Jun 2, 2021 | Comunidad, Novedades
En el marco de la Semana de Vacunación de las Américas, propuesta por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, Fundación Huésped y la Fundación Argentina del Videojuego lanzaron Supervac, un juego que destaca la importancia de la vacunación en cada etapa de la vida. Puede disfrutarse en todas las plataformas digitales e incluye el Calendario Nacional de Vacunación.
Supervac es un juego de formato “runner”, en donde el personaje corre, esquiva obstáculos y atrapa objetos después de saltar. Tiene como referencia a los videojuegos Space Invader y Chrome Dino Run, cuyas mecánicas y estética es típica de los años 80. “Tratamos de complejizar el juego debido a que queríamos destacar el mensaje. Por eso, cuando avanza, el juego tiene obstáculos para hacer más difícil el final”, señaló Alejandro Iparraguirre, desarrollador de SuperVac.
El videojuego sigue las aventuras de su protagonista quien, a lo largo de las distintas etapas de su vida, vence obstáculos para obtener las vacunas que le permitirán prevenir distintas enfermedades. Supervac es el sexto juego patrocinado por la Fundación Huésped. Los anteriores abordaban distintas temáticas, como diversidad de género, embarazo no deseado y uso de preservativos.
El desarrollo es de Bernardo Mayaina, Agostina Demark y el ya mencionado Iparraguirre, integrantes de la Fundación Argentina del Videojuego, quienes trabajaron en la producción, sonido, arte, diseño lúdico y programación. “Trabajamos mucho con la fundación Huésped en relación al contenido concreto. En este caso buscamos respetar la información sobre qué vacunas son necesarias de acuerdo a la etapa de la vida que está la persona”, señaló Iparraguirre. El juego tuvo un desarrollo de tres semanas de diseño, en donde los integrantes de la FUNDAV realizaron y presentaron pruebas, diseños e informes a la Fundación Huésped.
La relación entre Fundación Huésped y FUNDAV lleva cuatro años, en los que se destacó la realización de Game Jams, reuniones de desarrolladores, con el objetivo de debatir y crear juegos que tratan diversas temáticas como violencia de género, diversidad sexual, prevención de enfermedades de transmisión sexual y acceso a métodos anticonceptivos.
El programa fue lanzado en un contexto, donde se redujo en un 50% la aplicación de las vacunas obligatorias en niños menores de edad a causa de la pandemia, según datos del Ministerio de Salud de la Nación en noviembre de 2020. Fundación Huesped alertó este hecho y contacto con los integrantes de la FUNDAV para la concientización de la vacunación. “Nos parecía importante destacar que la vacunación no solo es un derecho, también es responsabilidad y obligación de todas las personas”, señaló la portavoz de la Fundación Huésped. Uno de los aspectos más importantes en el juego es el desarrollo de la dificultad mientras el usuario avanza a lo largo del programa.
“Uno de los aspectos más difíciles es equilibrar el juego, porque siempre tenés que pensar en la persona que lo va a usar”, consideró Iparraguirre. La introducción tiene una dificultad baja, porque el objetivo del programa es que puedan participar aquellos usuarios que sepan o no jugar videojuegos.
“El desafío para nosotros fue hacer atractivo un juego que tenía información muy dura y muy difícil de comprender”, señaló Agostina Demark. Desde Fundav señalan que una de las directrices enviadas por la fundación Huésped es que el mensaje sea claro y que sea bien recibido. “En el desarrollo de la interfaz, se trabajó en el proceso de depuración, para que la información llegue mucho mejor al usuario”, destacó Demark, quien trabajó en el proceso de diseño e interfaz del juego.
“Todos los juegos tienen componentes pedagógicos, porque inevitablemente tenés que enseñarle a quien juega sobre la mecánica y el contenido. Entonces está bueno que alguien pueda abordar una situación de aprendizaje con un videojuego”, resaltó Iparraguirre. En tanto, desde la fundación Huésped destacan el desarrollo de proyectos de este estilo que funcionan como concientizadores sociales. “SuperVac es una herramienta lúdica para trabajar el tema de la vacunación en el ámbito familiar o escolar, aprendiendo mientras nos divertimos”, considera la ONG.
Al final del juego, se presenta una interfaz en donde se muestran los distintos virus y enfermedades con las vacunas que las previenen y que se encuentran en el calendario de vacunación. También incluye información sobre qué vacunas debe aplicarse una persona en caso de embarazo o de viajar al exterior.
Desde FUNDAV se sienten muy contentos con el desarrollo del programa y por el reconocimiento a nivel local del trabajo. En tanto destacan que el juego funciona como un interpelador social sobre la importancia de la vacunación. “Nosotros creemos que el juego busca profundizar el mensaje”, consideró Iparraguirre. “A pesar de que el desarrollo de un videojuego es costoso, creemos desde la fundación que podemos aportar nuestro granito de arena en esta campaña de bien común y poder hacer algo bueno por la sociedad”, manifestó Iparraguirre.
