Oct 25, 2019 | Novedades, Vidas políticas
Foto: David Diaz/ FLUXUS FOTO
El domingo 13 de octubre sentó el antecedente de una lucha popular ecuatoriana que puso en jaque el avance neoliberal en América latina. Para Nayra Chalán, vicepresidenta de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI) quedó demostrado que “es posible contrarrestar el poder que tiene el Fondo Monetario Internacional (FMI). Este suceso demostró que es posible decirle al FMI: de aquí no pasas, este territorio es soberano y este territorio decide qué política económica tener.”
Luego de 10 días de manifestaciones en las que el pueblo y las nacionalidades indígenas en articulación con estudiantes y trabajadores colmaron las calles, principalmente de Quito, en contra de las últimas medidas económicas dictadas por el presidente Lenín Moreno ese día se llegó a un acuerdo entre las partes que se realizó de manera televisiva y online. En esta noche ocurrió un hecho histórico: el repudiado decreto 883 fue derogado y se dio vuelta atrás al paquetazo neoliberal indicado por el Fondo Monetario Internacional.
El 1º de octubre, el Ejecutivo le habló al pueblo ecuatoriano a través de una cadena nacional en la que esgrimió las medidas antipopulares que se iban a llevar a cabo. Entre ellas estaba la eliminación del subsidio del combustible, la reducción del 20% de la masa salarial de todos los contratos ocasionales en la función pública que vayan a ser renovados, la reducción del periodo de vacaciones de los empleados estatales de 30 a 15 días y la obligación de que los trabajadores de las empresas públicas aporten un día de salario a las arcas del Estado. “A su vez -comenta Décio Machado, consultor político especializado en Comunicación y Análisis Estratégico- había una serie de medidas laborales que significaban nuevas modalidades de contratación que en el fondo implicaban una flexibilización del mercado de trabajo privado. Todo esto justificado bajo el argumento de la necesidad de implementar un modelo acorde a los nuevos tiempos.” A su vez, explicó por qué todo detonó con la eliminación de los subsidios al combustible; “Se tenga o no vehículo, involucra a todas las familias: afecta el precio de los alimentos, los productos de primera necesidad, la inflación.”
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Ante estas nuevas políticas económicas, el 3 de octubre el sector de transportistas inició una serie de cortes de vías en todas las provincias a modo de protesta. Sin embargo, Chalán cuenta que “posteriormente llegaron a acuerdos con el gobierno nacional que indudablemente nos afectaban a las grandes mayorías: ellos aceptaron la subida del combustible a cambio de bonos para poder hacer cambios de llantas y del aumento de las tarifas del transporte público.” Por esta razón, el movimiento indígena encabezado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), que ya se había sumado a los reclamos de los transportistas, incrementó su descontento y la fuerza de los reclamos.
Las acciones fueron creciendo en intensidad con el transcurso de los días. Al bloqueo de rutas -llegando a contabilizarse alrededor de 300 cortes simultáneos- se agregaron las tomas de gobernaciones a lo largo del país, la paralización de la actividad petrolera en las estaciones de bombeo y en más de 60 pozos petroleros en la Amazonía del norte. Luego, el 7 de octubre hubo un llamamiento a las bases del movimiento indígena para trasladarse a la ciudad de Quito, epicentro de la represión. “Se trasladó gente de norte y el del sur, pertenecientes a los pueblos Panzaleo, Kayambi, Otavalo, Natabuela y Caranqui. El martes 8 de octubre llegaron a la capital ecuatoriana más de 12 mil personas de la estructura del movimiento indígena”, dijo a ANCCOM el activista Apawki Castro, vocero de la CONAIE.
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La respuesta del gobierno fue represiva y brutal. En este punto, Chalán dijo: “Nos dimos cuenta de que no estábamos actuando en contra del mismo Estado de hace 20 o 10 años. Este Estado es mucho más dotado, con más agresividad y más ejercicio de la fuerza sobre grupos de manifestantes, pueblos y nacionalidades, estudiantes y trabajadores. Entonces vemos que hay un incremento del aparato represivo bastante fuerte.”
Por otra parte, la Asamblea Nacional no sesionó durante los 13 días del paro nacional “manteniendo una actitud totalmente desalineada de los intereses populares”, según Andrés Tapia, el comunicador de la Confederación de las Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE). La población, entonces, decidió hacer una toma de estas instalaciones: lo realizó sin éxito el primero de los días y en el segundo, con una manifestación masiva con más 10 mil personas, rodeó a la Asamblea Nacional. Sobre el suceso, Chalán narró: “Un día fuimos a la Asamblea Nacional esperando poder hacer una toma simbólica y sin embargo sólo se dejó pasar a un número contado de compañeras. Posterior a eso, sin previo aviso, cuando había alrededor de 15 mil manifestantes en las cercanías de la Asamblea Nacional, la policía conjuntamente con las fuerzas armadas deciden disparar gas lacrimógeno de manera indiscriminada y exagerada a toda la población que se encontraba en ese momento comiendo.”
