Las PASO dieron lugar a que politólogos y analistas dieran su opinión sobre resultados que sorprendieron o impactaron a más de uno. “Los resultados no fueron una sorpresa, pero si lo fue su dimensión. Suponíamos y veníamos midiendo tendencias en las encuestas e investigaciones que el resultado iba a ser así para la Cámara de Senadores, pero pensamos que para Diputados la cosecha iba a ser un poco mejor, sobre todo en Provincia de Buenos Aires”, sostiene Paola Zuban, politóloga e investigadora de opinión pública y partidos políticos.
El bunker de Frente de Todos de La Plata comenzó con unos festejos esperanzadores hasta las nueve de la noche cuando empezaron a publicar los resultados provisorios. Luego del discurso del ministro del Interior Wado de Pedro y con el 60% de las mesas escrutadas, esos festejos desaparecieron y comenzaron las preocupaciones. Los resultados no solo se dieron con una sorpresiva rapidez, sino que también la contundencia de los guarismos, que no tuvieron demasiado cambio hacia la medianoche, descolocó las previsiones de las encuestas. Sin duda, la jornada de ayer dio mucha tela para cortar, como así también generó incertidumbre sobre lo que pasaría tanto en noviembre como en las elecciones presidenciales del 2023.
Habiendo ganado en 17 provincias, Juntos por el Cambio se declaró como el ganador indiscutido de la noche, con números impensados en jurisdicciones donde el peronismo era siempre la primera opción, como en el caso de Santa Cruz o la Provincia de Buenos Aires. Según Zuban, los errores no fueron solamente de gestión, sino que también hubo errores políticos en el armado de la campaña: “Los candidatos del oficialismo fueron puestos a dedo por Alberto Fernández, fueron candidatos que además no fueron consensuados con el resto de los espacios políticos que componen la coalición, no hubo internas en el espacio oficialista y esto resintió mucho en la militancia y el peronismo, sobre todo en Provincia de Buenos Aires”. Al parecer, el poco mutuo consentimiento dentro del partido también fue un condimento que afectó en los resultados finales de ayer.
Para el sociólogo y analista político Ricardo Rouvier “el voto a la derecha o el voto a la izquierda es un voto programático. Este domingo no votaron a Macri ni al PRO, votaron enojados contra el Gobierno, entonces lo toman como una opción. ¿Quién me sirve para castigar al Gobierno? La alianza opositora, capaz que dentro de dos años a lo mejor lo abandonan”. , a estas declaraciones agrega: “Es un paso para la derrota en noviembre y en 2023, pero también puede no ocurrir, por supuesto, porque ese 15 y 18% fluctúa, pero no por un partido de derecha, sino que fluctúa por un castigo a la gestión. A la gestión de Macri ya se la castigó, ahora se castiga a la de Alberto Fernández”.
El show que se volvió realidad
Mas allá de los resultados principales, hubo un personaje que resaltó en las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires. Con sus videos de campaña casi cinematográficos, los 13 puntos obtenidos por el líder de Libertad Avanza, Javier Milei, sorprendieron. “Estas elecciones de medio término –comentó Zuban- son propicias para que emerjan estas fuerzas marginales en el sentido de que tienen una porción del electorado muy pequeña basado en el voto bronca y antisistema, pero que después cuando van a elecciones generales se diluyen”. Para Ricardo Rouvier “no hay avance de la derecha, hay castigo al Gobierno. No está avanzando un partido de la derecha en particular. La sociedad no se vuelve de derecha, la sociedad te castiga por la mala gestión.”
Al parecer, el partido de Libertad Avanza propone formulas económicas fáciles de entender para la gente, formulas que parecen sencillas de aplicar pero que cuando tienen que ponerse en practica son un poco inviables: “Tienen la irresponsabilidad de hablar desde un lugar en el cual nunca han gestionado, y si tienen la oportunidad de gestionar tendrán que explicar porque las fórmulas tan simples que ellos plantearon no son tan simples. Siempre es mucho más fácil ser oposición y antisistema, siempre es mucho más fácil vociferar desde la bronca. Además, es muy efectivo, claramente hay una porción del electorado que está muy enojada con la política tradicional y muy enojada con las recetas económicas tanto de un lado como del otro”, sostiene Zuban.
El mensaje para todas y todos
Según los analistas, el mensaje para oficialismo fue claro: la gestión de Alberto Fernández durante la pandemia no alcanzó para confiar por segunda vez en las elecciones legislativas y las campañas electorales tampoco ayudaron. Según la politóloga Zuban, las campañas electorales no tenían propuestas porque no se escuchó a la ciudadanía y sus demandas. “Las mejoras macroeconómicas en términos de reactivación económica e industria, no se traducen al bolsillo de la gente a fin de mes. Hoy la gente está más preocupada por el desempleo y la inflación”, recuerda. Pero, según el discurso del Presidente ayer al cierre de las elecciones, en el bunker de Frente de Todos, el voto fue un mensaje de demandas que fueron entendidas y se buscará corregir y hacer lo que no se haya hecho.
