Venezuela en su laberinto

Venezuela en su laberinto

El 10 de enero comenzará formalmente el nuevo mandato de Nicolás Maduro, autoproclamado ganador de las elecciones sin exhibir las actas electorales. Su rival, González Urrutia, se exilió en España yCorina Machado, lider de la oposición, intenta una salida negociada de la crisis. ¿Cómo impactará el triunfo de Trump?

El 28 de julio se desarrollaron las elecciones presidenciales en Venezuela. Millones de personas decidieron entre la continuidad del presidente Nicolás Maduro o el comienzo de una nueva era bajo la dirección de Edmundo González Urrutia, representante de la coalición opositora. Frente a las cifras oficiales, ambos candidatos se proclamaron ganadores: González Urrutia respaldó su triunfo presentando las actas de votación de sus fiscales, y Maduro lo sostuvo a través de su palabra y la de los organismos estatales.

Las actas de votación presentadas por la oposición ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), y frente a distintos organismos internacionales, demostrarían la victoria de González Urrutia con el 67% de los votos, frente al 30% obtenido por Maduro. Ellas representarían el 81,7% de las actas totales y hasta el momento son la única prueba que permitiría legitimar los resultados de la elección, ya que ni el CNE ni el líder chavista presentaron documentos que validen su supuesta victoria.

A su vez, la reelección de Maduro fue proclamada por Elvis Amoroso, presidente de la CNE, y ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que clausuró el capítulo electoral al rechazar el amparo presentado por el Frente Democrático Popular (FDP), que exigía la publicación de los resultados de la votación.

Claudia Cinatti, analista y editora de política internacional de La Izquierda Diario, afirmó que el proceso fue fraudulento desde su desarrollo previo, no solo respecto al recuento de votos, y comentó en conversación con ANCCOM: “Maduro vetó candidatos de la oposición patronal, como María Corina Machado, que está inhabilitada, y rechazó otros candidatos hasta que finalmente quedó González Urrutia. El carácter autoritario y antidemocrático del gobierno también fue para evitar cualquier expresión que cuestionara por izquierda al propio gobierno de Maduro; recordemos que al Partido Comunista venezolano, que estuvo por muchos años en alianza con el gobierno y después rompió, le hn quitado la legalidad de manera escandalosa. “

La especialista puntualizó: “El régimen tuvo su candidato, la oposición de derecha también tuvo su candidato, aunque no fuera el que había elegido, y tanto los sectores de trabajadores como cualquiera que cuestionara por izquierda al gobierno, ningún candidato”.

Joaquín Sánchez Mariño, periodista argentino que cubrió las elecciones y es autor del ensayo En Venezuela, expresó en diálogo con ANCCOM: “Se preveía que el oficialismo iba a tender algún tipo de trampa. Desde la oposición estaban preparados para que el gobierno no aceptara fácilmente su derrota pero nadie esperaba esta necedad tan brutal. Había una pequeña esperanza de que aceptara un proceso democrático transparente, porque la esperanza es lo último que se pierde, pero tampoco fue tanta sorpresa cuando el gobierno lo rechazó.”

Durante los días posteriores a la elección, las calles de todos los Estados recibieron a miles de manifestantes que denunciaron fraude electoral, y exigieron la transparencia del proceso de escrutinio. Las protestas fueron aplacadas por una ola de violenta represión, impulsada por el gobierno, que dejó 23 muertos, cientos de heridos, más de 2000 detenidos e inauguró una nueva etapa de persecución política.

Sánchez Mariño comentó: “Se esperaba que ganara la oposición, porque eso se veía en la calle, pero había que ver si era una derrota ajustada. El día anterior a las elecciones parecía que era 1983, una especie de regreso venezolano de la democracia, pero no lo fue y la esperanza se desinfló muy fuertemente porque a fuerza de detenciones y persecución política el gobierno logró controlar la protesta social.  Después de las elecciones comenzó la Operación Tun Tun, una forma de atemorizar a la sociedad y amedrentar a los que salen a protestar, que es clave para este proceso.”

Actualmente González Urrutia se encuentra exiliado en España y María Corina Machado, la principal referente de la oposición, sigue en el país actuando desde las sombras, sin revelar su paradero. Machado insiste en consensuar con Maduro su salida del poder, ofreciéndole amnistía a cambio del reconocimiento de su derrota. Durante los días posteriores a las elecciones se especulaba con la posibilidad de que una fracción de las Fuerzas Armadas, el principal pilar que sostiene a Maduro en el poder, se rebelara e hiciera un golpe desde adentro, pero rápidamente se descartó. “Es difícil un quiebre grande porque gran porcentaje de las fuerzas están implicadas en los negocios de Maduro, quien dejó que la corrupción y el vicio permeen en las capas altas y bajas como una manera de convertir a todos en cómplices” explicó Sánchez Mariño.

Los únicos países de la región que respaldaron los resultados sostenidos por el régimen fueron  Bolivia, Cuba, Nicaragua y Honduras. El resto, incluidos aliados históricos del chavismo, como el presidente de Brasil Lula da Silva, el de Chile, Gabriel Boric, y de Colombia Gustavo Petro, no reconocieron el triunfo de Maduro y exigieron la publicación de las actas.

Sánchez Mariño consideró esos posicionamientos parte de los hitos más importantes a nivel internacional, y explicó: “El primero fue cuando el Centro Carter, una organización independiente de investigaciones estadounidense, a la que Maduro invitó y que avaló las elecciones de 2018, abandonó el país y dijo que las elecciones no habían sido limpias, por ende no podían verificar el triunfo del líder chavista. Más adelante expresaron que había ganado la oposición, y que las actas que presentaron eran válidas. El segundo golpe fuerte fue cuando los líderes de la región no respaldaron su triunfo, lo cual afectó su credibilidad y estatura moral porque se esperaba que lo respaldaran más allá de que fuera fraudulento.”

La columnista brasileña del Jornal O Globo, Janaina Figueiredo, quien ha cubierto elecciones en Venezuela, entrevistó a González Urrutia en Madrid, y comentó en conversación con ANCCOM que el excandidato presidencial está viajando por Europa para pedirle ayuda a la comunidad internacional, solicitando más sanciones para asfixiar económicamente al gobierno de Maduro, y principalmente sanciones individuales hacia “los funcionarios de la dictadura venezolana”.