El saldo de la represión fue de diez muertos, según información de la Defensoría del Pueblo ecuatoriana. Todos manifestantes, entre ellos Inocencio Tucumbi, dirigente indígena de la CONAIE en Cotopaxi. Además, hubo 1.340 personas atendidas en hospitales por actos violentos -8 personas perdieron un ojo- y la Ministra de Gobierno, María Paula Romo, registró la detención de 1.330 personas.
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Ante las manifestaciones y el arribo del contingente de personas a Quito, el presidente Moreno decidió trasladar la sede gobierno de Quito a Guayaquil. Sin embargo, la represión continuó. “Hubo una afectación bastante fuerte del sector de la agroindustria -comenta Chalán- Las rocoleras y las florícolas ya se habían declarado en estado de emergencia. A su vez, al cortar las vías se impidió que la cadena productiva funcione y eso provoca desabastecimiento y encarecimiento. El fisco no percibía la renta petrolera ni ingresos provenientes del turismo y el riesgo país aumentaba. Entonces ya eran razones suficientes para que el gobierno nacional reflexione sobre lo que estaba haciendo y esto hizo que llamen a un acuerdo entre las partes.”
El movimiento indígena aceptó reunirse a debatir el decreto 883 con el gobierno poniendo como exigencia que este sea televisado para que pueda ser visto por todos los ecuatorianos. El gobierno dio conformidad: el debate se realizó el domingo 13 de octubre a la noche y la resolución fue retrotraer las medidas sobre el combustible.
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Para Décio Machado, “esta mesa de negociación ha marcado un hito histórico: es una victoria de los movimientos populares, encabezados por el movimiento indígena en articulación con el feminismo y los estudiantes, contra medidas de carácter económico de perfil neoliberal impuestas por el FMI. Además, se visualiza una nueva etapa de dirigentes jóvenes que apuntan a un nuevo horizonte de lucha por la emancipación de los pueblos en el Ecuador.”
Chalán espera que este hecho anclado en Ecuador “sea una luz para toda latinoamérica y el mundo.” Además, que siente las bases para seguir reivindicando lo que desde hace años vienen haciendo desde el movimiento indígena: “La soberanía sobre nuestros territorios, la despenalización del aborto, la educación intercultural bilingüe, la salud intercultural, el transporte comunitario, precios justos en la producción de leche y otras demandas que son bastante puntuales que tenemos dentro de nuestros territorios y que mejorarán la calidad de vida de nuestros compañeros.”
Por lo pronto, la siguiente acción del movimiento indígena fue enviar una carta al Fondo Monetario Internacional pidiendo empatía por los hechos ocurridos en el Ecuador y la culminación del hostigamiento económico que sufre el pueblo ecuatoriano. Por otro lado, el gobierno ha anunciado que creará un nuevo decreto. Para Andrés Tapia, es urgente que en él se contemplen las demandas y necesidades populares. “Caso contrario, el pueblo continuará movilizado”, sentenció.
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Oct 24, 2019 | Comunidad, Novedades
Según UNICEF, el 70% de los embarazos de menores de 19 años no son intencionales.
Los datos del 2018 ya eran preocupantes: más de la mitad de los niños y adolescentes de Argentina vivían por debajo de la línea de pobreza. Según el Observatorio de la UCA, el 51,7% de los menores de edad no alcanzaban a cubrir sus necesidades básicas, y el 13% había pasado hambre en algún momento. A fines de septiembre, el Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC) dio a conocer los índices respecto del primer semestre, y confirmó un panorama peor: la pobreza alcanzó al 35,4% de los habitantes de Argentina y, lo que es peor aún, al 52,6% de los menores de 15 años.
Lejos quedó aquella proclama que hoy parece ser una burla en la cara de quienes no les alcanza para vivir: “Pobreza cero”. Hoy, la realidad es muy distinta, y la niñez y la adolescencia son los sectores más golpeados. Y más invisibilizados.
A poco de cumplirse 30 años de la Convención de los Derechos del Niño -en nuestro país, ratificada con peso de ley-, y en vistas de las elecciones presidenciales, UNICEF difundió un informe centrado en la gran deuda con la niñez y la adolescencia: la pobreza. No entendida sólo desde lo económico, sino desde un enfoque multidimensional que incluye ingresos, salud, educación, acceso e, incluso, el ejercicio de sus derechos. Según el organismo, “las posibilidades que tiene un niño, niña o adolescente de ejercer sus derechos todavía depende del lugar donde nace y de las características socioeconómicas y laborales del hogar donde crece.”
El informe destaca “desafíos y recomendaciones para pensar respuestas desde la política pública” y entiende que la erradicación de la pobreza debe tener un lugar central en la agenda del próximo gobierno -si bien, durante el debate electoral, el tema fue apenas tratado por los candidatos-, a partir de la articulación de políticas a corto y largo plazo.
«Hay que restaurar el poder adquisitivo de la AUH por lo menos un 20%», opina Roxana Mazzola.
