May 7, 2021 | Novedades, Vidas políticas
La Ley de Solidaridad Sostenible, como llamó el Gobierno eufemísticamente a la reforma tributaria, fue presentada en el Congreso el pasado 15 de abril con el objetivo de mitigar la crisis económica causada por la pandemia que provocó una caída del 6,8 por ciento del PBI en 2020. Entre los artículos más polémicos se encontraban la aplicación del IVA del 19 por ciento a los servicios públicos para las clases medias y altas, y la ampliación progresiva de la base gravable del impuesto de renta para pensionados, según el salario. Estas medidas, para los analistas, provocarían una suba indirecta de los alimentos y afectarían principalmente a la clase media.
La sociedad salió a las calles a mostrar su descontento. Ante la presión ciudadana, el Gobierno decidió quitar del Parlamento la reforma fiscal y el Ministro de Hacienda, impulsor de la ley, tuvo que dimitir. A pesar de estas decisiones, el Ejecutivo no logró calmar los ánimos de la población y las movilizaciones siguieron. El accionar represivo de la fuerza pública y la ira de los manifestantes han provocado un recrudecimiento de la violencia.
Según la periodista Rosalba Alarcón, directora de AlCarajo.org y de la Corporación Puentes de Paz – Voces para la Vida, se trata de una continuidad del estallido social que se vivió en la región durante noviembre de 2019 y que a causa de la pandemia tuvo una pausa hasta reanudarse en el mismo mes de 2020. Señala, además, que “las movilizaciones no son fortuitas y se dan en un contexto de consecutivas violaciones de derechos humanos, laborales y de precariedad del sistema de salud”.
Hacia fines de 2019, distintas organizaciones sociales que integran el Comité Nacional del Paro, entre las que se encuentran movimientos estudiantiles, campesinos, indígenas, de mujeres, la comunidad LGBTIQ y sindicatos, convocaron a movilizarse y posteriormente se estableció una mesa de diálogo en la que presentaron un pliego de peticiones al Gobierno. Exigían garantías para el ejercicio de la protesta social, derechos económicos y sociales: educación, salud y trabajo, políticas para el cuidado del medio ambiente y la implementación de los acuerdos de paz. Pero vieron incumplidas sus peticiones y decidieron manifestarse de nuevo en noviembre de 2020, a pesar de las restricciones por la emergencia sanitaria.
El debate por la reforma tributaria convocó otra vez a los manifestantes por tercer año consecutivo con nuevas exigencias para paliar la actual crisis económica y social que tiene al 42.5 por ciento de la población sumergida en la pobreza. Entre las demandas destacan una renta básica de un salario mínimo para los hogares –hoy reciben del Estado menos de la tercera parte–, matrícula cero para los estudiantes de universidades públicas en un país en donde la educación es arancelada, y la eliminación de una reforma a la salud que el Gobierno todavía no hace oficial.
Para Diana Guzmán, doctora en Derecho de Stanford University, profesora asociada en la Universidad Nacional de Colombia y subdirectora del centro de estudios jurídicos y sociales Dejusticia, lo que se está viviendo en Colombia no responde a una única causa ni una única lógica: “Es una convergencia de distintas agendas de reivindicación social que se conectan con demandas históricas frente al Estado y también reflejan un profundo descontento frente al Gobierno actual, tanto por la forma como respondió a la pandemia, como por la falta de implementación adecuada de los acuerdos de paz”.
El malestar social se ha desatado debido al incremento de la acción violenta del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) contra los manifestantes, por eso las organizaciones han solicitado una reforma policial. En Colombia, a diferencia de otros países de la región, la policía forma parte del Ministerio de Defensa, esto conlleva a que la institución esté atravesada por una lógica militar y que a su vez sus delitos sean investigados por la justicia militar sin control civil. Según cifras de la ONG Temblores y la Defensoría del Pueblo, dependiente del Estado, durante las movilizaciones de los últimos días se han recabado casi dos mil casos de violencia física y sexual por parte de la fuerza pública, con 37 muertos, 87 desaparecidos y casi mil detenidos arbitrariamente. Además, por orden del Gobierno, las fuerzas militares se han desplegado en todo el territorio nacional para reprimir a los manifestantes. Incluso las denuncias llamaron la atención de organismos internacionales como la ONU y la Unión Europea, que expresaron su preocupación por el uso excesivo de la fuerza.
Guzmán explica que la policía responde a una serie de patrones que en septiembre de 2020 la Corte Suprema de Justicia había dejado expuestos tras la muerte de Dylan Cruz, un joven asesinado por las fuerzas de seguridad durante las marchas de 2019, a saber: la intervención sistemática, violenta y arbitraria en las manifestaciones, la estigmatización, el uso de armas letales y las detenciones arbitrarias.
“Las fuerzas policiales están cada vez más armadas, cada vez menos preparadas para lidiar con asuntos de convivencia y más para lidiar con asuntos de seguridad, y eso genera mayor predisposición al uso de la violencia. Incluso al interior de la institución hay resistencias frente a lo que significan derechos humanos y libertades, porque casi que asumen tales discursos como de izquierda o de guerrillas”, asegura Guzmán.
Para Rosalba Alarcón, la fuerza pública provoca los hechos de violencia mientras el pueblo se moviliza pacíficamente. Ambas, Alarcón y Guzmán, coinciden en que los grandes medios y líderes políticos reproducen discursos estigmatizantes acusando a los manifestantes de estar nucleados a través de organizaciones al margen de la ley, lo cual origina riesgos para quienes salen a la calle. “La narrativa estigmatizadora funcionó muy bien cuando el conflicto armado estaba activo porque era mucho más fácil quitarle apoyos sociales diciendo que era simplemente una expresión de la guerrilla”, asevera Guzmán.
Alarcón afirma que el país ha dejado el miedo atrás y quiere apostar a un cambio ante la resistencia del Ejecutivo: “El presidente Iván Duque no quiere reconocer que el sistema de democracia representativa ya cambió en Colombia, ahora se está movilizando una democracia participativa y protagónica, como él se resiste a ese cambio, está reprimiendo al pueblo”.
Y si bien en este momento hay distintas fuerzas llamando al diálogo y a la reconciliación para frenar la violencia, Guzmán destaca que el descontento social ha ido escalando debido a la represión policial y sostiene que mientras haya represión “no existe una salida clara, sino un aumento de las razones por las cuales protestar”.
May 6, 2021 | Comunidad, Novedades
Según una encuesta publicada por la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el 45% del alumnado abandonó en 2020 alguna o varias materias debido a factores anímicos. Asimismo, un 35% señaló no haber contado con condiciones anímicas adecuadas para seguir los estudios. La evaluación, que indagó sobre la situación de cursada durante el segundo cuatrimestre, repitió resultados similares a los que arrojó la encuesta del primer cuatrimestre. ¿Qué pasa con la salud mental de la juventud en pandemia?
El grupo etario que corresponde a la categoría “joven” se ubica entre los 18 y 29 años, según los criterios sociológicos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y UNICEF. Hablamos de personas que finalizaron sus estudios secundarios y se encuentran formándose en educación superior y/o trabajando. En Argentina, el 49.2% de jóvenes en aglomeraciones urbanas es pobre, según INDEC. Un informe reciente sobre los efectos de la pandemia en los empleos, la educación, los derechos y el bienestar mental de los jóvenes concluye en varios puntos que resultan alarmantes: por un lado, la pandemia habría exacerbado la desigualdad económica, lo que repercute sobre la dificultad para conseguir empleos decentes. Al mismo tiempo, la interrupción de la educación y formación habría reducido el potencial productivo.
Un 27% de los jóvenes entrevistados por UNICEF siente más ansiedad de la que manejaba antes de la pandemia.