Figueiredo declaró: “Las sanciones han tenido un impacto muy duro para la economía y para el gobierno de Venezuela, que lo ha sorteado con la ayuda de aliados como China y Rusia, entre otros. La situación financiera del gobierno de Maduro es muy complicada, y eso explica también por qué sufrió una paliza en las elecciones del 28 de julio: porque el chavismo no tuvo más el dinero con el que contó en otro momento para financiar programas sociales, y los sectores populares votaron por primera vez, en su mayoría, en contra del chavismo. Eso tiene que ver con un Estado fallido: los chicos en Venezuela van a la escuela dos veces por semana, los hospitales se caen a pedazos, eso claramente se relaciona con un impacto financiero de las sanciones, pero también con la corrupción. Maduro ha conseguido de alguna forma superarlas, pero las sanciones sin duda representaron un costo muy alto para el régimen, y para la sociedad.”

Hugo Chávez, el teniente coronel del ejército venezolano, se hizo públicamente conocido en 1992, cuando se adjudicó públicamente la responsabilidad del golpe de Estado fallido del mismo año. Después de dos años de prisión, fue indultado y se dedicó a construir un movimiento político a través de la canalización de las frustraciones sociales y económicas de la población. En 1998 ganó las elecciones, y al año siguiente asumió la presidencia con amplio apoyo del pueblo. Su gobierno fue acompañado por una situación económica favorable generada por el boom petrolero, que le permitió una relativa redistribución de la renta petrolera y la nacionalización de empresas privadas.

Cinatti destacó que si bien Chávez tomó medidas para reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de los sectores populares, también creó una burguesía nacional “completamente parásita” que “vivía y aprovechaba los subsidios del Estado”, y expuso rasgos autoritarios para intentar disciplinar a la clase trabajadora, por ejemplo al declarar la ilegalidad de las huelgas.

Tras el fallecimiento de Chávez en 2013, se celebraron nuevas elecciones en las que resultó ganador Nicolás Maduro, quien había sido vicepresidente durante su último mandato y fue designado públicamente como su sucesor por el propio líder bolivariano. Su gobierno encontró serios límites debido a la dependencia de la renta petrolera, ya que la mayor parte del ingreso de divisas provenía de ese sector, y el cambio en las condiciones internacionales, la caída del precio de las materias primas y del petróleo redujeron drásticamente los fondos del Estado.

Al respecto, Cinatti afirmó: “Bajo el régimen de Maduro el país entró en una situación desastrosa, lo hemos visto sin bienes básicos de consumo, en una situación social y económica catastrófica, sobre todo para los sectores populares. Hoy hay casi una dolarización de hecho, el salario es miserable y para sostener todo eso profundizó mucho los rasgos autoritarios del régimen político. La pérdida de apoyo se debe a una combinación de medidas impopulares y la profundización del carácter autoritario y represivo, al punto de tener detenciones completamente arbitrarias y presos políticos.”

El futuro de Venezuela se presenta como un panorama incierto, y abierto hasta el 10 de enero del próximo año, fecha donde comienza el tercer mandato de Maduro. La victoria de Donald Trump en los Estados Unidos, que asumirá el 20 de enero, podría cambiar el rumbo.

Cinatti afirmó: “Están en juego distintos factores, en primer lugar económico, ya que si bien el gobierno de Maduro tiene contradicciones evidentes con gobiernos como el estadounidense o el español, las multinacionales de esos países hacen negocios muy importantes en Venezuela, como la Chevron, y los grupos económicos locales, porque Maduro se presenta como garantía del orden y viene aplicando un plan económico que atacó muy duro a los sectores trabajadores, asalariados y populares.”

No obstante, Cinalli recordó que “fue bajo el gobierno de Trump cuando se impulsó el golpe que intentó dar Juan Guaidó, que se autoproclamó presidente, ligado a este mismo sector de la oposición de derecha encabezado por Machado. Son una serie de elementos nacionales e internacionales, incluso de los propios gobiernos de América Latina, que hacen que esté todo ‘congelado’, aunque hay muchos elementos de crisis y hay que ver que nuevos hechos políticos pueden llegar a suceder. El gobierno de Maduro ha instalado un escenario, pero no está cerrado.”

Científicos y científicas argentinas salen a la calle

Científicos y científicas argentinas salen a la calle

Investigadores e investigadoras de diferentes universidades e institutos realizaron una feria para mostrar su trabajo y su anclaje en la sociedad. Estudiantes de escuelas secundarias y público general los acompañaron durante toda la jornada del viernes.

Desde la ventana del colectivo de la línea 101, al pasar por Plaza Houssay, ya se puede notar su presencia. Algunos visten guardapolvos, otros llevan chalecos que los identifican con sus organizaciones. Allí, en el corazón de la plaza, instalan sus puestos, donde pasarán el resto de la jornada bajo un sol implacable que no da tregua. Vecinos de la zona y también niños y adolescentes de diferentes escuelas de la ciudad, fascinados, se detienen a interactuar y sorprenderse con la “magia de la ciencia”, quizás soñando con convertirse algún día en uno de ellos. Sin embargo, estas personas de guardapolvo están lejos del estereotipo del científico loco con lentes gruesos y cabello alborotado encerrado en un laboratorio. Los investigadores argentinos no se encierran: salen a la calle, comparten su conocimiento y luchan por el futuro de la ciencia.

La Feria en Defensa de la Ciencia y la Universidad, que comenzó cerca de las 11 horas del viernes y se extendió hasta pasadas las 19, contó con más de 80 stands donde investigadores de diferentes áreas realizaron actividades para difundir sus proyectos y visibilizar las problemáticas actuales que dificultan sus investigaciones. “Surgió como una iniciativa discutida en reuniones y asambleas acá en la Facultad de Medicina. Nos contactamos con compañeros docentes del Gino Germani que estaban con la misma idea y empezamos a laburar en conjunto. Lo habíamos pensado al principio como solo de zona Houssay, pero se fueron sumando distintos institutos UBA-CONICET, que son de Sociales, de Medicina, de Farmacia, de Exactas, también gente del INTI, del INTA, del CNEA, un montón de lugares de diversas disciplinas y que están sufriendo el ajuste tremendo del gobierno”, contó Valentina Alillo, parte de la organización del evento.