Jun 2, 2021 | Culturas, Novedades
El título del documental, Punto de No Retorno, hace referencia al fin del mundo como lo conocemos. La pandemia instaló en el debate la inviabilidad de las formas actuales de producción y de consumo, unas y otras responsables del calentamiento global. Dirigida por el biólogo, periodista y actual viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Sergio Federovisky, con la codirección de Nicolás Capelli y Diego Corsini, la película recorre distintas zonas del planeta con el objetivo de poner en evidencia cómo las maneras en las que las sociedades se relacionan con el ambiente han generado alteraciones climáticas.
Con testimonios de científicos del CONICET, de la NASA –entrevistados en el Centro Espacial Goddard–, intelectuales, políticos nacionales y extranjeros, religiosos, y habitantes de todo el país afectados por el cambio climático, el filme se presentará por streaming este sábado 5 de junio a las 20 con acceso gratuito. Antes del estreno, Federovisky mantuvo una charla con ANCCOM y contó sobre su motivación a la hora de producirlo, su postura frente a la crisis ambiental y el rol que deben tomar los Estados frente a ella.
¿Cómo surgió la idea del documental?
Como una especie de continuidad, o si se quiere, de conclusión de mi trabajo de más de 30 años en la gráfica, en los medios audiovisuales y en la televisión. Entendí que tenía que dejar algo más cristalizado que permitiera en una pieza única mostrar cuál era mi pensamiento respecto de la crisis ambiental, pero también acerca de las políticas públicas y de los desafíos políticos que surgen a partir de esa cuestión, básicamente en la Argentina, pero con ramificaciones a toda la agenda ambiental, que está “semi instalada” hoy.
¿Qué ocurriría si llegamos al Punto de No Retorno?
Traspasado ese umbral no va a ser posible volver a la situación anterior, al menos no en materia de equilibrio climático. Pero no sabemos cómo va a ser si se llega a un equilibrio futuro. El gran problema que abre el Punto de No Retorno no es tanto aquello a lo que no vamos a poder volver, sino la incógnita de cómo va a ser ese mundo futuro. Por eso lo que sostengo en el documental es que no es el fin del mundo, no va a estallar y desaparecer, sino que va a ser distinto. Seguramente más desigual, con más desequilibrios ambientales y con mayor deterioro ecológico, pero no sabemos cómo va a ser, y esta angustia colectiva es la que nos promueve hoy a no traspasarlo.
¿La pandemia podría convertirse en ese punto?
Podría, en sí misma, convertirse en un Punto de No Retorno, o en todo caso en una bisagra a partir de la cual la situación no será igual a la anterior. Por eso hablamos hoy incipientemente de una nueva normalidad, porque la que conocíamos será muy difícil de recuperar. En la propia idea de la pandemia está inserto el deterioro ambiental, porque emerge de la anomalía en la relación entre la sociedad y el medio natural. No es una casualidad histórica, no es fruto de algo imposible de prever o prevenir, sino que es consecuencia directa de ese mal funcionamiento que, a lo largo de los últimos 200 años –pero principalmente los últimos 50–, ha tenido la sociedad con el medio natural.
¿Su advenimiento funcionó como un disparador para la toma de conciencia ambiental?
Probablemente lo ambiental está más en agenda a partir de la pandemia. Sin embargo, no lo está en el sentido de disparar la necesidad de tener políticas públicas contundentes y persistentes en el tiempo, no sólo a nivel nacional, sino también global. Además, no me parece que el gran problema radique en la falta de conciencia. Por lo contrario, en los últimos 30 años ha habido un desarrollo de la conciencia y esto no ha sido verificado en resultados concretos para detener el empeoramiento de los indicadores ambientales. Seguir insistiendo en que el problema ambiental es consecuencia de la falta de conciencia individual o colectiva, me da la sensación que es menospreciar la ausencia de políticas públicas, de decisiones concretas que modifiquen el modelo económico, productivo y de consumo imperante en el planeta, que es básicamente la causa de los problemas ambientales.
¿Qué pasa con la dicotomía entre habitabilidad del planeta e intereses económicos?
Esta dicotomía es la opción de hierro que tenemos. De acuerdo a cómo se resuelva, será el futuro del planeta o por lo menos de la relación entre la sociedad y la naturaleza. Claramente, esa está siendo resuelta a favor de los intereses del mercado. El propio Papa Francisco, en la Encíclica Laudato sí, afirma que un bien común como la naturaleza no puede quedar supeditado a los intereses particulares del mercado. Sin embargo, es lo que está ocurriendo. De ahí que aquella dicotomía difícilmente se resuelva por decreto. Hay que desarrollar políticas públicas que empiecen a morigerar esa situación o, al menos, a quebrar la tendencia. Ahora, cuál es el futuro del capitalismo en ese asunto… el capitalismo es parte del problema, no es parte de la solución.
