Esa vieja costumbre de incendiar

Esa vieja costumbre de incendiar

Denuncian a los dueños del Ingenio La Esperanza, en Jujuy, por desalojos de pobladores ancestrales, desmontes masivos de bosques y quemas que ponen en riesgo vidas y casas.

“Tengo toda la casa rodeada de fuego”, relata entre lágrimas María de los Ángeles González, referente del Movimiento Nacional Campesino Indígena de Jujuy e integrante de una de las familias afectadas por los incendios. “Trabajamos esta tierra desde 1906, pero ahora los nuevos dueños del Ingenio La Esperanza, la Productora del Noroeste (del Grupo Budeguer), desconocen nuestros derechos posesorios”, señala González.

El sábado 7 de diciembre la familia denunció nuevamente que los actuales dueños del ingenio desconocen sus derechos ancestrales y continúan desmontando los territorios donde viven y producen sus alimentos. “Siguen destruyendo el bosque, queman los árboles añejos que derribaron con cadenas y máquinas», expresa con pesar la campesina jujeña. “El sábado dejaron los cordones de desmonte que rodeaban nuestra casa, luego de que ellos arrasaran con nuestros potreros. Hoy ya empezaron a cavar una zanja alrededor de nuestra casa y corrales sin ninguna orden judicial”, comenta González. «El fuego llega hasta nuestra casa y pone en peligro nuestras vidas», añade.

En 2019, la provincia de Jujuy vendió el Ingenio La Esperanza a la Productora del Noroeste junto con las tierras, desconociendo las numerosas posesiones familiares dentro de ellas. A las familias ya desalojadas les destruyeron todo con máquinas topadoras. Mientras tanto, aquellas que aún permanecen en sus tierras enfrentan restricciones de acceso a los campos donde desarrollan la ganadería. “Por caprichos de Budeguer, no permiten que entren mis hijos ni otros familiares; mis padres, que son personas mayores, están solos. El humo llegó hasta su casa, que es de madera, y entraron en pánico al ver el fuego a solo cinco metros de la vivienda», precisa González.

Las últimas negociaciones entre los campesinos jujeños y la empresa cañera tucumana transcurrieron entre julio y agosto, pero no fueron exitosas. Los despojos comenzaron a mediados de julio, cuando, con la orden del juez de Control, Sergio González, varias familias del paraje Los Arrozales vieron cómo las maquinarias arrasaron con la vegetación y presenciaron la quema de pastizales. Una de las afectadas fue Amanda Delina Molina junto a su hija, María José Gaypare, quienes se quedaron en su vivienda ubicada en el monte resistiendo la avanzada de la empresa. El 29 de agosto las mujeres fueron detenidas, acusadas por usurpación, y trasladadas a la Comisaría 52 del barrio La Merced, en San Pedro. Desde ese entonces, campesinos y campesinas han denunciado constantes hostigamientos por parte de Productora del Noroeste S.A.

González llamó a la Dirección de Incendios Forestales en San Pedro para denunciar que la empresa cañera estaba quemando y ponía en peligro la vivienda. “Nos dijeron que, si bien la empresa tenía permiso para quemar, debía tomar recaudos para no afectar los puestos”, relató. Desde el organismo público jujeño confirmaron la denuncia y el permiso de quema controlada a favor de la compañía, pero dieron una versión diferente sobre el peligro del fuego sobre la vivienda de los puesteros. El jefe de Cuadrilla, Hugo Núñez, explicó que enviaron personal para verificar la situación y que, según el informe recibido, el fuego estaba controlado y no representaba un peligro para la vivienda de la familia González.

La Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) expresó en un comunicado que, gracias a la tecnología, han podido ser testigos de las agresiones hacia las familias, que incluyen amenazas, golpizas, incendios y la demolición de sus viviendas con topadoras. «Niños corren a esconderse en el monte, mientras las mujeres no pueden más», denuncian. Además, critican la falta de políticas efectivas para regularizar la propiedad de la tierra: “Llegó la hora del debate crucial. No tenemos ni Ley de Reforma Agraria (Bolivia, México) ni institutos de Colonización o similares (Uruguay, Brasil), ni políticas de regularización dominial efectivas (Chile) para el campesinado, los pueblos originarios y los trabajadores rurales”. “Vamos a resistir a este gobierno y sus políticas represivas y racistas”, concluyen.

«La música no mata»

«La música no mata»

La Legislatura Porteña declaró de interés cultural el libro Voces, Tiempo, Verdad, de la organización No Nos Cuenten Cromañon y Bruno Larocca, que da voz a los sobrevivientes a 20 años de la masacre.

En el Día de los Derechos Humanos, el libro escrito por la organización No Nos Cuenten Cromañon fue declarado “de interés para la comunicación social y la cultura de la Ciudad de Buenos Aires” por la Legislatura porteña en un acto que finalizó con una pequeña presentación musical de Ojos Locos, banda soporte de Callejeros aquel 30 de diciembre de 2004 en que se desató la tragedia en el local República de Cromañon. Próximamente, la organización recibirá un reconocimiento de la UNESCO por el trabajo en materia de Derechos Humanos. “Tanto la organización como el libro son un trabajo independiente y autogestivo con todas las trabas que esto conlleva. Lo recaudado se destina a nuestro programa de asistencia en salud mental que ayuda a tener mejor calidad de vida a los sobrevivientes”, explicó Diego Cocuzza, sobreviviente y actual presidente de la organización No Nos Cuenten Cromañon (NNCC).

Sobre esta agrupación, conformada en 2007 por un grupo de sobrevivientes, Cocuzza contó que “siempre supimos que con el dolor generado por la tragedia teníamos que hacer algo. Y elegimos construir algo positivo alrededor de todo lo horrible que nos tocó vivir”. Actualmente brindan asistencia en salud mental a sobrevivientes y participan de la organización del acto homenaje que se realiza cada 30 de diciembre, al cual describe como “un espacio que encontramos los sobrevivientes para pasar ese día un poco menos peor o incluso también permitirnos disfrutar de la música que era algo que nos habían prohibido haciéndonos creer que teníamos la culpa de estar vivos”. La organización llevó a cabo, además, la gira nacional de presentación del libro con el objetivo de visitar todo el país antes de fin de año. La lista quedó completa luego de visitar 42 ciudades, cerrando su recorrido por la capital pampeana, Mendoza y San Juan este pasado fin de semana.

