores, amparado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. En 2021, luego de no recibir un aumento salarial durante el año anterior, acordaron un incrementol del 38% correspondiente al 2020. Después de este hecho, 200 empleados de GPS, distribuidos en Ezeiza y Aeroparque, fueron sancionados con apercibimientos de tres a cinco días por la huelga. Corradi señala que el castigo se debió a que las medidas de fuerza no contaron con el aval del sindicato oficial, Unión del Personal de Aeronavegación de Entes Privados (UPADEP). “Nosotros peleamos para que se respete el derecho a huelga de los trabajadores y que retrocedan con las suspensiones”, señaló Corradi.
Las falencias del protocolo
Los trabajadores de GPS, tanto del Aeropuerto de Ezeiza como del Aeroparque metropolitano, explican que los protocolos dictados por la compañía son de difícil cumplimiento. En primer lugar, consideran que los materiales de protección e higiene son insuficientes para la cantidad de trabajadores que poseen ambos espacios. En este caso, ante el déficit de material de limpieza e higiene, tuvieron que organizar torneos y rifas para poder financiar los productos de limpieza y seguridad faltante. En segundo lugar, consideran que la compañía demoró en armar un protocolo para evitar los contagios dentro de los espacios de trabajo. “Nosotros a finales de febrero sabíamos que iba a entrar el virus. Porque, seamos sinceros, ahora está instalado acá, pero el virus entró por los aeropuertos”, resume “M”, una trabajadora de Aeroparque que prefirió la confidencialidad. “Antes de trabajar con la llegada de los vuelos de repatriación, nosotros estudiamos de qué se trataba el virus por los pocos datos que había en internet y por otros contactos”.
”Desde el primer momento en que hubo un caso en Ezeiza, a la empresa le costó entender que no solo debe aislar al que dio positivo, sino también al contacto estrecho”, explicó una trabajadora de GPS. “Hasta que el Gobierno nacional dictaminó sobre cómo actuar en el caso de los contactos estrechos, nosotros debimos pelear mucho para que la compañía actuara”, señaló la empleada. Mientras que Corradi acusó a la empresa de restringir las medidas de aislamiento de los trabajadores debido a que no avisan cuando sus empleados resultan ser Covid positivo o contacto estrecho con un contagiado. Desde la empresa de seguridad GPS niegan que hubiera contagios de empleados originados dentro de la base: “Los contagios, en cualquier caso, ocurrieron por contacto estrecho por fuera del ámbito laboral”.
Los trabajadores de ambos aeropuertos coinciden en que las áreas de descanso y bases operativas no tienen las medidas necesarias para el cumplimiento del protocolo. Consideran que los espacios en cuestión son estrechos y de poca amplitud para agrupar a los trabajadores en sus momentos de descanso y que son un potencial foco de contagios en las bases aéreas. “Nosotros desde hace años reclamamos que nos den una nueva base operativa, somos muchos empleados y en el espacio actual, a pesar de que no entramos todos a la vez, estamos en condiciones de hacinamiento”, declaró Corradi. “El hacinamiento se siente dentro de la base, por eso debemos usar el aire acondicionado todo el día, a pesar de los charcos de agua que deja”, consideró “M”.
Luego de múltiples pedidos al Organismo Regulador del Sistema Nacional Aeropuertos, la empresa que está a cargo de la infraestructura de Aeropuertos Argentinos 2000 cedió un área del Aeroparque para extender la base operativa: “El aeropuerto nos cedió un espacio, pero nosotros necesitamos que inicien las refacciones y que inauguren ese espacio, porque no podemos estar así”, consideró Corradi.
”El lugar es un nido de cucarachas, además es muy cerrado”, detalla “M”.
Desde el otro lado
ANCCOM estableció comunicación con Aeropuertos Argentina 2000, empresa encargada de la administración de las centrales aéreas. En consulta sobre la provisión de elementos higiénicos, señalan que durante 2020 se incrementó la distribución de materiales sanitizantes en los baños tanto para empleados como para clientes. En relación a las obras de refacción de las bases consideran que todos los espacios fueron adecuados para mantener la seguridad de los trabajadores como de los clientes.