En este panorama, si bien el impacto de la covid-19 en la salud física de la juventud parece ser menor que para las generaciones mayores, la primera es más vulnerable a las repercusiones económicas, sociales y culturales que la pandemia está dejando. La encuesta de la OIT revela que los jóvenes perciben una reducción en los ingresos por disminución de horas trabajadas. Asimismo, la brecha se expande según género: las mujeres suman horas de trabajo doméstico al quedar a cargo de hijos, hijas o familiares menores que continúan el aprendizaje de manera virtual en sus hogares.
Otra intersección a contemplar es la regional: la transición a los estudios en línea y a distancia, parece estar más generalizada entre los jóvenes que viven en países de ingresos altos, lo que pone de relieve las grandes brechas digitales según la ubicación periférica o central del país en el que se reside.
Salud mental y crisis
Un sondeo de UNICEF sobre jóvenes y salud mental en Latinoamérica y el Caribe reportó que casi uno de cada dos de los entrevistados tiene menos motivación para realizar las actividades que normalmente disfrutaba. Además, un 27% identifica más ansiedad de la que manejaba antes de la pandemia. Sobre este tema, Florencia Zara, psicóloga y terapeuta cognitivo-conductual, asegura que la pandemia disparó estados de ansiedad al crear nuevos estresores: estímulos que generan estrés e inciden sobre la calidad de vida.
La encuesta de UNICEF señala que el 73% de los jóvenes sintió la necesidad de pedir ayuda para su bienestar físico y mental
Entre las consultas que recibe de pacientes en la franja etaria en cuestión, el miedo a contagiar a familiares resulta un tema frecuente. La tristeza, el aburrimiento y la sensación de soledad son otras de las emociones habituales. Asimismo, identifica la frustración, debido a la imposibilidad de realizar actividades de la manera habitual, y la impotencia, por la situación que escapa al control individual, como otras inquietudes que suelen aparecer.
Según la especialista, la pandemia y las medidas de aislamiento supusieron una transformación en las rutinas de los jóvenes que incide directamente sobre la salud emocional. Normalmente, los ciclos del día se orientan según los horarios determinados de trabajo y/o estudios. Con la virtualidad y el teletrabajo, las actividades habituales se vieron afectadas según los nuevos ritmos y problemáticas domésticas. Otras consecuencias que acarrea esta alteración son trastornos del sueño, como insomnio, y de la alimentación. Una investigación de la Universidad del Siglo XXI identificó recientemente que 7 de cada 10 argentinos tienen dificultades medias-elevadas para conciliar el sueño antes de dormir.
La encuesta de UNICEF también expuso que el 73% de los jóvenes sintió la necesidad de pedir ayuda en relación con su bienestar físico y mental pero que, pese a lo anterior, el 40% no solicitó asistencia profesional. Zara afirma que existen varias causas que podrían explicar este desfasaje: por un lado, las creencias que se tienen acerca de la terapia. En el sentido común aún persisten dudas sobre lo que se puede lograr en un proceso terapéutico, cómo se lleva a cabo, desconocimiento acerca de los distintos tipos de terapias que existen y la evidencia científica sobre ello.
El factor económico también resulta determinante para el acceso al sistema de salud, debido al costo de los tratamientos. Una tercera causa es la subestimación de las propias emociones. En palabras de la terapeuta: “Muchas veces las personas minimizan lo que les pasa, creen que no es para tanto, que ya se les va a pasar, que eso no es suficiente para iniciar un tratamiento. La realidad es que si algo interfiere tu calidad de vida, te genera malestar, es lo suficientemente importante como para poder hacer la consulta y evaluar qué tratamiento es el adecuado”.
Cuidar las emociones
Al comienzo de la pandemia, la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires elaboró una guía de recomendaciones psicológicas para afrontar la crisis por la covid-19. En caso de necesitar ayuda, lo importante es poder consultar con un profesional idóneo, que realice un adecuado diagnóstico y evalúe qué tratamiento es necesario para la problemática que esté padeciendo la persona. Zara asegura: “Existen distintas herramientas que uno puede obtener en el espacio terapéutico para poder transitar las inquietudes inherentes a la pandemia de una mejor manera. Sobre todo, para que interfieran lo menos posible en el día a día”.
La encuesta de la OIT revela que los jóvenes perciben una reducción en los ingresos por disminución de horas trabajadas.
Dentro de lo que podemos hacer, resulta clave tener establecida una rutina. Si bien con la pandemia las rutinas se tuvieron que flexibilizar, cambiar o adaptar, es importante mantener un ritmo. Por ejemplo: establecer ciertos horarios para dormir, para comer, para realizar ejercicio, para distraerse. Asimismo, acotar el consumo de noticias a una franja horaria fija para evitar sobreexponerse a información que pueda despertar más ansiedad. Aunque parezcan cosas pequeñas, cambiarse el pijama y lavarse los dientes son actividades que ayudan a mantener organizado el ciclo del día en aquellos que aún no retomaron sus actividades presenciales.
A nivel afectivo, se recomienda tener una red de contención emocional con familiares y amigos al menos virtualmente. También es importante poder etiquetar la emoción por la cual se está atravesando: ¿enojo? ¿tristeza? ¿impotencia? Reconocer las propias emociones y poder comunicarlas mejora el estado de ánimo ya que produce una sensación de alivio. Si se convive con menores, se sugiere hablar con ellos sobre cómo se sienten y poder compartir cómo uno se siente. Normalizar las emociones sirve para enseñarles a gestionar sus estados de ánimo, mostrándoles las formas que tenemos los adultos de manejarlas.
Por último, son necesarios los límites: para el teletrabajo, para los estudios, para el consumo de información. Se puede establecer con horarios, así como también se aconseja reservar un espacio físico para dedicarse al trabajo o la facultad, que esté ubicado en un lugar diferente a donde se duerme. Si no se puede, sostener la diferenciación a través de horarios claros. Suena sencillo pero en la práctica se puede perder de vista. En caso que se considere necesario, no dudar en pedir ayuda profesional.
May 6, 2021 | DDHH, Novedades
Las cámaras de la sala estaban apagadas pero, de pronto, Pablo Diaz, sobreviviente de la Noche de los Lápices, apareció. “¿Se escucha?”, pregunta a cámara mientras se lo ve esperando ansioso para dar su testimonio. Le hacen el famoso juramento de verdad y comienza. Muestra un papel que los años lo dejaron amarillo “Buenos Aires 26 de junio de 1984. Señor Pablo Alejandro Diaz. Referencia legajo 4018. En mi carácter de secretario de Asuntos Legales de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de informarle que el día 22 del corriente mes, se me ha elevado a la justicia, la denuncia relacionada con los centros clandestinos de detención ubicado en la jurisdicción de la provincia de Bueno Aires, en la cual se ha incluido el testimonio que usted presentara ante esta Comisión. Dicha denuncia ha quedado radicada ante el Juzgado N° 1 de la ciudad de La Plata, secretaría a cargo del Dr, Roberto Luis Colombo. Certificando el original a cámara”. Hace 37 años había dado su primer testimonio. El martes pasado volvió a ratificarlo.
Pablo fue detenido y secuestrado el 29 de septiembre de 1976 en su domicilio de la ciudad de La Plata, a las cuatro de la madrugada, por un grupo de tareas dependientes de distintas fuerzas criminales. Esa noche estacionaron tres autos en su puerta. Se bajaron e intentaron abrir el grueso portón de entrada de su casa y como no podían, tocaron timbre. El relato de Pablo estuvo cargado de emoción y de mucha memoria a pesar de los años. Cada recuerdo contenía documentos e incluso imágenes fotografías del horror que con la película La noche de los lápices pudo reconstruir.