Cocuzza explica que el libro, que va por su tercera reimpresión, “escapa de las historias personales y de los hechos puntuales del 30 de diciembre. Buscamos un libro que cuente el antes, el durante y el después de Cromañon, desde nuestra verdad, la de los sobrevivientes, los testigos y la causa judicial. Sencillamente hacerle honor a la verdad, porque durante 20 años se dijeron muchas mentiras y mitos que hasta el día de hoy seguimos intentando derribar, entre ellos, con esta gira. De esto mismo surge el nombre Voces, Tiempo, Verdad: las voces que se callaron durante este tiempo y que ahora se transforman en verdad. Fue un trabajo enorme que se hizo durante muchos años de lucha para que se escuchara otra voz”, explica sobre el trabajo que realizan en cada una de sus charlas o clases abiertas sobre Cromañon para responder a todas las dudas y creencias del público sobre el tema.

Diego Cardell, sobreviviente y escenógrafo de Callejeros en diciembre de 2004, se encargó de diseñar la tapa del libro. “Cromañon desde lo estético, que es desde donde yo miro el mundo, es todo negro, pero nuestra vida no puede ser así”, dijo haciendo referencia al uso predonminante del color azul en el diseño. “Luego está la imagen: una oreja que se grita a sí misma. Es un recurso retórico: nosotros escuchamos a todas las partes y cuando quisimos alzar nuestra voz fuimos rechazados. A su vez, está llena de piercings que representan cada capítulo del libro y de la historia Cromañon: el periodismo, la banda Ojos Locos, la psicología, la sociología. Pero hay un orificio sin aro: es mi representación de la ausencia del Estado”.

En la actualidad, la organización ya no está conformada solo por sobrevivientes, sino por muchas otras personas que sin haber vivido aquella noche trágica en el boliche de Once son interpelados por la causa, entre ellos el periodista y redactor del libro, Bruno Larocca. “No estuve la noche del 30 de diciembre allí, pero creo que es una causa que nos atraviesa como argentinos. Te moviliza la injusticia, que con Cromañón la vivimos hasta hoy”, explica.

“Como periodista –agrega- notaba que en los medios de comunicación había mucha desinformación, se corría el foco de la corrupción y lo ponían sobre el público o sobre la banda. Incluso, los avances judiciales se concretaban de acuerdo a lo anunciado y anticipado en esos mismos medios. Había una clara intención de instalar ciertos temas, que no figuraban en la causa judicial y que nunca fueron desmentidos. Eso es justamente lo que queremos revertir en estas charlas. Y luego, desde lo personal, me generaba impotencia escuchar a cualquier persona hablar de cómo era un recital de rock aunque no conociera el ambiente. Se referían despectivamente, contaban otras historias y otras realidades, pero estaban hablando de nosotros, del público de rock, de quienes nos identificábamos con las canciones. Creo que todos nosotros somos la generación Cromañon. Entonces cuando desde NNCC me convocaron para el libro era imposible no involucrarme”.

República de Cromañon era un boliche de rock ubicado en el barrio porteño de Once y administrado por Omar Chabán, reconocido empresario en el ámbito del under por ser dueño de Cemento, otro espacio mucho más pequeño que le permitía a las bandas darse a conocer. Cromañon había abierto sus puertas en abril de 2004 y era publicitado como un “miniestadio” que llegaba para disputarle el negocio de los recitales a Obras Sanitarias. Antes de ser Cromañon, el lugar donde originalmente había funcionado una terminal de ómnibus devino en la bailanta de cumbia “El Reventón”, conocida por la noche en que el Potro Rodrigo tocó ante 5.700 personas. Este boliche, habilitado en 1977 como “local de baile clase C”, ya había sido inspeccionado en tres oportunidades, en las que no quedó asentado ningún requerimiento de modificaciones o mejoras necesarias y declarando medidas mucho menores a las reales, lo que hubiese exigido mayores normas de seguridad. “Así arranca la historia de este boliche, con irregularidades desde 1977, varios años antes de que fuera un boliche de rock”, repuso Cocuzza. “Una masacre necesita de la intervención humana. Una tragedia puede ser algo natural. Entonces, cuando hablamos puntualmente de Cromañon, intentamos enfatizar en que fue una masacre porque se podría haber evitado si no hubiese existido corrupción”.

El espacio habilitado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para 1031 personas excedía cada noche la capacidad. Durante los escasos nueve meses de funcionamiento, “se encendieron un montón de alarmas por irregularidades y sin embargo seguía funcionando”, recuerda Cocuzza. Matafuegos vencidos, luces de emergencia que no funcionaban, ventanas tapiadas, canchas de fútbol que se colocaron en el techo tras quitar la ventilación y los extractores, material inflamable en el techo del recinto y la puerta de emergencia cerrada. Esta última, aunque señalizada como salida de emergencia, se encontraba con candado y alambres luego de que el 25 de diciembre anterior, a solo cinco días de la masacre, en el recital de otra banda de rock, La 25, se produjera un incendio y el público escapara por la puerta que conectaba con la calle Bartolomé Mitre. Esta puerta también llevaba al estacionamiento de un hotel lindero al boliche y pertenecía al mismo dueño, Rafael Levy, quien solicitó a Chabán cerrarla luego de los destrozos provocados en la huída de aquella noche. Durante la causa Cromañon se determinó que si las puertas hubieran estado en funcionamiento, 3000 personas hubieran salido en tres minutos. “Callejeros fue a tocar y nosotros a escuchar, a un local habilitado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, vuelve a puntualizar Cocuzza.

Esa noche, fueron los mismos jóvenes los que salvaron vidas de desconocidos, porque el Estado, representado en bomberos y el sistema de salud, no podía hacer frente a la magnitud del desastre. Los servicios públicos no contaban con las herramientas necesarias para ingresar al lugar y salvar vidas. “Se estaban jugando la vida ahí porque no contaban con máscaras, ni oxígeno. No había ambulancias. Bomberos les daba indicaciones a muchos chicos de cómo tenían que hacer para entrar, cargar los cuerpos que estaban tirados en el piso y poder salir para volver a entrar”, recordó Cocuzza. Los jóvenes ingresaban tres o cuatro veces al boliche con la remera atada detrás de la nuca a modo de barbijo. “Hasta después de una hora seguían sacando gente, cuerpos atrapados. Llegaron incluso a romper la pared para salvar a más personas”, relata el sobreviviente que esa noche trasladó heridos a los hospitales con su Renault 12.

