Tango cooperativo y autogestionado

Tango cooperativo y autogestionado

La Orquesta Típica Ciudad Baigón, integrada por 14 músicos, apuesta desde hace más de dos décadas a una forma de organización contrapuesta al mercado. Gestiona su propio centro cultural y acaba de presentar su nuevo álbum Instrucciones para Sobrevivir en una Pecera

Al entrar a Galpón B, un palier al aire libre recibe a los visitantes con un leve sol filtrándose entre las nubes algo inoportunas del verano porteño. En la puerta está Hernán Cabrera, compositor y pianista de la Orquesta Típica Ciudad Baigón y uno de los socios del centro cultural, junto a su perro. Lo que se percibe es un gran hogar que confraterniza arte independiente con autogestión, una casa que cuenta con un escenario gigante al fondo del terreno.

El proyecto de Ciudad Baigón, orquesta de tango de 14 integrantes, comenzó hace más de 20 años en las calles de San Telmo, cuando se juntaban en Plaza Dorrego y eran echados por la policía por denuncias de ruidos molestos. Del arte callejero a gerenciar su propio espacio en formato cooperativo, el camino de décadas de la banda los nutrió de experiencias que los presenta como un experimento particular por fuera de la lógica algorítmica.

La banda encaró un cambio en sus sesiones de estudio para su último álbum, que se produjo con grabaciones separadas para cada tanda de instrumentos, a diferencia de los anteriores en los que se capturó en tomas únicas: “En este disco estuvimos más tiempo, grabamos las bases, grabamos los bandoneones y después grabamos las cuerdas encima de eso. Fue un proceso diferente a lo que veníamos acostumbrados”.

La nueva experiencia es nutrida, como todo lo que hace el grupo, por la autogestión, por el motor del arte independiente que lleva a la creación a depender nada más que de la curiosidad y el hambre del artista. «Tener una orquesta de tantos integrantes y autoproducir nuestros discos, giras y shows requiere una gran energía, pero no hay otra manera de hacerlo»

 “Esto lo pudimos hacer porque no teníamos un productor detrás. La autogestión no es por amor a ella misma, sino porque priorizamos valores culturales y humanos que hacen la diferencia», remarca Ignacio Santos, primer bandoneon. «Grabamos con click, lo que nos permitió más precisión y duplicar cuerdas. Fue una experiencia nueva y enriquecedora”, destaca Hernán Higa, sonidista del grupo.

«Autogestionarnos –subraya- nos enseñó a resolver problemas, valorar cada recurso y encontrar formas de conectar con el público de manera auténtica». En ese sentido, Santos destaca que esto da la posibilidad también de “ser comprensivos con los momentos de vida de cada uno. La gente se separa, tiene problemas, uno no siempre puede estar al cien. No es que acá controlamos a qué hora llega. Trabajamos como nos hubiera gustado trabajar en cualquier lado”.

Así, el Galpón B –ubicado en Cochabamba al 2500- se convirtió en uno de los motores que le dio vida a la banda. Al ser un proyecto particular y distintivo, la música que tocan no es la típica que se oye en una milonga: “No tocamos tango para bailar, si se ponen a bailar se caen”, dice Higa, riendo levemente. La búsqueda de la orquesta es algo ecléctica,  siguiendo un sonido moderno pero con los elementos distintivos de la canción nacional, sumado a su gran número de músicos, hace que Ciudad Baigón tenga una dificultad extra para llevarse a cabo.

Luego de grabar su anterior disco en Abbey Road, siendo la primera orquesta típica que grabó allí, remarcan que El Galpón es su lugar en el mundo. “Yo estoy en Europa y quiero volver a tocar acá. Cuando nos quedamos sin lugares para tocar, el galpón nos dio la oportunidad de seguir haciendo música en un espacio propio” dice Hernán Cabrera.

El centro surge hace más de 20 años, cuando “el fantasma de Cromañón estaba muy presente”, señala Cabrera. Pero ya buscando una continuidad más estable, el grupo se vio obligado a la creatividad y así forjaron un espacio específico para que la banda de 14 integrantes pueda desplegarse de forma total. “Si no hacíamos el galpón, no tocábamos”, afirma, remarcando que al principio sufrieron muchas clausuras en lo que era otro tiempo para estos establecimientos de la  Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Desde la puesta escénica, el galpón se construyó específicamente para contar con un escenario y una puesta de sonido que pueda soportar un despliegue de tantos músicos a la vez. Lejos de ser un escollo o algo sufrido, remarcan que es algo único. “Tener una banda de este tamaño es económicamente una mala idea, pero artísticamente es único”.

En ese sentido, Julián Bruno, cantante de la banda, admite que siente una gran responsabilidad al ser, por particuaridades de su rol, la cara más visible a la hora de tocar. Sin embargo, reconoce en la experiencia de la orquesta algo singular e inigualable: “Subirte a cantar con la banda es como cantar en un tren, como un trance”.

De esta manera, el proyecto termina siendo posible y rentable por un cúmulo de factores, más allá de lo que produce la banda. Discos, shows, giras, pero también el galpón y la gestión de un centro que nuclea muchos más artistas y bandas que Ciudad Baigón. Esto, sumado al status actual del tango, en un momento en el que la venta de disco, principal ingreso de la banda hace varios años, ya no existe como tal. «El tango es un fenómeno cultural, pero no industrial. Si no lo hacemos por nuestros propios medios, no hay forma de que exista», destaca Santos.

