Dic 4, 2019 | Comunidad, DDHH, Novedades
Los empleos públicos y privados deben destinar, por ley, el 4% de los puestos a personas con discapacidad.
Pensar que la solución para una persona que usa una silla de ruedas para movilizarse es una rampa o para alguien ciego es un semáforo que emita ruido para cruzar la calle es reducir los derechos que tienen las personas con discapacidad. El verdadero trabajo está en repensar desde qué lugar la sociedad y el Estado debe abordar las políticas públicas que permitan mejorar la calidad de vida de este colectivo de personas, que representa el 12,7 del total de la población del país, según el Censo Nacional 2010.
Han pasado más de 10 años desde que Argentina ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sancionada por la ONU, que habla de un nuevo enfoque denominado “social”, en el cual se consideran a aquellos habitantes como titulares de derechos y en el que se pretende ratificar su “universalidad, indivisibilidad, interdependencia, e interrelación de todos los derechos humanos y sus libertades fundamentales, así como de garantizar que las personas con discapacidad los ejerzan plenamente y sin discriminación”.
Sin embargo, para Celeste Fernández, Coordinadora del aérea de Discapacidad y Derechos Humanos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ACIJ, aún existe una deuda grande de parte del Estado con respecto a las personas con discapacidad: “Si bien existen políticas públicas, carecen de perspectivas de derechos humanos y no cumplen con estos tratados internacionales” afirmó.
Uno de los reclamos que sigue vigentes, a pesar de que existe una ley regulatoria, es el relacionado a la cuota mínima de empleo que debe cubrirse tanto en puestos públicos del Estado Nacional como en empresas privadas concesionarias de servicios públicos. Si bien el cupo que establece la norma es del 4%, los puestos laborales para las personas con discapacidad apenas llegan al 0,8%. “El problema es que no se accede a los puestos de trabajo porque en general las personas con discapacidad suelen tener menor nivel de capacitación por el sistema educativo, además del propio prejuicio del empleador pensando que el rendimiento es más bajo” consideró Marcelo Betti, presidente de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, REDI, y quien comprende el tema de fondo debido a su discapacidad visual desde niño.
Apenas el 2% de los puestos de los empleos corresponde a personas con discapacidad.
Desde esa organización llevan adelante campañas de concientización y de evaluación sobre las políticas que realiza el gobierno en la materia. Al problema laboral se le suma lo que reconoce la Convención como barreras del entorno, en donde una persona puede ser discapacitada pero no tener invalidez laboral. Las barreras que impone el entorno se reflejan aún en los perjuicios y en la falta de campañas que permitan instalar ésta diferencia en la agenda.
Por su parte, Fernández cuestiona la falta de voluntad política de la gestión de Cambiemos a pesar de mantener un contacto constante con funcionarios del gobierno a través de reuniones, envíos de notas e informes de análisis presupuestarios. No solo el Ejecutivo está en deuda: “En provincia de Buenos Aires interpusimos un litigio judicial contra el mismo Poder Judicial porque no se cumple la cuota de empleo” afirmó.
En cuestiones de salud también existen reclamos vigentes. La atención médica no es integral, además de que en muchos centros no están dadas las condiciones edilicias para la atención de personas con discapacidad. A eso se le suma que no cuentan con herramientas que permitan una atención adecuada de este colectivo. “Se hace necesario la implementación de camillas ginecológicas para las pacientes con discapacidad motriz, además de la capacitación por parte de los profesionales, con lenguaje de señas para atender a las personas sordas o incluir información digitaliza o en braille para las personas ciegas y no en forma escrita como usualmente ocurre”, declaró Betti.
Uno de los reclamos más fuertes tiene que ver con el nuevo Plan Nacional de Discapacidad presentado en 2017 y que en su elaboración no tuvo en cuenta cuestiones básicas, como lo es el nuevo paradigma de abordar la cuestión. “En uno de los decretos se habla de una pensión por invalidez pero la Convención habla de una autonomía económica de las personas con discapacidad”, cuestionó Andrea Grassia, quien también integra la comisión directiva de REDI además de ser asesora en la Comisión de Espacio Público en temas de discapacidad y accesibilidad en la Legislatura porteña. Como Betti, Andrea tiene una discapacidad visual y conoce de propia mano las inclemencias que se viven en una ciudad que no está pensada arquitectónicamente para las personas de este colectivo.
“Es necesaria la implementación de camillas ginecológicas para lersonas con discapacidad motriz», señala Betti.
La muestra está por ejemplo en las obras del Metrobus de los últimos años, en donde el espacio para que puedan circular personas con sillas de ruedas es reducido, además de ser estaciones que no contemplan un acceso fácil y seguro por estar edificadas en medio de la avenida. La problemática también se traslada al acceso al subte, donde la mayoría de las estaciones tienen los ascensores fuera de servicio.