Luego de lo sucedido, la noche porteña se apagó por la cantidad de bares y locales que funcionaban en condiciones similares a Cromañon. El sexto capítulo del libro “Una granada de mano en mano” retoma la opinión de Carlos Alberto “Indio” Solari: “La cultura del rock no hubiese tenido el carácter que tuvo si se hubiese forjado en lugares con los baños limpios [..] La complicidad que tenemos como sociedad hace que paguen la cuenta aquellos a los que le explota en la mano, como fue el caso de Callejeros. Es así, nos vamos pasando la granada sin anillo y si te tocó a vos te jodés”.

La cultura de la pirotecnia en el ámbito del rock fue una práctica que creció durante la década del 1990. “El músico se ponía contento cuando se encendían bengalas en el show, porque tenía que ver con la entrega y la pasión, con lo que despertaba la banda y su música en el público. Justamente por eso no se prendían en todos los recitales,” explica Cocuzza y Larocca agrega: “No hay que olvidar que Cromañon ocurre poco después del 2001 y el ‘que se vayan todos’. Callejeros era una banda que movía público principalmente del conurbano y a una generación olvidada pero que quería ser vista”. El sentido de pertenencia hoy se manifiesta con el uso de remeras y banderas de varios metros con el lugar de origen del peregrino. Y si bien las bengalas se han dejado de lado en el rock, aún se encienden en otros espacios como el fútbol, donde no tiene las mismas connotaciones que las asignadas en 2004 para el rock barrial. Aunque algunos discursos aseguraban que la pirotecnia era algo particular de Callejeros y que ellos incentivaban, Cocuzza sostuvo que “Callejeros no incentivaba la pirotecnia. Tampoco paraban el show cuando se encendía una bengala, porque no era algo que se estilara hacer. Su uso era muy normal y festejado” en todo el ámbito del rock.

Otra idea muy reproducida por los medios sobre Cromañon era que en los baños funcionaba una guardería de menores. “El rock siempre se vivió en familia, pero esa información construyó una imagen muy fuerte de quienes vamos a los recitales, como gente mala capaz que encerrar criaturas en un baño”, reflexionó Cocuzza. Y Larocca aprovecha para ilustrar en simultáneo la fake new y la realidad proyectando noticias de la época: “El poder que tiene la información que luego de 20 años seguimos explicando y desmontando información falsa y malintencionada. De los 300 testigos citados a declarar en la causa Cromañon solo un testimonio mencionó que había visto menores en el baño por lo que infirió que allí funcionaba una guardería. El resto de testigos negó esa información. Sin embargo, esa sola declaración fue tomada por la televisión y los diarios, tergiversando lo que había ocurrido. Durante el juicio se comprobó que los únicos dos menores de 10 años fallecidos el 30 de diciembre eran hijos de una pareja que trabajaba en el local. Los empleados, luego del show, habían organizado un brindis por fin de año y la pareja, que no tenía con quien dejar a sus hijos, los llevó. Estaban en el baño a cargo de una compañera de trabajo. Lamentablemente esos niños fallecieron. Pero no tenían nada que ver con el público del rock ni con que se llevaran menores a los recitales”.

El primer juicio por Cromañón duró exactamente un año, del 19 agosto 2008 a misma fecha en 2009 y en la misma sala de audiencias en que se llevó a cabo el juicio a las juntas fueron citados a declarar 300 testigos. Se debió armar una sala de audiencia especial y los tres jueces del Tribunal Oral Criminal N° 24, María Cecilia Maiza, Marcelo Alvero y Raúl Horacio Llanos, encargados de la causa se abocaron a ella con exclusividad.

Durante los cuatro juicios orales que hubo vinculados a la masacare se juzgó la ausencia y responsabilidad del Estado en Cromañon, siendo los ejes fundamentales el pago de coimas y el incumplimiento de deberes de funcionarios públicos. De un total de 26 personas juzgadas, 21 fueron condenadas y aún hay en desarrollo juicios civiles.

Otra gran falencia del Estado fue lo posterior al 30 de diciembre de 2004. Si bien existieron programas de asistencia a las víctimas, estos eran deficientes: no contemplaban que muchos no eran de Capital Federal, ni realizaban un seguimiento de los tratamientos. “En estos 20 años, de 3.000 sobrevivientes que somos, alrededor de 17 se quitaron la vida. Nuestra  organización tiene su propio programa de ayuda, dirigido por tres licenciadas, de las cuales dos de ellas son sobrevivientes. Ellas dirigen, a su vez, una red de profesionales que asignan según el tratamiento necesario para cada persona y, lo más importante, realizan el seguimiento de cada persona. Quizás yo pude tener la contención o la asistencia que necesitaba pero hay muchísimos otros que no. Entonces lo hacemos para que esos pibes y pibas, y sus familiares, quienes no tuvieron la posibilidad de salir adelante puedan hacerlo finalmente”, contó Cocuzza.

Actualmente distintas organizaciones por Cromañon, aunque distantes en otros puntos, se unieron y lograron una prórroga de cuatro años más para la implementación de la Ley nacional 27.695 sancionada en 2022 que determina la expropiación del local para la construcción de un espacio de memoria. “Una vez expropiado dependería de la Secretaría de Derechos Humanos, pero en estos momentos los derechos humanos en general no son una prioridad para el gobierno actual”. Estela de Carlotto es autora del prólogo del libro y de la conocida frase asociada a la causa “la música no mata”. Al respecto, Cocuzza dijo que “ante los momentos de injusticia judicial, tanto Abuelas de Plaza de Mayo como Estela de Carlotto fueron referentes para explicar que no hay que buscar venganza sino justicia y que se debe dar una la lucha pacífica”, señaló y agregó: “La música es parte de mi vida. Cromañon me sacó la música. La frase de Estela de Carlotto me la devolvió. La música no nos había hecho nada. Fue la corrupción del Estado”.

El libro Voces, Tiempo, Verdad se puede obtener a través de la página web de “No Nos Cuenten Cromañon”.