El mensaje también fue para la coalición de Juntos por el Cambio ya que todos los candidatos apoyados por el ex presidente Mauricio Macri perdieron en las elecciones internas. “Las dirigencias tradicionales ya no están dando respuesta y la gente está buscando alternativas en dirigentes nuevos. La oposición necesita una renovación, necesita lideres nuevos y un recambio generacional”, opina Zuban.
En definitiva, el pueblo se hizo escuchar y de una manera muy clara y contundente, el voto sigue siendo la herramienta más poderosa de los ciudadanos y ayer resonó como nunca.
¿Qué pasá cuando se exhiben fotos en la web sin consentimiento? Este tipo de acción ¿lo contempla el actual Código Penal como un delito? ¿Cuáles son los proyectos de ley vigentes que se ocupan de la cuestión? Anccom charló sobre el mal llamado delito de “pornovenganza” con Marina Benítez Demtschenko, abogada especializada en delitos informáticos con perspectiva de género y Directora de la Fundación Activismo Feminista Digital.
En junio pasado, en Argentina se dio un fallo catalogado como ejemplar en materia de delitos informáticos. Patricio Poli resultó sentenciado a cinco años de prisión efectiva, pero su condena no fue por haber difundido imágenes íntimas de su expareja, como circuló por infinidad de medios, sino por violencia de género, física y psicológica. El cargo: “Coacción y lesiones leves calificadas”.
La mal llamada “pornovenganza” es la difusión no consentida de imágenes o videos íntimos en redes sociales, servicios de mensajería instantánea y cualquier tipo de medio social donde se comparte información y se encuentra tipificado la Ley Penal Argentina como un tipo más de extorsión. Por otro lado, se distingue del llamado “sexo extorsión”,que ocurre cuando una persona es amenazada y debe dar dinero o hacer algo a cambio de que no difundan imágenes íntimas.
El término “pornovenganza” o “revenge porn” para referirse a este delito es equivocado. La pornografía es una práctica consensuada que no busca el sometimiento de la otra persona ni su humillación. La idea de “venganza” apunta directamente a la víctima, ya que este concepto está vinculado a una suerte de merecimiento por parte de la misma. Sin embargo, cuando hablamos de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, aún no hay en nuestro país una figura lo contemple como un delito específico.
Si bien no existen estadísticas oficiales, la Asociación de Lucha contra el Cibercrimen (AALCC), en un informe presentado en 2019, determinó que este delito afecta en un 87% a mujeres y adolescentes. Durante el periodo 2016-2018 se incrementaron un 20% las denuncias de difusión de material íntimo sin consentimiento. En ese lapso hubo 650 denuncias por “pornovenganza” y 3.500 por “sexo extorsión”.
Perspectiva de género
El 23 de julio del 2020, el Senado de la Nación dio sanción a un proyecto de ley para regular la difusión no consentida de imágenes íntimas. La iniciativa fue elaborada sobre la base del proyecto de ley de la senadora por Santiago del Estero, Claudia Ledesma Abdala de Zamora (Frente de Todos), donde se tuvo en cuenta el proyecto de la senadora por Tucumán Silvia Elías de Pérez (Juntos por el Cambio). Dicha sanción pasó a la Cámara de Diputados, pero luego no fue sometido a debate parlamentario, por lo que continúa pendiente de tratamiento en la Cámara Baja.
En diálogo con ANCCOM, Marina Benítez Demtschenko puso bajo la lupa el tratamiento del problema: “Técnicamente, todos los proyectos son espantosos, adolecen de falencias que son preocupantes y terminan siendo muy desprotectores en el caso en que se conviertan efectivamente en ley. Lo que no se tuvo en cuenta a la hora de redactar estos proyectos, es que en este tipo de delito, se requiere de una inmediatez absoluta y que no puede ser tratado de la misma manera que la violencia física; el contenido es imposible de bajar de la web, el agresor es omnipresente y existen otros agresores potenciales que son quienes difunden el material”.
El antecedente en Latinoamérica para este tipo de delitos es la Ley Olimpia, de México. Su nombre proviene de una mujer que fue acosada virtualmente luego de la viralización de material audiovisual íntimo sin su consentimiento. Dicha norma busca tipificar este tipo de situaciones y prevé una condena de hasta 6 años de prisión y multas económicas.
“Un error garrafal del último proyecto debatido en el Senado es que es un copiar/pegar de la Ley Olimpia de México. Se deben tener en cuenta las características de nuestro país en materia informática. Lo que hace esta ley es enmarcar el concepto de violencia digital directamente relacionado a la difusión no consentida de material íntimo y esto se trata de una problemática mucho más omnicomprensiva que supone otros comportamientos y conductas dañosas hacia las mujeres”, aclara la también directora de Activismo Feminista Digital.
En nuestro país, la regulación mexicana fue tomada como modelo en 2019 por la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados. En la misma, se propuso modificar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y los mexicanos aprobaron la ley en una sesión histórica con cuatrocientos votos a favor y cero en contra.