Resulta paradójico, además, que en el mismo año de la presentación del nuevo Plan de Discapacidad Nacional se dieron de baja pensiones no contributivas a personas con discapacidad, lo que puso de manifiesto la falta de seguridad social para este colectivo. “En general las personas con discapacidad tienen menores ingresos que el resto de la población y a su vez cuentan con más gastos que el conjunto, porque tienen que recurrir a taxis para movilizarse, a medicamentos de un tratamiento especial que no cubre la obra social o no tienen cobertura médica. Son personas mucho más vulnerables que el resto de la población”, explicó Betti. Esta baja también afecta uno de los beneficios otorgados por la pensión como lo es cobertura médica. Por su parte, Grassia sostiene que se debe repensar la legislación en materia de pensiones no contributivas buscando que esta sea compatible con un salario mínimo, además de contemplar el dilema que viven las personas con discapacidad cuando logran conseguir un empleo inestable o precario: “Se ven en la disyuntiva de aceptarlo o no, ya que si lo hacen se da de baja la pensión y al pensar en la opción de no renovación de su contrato, se ven en la engorrosa tarea de hacer de nuevo todo un trámite para que se las restituyan” manifestó.
En materia de educación inclusiva han habido avances incipientes, en donde la cifra de personas con discapacidad en la escuela común viene en ascenso aunque la problemática se centra en la metodología implementada en la enseñanza: “La educación inclusiva no es solamente estar en la escuela, es que también puedan aprender de la dinámica en una igualdad de condiciones con sus compañeros. Lo que implica tener políticas en formación docente, en infraestructura escolar, en accesibilidad de materiales educativos y metodologías acordes” afirmó Fernández.
A pesar de los cambios sociales que se han intentado implementar en materia de discapacidad, aún existen personas que tienen su capacidad jurídica restringida, es decir, son sujetos de procesos en los cuales el Poder Judicial determina qué actos de la vida civil pueden o no realizar, vulnerando de alguna manera el derecho que cada uno tiene sobre su propia vida. “Una de las políticas a implementar es el cambio en el imaginario social en el tema de discapacidad, que piensa a los sujetos como incapaces, que no tienen nada que aportar a la sociedad y que otros decidan por ellas. Eso requiere políticas de sensibilización y de inclusión”, aseguró Fernández. Siguiendo esta línea, hay que reconocer la importancia del rol que juega la comunidad en materia de inclusión, desde los familiares de personas con discapacidad hasta las organizaciones de derechos humanos que trabajan por mejorar la calidad de vida, generando estrategias de incidencia que logren visibilizar esta problemática para que el Estado se encargue de estos asuntos.
Es así como los desafíos que tiene el nuevo gobierno en materia de políticas públicas a implementar y mejorar son innumerables. Es una tarea pendiente de todos los gobiernos sin subsanar, que ha impedido que las personas con discapacidad puedan tener una educación de calidad, un trabajo con una remuneración acorde a su cargo, acceso a la vida cultural y artística, entre otras cuestiones sociales, que les permita tener una vida de inclusión real.
Nov 28, 2019 | Comunidad, Novedades
Los integrantes de ANCCOM recibieron el diploma que acredita la declaración de «interés» en la Legislatura porteña.
La Legislatura porteña declaró, este martes, a la Agencia de Noticias de la Carrera de Comunicación Social de la UBA (ANCCOM) “de interés social y promotora de la comunicación”.
En el acto estuvo presente Diego de Charras, director de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, Diego Rosemberg, coordinador de ANCCOM y la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires Andrea Conde, quien fue la gestora de la iniciativa y encargada de la entrega de la distinción.
La Legislatura reconoció la labor periodística que desde hace casi cinco años realiza este medio “por su labor social por y para la comunidad”, en donde se exponen temas relacionados con los derechos humanos, las diversidades de género, de culturas, los conflictos laborales, el deporte inclusivo además de las problemáticas sociales y de comunidades que no son temas habituales de la agenda de los medios comerciales.
“ANCCOM viene realizando un excelente trabajo, en donde se preserva los derechos de la comunicación y el acceso a la información, además de ser el espacio importante en donde las y los estudiantes pueden realizar sus prácticas antes de egresar”, afirmó Conde. Además, resaltó que varios de los temas que se tocan por la agencia “no aparecen en ningún otro medio”.
De Charras agradeció tan importante mérito y destacó la labor que lleva a cabo todo el equipo de la agencia: “La universidad, sus estudiantes y sus docentes ponen en juego una producción de información que no percibe el lucro y eso no es menor”. También recordó que la idea de la agencia nació en 2014 por varias necesidades en conjunto, como lo eran la demanda estudiantil de la práctica en su formación profesional, que a su vez coincide con el nuevo plan de estudio –pendiente de aprobación por el Rectorado de la UBA- en donde se incluye a las prácticas preprofesionales como parte de la currícula. A pesar de que el nuevo plan no ha entrado aún en vigencia, la agencia de noticias comenzó a funcionar como una práctica voluntaria a partir de marzo de 2015, fecha en el que se cumplieron los 30 años de la carrera.