«Es necesario quebrar el pacto de silencio de la dictadura militar»

«Es necesario quebrar el pacto de silencio de la dictadura militar»

Mientras en Buenos Aires se lleva adelante el juicio sobre los crímenes de la dictadura en la Mansión Seré y se estrena en España un documental sobre su fuga de ese centro clandestino de detención, el filósofo Claudio Tamburrini plantea modificar estrategias con los represores detenidos para obtener información vital acerca de los delitos de lesa humanidad.

“En la Argentina del 2024 vemos una forma de revisionismo que es muy negativa, la que ya tiene definido de antemano la conclusión a la que quiere llegar: el negacionismo”, sostuvo Claudio Tamburrini, en su profundo análisis sobre las consecuencias sociales que han devenido de una estrategia judicial tendiente al establecimiento de penas duras que se mantuvo al momento de pensar la continuación del proceso judicial de los genocidas desde el resurgimiento de los juicios desde el 2000 hasta la actualidad. Para Tamburrini, del recalcitrante negacionismo por el momento solo hay atisbos, pequeñas muestras de ciertos sectores o personajes, que comienzan a tener un espacio para negar lo vivido en los años de dictadura militar: “Si nosotros hubiéramos negociado con los militares habría ya una verdad histórica y no habría ningún espacio para el negacionismo”, señaló.

Con el apoyo del fiscal Julio César Strassera, en 1985 inició a trabajar en la temática de lo que sería su tesis doctoral: la justificación moral del castigo jurídico. Aquellas teorías del castigo ponían el foco en el ideal de disuasión, impartir penas duras a los culpables con el efecto de disuadir a los criminales futuros. A partir de la década del 2000, con el reinicio de los juicios a los militares implicados en el delito de apropiación ilegal de bebés, crimen que no había sido juzgado en el año 85, para Tamburrini la estrategia debió ser distinta: “El proceso para llegar a conocer la verdad varía según el momento político y social, en un momento aquello significa algo y en otro, requerirá otras medidas políticas –sostuvo–. Lo esencial es llegar a conocer toda la verdad sobre lo que sucedió, conocer fundamentalmente dónde están los bebés apropiados, qué pasó con los restos de los asesinados, quiénes fueron los cómplices civiles de la dictadura militar. Para hacerlo es necesario que la democracia consiga quebrar el pacto de silencio de la dictadura militar”. Cuestión que no ha sido saldada y por la que, para Tamburrini, habría que cambiar el enfoque a uno de negociación. “En el proceso de llegar a la verdad, en vez de poner el enfoque en castigar duramente, con el paso del tiempo, los objetivos tienen que ir cambiando, la democracia tiene que negociar penalmente con los represores que aún estén con vida, porque si aplicamos siempre los mismos medios, la misma política rígida, dogmática, vamos a volver a obtener los mismos resultados”. Así, en el pasado no sólo hubiera logrado una confesión sobre todos los crímenes militares, sino que en ese cruce de información entre ellos, “se hubiera establecido una verdad inequívoca que habría sobrevivido a la desaparición física de los testigos del momento”, sostuvo. “Hoy estamos pagando el precio de eso, y el fantasma del negacionismo vuelve a aparecer ahora en la sociedad argentina”, agregó.

Sin embargo, el filósofo se tomó un momento para reflexionar y definir de manera clara el negacionismo: “Es negar algo probado de manera jurídica, que es la violación de derechos humanos. Negacionismo no es afirmar la situación política crítica que provocó la intervención de las Fuerzas Armadas. Sería negacionismo decir que en el país las Fuerzas Armadas intervinieron y no cometieron abusos a los derechos humanos. Eso sí es negacionismo. El negacionismo lógicamente debe referirse a negar qué cosa”.

Desde su punto de vista, lo que afecta a la juventud es la distancia temporal que la aleja de aquella época oscura. Sin embargo, “esto no es malo a priori, sino que puede tornarse algo negativo si el desconocimiento no es cubierto y satisfecho, a partir de discusiones e información completa, matizada y fidedigna. Que varias versiones sean cotejadas y comparadas, es necesario de manera paulatina rellenar esas páginas en blanco o tabulas rasas”.

En el momento de su secuestro, Claudio Tamburrini era arquero de Almagro.

Su secuestro y detención en Mansión Seré, y posteriormente su participación en el Juicio a las Juntas son concebidas por Tamburrini como “puertas giratorias, hechos decisivos que cambiaron el rumbo de mi vida. Son vivencias que te lanzan en una dirección que no elegís”. El secuestro fue la más grande de esas “puertas giratorias” y lo llevó a exiliarse en Suecia. “No tengo idea de qué vida hubiese tenido, pero estoy seguro que sería completamente diferente a nivel personal y profesional”. Fue una casualidad encontrarse de visita en Argentina meses antes al inicio del juicio a las juntas militares. Había vuelto luego de cinco años afuera: “Me presenté frente al fiscal Strassera y le manifesté mi voluntad de prestar testimonio. A nivel personal y emocional el juicio me permitió reconciliarme con mi país. Fue una experiencia única desde varios aspectos, porque también me permitió estar cerca del trabajo que se hacía para reconquistar el Estado de derecho en Argentina, me marcó y yo diría que me formó también en el espíritu republicano”.

A dicha investigación y sus conclusiones plantea que es necesario “pensarlas en el contexto específico del país en esos años: una democracia débil, apenas restituida luego de años de gobiernos militares y persecución política. Era imprescindible asegurar su continuidad y afianzarla”. Alfonsín, el presidente mediador entre la ciudadanía y las fuerzas militares que contaban aún con fuerza y apoyo, firmó en 1983 el Decreto 158/83 que le permitió a la Cámara Federal de Casación Penal juzgar a las juntas militares a través de un juicio civil, muy distinto a una primera instancia previa en la cual fueron juzgadas por otro brazo militar, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas.

La noche de la fuga

“A punto de salir corriendo para la calle, fue la primera vivencia de libertad que tenía en 120 días, en esos cuatro meses”. La imagen se refleja en Crónica de una fuga, la película de Adrián Caetano, versión libre del libro Pase libre, de Claudio Tamburrini: allí se muestra su huida de Mansión Seré y el momento en que llega a las inmediaciones de la casona y regresa la vista al que había sido su sitio de reclusión, puntualmente a la ventana brillando entre la oscuridad: “Fue la primera vez que vi la casa desde afuera”, relató Tamburrini, sobreviviente de aquel centro clandestino. La imagen, que quedó en su retina a través del paso del tiempo, es aquella ventana por la que producto del ingenio y el instinto de supervivencia, logró escapar junto a tres compañeros: “La imagen de la ventana con el halo de luz saliendo, fur realmente una vivencia fuerte y muy simbólica”.