¿Qué rol deberían cumplir los Estados?
Es crucial en tanto y en cuanto son los que tienen las herramientas para empezar a modificar los patrones de consumo, de explotación de los recursos naturales, los mecanismos de producción de energía, y tienen también los resortes esenciales, a través de dispositivos conocidos históricamente como políticas públicas, para derivar en cambios de conductas colectivas. El problema no es la suma de las conductas o conciencias individuales, porque eso jamás daría como resultado el cambio de una conciencia colectiva. Los comportamientos colectivos se modifican a partir de políticas públicas. En eso han fallado los Estados en los últimos 30 años. Desde que en la Eco 92 de Río de Janeiro se propusieron instaurar cambios en la agenda política internacional, a partir de convenciones como la del Cambio Climático y la de Biodiversidad y 30 años después sólo vemos empeoramientos en todos los indicadores ambientales.
¿El Gobierno nacional entiende la importancia de estas problemáticas?
Mi respuesta anterior cabe también para el Estado en la Argentina. Aún no se ha entendido la necesidad de tener esas políticas públicas, más allá de que ha habido avances indiscutibles. Y la conformación de un Ministerio de Ambiente (antes Secretaría) al menos refleja, desde lo simbólico, la reacción positiva a la demanda que hoy tiene tanto el deterioro ambiental como la propia sociedad ante eso.
¿La flamante Ley de Educación Ambiental puede aportar a este proceso?
Por supuesto. Es una respuesta positiva a la necesidad de desarrollar mayores políticas de concientización de la sociedad. Pero no podemos descansar o suponer que esta concientización es condición suficiente. Es necesaria, pero la condición suficiente la van a conformar las políticas públicas que hagan operativa esa conciencia individual y colectiva.
Jun 2, 2021 | Comunidad, Novedades
Un grupo de investigadores del Instituto de Cálculo y del Instituto de Ciencias de la Computación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, en colaboración con científicos pertenecientes a diversas instituciones universitarias del país, elaboró un Informe sobre el Impacto de la Presencialidad Escolar en los Casos Confirmados de COVID-19 –en adelante Informe–, coordinado por Guillermo Durán y Rodrigo Castro.
“Venimos trabajando estos temas desde que empezó la pandemia, al principio como un desafío académico y después lo fuimos vinculando con algunos gobiernos. Trabajamos en colaboración con muchos municipios de la provincia de Buenos Aires, de distinto color político. Tuvimos bastante colaboración académica y de terreno con varios de ellos y, en particular, con la Gobernación bonaerense”, cuenta Guillermo Durán en diálogo con ANCCOM.
“Sobre el tema de la presencialidad escolar, lo que nos motivó fue la resolución de la Corte Suprema y lo que se trasluce de ella, que no hay evidencia relacionada con los contagios que pueda derivarse de la presencialidad. A partir de eso, empezamos a estudiar y lo enfocamos en tres aspectos distintos”, explica Durán.
El Informe consta de tres secciones: la primera consigna la situación de la pandemia en la Provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la luz de las restricciones de los últimos diez días del mes de abril y, puntualmente, de la compatibilidad con la presencialidad o virtualidad escolar; la segunda parte analiza las métricas utilizadas en otros países para decidir la suspensión temporal y, por último, se analiza la bibliografía científica actualizada que mide el impacto epidemiológico de la presencialidad. Está disponible para su consulta aquí.
La conclusión del análisis es que en un contexto de alta incidencia viral y con circulación de variantes más contagiosas –mediáticamente conocidas como las cepas de Reino Unido y Manaos–, la escolaridad presencial implica más riesgos para niños, niñas, adolescentes y docentes.
A su vez, afirman, la suspensión temporal de la educación presencial en el Conurbano produjo una disminución más veloz y pronunciada que en CABA y los distritos de la provincia que mantuvieron la presencialidad. Los científicos señalaron que esa disminución tenderá a desaparecer con el tiempo, dada la constante circulación de personas entre el Conurbano y CABA, lo denominan homogeneización de las incidencias.
Algunos países cuentan con indicadores de riesgo epidemiológico que imponen límites a la continuidad de la escolaridad presencial en determinados contextos. Estos miden la cantidad de casos semanales detectados de COVID cada cien mil habitantes. Este parámetro sanitario es también conocido como la incidencia. En Austria, Francia y Bélgica establecen un valor máximo de 400. A su vez, el órgano que se encarga de controlar los números de la pandemia en Estados Unidos, conocido como Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), propuso un semáforo y considera como “Alta Transmisión Comunitaria” la cantidad de 100 casos semanales cada 100 mil habitantes, y sugiere, traspasado ese umbral, la suspensión de la presencialidad.
“Usamos el indicador de cantidad de casos confirmados semanales cada cien mil habitantes. Con ese indicador es que (la canciller alemana) Angela Merkel fija en 165, Chile y Colombia cortaron las clases presenciales con 200, Uruguay con 400. En el momento del decreto del Presidente, la Ciudad de Buenos Aires estaba en 650 y el conurbano alrededor de 500”, concluye Durán.