Uno de los principales objetivos de la feria es acercar la ciencia a los más jóvenes, por lo que varias escuelas secundarias de la zona fueron invitadas a participar y hacer una recorrida por los distintos puestos. “Hay stands con juegos que están orientados más al público infantil y adolescente, para hacer que los chicos se interesen cada vez más en la ciencia”. Una de estas tantas iniciativas estaba compuesta por un mapa donde los chicos debían ubicar el sitio turístico que les toque en el lugar geográfico que corresponda. Triana Sánchez, integrante del Centro de Investigación y Desarrollo del Turismo -CIETUR- de la Universidad Nacional de San Martín nos cuenta el motivo del juego: “Estamos concientizando sobre la investigación del campo de estudios en turismo y porque es importante priorizar la actividad turística tanto a nivel económico como social, a lo largo y ancho de todo nuestro territorio”. Hoy, el CIETUR atraviesa grandes problemas para solventar los gastos de investigación: “Al estar en la Escuela de Economía y Negocios de la UNSAM, tenemos muchos convenios que hacemos a través de consultorías y de esa forma nos auto financiamos. Sin embargo, hoy los convenios están cayendo y tenemos muchas becas CONICET que están en peligro, sumado a la devaluación que están sufriendo nuestros salarios en el último año. Entonces, es un panorama muy complejo que dificulta que podamos poder seguir haciendo lo que hacemos y amamos”.

El mismo panorama atraviesan múltiples organismos que se dedican a la investigación científica. Andrea Ostrov, directora del Instituto de Literatura Hispanoamericana, profundiza sobre la situación: “Por decisión del Poder Ejecutivo Nacional no se está nombrando a nuevos investigadores en CONICET. Es histórico, porque hace muchísimos años que no pasa, que durante un año no haya habido ningún ingreso de un investigador en CONICET. Este año, como todos los años, hubo más o menos entre 300 y 400 bajas que posibilitará que den el ingreso a nuevos investigadores sin incrementar el gasto, sin embargo no quieren hacerlo, y es por decisión política del Presidente de la Nación”. La falta de ingresos hace que el Instituto corra peligro: “La continuidad de los proyectos y la renovación de los recursos humanos peligra al no haber ingresos de manera fluida como otros años, cada vez tenemos menos becas de postdoctorado y mucho menos investigadores. Lo normal es que todos los años entren 4 o 5 becarios de doctorados y este año todavía no hubo ninguno. Tenemos que publicar porque los organismos nos exigen publicaciones que den cuenta del trabajo de los equipos y esas publicaciones hay que pagarlas. Las inscripciones a congresos internacionales rondan entre los 100 y 150 dólares, y un equipo normalmente tiene entre 6 y 8 personas. Este costo es solo de manera virtual, ni hablar de costear los viáticos para pasajes y alojamientos. Se hace muy cuesta arriba. cada vez hay más trabas, más dificultades, y es un proceso de ahogo. El desfinanciamiento es un modo de aniquilación disimulado, entre comillas”.

María Laura Romano, una de las investigadoras del instituto, cuenta la principal problemática que atraviesan en la actualidad: “Hay seis investigadoras que el año pasado ganaron el concurso de ingreso a carrera de investigadora de CONICET y, luego de esperar más de un año, todavía no tenemos ninguna información certera acerca de cuándo nos van a designar y entonces estamos en esta instancia en la que no sabemos qué hacer, qué va a pasar con nuestro trabajo, porque también existe la posibilidad de irnos afuera a trabajar en un lugar donde nuestro trabajo sea reconocido. Sería una pena que se perdiera esa inversión de un recurso humano sumamente formado”.

Otro de las actividades que se robó las miradas del público fue la realizada por el Área de estudios urbanos del Instituto Gino Germani. “Es un mapeo colectivo donde buscamos tener un registro sobre las distintas percepciones, formas de apropiación y experiencias que hay sobre el espacio urbano, donde también queremos poder analizar en qué medida son diferentes según el género de los ciudadanos”, explica Facundo Corti, quien hoy centra su investigación en políticas de reurbanización de villas. “Analizo los efectos de diferentes políticas de integración social y urbana en la estructura social y urbana de la Ciudad de Buenos Aires combinando una estrategia cuantitativa sobre cantidad de personas involucradas para dimensionar la problemática habitacional en términos de infraestructura, con un abordaje más cualitativo que tiene que ver justamente con las percepciones de los habitantes de los barrios”.

Esta semana, la vicepresidenta Victoria Villarruel, atacó algunas de las novelas que conforman la colección “Identidades bonaerenses” que, desde septiembre de 2023, la provincia de Buenos Aires difunde en bibliotecas escolares con libros que no son de lectura obligatoria, buscando garantizar el derecho a una educación con acceso a los libros como herramienta clave de aprendizaje. VIllarruel difundió fragmentos fuera de contexto, pidiendo que “dejen de sexualizar a nuestros chicos”, y acusó al Gobierno de la provincia de adoctrinarlos en temas vinculados a la Educación Sexual Integral (ESI). Maria Laura Romano, del Instituto de Literatura Hispanoamericana, reflexionó: “El punto que disparó la discusión fue la novela Cometierra de Dolores Reyes, pero el ataque es contra la educación sexual integral y contra la posibilidad de que los pibes y las pibas que van a la escuela secundaria puedan estar informados y atendidos en sus demandas y necesidades de información. Me parece que cierto sector del gobierno está en contra de que en todas las escuelas se puedan trabajar cuestiones que tienen que ver con lo sexual, con lo vincular”.

Marcha por la marihuana, garrotazos del gobierno

Marcha por la marihuana, garrotazos del gobierno

Con concentraciones en todo el país, organizaciones en defensa del uso del cannabis realizaron la Marcha Nacional de la Marihuana. La policía de la Ciudad reprimió en el acto frente al Congreso.