Roxana Mazzola, coordinadora académica del Diploma de Postgrado de Desigualdades y Políticas Públicas (FLACSO), sostiene que es necesario ordenar las prioridades políticas conforme a una agenda que priorice la infancia: «Lo que es central no es solo la medida puntual que se haga sobre la niñez en situación de pobreza, sino primero restaurar las condiciones laborales de la familia.»
Uno de los puntos principales a trabajar, según el informe de UNICEF, es el acceso al sistema de protección social. Al respecto, Mazzola considera que «hay que restaurar la Asignación Universal por Hijo (AUH) y profundizarla en términos de derecho a la seguridad social en la infancia.» Y agrega: «La fórmula de actualización -modificada por la gestión de Cambiemos- hace que el monto esté muy por debajo del proceso inflacionario; hay que restaurarlo al menos en un 20% y revisar todo el sistema de asignaciones familiares de Argentina”. Además, considera que otro eje prioritario es el trabajo: «Los chicos no están sueltos, están en un entorno familiar, y ese entorno familiar en los últimos tiempos vio fuertemente deterioradas las condiciones laborales.”
Otro punto planteado por Mazzola es el derecho a la participación de la infancia y la adolescencia en el diseño de las políticas dirigidas a ellos. “Tienen que haber colectivos que sostengan las políticas en tanto son los que permiten, en procesos adversos, blindarlas para que no venga un cambio de gobierno y retoque los procesos. En el caso de la infancia hay que pensar en instancias de representación que, institucionalmente, están muy poco desarrolladas.”
En el caso particular de UNICEF, el organismo organizó uninforme en ocho puntos que, según los mismos niños, niñas y adolescentes, se constituyen como factores de pobreza. Para ellos, pobreza es no tener acceso al sistema de protección social; no acceder a un sistema de cuidados en la primera infancia; no contar con acceso universal a la educación inicial; ser adolescente y no acceder a la escuela, o hacerlo y no aprender; ser adolescente y enfrentar inequidades en el acceso a la salud; ser niño, niña o adolescente y sufrir malnutrición; sufrir violencia psíquica, psicológica o emocional; y ser adolescente y no acceder a un sistema de justicia inclusivo.
Todos estos puntos superan con creces una visión meramente economicista de la pobreza, para trabajarla como un complejo entramado que no sólo involucra a la infancia y la adolescencia, sino también a su entorno, al sistema educativo, al sistema de salud e, incluso, al sistema judicial -en un contexto político en el cual el Ministerio de Salud fue degradado a Secretaría, se “cae en la educación pública” y la baja de edad de imputabilidad es una constante en boca de algunos funcionarios del gobierno. Como también sostiene Roxana Mazzola, el crecimiento de la pobreza es manifestación del crecimiento de un proceso de desigualdad en el país: “El reto es no mirar el nivel de pobreza que tiene la niñez y solo poner el foco en las carencias, sino pensar en qué genera esas carencias.”
Así como el acceso a la protección social es uno de los puntos fuertes del informe, desde UNICEF hacen hincapié también en la cuestión de la inequidad en el acceso a la salud, sobre todo en los adolescentes. Al respecto, Susana Checa, Sociologa especializada en políticas de salud e investigadora del Instituto de Investigación Gino Germani, sostiene que los programas y planes en salud para prevenir embarazos no deseados durante la adolescencia no se han aplicado de manera eficiente y sostenida durante la última gestión de gobierno: «Los embarazos en adolescentes entre 10 y 19 años no han disminuido de manera significativa, a pesar del reciente Plan sobre Embarazos no Intencionales en la Adolescencia (Plan ENIA). En la franja adolescente de mayor vulnerabilidad, las menores de 14 años, no hubo un descenso. Estos son mayoritariamente embarazos producto de abusos sexuales en el entorno familiar o comunitario.” Según UNICEF, el 70% de los embarazos de menores de 19 años no son intencionales; y de ellos, 2500 son de niñas menores de 15.
Sobre las prioridades que debería tener el próximo gobierno, la investigadora considera que “una efectiva implementación de políticas públicas en el acceso a una anticoncepción moderna e informada; la Educación Sexual Integral (ESI) en todos los niveles escolares y el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE); la profundización y generalización de la excelente iniciativa de la provincia de Santa Fe de producir el misoprostol, -para acceder sin riesgos a la ILE-; y la progresiva implementación de la AUH, entre otras medidas, deberían impactar sobre estos indicadores tan preocupantes.”
La situación que viven más de la mitad de los niños, niñas y adolescentes en Argentina -se estima que para fin de año, seis de cada diez chicos estarán en situación de pobreza- no es postergable. Los especialistas coinciden en que debe ser una prioridad del próximo gobierno, en tanto que durante la gestión actual poco se hizo al respecto. “Hubo una medida decidida del gobierno de dejar que eso pase, porque ninguna de las políticas económicas que implementó tendieron a una sensibilidad social. En ese sentido son como las Damas de Caridad: tengo el acto caritativo recién cuando veo que explota la sociedad”, sostiene Mazzola y agrega: “Y eso no es la política social, la política social es transformadora, te permite modificar cuestiones que tengan que ver con la desigualdad y no solo estar atendiendo en los márgenes a los que se están por caer del mapa. En la agenda que venga a futuro es central recuperar esa perspectiva de derechos. Hay que volver a centrar el sentido de la política social como herramienta de integración social”.