“Mi hermano que estaba durmiendo en su pieza me despertó. Yo comprendí la situación rápidamente por los hechos que estaban sucediendo en la ciudad de La Plata. Le dije a mi que me venían a buscar. Hicieron tirar al piso a todos mis hermanos. Cuando estoy bajando las escaleras uno me señala. Estaban todos con las caras tapadas menos uno que estaba con traje, el comisario Héctor Vides. Inmediatamente me tiran al piso, y me preguntan por las armas”, recuerda Pablo. Él no tenía armas. Le ponen un buzo en la cabeza y lo secuestran. De allí, fue llevado a una estancia, que luego con los años pudo reconocer como el Regimiento N° 7, el llamado Campo de Arana, donde hoy funciona la Infantería.
“Llegamos y me dejaron parado contra la pared por más de 24 horas. Cuando yo me encontraba agotado, me golpeaban”. Luego lo llevaron a un cuarto. Puesto en un catre, atado de pies y manos con alambre y unas telas. Lo desnudaron. El buzo en su cabeza siempre lo mantuvieron. Le preguntaron qué participación había tenido en las organizaciones políticas secundarias, en la Unión de Estudiantes Secundarios, o en la Juventud Guevarista. Si era del Che o si era peronista, también le preguntaron por las pintadas de baños en los colegios secundarios y su participación en el Centro de Estudiantes. “Cuando les decía que no había tenido participación, me daban con picana eléctrica en los genitales o en las heridas. Se te cierran los puños por la corriente eléctrica. Luego de la sesión, cuando no aguantaba más y gritaba me decían que si tenía información de algún chico, que abriera las manos y ellos iban a parar la tortura. Por supuesto, abría las manos, pero no podía decir nada porque tenía los labios quemados por la tensión eléctrica”, describe.
“¿Qué carajo tenían que hacer ustedes yendo a las villas si tenían todo en su casa?”, le reprochó un represor a Pablo mientras lo interrogaba. Ya en otro cuarto le cambiaron el buzo de la cabeza por una venda de tela de color roja. “Siempre me acuerdo porque por la luz podía ver figuras. Era un hombre grande y me dice que empiece a contar desde la primaria”. Le preguntó qué pensaba de las villas miserias porque sabía que Pablo iba a dar clases de apoyo escolar con las agrupaciones, la UES y la Juventud Guevarista. El odio de clase se reflejaba en las palabras del coronel quien, en realidad, le reprochaba a Pablo su preocupación por lo que socialmente no era, porque provenía de una clase media alta.
“La característica era que esta persona se diferenciaba mucho en el lenguaje con respecto a los que nos torturaban o eran represores directos. Los coroneles eran más ideológicos que los guardias y los policías de la provincia. Estaba claro que unos daban las órdenes y otros, los policías, eran los que pònían la mano de obra: las torturas, las violaciones”, expresó. “Ya vamos a ver qué hacemos con tu vida. Síganle dando el escarmiento”, le dijeron luego de haberle aplicado la famosa tenaza, el modus operandi de tortura que implicaba sacar la uña del pie.
Un simulacro de fusilamiento fue otra de las cosas que le tocó vivir a Pablo con 17 años, en sus días en Arana. Siempre, previo al simulacro, llegaba un capellán que les ofrecía confesarse para “librarse de los pecados”. “Cuando nos ponían en el paredón, los más chicos pedíamos a nuestras madres. No queríamos ser asesinados, empezábamos a tener un ataque de histeria, de nervios”. Eran sacados y pasados a un descampado donde podían escuchar los ladridos de muchos perros. Podían olerlos. Los sentían. También escuchaban cómo cargaban las armas. “Éramos aproximadamente seis o siete personas. Ellos hablaban y volvía a pasar el capellán, pero esta vez decían: `Tiren´”, expresa Pablo y continúa: “Nosotros sentíamos los disparos. En un momento que tiran, un compañero dijo: ´Viva los Montoneros´. No puedo reconocer quién, porque se mezclaban con mis gritos y el de muchos de nosotros”. Pablo sintió la muerte. Realmente sintió que lo habían matado en vida. “Uno estaba esperando a ver cómo era la muerte, esperando si era dolorosa, si los agujeros estaban en el cuerpo. Esto es un segundo, pero es muy prolongado. Uno dice ya está ya pasó, pero siente agonizar al otro”.
Una noche empieza a ver un movimiento de micros. Fue el momento del traslado al Pozo de Banfield. Allí lo dejaron en un calabozo inundado, a solas, desnudo, tan solo en ropa interior. Ya no recordaba dónde había quedado su ropa. Una característica del Pozo de Banfield era que estaba lleno de adolescentes y de embarazadas en estado muy avanzado, como el de Gabriela Carriquiriborde que estuvo con él los días que empezó con trabajo de parto o Cristina Santucho quien también estaba embarazada y estaba casi en fecha de parto. Pablo pensaba que las chicas embarazadas eran adultas, las veía así porque iban a ser madres. Pero eran muy jóvenes. “Cuando me enteré que Gabriela tenía 22 años no lo podía creer. Yo creí que era más adulta, creo que porque me calmaba más a mí. A veces me hacía apoyar la cabeza de su panza para escuchar los latidos de su bebé. Era un juego”.
En la celda contigua, se encontraba María Claudia Falcone, de 16 años. Ahí la encuentra, así como también a Osvaldo Buseto y Alicia Calinati que estaba con su padre. Pablo hizo un dibujo donde describe cómo era el pozo de Banfield. Una especie de plano que mostraba la organización de calabozos pequeños.
No abrieron las celdas por una semana. “Dormíamos en el piso y hacíamos nuestras propias necesidades allí porque no nos abrían. Yo a veces tenía sed y llegué a tomar mi pis. No sé, el hombre es un animal de costumbre. El olor era muy profundo. Luego de esa semana nos sacaron y nos dieron de comer. Y nos trataban de sucios por los que habíamos hecho”, expresa Pablo quien además recuerda que uno de los problemas de las chicas eran los períodos de menstruación con lo cual los guardias les decían que se sacaran la ropa interior. “Eso no era un hotel. No tenían por qué cuidarnos”, recordó Pablo que dijo un guardia.
En el Pozo de Banfield Pablo escucha por primera vez el nombre de Jorge Antonio Bergés, allí lo conoce, ya que estaba permanente. Bergés era un médico de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y era quien se ocupaba específicamente de las embarazadas. “Para él, ellas eran una joya a la que tenían que cuidar. Él tenía mucho interés en que tuvieran familia. No les importaba la madre sino el chico. El médico llegó a decirle a los guardias que con ellas no se metan que si querían algo que agarren a las chicas”. Y fue así, tanto a Claudia como a María Clara las agarraron. “Recuerdo que cuando volvimos del baño, a las chicas las dejaron últimas, las empezaron a manosear. Especialmente a María Clara Ceochili. Le dio un ataque de nervios y cuando regresó a la celda se empezó a dar la cabeza con la pared y a gritar. Pedía que la maten”, declara con la voz quebrada y recuerda: “Nosotros empezamos a gritarle que parara. La particularidad de Clara es que rezaba mucho. Su familia era muy católica, en alguna oportunidad nos dijo que Dios nos había puesto a prueba. Yo no lo podía entender”.
Para diciembre de 1976, su estado mental y el de sus compañeros y compañeras era totalmente depresivo. “Pensábamos que estábamos muertos. En un momento dado mirábamos una soga para ver si nos podíamos colgar para terminar con el calvario”.
Bergés le dejaba trapitos a Pablo por si una embarazada tenía problemas. Le había dejado instrucciones de golpear la reja si algo llegaba a suceder y ese día llegó. Gabriela Carriquiborde había empezado con dolores y entró en trabajo de parto. “Me agarró la mano y me dijo: Pablo me viene, me viene, ya está. Empezó a tener pérdidas y yo mojaba los trapos entre sus piernas y gritaba: ¡Claudia va a tener!”. Pablo recuerda sentir como el compañero de Claudia le gritaba y que todos le gritaban. “¡Fijate las contracciones, fíjate el pulso! y no hice nada de eso”, cuenta Pablo. “Me tiré sobre la puerta y empecé a golpear que era lo que Bergés me había dicho. Gabi me decía que lo quería tener y que venía su hijo. Cuando viene la guardia, me dice: “Tenela, tenela” y se empiezan a pelear entre ellos. Vienen con una chapa y empiezan a decirse que llamen a Bergés y que preparen todo”. A la hora escucharon el llanto del bebé. Todos gritaron. El guardia dijo que había sido un varón y que se la llevaban a ella y al bebé a una chacra para que lo pueda criar, que iban a estar bien. “Nosotros nos pusimos contentos. Les creímos”, lamenta Pablo.