«Ya fue, yo me animo». Silvia lo recuerda como un salto al vacío. El cannabis era, para ella, “mala palabra”. Pero Milena, su hija de 10 años con epilepsia refractaria, tenía cien convulsiones al día. Resistía los antiepilépticos y su vida giraba en torno a 50 pastillas diarias. Nada funcionaba. Milena estaba ausente, atrapada en un cuerpo que parecía no darle tregua. Desesperada, Silvia comenzó a probar aceite de cannabis. El cambio fue radical: “Recuperó la sonrisa. Hoy lleva una vida bastante normal”. La medicación se redujo, su aprendizaje mejoró, y su calidad de vida se transformó.

En Mamás Cannabis Medicinal (MACAME), Silvia encontró comunidad y propósito. Allí, madres como Laura, que también vio mejoras en su hija con daño cerebral, luchan por un tratamiento digno: “Nuestros hijos viven hoy, no tienen todo el tiempo del mundo”.

Pero el camino está lleno de barreras. La ley 27.350 (de Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus Derivados) no alcanza: hay un recrudecimiento de la criminalización de usuarios y cultivadores, se imponen nuevas restricciones al Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN) y el sistema de salud pública enfrenta un ajuste brutal que limita aún más el acceso a tratamientos esenciales.

Energía para reclamar y atropellos policiales

E viernes último, a partir de las 14, tuvo lugar la Marcha Nacional de la Marihuana, una de las principales jornadas anuales de lucha de las organizaciones y usuarios cannábicos, que se celebró en 18 localidades del país. La concentración principal se desarrolló frente al Congreso de la Nación, donde se presentó una carta dirigida a Javier Milei. El evento contó con música en vivo, bandas y exposiciones de emprendedores cannábicos. Sin embargo, la jornada estuvo marcada por la represión de la Policía de la Ciudad, bajo la gestión de Jorge Macri.

Según explicaron desde la organización, estaban a la espera de la confirmación del permiso por parte de la Ciudad. Indicaron que, ante la falta de respuesta, la ley establece el «silencio positivo», lo que les habilitaba a realizar la manifestación. Sin embargo, la policía sostuvo que esta normativa no era aplicable. Poco después, arribaron efectivos de la Policía Federal junto con personal de Espacios Públicos, quienes impidieron que se montara cualquier estructura y reprimieron a los asistentes.

Pamela Kaiser, integrante de la mesa organizadora de la marcha, relató: «Cómo el sol estaba muy fuerte y había chicos y personas con capacidades reducidas, decidimos armar un gazebo para resguardarnos. En ese momento, la policía comenzó a rodearnos y agredieron a una compañera, yo me metí a defenderla y me agarraron entre seis policías. Hay compañeras con golpes y moretones».

«Nos están atropellando otra vez, no nos dejan marchar. Es la primera vez en quince años que pasa algo así. Siempre hemos marchado pacíficamente, sin buscar alterar nada. Solo defendemos la salud y nuestros derechos”, expresó Rodrigo Ezek, vendedor de productos cannábicos, visiblemente indignado ante la situación.

Tras el impedimento de la policía para montar el escenario, la concentración se trasladó al centro de la plaza del Congreso. Allí, la energía no se apagó: la movilización la lideró una banda murguera al ritmo de trompetas, bombos y redoblantes. Con banderas, carteles y ganas de cantar, los manifestantes se hicieron escuchar en la plaza: “Yo no soy un delincuente, yo no soy un criminal, yo cultivo marihuana, no más presos por plantar”.

 

El Estado tiene que dar respuestas

“Estuve presa dos años por cultivo de cannabis”, relata Mariela Escopeta, de 61 años. Su nieto de siete años padece síndrome de Tourette, y su salud mejoró desde que consume el aceite de la planta. “Perdí dos años de mi vida y pasé un montón de cosas horribles. Igual que yo hay muchos compañeros y compañeras, no tiene que haber más presos por cultivar marihuana”, denuncia.

Este año, la marcha coincidió con el Día del Cannabis Medicinal y con un momento clave: el 35° aniversario de la sanción de la Ley de Estupefacientes N° 23.737, que, según se denuncia en la carta entregada al Presidente, «lejos de proteger la salud pública, ha generado un aumento del narcotráfico y un alto costo económico, social y político para el país». La carta también señala que la ley «criminaliza el consumo y cultivo de marihuana, y ha perpetuado la discriminación y estigmatización de los usuarios, especialmente en sectores vulnerables como jóvenes de barrios populares, población trans, LGTBIQ+ y, particularmente, las mujeres cannábicas, quienes enfrentan una mayor persecución judicial».

El REPROCANN: ¿qué cambió?

El REPROCANN es una base de datos creada para registrar a las personas que cumplen con los requisitos para acceder a un cultivo controlado de cannabis con fines medicinales, terapéuticos o paliativos del dolor.

Sin embargo, un gran obstáculo que enfrentan quienes buscan utilizar cannabis medicinal es el retraso en la aprobación de las solicitudes. Según la revista especializada Mate, actualmente se reciben aproximadamente 1.000 solicitudes diarias, pero estas son revisadas por solo dos personas. Este colapso se debe al desmantelamiento de los organismos del Estado y a las políticas implementadas por el gobierno de Javier Milei. En total, hay más de 100.000 solicitudes esperando aprobación o renovación, ya que el permiso otorgado tiene una vigencia de tres años. Los plazos de espera son extremadamente largos, y la situación se ha agravado desde principios de año, cuando el gobierno anunció la «revisión» y «auditoría» del REPROCANN. Como resultado, se han judicializado cientos de solicitudes, muchas de las cuales han obtenido fallos favorables para los pacientes.

La resolución 3132/24

El 16 de agosto se publicó en el Boletín Oficial la resolución 3132/2024 del Ministerio de Salud, que introduce modificaciones a la resolución anterior del REPROCANN, con el objetivo de restringir el acceso al cannabis medicinal.