Sin embargo, el tango aquí va más allá de la cuestión comercial: conecta con con las raíces de la canción nacional. Santos remarca que antes “vos antes tocabas en la orquesta de (Aníbal) Troilo y te salvabas”, pero ya no es así. Pero, sin embargo, el tango ha sabido llenar un vacío que el rock dejaba: “El rock se creó en Londres. El rock nacional es bueno por sus raíces, que son el tango y el folclore. Hay algo que no se consigue en otro lado que tiene que ver muchísimo con el tango, es una música popular que convive con lo mainstream, hay un bagaje que se ve en la música actual. Y yo toco tango, y acá están los mejores y el tango somos nosotros”.

“Me dejaron arrodillado al pie de los tres muertos”

“Me dejaron arrodillado al pie de los tres muertos”

En la segunda audiencia del año de la megacausa Mansión Seré IV y RIBA II declaró Carlos Fabián Rivarola. Fue el único testimonio, aunque se habían previsto cuatro. Tras la muerte del imputado Vázquez Sarmiento, aún no se decide la continuidad de las querellas por su causa.

“Me dejaron arrodillado al pie de los tres muertos”, expresó el testigo Carlos Fabián Rivarola, único testimonio de la audiencia de este viernes, secuestrado en septiembre de 1976 a sus 16 años, sobre el momento más doloroso que atravesó en aquel calvario, el asesinato de su amigo Gabriel Lazaro Gutierrez: “Uno de los guardias me pidió que me arrodílle y a esa altura pensé que me mataban”. Relata que al sacarle la venda de los ojos y había 3 cadáveres: “Cantá, mirá lo que le hice a tu amigo, decime lo que quiero saber o terminas igual”, le dijeron. “Cuando me muestran a Gabriel muerto, algo que me va a quedar patente, es que estaba descalzo, con un zapato menos, manchado de sangre y con varios impactos de bala”. Sobre ese vínculo, dijo: “Teníamos una amistad, una pasión por lo que hacíamos. Mi valor sentimental era hacia Gabriel, que le decíamos el bocón, Gabi o Gabito. Mi dolor más grande fue verlo muerto”.

Uno de los temas centrales de la declaración del sobreviviente fue la culpa y el remordimiento que sufrió durante los años posteriores al cautiverio: “A mi vieja la paraban por la calle y la increpaban ‘¿por qué tu hijo está vivo y mi hija sigue desaparecida?’. No pude hacer vida normal luego de mi liberación. Todo quedó asociado a este gran problema. Cuando llega septiembre, son momentos de revolver el pasado, cosas que pasaron hace mucho tiempo pero todavía afectan. Lo que viví es algo que aún me persigue, me genera angustia. A veces me pregunto porque no me mataron. Los militares no me robaron solo el año que estuve preso, me quitaron mucho más: mi juventud, los amigos, mi vida posterior. No pude volver a ser la persona que era”.

“’Dale máquina’, le dice uno a otro. Siento que me desvisten, me atan con alambres de manos y piernas. Me empezaron a dar picana eléctrica”, continuó su relato el testigo acerca de los diferentes episodios de tortura perpetrada por la Fuerza Aérea en su período de cautiverio durante el cual fue trasladado desde la Comisaria de Castelar y la 1° Brigada Aerea de Palomar, intermitentemente.

Son aquellas sesiones de torturas las que hoy le generan remordimiento y culpa. En estas le preguntaban por compañeros de volanteadas y pintadas, tarea que Rivarola tenía a cargo controlar, por lo que llevaba anotado en papeles los nombres y las direcciones de quienes participaban. “En los interrogatorios me preguntaban por lo que hacíamos y quiénes me acompañaban. Si ellos tenían esa información era porque alguno de los nuestros nos había denunciado. En ese momento, todos se convirtieron para mí en enemigos: los que me torturaban y también los propios. Y yo no estuve a la altura de las circunstancias. Tenía pánico. En cierta manera he colaborado en esos interrogatorios, entre la tortura y la picana eléctrica, para tratar de sobrevivir. Fue la manera que encontré en ese momento de preservarme. Pero es un karma que voy a llevar el resto de mi vida”.

Sobre el momento de su liberación, contó: “Me saqué la capucha. Traté de correr dos metros y no lo pude hacer. Me encontré en la estación de tren de Rubén Darío. No sabía si me iban a venir a buscar de nuevo. Estaba completamente ido”. Pidió unas monedas a una mujer, buscó un teléfono y logró contactarse con su padre. Tiempo después pudo contactarse con la familia de su amigo: “Me contaron que Gustavo tras mi detención no huyó porque estaba seguro que yo no lo delataría. Eso me quitó mucha culpa y cargo de conciencia. Ese día me quité la mochila que cargué por años”.

En una declaración previa que realizó en el juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 3 ante el juez Daniel Rafecas, Rivarola había identificado en un álbum de fotos a un hombre con rasgos muy parecidos a quien lo secuestró “en un auto 128 color cremita que nunca voy a poder olvidar”. Pelo corto, bigotes anchos, mandíbula puntiaguda: la imagen de aquella declaración coincide con la de José Juan Zyska, ex cabo de la 1° Brigada Aérea de Palomar, quien ahora, mientras el fiscal y el testigo revisan la declaración previa, fuma tranquilamente gozando de prisión domiciliaria, sin conmoverse por el sufrimiento del testimonio ni por los momentos en que Rivarola debe detenerse para respirar, tomar aire y recomponerse para continuar. Antes de dar por finalizada la audiencia, Rivarola dedica un momento para agradecer al tribunal por “dar luz sobre lo vivido, a pesar de que hayan pasado tantos años desde entonces, e incluso desde que declaré ante el juez Rafecas”.