El proyecto vigente define la violencia digital como “actos de acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, vulneración de datos e información privada, difusión de contenido sexual sin su consentimiento, textos, fotografías, videos y/o datos personales (…) o cualquier otra acción que sea cometida a través de Tecnologías de la Información y la Comunicación (…) y atente contra la integridad, la dignidad, la vida privada o vulnere algún derecho humano de las mujeres”.
“Quieren incorporar a este delito bajo lo que se denomina de instancia privada, lo que supone que quien denuncia en medio de la desesperación de una viralización tenga que impulsar toda una investigación. Si de verdad queremos que este tipo de conductas se penalicen, hay que tener en cuenta la brecha al acceso a la justicia que tenemos las mujeres y lo que conlleva hacer una denuncia de este tipo. No se puede copiar/pegar y hacemos notas solo para la agenda mediática sino que se tiene que llevar adelante este tipo de proyectos conociendo bien la problemática”, explica Demtschenko.
¿Cómo es la legislación en otros países?
Aunque no hay una figura ni pena común, desde 2014 algunos países que han avanzado en legislaciones para penar la difusión no consentida de imágenes íntimas. Entre otros: Israel, Japón, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, España, Nueva Zelanda, Alemania, Filipinas, México, Brasil, Perú y Puerto Rico.
Hace siete años, Israel se convirtió en el primero del mundo en incorporar a su Código la figura de “pornovenganza” como delito. De esta manera, el delito se catalogó como crimen sexual y a las personas afectadas como víctimas de abuso sexual. Se modificó la ley sobre acoso sexual y se incluyeron penas de hasta cinco años de cárcel.
Las sanciones no siguen un criterio unívoco. Alemania impone multas. Reino Unido, Irlanda del Norte y Nueva Zelanda aplican sanciones penales; Brasil y Canadá establecen responsabilidades indemnizatorias del tipo civil. España aplica penalidades privativas de libertad y multas, y agravantes en atención a circunstancias personales del hecho y de la víctima. Perú contempla también imponer medidas de prisión, con agravantes para los funcionarios públicos y Puerto Rico sigue la misma línea.
Mientras tanto, los diputados nacionales siguen bailando un eterno minué en medio de una campaña electoral en donde se discute si está bien usar el término “garchar”. a propósito de la frase de Victoria Tolosa Paz.
Las víctimas se multiplican a falta de sanciones efectivas porque sin penas no existe seguridad ni protección ante hechos de violencia machista mediados por la tecnología. Antes de comenzar la pandemia el 87% de las agredidas eran mujeres y muchas adolescentes. Las expectativas de los próximos relevamientos no son alentadoras.
Luego de 14 días de ocupación, los vecinos y vecinas de la villa 21-24 levantaron la toma de los terrenos ferroviarios, en el barrio de Barracas, luego de un acuerdo, tras participar de una mesa de negociación con representantes de los gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires y de la Nación.
“Tras una hostil oferta que proponía solamente el desalojo y algunos pocos materiales de construcción, pudimos negociar y plantear las necesidades que tenemos en el barrio. Conseguimos 135 subsidios habitacionales de parte de Ciudad y 135 subsidios de ayuda urgente de parte de Nación, ambos de $50.000 y por única vez”, detalló Nahuel Arrieta uno de los vecinos autoconvocados que participó de la mesa de diálogo convocada por el juez que interviene en la causa por la ocupación de los terrenos, Daniel Rafecas, que terminó con la toma.
De la mesa participaron además de Rafecas, representantes del Ministerio de Desarrollo de la Nación y del Ministerio de Desarrollo Humano de la Ciudad de Buenos Aires; y por de los vecinos autoconvocados, tres delegados de la toma, Héctor y Nahuel Arrieta y Eliana Gramajo, acompañados por el cura Lorenzo “Toto” de Vedia, de la Parroquia Virgen de los Milagros de Caacupé.
Luego de recibida la propuesta, los referentes debatieron en asamblea con todas las familias autoconvocadas y resolvieron aceptar el ofrecimiento, a cambio de desalojar el predio de forma pacífica. “Esto no resuelve el verdadero problema, ni siquiera resuelve los problemas de alquiler, porque terminás gastando todo muy rápido -agregó Arrieta-. Lo que mejor pudimos conseguir, que para mí es lo verdaderamente importante, es una segunda mesa de diálogo, pero con los verdaderos actores que pueden llegar a solucionar el problema de fondo que tenemos: el déficit habitacional”.
El martes 14 de septiembre, los delegados mantendrán una reunión con el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación y el Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. “Vamos a plantear nuestras necesidades, pero también vamos a ampliar el reclamo para poder llegar a pelear la urgente urbanización e integración urbana de la villa 21-24 y Zabaleta”, sentenció el referente.