Una gesta desesperada, propulsada por la genuina creencia de que no sobrevivirían si no huían.  Una idea, un plan y cuatro jóvenes secuestrados emprendieron la fuga de aquel centro clandestino que operó en la zona oeste del gran Buenos Aires, hasta su incendio en el año 1978. Claudio Tamburrini, Carlos García, Daniel Russomano y Guillermo Fernández pusieron en marcha el plan una noche lluviosa en la antesala del aniversario del golpe del 24 de marzo, fecha en la que finalmente alcanzaron su libertad. Con la ayuda de un tornillo Fernández abrió la ventana: en ese punto ya no quedaban dudas, el hecho estaba consumado. Desnudos y esposados, ataron sus viejas mantas de abrigo para bajar los varios metros que los separaban del suelo e iniciaron la travesía para salir del perímetro de la mansión. El último en bajar fue Fernandez, que se detuvo a escribir con su clavo un mensaje para uno de los guardias: “Gracias Lucas” se leía en aquel cuarto de Seré.

“No poder soportar más el encierro, yo lo he visto en la vida real, sobre todo en gente mayor, muy enferma, que en un momento dice bueno, ya está, no quiero seguir sufriendo, ya he vivido –rememora Tamburrini–. Decir no aguanto más esto, ya es casi preferible que se termine de la manera que sea. La fuga era justamente eso: el fin del encierro de la manera que fuera, porque si salía bien, como felizmente salió, se terminaba el secuestro por definición, éramos libres; y si salía mal, el secuestro también se terminaba, nos iban a matar. Por lo tanto fue también un intento de poner punto final”.

La fuga de ustedes pudo ponerle fin a la Mansión Seré como centro clandestino de detención, ¿verdad?

La fuga les salvó la vida a todos. Con el incendio, el resto de los detenidos pasaron a la detención legal. Fue un golpe de suerte, de fortuna. Un par de noches antes de la fuga nos tocan la puerta, nos acercamos, podíamos hablar con los prisioneros del cuarto contiguo por el agujero de la cerradura, cuchicheando, en voz baja. Ponemos la oreja en el agujero de la cerradura y una voz del otro lado dice ‘Por favor no nos dejen acá, sabemos que se están por fugar”. Eso generó un debate en nuestro cuarto, había quien decía que los teníamos que llevar con nosotros: “¿Cómo vamos a hacer? No podemos abrir la puerta, lamentablemente nos tenemos que ir”. Podrían hacer el ejercicio interno de pensar qué haría cada uno ante la misma situación, sabiendo que no podés llevarlos con vos porque es imposible.  Felizmente, la casa fue quemada a los siete días y quienes todavía estaban fueron pasados a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y registrados como presos oficiales y luego liberados. Hubiera sido difícil alegrarse por nuestra fuga si hubiera costado la vida de diez o quince personas más.

Dentro de Mansión Seré no abundaban los gestos de humanidad: Tamburrini relató que el momento más cercano a una vivencia agradable allí dentro era la ausencia de vivencias desagradables. Cuando el grupo conocido como “La Patota”, encargado de sembrar el terror y suministrar la tortura, no se encontraba y solo eran vigilados por los guardias, algunos de ellos se permitían ciertas licencias dentro de lo que era el accionar militar. La guardia los sacaba a los más antiguos para limpiar la casa, en algunos casos para servirles comida y en una oportunidad incluso les permitieron ver una carrera de autos: “Eso nos permitía salir del cuarto del encierro, poder levantarnos la venda, poder ver la casa”, contó Tamburrini y agregó: “Era una situación más humana que la cotidiana, que era estar tirado sobre el piso, sobre un colchón con los ojos tapados por una venda, temiendo que entrara la patota, nos golpeara y nos torturara”.

“Cuando lo cuento me río, pero a la vez me emociono”, expresó en referencia a un momento puntual, muy preciado para él, retratado también en la película: “Entran y nos dejan en el medio de la habitación dos ollas con comida; cierran la puerta, pero no nos dejan cubiertos. Algunos de los prisioneros se empiezan a acercar a la olla para empezar a comer. ‘Esperen, no nos trajeron cubiertos’”, osó decir en aquel momento, un comentario surrealista para aquel contexto: “Lo concreto fue que yo me paré, golpeé a la puerta para que la guardia viniera, con la patota en la casa incluso. Me preguntan ‘¿qué pasa?’ Y yo le digo: ‘Señor, se olvidaron de traernos cubiertos’. Y me esperaba el golpe, ya”. Sus compañeros lo insultaban, crecía el miedo de una represalia. “A los sesenta segundos sentimos pasos nuevamente, se abre la puerta y escuchamos, porque no podíamos ver, el ruido del metal de las cucharas: comimos con cubiertos”.

“Esa escena, para mí, es inolvidable. Se dice que las escenas más importantes de la vida de uno pasan revista al momento de morir: si es así, sin duda esa escena estará ahí el día que me toque exhalar mi último suspiro. Es una escena dramatúrgicamente hermosa y excepcional. Es única porque muestra y sugiere que aun en las condiciones más extremas y aun con el temor más profundo, calando los huesos, siempre hay necesidad y sobre todo la posibilidad de seguir manteniendo la dignidad de uno, diciendo: ‘Atención, estamos como estamos, nos tienen como nos tienen, pero somos personas, o sea, comemos con cubiertos, ¿no es cierto?”.

Muchos sobrevivientes dicen que la peor parte del exilio es la pérdida de la patria. ¿Usted lo vivió de esa manera o pudo familiarizarse y hallar un sentido de pertenencia en su nuevo país de residencia?

No, yo no lo viví de esa forma. El síndrome de la diáspora, es el síndrome de la maleta o de la valija siempre lista, ¿no? El exiliado que está en su nuevo país y tiene siempre la valija lista para retornar en cuanto sea posible. Tiene un efecto psicológico y un efecto vivencial realizante porque eso hace inconscientemente que uno no termine nunca por completar ningún proyecto en el nuevo país donde está, porque en cualquier momento la situación política en mi país se recompone y se podrá retornar. Eso no es para mí. Llegué a un nuevo lugar que me despertó mucha curiosidad, porque no era España ni Italia, que más o menos uno conocía indirectamente, sino que era una cultura totalmente distinta, una forma de relacionarse muy diferentes, de hacer política. Pero decidí sumarme a ella con todo lo que tenía y hacer mi vida aquí. Traté incluso conscientemente de vincularme con los nativos, por tomar distancia a esto y para incorporarme lo más rápidamente posible en la sociedad sueca.