En el comienzo de la sesión, el abogado querellante Pablo Llonto realizó una petición al tribunal en favor de que, tras la muerte de Vázquez Sarmiento, único imputado por el cual su parte está presente en el juicio, continúe el proceso contra su persona haciendo uso del derecho a la reparación de las víctimas, actuando como querellas. Este derecho contempla el que las personas damnificadas puedan participar activamente del proceso legal de investigación. El resto de las querellas se posicionó en favor, por entenderlo como parte del derecho a la reparación de las víctimas. En este sentido, aún se espera una definición por parte del tribunal.

En referencia a esta solicitud se expresó en diálogo con ANCCOM el fiscal federal Félix Crous: “El pedido de las querellas respecto a la continuación del juicio en lo que atañe a Vázquez Sarmiento, fallecido, invocando el derecho a la verdad, es factible”, y agregó que hay antecedentes de otros juicios en los que ni ante fallecimiento o incapacidad sobreviniente se descuida un derecho antecedente al de a la punición como lo es el derecho de las víctimas al conocimiento de la verdad. De la misma forma sostuvo: “Hay aquí además una responsabilidad del Estado en no haber juzgado a Vázquez Sarmiento, porque la demora en el inicio del juicio obedeció a dificultades que el Tribunal expuso que no pueden cargarse contra los derechos de las víctimas”, señaló Crous.

Fue una audiencia virtual plagada de fallos técnicos, en la que se preveían al menos cuatro declaraciones y sólo pudo hacerlo uno de los testigos: dos declaraciones fueron desistidas por falta de información relacionada al caso y un tercer testigo tampoco pudo hacerlo por el límite de tiempo de la audiencia, que se dió por terminada al mediodía porque el TOF 5° está también abocado a la causa del ex centro clandestino Campo de Mayo. Al respecto, Félix Crous sostuvo: “Idealmente deberíamos tener más de una audiencia por semana y deberían ser más extensas. Pero los tribunales están convocados a varios juicios en simultáneo, lo que es absolutamente contraproducente en cualquier juicio: dispersa la atención de los jueces y demora todos los procesos. Faltan vacantes para ser cubiertas, son insuficientes los tribunales, pero esto es un problema estructural que atañe a todo el sistema de justicia. Sin embargo, es menos de lo que querríamos y más de lo que solemos encontrar, por lo cual, estamos razonablemente satisfechos en este contexto y con estas salvedades”. Para finalizar se refirió a la posibilidad y el deseo de que el juicio pueda saldarse en lo que resta de 2025.

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La próxima audiencia de esta megacausa se programó para el martes 11 de marzo.

Murió otro represor impune

Murió otro represor impune

A los 77 años y mientras era juzgado por crímenes de lesa humanidad, falleció ayer el genocida y apropiador de bebés Juan Carlos Vázquez Sarmiento. Prófugo de la justicia durante dos décadas, nunca dio información sobre sus víctimas ni tuvo condena firme por sus crímenes.

Juan Carlos Vázquez Sarmiento, conocido como “el Colo” en sus años a cargo del circuito represivo de la zona oeste del Gran Buenos Aires, logró con su muerte la impunidad que en tantas oportunidades buscó: prófugo de la justicia durante casi dos décadas y protagonista de dos noticias en el último año: una por posar en una fotografía junto a un grupo de represores condenados y un diputados de La Libertad Avanza en julio de 2024. La otra fue exhibir su genitales a través de la cámara de un Zoom en la tercera audiencia del juicio por la Megacausa Mansión Seré y RIBA II el 24 de septiembre del año pasado, alegando senilidad, con el objetivo de ser declarado insano para afrontar el proceso. En la primera sesión de este año su defensa presentó un nuevo informe expedido por el penal de Ezeiza donde se constató el deterioro de su salud.

Al día de su muerte estaba cumpliendo la sentencia de 11 años en el penal de Ezeiza por la apropiación del nieto 102, Ezequiel Rochistein Tauro. A su vez, era juzgado en la megacausa Mansión Seré IV y RIBA II, por el secuestro de los miembros de la familia Pérez Roisinblit en en 1978: José Manuel Pérez Rojo, Patricia Roisinblit, embarazada de ocho meses, y su hija de tan solo un año, Mariana Eva Pérez. El hijo menor, Guillermo Roisinblit, nació en la ESMA, a donde su madre fue trasladada en cautiverio para dar a luz.

El silencio de Vázquez Sarmiento es el mismo que el de muchos otros genocidas que murieron sin dar a conocer dónde están los cuerpos de los desaparecidos o los bebés apropiados. Mariana Eva Pérez es querellante de la causa y nunca guardó esperanzas de que Vázquez Sarmiento hablara: “Lo que sabemos y reconstruimos es siempre gracias a los sobrevivientes. La impunidad, como sucedió en la década del 90, no sirve. En aquella época podían hablar libremente y no lo hicieron. Ya aprendimos que ahí no hay nada para nosotros, que van a ejercer la crueldad hasta el final sin decirnos que hicieron con nuestros seres queridos, llevando eso a la tumba”. Sobre el proceso judicial señaló: “La justicia actuó correctamente, se le otorgó defensa oficial, atención médica y los estudios correspondientes. Si llegó a ser juzgado en este estado fue porque estuvo 19 años prófugo”.