Llegó finales de diciembre y por los estruendos y festejos de los guardias, se enteraron que era Navidad. Ese día todos recordaron a sus familias y volvieron a sucederse escenas de depresión porque sentían tan cerca la pirotecnia. Por esos días llevaban a Pablo a un primer piso y lo dejan en una silla. Un mayor del ejército tenía que decirle algo: “Al final se decidió que vas a vivir. Vengo a decirte que te pasamos al PEN”.
“Antes de salir le pido al guardia ver a Claudia, le pido por favor que acceda. En ese momento ella empieza a gritar que sí y los que me llevan me dicen que sea rápido. Claudia estaba apoyada sobre la pared del fondo. Trato de correrle la venda de los ojos, pero le dolía el cuerpo y los ojos por el mismo estado que tenía yo. Me pide que vaya a la casa de la madre y le diga que está bien. Yo le digo que iba a salir y que nos íbamos a encontrar afuera”, confiesa Pablo entre lágrimas y continúa “Ella me dice que había sido violada por delante y por detrás, que nunca más iba a poder ser mujer y me pidió que todos los 31 de diciembre brinde por ellos”. Cuando lo vienen a buscar, escucha voces que empiezan a saludar y despedirlo.
Pablo dice que en estas 20 veces que declaró durante todos estos años, cuando contaba cómo había sido violada Claudia, nunca nadie lo paró para contar este delito. “Pensé que, porque era anecdótico lo que Claudia decía, no me interesaba, pero con el correr del tiempo y de los años supe que no era el hambre, la tortura, la picana eléctrica, los golpes y el encierro el dolor de Claudia, sino que lo más preciado que tiene una mujer, hoy entiendo por muchas adolescentes y por mi hija, es la decisión de con quien hace el amor, lo más preciado que tiene una mujer es su cuerpo. ¡Qué bárbaro! Recién hace dos años, dos fiscales me preguntaron si había tenido violencia de género o abusos”.
“Tengo particularmente las voces de los chicos, de Claudia, Horacio, Panchito que me empiezan a saludar y yo les digo que van a salir”, dice Pablo. Esa fue la última vez que los vio. Esta vez, el nuevo lugar era la Brigada de Investigaciones de Quilmes. A fines de enero, luego de estar allí un mes, lo fueron a buscar y fue trasladado a la Comisaría tercera de Valentín Alsina de Lanús. Allí no lo querían recibir por la cantidad de golpes que tenía y su estado deteriorado, pero lo bañaron, le cortaron el pelo, lo curaron y quedó allí como un detenido legal. Además, también recibió la visita de su familia, después de tanto tiempo y llegó a decirle a su hermana que fuera a la casa de Claudia Falcone con la esperanza de que podría estar allí. En la siguiente visita, Pablo recibió la noticia de que a Claudia no se la vio nunca más. Debía amigarse con el concepto de desaparecida. Una terrible palabra, un concepto que persigue y no deja nunca despedirse de los seres queridos, que no permite el duelo ni un lugar para ir a llorar.
Pablo se refirió además a las discusiones banales de si fueron 30 mil o nueve mil desaparecidos “Ruego por una sola persona, por un solo ser humano, y piensen en 9 mil en fila, si quieren cuantitativamente obviar 20 mil más. Nunca le saquen al ser humano la responsabilidad de lo que es capaz de ser y pregúntense para qué es la justicia. Es para ordenar al ser humano en su debilidad de poder hacer el bien y el mal constantemente”, expresa y finaliza: “Qué horror, qué dolor. Sáquenles la prisión domiciliaria a los genocidas por favor, entiendan que el crimen de lesa humanidad es el peor crimen en el mundo. No tengo más. Ojalá no haya otros 37 años de espera. Gracias señor presidente”.
La lucha de Pablo Diaz y sus compañeros y compañeras ha dejado grandes conquistas como el boleto estudiantil gratuito; y su testimonio ha dejado grabado en la memoria colectiva el horror de lo que significó la última dictadura cívico-militar en nuestro país.
May 5, 2021 | Novedades, Trabajo
En el marco de los debates por el sostenimiento de las clases presenciales en el AMBA, resulta relevante introducir la variable de cantidad de personas vacunadas en un sector que se describe como esencial pero no termina de recibir la protección necesaria para llevar adelante su tarea. ANCCOM dialogó con sindicatos docentes provinciales y cotejó las informaciones registradas, hasta el momento, sobre el plan de vacunación del sector que hace semanas se encuentra en el centro de la agenda mediática. La campaña de vacunación para el personal de la educación iniciada federalmente el 3 de marzo, a partir de la distribución de 492.400 dosis de la vacuna Sinopharm, no parece avanzar de igual modo en todos los distritos.
El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, confirmó antes de dar comienzo al operativo que el sector educativo asciende a las 1.458.083 personas en la República Argentina. La organización de la vacunación, estipulada por el Consejo Federal de Educación, se divide en cinco etapas: directivos, inspectores, nivel inicial, primer ciclo, educación especial; personal no docente; segundo ciclo del nivel primario; nivel secundario; educación superior. El repaso de la situación en distintos puntos del país ofrece un panorama de la actualidad de un grupo de trabajadores que, pese a su relevancia y lugar central en el debate público de estos tiempos, no parece protegido.
Ciudad de Buenos Aires
La vacunación del personal educativo es un foco de críticas recurrentes de los sindicatos y docentes de CABA. Jorge Adaro, Secretario Adjunto de la Asociación de Docentes de Enseñanza Media y Superior (ADEMYS), señala que las autoridades iniciaron la campaña con los grupos correspondientes a la primera etapa como corresponde pero “no lo terminaron de completar, y no hubo nunca más una noticia sobre vacunación”. Basándose en los datos oficiales, Adaro afirma que únicamente el 14% de la docencia de la Ciudad está vacunada. El gobierno porteño ofrece en su página web estadísticas actualizadas de la vacunación, en las que el personal docente se enmarca bajo la categoría de “personal estratégico”: por el momento, son 15.752 los educadores inmunizados con la primera dosis (el 34,36% de los empadronados del sector para vacunarse). Fuentes del ministerio de Educación confirman que la comunidad educativa en la Capital ronda las 110 mil personas. Es decir, el 41,67% se encuentra inscripto y solo un 14,32% fue inoculado.
La reprobación hacia el manejo de la inmunización para los docentes es compartida por Wenceslao Costa Díaz, maestro en la escuela Blas Parera de Palermo: “La campaña de vacunación es rara, no tenemos información. A mis compañeros les fueron avisando de golpe que tenían que vacunarse. Pero después hubo un parate, dejaron de vacunar”. A esta falta de avances se suma el descontento por el nulo trabajo de acondicionamiento en las escuelas públicas y la escasez de insumos sanitarios tales como termómetros, tótems de alcohol y máscaras. “Hablan mucho de la presencialidad pero no se mueven para vacunarnos, ni para que las escuelas estén mejor. En todo el año pasado no se hizo nada”, remarca Costa Díaz, quien sigue esperando su primera dosis al ser docente de séptimo grado.
“Hablan mucho de la presencialidad pero no se mueven para vacunarnos», subraya Costa Díaz, maestro porteño.