Las modificaciones principales afectan a los cultivadores solidarios y las ONG, actores clave en el acceso al cannabis medicinal, ya que proporcionan la planta o sus derivados a pacientes que no pueden o no quieren cultivar por sí mismos, o que no pueden acceder a productos importados. La resolución establece que los miembros de la comisión directiva de las ONG no podrán tener antecedentes penales relacionados con el uso de estupefacientes o el uso indebido del cannabis medicinal. Este es un atropello, ya que muchas de estas organizaciones están compuestas por militantes del movimiento cannábico, que históricamente han sido víctimas de la legislación punitiva sobre drogas. Otra de las modificaciones apunta a los médicos, quienes ahora deberán cumplir con dos requisitos excluyentes: estar inscriptos en la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud (Refeps) y contar con un certificado de una “Diplomatura o Maestría sobre el uso medicinal de la Planta de Cannabis”. Esta última exigencia resulta problemática, ya que en Argentina esos cursos son de pago, en un contexto de crisis presupuestaria en las universidades públicas, también afectadas por la política de ajuste del gobierno de Milei. Estas medidas buscan limitar la cantidad de profesionales habilitados para prescribir cannabis medicinal.

Comenzó el juicio que investiga el femicidio de Micaela Rascovsky

Comenzó el juicio que investiga el femicidio de Micaela Rascovsky

Declaró quien era su pareja, el principal acusado. También los padres de la víctima, una estudiante de Medicina de la UBA que tenía 25 años.

“Yo a Micaela jamás la lastimé”, dijo Guido Pascuccio en la primera audiencia del juicio público al que llegó como acusado por los delitos de “abandono de persona seguida de muerte y lesiones doblemente agravadas en contexto de violencia de género” por el fallecimiento de Micaela Rascovsky, quien era su novia, el 13 de abril de 2021. Si bien Pascuccio —que es abogado como su papá y su hermano— estuvo preso durante un año y cinco meses, al juicio llegó en libertad por haber pagado una fianza de tres millones de pesos. 

El inicio del juicio tuvo lugar este jueves 14 de noviembre en el 6° piso del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En un lapso de seis horas Pascuccio prestó declaración oral como acusado, mientras que Patricia Ortiz y Sebastián Rascovsky —papás de la joven— y María Ortiz —tía de la chica— lo hicieron en carácter de testigos. En el transcurso de toda la audiencia tanto los abogados de la querella y la fiscalía como los abogados de la defensa fueron haciendo sucesivas preguntas al acusado y a los testigos para que corroboraran los dichos que habían declarado previamente en la etapa de instrucción. 

Rascovsky tenía 25 años y estudiaba la Carrera de Medicina en la Universidad de Buenos Aires. Convivía con Pascuccio en un departamento de Villa Ortúzar, donde apareció sin vida en 2021. El día del fallecimiento de Rascovsky, Pascuccio llamó a Emergencias y dijo: “Me levanté y escuché unos ruidos en el living y estaba mi mujer convulsionando. No sé si tomó algo, estoy muy asustado. No la puedo hacer reaccionar. Tengo miedo de que haya tomado algo, alguna pastilla o algo”. De ahí en más planteó la hipótesis de que su novia se había suicidado con una sobredosis de cocaína. ¿El motivo, según Pascuccio? Que no soportó el dolor causado por no haber podido llevar a término su embarazo, que era ectópico. 

No obstante, el día del fallecimiento de Rascovsky fue a reconocer el cuerpo María Ortiz —tía de la joven—, quien encontró a su sobrina con moretones en todo el cuerpo. Ese hecho la llevó a pensar que Pascuccio le había vuelto a pegar a la joven, como ya había ocurrido antes, pero esta vez por una presunta represalia porque Rascovsky había contado a los papás de su novio que él tenía consumos problemáticos de drogas. 

Enseguida, la autopsia determinó que Rascovsky tenía ADN de dos personas masculinas debajo de las uñas y líquido seminal de su novio en la ropa interior. La familia de la joven consultó la opinión profesional de Borja Moreno Víchez —médico que integra el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses de España— a raíz de los resultados de la autopsia, y él dijo que el cuerpo de Rascovsky presentaba señales de defensa, por lo que descartó completamente la hipótesis del suicidio que Pascuccio había planteado desde el principio. El testimonio de Moreno Víchez se puede escuchar en el documental sobre la muerte de Rascovsky realizado por la productora española “Triun Arts”, que consta de tres partes. “Fabricando una mentira” es el título de la primera.

En una conversación con ANCCOM, Sebastián Rascovsky dijo que “si Miki hubiese contado en su momento la violencia de género que estaba viviendo yo la hubiese ido a buscar. Lamentablemente, esto ayuda a concientizar que todas las chicas tienen que hablar, no tienen que callar. Al primer cachetazo te tenés que ir y pedir ayuda. Hay un porcentaje de hombres que está totalmente enfermo, porque no hay femicidios de mujer a mujer, el femicidio siempre lo hace el hombre”. 

Sobre el hecho de que, hasta el día de hoy, Pascuccio sigue sosteniendo la hipótesis del suicidio de su novia, Sebastián Rascovsky dijo que “me causa dolor, porque les puede llegar a hacer ruido a los jueces, que no conocieron a Micaela. Yo sé que ella era incapaz de lastimarse y de lastimar a otros. Era una resiliente. Tuvo cinco operaciones por su labio leporino, perdió dos embarazos y perdió a su hermanito de 53 días de nacido, así y todo ella siempre se repuso. Que no me vengan con el suicidio porque es imposible”. 

El inicio del juicio público que tuvo lugar este jueves estuvo cargado de mucha intensidad. “Es un día muy esperado para toda la familia —dijo a esta agencia María Ortiz—. Nos venimos acompañando desde hace 3 años y 7 meses. Yo estoy tranquila porque vengo con la verdad. Vengo a pedir justicia por el femicidio de Micaela. No tenemos dudas de que fue un femicidio. Yo estoy convencida desde el momento en que recibí el cuerpo de mi sobrina desnudo, que le saqué fotos por los moretones que tenía, y que fueron parte de la evidencia. Vamos por la prisión perpetua”. 