En la misma línea, Pablo Llonto, abogado de Maria Eva Pérez, tras la noticia del fallecimiento de Vázquez Sarmiento declaró a ANCCOM: “Si desde la Corte se dieran directivas claras y fondos, muchos jueces y juezas no harían lo que están haciendo en los últimos tiempos, que es demorar intencionalmente estos juicios y las investigaciones burlándose así de miles y miles de víctimas”. El abogado querellante expresó su disconformidad en torno a los tiempos de la justicia y al accionar de algunos miembros del tribunal en el desarrollo del juicio, que tras distintas postergaciones a lo largo de dos años y un esquema de sesiones aún más prolongado por alternar con el juicio de Campo de Mayo: “La muerte de Vázquez Sarmiento no nos ha sorprendido, cómo no sorprende ya la lentitud de la justicia en llevar adelante juicios por asesinatos, secuestros, torturas y apropiaciones de niños cometidas hace casi 50 años”. Una inoperancia intencionada, enfatizó Llonto”: “En este caso, de muerte de un genocida en pleno juicio oral, es otra muestra de la insensibilidad de la Corte o de algunos miembros, que no cumplen con sus obligaciones de dar celeridad y de poner recursos en los juzgados que investigan los más grandes crímenes cometidos en la Argentina”.

Mariana Pérez señaló que al conocer las últimas pericias, que indicaban el desenlace inminente, presentaron al Tribunal un pedido para continuar en el juicio por el derecho a la verdad, ya que la muerte del procesado es causa de extinción penal y quedarían fuera del debate oral como querella. A la espera de la respuesta del Tribunal, ella determinó que en caso de no poder seguir acompañando el proceso desde adentro lo hará como público: “Es un compromiso que no voy a abandonar y el público es un actor por demás de importante en los juicios”. Sobre el desarrollo del juicio explica que “la etapa de instrucción no está ni cerrada ni clausurada. Hay un montón de medidas que venimos pidiendo desde hace muchos años y que aún hoy no se cumplieron”. Detalla entre ellas la continua desconsideración de la responsabilidad de otros miembros de RIBA (Regional de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires) y víctimas, que a pesar de haberla identificado como su lugar de secuestro, siguen sin ser consideradas como tales. “Ese es el caso del socio de mi papá, que por primera vez estaba incluido en un juicio de Lesa Humanidad y que se quedará fuera otra vez, por estar abarcado en la causa de Vázquez Sarmiento”. Así como también, la necesidad de comprender que RIBA “no era una comisaría o base militar con funcionamiento normal previo a la dictadura, sino que se creó con fines represivos, para luchar contra la subversión en la Zona Oeste del Gran Buenos Aires. Y que todas las personas de allí están comprometidas y sus manos manchadas de sangre”.

Desde el aspecto personal del proceso señala que la megacausa, a diferencia de procesos judiciales anteriores, donde solo se juzgó la desaparición de sus padres, le dio otra visión de lo ocurrido: “Me permitió poner nuestra historia familiar en perspectiva con la lucha colectiva y la represión de toda disidencia política en Zona Oeste. Una lucha política que para mis padres tenía sentido. Por eso, aunque Vázquez Sarmiento haya muerto condenado sólo por la apropiación de Ezequiel Rochistein Tauro, para mí es un montón y lo siento en parte reparador. Quizás por ser casos tan unidos, termina teniendo que ver con nuestra historia familiar: sus padres como los míos también fueron parte de la columna oeste de montoneros”.

“Yo no puedo llamar ‘la justicia’ al Poder Judicial, porque en mi caso dista mucho de lo que necesito y de lo que tiene para aportar con respecto a mi propia historia. Estoy cansado de lo que viene sucediendo últimamente”, sostuvo Pérez Roisinblit.

Preguntas sin respuestas

Por su parte Guillermo Pérez Roisimblit, querellante junto a Abuelas de Plaza de Mayo por la desaparición de sus padres, en diálogo con ANCCOM expresó: “Me gustaría poder preguntarle a Vázquez Sarmiento ¿cuánto tiempo es suficiente? ¿Cuánto tiempo necesita tener desaparecidos a mis padres, cuánto necesita mantener desaparecidas a sus víctimas? ¿Cuánto es demasiado? ¿Con cuántos años él se sentiría feliz?”  Sostuvo que existe aún una especie de venganza y castigo de parte de los militares con respecto a sus víctimas: “Eligen mantener y sostener este pacto de silencio en el cual no aportan absolutamente nada porque es la última victoria, la frutilla del postre: llevarse la verdad a sus tumbas. Estamos hablando de gente de la peor calaña, que no tiene respeto por la vida humana, que disfruta de la situación en la que tuvo a sus víctimas y también en sostener la desaparición a lo largo del tiempo”.