“Quisimos revisar lo que se hacía en el resto del mundo. Porque la pandemia plantea desafíos similares en todos los países. No somos el primero en el que se debate qué hacer con la presencialidad escolar”, expresa Sol Minoldo, investigadora colaboradora en la confección del Informe.
“Prácticamente todos tomaron medidas al respecto en 2021, y en especial cuando el contexto epidemiológico fue más complicado. Ese hecho confronta fuerte con la idea de que no hay evidencia que haga pensar en una relación entre la escolaridad presencial y el aumento de contagios. También en esos países consideran importante la presencialidad”, afirma Minoldo.
La comunidad científica, de un amplio abanico de naciones, ha producido estudios que muestran evidencia sobre el impacto positivo de la cancelación de la presencialidad en la disminución de la circulación viral, y lo ha hecho en base a diferentes rangos temporales y técnicas de análisis. En su Informe, los investigadores argentinos aclaran: “No es posible asegurar que en cualquier situación concebible, el cierre de escuelas producirá sistemáticamente una disminución de la circulación”. La complejidad del problema no permite establecer de manera determinante que una variable sea causa de la otra, pero hay una correlación cierta entre ambas. Y aunque en el estudio no se explica por qué esto sucede, sí se describe qué es lo que pasa cuando tenemos alta transmisión comunitaria y se abren las clases presenciales.
“Está bueno que empecemos a sacar estos temas de la grieta política. Es un debate sanitario, científico. Hay que darle más racionalidad a todo esto y tomar decisiones basadas en la evidencia, pero no decirlo, sino hacerlo. Por supuesto, entendemos que no puede haber restricciones eternas para todo el mundo. Pero hay momentos donde hay que parar la pelota y cerrar, porque si no se nos muere toda la gente”, advierte Durán.
Jun 2, 2021 | DDHH, Novedades
En la provincia de Buenos Aires alrededor de 45 mil personas están siendo ignoradas en los planes de vacunación contra el coronavirus. Se trata de las personas alojadas en cárceles y comisarías. En el 2020 murieron 28 detenidos por covid-19 y hasta marzo solo se realizaron 345 testeos en esos ámbitos. En todo el territorio argentino se llevaron a cabo más de 12 millones de testeos sobre una población de 45 millones. Si se usara la misma vara para personas detenidas como se hizo con el resto de la sociedad, se deberían haber realizado más de 12 mil hisopados en las unidades penitenciarias.
Frente a esta marcada diferencia, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) realizó un reclamo para que se tenga en cuenta en el Plan Nacional de Vacunación a la población que habita los centros de encierro. El pedido se sustenta en el respeto al principio de igualdad ante la ley.
En el último registro de la CPM se denunció que hay 44.584 personas detenidas alojadas en 20.804 plazas penitenciarias en las cárceles bonaerenses, la situación es alarmante ante la segunda ola del coronavirus en el país. La sobrepoblación llega al 114%, atentando contra toda recomendación sanitaria y humana. Los que forman parte de este grupo son olvidados tanto para el acceso a una vacuna como para otros derechos básicos.
La pandemia expuso una realidad que viene de larga data: la deficiencia del sistema de salud carcelario. La Dirección de Salud Penitenciaria, que depende del Ministerio de Justicia, históricamente no brindó las condiciones mínimas y necesarias para que las personas privadas de libertad transcurran sus días en un ambiente adaptado que cumpla los requisitos sanitarios.
La CPM recorrió 27 unidades penitenciarias en toda la provincia, y sus representantes observaron que la falta de vacunación de la población de riesgo se suma a otras problemáticas que pueden agravar el momento delicado que se vive por la segunda ola. El escenario se repite en las distintas unidades repartidas en Buenos Aires, la sobrepoblación, el hacinamiento, el acceso nulo a la salud básica en la mayoría de los casos, la falta de testeos y elementos de limpieza e higiene hacen de las instalaciones de encierro un caldo de cultivo para la proliferación de enfermedades, no solo covid-19, sino también de otras infecciones fácilmente tratables tras los muros. “Los presos en la provincia de Buenos Aires se mueren de tuberculosis. Cuando se detecta se los lleva a una celda de aislamiento en condiciones pésimas que empeoran la salud de las personas –detalla a ANCCOM, Laura Maccarrone, socióloga especialista en sistema penal y derechos humanos-. Hay ciertas enfermedades que en la cárcel tienen una mayor prevalencia o frecuencia y producen más muertes que en el afuera”.
Del otro lado de los barrotes se ha hecho efectiva la vacunación al personal de las fuerzas que brinda servicios en las cárceles y comisarias, pero esto no soluciona un problema que es estructural, en realidad no hace más que visibilizar la discriminación que cae sobre las personas en contexto de encierro.
¿Distanciamiento social?