Se llama Da que estrictamente significa Diccionario castellano-wichí y, aunque no lo dice su nombre, se trata de una página web, que es una herramienta destinada a la traducción de palabras desde la lengua originaria a la lengua castellana y viceversa. El trabajo colectivo que busca satisfacer una necesidad tuvo que sobrepasar obstáculos técnicos y sociales durante años. Se logró con la participación de los propios hablantes y el apoyo de las instituciones académicas como la Universidad Nacional de Formosa y la Universidad de Buenos Aires y el auspicio del Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica (CAICYT) del CONICET
En las comunidades wichís había una demanda, hace tiempo rondaba la idea y necesidad de un proyecto así. En las provincias del norte del país se habla más de una lengua y no genera sorpresa la necesidad de un diccionario bilingüe. En Formosa, por ejemplo, existen escuelas donde asisten chicos con diferentes lenguas nativas, por lo tanto, los maestros necesitan un soporte para poder enseñar con la menor cantidad de dificultades posibles, el diccionario también es útil para que en los hospitales públicos los pacientes puedan expresar sensaciones y sentimientos sin que existan mayores interferencias en el diálogo, y un sinfín de peripecias en las que también viene bien la traducción.
“Hay gente blanca a la que le importan los idiomas originarios por eso es muy importante que haya un diccionario”, cuenta Graciela Bramajo, integrante de la comunidad wichí y participante del proyecto.
Lawit’äy (problemas) y desafíos
Una de las barreras a saltar para la conformación del diccionario fue la escritura. El proyecto debía acompañar el proceso de estandarización de la escritura wichí -a diferencia del castellano con larga tradición escrita-. Los primeros escritos datan de fines de siglo XIX y principio del siglo XX. El alfabeto comenzó a formarse y sufrió modificaciones. El uso de la lengua escrita se dio de a poco y se generó un desarrollo de la enseñanza de lectoescritura wichí. La temprana edad de los estudios implicó un desafío para el desarrollo del diccionario. Desde el equipo técnico se decidieron integrar las variantes ortográficas más sistemáticas que se presentan en algunos términos, existen casos en los que hay vocablos que se escriben de dos o tres formas.
A raíz de una joven práctica de la escritura e incorporación de la ortografía suele ocurrir que una persona escriba la misma palabra de dos formas distintas, cuando esto es sistemático puede ser por el hecho de que en la zona decidieron representar el sonido de otra forma. El diccionario pretende respetar estas variantes dialectales.
El trabajo abarca dos complejos dialectales, el pilcomayeño (Pyo) y el bermejeño (Bjo), que representan las dos variedades que tienen diferencias más estructurales e importantes, son las que tienen más tiempo de divergencia. Dentro de estos complejos también hay subdivisiones. Estos matices de la lengua wichí provoca otro desafío a superar y un carácter más para tener en cuenta a la hora de confeccionar un diccionario. Una de las diferencias estructurales es la variación en relación con las vocales, el pilcomayeño tiene seis vocales y el bermejeño tiene cinco; otro ejemplo es la forma de la primera persona: para decir “yo”, algunos lo hacen con la letra “o” y otros lo hacen de una forma que empieza con la letra “n”. Son diferencias que necesitan mucho tiempo para que se instalen en las comunidades.
El tiempo como en toda lengua impone y también deja palabras en desuso. Durante el armado se dieron largos debates entre ancianos y jóvenes de la comunidad wichí. La variación entre generaciones es interna en la lengua. Además de estos cambios, el contacto con el español provoca una serie de préstamos léxicos que también son abarcados por este diccionario. Por ejemplo, la comunidad wichí ha adoptado el sistema numeral occidentalcon las palabras en español adaptadas fonológicamente, el wichí era un sistema en base a 5. Más de 5, se consideraba muchos.
Llevar a cabo este proyecto exigió un gran compromiso y dedicación por parte de los integrantes del equipo técnico. Sus miembros se trasladaban por los pueblos cercanos para reunirse con otros compañeros wichís, Bramajo relata su rol y las cosas que tuvo que hacer en estos años: “Yo participaba en las reuniones, revisaba las palabras y buscábamos las traducciones, hubo días en que íbamos a Mortero que queda a 57km de Lomitas, en una moto con la profe Vero para juntarnos en la escuela con los demás”. La pandemia y las restricciones trajo nuevas limitaciones, las reuniones en la plaza quedaron suspendidas y ahora buscan la manera para organizarse y actualizar las entradas.
Iklafwete (detrás) del diccionario online
El trabajo consistió en incorporar las listas de palabras recolectadas para estudios lingüísticos, los términos se extrajeron de textos orales, términos de vocabularios específicos que fueron producidos por los hablantes nativos wichí en los últimos años.
Para lograr este diccionario se realizó un trabajo colectivo -intervinieron 47 autores/traductores hablantes nativos de las dos lenguas- donde se practicó la investigación participativa, “supone llevar adelante un trabajo analítico que no se realiza individualmente como lingüista, sino también con un equipo y con la participación de los interesados” define la lingüista Verónica Nercesian, quien también es coordinadora general del diccionario.
El equipo técnico compuesto por nueve personas formadas en lingüística y personas con diferentes experiencias y trayectorias cargó la información, colocó la palabra en wichí, buscó la correspondiente en castellano, la información gramatical, alguna información etimológica y así con cada palabra. El diccionario intenta tener la correspondencia semántica -la similitud de elementos conceptuales entre las dos lenguas- más aproximada posible.