La agencia también se comunicó con Aerolíneas Argentinas, empresa a la que los trabajadores de GPS reclaman acceso a planta permanente. Desde la compañía aérea alegan que a causa de la caída de la capacidad operativa, no fue contratado, ni pasado a planta permanente ningún personal. Consideran que la disminución en la venta de pesajes y la reducción de su capacidad de vuelo a un 30% fue un condicionante para eventuales incorporaciones.
Por último, ANCCOM también diálogo con representantes de la empresa de seguridad GPS. En relación a la consulta sobre la creación del protocolo, desde la firma señalan que el reglamento fue desarrollado a partir de la consulta con un ingeniero en seguridad, contratado por la compañía, quien diagramó los lineamientos de acuerdo a los espacios, la distancia y los elementos necesarios. Estas normativas fueron las mismas tanto para Aeroparque como para Ezeiza debido a que los vuelos de repatriación tuvieron como destino las dos bases aéreas respectivamente. “Hemos decidido la formación de cuadrillas o grupos de pocas personas para que no se amontonen en las bases”, señaló el representante. También destacó que desde marzo del 2020 la empresa entrega de forma continua barbijos, alcohol y guantes y que son controlados por Aerolíneas Argentina, la Aseguradora de Riesgo Trabajo (ART) y por Aeropuertos Argentina 2000. En alusión al caso de las bases operativas, desde GPS alegan que se encuentran condicionados tanto para la extensión de los espacios como de la realización de obras por parte de Aeropuertos Argentinas 2000. “La base es un espacio que te otorga el aeropuerto. La empresa no puede extenderlo a gusto propio. De acuerdo a lo que te da Aeropuertos te tenés que manejar como podés”, señalan desde GPS.
Un pedido desesperado
A pesar de que la empresa de seguridad afirma que los contagios de los empleados de GPS se produjeron por fuera del espacio laboral, los empleados consideran lo contrario. Tanto los obreros de seguridad de Ezeiza y Aeroparque indican que durante las últimas semanas se incrementaron los contagios producto de las condiciones de hacinamiento en las bases operativas y piden a la empresa que condicionen los espacios y que se vacunen al personal esencial del aeropuerto. A pesar de que al aeropuerto llegan vacunas, “el personal no recibió una dosis”, destaco Corradi.
La asamblea socio ambiental “El Algarrobo” en el pueblo Andalgalá de Catamarca resiste el avance de la mega minería. Desde el 21 de marzo algunos pobladores se reúnen para impedir el paso de los trabajadores mineros en los caminos que conducen al río y evitar que se inicie el proyecto MARA. Actualmente once asambleístas se encuentran detenidos y todavía no están claros los motivos.
El proyecto es la unión de dos empresas mineras que ya realizaron diferentes extracciones en la provincia: “Bajo de la Alumbrera” y “Agua Rica” que decidieron comenzar el emprendimiento en las cuencas del río Andalgalá, fuente de agua de todo el pueblo.
La fusión minera no tiene permiso de iniciarse legalmente, a pesar de esto hubo distintos intentos para ingresar al cerro eludiendo el bloqueo de los asambleístas que denuncian haber sido investigados y hostigados por la policía. Por este motivo solicitaron un habeas corpus temiendo una represión como la que ocurrió en 2010, pero fue negado. A partir de este momento la violencia comenzó a escalar.
Algunos asambleístas fueron atropellados el 30 de marzo por un auto que conducía un trabajador de la minería, hecho que nunca fue investigado. A pesar de mantener los bloqueos selectivos en los caminos al río, una máquina perforadora ingresó por la entrada a otro pueblo. El intendente manifestó, en medios locales, no tener conocimiento de estos hechos y estar tan sorprendido como todos los pobladores.
