La Corte Suprema sobreseyó al expresidente y, sin siquierla tratarla, convalidó la tesis de Casación que sostiene que la persecusión fue por una cuestión de seguridad nacional. Habla Luis Taglapietra, padre de una de las víctimas.

La Suprema Corte de Justicia confirmó que Mauricio Macri y los espías de la AFI no enfrentarán consecuencias legales por el seguimiento físico y el monitoreo cibernético a los familiares de los 44 marinos que perdieron la vida en el submarino ARA San Juan en 2017. De esta manera parece cerrarse un caso de espionaje estatal a la sociedad civil, algo expresamente prohibido por la Ley de Seguridad Interior.

 El submarino ARA San Juan desapareció en el Atlántico Sur el 15 de noviembre de 2017 con 44 marinos a bordo. El hecho trascendió a la prensa a la noche del día siguiente y fue informado oficialmente dos días después. En los días y semanas directamente posteriores a la desaparición del sumergible, la Armada y el Estado fallaron en informar y acompañar a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan.

Un año después, la nave fue hallada a 907 metros de profundidad por una empresa privada, muy cerca del punto donde había perdido contacto. El caso estuvo rodeado de sospechas de negligencia, contradicciones en los informes oficiales, conflictos internos en la Armada y tensiones con los familiares, que reclamaron transparencia y respeto hacia los marinos fallecidos.

En 2020 se confirmó que la AFI había espiado ilícitamente a los familiares de los tripulantes que pedían justicia. Cristina Caamaño, interventora del organismo desde 2019, halló en la sede de Mar del Plata tres discos con pruebas de seguimientos, fotos y grabaciones realizadas entre 2017 y 2018, cuando los familiares reclamaban públicamente. La Justicia determinó que esas actividades que tuvieron lugar durante el gobierno de Mauricio Macri no contaban con los permisos correspondientes. ANCCOM entrevistó a Luis Tagliapietra, abogado querellante en la causa y padre del teniente de corbeta Alejandro Damián Tagliapietra.

La Corte sobreseyó a Mauricio Macri en la causa en su contra por espionaje a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan. ¿Qué pensás al respecto como papá de Alejandro? ¿Y en tu rol como abogado y querellante?

 El espionaje se dio en medio de una situación particular. Nosotros, los familiares, empezamos a reclamar que se busque el submarino, ya que en los primeros días nos mintieron acerca de lo que verdaderamente había pasado. Nos fuimos enterando a través de los medios, que la situación era mucho más grave de lo que nos decían oficialmente. Al momento de constituirnos como querellantes en la causa judicial que investigaba los hechos, empezaron estas tareas de seguimiento ilegales que no tenían nada que ver con la seguridad del presidente, como se argumentó, y que fueron una verdadera invasión a la privacidad. No me puedo disociar porque la realidad es que yo siempre me moví de una manera más emocional que como profesional. Aunque ahora estoy más tranquilo y pienso todo de una forma más racional, en aquel momento actué de una forma muy emocional. Respecto de mi rol de padre, yo lo único que quería era encontrar a mi hijo y con vida. Yo no tomaba dimensión de lo que estaba pasando. Para marzo del 2018, el ciberataque que recibimos se volvió tan grotesco que hice la denuncia en Caleta Olivia. Y en ese interín, no solo pasó esto, sino que hubo falsas denuncias, falsos testimonios, pasaron muchas cosas…

 La causa fue a juicio en el 2020 porque la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia denunció el espionaje a los familiares del ARA San Juan. La primera vez que se trató el tema, la Cámara Federal no negó las tareas de vigilancia física y electrónica, sino que las justificó en nombre de la Seguridad Nacional y la seguridad del entonces presidente. ¿En qué se basa la justificación presentada? ¿Y por qué vuelven a sobreseer a los imputados?

 Hubo una acumulación de denuncias. En lo personal, denuncié por primera vez en marzo de 2018, durante una jornada en donde se tomó una audiencia testimonial que duró muchas horas. Había que dejar el teléfono afuera, apagado, en un sobre cerrado y firmado, para evitar que alguien los manipule. Cuando terminamos esa jornada y al encender mi teléfono, vi que tenía varios mensajes de Google, 5 o 6, de que habían ingresado a mi cuenta de correo electrónico desde direcciones IP del sudeste asiático. Estaba con el fiscal general de Caleta Olivia al lado e inmediatamente hice la denuncia. Aporte toda la data que tenía, pero la investigación no avanzó demasiado porque la prueba era difícil de hilvanar con la trama de espionaje. Después se sumaron a la causa la doctora Arias y la doctora Carreras, en representación de otros familiares. Todos empezamos a darnos cuenta de que, desde un principio, desde diciembre del 2017, nos pasaban cosas que no eran normales con nuestros teléfonos celulares. Individualmente, pensábamos que era un problema del teléfono de cada uno y después nos dimos cuenta que nos pasaba a todos.