La recomendación primera para evitar el contagio de covid-19 es el distanciamiento social, imposible de llevar a cabo en las cárceles y comisarías de la provincia donde las instituciones duplican su capacidad máxima de alojados, sin una estructura que lo soporte. Y una plaza penitenciaria no se reduce solo a una cama o habitación, incluye todos los aspectos necesarios para que la vida de una persona en un espacio sea digna: servicios sanitarios, médicos, profesores, agua potable, iluminación natural, etc. En las comisarías la situación es peor, la CPM denuncia que hay aproximadamente cuatro personas en espacios donde debería habitar una, 4.678 personas se hacinan en 1.200 calabozos en comisarías, muchas de ellas, clausuradas.
Maccarrone y Nicolás Maggio toman los datos relevados entre mayo y junio del 2020 por la Asociación Civil de Familiares de Detenidos (ACiFaD). En el informe titulado ”La Post Salud Carcelaria” denuncian el incumplimiento de los derechos en materia de habitabilidad y la ausencia del sector de Salud, una falta de accionar que viene repitiéndose hace años. Con la pandemia ha habido un intento de refuerzo al principio, pero los testeos han sido pocos y las medidas sanitarias fracasaron en rigurosidad y frecuencia. Los números son alarmantes, se registró que por m2 conviven dos personas y hasta, a veces más, comparten el mismo colchón. En estas condiciones todos los detenidos en las unidades penales bonaerenses pasan a formar el famoso “grupo de riesgo”, por lo tanto deberían tener su lugar en el plan de vacunación. El hacinamiento extremo que padecen se combina con malas condiciones materiales: humedad en las paredes, inodoros que no desagotan -si con suerte los hay-, falta de vidrios en las ventanas, conexiones eléctricas precarias, goteras e inundaciones en las celdas y, por supuesto, la falta de barbijos y elementos de higiene personal. “Las cárceles las mantienen las familias. Los elementos de higiene, la comida y la medicación los llevan las familias. Cuando se inhabilitaron las visitas, el sistema entró en crisis porque se puso en evidencia todo lo que está transferido a las familias”, subraya Maccarrone. Es un escenario que se asume como norma.
El Comité Nacional de Prevención contra la Tortura (CNPT) aprobó por Resolución N° 16/2021 el documento “Estándares mínimos de capacidad de alojamiento y condiciones de detención en establecimientos penitenciarios”. En él se establecen criterios mínimos respecto de las condiciones de detención en los establecimientos penitenciarios en materia de habitabilidad, lo que incluye dimensiones físicas de los espacios de alojamiento y de espacios comunes, salubridad e higiene, iluminación y ventilación, entre otras. Esto se enmarca en una de las diversas acciones que el CNPT desarrolla para revertir la situación de hacinamiento. No se estarían cumpliendo.
Desatención médica
La cifra oficial de testeos totales que aporta el Ministerio de Salud, es decir desde el comienzo de la pandemia, registra 12 millones de testeos en un país que se acerca a los 45 millones de habitantes. Se podría traducir en un 26, 67% de personas testeadas. Hasta marzo de 2020 en las unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires solo se testeó un 0,79%, muy por debajo de la centésima parte del total de detenidos. Maccarrone asegura que teniendo registros del accionar de la Salud carcelaria ante otras enfermedades, no se puede esperar que con el brote de covid-19 se haya hecho algo muy distinto y más cuidadoso de lo que se hacía antes. “El Ministerio de Justicia nunca produjo datos” denuncia la socióloga.
Las personas detenidas difícilmente llegan a ser asistidas por los operadores de la salud de las cárceles. Existen problemas en la provisión de medicamentos, no reciben atención especializada y no les realizan revisiones clínicas. Los sectores destinados a atender la salud de las personas detenidas están alejados de los pabellones y no son accesibles para ellas. “Nueve de cada diez descripciones de los espacios de ´sanidad´ carcelarios (espacios de internación y atención de pacientes) los definen como lugares donde no hay nada, malísimos, pésimos, fríos, sucios, sin agua caliente, sin cama/colchón, húmedos”, sintetiza el informe La Post Salud Carcelaria.
En las notas enviadas a los ministerios de Justicia y Salud, la CPM exige que se aprovisione de manera regular y periódica de elementos necesarios para prevenir los contagios: barbijos, jabón, lavandina y alcohol en gel. La Dirección de Salud Penitenciaria depende del Ministerio de Justicia pero la CPM insiste en que quede bajo responsabilidad de la cartera de Salud.
En la provincia de Buenos Aires la población en las instituciones de encierro ni siquiera ha sido tomada como grupo prioritario, mientras que sólo cinco provincias presentaron datos de vacunación a personas privadas de libertad: Mendoza, Corrientes, Catamarca, Neuquén y Formosa, esta última vacunó a más de mil personas detenidas. El resto deberá esperar a que los ministerios respondan y tomen las medidas necesarias. “En todo este tiempo aún no hemos tenido respuesta por parte del gobierno a nuestro reclamo”, le señaló a ANCCOM el abogado Roberto Cipriano García, quien actúa como secretario de la Comisión Provincial por la Memoria.