Mientras el 10 de abril se realizaba la Caminata por la Vida en contra de la minería, los cantos y pintadas fueron acompañadas por el incendio de las oficinas de Agua Rica y la destrucción de la sede del Frente para la Victoria. Por este hecho siete asambleístas fueron detenidos. En los días siguientes se produjeron violentos allanamientos y la detención otras cuatro personas.
Los asambleístas niegan haber participado en la destrucción y resaltan que siguen siendo perseguidos por autos sin patentes, policías uniformados que los filman y de ser los únicos investigados en este contexto. Mientras tanto, las máquinas ya comenzaron a trabajar en el cerro.
Juan Martearene, integrante de Asamblea el Algarrobo, explica: “Nos ponen muchas etiquetas que somos ambientalistas, antimineros, antidesarrollo, pero somos personas comunes”. Desde hace años, Martearene se dedica a producir membrillo y nueces en su finca, tiene 35 años y estudia profesorado de geografía. En el pueblo no reciben ayuda del Gobierno ante los reclamos. Para Juan se trata de una nueva forma de colonización en Latinoamérica: “Todos los gobiernos hasta el día de hoy son cómplices de la entrega de nuestro territorio”, sentencia.
El extractivismo se fue intensificando en la región desde el menemismo y, al mismo tiempo, la producción regional, que dependía de la ganadería, agricultura y el turismo fue perdiendo fuerza. “Hoy, después de años de explotación, Catamarca es una de las provincias más pobres del país”, expresa.
Uno de los discursos más difundidos sobre la industria minera es que lleva aparejada el desarrollo. Luego de la destrucción de las economías regionales y del medioambiente en nombre del progreso Juan Martearene destaca que esto no es así: “ofrecieron seis mil puestos de trabajo, pero es una mentira. Ya tenemos el ejemplo de Alumbrera que cuando abrieron en 1997 ofrecieron cinco mil puestos de trabajo y el total de andalgalenses que trabajaron allí no alcanzó a ser de 100 personas”.
Al respecto Favio Casarín, abogado y geólogo especializado en el ámbito de la minería, señala: “hay que buscar puntos de equilibrio para que sea una actividad controlada y bien hecha por una sencilla razón, el país necesita la minería”. Asegura que Argentina precisa, para su desarrollo, industrializarse y dejar de ser únicamente proveedor de materia prima. “Si queremos tener una industria que fabrique automóviles, instrumentos quirúrgicos o una construcción avanzada, necesitamos minerales. Y si nosotros los tenemos, pero no los producimos vamos a tener que salir a comprarlos”.
En ese sentido, se refirió al caso concreto de Andalgalá: “este es un proyecto para extraer cobre, hoy un auto común necesita siete kilos”. Asimismo, señaló que los vehículos eléctricos van a servir para tener una energía más limpia con las baterías de litio. “Nosotros tenemos litio y cobre en el noroeste argentino, un auto eléctrico además de litio va a necesitar 70 kilos de cobre, con lo cual necesitamos producir eso, es así”.
Asamblea El Algarrobo de Catamarca
A pesar de esto, América Latina continúa siendo exportadora de metales. Mientras en el territorio argentino se genera contaminación y se explotan los recursos naturales, es en el resto del mundo donde se transforman los productos. Tanto las empresas mineras como el propio Estado Nacional buscan implementar un “Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino” donde, a través de slogans como “minería sostenible”, se asocia esta industria con la idea de sustentabilidad y responsabilidad ambiental. Pero ¿realmente es posible una minería sostenible?
Científicos/as e investigadores/as de UNSAM, el CONICET, la UBA, y la Universidad de Cuyo, plantean que esto no sería posible, en un documento firmado por 816 académicos que se oponen a la megaminería: “A diferencia de la minería tradicional, esta se encuentra prohibida en muchos lugares del mundo por sus ya comprobados irreversibles efectos socio-ambientales, debido al uso de químicos tóxicos como el cianuro”.