Provincia de Buenos Aires
El distrito más poblado del país cuenta con números que superan la media en la inmunización de docentes. Elisa Semino, Secretaria de Comunicación del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) declara que “la campaña de vacunación está avanzando muy bien”. Nicolás Riedel, docente en San Miguel, destaca la puntualidad y el trato en los centros de vacunación –recibió la primera dosis de Sinopharm, al igual que un 30% de sus compañeros–. Sin embargo, considera que el manejo del gobierno provincial fue “bastante improvisado” e identifica como origen de la inmunización la falta de aprobación de Sinopharm para ser aplicada a mayores de 60 años: “en cuanto las habilitaron, la campaña de docentes se detuvo y todavía no se reinició”. En diálogo con ANCCOM el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, informó que el porcentaje de docentes vacunados en la provincia es del 53%. Según datos proporcionados por el Ministerio de Educación de la Nación, son 213.371 educadores vacunados sobre un universo de 401.875. Se trata de un asunto tomado con importancia por el distrito de Buenos Aires en el que, como resalta Santamaría, “los chicos tienen más burbujas y circulan más, lo cual dificulta el aislamiento necesario”. Por su parte, el docente Nicolás Riedel advierte sobre las implicancias de la llegada del invierno: “No considero a las aulas un lugar seguro. Más allá de los protocolos, es mucho tiempo de corrido con los alumnos en un mismo recinto que muchas veces no está bien ventilado”. Semino, de SUTEBA, concuerda: “Los docentes están expuestos a tratar con grupos rotativos y burbujas que, a su vez, están en contacto estrecho con diferentes familias y miembros de la comunidad”.
Santa Fe
Los números alcanzados en este distrito en materia de inmunización de la comunidad educativa dan cuenta de una campaña que se ha mantenido constante en el tiempo. El 5 de abril, la ministra de Salud provincial Sonia Martorano había declarado que todas las personas abarcadas por las primeras tres etapas –60 mil aproximadamente– recibieron su primera dosis. Como resultado, próximamente los docentes de escuelas secundarias y universidades comenzarían a ser inoculados. La información brindada por la titular de la cartera sanitaria es corroborada por Sonia Alesso, Secretaria General de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) y de la Asociación de Magisterio de Santa Fe (AMSAFE). “La campaña se hizo en toda la provincia con mucho éxito, cuidado y eficacia. Actualmente está llegando al 90% del sistema educativo”, destacó. Según datos oficiales, el personal docente de Santa Fe cuenta con un total de 88.419 personas vacunadas, lo que representa el 81, 61% del personal de la educación está inoculado.
Mendoza solo vacunó al 25% de los docentes.
Mendoza
La Dirección General de Escuelas le comunicó a este medio que 52 mil docentes y ocho mil celadores conforman el personal de la educación en Mendoza. A partir de lo establecido por el Consejo Federal de Educación, el primer grupo (compuesto por 15.500 personas, el 25,83% del total) fue vacunado, y la provincia aguarda la llegada de dosis para continuar con el operativo. Desde el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) la cantidad de educadores inmunizados es considerada “ínfima”, y desmienten la información oficial: “Solo se completó la primera dosis para directivos y Nivel Inicial, y una parte del primer ciclo del Nivel Primario”. El gremio docente expresa su disconformidad respecto al detenimiento de la campaña de vacunación y la falta de información, y denuncia que “los celadores, que son quienes más expuestos están, fueron excluidos de la primera etapa”.
Córdoba
Según datos obtenidos del Ministerio de Educación cordobés, aproximadamente 80 mil docentes están inscriptos en el registro para recibir la inmunización, de los cuales el 40% (correspondientes a la primera etapa de vacunación) han sido efectivamente inoculados. Las estadísticas dadas a conocer recientemente por el ministro Educación de la Nación, Nicolás Trotta, que recopilan la información proporcionada por los gobiernos provinciales, muestran que más de 12 mil educadores no se encuentran anotados: de un total de 92.259 docentes, 33.972 se encuentran inmunizados, lo que reduce la proporción de vacunados al 36,82%. Miembros de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) coinciden con los datos numéricos, pero manifiestan su descontento con el progreso actual de la campaña: “Viene muy lento, porque son pocas las dosis y no alcanzan a cubrir la demanda del sector”.
Tucumán
Al igual que en el caso cordobés, el Ministerio de Educación de Tucumán informa un padrón de 31.500 docentes registrados, menor al total de 41.828 trabajadores que exponen los datos proporcionados por el ministerio de Educación de la Nación (https://chequeado.com/wp-content/uploads/2021/04/WhatsApp-Image-2021-04-28-at-23.16.50.jpeg). Coinciden, sin embargo, en la cantidad de inmunizados: 10 mil docentes, que representan el 31,74% de los inscriptos y el 23,9% del sector. La ministra de Salud Rossana Chahla anunció que el 3 de mayo dio inicio a la aplicación de las segundas dosis para concluir con la primera etapa de vacunación del colectivo docente tucumano.
La Pampa ya vacunó a más del 31 por ciento de los docentes.
San Luis
El Secretario General de la Asociación Sanluiseña de Docentes Estatales (ASDE), Daniel Gozainy, resalta que “la provincia viene con un ritmo ordenado y acelerado de vacunación”, con cerca de ocho mil trabajadores de la educación puntanos que recibieron la primera dosis de la vacuna Sinopharm y comenzaron a recibir la segunda a partir del 29 de abril. Las estadísticas enviadas por las autoridades provinciales a Nación coinciden con lo anunciado por Gozainy: son 7.949 los docentes vacunados en San Luis, lo que supone el 49,22% del total de un personal educativo conformado por 16.151 personas.
La Pampa
En el último reporte publicado por el gobierno provincial se especifica que un total de 3.698 docentes pampeanos accedieron a la vacuna, de los cuales 3.021 únicamente recibieron la primera dosis. Dado que el total de inscriptos del sector es de 11.703, el segmento de inoculados es del 31,59%. El secretario de Salud Laboral de la Unión de Trabajadores de la Educación de La Pampa (UTELPa), Darío Muñoz, destaca la aplicación ágil de las vacunas a partir de su llegada al distrito pero advierte que un grupo de docentes en actividad aún no se ha inscrito para la inmunización: según esta estimación, por lo menos 5.200 educadores restarían anotarse. Además, aclara que la primera etapa sigue en curso: “Los directivos y la conducción de las diferentes escuelas están en su mayoría vacunados, no así los que están en las aulas”.
Neuquén
Desde el Ministerio de Salud provincial se informa que “la población objetivo estimada del personal de educación es de 33.860 docentes” (número que incluye a todos los niveles), mientras que “la cantidad vacunada con la primera dosis es de 4.668”, esto es, el 13,78%. La Secretaria Adjunta de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN Provincial), Susana Delarriva, agrega que aproximadamente 23.500 del total corresponden al sistema educativo público, de los cuales cerca de seis mil aún no se han inscripto. Si bien el sindicato contempla el criterio proporcional de distribución de las dosis y la prioridad que deben tener las personas en situación de riesgo, Delarriva comenta que le han pedido al gobierno que considere al sector educativo. Próximamente se reunirán con las autoridades de la cartera educativa provincial para debatir la cuestión.
Río Negro
Patricia Ponce, Secretaria Gremial y de Organización de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER), denuncia la existencia de desigualdades en la distribución de vacunas en la provincia: “Hay zonas con docentes que ya recibieron la segunda dosis, mientras que en otras todavía aguardan por la primera”. Desde el sindicato se le exige al Ministerio de Educación un cronograma de vacunación preciso para quienes aún no fueron inmunizados. En cuanto a datos, Ponce declara que aproximadamente son 24 mil docentes en la provincia, de los cuales 5.905 (24,6%) recibieron la vacuna.