Un documental en España

“Mi nombre es Claudio Tamburrini, vivo en Suecia, en Estocolmo, desde hace 43 años. No lamento lo que me ocurrió entonces, eso ha pasado ya, pero no es una parte cualquiera de mi vida, sino que es una parte fundacional, decisiva. La persona que soy hoy, lo soy justamente en función de esa vida que no hubiera tenido si me hubiera quedado en Buenos aires, a partir de ahí comenzó una nueva vida”. Esas son sus primeras palabras en el documental estrenado en España por Movistar, Tamburrini, fuga de un arquero, en el que se esboza un relato actualizado de la dictadura militar, apoyado en lo visual con imágenes en movimiento de los sitios clave en el momento de su desaparición, de la fuga de Mansión Seré y de otras locaciones marcadas por aquellos años signados por el horror: los centros clandestinos de detención. De la misma manera, se tocan otras aristas como la construcción de Montoneros como organización armada insurgente en la búsqueda de traer a su líder desde el exilio, la fragmentación del gobierno de Isabelita, la irrupción del golpe de estado que se venía gestando momentos antes del 24 de marzo y el Mundial de fútbol del 78. Del informe documental participaron Miriam Lewin, Graciela Daleo, Luis Moreno Ocampo, Carlos García y Gustavo Veiga, quienes narran sus historias y construyen diferentes perspectivas acerca de la complejidad encapsulada en el horror.

Los jujeños que manifestaron contra la reforma constitucional van a juicio

Los jujeños que manifestaron contra la reforma constitucional van a juicio

El juez Rodolfo Fernández elevó a juicio la causa contra 19 dirigentes sociales y políticos que habían sido detenidos en medio de las protestas. Los acusados denuncian que la investigación está amañada.

Protestas en la ciudad de Buenos Aires luego de la represión en Jujuy. Archivo, 2023. 

Mientras se profundiza el conflicto docente en la provincia de Jujuy, la causa contra 19 manifestantes del Jujeñazo fue elevada a juicio por los hechos sucedidos el 20 de junio del 2023 durante las protestas contra la reforma constitucional impulsada por el exgobernador Gerardo Morales.

Aquel día se juraba en San Salvador de Jujuy la nueva Constitución que restringe el derecho a la protesta y perjudica a los habitantes de los pueblos originarios. Mientras tanto, fuera de la Legislatura, las miles de personas que protestaban en contra de nueva Carta Magna estaban siendo reprimidas.

“La reforma vino a coronar un modo que ya estaba en la provincia: la contravención”, comentó a ANCCOM Mercedes Sosa, secretaria general del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS). “Si vos estás en la calle más de quince minutos, viene la policía y pide despejar la zona, amenazando con contravencionar, tenés que ir acomodándote a que existe esa amenaza”.

Esto se profundizó el año pasado cuando las protestas en contra de la reforma desbordaron la provincia y derivaron en fuertes represiones policiales y militares, en las cuales hubo más de 170 heridos.

Los docentes fueron grandes protagonistas durante estos hechos y lo siguen siendo a día de hoy: se han encargado de llevar su lucha a las calles, y se siguen haciendo oír a pesar de las persecuciones policiales y judiciales.

“La lucha contra la reforma la iniciaron los docentes, que es un sector feminizado”, destacó la diputada por el Frente de Izquierda Natalia Morales. Si bien ésta no triunfó, cree que tampoco fue derrotada. “Entendemos que fue desviada, pero un aspecto de ella fue terminal con el gobierno autoritario de Gerardo Morales, que para nosotros fue un régimen policíaco”, dijo. A partir de ese cambio es que asumió como gobernador el exministro de Hacienda Carlos Sadir. 

Luego de aquel 20 de junio se instauró durante un tiempo una dinámica persecutoria por parte de las fuerzas de seguridad en contra de los manifestantes. “Mis compañeras tenían que ir a trabajar todos los días desde algunas localidades hasta capital, iban por la ruta y las paraba Gendarmería por ir con el guardapolvo blanco, porque pensaban que iban a la marcha”, comentó a esta agencia Luis Alberto Bazán, docente jujeño y referente de la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP). “Vivimos algo muy parecido a lo que fue el ‘76, los maestros escondían las mochilas y sus guardapolvos porque si no, no los dejaban llegar a San Salvador”, apuntó.

Esta dinámica, si bien se aplacó desde el cambio de gobierno en la provincia, sigue apareciendo cuando aplican el Código Contravencional a quienes quieren salir a marchar. Para Bazán, “eso no ha quedado en el olvido, seguimos inmovilizados por el temor, pero poco a poco vamos saliendo, tenemos que entender que las cosas se ganan en la calle, porque si nos quedamos en la casa nos comen los piojos”.

Manifestantes al banquillo

En este contexto, el enjuiciamiento de 19 protagonistas del Jujeñazo, la mayoría dirigentes de organizaciones sociales y políticas, evidencia una política del gobierno de criminalizar los actos de protesta, y llevar adelante maniobras persecutorias en conjunto con el sistema judicial, buscando de esa forma aleccionar a quienes toman la decisión de salir a las calles. 

Lo irregular de este hecho es lo que llama la atención. No se pudo, por ejemplo, sostener ninguna prueba que señale a los imputados por los delitos que se les atribuye. A su vez, el juez de la causa, Rodolfo Fernández, descartó varias pruebas de la defensa y rechazó los testigos oculares que esta había presentado, aceptándolos posteriormente por la insistencia de los abogados.

“Lo que las pruebas evidencian –señala Mercedes Sosa- es que está todo muy armado, lamentablemente la justicia es un aparato de persecución en Jujuy”. 

Incluso en aquel momento, Amnistía Internacional publicó una investigación en la que denunció que la policía jujeña había hecho detenciones arbitrarias y uso ilegal de las fuerzas. Se evidenció allí, gracias a registros audiovisuales y otros testimonios, que habían disparado balas de goma apuntando a las cabezas de los manifestantes. A su vez, se determinó que fuerzas parapoliciales habían utilizado camionetas sin patentes en la represión.