La sala del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 10 estuvo, en todo momento, atiborrada de personas que fueron a acompañar tanto a la querella como a la defensa. Además, quedó muy marcada la diferencia entre las versiones que cada parte tenía acerca de la muerte de Rascovsky. Tal es así que Pascuccio se encargó de mostrar audios y chats de su novia para dar a entender que la joven había consumido cocaína otras veces de manera consensuada y en compañía de él. También sostuvo que su pareja había buscado en Internet, días antes de que se la encontrara sin vida, cómo una persona podía morir de sobredosis con esa sustancia. Además dijo que “era Micaela la que ejercía violencia psicológica conmigo porque era ella la que estaba mal” y que “los problemas con las drogas los tenía ella”. 

Después de un cuarto intermedio que duró unos diez minutos, Sebastián Rascovsky fue directo y contundente en su declaración como testigo. “No tengo dudas de que fue un femicidio”, dijo al tiempo que Pascuccio era incapaz de sostener la cabeza en alto. Siguió cabizbajo cuando el papá de la joven —su exsuegro— sostuvo que “estamos muertos en vida. Nos arruinaron la vida. Mica sólo quería ayudar a su novio por la adicción a las drogas que él tenía y fue asesinada”. Además resaltó que al velatorio de la joven fueron el papá y el hermano de Pascuccio, pero no él. Ante la pregunta de los abogados defensores acerca de si sabía que su hija consumía drogas, Sebastián Rascovsky respondió que “Mica no sabía ni siquiera lo que era un cigarrillo.”. 

Patricia Ortiz —mamá de la joven— fue todavía más concluyente. Contó que su hija le había comentado, días antes de su muerte, que se quería ir del departamento que compartía con Pascuccio porque no toleraba más la violencia verbal y física que él ejercía contra ella. Es más: dijo que a partir de que la joven empezó a convivir con su novio, él empezó a poner excusas para que los papás de ella no fueran a la casa de los dos, con el argumento de que él “se sentía invadido”. Ortiz sostuvo que a partir de entonces su hija empezó a quedar aislada, dado que ya no veía a sus papás con la misma frecuencia que antes. 

Además, Ortiz aseguró que su hija, días antes de morir, le contó que un día Pascuccio “la recagó a palos” y que le dijo: “Mirá cómo te vestís, como una puta”. Ante la pregunta de la Fiscalía acerca de si Rascovsky le había comentado a alguien más su intención de separarse de su novio, Ortiz dijo que sí y mencionó el nombre de tres personas. La mamá de la joven cerró su testimonio diciendo que “Micaela fue víctima de femicidio. Ruego que su asesino, al que Mica le iba a dar un hijo, tenga la hombría de decir la verdad. El dolor que nos ha causado no tiene reparación”. 

La próxima audiencia será el jueves 21 de noviembre a las 9:30 horas. Para más información sobre tipos y modalidades de violencia de génro se recomienda la lectura de la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 

 

Las comunidades originarias ya padecen el RIGI

Las comunidades originarias ya padecen el RIGI

El voto solitario de la Argentina en la ONU contra una declaración a favor de los pueblos originarios está en sintonía con las políticas públicas que desconocen los derechos de las comunidades preexistentes a la nación. El comando antibloqueos de Bullrich debutó en Vaca Muerta.

Argentina fue el único país con representación en las Naciones Unidas (ONU) en votar en contra de una resolución sobre derechos de los pueblos originarios en su Asamblea General en Nueva York. El documento promueve el compromiso internacional de proteger y promover los derechos de las comunidades originarias, el acceso a la justicia, la protección del medioambiente y la preservación de sus lenguas y culturas. Sin embargo, los pueblos indígenas preexistentes a la nación argentina no se sorprendieron, el voto del nuevo ministro de Relaciones Exteriores Gerardo Werthein es coherente con el ataque sistemático a las comunidades originarias que recrudeció en estos meses de la administración de Javier Milei.

El gobierno de La Libertad Avanza ha demostrado en reiteradas veces su persecución y hostigamiento hacia los pueblos indígenas y su rasgo neocolonial a la hora de administrar el poder estatal. El impulso del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) que posibilita arrasar con los territorios sin consulta a sus habitantes, la incógnita de qué sucederá con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) el anuncio que hizo el gobierno de no prorrogar la  Ley 26.160 que declara la emergencia de la propiedad indígena y suspende los desalojos, están poniendo en jaque la relación entre los habitantes de Abya Yala -tal como llamaban las poblaciones autóctonas a estas tierras- y el Poder Ejecutivo. 

Si bien los conflictos con los pueblos originarios no inician en la era Milei, están siendo exacerbados por la gestión de este gobierno. La situación tiene que ver con cosmovisiones de mundo distintas, que a veces encuentran consensos entre ambas partes y a veces no. Aunque la población aborigen está reconocida por la Constitución, carece de una representación política que plasme tal reconocimiento en soluciones concretas y acuerdos que permitan el respeto de sus intereses. 

La explotación petrolera y gasífera de Vaca Muerta por parte de YPF en colaboración con empresas como Vista, Pan American Energy, Pampa Energía, Chevron y Shell, está en colisión con las comunidades originarias. Este martes, la Confederación Mapuche de Neuquén denunció la primera intervención pública del Comando Unificado de Seguridad Productiva de la Nación, más conocido como “Comando Antibloqueos”, en la zona caliente de Vaca Muerta. En un comunicado asegura que junto a la Policía provincial irrumpió en Campo Maripe, territorio en disputa con YPF. «Bullrich -señala el documento- está ensayando la intervención de Gendarmería para (garantizar) el saqueo de las petroleras en Vaca Muerta. En la mañana de hoy la Gendarmería y la Policía de Neuquén irrumpieron conjuntamente en territorio comunitario del Lof Campo Maripe, una escena que recuerda a junio de 2017, cuando la Gendarmería intentó avasallar el derecho mapuche con represión».

 

Desde la aprobación del RIGI  –un régimen de incentivos para que las empresas extranjeras “inviertan” en el país a cambio de una rentabilidad asegurada y exenciones impositivas– ses agravaron los conflictos preexistentes para los pueblos originarios de Jujuy, Salta, Neuquen, Rio Negro y Chubut. 

