Murió otro represor impune

Murió otro represor impune

A los 77 años y mientras era juzgado por crímenes de lesa humanidad, falleció ayer el genocida y apropiador de bebés Juan Carlos Vázquez Sarmiento. Prófugo de la justicia durante dos décadas, nunca dio información sobre sus víctimas ni tuvo condena firme por sus crímenes.

Juan Carlos Vázquez Sarmiento, conocido como “el Colo” en sus años a cargo del circuito represivo de la zona oeste del Gran Buenos Aires, logró con su muerte la impunidad que en tantas oportunidades buscó: prófugo de la justicia durante casi dos décadas y protagonista de dos noticias en el último año: una por posar en una fotografía junto a un grupo de represores condenados y un diputados de La Libertad Avanza en julio de 2024. La otra fue exhibir su genitales a través de la cámara de un Zoom en la tercera audiencia del juicio por la Megacausa Mansión Seré y RIBA II el 24 de septiembre del año pasado, alegando senilidad, con el objetivo de ser declarado insano para afrontar el proceso. En la primera sesión de este año su defensa presentó un nuevo informe expedido por el penal de Ezeiza donde se constató el deterioro de su salud.

Al día de su muerte estaba cumpliendo la sentencia de 11 años en el penal de Ezeiza por la apropiación del nieto 102, Ezequiel Rochistein Tauro. A su vez, era juzgado en la megacausa Mansión Seré IV y RIBA II, por el secuestro de los miembros de la familia Pérez Roisinblit en en 1978: José Manuel Pérez Rojo, Patricia Roisinblit, embarazada de ocho meses, y su hija de tan solo un año, Mariana Eva Pérez. El hijo menor, Guillermo Roisinblit, nació en la ESMA, a donde su madre fue trasladada en cautiverio para dar a luz.

El silencio de Vázquez Sarmiento es el mismo que el de muchos otros genocidas que murieron sin dar a conocer dónde están los cuerpos de los desaparecidos o los bebés apropiados. Mariana Eva Pérez es querellante de la causa y nunca guardó esperanzas de que Vázquez Sarmiento hablara: “Lo que sabemos y reconstruimos es siempre gracias a los sobrevivientes. La impunidad, como sucedió en la década del 90, no sirve. En aquella época podían hablar libremente y no lo hicieron. Ya aprendimos que ahí no hay nada para nosotros, que van a ejercer la crueldad hasta el final sin decirnos que hicieron con nuestros seres queridos, llevando eso a la tumba”. Sobre el proceso judicial señaló: “La justicia actuó correctamente, se le otorgó defensa oficial, atención médica y los estudios correspondientes. Si llegó a ser juzgado en este estado fue porque estuvo 19 años prófugo”.

En la misma línea, Pablo Llonto, abogado de Maria Eva Pérez, tras la noticia del fallecimiento de Vázquez Sarmiento declaró a ANCCOM: “Si desde la Corte se dieran directivas claras y fondos, muchos jueces y juezas no harían lo que están haciendo en los últimos tiempos, que es demorar intencionalmente estos juicios y las investigaciones burlándose así de miles y miles de víctimas”. El abogado querellante expresó su disconformidad en torno a los tiempos de la justicia y al accionar de algunos miembros del tribunal en el desarrollo del juicio, que tras distintas postergaciones a lo largo de dos años y un esquema de sesiones aún más prolongado por alternar con el juicio de Campo de Mayo: “La muerte de Vázquez Sarmiento no nos ha sorprendido, cómo no sorprende ya la lentitud de la justicia en llevar adelante juicios por asesinatos, secuestros, torturas y apropiaciones de niños cometidas hace casi 50 años”. Una inoperancia intencionada, enfatizó Llonto”: “En este caso, de muerte de un genocida en pleno juicio oral, es otra muestra de la insensibilidad de la Corte o de algunos miembros, que no cumplen con sus obligaciones de dar celeridad y de poner recursos en los juzgados que investigan los más grandes crímenes cometidos en la Argentina”.