El diccionario sale a la fwala (luz)
El proyecto se viene gestando hace siete años y a pesar de que ya se puede acceder al sitio y utilizarlo, aun el trabajo no finaliza. Existe un equipo técnico que se ocupa de confeccionar las listas de palabras y actualizar las entradas en el buscador. Reunieron 3.500 vocablos. En el caso de las que no se encuentran, el usuario podrá completar un formulario para indicar qué palabra buscaba o que inconveniente tuvo, y el equipo técnico recibe el pedido y lo suma al trabajo de elaboración y edición que se continúa haciendo.
Antes de su salida, el proyecto sufrió modificaciones y demoras. La idea inicial constaba de un diccionario impreso y pensado para la variedad del bermejo. El tiempo y el trabajo demostró que se necesitaba cambiar para cumplir otras necesidades, esto hizo que se modifiquen los lapsos de la publicación. “Había que repasar las palabras una por una, incorporar más gente y recorrer otras zonas” cuenta Bramajo.
La versión impresa no era la mejor opción. Traía limitaciones de alcance y costo, imprimirlo implicaba contar con un financiamiento o subsidio de investigación lo cual terminaba en una cantidad escasa de ejemplares, además el uso iba ser mucho más limitado. A la vez, acudir a una editorial y entrar en el mercado dificultaría la llegada del diccionario a la comunidad wichí ya que en la mayoría de los pueblos las librerías son inexistentes. Se evaluó y se pudo ver que la circulación de un diccionario en formato papel sería costosa, limitada y representaría un problema al momento de hacer correcciones. Todas estas dificultades se solucionaron con la versión online. El alcance es infinitamente mayor, es gratuito, de acceso libre y la edición se puede dar permanentemente. La popularización de teléfonos inteligentes y la mayor posibilidad de conexión a internet brindó una ayuda que no debía ser desaprovechada, un diccionario online llegaría a las manos de las comunidades wichís y a las de los hispanohablantes.
Esto es solo el lates (principio)
Un proyecto como este no solo recoge el trabajo lingüístico y lexicográfico, es decir, no gira exclusivamente alrededor del aporte científico, sino también es importante el aspecto de lo popular que existe detrás, son personas de dos lenguas que participaron en conjunto, supieron ver lo que faltaba y buscaron llenar el vacío. Ahora el equipo técnico extiende la responsabilidad al usuario, quien toma una importancia significativa. Su búsqueda y el uso de la página harán que surjan cada vez más palabras y que se extienda la participación de la sociedad en la creación de un diccionario que es para todos.
El trabajo no termina, pero se llegó a una nueva etapa, la dedicación de muchos años y después de muchas palabras se logró la publicación y se alcanzó una de las metas iniciales, que la población pueda usarlo. “El desafío era armarlo -sostiene Nercesian-, ahora debe mantenerse, se corregirá y se ampliará conforme pase el tiempo y el uso, por esta razón se decidió hacerlo público a pesar de que esté en proceso, porque un diccionario que no se usa es un diccionario que no sirve”.
Luego de varios días de protestas, las soluciones a los problemas habitacionales de los y las vecinos y vecinas parecen esfumarse como muchas otras promesas de campaña. El predio ocupado en los terrenos lindantes a las calles Luna y Lavardén es propiedad nacional a cargo de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF S.E), y esta semana se transformó en el escenario que permitió visibilizar el reclamo por un derecho largamente postergado: el acceso a una vivienda digna. Según el Gobierno porteño, la zona iba a ser utilizada por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) para realizar una obra de agua potable en convenio con Aysa. No obstante, los vecinos aseguran que esa obra nunca se anunció y que el terreno hace varios años que está abandonado.
En carpas y refugios, ciento sesenta familias resisten a las embestidas policiales y denuncian el abandono del Estado. “Fuimos los vecinos -explica Nahuel Arrieta, uno de los referentes de la toma- quienes trajimos las escuelas, los comedores y nos organizamos siempre de forma autogestiva. En las exigencias diarias de la 21-24 no aparece ningún ente estatal. Sufrimos constantes cortes de luz y hostigación permanente por parte de las fuerzas armadas. La realidad de esta toma no se diferencia mucho con lo que pasa en la Villa todos los días”.
A orillas del Riachuelo, la Villa 21-24 se encuentra emplazada en los barrios de Barracas y Nueva Pompeya al sur de la Ciudad de Buenos Aires y oficia de frontera con el partido de Avellaneda. Es una de las primeras villas y con 65 hectáreas es la más extensa en términos territoriales. Su historia está ligada al crecimiento del AMBA y su origen se relaciona con la proximidad de los barrios fabriles que, prontamente, impactaron en la contaminación del Riachuelo. Para 2010, según los datos oficiales del Censo de ese año, la población de la Villa ascendía a 31.018 habitantes, 7.455 viviendas habitadas y 9.127 hogares. Y para 2013, la fotogrametría realizada por el Ministerio de Desarrollo Urbano señaló un crecimiento cuantitativo: 48.315 habitantes, siendo así una de las villas más densamente pobladas de la Ciudad.