Por esto, y debido al progresivo deterioro de las condiciones de vida en la niñez y la adolescencia, para UNICEF es de urgencia “priorizar y fortalecer el financiamiento de la protección social y redoblar los esfuerzos en favor de la infancia.” En la misma línea opina Checa: “En un país tan heterogéneo y desigual como el nuestro, se hace necesario que el próximo gobierno sostenga y profundice este tipo de medidas y planes, junto con la implementación de medidas de carácter preventivo y asistencial, comprometiendo a las distintas instituciones educativas y de salud para disminuir significativamente estos indicadores.”
Porque, después de todo, como dijo Luisa Braumana, representante de UNICEF en Argentina: “Un país que le da la espalda a su infancia le da la espalda no solo a su presente, sino también a su futuro.”
Oct 24, 2019 | Novedades, Vidas políticas
«Aquella derrota electoral de 2015 fue tanto política como comunicacional”, argumenta Gastón Garriga.
“La responsabilidad mayor la tienen los que construyeron la trampa, los profetas del odio, la famosa grieta, los medios de comunicación funcionando como ‘máquinas de captura’. Las cámaras colaboraron a que los discursos se hicieran imagen y funcionaran como prueba confirmatoria. La mentira detonó nuestro enojo, lo que generó temor en el votante adverso y nos convirtió, como dice el tango, en ‘dos extraños’. Entonces, nosotros también somos responsables por no comprender la cultura política actual hasta que nos explotó en la cara. Aquella derrota electoral fue tanto política como comunicacional”, argumenta Gastón Garriga, miembro fundador del Grupo Nomeolvides y redactor del libro que retoma su experiencia a lo largo de los cuatro años de trabajo, Campañas moleculares.
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Viernes 19 horas, indica la cita. 30 minutos después, el lugar de encuentro comienza a cobrar forma. El ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio, El Olimpo, está a oscuras. De todos modos, el taller de comunicación política persuasiva se llevará a cabo a la luz de la vela, según indica el encargado del espacio. “¿Cómo no dar la charla igual? Es un ámbito donde hubo compañeros resistiendo, para nosotros es un honor estar acá”, expresa Alejandro Aduco, uno de los encargados de dictar la capacitación e integrante del Grupo Nomeolvides.
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La creación del Grupo Nomeolvides, una agrupación de comunicación peronista, tuvo origen a fines de 2015, con la llegada de Cambiemos al gobierno nacional. La comunidad está conformada por diversos profesionales. Uno de ellos es Pedro Saborido, productor, guionista y director, quién redactó la contratapa del libro, el cual puede conseguirse en las librerías y a pedido, mediante facebook y twitter.
El objetivo de este colectivo es repensar las estrategias para abordar al elector indeciso y, en consecuencia, reconstruir una mayoría. Desde su comienzo, han dictado alrededor de 400 talleres a lo largo del país y a nivel internacional, ya sea a organizaciones sindicales y políticas, como a centros culturales o sociedades de fomento. En total, unas 20.000 personas se formaron en ellos.
“Los peronistas somos herederos y portadores de la cultura política del siglo XX. Nosotros trabajamos la comunicación del siglo anterior hasta el 2015, eso fue lo que entendimos tarde y mal. En el siglo XXI, la comunicación ya no es más un accesorio: comunicación y política están entrelazadas, hasta el punto tal que son indisociables. La comunicación cambió su peso específico pero no lo supimos ver. Las formas hoy importan”, explica Garriga.
Unas 20.000 personas pasaron por los talleres de comunicación política del Grupo Nomeolvides.
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“¿Quién no se ha dejado de hablar, se distanció con compañeros de trabajo, con vecinos, peleado con amigos o parientes?”, pregunta Aduco a su audiencia. La respuesta es contundente, todos los participantes asienten.
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“Conducir es persuadir y persuadir es predicar”: Garriga cita a Perón y comienza su análisis del surgimiento del ciudadano afín a Cambiemos. “Nos fue ganando la posición endogámica y nos fuimos convirtiendo en predicadores dentro de las unidades básicas. Este taller es para recuperar nuestra capacidad de persuasión”, continúa.