Sobre esta cuestión José Martiriare explica que los minerales solían encontrarse en las vetas de las montañas, pero ahora se encuentran diseminados. Por eso no hay manera de que se lleve a cabo la extracción si no es a través de la minería a cielo abierto.
En cuanto a la emisión de consignas como “buena minería” o “minería sustentable”, Favio Casarin argumenta que prefiere alejarse de la utilización de esos términos ya que “la minería que no es sustentable no es una minería legal”. Esto lo asegura dado que los proyectos antes de iniciarse deben ser aprobados por las autoridades y recibir una Declaración de Impacto Ambiental que los compromete a remediar cualquier daño que llegue a ocurrir. “Si se da un corrimiento de lo asentado allí, quedará fuera de la ley y estará sujeto a sanciones que la misma ley prevé”, señala.
Sin embargo, los problemas ambientales enumerados en esa zona son varios: el principal, la contaminación del río que es la fuente de agua del pueblo, en una zona que se encuentra en emergencia hídrica. Los asambleístas también destacan que es un área de glaciares y ambiente peri glaciar, que son bienes públicos resguardados por la Ley de protección de glaciares y que pueden llegar a destruirse. A esto se suma que la actividad requiere un uso desmedido de agua que ronda los 20 mil litros diarios, sumado al uso de explosivos que dejan restos en el aire y a causa del viento llegan rápidamente hasta donde vive la población.
La lucha histórica que viene disputando la comunidad contra la empresa minera y el Estado tiene larga data en el ámbito jurídico. En 2016 el reclamo de los vecinos andalgalenses se trató en la Corte Suprema de la Nación y fue validado por la misma, ya que aquella instancia judicial echó luz sobre las irregularidades de la aprobación del proyecto MARA con el Fallo Martínez.
En 2008 el Informe de Impacto Ambiental de la Mina Agua Rica fue llevado a cabo por la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Este informe es un requisito obligatorio y concluyó múltiples falencias por parte del proyecto, ya que se observó: riesgo de avalanchas o derrumbes posibles de afectar la ciudad de Andalgalá; avance progresivo de la pluma de contaminación hacia niveles de agua subterráneos con contaminación irremediable; y se declaró que la ejecución del proyecto producirá afectación del aire, ruidos y vibraciones en el área durante 25 o 30 años.
Esta serie de observaciones que deberían haber sido el fundamento de la modificación del proyecto o bien de su repliegue, simplemente no fueron tenidas en cuenta. La Secretaría de Minería de la provincia de Catamarca aprobó el Informe, de modo que dio luz verde a la empresa minera para que avanzara.
Tras estas evidencias el Concejo Deliberante de Andalgalá dictó una Ordenanza Municipal que prohibía la explotación minera en cualquiera de sus formas en la cuenca del río Andalgalá. Para reanudar el proyecto la empresa minera y la Provincia de Catamarca iniciaron dos causas que alegaban la inconstitucionalidad de dicha Ordenanza. Por un lado, la Provincia sostuvo que estaban vulnerando su derecho a la propiedad de los recursos naturales que establece la Constitución Nacional. Mientras que la empresa minera alegó que una ordenanza está por debajo del Código de Minería, que establece a la industria como actividad lícita.
El caso llegó hasta la Corte de Catamarca. Según explica la abogada de “Asamblea el Algarrobo” Mariana Katz, lo que solicitaban los vecinos no es solamente que la Ordenanza Municipal se declare constitucional, sino que se declare la “convencionalidad”. Esto significa que los Estados deben avanzar respetando los derechos humanos, de acuerdo a los Tratados Internacionales.
Bajo la consigna “el agua vale más que el oro” varios vecinos continúan hoy exigiendo que se escuche su opinión y se niegan a otorgar la licencia social. Sin embargo, el reclamo nuevamente fue desestimado y en diciembre del año pasado la Corte de Catamarca falló a favor de la empresa minera Agua Rica y declaró “inconstitucional” la Ordenanza Municipal que prohíbe la megaminería.