Jun 2, 2021 | Comunidad, Novedades
A mediados de mayo, la tradicional marca Havanna y Bioceres, una empresa argentina de biotecnología, anunciaron la producción de alimentos con insumos cuestionados en todo el mundo por sus consecuencias en la salud y sobre el medio ambiente. El acuerdo establecía la producción de alfajores con trigo transgénico HB4, cuyo uso está aprobado únicamente en Argentina. La alianza perseguía como objetivo declarado la innovación en biotecnología de alimentos para desarrollar productos que, según afirmaban ambas empresas, eran más sustentables. Sin embargo, esto encendió la alarma de diversos sectores ambientalistas, que repudiaron fuertemente el avance de ese tipo ofertas en el mercado local.
Bajo el hashtag #ChauHavanna, grupos como la Asociación Argentina de Abogades Ambientalistas y la Unión de Trabajadores de la Tierra y especialistas en materia ambiental lanzaron la campaña para visibilizar y alertar sobre un convenio entre la empresa agropecuaria y Havanna. Si bien esta última desmintió que ya estuviera firmado el acuerdo para producir con trigo HB4 como materia prima, diversas organizaciones de la sociedad civil advirtieron sobre los peligros de este tipo de semillas. “Si le vas a poner trigo HB4 al alfajor (y en consecuencia, tener altísimas chances de que contenga glufosinato de amonio) por lo menos, no me lo quieras vender como ‘sustentable’”, expresó el Licenciado en Ciencias Ambientales Inti Bonomo en un hilo de Twitter.
El alfajor es considerado la golosina argentina por excelencia. En nuestro país existen más de 100 marcas que comercializan este producto. Hay más de 12 millones de consumidores de y, según un informe de TGI Ibope, se vende un promedio diario de 6 millones de unidades, especialmente, entre los sectores de ingresos más bajos de la población. Se trata de un dato curioso porque en tiempos de crisis, la industria de esta golosina crece debido a que en nuestro país muchas veces sustituye las comidas principales. Además, el informe destaca que se consumen 70 alfajores por segundo.
Havanna, una de las empresas más reconocidas en la República Argentina, nació en 1947 en la ciudad balnearia de Mar del Plata. Actualmente, cuenta con más de 200 sucursales en todo el país y se calcula que fabrica 100 millones de unidades al año, además de las partidas para exportación a Europa, Estados Unidos y otros países de América Latina.
La producción masiva se remonta a la década del 50, pero no sólo tiene que ver con alguna empresa en particular sino con la historia económica argentina. Después de 1945 y con las conquistas sociales en materia de derechos laborales, el alfajor se convirtió en el “souvenir” de la época. Trabajadores que por primera vez lograban acceder a vacaciones pagas llegaban a la ciudades balnearias y luego de su descanso, volvían con un regalo para sus familias: una caja de alfajores “Havanna”.
Si bien en los últimos años, el alfajor Havanna no es un producto al que puedan acceder fácilmente las clases populares, las dos tapitas con relleno siguen siendo las golosinas más consumidas y constituyen una marca identitaria de nuestra cultura.
Ante la noticia del acuerdo, miles de fanáticos de Havanna se volcaron a las redes de la empresa para manifestar su descontento y sobre la posible decisión de no comprar más dicho alfajor.
¿Alfajores sustentables?
Según explica el biólogo y filósofo Guillermo Folguera, el trigo transgénico implica la inserción de genes que le confieren dos características a la planta: lo hace resistente a la sequía y a un herbicida específico: el glufosinato de amonio. Estas cualidades constituyen los dos factores principales por los cuales la campaña #ChauHavanna rechaza su uso.
Con respecto al herbicida, Folguera indica que se trata de un agroquímico de toxicidad alta. “En el caso del glufosinato de amonio, significa sumar un químico a un sistema actual como el argentino que está sobrecargado de herbicidas”, y agrega que “esto implica efectos tanto ambientales, o sea daños a diferentes organismos, relaciones de organismos en la naturaleza, como en cuanto a la salud de las comunidades”.
Respecto a la resistencia a la sequía, el investigador del Conicet sostiene que el trigo transgénico posiblemente se siembre en zonas donde actualmente no hay cultivos, dado que se trata de suelos que se encuentran en situación de estrés hídrico, que el gen modificado del trigo vendría a solucionar. Sin embargo, para el especialista se trata de un problema porque implica “una extensión de la frontera agrícola en nuestro país. Quizás sea importante señalar que en los últimos treinta años Argentina figura entre los diez países del mundo que más deforestó. El Chaco es la segunda región del mundo en términos porcentuales en deforestación. Y eso va a implicar una degradación muy fuerte de biodiversidad, y también una exposición de los suelos a los incendios, sequías e inundaciones, que son tres fenómenos directamente vinculados con la degradación de las condiciones ambientales”.