“Yo no puedo llamar ‘la justicia’ al Poder Judicial, porque en mi caso dista mucho de lo que necesito y de lo que tiene para aportar con respecto a mi propia historia. Estoy cansado de lo que viene sucediendo últimamente”, sostuvo, y agregó: “A mí no me encuentra el Poder Judicial, un juez, un juzgado: a mí me encuentran las Abuelas y gracias al aporte, a la colaboración de una persona de la sociedad que hizo un llamado anónimo a la casa de las Abuelas y así se resolvieron veintiún años de búsqueda”. Desde que lo encontraron, sostuvo, se demoraron 13 años para investigar la responsabilidad de los miembros de la RIBA en el secuestro de su familia, y aun así no tuvieron en cuenta su apropiación al momento de imputar a Vázquez Sarmiento: “Es imposible fácticamente que, siendo superior de Francisco Gómez, habiendo participado del grupo de tareas que secuestró a mis padres y a mi dentro del vientre de mi madre, habiéndose apropiado de Rochistein Tauro, que Vázquez Sarmiento no haya tenido algún grado de participación en mi apropiación”.

“No puede ser que se trate de uno de los genocidas con más participación en la Fuerza Aérea y que sin embargo tenga una sola condena y haya estado encarcelado únicamente cuatro años”, expresó Pérez Roisimblit acerca de la vida de impunidad de Vázquez Sarmiento. “Tiene las manos manchadas con sangre de tantas víctimas, muy barato le salió la cantidad de vidas que arruinó, el daño que hizo, la cantidad de personas que carga en su haber”. A la vez, puntualizó en que si bien Vázquez Sarmiento murió procesado y encarcelado, estaba siendo juzgado por crímenes cometidos hace 46 años y que hacía solo cuatro años que cumplía una condena: “Habiendo encontrado en el 2021 a Vázquez Sarmiento, yo no entiendo cómo estamos hoy en el 2025 y el juicio no avanzó casi nada: estaba absolutamente todo para que se investigara su responsabilidad”.

“Era muy importante para mí poder escuchar lo que tuviera para decir y que también él escuchara mi testimonio”, sostuvo Pérez Roinsimblit. De todas formas, le gustaría seguir participando en el juicio dado que es de crucial importancia lo que pueda ocurrir alrededor del imputado Leston, vinculado también a la desaparición de sus padres; de la misma forma que está expectante por la posible declaración de Ezequiel Rochistein Tauro, quien aún no ha tenido la posibilidad de hacerlo.

La próxima sesión del juicio Mansión Seré IV y RIBA II se llevará a cabo de forma virtual, mañana a las 9 AM y se podrá ver a través del canal de youtube de La retaguardia.

“¿Te parece razonable la farsa que estos locos han tramado?”

“¿Te parece razonable la farsa que estos locos han tramado?”

La obra teatral “Saverio, el cruel”, de Roberto Arlt, inicia su segunda temporada bajo la dirección de Gabriela Villalonga. A casi un siglo de su primera presentación, propone una reflexión sobre la discriminación, la malicia y la farsa sociopolítica argentina con una actualidad ineludible.

La farsa dramática Saverio, el cruel vuelve a escena los sábados en el teatro Payró. Estrenada por Roberto Arlt en plena Década Infame, esta obra sigue resonando en la actualidad. “Arlt la escribe en una época donde los lazos solidarios estaban desmembrados. Donde la red social se empezaba a disolver”, explica la directora Gabriela Villalonga.

Durante las primeras intervenciones militares en la política argentina, Saverio, un vendedor de manteca —interpretado por Marito Falcón—, es engañado por un grupo de amigos burgueses. Lo convencen de interpretar el papel de un coronel despótico dentro de una fantasía creada para «salvar» a Susana, una supuesta enferma psiquiátrica, interpretada por Ligüen Pires.

En esta puesta en escena, los actores fingen que actúan, en un juego de realidad y ficción. “Cada personaje es varios a la vez, van cambiando a lo largo de las escenas”, cuenta Villalonga. Uno de los personajes de la obra pregunta: “¿Te parece razonable la farsa que estos locos han tramado?”. El artificio no es algo nuevo para los argentinos, tan poco que una escena de ese tipo tenía lugar a escala nacional cuando Santiago Caputo interrumpía la entrevista de Milei en TN para corregir su “verdad” sobre la estafa de criptomonedas para intentar evitar un juicio político.

En Saverio, el cruel el rol de “villano” oscila entre los personajes, como una bomba de tiempo, generando una tensión entre ellos, el público y la oscuridad. “El teatro es una experiencia particular, el puro acontecimiento artístico. Involucra al espectador de manera activa, porque no hay manera de que no te pase algo, que no te emocione”, reflexiona la directora. En este caso, la crueldad y la locura invaden la sala y los cuerpos, a través de un juego de luces y sonidos que balean el aire. El tiempo parece detenerse por momentos, cuando la oscuridad lo impregna todo, generando un ritmo auténtico que muestra lo vulnerable del presente.

Villalonga explica que en 2025 el teatro independiente enfrenta un recorte presupuestario, pero que siempre encuentra la manera de autogestionarse: “Esto es lo que nos da sentido. Y en esta época, más que nunca. Les artistas estamos en plena resistencia”. La directora destaca que la obra fue autoproducida por sus propios actores. Con una escenografía minimalista y vestuarios extravagantes, las impactantes interpretaciones de Roberto Cuñarro, Adriana Echegaray, Marito Falcón, Ariel Guazzone, Roberto Monzo, Ligüen Pires, Lali Rojas y Liliana Simsi, dan vida a esta aguda crítica social a partir del humor.
A través de la exposición del odio racial y clasista, Saverio, el cruel nos lleva a preguntarnos: ¿de dónde viene la crueldad? ¿Hasta qué punto llega la farsa en nuestra realidad? La directora plantea: “Lo más difícil para todos y todas es cambiar. Porque cuando aprendés algo, podés tener una mirada integradora de la realidad. Pero es complicado, porque significa atravesar una crisis. El teatro y el cine tienen esa función y, por eso, siempre son resistencia”.