Esas denuncias quedaron abiertas, con las pericias estancadas hasta que el juez federal de Dolores, el doctor Ramos Padilla, recibe información de un allanamiento en las oficinas de la AFI de Mar del Plata que se había realizado para otra causa totalmente diferente, la del D´Alessio Gate [una organización criminal dedicada al espionaje ilegal, la extorsión y la manipulación mediática]. En este allanamiento en la AFI de Mar del Plata, la interventora secuestró computadoras y una que tenía los discos rígidos borrados contenía las pruebas del espionaje que nos habían realizado.

Al peritarse, se recupera el material y la información digital que tenían y era nuestra. Con ese material, la doctora Camaño hace esta nueva denuncia que se une a la nuestra y termina en el procesamiento de Macri y demás imputados. La postura que establece que el espionaje ilegal se realizó en pos de la seguridad nacional no solo es contraria a la verdad, sino que es contraria a la ley porque, en el hipotético caso de que efectivamente un miembro de la AFI pensara que nosotros podíamos representar un riesgo para la seguridad del presidente, tendrían que haber hecho la debida denuncia ante un juez federal para que nos investiguen. Eso no pasó en por lo menos un año, que fue lo que duró la producción de este material ilegal que se encontró, porque puede haber habido mucho más material privado nuestro que se borró eficientemente. Y nosotros estamos seguros de que había más material en otras jurisdicciones de la AFI y otras agencias involucradas en el espionaje, como los servicios de inteligencia de la Armada. Las pruebas encontradas lo fueron por pura casualidad y aún así demostró que la vigilancia ilegal fue tan indiscutible que los jueces federales y luego lo de Casación no pudieron desconocerlo. Ante la imposibilidad de desconocerlo, inventaron esta argucia de que lo hicieron por una cuestión de seguridad nacional.

En 2021, el juez federal Martín Bava dijo que el espionaje se había realizado para anticiparle al entonces presidente cuáles serían los reclamos de las familias. ¿Te parece una apreciación adecuada?

 Con la investigación en ciernes, el juez se vio obligado a trazar motivos. De la prueba surge claramente que mucha de la información que recabaron se utilizó para eso, para ver cuál sería nuestro curso de acción. Esto quedó en evidencia en las transcripciones que se mandaban a la Casa Rosada. Yo entiendo que es irracional que el presidente usara el aparato de inteligencia nacional para intentar quedar bien con nosotros y anticiparse a nuestros pedidos porque, realmente, nunca hizo ese intento. Nunca quiso congraciarse o satisfacer nuestros requerimientos. No creo que haya sido únicamente para anticiparse a nuestros pedidos. Es más, considero que eso fue algo secundario o terciario del cual tomaron provecho, pero no el motivo principal.

 Incompetencia intencionada

 La realidad es que hubo muchas idas y venidas con la causa y, en 2020, cuando esta se elevó a la Cámara de Casación, el fiscal federal José Agüero Iturbe opinó que había más interés en sobreseer a Macri que en investigar qué había pasado con las víctimas. Me gustaría que me cuentes más al respecto.

Después de lo que significó el procesamiento de Macri y de todas las autoridades y miembros de la AFI, por supuesto, las defensas apelaron. Cuando la causa por espionaje va a la Cámara Federal, que fue la primera que intervino, se sentaron las bases de cómo terminaría la cuestión. Ahí determinan que las tareas de espionaje se hicieron porque las pruebas son indiscutibles, pero bueno, era en pos de la “seguridad nacional”. Eso es una barbaridad, porque va en contra de lo que dijeron los propios responsables de la seguridad del presidente Macri. El equipo de la Policía Federal y la Casa Militar no recibieron los informes con nuestros datos. Además, nos confirmaron que nosotros no estábamos dentro de lo que ellos consideraban personas riesgosas para la seguridad.

Es ridículo lo que ha hecho la Corte. En la tercera y última instancia, en el Máximo Tribunal, ni siquiera se tomaron el trabajo de analizar la causa. Mi planteo lo rechazan por el artículo 280, que entiende que la casación no es materia para la Suprema Corte porque esta última se encarga de cuestiones constitucionales y de revisar condenas firmes. Yo entiendo que nuestra causa describe una situación violatoria del Artículo 19 de la Constitución Nacional, que vela por nuestra vida privada e intimidad. La otra querella la rechazaron por no utilizar la cantidad de líneas y la tipografía que exige la corte.

De todos modos, lo importante es que no quisieron expedirse sobre el fondo de la cuestión y los comentarios del señor fiscal en 2020 reflejan eso: que la preocupación estuvo en encontrarle una vuelta de tuerca para hacerlos zafar porque las pruebas recogidas, ya que seguro hay más que no se han descubierto, son tan contundentes que era imposible discutirlas.