Por su parte, Rosemberg destacó la labor social que lleva acabo ANCCOM: “Estamos convencidos de que estamos haciendo un servicio social, concebimos el periodismo como tal y como una actividad que se hace desde el lugar de los hechos, algo que lamentablemente se está perdiendo cada vez más en las redacciones” afirmó.
El acto también estuvo presenciado por docentes y estudiantes que forman parte del equipo de la agencia. También participaron ex alumnos que integraron el plantel de ANCCOM. “El acompañamiento de los docentes es fundamental para el desarrollo de la labor periodística además de resaltar el trabajo en equipo de todos los compañeros en todas las áreas”, afirmó Micael Ricco, quien realizó la práctica el año pasado. También destacó que la agencia cuenta con una perspectiva informativa con pluralidad de voces y de temas, algo que para él “no pasa en muchos medios”. Por su parte, Noelia Pirsic, quien integró el área de fotografía y redacción en los inicios de la agencia, destacó lo enriquecedor del trabajo de campo: “El periodismo de embarrarse te ayuda a perder los perjuicios. Además me fui con valiosas herramientas que me permiten trabajar en un medio y encarar nuevos proyectos” resaltó. Por otro lado, contó una parte que pocos conocen de ANCCOM en sus inicios: “Todo el verano, de noviembre de 2014 a marzo de 2015, realizamos todo tipo notas que sin saber cuándo se publicarían. El 24 de marzo, día que cubrimos la Marcha por la Memoria, la Verdad y la Justicia se dio el gran paso y se publicaron muchas de esas notas en el sitio y fue el primer paso de todo esto” recordó.
Finalmente, De Charras confirmó que la Carrera lleva adelante otros proyectos de prácticas que involucran a los estudiantes. “Ahora está funcionando un proyecto de prácticas en el área audiovisual y uno de prácticas con organizaciones sociales, en donde se trabaja en conjunto con ellas” afirmó.
Así, la Carrera apuesta por desarrollar una labor que responda las demandas de la comunidad, en donde proyectos como el de ANCCOM se convierten en semilleros que permite no solo la profesionalización de los estudiantes, sino abrir nuevos espacios de cercanía con la sociedad en donde se involucra y conoce de primera mano las necesidades de muchos sectores vulnerados e invisibilizados.
Nov 28, 2019 | Géneros, Novedades
La comunidad chilena en Buenos Aires se manifestó ante el Consulado de Chile.
El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en Santiago de Chile, las mujeres marcharon hacia Plaza Italia –la Plaza de la Dignidad- para protestar contra la militarización de Chile y en rechazo de la violencia estatal. Otros sectores -migrantes, organizaciones políticas, sociales, de derechos humanos y estudiantiles- también se manifestaron, confluyendo todos en el lugar más emblemático del centro de la ciudad.
Las mujeres se adueñaron de la calle. Los pañuelos verdes, las banderas mapuches y feministas flameaban al ritmo del viento. Durante todo el día, se realizaron distintos actos de performance que incluyeron cantos, bailes, música, folletos y otros medios para concientizar a la ciudadanía. La manifestación fue muy diversa: había banderas de las mujeres trabajadoras, terapistas ocupacionales, universitarias, artistas, entre otras, que entonaban sus canciones eufóricamente. La calle era como estadio de fútbol con muchas hinchadas, pero del mismo equipo. “Somos distintos movimientos pero funcionamos en forma de red y eso hace que el movimiento feminista en Chile esté así de fuerte”, declaraba una joven universitaria. En un sector había chicas que en su torso denudo mostraban mensajes que decían “en Chile violan, torturan y matan”, al mismo tiempo que cantaban por el derecho que tienen a su propio cuerpo, imitando a la artista Mon Laferte en los Latin Grammy de este año. A unos pocos metros, había una ronda con una mujer bailando en el centro, vestida con medias de red y con la cara tapada, rodeada de carteles decían “más putas, menos pacos”. Al unísono, distintos sonidos vibraban de todos lados y había que prestar atención para poder entenderlos uno por uno. ‘’El Estado opresor es un macho violador’’ se escuchaba, mientras que desde otro lado llegaba ‘’las mujeres torturadas no nos quedamos calladas’’.