Este accionar viene acompañado de una coyuntura en la provincia en la que el malestar y los cuestionamientos hacia el gobierno y las centrales sindicales están reactivando las manifestaciones populares. Para Natalia Morales “el Estado criminaliza a quienes ejercen la protesta, y lleva adelante acciones anticonstitucionales como lo fue la reforma, y también antidemocráticas y violatorias de derechos humanos, llevando adelante brutales represiones con torturas, y disparando a los ojos, el que tendría que estar en el banco de acusados por esto es Gerardo Morales”.

Movilización docente en junio de 2023 en Jujuy. 

El conflicto docente.

A principios del pasado mes de noviembre, el gremio de enseñanza media y terciaria reactivó las manifestaciones luego de que el gobierno de la provincia impusiera un aumento del 2%. “La política siempre fue la imposición, te informaban en paritarias qué era lo que habían decidido aumentar y no esperaban siquiera que las asambleas se expidan”, comentó Sosa.

Ante esto, convocaron a un paro por tiempo indefinido que terminó durando once días. En ese tiempo, las protestas sociales se intensificaron y lograron, en una agobiante jornada de marcha hacia el Ministerio de Educación, la convocatoria de una paritaria. Sin embargo, lo único que se obtuvo fue un reconocimiento firmado por el Ministerio de Hacienda en el que aceptaban que la política salarial venía siendo discriminatoria entre los sueldos de los docentes de Nivel Primario y Secundario: “Al gremio de primaria le pagan muchos más ítems que a nosotros, nos dijeron que eso había sido aprobado en el 2019 por el gremialista que estuvo antes de mi gestión, Jorge Montero, y que él no hizo ningún cuestionamiento”, comentó Sosa.

Ahora, los docentes están a la espera de recibir la liquidación de los salarios del último mes, ya que se los amenazó con que les descontarían los once días de paro. Si eso se termina traduciendo efectivamente en los sueldos, la próxima medida gremial sería la huelga de hambre.

“Sí hay plata”

El Gobierno se ha encargado de anunciar en los últimos meses mediante un informe del Ministerio de Hacienda que hay un superávit extraordinario en la provincia. Pero a pesar de ello, gran cantidad de docentes y trabajadores municipales  hoy viven por debajo de los niveles de indigencia. Por ello, los distintos movimientos sociales y manifestaciones se han hecho eco de esta situación en sus consignas.

“Carlos Sadir en Jujuy hace los deberes según lo que pide el gobierno de Javier Milei, eso se expresó con la Ley Bases, el RIGI o el Pacto de Mayo, y eso se ve con este superávit a costa de mantener los salarios a la baja”, comentó Morales.

El Frente de Izquierda también tomó este informe para darle una vuelta de tuerca. “Con ese superávit se podría aumentar el salario no solamente de los docentes, sino también de los cien mil trabajadores estatales a 850 mil pesos por más de seis meses”, dijo la legisladora.

Todo este superávit viene en concordancia con los brutales recortes que se están haciendo en muchos sectores. La falta de aumentos salariales para los empleados públicos, por ejemplo, también ha provocado que muchos profesionales médicos tomen la decisión de trasladarse a otras provincias, vaciando progresivamente los hospitales jujeños.

Asimismo, más de 60 establecimientos educativos de pueblos originarios y sectores rurales, de regiones de la Quebrada y Puna, podrían cerrar, lo que implicaría un significativo golpe a estas comunidades. Como afirma Luis Alberto Bazán, “lejos queda nuestra tan anhelada soberanía, es en la escuelita en el medio del campo donde se iza la bandera argentina, por ella atraviesan las cuestiones sociales de nuestras comunidades, pero eso no les importa, están arrasando con la cultura”.

En Jujuy, muy lejos están de haber sido superadas las represiones que fueron noticia nacional el pasado año. Poco y nada ha cambiado la política del gobierno de Carlos Sadir con respecto al de Gerardo Morales. Y lo que es más grave aún, el Poder Ejecutivo parece haberse articulado con el Judicial para continuar con este modelo que criminaliza la protesta.

“Yo sé, como maestro, que en nuestra Constitución nacional está escrito que a los que dieren la suma del poder público a una sola persona se los considera traidores a la patria, y en Jujuy los diputados le dieron el poder absoluto a Gerardo Morales”, sentenció Bazán.

Las comunidades Buenuleo y Los Alerces a punto de ser desalojadas

Las comunidades Buenuleo y Los Alerces a punto de ser desalojadas

El cambio de política gubernamental sobre los derechos de los pueblos originarios comienza a tener impacto directo en las comunidades.

El entonces subsecretario de Articulación de Seguridad del gobierno de Alberto Fernández, Gabriel Fuks, el día en que el Estado había firmado el acuerdo con la comunidad de Buenuleo.

Comunidades mapuche afirman que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) comenzó a actuar a favor de las empresas y en su contra. Además, a nivel oficial se frenó el relevamiento territorial que el INAI venía realizando y ese organismo dejó de hacerse presente en las audiencias judiciales. En este contexto, las comunidades Buenuleo y Pailako están a punto de ser desalojadas.

Quien hoy está al frente del INAI es Claudio Avruj, exdirector ejecutivo de la Delegación de Asociaciones Israelitas de Argentina (DAIA) entre 1995 y 2007 y secretario de Derechos Humanos en el gobierno de Mauricio Macri (2015 – 2019). El INAI conducido por Avruj no está cumpliendo con la tarea para la que se creó: “la defensa de los derechos indígenas frente a lo que el Estado argentino tiene responsabilidad internacional”.

En la provincia de Río Negro, el INAI dio de baja la resolución que reconocía a la lof Che Buenuleo. En 2020, durante el gobierno de Alberto Fernández, esta comunidad fue relevada y reconocida en base a la Ley 26.160 por el mismo ente que hoy la niega. En la resolución del 21 de septiembre del 2020, el INAI había reconocido la ocupación actual, tradicional y pública de la Comunidad Lof Che Buenuleo sobre 481 hectáreas en la zona del cerro Ventana, en Bariloche. 