Villalonga advierte que vivimos tiempos de distanciamiento, no solo entre las personas, sino también entre las identidades y la cultura. “Las políticas anticulturales instalan un pensamiento que va para atrás sobre nuestros derechos adquiridos, como si nunca hubiera existido la lucha por alcanzarlos. Por eso es importante hacer memoria”, sostiene.
Ver una obra que conmueve, encontrarse en una marcha contra los dichos crueles y fascistas del presidente, defender los hospitales, y las universidades reconectan con un otro, con una identidad de muchos que, en esta contemporaneidad, pareciera querer ser desdibujada. Arlt, desde su obra, nos habla de todo eso.

Saverio, el cruel puede verse los sábados a las 20 en el Teatro Payró (San Martín 766), “al menos hasta abril”, según cuenta su directora, con expectativas de que continúe.

Un muro a los pobres

Un muro a los pobres

Bullrich colocó el primer poste del alambrado que separará Bolivia de Salta pero al día siguiente desapareció. La excusa del narcotráfico y los verdaderos perjudicados. Los dos muertos a manos de Gendarmería.

Al mejor estilo Donald Trump, empezó la construcción del alambrado de 200 metros que pretende dividir la frontera entre Argentina y Bolivia. Tras aprobar su presupuesto, se inició esta obra en un acto que encontró a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y al gobernador de Salta Gustavo Saénz, colocando el primer poste en Aguas Blancas. La excusa es la de siempre: la lucha contra el narcotráfico y el “control de los bagayeros”, que ya se cobró la vida de dos personas a manos de la Gendarmería. Como suele suceder con las puestas en escena oficialistas, al día siguiente el poste no estaba.

El martes 4 de febrero se llevó a cabo la adjudicación de la obra que cubrirá el equivalente a dos cuadras de frontera en una de las zonas, calificadas por las autoridades, más complejas del límite con el vecino país. Sólo una empresa se presentó a la licitación, ofreciendo un presupuesto oficial de 36 millones de pesos, que serán abonados con fondos nacionales. La suma corresponde a la construcción de un vallado de casi tres metros de alto coronado con un alambre de púas de tipo gillette, el mismo que se utiliza en construcciones de alta seguridad. Muchos propietarios rurales, trabajadores de la soja y el tabaco, entre otros, se pronunciaron acerca de este presupuesto, afirmando que con ese dinero podría hacerse una vallado de excelente calidad hasta cuatro veces más largo. 

En diálogo con ANCCOM, Adrián Zigarán, interventor en el municipio de Aguas Blancas comentó que “existe una suerte de vía libre en la frontera, por lo que se decidió construir un alambrado desde la terminal hacia migraciones y el río”. Dentro de esa construcción que tendrá “forma de L”, se encuentra el puesto fronterizo “Las Chalanas”, que es el paso fluvial que se pretende controlar con esta obra.

El informe oficial del Gobierno de la provincia de Salta anunció el 28 de enero la obra con el objetivo de “seguir garantizando la seguridad y el orden urbano en la frontera norte”, ya que la misma forma parte de la implementación del Plan Güemes, un esfuerzo estratégico del Ministerio de Seguridad para reforzar los controles limítrofes entre Salta y Bolivia. 

Ese plan ya se cobró la vida de un bagayero, Fernando Gómez, un trabajador de frontera que fue asesinado por Gendarmería Nacional a tan sólo seis días de su implementación, como así también la del joven kolla Ivo Torres, fusilado por gendarmes el 6 de febrero.

“El plan es la lucha contra el narcotráfico y el control de los bagayeros”, afirmó Zigarán, refiriéndose a los miles de trabajadores de frontera que se dedican a introducir artículos como electrodomésticos e indumentaria al país, principal motor de la economía de todos los ciudadanos argentinos y bolivianos del lugar. “En este sector se calcula que pasa el 15% del contrabando total de la zona, mientras que el resto es transportado por gomones que salen fuera del pueblo hacia Orán, por Puerto Carina”, comentó el interventor. Todo ese caudal de productos que queda por fuera de Puerto Chalanas, no será afectado por este alambrado, y precisará de una mayor presencia militar para ser controlado.

“Tenían que realizar supuestos controles en la frontera, pero la realidad es que mientras el negocio de las drogas está al amparo del Estado, asesinaron a Fernando Gómez, un joven trabajador precarizado que, lejos de estar en una actividad criminal, transportaba mercancías para poder subsistir”, señala Planes.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se pronunció acerca de esta medida, y aseguró que se trata de un plan para ”taponar la zona por donde más droga entra”. La funcionaria le atribuye a un cerco fronterizo que cubre 200 metros de los más de 700 kilómetros de frontera la tarea de combatir contra todo el caudal del narcotráfico que ingresa al país. “Existe un plan para recuperar el control total de nuestras fronteras”, dijo Bullrich al poner el primer poste, sumando presencia militar en lugares estratégicos como Aguas Blancas y La Quiaca.