A los reclamos específicos del movimiento feminista se sumaron todas las protestas populares que emergieron después de haber callado 30 años: el pedido de una nueva constitución redactada por el pueblo, la eliminación de las AFP (sistema de jubilaciones privado), del IVA a los libros, la renuncia del presidente Sebastián Piñera y la gratuidad de la salud y la educación. Muchas de las manifestantes tenían fotos de mujeres desaparecidas tanto de ahora como de la época de la dictadura de Augusto Pinochet. “Aún hay desaparecidas de la dictadura y todavía estamos tratando de encontrarlas. Aquí en Chile no hubo juicio ni castigo. Todos los torturadores están en sus casas .Queremos que se acabe la violencia estatal. Nos están violando a nosotras y a los homosexuales también”, contaba una señora con un megáfono en la mano. “Tenemos 13 mujeres que ahora están desaparecidas y denunciadas y la respuesta del Estado es nula. Los pacos ocultan esa información diciendo que no hay muertos o las quieren hacer pasar por suicidios”, declaró otra manifestante a ANCCOM, quien prefirió no dar su nombre. Además exigían la renuncia de la ministra de la Mujer y la Paridad de Género, Isabel Plá, porque la consideran cómplice de las violaciones y los femicidios por parte del gobierno durante las pasadas detenciones. La funcionaria aseguró no haber recibido ninguna denuncia formal, en contraste con la información que tenía el Instituto Nacional de Derechos Humanos- que contaba con tres querellas por abusos sexuales por parte de policías y militares.
Nov 28, 2019 | Comunidad, Novedades
El virus de la inmunodeficiencia humana, más conocido por sus siglas VIH, ataca a las células inmunitarias, que son las encargadas de las defensas del organismo. Si bien aún no se encontró una cura, con el tratamiento adecuado –que implica una detección temprana- se puede llevar una vida normal. ¿Qué sucede en Argentina hoy? Según la Secretaría de Salud de la República Argentina, en 2017, unas 6.500 personas fueron diagnosticadas con el virus (el 35% de ellas en etapas avanzadas de la infección) y 1.500 murieron por causas relacionadas con el SIDA. Estas cifras no han variado considerablemente en los últimos dos años. Actualmente, 122.000 personas que viven con el virus, de las cuales se estima que el 30% desconoce su situación.
Desde la Secretaría de Salud afirman que hay algunos datos a destacar, que tienen que ver con el leve descenso de los diagnósticos en mujeres jóvenes y el aumento en las de mayor edad. También, el aumento de la presencia del virus en varones que tienen sexo con otros varones -los que representan el 40% del total de los nuevos casos-, el descenso de la mortalidad por SIDA en varones y mujeres jóvenes y el aumento en los grupos de mayor edad. Además, el 4,5% de los diagnósticos positivos ocurren en mujeres trans y, finalmente, que una de cada cuatro de las detecciones del VIH en mujeres se produce durante el período de embarazo.
Marja Surace Brest es médica y se desempeña en el área de Hemoterapia del banco de sangre de la Fundación Hemocentro, de Buenos Aires. Cuenta que muchos de los pacientes que son transfundidos llegan con patologías complejas, de difícil tratamiento y que requieren un abordaje interdisciplinario. La especialista es conciente que, muchas veces, las cosas no salen como se esperan, y acompañar al paciente de la mejor manera posible es lo único que pueden hacer.
Pero, además, hay otro aspecto, quizás todavía más desalentador: “Aquellos donantes de sangre voluntarios que desconocen su serología –es decir, que no saben que son VIH+- y que por los métodos con los que se estudia la sangre que donan son detectados”. De acuerdo a su experiencia en el Banco de Sangre, Surace Brest nota que hay un aumento de prevalencia –esto es la cantidad de individuos de un grupo o una población que presenta una característica determinada- en edades más tempranas, que están asintomáticos. O sea, que no tienen ninguna infección ni patología que los haga pensar que podrían estar infectados. Se enteran, en definitiva, cuando se estudia la sangre que se acercaron a donar.
El protocolo, en este caso, implica tomar una nueva muestra para repetir los estudios, evaluarlos por el Método de Elisa, primero, y luego por biología molecular. El Método Elisa se usa para determinar si un anticuerpo particular está presente en la muestra de sangre de un paciente y se detecta al enlazarlo a una enzima que es susceptible de atravesar algún cambio, por ejemplo de color. En cuanto a la biología molecular, implica un estudio más directo que el de laboratorio. El proceso consiste en multiplicar el material genético de los virus para que, si es que están presentes en la muestra analizada, hacerlos ‘visibles’. Si el diagnóstico se reconfirma, se cita al donante para entregar los resultados con el fin de “continuar seguimiento con su médico de cabecera y también la posibilidad de consultar en Fundación Huésped que tratan de manera integral y con amplia experiencia, sobretodo en estos casos que tal vez, si no fuera porque se acercaron a donar, no se habrían detectado”, explica Surace.