Actualmente, con un recurso extraordinario federal presentado por la Asamblea, la lucha continúa. “La Ordenanza sigue vigente hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dicte una sentencia”, dice Katz. Por este motivo, los vecinos que se encuentran bloqueando el paso en los caminos mineros tienen su fundamentación legítima: la minería aún está prohibida y atravesando un largo proceso judicial. Al día de hoy se encuentran detenidas 11 personas sin justa causa y se exige la libertad inmediata para: Walter Mansilla, Aldo Flores, Enzo Brizuela, Sara Fernández, Matías Paz, Augusto Brizuela, Damian Abel, Ailen Saracho Diamante, Jorge Ramos, Eduardo Villagra y Oscar Martearene.
La discusión acerca de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) resurgió estos días, a partir de un encuentro en la Casa Rosada entre el presidente del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo; Jorge Macri, intendente de Vicente López y el oficialismo, donde se presentó un programa de infraestructura para Buenos Aires. Hasta el momento son cinco las provincias que, por distintos motivos, tendrán calendario electoral propio: Corrientes, Jujuy, Misiones, Salta y Santiago del Estero.
Según un informe elaborado por el Instituto por la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA, por sus siglas en inglés) sobre la realización de elecciones durante la pandemia, en el período que abarca febrero 2020 – marzo 2021, hay 88 casos en los que se mantuvo la fecha y 41 en los que se pospuso. En nuestro país, la modificación de cualquier plazo incluye cambios en el resto del cronograma electoral, por lo que la presentación de listas y candidatos y el inicio de la campaña también se verían alteradas.
El 16 de marzo la Cámara Nacional Electoral publicó el calendario, de acuerdo a las fechas que se establecen en el Código Electoral y la Ley 26.571, conocida como Ley PASO. Allí se establece que las Primarias serán el segundo domingo de agosto, es decir el 8, y las Generales el cuarto domingo de octubre, en este caso el 24. Para cualquier modificación es necesario consenso político ya que las leyes electorales se aprueban con mayoría calificada (la mitad más uno) en cada cámara. Por esa razón el jueves 8 de abril, aunque de manera informal, se reunieron representantes del Frente De Todos y Juntos por el Cambio en el Congreso de la Nación. La idea es sumar al resto de los bloques.
Danza de proyectos
El primer espacio en presentar su iniciativa fue el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, liderado por el mendocino José Luis Ramón. El 26 de octubre propuso un “suspender las PASO y reasignar los fondos al fomento de la actividad productiva de las pequeñas y medianas empresas”, describió en diálogo con ANCCOM. Ramón aclara que el proyecto está sujeto a un “informe del Ministerio de Salud sobre el estado de la pandemia” ya que “no es momento de resolver problemas de fondo”.
En diciembre se presentaron otros dos. Pablo Yedlin, diputado nacional del Frente De Todos, considera que suspender las PASO por única vez sería “un gesto político”. El proyecto, que lleva la firma de varios legisladores oficialistas, surgió del “consenso de varios gobernadores del norte del país”. El segundo estuvo a cargo de Carla Carrizo, diputada por la Unión Cívica Radical, por el contrario, prohíbe su suspensión por considerarlas “parte integrante del proceso y sistema electoral”. A su vez, propone reducir los plazos entre las PASO y las Generales, trasladando a las primeras un mes hacia adelante.
La búsqueda de consensos
Con un comunicado conjunto a principios de abril, Juntos por el Cambio sentó su postura en contra de la modificación de cuestiones electorales por considerarlo “inoportuno”, a pesar de que, durante el gobierno de Mauricio Macri, en más de una vez esa fuerza política expresó el excesivo gasto que implican las PASO. De todas maneras, dejó la puerta abierta a una negociación si la propuesta “significa una mejora estructural”. Esa será la puja entre las dos principales coaliciones políticas durante estas semanas. Hay acuerdo para avanzar en una comisión parlamentaria de seguimiento de la pandemia que incluya a varios actores de la sociedad.