“La coyuntura actual, implica desarrollar las capacidades interpersonales persuasivas de los militantes, para aplicarlas en una campaña molecular. Esto es, micromilitancia organizada, dotando a los propios para detectar a los fluctuantes o independientes, empatizar con ellos y hablarles en su lenguaje para ganar gradualmente su voto”, escribe Garriga en Campañas moleculares. Es así como los tres pilares de la persuasión desarrollados por Aristóteles, el Ethos, el Pathos y el Logos pisan los terrenos de la hiperconectividad porque, como indica Aduco, “es el Imperio el que nos está bombardeando hoy con fake news, desinformación, posverdad, mentiras y engaños y el Grupo Nomeolvides entiende que hay que darle batalla. ¿Cómo? Con la conversación cara a cara, en la jornada diaria, en las experiencias propias, dándole la espalda a los grandes medios de comunicación. En la actualidad, la información es un commoditie, sobra y nos roba tiempo, un bien valioso”, agrega Garriga, apelando al “escuchar para que me escuchen”.
Las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias han arrojado un panorama favorable al Frente de Todos para el próximo encuentro democrático del 27 de octubre, es allí con los resultados como prueba, donde se reivindica desde el espacio Nomeolvides la resistencia peronista frente a la represión y censura de la llamada “Revolución Libertadora”, tomando como símbolo la flor celeste, ya que como indicó Arturo Jaureche, “volverán los nomeolvides cada año a florecer”.
Oct 24, 2019 | DDHH, Novedades
Teatro por la Identidad conecta, desde el año 2000, las artes escénica con los derechos humanos.
La marquesina del teatro “El Nacional” en calle Corrientes al 960 deja de lado las apuestas comerciales, cada lunes de septiembre y octubre, para darle lugar al estante en el que Mauro Simone y Susana Cart entregan las entradas a todo aquel que se acerque a ver Idénticos, el nuevo ciclo de Teatro por la Identidad.
El espectáculo de trece micromonólogos es de diversos autores nacionales que reúnen la identidad como concepto amplio y abstracto de la vida cotidiana. La obra es parte del ciclo Teatro por la Identidad que desde el año 2000 conecta las artes escénicas con los organismos de derechos humanos que buscan la Memoria, Verdad y Justicia sobre la desaparición de personas durante la última dictadura cívico militar en Argentina.
Lo que los candidatos a presidentes José Luis Espert y Juan José Gómez Centurión calificaron como “curro de los Derechos Humanos” no expresa las formas económicas que tiene Teatro por la Identidad en la que tanto autores, directores y actores hacen sus participaciones de manera ad honorem. La entidad teatral funciona con subsidios que cada vez son más escasos, y recurren al apoyo de seguidores del espectáculo a través de los #UrgenteLegislatura y #TratenLeyTeatroxlaidentidad para que la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sostenga el compromiso artístico que requiere la entidad.
Directores y actores participan del ciclo en carácter de ad honorem.
El ciclo se sostiene por las voluntades artísticas tal como lo expresó la actriz Victoria Almeida: “Para mí es una alegría participar por primera vez en Teatro por la Identidad, pocas veces uno tiene la posibilidad de hacer algo que te guste el material, que represente la lucha. Es muy importante participar de algo tan importante y que forma parte de nuestra identidad como argentinos y argentinas”, sentenció la intérprete del monólogo Venceré con texto de Daniel de Pace y dirección de Maruja Bustamante.
Es tal el compromiso por sostener los ciclos teatrales, que los actores y actrices se reemplazan o cubren los baches cuando no pueden concurrir al espectáculo. Así lo contó la actriz Malena Guinzburg sobre Cómo vencer la duda el monólogo que protagoniza, de Santiago Varela con dirección de Mariela Asensio: “Primero me llamaron a mí, pero yo no podía hacerlo dos lunes de septiembre, después la convocaron a Dalia (Gutman) y ella no podía en octubre. Es muy fuerte formar parte, me emociona”.
La dirección general del espectáculo está a cargo de Daniel Varonese y la coordinación dramatúrgica la realiza Mauricio Kartun. Todos y cada uno de las actrices o los actores reivindican su compromiso al termina su monólogo diciendo su nombre: “Lo puedo decir porque sé quién soy”, exclaman.
Daniel Veronese y Mauricio Kartun están a cargo del ciclo.
Teatro por la Identidad nació para acompañar la búsqueda de nietos y nietas apropiados durante la última dictadura. Esos niños y bebés que hoy rondan los 40 años, están entre nosotros, quizá entre el público. Las Abuelas de Plaza de Mayo esta semana cumplen 42 años de lucha y aún esperan encontrar a casi 300 nietos y nietas que faltan. Teatro por la Identidad es una forma más de difundir que en Argentina existen desaparecidos con vida. Los organizadores aseguran que el arte mueve fibras que otras formas de comunicar no logran.
Al finalizar cada espectáculo algún nieto o nieta restituido, o familiar que busca, brinda al público un conmovido su testimonio. El último lunes fue el turno de Lorena Battistiol, quien busca un hermano nacido durante el cautiverio de su madre desaparecida: “MI nombre es Lorena Battistiol, y puedo decirlo porque sé quien soy. A mí y a mi hermana Flavia nos crió mi Abuela, cuando se llevaron a mi papá y a mi mamá. Mi mamá estaba embarazada de seis meses, todavía estamos buscando a mi hermano o hermana que creemos que nació en Campo de Mayo”, concluyó.