Como informan desde Fundación Huésped, la Ley Nacional Nº 23798 de SIDA garantiza la atención y el tratamiento en hospitales públicos de todo el país y sin costo adicional en obras sociales y prepagas. Sin embargo, el tratamiento médico es solo una de las aristas del abordaje integral que se le debe brindar a un infectado. Es primordial trabajar conjuntamente, de forma interdisciplinaria, desde varias áreas e instituciones. La trabajadora social María Ángeles Commisso, que trabajó durante veinte años en el Programa de Atención a Personas Viviendo con VIH-SIDA, cuenta que, a raíz de atender gente por derivación del infectólogo, comenzó a observar otras problemáticas que requerían atención: “Las dificultades en la accesibilidad (al hospital, a los laboratorios, a los medicamentos, a información), la gestión del secreto (intentos de ocultar la enfermedad por el estigma que implicaba, e implica, pero en aquel tiempo era aún mayor), la particular vulnerabilidad de las mujeres (por relaciones de pareja con violencia de género, dificultades para negociar la utilización de preservativo, asociar ‘pareja estable’ con no necesidad de cuidados en las relaciones sexuales), mujeres sin atención que – en cambio- concurrían para atenderse durante el embarazo o atender al hijo y evitar la transmisión vertical, la discriminación de familiares y allegados” Todas problemáticas que excedían la mera ayuda estatal de medicamentos y que implicaban la necesidad de construir un vínculo no solo profesional, sino de cercanía con cada paciente.
La labor de trabajadores sociales y ONG como Huésped no es menor. “Considero que lo fundamental es construir un vínculo de confianza -explica Commisso-, ya que la gente al principio se angustia mucho y necesita un espacio donde hablar de lo que piensa y siente, y despejar dudas.” La profesional ya coordinó distintos grupos: de niños, de familiares, de parejas serodiscordantes –esto es cuando uno de los integrante vive con VIH/SIDA y el otro no-, de personas trans, o simplemente de información y prevención, con la población en general.
En todo este tiempo, Commisso pudo observar que la población en general asociaba la enfermedad con personas trans o que mantenían relaciones sexuales con otros de su mismo género, no tomando medidas de prevención al considerar que tenían ‘pareja estable’. Y ella misma dice: “La mayor parte de la población atendida era justamente de este último grupo.”
Por eso, señala, es urgente continuar informando a la población. Explicar cómo prevenir su transmisión, pero también como convivir con la enfermedad y mejorar la calidad de vida, aún siendo VIH+. Entender, sobre todo, que hay que desterrar la estigmatización que rodea a los que la padecen.
Nov 27, 2019 | Comunidad, Novedades
Mientras que en 2015 el 38 por ciento de los medios comunitarios se presentó al FOMECA, en 2017 lo hizo solo el 16%.
En un contexto donde las la crisis económica golpea fuerte en la sociedad, los medios comunitarios intentan subsistir como pueden, casi sin apoyo del Estado. ANCCOM relevó el panorama de radios y televisoras sin fines de lucro e indagó en cómo subsistieron al macrismo y qué esperan de ahora en adelante.
Luis Lazzaro, docente de Derecho a la Comunicación y la Información en la Universidad nacional de Moreno, y miembro fundador de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, explica: “La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual había creado una reserva destinada a estos medios, también un fondo de promoción que generaba subsidios para su funcionamiento pero a partir del gobierno de (Mauricio) Macri, se generaron muchas dificultades en la implementación de estos subsidios que ayudaban a su subsistencia, acompañados por un contexto económico donde los tarifazos generaron mayores complicaciones para estos medios.”
Otro de los problemas es el pobre acceso que tienen estas organizaciones a la publicidad oficial, sea del Estado nacional o de los provinciales y municipales. Según el reciente informe de la Red Interuniversitaria de Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular (RICCAP), en 2018 solo el 2,1% de los medios accedió a pauta oficial de la Nación. Este número disminuyo considerablemente del 9% que tenía pauta del Estado nacional en 2015. Otro aspecto importante es la centralización de esos recursos, ya que de los medios que reciben estas pautas, el 55,9% se localiza en la Ciudad y en la Provincia de Buenos Aires.
Más del 50% de la pauta oficial destinada a los medios comunitarios es recibida por emisoras porteñas y bonarenses.
El acceso a fondos públicos de fomento es otro de los elementos que pueden sostener a los medios comunitarios. La principal línea es la de los FOMECA (Fondo de Fomento Concursable), que se pusieron en práctica en 2013. Desde ese año hasta el 2015, las presentaciones de estos medios fue creciendo de manera constante, pero a partir de ahí comenzó a descender la cantidad que los solicitaba. Así, los que se presentaron para obtener FOMECA pasaron de ser un 38% del total de experiencias de comunicación comunitaria relevadas en ese 2015 a representar apenas un 16 % en 2017, siempre según el informe de la RICCAP.