En todo estás vos (según donde vivas)
El abandono estatal que denuncia Arrieta se traduce en una profundización de la actual crisis habitacional que se vive en la Ciudad de Buenos Aires, y que repercute especialmente en los barrios más vulnerables. La emergencia sanitaria producida por el covid-19 generó una desaceleración económica que no sólo visibilizó, sino que profundizó los déficits socioeconómicos estructurales previos.
La falta de una vivienda digna es uno de los tantos rostros que muestra hoy la prolongada exclusión y marginalidad padecida por las familias de la 21-24. “Esta Villa no está urbanizada. Hace 40 años que luchamos por un Plan de Urbanización”, reclama Arrieta.
En efecto, no sólo el presente, sino también el futuro está lejos de ser promisorio. Según el informe de ACIJ, el presupuesto 2021 destinado a villas incluye programas de infraestructura y vivienda, atención de emergencia e integración social y económica que responden principalmente a los procesos de reurbanización de los barrios Carlos Mugica (Villa 31), Barrio 20 (Villa 20), Playón de Chacarita (Villa Fraga) y Rodrigo Bueno, así como los conjuntos de vivienda nucleados por la afección a las relocalizaciones de la cuenca Matanza Riachuelo.
El monto presupuestario es de $8.302 millones, número similar al del 2020 ajustado por inflación y 67.9% menor en relación al presupuesto devengado en 2019. Para la ACIJ este panorama resulta grave si se considera que las intervenciones implican no sólo la finalización de obras pertinentes, sino también el inicio de mejoramientos e infraestructura necesarios para la formalización y adecuación de viviendas existentes.
Hasta ahora, los procesos de reurbanización en las cuatro villas han estado centrados en la construcción de viviendas nuevas, pero aún están pendientes obras de infraestructura y de provisión de servicios básicos.
Por otro lado, se advierte que el desarrollo de nuevos procesos de reurbanización, comprometidos legalmente en alguna de las villas de la ciudad, se tornan inviables con los montos asignados. En este sentido, para la Villa 21-24, en la cual el Gobierno de la Ciudad tiene a partir de la causa judicial Riesgo Eléctrico del año 2010 la obligación de establecer una provisión eléctrica adecuada a todo el barrio, no se observa una afectación presupuestaria para tal objetivo. Asimismo, “en el plan plurianual de inversiones para la villa 21-24 sólo se verifican montos asignados a obras de mejoramiento y para la red peatonal e infraestructura del Eje Iguazú, pero que presumiblemente sirvan para dar respuesta a lo dispuesto en la Causa Mendoza de 2008. Mientras tanto, la obligación de garantizar electricidad segura en la Villa 21-24 no está presente dentro del presupuesto para 2021”, concluye el informe.
Una urgente necesidad
Desde atrás de un muro que separa a la 21-24 de las tierras del ferrocarril, Tito Arrieta, familiar de Nahuel y uno de los encargados de dar a conocer las exigencias de los y las vecinas y vecinos, indica: “A partir de la pandemia la situación está mucho peor en los barrios populares como Retiro, la Villa 21 y Bajo Flores. Cada vez la emergencia habitacional va creciendo, los sueldos van bajando, y al tener un sueldo de $30.000 es imposible que podamos alquilar cuando los alquileres aumentan progresivamente.”
Para generar soluciones, reclama una intervención activa por parte del Estado. Como respuesta, en cambio, reciben amenazas de desalojo impulsadas por el juez Daniel Rafecas, a cargo del Juzgado en lo Correccional y Criminal N°3. Al ser un predio nacional, la causa judicial por la ocupación quedó finalmente en sus manos.
La falta de acción por parte de las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires para hacer frente a las problemáticas de los barrios populares no sólo se ve reflejada en su pasividad para resolver las exigencias de esta toma de tierras, sino que se hace sentir hace años por la falta de planes integrales de urbanización.
Tito, vecino con 20 años de antigüedad en el barrio y autoconvocado a la toma, afirma que: “La falsa promesa de la urbanización se ve, tal vez, en los edificios del PROCREAR que están atrás de la cancha de Huracán y los que están en la Estación Saenz. Cuando te querés anotar para acceder a la vivienda, piden tener un sueldo de 60.000 pesos o 70.000 para arriba, y eso es imposible, ni siquiera sumando los sueldos con mi cónyuge llegamos, y eso imposibilita poder acceder a la primera vivienda que todos queremos”.
Por su parte, Eliana Gramajo, encargada de las tareas operativas dentro del predio, extiende una de las exigencias de los y las vecinas: “Nosotros pedimos que nos reubiquen, hay familias con siete u ocho hijos a los que no les alcanza para comer porque tienen sueldos muy bajos y se les va la mayor parte en el pago del alquiler. Las casas de PROCREAR supuestamente iban a ser para los que vivimos acá, iban a sacar metros del terreno del ferrocarril para poder construir, pero están sin ocupar hace varios meses. Exigimos que nos escuchen, queremos una mesa de diálogo con la Ciudad, el IVC y Nación”.