En el Parque Nacional Los Alerces, en Chubut, buscan desalojar con una causa judicial a la comunidad mapuche Pailako, que habita ese territorio desde hace muchísimas generaciones. En ese contexto, el conflicto previo al RIGI es la llegada al país hace dos años de la empresa estatal israelí de aguas, Mekorot. El lonko Mauro Millan explicó a ANCCOM que “las acciones judiciales que hoy enfrentamos están relacionadas con la intención que tuvimos y tenemos de volver al territorio y de plantearlo como una decisión política. El Poder Judicial actúa como infantería de la represión”. Tanto Cristian Larsen, funcionario y director de la Administración de Parques Nacionales (APN), como el gobernador provincial Ignacio Torres acusan sin pruebas a la lof de los incendios que quemaron aquel territorio durante los últimos dos veranos.

Larsen dice a través de su cuenta de X (Twitter): “En la gestión pasada fue moneda corriente que se usurpen terrenos de Parques Nacionales y que las anteriores autoridades no hagan nada para evitarlo, por el contrario muchas veces a través de organismos como el INAI se les daba ayuda a estas falsas comunidades o a estas personas que escudándose en sus condiciones de mapuches utilizaban los recursos del Estado”. Fiel al explícito estilo libertario agrega: “Esta política cambió, hoy hay un cambio cultural que lo está llevando a cabo el presidente Milei y que tiene que ver con el cumplimiento estricto de la ley”. Al parecer, la ley de leyes que es la Constitución, no cuenta para este Gobierno. El Artículo 75, Inciso 17 de la Carta Magna reconoce a los pueblos preexistentes y obliga a los estados nacionales y provinciales a respetar los territorios que actualmente habitan los pueblos originarios. 

Lo que ocurre hoy es que gracias al RIGI, el presidente Milei, en uno de sus tantos viajes a Israel, reafirmó los acuerdos del gobierno de Alberto Fernandez con Mekorot. El convenio firmado en 2022 para diseñar el desarrollo de infraestructura hídrica es poco claro, con información vaga y fragmentada.  Por otra parte, en 2014 Mekorot fue denunciada en la ONU por violar el derecho al agua del pueblo palestino. “Ocupan las nacientes de los ríos, violan normativas de agua, fronteras y viviendas”, denunció Millán. Pero el convenio que firmó Mekorot Israel National Water con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) no abarca solo a Chubut. También a Neuquén, Río Negro, Jujuy y otras provincias. 

En Salta, la empresa surcoreana Posco presentó un proyecto bajo el RIGI, con una inversión que rondaría los 1.000 millones de dólares. Los detalles del proyecto aún no se han revelado, pero se sabe que la compañía está expandiendo sus operaciones en la provincia. Y es reciente también, la inauguración de la planta de producción de hidróxido de litio, que pertenece al proyecto “Sal de Oro”. 

En esta provincia, las comunidades indígenas Oka Pukie (Mi Troja) y Kyelhuk (Quebracho) han sido demandadas en la localidad de Tartagal por la finquera María Montserrat, esta empresa busca recobrar posesión de los territorios mediante un posible desalojo de ambas comunidades. La Ley 26.160 hasta octubre las protegía porque declaraba la emergencia de la propiedad indigena y, justamente, suspendía los desalojos. El problema es que en noviembre venció este decreto presidencial, y el actual Gobierno nacional no lo prorrogará. En sintonía con los demás reclamos, la comunidad ​​repudia estas acciones y afirma que el fin de todas estas maniobras es seguir ampliando la frontera agropecuaria sobre los territorios indígenas, que usan la fuerza judicial para atropellar los derechos y las vidas de nuestras comunidades frente al poder de grandes empresarios con recursos económicos.

En agosto pueblos indígenas y sectores populares de Jujuy se manifestaron en contra del RIGI al entender que abre las puertas a grandes inversiones de empresas transnacionales para el saqueo y el extractivismo, atentando contra el medio ambiente y la Pachamama, y los derechos territoriales que ellos tienen como pueblos indígenas. En octubre, la comunidad indígena de Guerrero en Jujuy, fue desalojada por efectivos policiales y de Gendarmería  por orden de la jueza Liz Valdecanto Bernal. Alviso Cazón, abogado de la comunidad, dice que la sentencia fue ordenada por Guillermo Jenéfes, exvicegobernador jujeño, que es parte actuante en la causa. La noche previa al 15 de octubre de 2024 la policía fue cercando a la comunidad para que no pudieran ingresar vecinos a ayudarlos. Golpearon y forcejearon con mujeres y hombres, no respetaron las infancias y adolescencias y se llevaron a una abuela de 100 años. 

En Río Negro hubo otra situacion similar. La jueza de Bariloche, Romina Martini, ordenó el desalojo de la lof Quemquemtreu en Cuesta de Ternero, cerca de El Bolsón. La magistrada también condenó a Romina Natalia Jones, Lautaro Cárdenas Despo y Alejandro Javier Morales Godoy, referentes de la comunidad mapuche a tres años y seis meses de prisión en suspenso como coautores penalmente responsables del delito de usurpación. La denuncia fue impulsada por el empresario Rolando Rocco, quien tenía permiso para la explotación forestal de esa zona. Pero tiempo atrás se llegó a un acuerdo con la provincia para que la lof Quemquemtreu permaneciera en el predio porque el 21 de noviembre de 2021 empleados de Rocco asesinaron a Elías Garay, joven mapuche, de un disparo. Estos empleados fueron condenados en otro juicio. “El Dios de los winka (blancos) es la propiedad privada”, dice Millán en referencia a los acontecimientos en el sur del país.

La Confederación Mapuche plantea que el RIGI propone que los bienes comunes, fundamentalmente el agua, sean para las grandes corporaciones y no para las comunidades que habitan los territorios.