Daniel Rosarolli es fundador de FM Aire Libre de Rosario, cuenta que recibe tanto pauta oficial como acceso al FOMECA, pero no la suma de ambos no alcanza para sostener la radio: “Nosotros accedemos a pautas provinciales y municipales, pero no nos alcanza ni para pagar la luz”, dice y añade: “Y también accedemos al FOMECA, después de un montón de requisitos que te pide ENACOM para que puedas participar del concurso. Y cuándo lo ganás no te lo dan en el momento, sino que hasta te hacen esperar años para cobrarlo, y encima con la inflación… no ajustan el importe al valor actual, te lo dejan al valor de cuando lo debiste cobrar”.
Las televisoras comunitarias tienen mayores dificultades en su subsistencia, ya que se necesita un equipamiento más caro y mayor cantidad de trabajadores en ese sector. Según el informe de la RICCAP, el 10,6% de los medios comunitarios en Argentina está formado por emisoras de televisión. Un caso ilustrativo es Barricada TV, que fue fundado en 2009 y obtuvo la licencia en noviembre de 2015, y se emite por la TV digital abierta por el canal 32.1. Natalia Vinelli, directora del canal, cuenta como hace la emisora para poder subsistir: “Nos mantenemos con fondos de fomentos concursables, que más allá de ser subejecutados permanentemente, nos ayudan a sostenernos, así como también recibimos pauta publicitaria de Nación y de la Ciudad, más la inserción comunitaria y el apoyo de las organizaciones”.
En este contexto los medios comunitarios tienen que aguzar el ingenio para poder subsistir, buscando los recursos que pueden tener al alcance de la mano. Julieta Urdinola, directora de la FM En Tránsito, de Castelar, explica cómo sostienen a la radio: “El proyecto dependía principalmente de las publicidades, y entonces la cooperativa empezó a hacer otros trabajos, como proyectos audiovisuales, para presentarlo en diferentes organizaciones; armamos una productora cultural que organizaba eventos, que nos ayudó a obtener un ingreso extra para por lo menos retribuirle algo a la gente que trabaja acá. Desarrollamos proyectos y actividades en el campo de la comunicación, cultura y economía”. FM En Tránsito se fundó en 1987, y siempre estuvo en lucha por mantenerse de pie. Obtuvo la licencia en abril de 2019.
Estos medios espera que su situación cambie con la llegada del nuevo gobierno, presidido por Alberto Fernández. ¿Qué debería hacer el Estado en esta nueva etapa? Según todas las fuentes consultadas las medidas deberían incluir una tarifa social para los medios comunitarios, una ley de publicidad oficial que los apoye, la reserva del 33% del espectro radioeléctrico para las organizaciones sin fines de lucro y, por sobre todas las cosas, que la comunicación sea vista como un derecho que apoye a quienes menos voz y alcance tienen.
Nov 27, 2019 | Novedades, Trabajo
El Astillero Río Santiago cuenta con 3.300 trabajadores.
Ensenada, junto a La Plata y Berisso, forman un polo industrial que, desde la década del 50, ha sido uno de los bastiones productivos más importantes de nuestro país. En distintos períodos históricos como la dictadura de los 70, el neoliberalismo de los 90 y la etapa macrista, se diezmó su potencial productivo. Pero, pese a todo, el Astillero Río Santiago (ARS) con sus 3.300 trabajadoras y trabajadores resiste como un verdadero emblema de memoria, verdad, justicia y soberanía.
ANCCOM conoció un planeta pequeño. Allí habitan orfebres de joyas de gran envergadura, buques, puentes y aerogeneradores que transforman la energía eólica en eléctrica.
En inmensos talleres confluyen maquinarias, mazas, calderas y computadoras y grandes grúas que de lejos parecen tener vida propia. Al acercarse, se observa que son las encargadas de trasladar las piezas de los buques. Los obreros, sobre los andamios, recuerdan a Gulliver en la isla de Liliput. Todo el complejo de estructuras ensambladas está destinado a la fabricación de las partes de los barcos, o la máquina de hélices para los aerogeneradores.
En ese pequeño planeta también funciona una escuela técnica que prepara a sus obreros en trabajos calificados. Además se encuentra el área de Derechos Humanos, porque el astillero fue un espacio de encuentro y organización de trabajadores durante la última dictadura cívico-militar, cuando medio centenar de ellos fueron detenidos desaparecidos.
El “#Ni una Menos” también entró al astillero. Ya son 360 las mujeres que forman parte de esa gran fábrica, no sólo en las áreas administrativas, sino además en las distintas secciones y talleres.
Los y las empeladas poseen atención médica las 24 horas, porque muchas de las secciones implican trabajos considerados de alto riesgo. Por esa razón, también, cuentan con su propio cuerpo de bomberos.
El gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal retuvo las partidas del Astillero y paralizó su trabajo.