“Lo único que quieren con el Plan Güemes es justificar mayor presencia de Gendarmería en nombre de la lucha contra el narcotráfico”, comentó a ANCCOM Daniela Planes, docente de educación especial y militante socialista que acompañó a la familia de Fernando Gómez en las últimas semanas. “Tenían que realizar supuestos controles en la frontera, pero la realidad es que mientras el negocio de las drogas está al amparo del Estado por las distintas vías institucionales, asesinaron a Fernando, un joven trabajador precarizado que, lejos de estar en una actividad criminal, lo que estaba haciendo era transportar mercancías para poder subsistir”.

En esta parte del país existe un gran número de personas que no tienen otra opción más que dedicarse a esto, colgarse enormes bolsas de consorcio en la espalda y lanzarse al agua para flotar a merced del río y en horas de la madrugada, para recibir a cambio un salario que apenas les alcanza para alimentar a sus familias. “El reclamo de esta gente es tener acceso a trabajo genuino, eso no se va a resolver con un alambre”, reflexionó Daniela. 

La lucha simbólica

Aguas Blancas no es ni siquiera la frontera salteña más conocida en el límite con Bolivia, hay otra mucho más grande y concurrida en el municipio de Salvador Mazza. Pero lo que sí ha suscitado esta obra es la opinión de aquellos trabajadores de frontera, bagayeros salteños y sus familias que muchos reveses vienen sufriendo por la implementación del Plan Güemes. “Yo fui el que cometió el error de haber anunciado el alambrado”, reflexionó Zigarán, “primero porque es un tema menor, nadie que tenga dos dedos de frente puede entender que un cerco de 200 metros sea para combatir el narcotráfico”. Por Puerto Chalanas se calcula que hay un caudal de entre 1.500 a 3.000 personas intentando cruzar todos los días, que saltan un pequeño muro de contención de inundaciones que se encuentra construido a la vera del río, e ingresan de forma ilegal al país por ese sector.

 A partir de toda esta situación, es que el gobierno boliviano reaccionó de forma negativa, y muchos sectores políticos y culturales han acompañado el reclamo entendiendo que se trata de un hecho cargado de xenofobia por los constantes agravios que viene teniendo el gobierno salteño con el vecino país, muchos propiciados por una violenta política nacional del gobierno de Javier Milei, de aplaudir las recurrentes decisiones de obstaculizar el acceso a los hospitales e instituciones públicas de los ciudadanos bolivianos, además de perseguir a las personas de los pueblos originarios que hace cientos de años habitan la zona. Muchas de estas políticas han sido secundadas por la falta de reciprocidad que el gobierno reclama a Bolivia, la negación del acceso al combustible y los hospitales de los argentinos que visitan el vecino país.

La reacción del gobierno boliviano.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores boliviano, anunció mediante un comunicado oficial su preocupación por lo que puede significar esta medida fronteriza. Según el mismo, se trata de una medida unilateral que “puede afectar la buena vecindad y la convivencia pacífica entre pueblos hermanos”. A su vez, César Siles, ministro de Justicia boliviano, declaró que esta medida estaría en contra de los tratados internacionales, y calificó el mandato del presidente Javier Milei como “vulneratorio de los principios más elementales de la convivencia pacífica” entre países. “Este comunicado al principio me dió risa y después nos preocupó”, comentó al respecto Zigarán. “La convivencia pacífica la altera el gobierno boliviano que, por su inacción, permite que nos llenen el país de cocaína”, dijo el interventor.

La realidad es que la “narcofrontera” en los últimos años se ha corrido casi 300 kilómetros en el interior del país, y ha causado estragos políticos y sociales en muchos de los municipios del norte salteño y jujeño que, así como Aguas Blancas, han necesitado de intervención gubernamental para ser reestabilizados. El mismo Zigarán ya ha ocupado ese puesto en el pasado en lugares como Salvador Mazza y Aguaray.

Un municipio intervenido

Aguas Blancas es un municipio salteño que tuvo que ser intervenido por el gobierno de la provincia en octubre pasado debido a la detención del por entonces intendente Carlos Afredo Martínez por interferencias en la investigación del homicidio de su hermano, César Martínez, enlazado con el narcotráfico. Es en ese marco que se decide intervenir el municipio y colocar a Zigarán a la cabeza del mismo. La idea de esta obra es que se construya en 60 días, para así conseguir finalizarla antes del 11 de mayo, día señalado para las elecciones provinciales que, entre otras cosas, dará lugar a que se elija finalmente un nuevo intendente para este convulso municipio.

La “narcofrontera” en el norte del país viene siendo noticia desde que Bullrich y Gendarmería Nacional tomaron la partida de implementar el Plan Güemes, una estrategia para fortalecer los controles, obstaculizar el paso ilegal y detener el narcotráfico. Pero desde su implementación, las mayores víctimas han sido los ciudadanos salteños, trabajadores de frontera de familias muy humildes que necesitan de esta economía de contrabando de productos para su subsistencia, y que lejos están muchas veces de ser, como ya los señaló la ministra Bullrich, todos narcotraficantes.

“La Gendarmería asesinó a Fernando Gómez en Aguas Blancas, la semana pasada en La Quiaca, en Jujuy, asesinaron a Ivo Torres, un jóven estudiante y trabajador de la comunidad kolla”, comentó Daniela. Se pretende reforzar la frontera para pelear con el narcotráfico, pero las consecuencias son las vidas de personas inocentes. “Lo que pone en manifiesto está política en los gobiernos provinciales y nacionales es que refuerza el racismo y la xenofobia en las fronteras bajo un falso pretexto, 200 metros de alambre no trae ninguna solución a nadie”, sentenció.