Atrás parecen haber quedado la opción de suspenderlas, respaldada por gobernadores norteños y por el presidente Alberto Fernández, y la intención de realizarlas el mismo día que las Generales, comentada por Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados. La cuestión es acordar la postergación. El borrador, que no tiene carácter de proyecto de ley aún, presentado por el ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro, propone llevar las Primarias al 12 de septiembre y las Generales al 14 de noviembre. “Tomamos como base el proyecto de la diputada Carrizo”, aseguró Cecilia Moreau, vicepresidenta del bloque oficialista en la Cámara Baja, y aclaró que: “tener un mes más para vacunar, es muchísimo”.
Cristián Ritondo, de Juntos por el Cambio cuenta, en diálogo con ANCCOM que, a la reunión del 8 de abril, su fuerza llevó tres propuestas: “Boleta Única de Papel, la vuelta del voto postal para argentinos en el exterior y que efectivos de las Fuerzas Armadas, el día de los comicios estén en funciones puedan sufragar en la mesa más cercana”.
De Pedro remarcó que esto es una “cuestión excepcional” y que “las modificaciones y reformas más profundas deben ser discutidas fuera de este calendario”, por lo que las primeras dos cuestiones fueron rechazadas. “Sobre la tercera van a buscar un sistema para dar la posibilidad”, completó Ritondo. Si bien aseguran que se va a seguir negociando y que se trasladará el borrador a su Mesa Nacional conjunta, Juan Manuel López, presidente del bloque de la Coalición Cívica, aclaró que “este es el momento para cambiar la ley por los plazos que establece el cronograma electoral”.
En el Senado, la situación está más encaminada por la mayoría propia del Frente De Todos y por la postura de la primera minoría. Humberto Schiavoni, presidente del bloque del PRO, considera que es “muy grave desde el punto de vista institucional modificar las reglas del juego de la democracia”. En línea con el comunicado de su partido, afirma que no considerarán “cuestiones coyunturales en función de intereses oportunistas”. Schiavoni, senador por Misiones, criticó el accionar de los oficialismos provinciales que desdoblaron el calendario, ya que demuestra “una cuestión de cálculo electoral” y agregó: “Si llegamos a agosto sin tener inmunizada a la población de riesgo, las PASO van a ser un problema menor”. Por su parte, Anabel Fernández Sagasti, vicepresidenta del bloque oficialista, pidió a la oposición “tener en claro que no es una cuestión partidaria, sino sanitaria”, ya que en agosto “históricamente suceden los picos de las enfermedades respiratorias”, y espera que haya consensos.
El resto de los bloques
Por el lado del interbloque representado por José Luis Ramón mencionan que van a estar a favor de cualquier iniciativa “que cuide la vida y la salud” y en contra de la “especulación política”. En el interbloque Federal se notan las disidencias internas. El bloque Consenso Federal, encabezado por Alejandro Rodríguez, insiste en implementar la Boleta Única de Papel para la votación de cargos electivos nacionales por creer que “ayuda a minimizar la exposición al Covid-19” al reducir “una gran cantidad de acciones propias del proceso electoral”.
Enrique Estévez, del bloque Socialista, agregó que la “dicotomía entre elecciones y vacunas es falsa”, ya que si se quiere ahorrar “debería implementarse este tipo de boleta”. Estévez consideró que el Gobierno “debería convocar a todos los partidos políticos para analizar las fechas”, pero que no están de acuerdo “bajo ningún punto de vista” en suspenderlas. Esa línea coincide con la postura de Luis Contigiani, del Frente Progresista Cívico y Social, pero los otros dos espacios del interbloque sí se mostraron a favor de la suspensión. “Más allá de que históricamente estuvimos en contra, no podemos estar hablándole a la gente de elecciones en mayo”, declaró Carlos Gutiérrez, uno de los hombres de Córdoba Federal, que responde al armado del gobernador Juan Schiaretti. Al mismo tiempo, Andrés Zottos, del Justicialismo, expresó que “exponer al pueblo a votar dos veces en esta situación de pandemia es riesgoso, sumado a lo que se gasta”. El diputado nacional por Salta planteó que con el dinero podrían “comprarse vacunas o insumos para hospitales”.