Tierra del Fuego
El proceso de inmunización de la comunidad educativa fueguina se inauguró recién en la semana del 26 de abril, según informa el Secretario Gremial del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Tierra del Fuego (SUTEF), Julio Beriau. “Antes hubo algunos docentes vacunados por ser población de riesgo, pero ahora empezó la vacunación específica para el sector con los que tienen más de 45 años”, agrega. Por el momento, el porcentaje de educadores inmunizados en esta provincia es el más bajo en todo el país. Las 664 vacunas aplicadas que revelan los datos oficiales representan el 9,22% de un grupo que, según estimaciones del SUTEF, comprende a 7.200 trabajadores.
Santiago del Estero
En abierta oposición a la información suministrada por el gobierno santiagueño, el Secretario General del Círculo de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CISADEMS), Darío Toledo, denuncia el hermetismo informativo respecto a la vacunación del personal docente: “El Consejo General de Educación está intervenido desde 2016, el poder está muy concentrado y obtener datos oficiales reales es difícil”, dice. El gremialista indica que la cantidad de educadores vacunados en la provincia, según el gobernador Gerardo Zamora, no es cierta e ilustra el manejo del gobierno con lo ocurrido en una ciudad: “Empezaron a vacunar en el departamento de Choya y se olvidaron de la Escuela N°30, y después aparecieron casos de Covid”. Según los números oficiales, 14.434 trabajadores de la educación, que representan el 38,62% de los 37.373 docentes totales, están inmunizados.
Formosa
“La información acá la conseguimos a través del intercambio con nuestros delegados, ni siquiera los gremios oficialistas se toman el trabajo de exponerlas”, cuenta Sebastián Patitucci, Secretario de Prensa del Gremio de Docentes Autoconvocados de Formosa. En el marco de una campaña organizada con un criterio que prioriza los lugares de mayor contagio y en la cual los docentes acceden a la aplicación de las dosis principalmente según el grupo etario que se esté vacunando, Patitucci acusa “errores y selecciones sospechosas” en la convocatoria para la inmunización en las escuelas. “En el colegio Gobernador Juan José Silva la dirección del nivel secundario hizo un filtrado de las listas y sacaron a un montón de gente arbitrariamente”, amplía. Según los datos presentados por la cartera comandada por Trotta, 8.793 docentes formoseños de 22.278 (el 39,47%) fueron vacunados.
En base a los números provenientes de Nación se advierte que 3.878 maestros chubutenses (22,15% de 17.506) y 1.840 santacruceños (20,65% de 8.910) fueron inoculados en la Patagonia. La provincia de San Juan es la que vacunó al mayor porcentaje de docentes en todo el país detrás de Santa Fe, con 13.286 inmunizados de 23.880, es decir, el 55,56%. En la región del Litoral, Entre Ríos vacunó a nueve mil docentes de 47.891 (18,79%); Corrientes inoculó a 9.231 educadores de 36.201 (25,50%); Misiones inmunizó a 17.984 maestros de 43.482 (41,36%); 17.144 docentes chaqueños de 39.637 tuvieron acceso a la vacuna (43,25%). En el noroeste argentino 4.120 docentes riojanos de 13.834 (29,78%) han sido vacunados, y lo propio ocurrió con 2.536 catamarqueños (de 16.298 personas, el 15,56%) y 16.373 salteños (de 40.199, el 40,73%). El gobierno de Jujuy es el único que no reveló dato alguno acerca del progreso de la campaña de vacunación, aunque sí se conoce la cantidad de trabajadores que conforman el sector educativo en la provincia: 22.857.
En medio de la contienda por las clases presenciales, el número creciente de casos de coronavirus y la discusión acerca de la efectividad de los protocolos, pasa inadvertido el problema de la inmunización: los datos del ministerio de Educación de la Nación indican que el 59,25% de los educadores restan ser inoculados. En un contexto de cambios constantes, la tendencia general, reflejada por las estadísticas, muestra que la vacunación docente no parece ser prioritaria en muchas provincias.
May 5, 2021 | Comunidad, Novedades
La crisis sanitaria está en un momento crítico, según un comunicado de la OMS del 27 de abril “hubo casi tantos casos en el mundo en una semana como en los primeros cinco meses de la pandemia”. El organismo insiste en que más que nunca hay que concentrarse en la vacunación.
En promedio, en los países de ingresos más bajos, una de cada quinientas personas ha recibido una de las vacunas, mientras que en los ricos una de cada cuatro ya está inmunizada total o parcialmente. La desigual distribución remite a nociones como carrera por las vacunas o nacionalismo de vacunas que circulan por los medios desde hace más de un año.
Hay iniciativas que intentan dar respuesta, como COVAX, impulsada por la OMS, la Coalición para las Innovaciones en la Preparación ante Epidemias (CEPI) y la asociación Gavi. Esta última tiene entre sus miembros fundadores a Bill Gates, defensor incondicional de la medicina monopolista.
COVAX se define como una “colaboración global innovadora para acelerar el desarrollo, la producción y el acceso equitativo a las pruebas, tratamientos y vacunas de COVID-19”, pero muchos países latinoamericanos plantearon sus críticas, como lo hicieron en la 27 Cumbre Iberoamericana, por la falta de solidaridad de los estados más ricos en la distribución de vacunas.
Valeria Arza, investigadora independiente del CONICET y coordinadora de proyectos de Ciencia Abierta, afirma: “Es muy parcial la solución, se necesita algo más radical que permita aprovechar la capacidad productiva existente y sobre todo generar incentivos para invertir en mejorarla. De esa forma, aun pagando un precio justo por las licencias, se podrían disminuir costos de transporte, logísticos y aumentar la producción de vacunas. Necesitamos una estrategia a largo plazo, equitativa y global”.
Biden anunció que su país cambiará de posición y, finalmente, respaldará la iniciativa de liberar las patentes.
A raíz de una propuesta realizada por India y Sudáfrica ante la OMC en octubre de 2020, una alternativa empezó a tomar vuelo: suspender temporalmente las secciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) que atentan contra la producción de vacunas a gran escala y el suministro oportuno de productos médicos en general. El acuerdo establece ciertas flexibilidades para momentos de emergencia, pero “además de las patentes, hay otros derechos de propiedad intelectual que también pueden suponer un obstáculo, y las opciones para superarlo son limitadas”, señalan ambas naciones en su iniciativa.
Arza sostiene que es una cuestión de economía política: “El potencial de que te penalicen desde la OMC hace que ningún país se anime a hacer uso de estas herramientas. Se necesita un posicionamiento global, o por lo menos del sur global”.
La propuesta logró el patrocinio de 58 países y entre los que se oponen están Estados Unidos, Brasil y Japón, aunque este miércoles Joe Biden, el jefe de la Casa Blanca, anunció que finalmente su país respaldará el levantamiento del derecho a la propiedad. En Argentina, Itai Hagman, diputado del Frente de Todos, presentó un proyecto de ley para que la liberación de patentes se impulse también desde el Congreso.
Además se sumaron organizaciones como Amnistía Internacional y Médicos sin Fronteras con petitorios especiales que advierten sobre la necesidad de vacunar a la mayor parte de la población mundial antes que las nuevas cepas avancen haciendo que las vacunas existentes pierdan efectividad. Las próximas reuniones ordinarias del Consejo de ADPIC para tratar el tema serán el 8 y 9 de junio de 2021.
La vacuna de Astrazeneca que fue desarrollada en un 97 por ciento con financiamiento público.
El principal argumento de quienes se niegan a flexibilizar las restricciones, en consonancia con los lineamientos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), es que las patentes incentivan la investigación y la innovación para mejorar la calidad de vida humana.
Mariano Fressoli, investigador adjunto en CONICET en el área de estudios sociales de la ciencia y la tecnología, explica dos razones para refutar tal idea: “El papel que ha adquirido la patente en el capitalismo actual tiene que ver con el neoliberalismo, que en el ámbito científico se relaciona con la desinversión de la investigación y la obligación que se impone a las universidades y laboratorios de patentar para financiarse. Pero muchas de las innovaciones que se producen partieron de los recursos del sector público”, señala. Un ejemplo es la vacuna de Astrazeneca que fue desarrollada en un 97 por ciento con financiamiento público, según The Guardian.