Una buena

En Neuquén sobreseyeron a los siete mapuches que el exbasquetbolista Emanuel Ginobili había denunciado por usurpación en 2018. El juez Ignacio Pombo consideró que la acción contra los integrantes de la Lof Paincil Antriao prescribió en 2023. En 2004 Ginobili había comprado 12 hectáreas en el Cerro Belvedere, territorio ancestral mapuche sobre el río Correntoso, con la intención de hacer un negocio inmobiliario y turístico. En línea con este resultado judicial, el 7 de octubre en la Legislatura de Neuquén se llevó a cabo una audiencia pública contra la adhesión de la provincia al RIGI. Del encuentro participaron la Red Ecosocialista, MST, PTS, Espacio Ojalá la Tierra Solidaria, APCA, Marabunta, el Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades de la UNCo, el PO, vecinos de Sauzal Bonito y la Confederación Mapuche, entre otros. Desde la Confederación Mapuche se planteó que el RIGI propone que los bienes comunes, fundamentalmente el agua, sean para las grandes corporaciones y no para las comunidades que habitan los territorios.

Un evento quita mufa

Un evento quita mufa

El escritor y músico Luis Pescetti cerró el Festival de literatura infantil (FILBITA) con la lectura de cuentos elegidos por niños y niñas y sus tradicionales canciones. «En este contexto político-cultural, que existan estas iniciativas es poderosísimo», dijo el artista.

Pequeñas huellas de zapatitos en la Plaza República de Chile marcan el camino hacia el Centro Cultural Matta. La llovizna de hace unos minutos parece haber subido aún más el ánimo de algunos niños y niñas, que corren de un lado hacia otro imaginando nuevos mundos.

Adentro, miran ansiosos los libros, emocionándose cuando los personajes parecen salir de los cuentos, peleando con sus hermanos por quién es el primero en dar vuelta la página. Dejan registros de su paso en el Festival de Literatura Infantil con dibujitos en las paredes, que muestran orgullosos a sus padres. Los adultos, encantados, les toman fotos a sus hijos con la mini biblioteca de “El Gato Cascabel”, tratando de contener las impacientes manitos que quieren tocar los libros miniaturas.

Llega la hora de darle un cierre a la 14ª edición del FILBITA, el Festival de Literatura Infantil, por lo que las familias rápidamente se acoplan en el auditorio esperando ver al escritor y músico Luis Pescetti. Algunos niños y niñas con chupetes, otros más grandes, vistiendo disfraces de princesas, remeras de dibujitos animados o de equipos de fútbol, con zapatitos y vinchas de colores, stickers coloridos del Filbita pegados en su ropa, maquillaje artístico en sus cachetes, se sientan, se levantan, abrazan a sus padres, comen golosinas, lloran, se sientan, se levantan, se sientan. Una niña le da a una de las organizadoras un papelito, y vuelve a su lugar apresuradamente. Pescetti recibe esa carta, le sonríe cálidamente y saluda desde el escenario.

Las pequeñas manos no tardan en alzarse en el aire una vez que se pregunta: ¿quién quiere que le lea un libro? Facundo es el primero en ser elegido, se aproxima tímidamente al escenario, y toma asiento en la silla enfrentada al autor, quien le lee pausadamente, intercalando miradas con él y con el público. Los niños y niñas se acercan al frente del escenario, en una escucha atenta. Pescetti dice tener diez intentos para adivinar la edad de quien esté sentado junto a él. Carcajadas y aplausos resuenan en el ambiente cuando, finalmente, acierta de una vez. Algunos se animan a verlo fijamente, mostrarle sus propios cuentos y darle un abrazo.

“Amanda, ¿viste que el piso está más bajo que tus pies? ¡El piso está mal hecho!”, exclama el autor, sacando risas de adultos e infancias. Su tono de voz cambia cada vez que llega a una parte graciosa del relato, a ratos lee exageradamente lento, otras rápido, gesticulando de más y fingiendo sorpresa para hacerlos reír.

La tarde transcurre entre libros de otros escritores y escritoras, de los propios nenes y nenas, o de Pescetti, con historias sobre papas sabelotodos, comisarios transformándose en avestruces, vampiros, y personajes emblemáticos como el de Natacha, una serie de libros del propio autor. “Una vez me invitaron a una actividad en la Biblioteca Nacional y no se me ocurría qué hacer y estaba muy a mil. Y dije, bueno, que traigan libros y yo los leo. Y fue maravilloso, muy tierno, muy conmovedor”, expresa Pescetti, en diálogo con ANCCOM. “Lo que busco transmitir con mis cuentos, ahora más conscientemente que antes, es que quien lo lee se sienta normal, entender: lo que me pasa, le pasa a todos. Que no se sienta ni raro ni excluido sino, no normal en el sentido de normalizado, sino de no extraño. Cuando yo veía que los chicos en el grado hacían algo, y escribía un cuento, hacía una canción, tenía ese efecto, aunque yo no me lo proponía”, confiesa.

“Lará la lero, lará la lero”, “Echele leche al café para hacer café con leche. Para hacer leche con café, ¿qué hace falta que le eche?” Las familias repiten tratando de seguir con su voz, sus pulgares y sus manos, el juego rítmico. Los padres se miran cómplices entre la euforia de sus hijos, e inmortalizan los recuerdos a través de sus cámaras.

“Yo soy un niño caníbal y nadie me quiere a mi. No me quedan amiguitos porque ya me los comí”, cantan entusiasmados El Niño Caníbal, al compás del artista y de su guitarra criolla. Parecen saberse las letras de todas las canciones que Pescetti lanzó en los años 2000. “Se oían gritos” canta en el tema ¡Bua Ja Ja Já!, y ellos gritan con ímpetu. Los pequeños espectadores encuentran su propio ritmo, y siguen las melodías alegremente, cumpliendo con uno de los objetivos del Filbita: darles lugar a todos y todas para reproducir la melodía que les da felicidad; contar, cantar y acompañar vidas y emociones.

“Participar de este evento para mi es un quita mufa. Mufa es cuando uno está enojado, chinchudo. En este contexto político-cultural, que existan estas iniciativas casi individuales de gestión, son poderosísimas, muy necesarias, muy fuertes”, reflexiona el autor, en diálogo con ANCCOM. El festival se realizó del 8 al 10 de noviembre en el Centro Cultural Matta y la Plaza República de Chile, con el fin de celebrar la literatura, la música y las infancias. Contó con la presencia de cuatro autores extranjeros y más de cincuenta argentinos, y se organizaron actividades gratuitas para chicas y chicos de todas las edades, incluyendo presentaciones musicales, lecturas, talleres y clases.