Por último, en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores también hay disidencias, si bien coinciden en catalogar a las PASO como un “piso proscriptivo”. Juan Carlos Giordano, de Izquierda Socialista, considera que se tendrían que eliminar porque “postergar un mes no cambia nada” y repudió que “el gobierno y la oposición estén especulando electoralmente”. Por su parte, Nicolás del Caño, del Partido de los Trabajadores Socialistas, señaló que la suspensión es un “planteo de los oficialismos a nivel nacional, y provincial de la oposición como Jujuy y Corrientes”. Sobre su postura, afirmó: “No se pueden cambiar las reglas de juego el mismo año electoral, pero sí podríamos considerar la postergación por un mes”. Además, pidió que más adelante haya una “discusión global” sobre el tema.
El oficialismo, encabezado por “Wado” de Pedro y Sergio Massa, deberá negociar con todas las partes involucradas contrarreloj, mientras avanza el plan de vacunación. La Acordada Extraordinaria N°20 de la Cámara Nacional Electoral, que publicó el calendario electoral, estableció que el 10 de mayo sea la fecha límite para que el Poder Ejecutivo Nacional convoque a las PASO.
La inflación es un tema recurrente en la vida cotidiana de los argentinos. Ya casi esta naturalizado el aumento en las góndolas y en los servicios públicos. Hasta genera sorpresa cuando el valor de algún producto se mantiene. Y ni que hablar cuando se encuentran ofertas.
Pero ¿por qué pasa esto? ¿A qué responde la inflación?
Según el docente y economista Horacio Rovelli, “la inflación en Argentina tiene que ver con el tipo de cambio. Nosotros vendemos alimentos sobre el valor del dólar, que es nuestro tipo de cambio por excelencia. Entonces sube el dólar y suben automáticamente los precios. Hay una correlación muy fuerte entre la devaluación y la inflación. Entonces para que la gente pueda consumir esos alimentos que cotizan a valor dólar, les tienen que aumentar los salarios. El problema es que los salarios no aumentan. Aumenta el dólar y aumenta el precio de los alimentos.”
Por su parte, la economista e integrante del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, Lorena Putero, explica que “la inflación argentina es un problema histórico y tiene diferentes situaciones en cada momento. Es un fenómeno inercial producto del propio crecimiento inflacionario. Macri hizo que la inflación estallara a partir del aumento desproporcionado de los servicios públicos. Estos impactan directamente en todas las producciones, por lo cual esa transformación impactó rápidamente en la inflación. Además liberó el dólar y muchísimos de los insumos que usamos en nuestras producciones son dolarizados. Estas dos cuestiones hicieron estallar la inflación”.
En este sentido, el economista y ex legislador Martin Hourest, plantea que hay que dejar de ponerle nombre y apellido a la inflación, ya que no es cosa de un solo gobierno. “La Argentina tiene un régimen de inflación alta sostenida en el tiempo. La inflación es una enfermedad multicausal que tiene que ver con un proceso muy alto de oligopolización de los mercados, con la tendencia de la sociedad a refugiarse en el dólar; con una lógica de recuperación de ingresos por vía de los precios. Y finalmente también tiene que ver, con una lógica de funcionamiento social que hace que la inflación nunca termine de derrotar a los de abajo. Es decir, destroza a los sectores formales y no formales pero nunca termina de liquidarlos del todo. Se da un proceso de desbalance estructural de la distribución del ingreso y nunca se vuelve a la situación anterior. ”
Respecto a esto último, Putero agrega que “los sectores populares son los más afectados con la inflación. Una persona que vive de changas compra la comida de la semana, por lo cual su ingreso sufre el impacto de esa semana. Pero la semana siguiente, pueden estar más caras las cosas y esa persona sigue teniendo el mismo ingreso. En cambio quienes tienen un mejor ingreso, pueden reducir ese impacto comprando más, ahorrando en determinadas monedas. O sea, cuanto menos ingresos tenés más fuerte es el impacto inflacionario”.
