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La ONU condenó a Paraguay por el caso Villalba
Consideró al Estado responsable de la muerte de las dos niñas de once años, a quienes las autoridades intentaron hacer pasar por terroristas.
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La Gremial de Abogados y Abogadas y la Campaña Internacional de Solidaridad con la familia Villalba consideró como una victoria el pronunciamiento del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas que condenó al estado de Paraguay por infanticidio.
El Comité publicó su informe después de realizar la investigación confidencial sobre las mujeres asesinadas Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba, en septiembre del 2020 en Yby Yaú, Departamento de Concepción. Los dos cuerpos fueron enterrados apresuradamente, y las autoridades afirmaron inicialmente que tenían 15 y 18 años.
La justicia paraguaya exigió la exhumación de los cadáveres tres días después, y la autopsia confirmó que se trataba de niñas de 11 años. En la autopsia también se encontraron heridas de bala en la parte delantera y trasera de los cuerpos, pero los forenses no pudieron establecer la distancia a la que se habían disparado las balas porque la ropa de las niñas estaba destrozada.
Asimismo, recibió una denuncia sobre los homicidios en relación a que Paraguay había adoptado medidas para encubrir el incidente.
“Los homicidios de las dos niñas de 11 años constituyeron una grave violación del derecho a la vida, especialmente teniendo en cuenta la participación directa de la Fuerza de Tarea Conjunta del Estado,” afirmó el Comité. Y añadió: “Esta violación se agrava aún más por el hecho de que Paraguay no llevó a cabo una investigación exhaustiva, lo que sugiere una grave negligencia o un encubrimiento intencionado de detalles importantes.”
A partir de entonces, el Comité inició una investigación con arreglo al Artículo 13 del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones y nombró a dos investigadores de entre los miembros de ese organismo. Entrevistaron a 32 personas, incluidos testigos y funcionarios de Paraguay, como el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta, el Jefe del Departamento Antisecuestros de la Policía Nacional y jefes de las direcciones de derechos humanos de varios ministerios.
Según el Comité de los Derechos del Niño, Paraguay es responsable de violaciones de derechos humanos graves, en lo que respecta con el asesinato de dos niñas de 11 años durante una operación que organizó la Fuerza de Tarea Conjunta de Paraguay contra el grupo guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo.
“Las pruebas demuestran que el Estado parte no cumplió con su obligación de respetar, proteger y hacer efectivo el derecho a la vida de las dos niñas,” dijo el Comité.
El Comité le pidió a Paraguay que adoptara las medidas adecuadas para concluir la investigación de la muerte de las dos niñas, incluida la posibilidad de contar con la asistencia de una misión internacional de expertos. También pidió al Estado paraguayo que reforzara la infraestructura de su marco jurídico y normativo en relación con sus agentes del orden.
“Conocemos a los niños desde muy pequeños y siempre los acompañamos y es importante destacar lo sanos que se encuentran, muy fuertes y eso es mérito de las mujeres mayores que sin ocultarles nada, supieron apoyarlos y contenerlos” concluyó a ANCCOM emocionado y satisfecho por el amplio espectro de organizaciones presentes en la conferencia de prensa que anunció el fallo, el abogado Franquet Gustavo.
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Algunos integrantes de la Campaña Internacional exigieron el castigo para los responsables del gobierno paraguayo, acusado de infanticidio, en la conferencia de prensa que tuvo lugar este martes en la CTA Autónoma. También lo hicieron los integrantes de la Gremial de Abogados y Abogadas, entre ellos Gustavo Franquet, quién aludió a la situación difícil y dolorosa por la que atraviesan los más humildes del Paraguay.
Dos de los testimonios más relevantes fueron el de Salvador Sánchez, abogado paraguayo de Laura Villalba, madre de una de las niñas asesinadas, quien fue condenada a más de 30 años de prisión luego de la desaparición de su otra hija, Lichita. Él y la periodista Claudia Korol denunciaron que las presas políticas Carmen y Laura Villalba y Francisca Andino, están en una cárcel de máxima seguridad, a la que definieron como “la Guantánamo paraguaya”, “donde a las compañeras las sacan encapuchadas cuando reciben visitas del abogado”.
Algunos integrantes de la familia Villalba formaron parte del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) a quienes el gobierno de ese país persigue como terroristas, haciendo extensiva la acusación a otros familiares que no integraban la organización.
A su vez, la abogada Laura Tafettani y Eduardo Soares mostraron que la gran victoria obtenida por la condena de la ONU, tiene que continuar con una campaña de denuncia.
Otro testimonio emotivo fue el de Miriam Villalba, quién debió huir de Argentina con su familia y varios niños, perseguidas por la complicidad del gobierno de Javier Milei con el de Paraguay. “Ya estamos condenados por tener el apellido Villalba”, contó Miriam. “Vamos a seguir luchando con todas nuestras fuerzas para que el gobierno paraguayo pague por sus crímenes”, agregó.
Actualmente, tal como Miriam explicó, viven en un difícil contexto, donde más que nada los niños no tienen ningún tipo de estabilidad, pasan sus días con miedo ante la posibilidad de operativos violentos como el que vivieron a finales del año pasado.
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