Oct 24, 2019 | Deportes, Novedades
MPU reúne a 40 medios partidarios que transmitían fútbol por streaming hasta que TyC Sport lo prohibió.
Un partido de fútbol un viernes a las 12 del mediodía puede parecer extraño. Pero eso fue lo que llevó a clubes de barrio, organizaciones sociales, medios independientes y reconocidos comunicadores a visibilizar su reclamo, el viernes último, frente al edificio del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), en Perú 103. Allí armaron una cancha sobre el empedrado. Equipo gris contra equipo blanco, ambos con la leyenda “Fútbol sin censura”en las remeras, en alusión a la presión que sufren los medios partidarios por parte de TyC Sports, que amenaza con sanciones económicas a los clubes, cuyos hinchas transmitan los partidos vía streaming.
En el inicio del acto, Natalia Vinelli, directora de Barricada TV, y Alejandro Schiaffino, integrante del Canal Cooperativo Pares TV, denunciaron las políticas del gobierno nacional en favor de las grandes empresas concentradas, como el caso de Trisa, que quiere impedirle a Pares TV, canal comunitario de Luján que emite por TDA, las transmisiones de los partidos de Flandria. El reclamo hacia las autoridades del ENACOM fue que “dejen de mirar para un costado”.
Además de Barricada TV, Pares TV, Medios Partidarios Unidos (MPU) y la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas, entre otras organizaciones, se acercaron reconocidos comunicadores como Víctor Hugo Morales y Alejandro Apo. El periodista uruguayo explicó los motivos de su presencia:” Tan solo vine a estar un momento con ustedes, a acompañarlos, para divulgar esta lucha apasionante, en desventaja y maravillosa, aún si se perdiese. Nada tiene más dignidad que la derrota cuando se conoce de antemano, esto vale también para los términos deportivos. Creo que la lucha es extraordinaria y que podemos sacar a los lobbys, y que por una vez se den cuenta que no tienen derecho a quedarse con todo”. Víctor Hugo también responsabilizó a las autoridades pidiendo que algún día se pongan a favor del derecho de todos.
Otro periodista presente fue el ex relator de “Fútbol para Todos”, Javier Vicente, quién se mostró muy crítico con la censura a los medios partidarios: “Hoy están siendo censurados los compañeros de MPU de las transmisiones por streaming de los distintos clubes y ese es un tema que hay que visibilizar y denunciar, por sobre todo a una empresa monopólica como Torneos, que una vez más vuelve a pasar por arriba de todos los derechos de los ciudadanos y en complicidad, en este caso, con la AFA, lo que es realmente todavía más grave. También están siendo censurada las audiencias, que son tan importantes como los colegas, que quieren ver esas transmisiones y ahora no se les permite acceder a ellas”.
Víctor Hugo Morales, Alejandro Apo y Macarena Sánchez fueron algunos de los que participaron de la protesta.
Medios Partidarios Unidos es una organización que nuclea a más de 40 medios de distintos clubes que realizan transmisiones por streaming. Como pocas veces, hinchas de All Boys, Temperley, Atlanta, Platense, Los Andes, El Porvenir y Ferro, entre otros, están juntos por una causa común. Gabriel “Pacho” Cerpa, de “Vivo Por Los Andes” y miembro de MPU, se sumó a las críticas: “El ENACOM tiene que hacer respetar el artículo 77 de la Ley de Medios. Hay artículos que no se derogaron y siguen en vigencia, como este, que habla de los eventos culturales que deben ser transmitidos en forma gratuita”. Además, señaló que están amparados por varios derechos constitucionales, como el derecho al trabajo, a la libertad de expresión y a la información de cualquier hincha que quiera ver un partido.
La consigna era un fútbol sin censura. Hubo dos partidos de cada uno de quince minutos. Ambos fueron transmitidos por los medios presentes. El primero contó con la futbolista de San Lorenzo, Macarena Sánchez, quién además de criticar a TNT Sports y a la AFA por la televisación de apenas cuatro partidos de fútbol femenino, se destacó dentro de la cancha marcando los dos goles para el triunfo de su equipo, el gris. El partido restante fue victoria del equipo blanco por tres a cero. El cierre consistió en una suelta simbólica de pelotas hacia la sede del edificio gubernamental. La pelota ahora la tienen ellos.
Oct 23, 2019 | Culturas, Novedades
A las pocas semanas del inicio del mandato actual gobierno, Mauricio Macri dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia 267/2015, aprobado el 6 de abril de 2016, que modificó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522) y la Ley Argentina Digital (27.078). En este contexto, el jefe de gabinete Marcos Peña sentenció: “Hoy se termina la guerra contra el periodismo y empieza el siglo XXI en lo que tiene que ver con las comunicaciones”. Pero ¿a qué periodismo hacía referencia el funcionario? Los especialistas en la comunicación detallan las abrumadoras consecuencias en materia comunicacional de las políticas por acción y por omisión del macrismo y cómo el periodismo al que apuntó favorecer desde sus inicios hasta hoy se encuentra vinculado directamente con los medios más concentrados.