Ante este problema estructural y profundo, surgen los interrogantes respecto a si existe o no una solución y sobre las políticas que podrían llevarse a cabo en relación a ello.
Entre las posibles medidas que se podrían tomar, Rovelli cree necesario “aumentar las retenciones. Hay que acotar los precios internos respecto a los externos. Se venden granos de trigo porque el precio internacional es alto, entonces hay que retener un 35% acá. Del 12% actual hay que elevar las retenciones al 35% o 40%. Es decir, hay que imponer derechos a la exportación. Por otra parte, se debe declarar la emergencia cambiara, no se puede dejar que ellos manejen los ingresos como quieran. Y por último, hay que recuperar resortes que son del Estado y que no es un tema menor. Por ejemplo, este mes vence la concesión sobre la planta de la hidrovía Paraná y es un buen momento para que el Estado recupere el control respecto a lo que entra y sale de un río que es nuestro”.
Por su parte, Hourest explica que en materia de política de pequeña magnitud el Estado está haciendo algunas cosas pero, “lo que a mi juicio le falta al gobierno es que no tiene una estratégica económica consistente. Para poner en marcha a la Argentina hay que ponerse a discutir muchas cosas, como qué va a pasar con el comercio exterior o con el sistema financiero. La Argentina se hace con los argentinos, con los capitalistas argentinos y con los capitalistas transnacionales que están en el país. Sin un plan estratégico de desarrollo desde el cual discutir, se termina negociando en infinidad de mesas sectoriales los intereses de los capitales; y si el Estado no tiene una planificación de mediano plazo donde integre a ese y otros sectores para confrontar, termina discutiendo los intereses de ellos, en más o en menos, pero siempre los de esos sectores y nunca los del Estado”.
En la misma línea el economista Juan Valerdi dice que “los precios máximos y Precios Cuidados pueden ser un camino a corto plazo para saldar una situación temporal. Pero no puede ser la política de lucha contra la inflación. La Argentina nunca se tomó la molestia seria de ir contra los intereses de los formadores de precios. No hay una política de combate a los abusos de los monopolios y oligopolios, principalmente los de alimentos y bebidas. Hay que articular todos los organismos del Estado que tienen derecho a incidir en los números de las empresas y así puedan evaluar cómo se forman los precios de los alimentos, qué tanto hay de verdadero y de falso en los costos que tienen esas empresas tanto de alimentos como de servicios públicos”.
El presupuesto para el año 2021 presentado por el ejecutivo nacional plantea un porcentaje de inflación anual del 29% cifra que, según el relevamiento de expectativas de mercado (REM) del Banco Central, sería superada ampliamente. Según este informe se espera un 50% de suba total de precios para este año.
En este sentido, Valerdi explica que “para el 4% mensual, que es lo que venimos teniendo, la proyección anual sería de un 60%. O sea, para poder cumplir con la proyección del gobierno, tendríamos que tener varios meses por debajo del 1% y eso no va a ocurrir. Porque además la inflación tiene inercias y lo que se está mirando es la inflación en los precios al consumidor”. Y agrega: “Si además, le sumas la inflación producida por liberar las tarifas de los servicios públicos privatizados, que para el gobierno representa un 7% pero en realidad aumenta un 30 o 40%, eso es imposible”.
Puntos Suspensivos es una editorial independiente que nació en 2015 con el propósito de crear un espacio de comunicación orientado a personas del colectivo LGBTIQ+. El proyecto, siempre autogestionado bajo la dirección atenta de Gaita Nihil, abrió un espacio hasta entonces velado en los estantes de las librerías que suelen privilegiar los gustos del mercado masivo.