Un segundo punto para refutar que las patentes contribuyen a la producción de conocimiento, opina Fressoli, son las innovaciones en torno a las licencias abiertas que existen desde la década del 80: “Primero se usaron para software, hardware libre y obras culturales. Este sistema de propiedad intelectual protege una forma de hacer innovación que es mucho más dinámica, rica y creativa mediante la participación voluntaria de gente con intereses diversos”.
Hay sistemas de drogas y vacunas abiertas como Open Source Malaria. En Estados Unidos existe Foldit, una aplicación de simulación de proteínas que puede descargar cualquiera y, en Argentina, Cientopolis es un proyecto para la ciencia ciudadana. “La mayoría usa este tipo de herramientas cotidianamente, como Wikipedia o Linux, falta demostrar didácticamente desde la comunicación que funcionan”, agrega.
La OMS insiste en que, para superar la pandemia, más que nunca hay que concentrarse en la vacunación.
Más allá de que la consigna es #LiberenLasPatentes, el reclamo es más amplio. Las patentes son diagramas, pero para producir a gran escala se necesita el know how, el conocimiento tácito no codificado y la transferencia de tecnología. Bregar por la apertura de patentes es necesario, pero Fressoli sostiene que también hace falta cambiar la orientación de la financiación pública para que los científicos no tengan como única opción la producción o la transferencia de conocimiento en las empresas o, si es bajo esa opción, que sea con licencia abiertas.
La discusión sobre la propiedad intelectual abre un debate para pensar si el modelo de producción de conocimiento está a la altura de los desafíos de nuestros tiempos. Al respecto, el investigador dice: “La pandemia es un llamado de atención para la vida en general, el sistema de transporte, de salud, la producción de alimentos, la crisis climática y la producción científica. La necesidad de resolver problemas técnicos y generar conocimiento que vamos a tener en las próximas décadas es enorme. Los mecanismos restrictivos desincentivan porque, ¿quién va a participar voluntariamente cuando los beneficios de eso que se produce quedan en pocas manos? Es algo para pensar, no el siglo que viene sino en los próximos años”.
May 5, 2021 | DDHH, Novedades
Facundo Astudillo Castro tenía 22 años y había nacido en la localidad bonaerense de Pedro Luro. El 30 de abril de 2020 decidió viajar a Bahía Blanca para reencontrarse con su ex novia. En el camino, la policía lo retuvo por no contar con el permiso de circulación en cuarentena y, a partir de ese momento, no se supo más de él. El joven estuvo desaparecido durante 107 días hasta que, finalmente, lo hallaron muerto en un canal de agua en Villarino Viejo. A un año de la desaparición, ANCCOM diálogo con Luciano Peretto -uno de los abogados querellantes- y Mercedes Holzmann -una de las coordinadoras de Semillero Cultural, donde participaba Facundo, quienes ofrecieron detalles del caso y reiteraron el pedido de justicia.
“Mamá, no tenés idea dónde estoy”
Astudillo le había manifestado a sus amigos su deseo de volver a Bahía Blanca para recomponer su relación con Daiana González. Con esa meta, la mañana del 30 de abril de 2020 salió de su domicilio en Pedro Luro y tomó la Ruta 3 para hacer dedo hasta la ciudad donde vivía su ex pareja. “Era la fase más estricta de la cuarentena, los colectivos no funcionaban, los remises no te llevaban si no tenías el permiso para circular. Entre un pueblo y otro, hay 30 kilómetros. Acá es común hacer dedo porque nos conocemos entre todos”, relata Holzmann.
A las 13.33, Cristina Castro -madre de Facundo- se encontraba trabajando, cuando recibió un llamado de su hijo. En ese último contacto, ella le cuestionó su decisión de viajar en ese contexto complicado y, sin poder decir mucho más, se cortó la llamada. Añade Mercedes: “Facundo alcanzó a decirle «mamá, no tenés idea dónde estoy. No me vas a volver a ver más». Cristina, en ese momento, estaba enojada y no volvió a insistir en llamarlo. Igualmente, a ella le pareció extraño que él le dijera «mamá». Siempre le decía «bruja», «loca», pero nunca «mamá» a secas”.
En principio, Cristina pensó que su hijo había llegado a Bahía Blanca y creía que, cuando se le pasara el enojo, volvería a llamarla. Tampoco sus amigos se preocuparon, esperaban que estuviera desconectado por su reciente reconciliación con Daiana González. Continúa: “Pero los días pasaron. Los amigos de Kufa -como le decían a Facundo-, se alarmaron porque él no respondía los mensajes y le avisaron a Cristina”. El 5 de junio Castro radicó la denuncia por «averiguación de paradero» y la investigación quedó a cargo del fiscal provincial Rodolfo de Lucía.
Cristina Castro, la mamá de Facundo, responsabiliza a la Policía Bonaerense.
¿Quiénes vieron por última vez a Facundo?
El 30 de abril, cerca de las 10, en el kilómetro 779 de la Ruta 3, Jana Curruhuinca y Mario Gabriel Sosa -dos policías de la Subestación Comunal de Mayor Buratovich-, detuvieron a Facundo Astudillo por violar la cuarentena. “El protocolo establece que, por incumplimiento del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, se debe elaborar un acta, notificar a la familia y ordenar al demorado regresar a su domicilio. Pero, según dichos oficiales, a Facundo le labraron la contravención y, seguidamente, le permitieron continuar su trayecto hacia Bahía Blanca”, afirma Peretto.
La agente Siomara Flores -pareja de Sosa y hermana de Curruhuinca- declaró que se ofreció a trasladar a Facundo Astudillo desde Mayor Buratovich hasta Teniente Origone en su vehículo particular. Agrega el abogado: “Ella relató que a las 12.30 lo subió a su auto para llevarlo desde la entrada de Buratovich hasta Origone. Sabemos que esto no sucedió así. A las 13.33, Facundo había llamado a Cristina. Posteriormente, gracias a la geolocalización, se demostró que a esa hora seguía en Buratovich. Estos policías nunca mencionaron la vinculación que hay entre ellos”.
Si bien todavía no hay certeza del horario en que llegó y cómo se trasladó hasta allí, lo cierto es que Facundo Astudillo estuvo en Teniente Origone. “Cerca de las 15, dos testigos vieron a un joven tendido en el kilómetro 755 de la Ruta 3. Él estaba tirado con las manos apoyadas sobre el asfalto, en posición hacia atrás. Facundo no podría haber estado tomando sol. Nosotros interpretamos que, en ese momento, se encontraba golpeado. Los testimonios fueron ratificados en el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires y en la Fiscalía Federal”, continúa el letrado.
Alrededor de las 15, en el kilómetro 750, Alberto González retuvo a Facundo Astudillo en cercanías de la Subcomisaría de Teniente Origone. El oficial aseguró que, luego de verificar que el joven ya había sido detenido, lo dejó seguir su camino hacia Bahía Blanca. Asevera Peretto: “En su declaración, sostuvo que no presentaba DNI, sólo carnet de conductor. Sobre la manera en que se retiró, dio tres versiones: primero, que lo vio subirse a un Renault Duster Oroch, luego, que el vehículo podría tratarse de un Toyota SRV y, por último, que Facundo se marchó a pie”, dice Peretto.
Por otra parte, hay tres testigos -sin ningún tipo de relación entre sí- que declararon haber visto a Facundo Astudillo en cercanías de Mayor Buratovich. “Entre las 15.30 y las 16, ellos pasaron por Buratovich y alcanzaron a ver a Facundo subiendo a la parte trasera de un patrullero. Sus declaraciones fueron detalladas y totalmente concordantes. Todo lo que dijeron pudo ser ratificado. Mediante la geolocalización de sus teléfonos celulares, se pudo corroborar que estuvieron en el lugar exacto en el que dijeron haberlo visto”, expresa el abogado.