Una política presidencialista
La política comunicacional de Cambiemos se caracterizó por el uso abusivo del dictamen de DNUs y resoluciones, obturando de esta manera el debate público a cambio de decisiones tomadas directamente desde el Ejecutivo. En este marco, a su vez, el nombrado DNU 267/2015 disolvió los entes regulatorios sectoriales Afsca y Aftic creados a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y conformó, en su reemplazo, al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), un ente dependiente totalmente del Poder Ejecutivo. Bernadette Calífano, Investigadora del CONICET, sostiene que la conformación del ente “contradice todos los estándares del sistema interamericano de Derechos Humanos” Y agregó: “Los miembros no requieren idoneidad en sus cargos, desaparece cierta representación federal, no es independiente, no tiene estabilidad en sus puestos y el presidente los puede remover por cualquier motivo y sin causa.”
Por otro lado, un acontecimiento de gran relevancia que denota el sesgo verticalista de la gestión oficialista fue la intervención de la Defensoría del Público Audiovisual (creada con la Ley 26.522) por parte de la Comisión Bicameral Permanente de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización, presidida por el senador Eduardo Costa en septiembre de 2018. Santiago Marino, Doctor en Ciencias Sociales, Magíster en Comunicación y Cultura y Licenciado en Ciencias de la Comunicación de la UBA, es ex Director de Análisis, Investigación y Monitoreo de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Los motivos que lo llevaron a dejar su cargo fueron “la política de censura, el hostigamiento personal, el malestar y la incertidumbre laboral.” En su puesto, Marino recibió la directiva de no poder dar entrevistas sobre el trabajo de la Defensoría y le ofrecieron la renovación de su contrato por un mes. A partir de la intervención se nombró a Emilio Jesús Alonso como defensor a cargo, un hombre del que no se le conocen antecedentes en el rubro. Desde este momento, relata Marino, la Defensoría tomó un nuevo rumbo pese a que venía funcionando con relativa normalidad: se dejaron de hacer capacitaciones y audiencias públicas o se dilataron los períodos entre una y otra de manera notable.
Hernán Lombardi fue la cara visible de la política de medios de Cambiemos.
La concentración como norma
En conjunto con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se modificó la Ley Argentina Digital. En este sentido, Calífano explicó que “el mismo decreto modificó el hecho de que la televisión por cable fuera considerada en vez de un servicio audiovisual, un servicio de TIC, es decir, pasó a ser considerada dentro de Argentina Digital. Eso implica que a la televisión por cable no se le pueden aplicar todas las restricciones de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual: el límite en la cantidad de licencias, el porcentaje que la ley establecía como tope de mercado, las cuotas de programación sobre contenidos, etc.”
Por otro lado, la fusión Cablevisión Holding-Telecom marcó un hito difícil de revertir en materia de concentración. Este hecho se explica dentro de un contexto de políticas que avalan y fomentan la acumulación sin límites y sin regulación equitativa. Al respecto, Diego Rossi, investigador en políticas y planificación de la comunicación de la UBA detalló: “En audiovisual básicamente desatendieron a la Televisión Digital Abierta y avalaron los movimientos de los prestadores de televisión por cable. Estos prestadores quisieron avanzar en otros servicios: básicamente Internet, porque telefonía móvil les resultaba complicado ya que es una gran inversión. Salvo para uno de esos prestadores que es Cablevisión Fibertel, el cual venía dando Internet y avanza con la megafusión después de hacerse de espacio radioeléctrico a partir de la compra de Nextel.”
Los noticieros televisivos del fin de semana de la TV Pública fueron eliminados.
Hacia una convergencia impostora
La ansiada y admirada convergencia no se hizo notar en estos cuatro años de gestión. Si bien Cambiemos alza la bandera de la convergencia como rumbo al que hay que llegar y, de hecho, creó una comisión para redactar una Ley de Comunicaciones Convergentes, los proyectos en esta materia se vieron congelados y sin avances.
En este sentido, la conectividad en las escuelas públicas es una cuenta pendiente. Mariela Baladrón, licenciada en Ciencias de la Comunicación Social de la UBA y Magíster en Industrias Culturales, Políticas y Gestión por la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), dijo que “Cambiemos hizo un acuerdo para desarrollar un programa de pisos tecnológicos con escuelas donde se había entregado un monto muy alto (600 millones de pesos) para la primera parte de un programa que se entregó a educ.ar. Sin embargo, Enacom finalmente tuvo que suspender ese programa porque nunca se rindió cuenta de qué tipo de implementación se hizo o cómo avanzó ese programa.”
Por otra parte, Baladrón nombró el caso emblemático del desarrollo del Plan Conectar Igualdad. Este fue renombrado bajo la gestión macrista como Aprender Conectados y si bien las capacitaciones se mantuvieron en algunos casos, lo que marcó la diferencia fue la suspensión de la entrega de dispositivos. En este punto, la investigadora agregó que “en muchos lugares del país el único dispositivo de la familia era justamente la Netbook que se entregaba a los chicos que estaban en etapa escolar.”