Ante tales perjuicios, surge el interrogante de por qué Argentina habilita este tipo de productos. “Hay una idea muy a corto plazo de aumentar la producción a cualquier precio, como en este caso”, explica Folguera, y luego desarrolla: “Tiene que ver con ciertos sectores que se ven beneficiados, intentando incrementar ganancias más allá de qué sectores se ven perjudicados”.
Chau Havanna
El hashtag #ChauHavanna causó un revuelo en las redes sociales con los debates propios según la tonalidad confrontativa en esos espacios. Lo que es seguro es que logró captar la atención y poner en agenda el pacto entre la empresa la alfajorera y Bioceres que suponía, según Folguera, “un paso más en un proceso de pérdida de la soberanía alimentaria, pérdida del bienestar en las comunidades y de pérdida de una salud, y también, de la naturaleza”.
El biólogo sugiere una hipótesis acerca de la selección de Bioceres al elegir a Havanna: “La empresa tiene una imagen, si bien no responde a la estructura actual, de empresa familiar y de empresa que se hizo de a poco en Mar del Plata y después toma todo el mundo. Yo creo que para Bioceres es muy tentador y logra lavar su imagen y naturalizarla”. En este sentido, el alfajor producido bajo la alianza sería tan sólo una vía de ingreso del trigo transgénico mediante una marca conocida y amigable para el grueso de los argentinos y argentinas.
La última quincena de mayo resultó vertiginosa para el medioambiente en Argentina. Si bien se pueden observar algunos avances en la materia, como la reciente sanción de Ley de Educación Ambiental o el proyecto de ley de Etiquetado Frontal, estamos muy lejos de que el ambientalismo sea tomado como una política de Estado, tan necesaria en el contexto pandémico que vivimos.
La campaña #ChauHavanna buscó visibilizar el reclamo, hacer circular la información y demandar que las políticas públicas surjan de discusiones colectivas, que incluyan a las comunidades afectadas. La campaña logró su cometido y Havanna retrocedió en su acuerdo con Bioceres. Sin embargo, los sectores ambientalistas continúan en alerta y no cesan su lucha por concientizar a la población acerca de la soberanía alimentaria y la preservación de la biodiversidad.
Jun 2, 2021 | Géneros, Novedades
Salir de Puta es un documental independiente que aborda los debates en torno a la prostitución. A través de un relato coral de mujeres que ejercen o ejercieron el trabajo sexual, pone sobre la mesa las discusiones en torno a la reglamentación y el abolicionismo. Este film, dirigido por Sofia Rocha, fue seleccionado para participar del 24° Festival Internacional de cine de mujeres Flying Broom, un evento feminista que se está llevando adelante en Turquía. La película se estrenará hoy a las 14.30hs en Argentina por streaming.
“No es lo mismo contarlo desde afuera que vivirlo desde adentro”, dice la presidenta de AMMAR, Georgina Orellano, en el documental. Siguiendo esta lógica, el film recolecta y contrapone las voces de distintas mujeres que narran en carne propia sus vivencias, explican sus posturas, sus reclamos, y discuten el rol del Estado. “Muchas veces vi este tema abordado desde la romantización total o solamente exponiendo la cuestión de las víctimas de trata. A medida que fui conociendo el debate entre las posturas abolicionistas y reglamentaristas en el propio movimiento de mujeres fue creciendo el interés por tratar el conflicto y las ganas de generar herramientas para poder abordar los distintos aspectos de esta realidad y su gran complejidad. Esto me impulsó a buscar a las protagonistas reales de carne y hueso, tanto las que se consideran trabajadoras sexuales como las mujeres en situación de prostitución que quieren salir de ella, quienes ponen día a día el cuerpo para contraponer sus puntos de vista a través de sus historias de vida, deseos y convicciones”, explica Rocha.
Sofia Rocha, directora de Salir de Puta.
Según Rocha, la película aborda distintos ejes y posturas: “Si la prostitución es o no un trabajo; qué pasa cuando además del cuerpo se pone la sexualidad en la relación de compra-venta; si está bien o no que un tercero (conocido como proxeneta) puede apropiarse de parte de la ganancia como en cualquier otro trabajo; cuál es el rol de las fuerzas policiales, jueces, y toda la estructura estatal al respecto; cuál es la relación entre la prostitución y la trata; qué acciones llevan adelante las distintas organizaciones frente a las necesidades y problemáticas varias, y a qué futuro apuntan”.
Como referentes del regulacionismo aparecen, entre otras, Georgina Orellano y Valeria del Mar Rodríguez, ambas de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR). Para ellas el debate en relación a si el trabajo sexual es o no trabajo, ya está saldado: “Nosotras queremos derechos como cualquier trabajador”, afirma Ramírez.