La última embestida
Durante 2018, el ARS vivió una de las ofensivas más fuertes, a cargo de un Presidente de la Nación hacia el sector obrero. Mauricio Macri lanzó la primera piedra: “Hay que dinamitar el Astillero Río Santiago”, dijo. Luego se instaló el tema en los medios masivos, considerando al sitio como un reservorio de vagos, que se colgaban del Estado. Bajo el lema #Donde hay que ajustar, se mostraban imágenes, tomadas desde drones, de un astillero desierto. A su vez se expresó que los obreros ganaban cifras siderales.
Los medios no contaban que el Gobierno provincial tenía retenidas las partidas completas de insumos desde hacía varios meses, cuestión que impedía continuar las trabajos. Tampoco se informó sobre los recortes salariales que sufrían los trabajadores, ni que muchos ya no llegaban a fin de mes, condenados a mirarse las caras, en el silencio insoportable de las máquinas paradas.
La suerte estaba echada
La información se replicó en los medios con velocidad y se construyó un nuevo enemigo Frente a esa situación, los trabajadores del Astillero coparon las calles. Hubo gran cantidad de movilizaciones. Dos fueron emblemáticas.
Una fue la del 21 de agosto del 2018, cuando el ARS se manifestó con fuerza y el centro de La Plata se inundó de trabajadores. Se llegaron a concentrar más de 40.000 personas y la represión se instaló con balas de goma, gas pimienta, heridos y detenidos. La acción transcurrió frente al Rectorado de la Universidad de La Plata, mientras en su interior despedían los restos de Chicha Mariani, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo.
El 18 de septiembre hubo una manifestación importante. La policía cercó a los manifestantes del Astillero. Los trabajadores contaban con la información de que los esperaban las fuerzas de seguridad en la plaza San Martín, por lo que decidieron dirigirse al Ministerio de Economía y tomarlo de manera pacífica para negociar frente al aparato de Estado.
Los obreros accedieron a archivos internos y encontraron un plan de desmantelamiento del Astillero Río Santiago redactado e impreso. En el documento se detallaba de manera muy clara, cuáles serían los pasos a seguir. Todo estaba perfectamente sincronizado: desde el ámbito jurídico, con el armado de causas y desde lo mediático, con una campaña de desprestigio. En el aspecto gubernamental se expresaba la continuidad de los recortes presupuestados para las obras.
Con la certeza entre las manos, los trabajadores del ARS decidieron resistir en el Ministerio y lograr negociar una salida al conflicto, 12 horas después. La gobernadora María Eugenia Vidal se comprometió a dar respuesta a los reclamos, normalizar la entrega de insumos para reanudar la producción, pagar los sueldos sin descuento y respetar el convenio colectivo de trabajo, entre otras cuestiones.
Visita al astillero Río Santiago. Ensenada, 27 de septiembre de 2019. Fotos de Juli Ortiz / ANCCOM.
En el diario ya no hablaban de ti…
ANCCOM entrevistó a Denis Bilardo, secretario del interior de ATE y delegado del ARS, al cumplirse un año del conflicto con el gobierno, en el que los trabajadores del Astillero Río Santiago lograron desbaratar la maniobra de desmantelamiento y cierre de una de las industrias más importantes del aparato productivo argentino.
¿Cómo empezó el conflicto?
Este conflicto comenzó en 2016, cuando inició sus gestiones el gobierno. Nosotros salimos a comunicarle a la sociedad por qué el Astillero no producía, qué era lo que necesitábamos para producir, qué podía fabricar el astillero para el país. Toda esa campaña se reflejó en movilizaciones y plenarios de delegados regionales. Y se evidenció el día después de la represión, cuando hubo 40.000 personas en la plaza San Martín, acompañándonos. Además hubo un paro regional en Ensenada y en Berisso.
¿El apoyo de la gente fue inmediato?
Sí y se dio en un momento donde se terminó el gradualismo, en el 2018. Evidentemente hay algunas cuestiones con el tema de la memoria, porque ese gobierno ganó diciendo que íbamos a estar mejor, con frases que tienen fuerza en una parte de la población y lograron ser hegemónicas. Gran parte de la sociedad lo legitimó. Yo creo que, más que en el terreno de la disputa ideológica, de las ideas, lo nuestro fue meter el tema del trabajo, de lo importante que era el Astillero como unidad productiva.
Lo que se hereda no se roba
¿Por qué en el Astillero se escucha hablar tanto de memoria?
Acá hay familias, compañeros, que son cuarta generación de trabajadores del ARS. Desde que se fundó el Astillero trabajaron abuelos, padres e hijos. También tenés algún nieto que va a la escuela. En la puerta, pasando la rotonda, se recuerda a Luciano Sanders, que era trabajador de este taller de estructura y que está desaparecido, asesinado por la última dictadura militar. Hoy trabaja el hijo, en el sector de buques militares y el nieto está estudiando en la escuela técnica del ARS. Hay una cosa muy fuerte en la transmisión de generación a generación. Y lo que es muy fuerte, también, es la memoria, que es muy importante, porque cuando vos salís a pelear y sos consciente de que hubo otros que pelearon antes, se genera un espíritu colectivo muy importante, que da la posibilidad a que otros, más adelante, peleen, por lo que es justo. Eso genera mucha identidad y fortaleza para pensar que no te pueden quebrar en una pelea, por más que, en este caso, hayan jugado muy, muy fuerte.