Como consecuencia de la falta de urbanización e integración, la semana pasada falleció Luján Sofía Caballero López, de 15 años, tras ser atropellada por el tren de cargas de la empresa Ferrosur, que pasa a menos de medio metro de las casas del barrio. Sin embargo, a pesar de haberse difundido que este era un causante del inicio de la toma de tierras, Tito Arrieta confirma que no lo fue: “Lamentamos mucho la muerte de Luján. Los trenes pasan por acá hace muchísimo tiempo y el Estado nunca se hizo cargo. Igualmente, la toma de este predio fue autogestionada por los vecinos y fue una coincidencia con lo de Luján. Decir que hubo un aprovechamiento de esa muerte, como hacen algunos medios, me parece lo más nefasto que hay.”.
Como epítome de la nula intención de cooperación por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para con el vecindario, se presentó una situación absurda al quinto día de la toma. Jorge Gonzalez, empleado del IVC – Instituto que está a cargo del Gobierno porteño- y vecino de la 21-24, fue despedido de su puesto de trabajo por haber llevado alimentos a sus familiares dentro del predio. Arrieta expresa al respecto: “Exigimos la reincorporación inmediata a su puesto laboral ya que su única participación fue la asistencia con comida y bebida a vecinos, no es un referente de la toma como lo acusan en su trabajo y lo único que hizo fue solidarizarse”.
A nueve días del comienzo de la toma de las tierras, no se vislumbran soluciones reales a una problemática que impacta directamente sobre los proyectos de vida y las trayectorias de las personas que los atraviesan. Los problemas de vivienda condicionan la vida cotidiana y tienen implicaciones tanto económicas como sociales, e incluso sobre la salud física, mental y emocional. La situación habitacional está en crisis y no se puede mirar hacia otro lado.
Manifestantes afganos se manifiestan por la independencia del país.
El domingo 15 de agosto el régimen talibán tomó el poder en Kabul, capital de Afganistán, luego de que el presidente Ashraf Ghaniabandonara el país tras una ofensiva relámpago de los insurgentes que causó el colapso de su gobierno.
Ante la situación, las noticias sobre el conflicto comenzaron a difundirse con rapidez en todo el mundo, el interés por tratar el tema en la escena pública se hizo indiscutiblemente visible, y el ámbito local no fue la excepción.
En las últimas dos semanas, los programas televisivos se inundaron con videos de personas corriendo desesperadas para huir del país asiático, en las redes sociales se viralizaron múltiples fotografías desgarradoras: bebés que eran entregados a soldados estadounidenses para que pudiesen salir del país, mujeres golpeadas, niños ensangrentados, el famoso posteo de las 29 prohibiciones que el régimen talibán le impone a las mujeres afganas, y la frase “fundamentalismo islámico” se usó repetidamente para describir la ideología Talibán.
Mientras tanto, los representantes de la comunidad musulmana local casi no tuvieron posibilidades para exponer sus puntos de vista, y esto es lo que Nadir Moussa, Sofía Castro y Marwan Sarwan Gill, musulmanes argentinos o radicados en Argentina, viven con indignación y dolor.
A pesar de pertenecer a diferentes escuelas de pensamiento, coinciden en que el tratamiento mediático que se le está dando al tema favorece la islamofobia y la estigmatización de los musulmanes. “Justo hoy una amiga me contó que se bajó del colectivo y un grupo de hombres le gritó ‘cuidado que tiene una bomba’, y esto es horrible para nosotras” dice Sofía Castro, musulmana por elección desde sus 18 años. “A veces la gente me dice que los talibanes tienen una visión fundamentalista u ortodoxa del islam, y esto está errado. A estas personas tengo que explicarles que yo soy ortodoxa. Ellos han hecho toda una ideología y una supuesta religión que está al margen del verdadero islam” agrega.
Al respecto Nadir Moussa, productor audiovisual y periodístico en el primer canal islámico de Latinoamérica AnnurTV, afirma que en los medios de comunicación masivos “se vende un islam machista, un islam atrasado, retrógrado, cosa que no es así” y explica que los talibanes llegan a ser tan extremistas porque tienen una versión totalmente tergiversada, falsa y literal del islam. “El islam mismo dice que quien mata un alma inocente es como quien haya matado a toda la humanidad, entonces si tu libro sagrado con cual tenés que guiarte dice eso y vos haces lo contrario, no sos musulmán -continúa Nadir-. Notamos que cuando pasan cosas puntuales en Medio Oriente y se da un tratamiento en la televisión, nuestra comunidad sufre discriminación, ataques verbales, insultos, taxis que no paran a nuestras mujeres con velo, y un montón de cosas que uno está acostumbrado a vivir y no debería ser así” concluye.
Marwan Sarwar Gill
Por otra parte, el teólogo islámico de origen paquistaní, Marwan Sarwan Gill, que hace cuatro años vive en Argentina para visibilizar su religión, acerca del tratamiento mediático del conflicto expresa que “las víctimas principales cuando ocurren estas cosas en Medio Oriente somos nosotros, los musulmanes que vivimos en occidente, porque se deja una mancha en la imagen del islam y en la de todos los musulmanes”.