Los ancestros de los Buenuleo habitan allí en Bariloche desde 1880, sin embargo en un reciente juicio sus integrantes fueron condenados por usurpar esas tierras. La sentencia sostiene penas de prisión en suspenso sobre Ramino y Rosa Buenuleo, Lucas Dinamarca, Sandra Ferman y Nahuel Maliqueo, integrantes de la Lof Buenuleo, por delito de usurpación. En este cerro nace el arroyo Ñireco, del que proviene el agua potable de la que se sirve la ciudad de Bariloche. En conversación con ANCCOM, el longko Mauro Millán explicó que si bien la persecución por sobre las tierras en este gobierno se incrementó, es puntualmente por las tierras con nacientes de ríos en donde la cuestión se violenta aún más. 

En 2019, Millán participó de una ceremonia en la Lof Buenuleo, y ese día el empresario que reclama las tierras, Emilio Friedrich, envió una patota armada. Cuando acudió la policía y el Ministerio Público Fiscal en lugar de tomarles declaración por la agresión que habían sufrido, les tomaron sus datos para luego imputarlos en la causa por usurpación que inició Friedrich. En los proximos dias queda conocer el resultado de la audiencia que tuvo lugar esta semana para impugnar la sentencia. El Tribunal de Impugnación de Río Negro decidirá si se procederá o no con el desalojo. En el caso Buenuleo, además de la defensa de sus tierras ancestrales, la lengua mapudungun y las prácticas tradicionales, hay un trasfondo ecológico por los recursos naturales estratégicos para Bariloche.

Así en Río Negro como en Chubut

El 25 de noviembre la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia rechazó la presentación de la Lof Pailako Mew en defensa de su derecho a las tierras ancestrales en el Parque Nacional Los Alerces. En esta ocasión, la Lof presentó un recurso extraordinario para evitar el inminente desalojo que ordenaría en breve el juez federal Guido Otranto, por una denuncia del presidente de Parques Nacionales, Cristian Larsen.

En paralelo a ese fallo, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich anticipó que el gobierno impulsará la derogación de la Ley 26.160 de Relevamiento Territorial de las Comunidades Indígenas de manera definitiva. Esta ley es la que ampara a las comunidades originarias de no ser desalojadas, aunque el territorio no esté relevado ni reconocido por el Estado. En comunicación con ANCCOM, la periodista y activista por los derechos indígenas Gioia Claro explica que “ya hicieron una inspección anteriormente, y para el Estado y el Poder Judicial allí no hay niños, aunque en realidad sí”. Y destaca que “el propio presidente de Parques prometió desalojar a la Lof Pailako antes de fin de año”.

La ofensiva estatal contra esta comunidad queda expuesta al recordar que el gobernador de Chubut Ignacio Torres acusó, sin aportar evidencias, a miembros de la Lof Pailako de haber sido responsables de los incendios forestales que arrasaron miles de hectáreas de bosques el verano pasado.

Empieza el baile

Empieza el baile

Con 13 propuestas artísticas sobre el escenario y una amplia variedad de actividades gratuitas, se realiza el VII Festival Internacional de Danza Independiente, organizado de manera autogestiva.

El VII Festival Internacional de Danza Independiente, organizado por Coreógrafos Contemporáneos Asociados Danza-Teatro Independiente (CoCoa Datei), se desarrolla del 28 de noviembre al 1 de diciembre inclusive. Las sedes elegidas para el encuentro que reúne a artistas consagrados y emergentes son el Centro Cultural Rojas, el antiguo correo (exCCK), el Centro Cultural de la Cooperación y el Cultural San Martín. “Son lugares cercanos que forman un circuito para ser visitado con facilidad”, aseguran desde la asociación. 

En un contexto donde las instituciones públicas y privadas enfrentan serias limitaciones presupuestarias, iniciativas como las que impulsa CoCoa no sólo facilitan el encuentro entre los bailarines y el público, sino que también contribuyen al fortalecimiento de la comunidad artística.

“El festival aporta una plataforma de visibilización, reflexión y profesionalización de la danza”, sostiene Susana Szperling, presidenta de la entidad, en diálogo con ANCCOM. Con más de 40 artistas en escena y con colaboradores en el área de iluminación, vestuario y sonido, el FIDIC se presenta como el reflejo de un trabajo colectivo. “Nos enorgullece que podamos aportar con este evento a que se conozca el gran desarrollo del sector”, afirma Szperling.

La programación del Festival está compuesta por seis obras escénicas y siete performances, entre las que sobresalen Mirar al río: tango para no olvidar, de Tatiana Sandoval Gutiérrez, una coreografía performática acerca de cómo es bailar la memoria de un territorio en un escenario; Tres orillas, de Gabriela Romero y Nicolás Diab, una puesta en la que un músico y una bailarina juegan con las fronteras de su arte; y Blanco de Valeria Martínez, una obra que invita al espectador a elegir su propia perspectiva. Además, en la sala de cine Graciela Borges del Cultural San Martín, tendrá lugar un ciclo de videodanza que contará con la proyección de diez cortos que atraviesan temáticas como los sueños, el cuerpo y los sentidos.

El FIDIC también contará con espacios de capacitación para los artistas que servirán para reflexionar sobre los procesos creativos, la coyuntura actual y su lugar como creadores. Entre las actividades se destacan el taller “Cuerpo, movimiento y tecnología. Fusiones IN-posibles”, dictado por la coreógrafa Liliana Tasso y el compositor Fabián Kesler y la conferencia performática “¿Qué es el contacto improvisación?”, a cargo de Cristina Turdo y Paula Zacharías.

“Estos espacios de intercambio resultan sumamente interesantes porque son momentos para compartir con colegas y de aprendizaje mutuo –asegura Carla Berdichesky, jurado de videodanza y miembro del equipo del FIDIC–. Los talleres aportan un motivo de diálogo que es fundamental para el mundo de la danza independiente”.

Las localidades para las funciones del Festival tienen un costo de 7.500 pesos, pero la propuesta incluye actividades complementarias, como las charlas y talleres, de acceso libre y gratuito. Esta iniciativa refleja el espíritu de la asociación, que aparte de promover la profesionalización de la danza independiente, también busca acercar a los espectadores a las salas. “El FIDIC tiene entradas accesibles porque es importante abrir las puertas a nuevos públicos y no solo al de la danza”, subraya Berdichesky.

La programación completa del FIDIC Expandido 2024 se puede ver en su página web. Las entradas de las obras se pueden adquirir en las boleterías de cada sede.