El cuerpo de Facundo apareció el 15 de agosto en un cangrejal, en el kilómetro 714 de la Ruta 3.
Hallazgos
Los peritajes de los celulares de los cuatro policías se realizaron mediante el sistema de análisis Universal Forensic Extraction Device (UDEF) y revelaron que Facundo Astudillo sí presentaba su documento de identidad el día que desapareció. “En el teléfono de Jana Curruhuinca se encontró la difundida foto de Facundo de espaldas, custodiado por Sosa, junto al patrullero N° 23360. Pero, también se hallaron dos fotos del DNI (frente y dorso) apoyado sobre el capot del patrullero. Así, quedó demostrado que él no sólo viajaba con carnet de conductor”, sostiene Peretto.
A su vez, el sistema UDEF permitió observar parte de la comunicación entre los agentes durante la jornada del 30 de abril y los días posteriores. Detalla el letrado: “Extrañamente, ese día el oficial Alberto González mantuvo una hiperactividad comunicacional con altos mandos funcionarios distritales y seccionales, situación que no pudo explicar nunca. Por otro lado, en el teléfono de Jana Curruhuinca el registro de llamadas estaba vacío. En WhatsApp figuraban sólo ciertos mensajes y audios, pero una gran cantidad fueron eliminados y son imposibles de recuperar”.
Por su parte, “Yatel” -perro del perito Marcos Herrero-, detectó rastros de la presencia de Facundo Astudillo en tres vehículos policiales. Señala Peretto: “En el móvil N° 23360 de Mayor Buratovich, marcó la parte izquierda, justamente, donde el joven fue fotografiado. En el patrullero N° 27788 de Teniente Origone, se concentró en la caja trasera, la rueda de auxilio y el asiento trasero, encontrando manchas hemáticas. En el Toyota Etios N° 20610 de Bahía Blanca, encontró un fragmento de piedra turmalina en el baúl, coincidente con un colgante que le habían regalado a Facundo en su trabajo”.
El perro rastreador también halló elementos de Facundo Astudillo en la subcomisaría de Teniente Origone. “En esa dependencia, específicamente en un calabozo, encontró un amuleto que su abuela le había regalado (una sandía con una vaquita de San Antonio en su interior). También descubrió manchas hemáticas, concretamente, en las paredes, en el piso, en un colchón y en un pedazo de caño, que están siendo analizadas con su ADN. Recientemente, en ese mismo lugar, el perro encontró otro trozo de turmalina que podría ser parte de la piedra hallada en el patrullero Etios”, expone el querellante.
El cuerpo
El 15 de agosto por la tarde, un pescador dio aviso a la policía sobre el hallazgo de un cuerpo esqueletizado en un cangrejal de difícil acceso, una zona pantanosa ubicada en el kilómetro 714 de la Ruta 3, entre Cabeza de Buey y General Daniel Cerri, límite entre los partidos de Villarino y Bahía Blanca. “Ese mismo día, con el DNI de Facundo activaron un chip Claro comprado en Mar del Plata”, afirma Peretto.
La mañana del 16 de agosto, a 30 metros del lugar donde encontraron el cuerpo, hallaron una zapatilla que Cristina Castro, rápidamente, reconocería. Así lo expresa su abogado: “Era la zapatilla derecha de Facundo, la misma que se ve en la foto y estaba en condiciones casi intactas, es decir, no coincidentes con el tiempo que llevaba allí. Este calzado fue lo único que apareció cerca del cuerpo ya que éste no presentaba ningún tipo de prendas”.
Según el informe emitido por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), los restos óseos pertenecían a Facundo Astudillo y la causa de muerte fue «asfixia por sumersión». En ese análisis se estableció que no se trató de una muerte natural, sino una muerte violenta pero, por el avanzado estado de descomposición del cuerpo, no se pudo determinar si fue «accidente, suicidio u homicidio».
El 12 de septiembre, a 4 kilómetros del lugar donde hallaron el cuerpo, hacia la zona de Bahía Blanca, apareció la mochila de Facundo Astudillo. “En circunstancias similares, antes de que el pescador la encontrara, esa zona ya había sido rastreada. En la mochila estaban los dos teléfonos de Facundo y la ropa que llevaba puesta el día 30 de abril. Lo que nunca se encontró: el DNI, la tarjeta de débito y la zapatilla izquierda”, revela el letrado.
Desaparición forzada
Tanto la querella particular -Cristina Castro y sus abogados-, como la querella institucional -Comisión Provincial de la Memoria- apuntan contra la policía de la provincia de Buenos Aires y su accionar. “Por ejemplo, el día del primer rastrillaje sobre la Ruta 3, con Cristina llegamos a Buratovich y nos encontramos con cinco patrulleros bloqueando la entrada al pueblo e impidiendo nuestro paso. Justo en ese momento, apareció Siomara Flores con sus declaraciones, lo que provocó que el lugar del operativo cambiara”, recuerda Peretto.
En principio, la causa fue caratulada como «averiguación de paradero», pero la policía bonaerense estaba cada vez más comprometida por sus contradicciones y la carátula cambió a “desaparición forzada”. Sigue el abogado: “Las declaraciones de los policías fueron testimoniales que dieron en la comisaría, ante sus propios jefes. Nosotros tuvimos obstáculos y demoras y ellos tuvieron tiempo suficiente para autoproducir pruebas, incluir datos absolutamente mendaces, enmendar, borrar y armar todo un programa de encubrimiento. Hasta hemos recibido amenazas por parte de ellos”.
Ante el pedido constante de las querellas, el fiscal provincial Rodolfo De Lucía apartó a la policía bonaerense y renunció aduciendo «incompetencia» en el caso, por lo que la investigación pasó a manos del titular de la Fiscalía Federal Nº 1 de Bahía Blanca, Santiago Ulpiano Martínez. Amplía Peretto: “También, al fiscal Martinez lo recusamos dos veces de la investigación. Finalmente, entregó el fuero porque era casi insostenible su inacción y su acción contra los intereses de la víctima”.
La jueza federal María Gabriela Marrón -actualmente de licencia- también fue ampliamente cuestionada. “Al igual que Martínez, ella jugó un rol importante en la dilatación del esclarecimiento de la causa. Nosotros tenemos causas federales y en el Colegio de Abogados, de parte de ella. A un año de la investigación, las denuncias contra la querella son su único mérito”, cierra Peretto.
Semillas que florecen
Facundo Astudillo tenía interés por construir una sociedad más justa a través de la cultura. En palabras de Holzmann, de Semillero Cultural: “Facundo era un chico solidario, inquieto, siempre feliz y con ganas de aprender. Nos conocimos en 2011, durante la jornada «Villarino grita». Él formaba parte de ese grupo de artistas. Con el tiempo, consiguieron un espacio físico al lado de la estación del ferrocarril y ahí nació el Semillero Cultural. Yo me incorporé en 2012 como coordinadora del taller literario y bibliotecaria. Facu iba todos los días, era el primero en llegar y el último en irse. Él estaba en todo y para todos, él era todo en el Semillero”.
Este sábado 1º de mayo, familiares, amigos y artistas del partido de Villarino se reunieron en el Semillero Cultural para realizar el primer aniversario conmemorativo por Facundo Astudillo. Las actividades comenzaron a partir de las 10.30 y se transmitieron en vivo por el canal de YouTube «Mil flores para Facu Castro». “La mejor manera de recordarlo es pacíficamente y compartiendo lo que a él le gustaba. Pintamos un mural, tocamos la guitarra, leímos poesías e interpretamos las canciones que nos enviaron artistas de todo el país. Fue una jornada muy emotiva, para recordar que nos falta Facundo. Seguimos pidiendo verdad y justicia”, cierra Holzmann.