 

La ONU condenó a Paraguay por el caso Villalba

La ONU condenó a Paraguay por el caso Villalba

Consideró al Estado responsable de la muerte de las dos niñas de once años, a quienes las autoridades intentaron hacer pasar por terroristas.

La Gremial de Abogados y Abogadas y la Campaña Internacional de Solidaridad con la familia Villalba consideró como una victoria el pronunciamiento del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas que condenó al estado de Paraguay por infanticidio. 

El Comité publicó su informe después de realizar la investigación confidencial sobre las mujeres asesinadas Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba, en septiembre del 2020 en Yby Yaú, Departamento de Concepción. Los dos cuerpos fueron enterrados apresuradamente, y las autoridades afirmaron inicialmente que tenían 15 y 18 años.

La justicia paraguaya exigió la exhumación de los cadáveres tres días después, y la autopsia confirmó que se trataba de niñas de 11 años. En la autopsia también se encontraron heridas de bala en la parte delantera y trasera de los cuerpos, pero los forenses no pudieron establecer la distancia a la que se habían disparado las balas porque la ropa de las niñas estaba destrozada.

Asimismo, recibió una denuncia sobre los homicidios en relación a que Paraguay había adoptado medidas para encubrir el incidente.

“Los homicidios de las dos niñas de 11 años constituyeron una grave violación del derecho a la vida, especialmente teniendo en cuenta la participación directa de la Fuerza de Tarea Conjunta del Estado,” afirmó el Comité. Y añadió: “Esta violación se agrava aún más por el hecho de que Paraguay no llevó a cabo una investigación exhaustiva, lo que sugiere una grave negligencia o un encubrimiento intencionado de detalles importantes.”

A partir de entonces, el Comité inició una investigación con arreglo al Artículo 13 del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones y nombró a dos investigadores de entre los miembros de ese organismo. Entrevistaron a 32 personas, incluidos testigos y funcionarios de Paraguay, como el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta, el Jefe del Departamento Antisecuestros de la Policía Nacional y jefes de las direcciones de derechos humanos de varios ministerios.

Según el Comité de los Derechos del Niño, Paraguay es responsable de violaciones de derechos humanos graves, en lo que respecta con el asesinato de dos niñas de 11 años durante una operación que organizó la Fuerza de Tarea Conjunta de Paraguay contra el grupo guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo.

“Las pruebas demuestran que el Estado parte no cumplió con su obligación de respetar, proteger y hacer efectivo el derecho a la vida de las dos niñas,” dijo el Comité.

El Comité le pidió a Paraguay que adoptara las medidas adecuadas para concluir la investigación de la muerte de las dos niñas, incluida la posibilidad de contar con la asistencia de una misión internacional de expertos. También pidió al Estado paraguayo que reforzara la infraestructura de su marco jurídico y normativo en relación con sus agentes del orden.

“Conocemos a los niños desde muy pequeños y siempre los acompañamos y es importante destacar lo sanos que se encuentran, muy fuertes y eso es mérito de las mujeres mayores que sin ocultarles nada, supieron apoyarlos y contenerlos”  concluyó a ANCCOM emocionado y satisfecho por el amplio espectro de organizaciones presentes en la conferencia de prensa que anunció el fallo, el abogado Franquet Gustavo. 

 

Algunos integrantes de la Campaña Internacional exigieron el castigo para los responsables del gobierno paraguayo, acusado de infanticidio, en la conferencia de prensa que tuvo lugar este martes en la CTA Autónoma. También lo hicieron los integrantes de la Gremial de Abogados y Abogadas, entre ellos Gustavo Franquet, quién aludió a la situación difícil y dolorosa por la que atraviesan los más humildes del Paraguay.

Dos de los testimonios más  relevantes fueron el de Salvador Sánchez, abogado paraguayo de Laura Villalba, madre de una de las niñas asesinadas, quien fue condenada a más de 30 años de prisión luego de la desaparición de su otra hija, Lichita. Él y la periodista Claudia Korol denunciaron que las presas políticas Carmen y Laura Villalba y Francisca Andino, están en una cárcel de máxima seguridad, a la que definieron como “la Guantánamo paraguaya”, “donde a las compañeras las sacan encapuchadas cuando reciben visitas del abogado”.

Algunos integrantes de la familia Villalba formaron parte del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) a quienes el gobierno de ese país persigue como terroristas, haciendo extensiva la acusación a otros familiares que no integraban la organización.

A su vez, la abogada Laura Tafettani y Eduardo Soares mostraron que la gran victoria obtenida por la condena de la ONU, tiene que continuar con una campaña de denuncia. 

Otro testimonio emotivo fue el de Miriam Villalba, quién debió huir de Argentina con su familia y varios niños, perseguidas por la complicidad del gobierno de Javier Milei con el de Paraguay. “Ya estamos condenados por tener el apellido Villalba”, contó Miriam. “Vamos a seguir luchando con todas nuestras fuerzas para que el gobierno paraguayo pague por sus crímenes”, agregó.

Actualmente, tal como Miriam explicó, viven en un  difícil contexto, donde más que nada los niños no tienen ningún tipo de estabilidad, pasan sus días con miedo ante la posibilidad de operativos violentos como el que vivieron a finales del año pasado.