Desde la Asociación de Mujeres por los Derechos Humanos (AMDH), presidida por Gabriela Collantes, levantan la bandera del abolicionismo. Una de sus militantes, Delia Escudilla, quien se auto define como sobreviviente, define a la prostitución como “una de las peores opresiones del patriarcado sobre el cuerpo de la mujer”.
Otra dimensión de la postura abolicionista es la lucha contra la trata de personas con fines de explotación sexual. Margarita Meire, fundadora de Madres Víctimas de Trata, transformó el dolor por la desaparición de su hija en militancia. La organización trabaja incansablemente desde hace 35 años para terminar con la trata y abolir la prostitución. Al día de hoy, ha logrado recuperar a decenas de chicas secuestradas. Para grabar estas escenas, desde el equipo de producción tuvieron que trabajar con especial cuidado. “Por un lado por las víctimas, pero por el otro por el nivel de entramado de connivencia política, judicial y policial que existe. A Margarita, cuya organización ha desmantelado varios prostíbulos, la han amenazado de muerte reiteradas veces; hasta han tiroteado la puerta de su casa que también funciona como comedor en Constitución”, cuenta la directora.
Con este cuidado y una sensibilidad notable, la película logra abordar un tema complejo. A través de planos cerrados, íntimos, las entrevistadas se dejan conocer. Rocha cuenta que hubo una búsqueda para que quienes vieran la película pudieran ponerse en el lugar y adentrarse en la vida de las protagonistas. Por otro lado, entendían que “las vivencias de estas mujeres y el ejercicio de la prostitución implicaron poner el cuerpo a un nivel muy alto, por lo tanto esos cuerpos están especialmente caracterizados, marcados y atravesados por esas experiencias”. En ese sentido, “se merecían ese acercamiento respetuoso mientras iban exponiendo y defendiendo férreamente sus posiciones políticas, filosóficas y sus decisiones de vida. Mientras tanto, seguían, una vez más, poniendo el cuerpo; ahora frente a la cámara y la pantalla”, explica la directora.
Rocha creció en el seno de una familia de mujeres rebeldes, donde era común cuestionar para transformar. Desde temprana edad le interesó el debate en torno a la prostitución y fue dando la discusión en distintos espacios, como lo fueron los talleres del Encuentro Nacional de Mujeres. “Para mí la prostitución es un eje bastión en las sociedades, a pesar de ser todavía ‘tabú’ en su doble moral. Cuando una escucha las historias de estas mujeres, las anécdotas con los clientes o prostituyentes (dependiendo la narradora), entiende buena parte de las lógicas sociales y patriarcales arraigadas históricamente. Muchas de las cuales luchamos por desarmar y cambiar”.
Salir de puta es su primer largometraje. Surgió como producto de su tesis de licenciatura en Diseño de Imagen y Sonido por la Universidad de Buenos Aires. Este proyecto tuvo su inicio en el 2018. La investigación duró alrededor de un año, al mismo tiempo que iban grabando. En él participaron Sofía De Luca, Belén Nuñez, Juan Tamagno y Victoria Mathé Leitner.
Rocha cuenta que, si bien las distintas personas que conformaron el equipo de trabajo tenían posiciones diferentes, todas las mujeres están atravesadas por el debate en torno a la prostitución. “Queramos o no, los roles social e históricamente construidos de ‘la puta’ y ‘la santa’ nos atraviesan en muchos ámbitos. Y eso fue un punto de partida común con las y los integrantes del equipo, a pesar de que teníamos acuerdos y desacuerdos”. En ese sentido, explica que lo más interesante de rodar esta película “fue el proceso de idas y vueltas, cambios de posiciones y aprendizajes. Muchas cosas las desconocíamos; poder conocerlas y entender las distintas posturas y sus interlocutoras nos fue permitiendo a mí y a todo el equipo adquirir una perspectiva compleja e integral”.
Con respecto al debate, Rocha dice que hoy no están dadas las condiciones políticas ni económicas para que se pueda saldar. Sin embargo, a modo de síntesis de su indagación propone tres medidas urgentes “primero, garantizar que quienes ejercen la prostitución autónomamente no sean perseguidas ni criminalizadas, algo que está establecido así en la Argentina pero que coexiste con códigos contravencionales provinciales que habría que derogar para que esto fuera una realidad. Por otro lado, garantizar opciones laborales y educativas para quienes quieran salir de la prostitución. Y, por último, actuar en consecuencia para combatir el proxenetismo y desarmar las redes de trata con fines de explotación sexual; como así también el aprovechamiento que hay de las fuerzas policiales de las personas en prostitución, inclusive cuando ‘la ley’ está de su lado”.
“Lo que es seguro es que ninguna de las que aparece en la película está de acuerdo con el modelo prohibicionista, algo que en otros países y en un período acá en Argentina ya se demostró que lo único que logra es ocultar el tema, hacerlo clandestino y vulnerar aún más a las personas prostituidas mientras se favorecen los empresarios, jueces y funcionarios que manejan las redes”, cierra la directora.