Una comunidad invisibilizada
Según un informe del año 2010 del Centro de Investigaciones Pew de Estados Unidos, 1.000.000 de habitantes argentinos son musulmanes, constituyéndose el país con la comunidad islámica más grande de Latinoamérica.
Aún así, los entrevistados expresan que no se les da voz en la escena pública. “Yo he tenido la mala experiencia de conocer muchos conversos argentinos, es decir, personas que no nacen en una cuna musulmana y luego abrazan la fe islámica, que cuando se lo cuentan a su entorno social la primera reacción es siempre alguna asociación hacia el terrorismo talibán, Al Qaeda, o ISIS”, cuenta Marwan. Explica que esos grupos son una pequeña minoría del mundo musulmán, pero que debido a la invisibilización que hay de la fe islámica en Argentina y en occidente en general, la población termina asociando a todos los musulmanes con los terroristas. “Mucha gente ha olvidado que ‘islam’ significa ‘paz’”, dice el teólogo.
No todas las luchas son iguales
Otra de las polémicas mediáticas que surgieron con el estallido del conflicto en Afganistán estuvo relacionada con las mujeres y la violación de sus derechos. Sofía Castro dice que hay dos problemas en relación a esto: por un lado, la prensa no identifica entre las imposiciones del régimen talibán y lo que dice el Corán sobre la mujer, entonces los receptores de las noticias se crean una imagen errada del islam, y lo asocian directamente con prácticas machistas y abusivas. Por el otro, las mujeres musulmanas no han tenido la posibilidad de hablar ellas mismas. “Esto favorece la despersonalización de la mujer musulmana. Nos están tomando muchas fotos en la calle sin nuestro permiso, por ejemplo”, expresa Sofía.
Como respuesta a la pregunta sobre cuáles son las luchas de las mujeres musulmanas en el país, la entrevistada dice que lo principal en este momento es abrir espacios de debate para desmitificar lo que está pasando en el exterior. Pero la batalla que es transversal a todas es “poder conquistar lugares como mujeres argentinas además de musulmanas”.
Explica que hacia adentro de la colectividad también tienen objetivos, pero no son los que la sociedad argentina y occidental piensa, sino que “tienen que ver con hacer cumplir en nuestras comunidades estos derechos que ya tenemos. No es que necesitamos crearlos”. Aclara que la mujer en el islam desde hace aproximadamente 1400 años tiene derechos que en Argentina son recientes. Por ejemplo, el derecho al voto, al divorcio, a la educación profesional, son algunos de los que las mujeres musulmanas adquirieron junto con el surgimiento del islam, en el siglo VII. “Como siempre digo, el machismo está en todos lados y por eso es que no nos dan tanta representación acá en Argentina”, concluye.
Las PASO dieron lugar a que politólogos y analistas dieran su opinión sobre resultados que sorprendieron o impactaron a más de uno. “Los resultados no fueron una sorpresa, pero si lo fue su dimensión. Suponíamos y veníamos midiendo tendencias en las encuestas e investigaciones que el resultado iba a ser así para la Cámara de Senadores, pero pensamos que para Diputados la cosecha iba a ser un poco mejor, sobre todo en Provincia de Buenos Aires”, sostiene Paola Zuban, politóloga e investigadora de opinión pública y partidos políticos.
Habiendo ganado en 17 provincias, Juntos por el Cambio se declaró como el ganador indiscutido de la noche, con números impensados en jurisdicciones donde el peronismo era siempre la primera opción, como en el caso de Santa Cruz o la Provincia de Buenos Aires. Según Zuban, los errores no fueron solamente de gestión, sino que también hubo errores políticos en el armado de la campaña: “Los candidatos del oficialismo fueron puestos a dedo por Alberto Fernández, fueron candidatos que además no fueron consensuados con el resto de los espacios políticos que componen la coalición, no hubo internas en el espacio oficialista y esto resintió mucho en la militancia y el peronismo, sobre todo en Provincia de Buenos Aires”. Al parecer, el poco mutuo consentimiento dentro del partido también fue un condimento que afectó en los resultados finales de ayer.
Al parecer, el partido de Libertad Avanza propone formulas económicas fáciles de entender para la gente, formulas que parecen sencillas de aplicar pero que cuando tienen que ponerse en practica son un poco inviables: “Tienen la irresponsabilidad de hablar desde un lugar en el cual nunca han gestionado, y si tienen la oportunidad de gestionar tendrán que explicar porque las fórmulas tan simples que ellos plantearon no son tan simples. Siempre es mucho más fácil ser oposición y antisistema, siempre es mucho más fácil vociferar desde la bronca. Además, es muy efectivo, claramente hay una porción del electorado que está muy enojada con la política tradicional y muy enojada con las recetas económicas tanto de un lado como del otro”, sostiene Zuban.
El mensaje también fue para la coalición de Juntos por el Cambio ya que todos los candidatos apoyados por el ex presidente Mauricio Macri perdieron en las elecciones internas. “Las dirigencias tradicionales ya no están dando respuesta y la gente está buscando alternativas en dirigentes nuevos. La oposición necesita una renovación, necesita lideres nuevos y un recambio generacional”, opina Zuban.