Tras un fallo judicial, el gobierno debió reincorporar a los 354 trabajadores despdidos de Telam.
Soberanía satelital y medios públicos
La Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima (ARSAT) posee actualmente dos satélites geo-estacionarios: ARSAT-1 y ARSAT-2. Pese a que hacia fines del 2015 estaba planeada la creación del tercer satélite ARSAT-3 –pensado para abarcar todo el continente americano-, esta se vio definitivamente suspendida bajo la dirección del ex titular de ARSAT Rodrigo de Loredo. Baladrón explicó que “con la nueva gestión se empezó a autorizar a operar satélites extranjeros que entraban en competencia con los satélites ARSAT-1 y ARSAT-2 y no sólo eso sino que empezaron a operar satélites que directamente prestaban los servicios para lo que se estaba pensando el ARSAT-3.” Y agregó: “Esto es una forma de discontinuar totalmente una política pública de soberanía satelital que se venía llevando adelante con una empresa satelital propia.”
En cuanto a los medios públicos, a partir de la creación del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos se sientan las bases para una concentración hacia el interior del Estado- Así, distintos proyectos diferentes entre sí -Canal 7, Radio Nacional, Canal 12 de Trenque Lauquen, todos las emisoras que dependían del Ministerio de Educación y otros proyectos culturales como Tecnópolis, el CCK y demás- quedaron comprendidos bajo este nuevo espacio de carácter ministerial con sesgo presidencialista.
A su vez, los medios públicos han sufrido recortes presupuestarios extraordinarios. Según la Resolución 672/2019 el déficit operativo y financiero de la TV Pública y Radio Nacional para 2019 es de $3.860.773.784. Por otra parte, desde el inicio de la campaña, la agenda de los informativos viró hacia el oficialismo. “De los 880 cables publicados en la sección Política referidos a las elecciones generales, que la agencia [Télam] despachó desde el 7 de septiembre –inicio formal de la campaña- hasta el 7 de octubre, el 55% tiene como protagonista a algún referente de Juntos por el Cambio”, señaló Ezequiel Rivero, magíster en Industrias Culturales, Políticas y Gestión de la UNQ y licenciado en Comunicación de la UNC. A esto se agrega el despido masivo de 354 trabajadores al interior de la agencia a mediados de 2018 bajo la gestión de Hernán Lombardi, que gracias a la lucha sindical y gremial de los trabajadores logró retrotraerse. “También se anularon los informativos de la TV Pública los fines de semana y se restringió la programación de Radio Nacional que dejó de transmitir programación propia y retransmite ahora programación de Buenos Aires”, agregó la investigadora cordobesa Daniela Monje.
El olvido de los medios comunitarios y de la federalización
La comunicación como algo que no es estrictamente comercial recién existe en Argentina desde 2005 y se termina de formalizar con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en 2009. “En este período, los medios cooperativos y comunitarios dependen mucho de los fondos del Estado para poder funcionar. Entonces, la política de dilación que tuvo el gobierno con la entrega, la convocatoria a concursos y el pago de los fondos de fomento concursables para medios de comunicación audiovisual (FOMECA) generó en algún momento la asfixia financiera de muchos actores de este sector que se mantenían básicamente con fondos concursables del Estado”, explicó Rivero.
“Además –agregó- se da la paradoja de que le toca a este gobierno que denostó a la Ley Audiovisual y que ignoró durante buena parte de su gestión a las radios comunitarias, al sector cooperativo y demás, ser el que finalmente otorga las primeras licencias definitivas a un montón de medios en los últimos meses. Es casi como un acto de hipocresía porque lo hacen sin haber hecho antes un plan técnico de ordenamiento del espectro radioeléctrico.”
Por otro lado existe una deuda actual e histórica en cuanto al federalismo de las políticas comunicacionales en Argentina. Ana Müller es docente de las cátedras Comunicación Popular y Alternativa de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional de Salta y se especializa en medios rurales. En diálogo con este medio nombró algunas de las dificultades que atraviesan las regiones que no son Buenos Aires. Muchos de los trámites y reclamos deben hacerse con domicilio en Buenos Aires y además tienen que iniciarse de manera virtual.
En este punto, Müller destaca un dato que recabaron desde el Relevamiento de Radios y Televisoras Comunitarias, Populares, Alternativas, Cooperativas y de Pueblos originarios de Argentina, realizado por la Red Interuniversitaria de Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular (RICCAP): “Hay un 10% de las radios y televisoras que actualmente en Argentina no tiene acceso a conectividad porque no existen redes en sus localidades o porque los costos son tan altos que es imposible acceder.” Y añadió: “Ningún ciudadano ni ciudadana de este país quiere solamente ser enunciado por medios de otros lugares que ni siquiera reconocen cuál es la situación de cada contexto. Todos queremos hablar con voz propia.”