Denis Bilardo
Soberanía
¿Qué crees que está en juego, en términos de intereses, con respecto al Astillero?
Esto es una cuestión de soberanía. Tenés un país que tiene dos tercios de su territorio sumergido en el mar. Hoy nosotros exportamos 2.000 millones en riqueza ictícola y 1.800 millones de carne. Pero hay una cuestión ahí, parecería que lo que está en el mar, no se ve, lo que está en los ríos, no sucede para la sociedad argentina. Ese es el punto fundamental en el que perdés toda posibilidad de soberanía. Digamos que es una gran pelea, también en el terreno cultural.
¿Cómo se insertaría el ARS en nuestra rueda productiva?
Argentina tiene bajo la plataforma submarina 3 veces lo que tiene en Vaca Muerta. Y lo que tiene en Vaca Muerta se va a exportar en barcos. Si lo pensás, somos un país marítimo. Somos un país terminal, es decir que comercializamos con China y con India, que son naciones que están a 10.000 ó 15.000 km. Nosotros vemos la comunicación con el mundo como un bien estratégico, como un bien de desarrollo del país.
¿Cómo se refleja a nivel económico no contar con la flota que podría fabricarse en el ARS?
Hoy Argentina paga, según la cantidad que importa y exporta, entre 7.000 y 10.000 millones de dólares de flete. Y no hay ningún flete de bandera nacional que lo haga. Con lo cual la balanza de pagos es deficitaria. Y hoy Argentina tiene un déficit cercano a los 13.000 millones de dólares.
¿Y qué podría hacer el ARS para modificar esa situación u otra, relacionada con el desarrollo de nuestro país?
Lo explico en un caso. Las shaldags, son unas lanchas súper rápidas, de costa marítima y están diseñadas fundamentalmente para bombardear a la población civil en Palestina. Esas lanchas fueron compradas acá para patrullar el litoral fluvial. Lo que se sumerge del buque es mayor de lo que vos necesitás en tu hidrovía y eso erosiona las costas, genera un costo ambiental relativamente alto. A la vez, tiene cañones de 30 mm, que son para bombardear a la población civil desde el mar, y acá lo están usando para patrullar una hidrovía, supuestamente para combatir el narcotráfico. Imaginate, si disparás un cañón de esos sobre una población ribereña: hacés un desastre. Esas lanchas se pagaron 12 millones de dólares cada una y no es lo que necesitamos. En el ARS, planteamos hacer lanchas fluviales. Con 8 millones, podríamos haber hecho diez que nos permitirían patrullar 1.000 kilómetros. Yy serían otra cosa completamente distinta a lo que se compró, sería algo adecuado a nuestras necesidades.
¿Y en qué otra instancia se nota la problemática de la pérdida de soberanía?
En el tema del dragado. La Argentina hoy draga toda la hidrovía y le paga 300.000 millones de dólares a una de las concesiones más importantes que tiene el Estado argentino, a una empresa holandesa y esa empresa trae todas las dragas de Holanda. No solamente pagás carísimo el dragado de la hidrovía sino que, además, está operado por ellos. Encima en la hidrovía baja toda la producción de commodities del sur de Brasil, Bolivia y Paraguay y vos no tenés ningún buque de bandera en ese trayecto. Ponemos el río para que lo usen otros. Si vos agarrás, desde Malvinas hasta Barranqueras (Chaco), esa gran vía de comunicación que nosotros tenemos, está toda en manos de corporaciones extranjeras y Argentina no tiene soberanía sobre eso.
¿Cómo imaginás la reactivación del ARS?
Lo que está detrás de la reactivación del Astillero es muy importante. Etamos en el siglo XXI y el ARS es una empresa metal mecánica muy compleja, no es solamente una fábrica de buques. Acá se puede hacer todo tipo de material de metal mecánica de gran porte que podría aportar al país. En realidad, el Astillero debería tener una vinculación directa con la universidad, con el INTI, con el CONICET, un desarrollo de proyectos que avalen la construcción de buques navales, otros para la hidrovía, también para la defensa y para la investigación. Sería muy útil renovar la flota pesquera, porque la que tenés es una de las más obsoletas del mundo. En los últimos 20 años desaparecieron y murieron más de 100 trabajadores en el mar. Hay una cantidad de cosas para desarrollar que implicaría duplicar el plantel del ARS, ampliar su estructura productiva, darle trabajo a cientos de empresas Pymes, a decenas de astilleros nacionales. Es decir, el ARS podría ser la cabecera de un complejo industrial importante.