Mariana Pérez señaló que al conocer las últimas pericias, que indicaban el desenlace inminente, presentaron al Tribunal un pedido para continuar en el juicio por el derecho a la verdad, ya que la muerte del procesado es causa de extinción penal y quedarían fuera del debate oral como querella. A la espera de la respuesta del Tribunal, ella determinó que en caso de no poder seguir acompañando el proceso desde adentro lo hará como público: “Es un compromiso que no voy a abandonar y el público es un actor por demás de importante en los juicios”. Sobre el desarrollo del juicio explica que “la etapa de instrucción no está ni cerrada ni clausurada. Hay un montón de medidas que venimos pidiendo desde hace muchos años y que aún hoy no se cumplieron”. Detalla entre ellas la continua desconsideración de la responsabilidad de otros miembros de RIBA (Regional de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires) y víctimas, que a pesar de haberla identificado como su lugar de secuestro, siguen sin ser consideradas como tales. “Ese es el caso del socio de mi papá, que por primera vez estaba incluido en un juicio de Lesa Humanidad y que se quedará fuera otra vez, por estar abarcado en la causa de Vázquez Sarmiento”. Así como también, la necesidad de comprender que RIBA “no era una comisaría o base militar con funcionamiento normal previo a la dictadura, sino que se creó con fines represivos, para luchar contra la subversión en la Zona Oeste del Gran Buenos Aires. Y que todas las personas de allí están comprometidas y sus manos manchadas de sangre”.

Desde el aspecto personal del proceso señala que la megacausa, a diferencia de procesos judiciales anteriores, donde solo se juzgó la desaparición de sus padres, le dio otra visión de lo ocurrido: “Me permitió poner nuestra historia familiar en perspectiva con la lucha colectiva y la represión de toda disidencia política en Zona Oeste. Una lucha política que para mis padres tenía sentido. Por eso, aunque Vázquez Sarmiento haya muerto condenado sólo por la apropiación de Ezequiel Rochistein Tauro, para mí es un montón y lo siento en parte reparador. Quizás por ser casos tan unidos, termina teniendo que ver con nuestra historia familiar: sus padres como los míos también fueron parte de la columna oeste de montoneros”.

“Yo no puedo llamar ‘la justicia’ al Poder Judicial, porque en mi caso dista mucho de lo que necesito y de lo que tiene para aportar con respecto a mi propia historia. Estoy cansado de lo que viene sucediendo últimamente”, sostuvo Pérez Roisinblit.

Preguntas sin respuestas

Por su parte Guillermo Pérez Roisimblit, querellante junto a Abuelas de Plaza de Mayo por la desaparición de sus padres, en diálogo con ANCCOM expresó: “Me gustaría poder preguntarle a Vázquez Sarmiento ¿cuánto tiempo es suficiente? ¿Cuánto tiempo necesita tener desaparecidos a mis padres, cuánto necesita mantener desaparecidas a sus víctimas? ¿Cuánto es demasiado? ¿Con cuántos años él se sentiría feliz?”  Sostuvo que existe aún una especie de venganza y castigo de parte de los militares con respecto a sus víctimas: “Eligen mantener y sostener este pacto de silencio en el cual no aportan absolutamente nada porque es la última victoria, la frutilla del postre: llevarse la verdad a sus tumbas. Estamos hablando de gente de la peor calaña, que no tiene respeto por la vida humana, que disfruta de la situación en la que tuvo a sus víctimas y también en sostener la desaparición a lo largo del tiempo”.

“Yo no puedo llamar ‘la justicia’ al Poder Judicial, porque en mi caso dista mucho de lo que necesito y de lo que tiene para aportar con respecto a mi propia historia. Estoy cansado de lo que viene sucediendo últimamente”, sostuvo, y agregó: “A mí no me encuentra el Poder Judicial, un juez, un juzgado: a mí me encuentran las Abuelas y gracias al aporte, a la colaboración de una persona de la sociedad que hizo un llamado anónimo a la casa de las Abuelas y así se resolvieron veintiún años de búsqueda”. Desde que lo encontraron, sostuvo, se demoraron 13 años para investigar la responsabilidad de los miembros de la RIBA en el secuestro de su familia, y aun así no tuvieron en cuenta su apropiación al momento de imputar a Vázquez Sarmiento: “Es imposible fácticamente que, siendo superior de Francisco Gómez, habiendo participado del grupo de tareas que secuestró a mis padres y a mi dentro del vientre de mi madre, habiéndose apropiado de Rochistein Tauro, que Vázquez Sarmiento no haya tenido algún grado de participación en mi apropiación”.

“No puede ser que se trate de uno de los genocidas con más participación en la Fuerza Aérea y que sin embargo tenga una sola condena y haya estado encarcelado únicamente cuatro años”, expresó Pérez Roisimblit acerca de la vida de impunidad de Vázquez Sarmiento. “Tiene las manos manchadas con sangre de tantas víctimas, muy barato le salió la cantidad de vidas que arruinó, el daño que hizo, la cantidad de personas que carga en su haber”. A la vez, puntualizó en que si bien Vázquez Sarmiento murió procesado y encarcelado, estaba siendo juzgado por crímenes cometidos hace 46 años y que hacía solo cuatro años que cumplía una condena: “Habiendo encontrado en el 2021 a Vázquez Sarmiento, yo no entiendo cómo estamos hoy en el 2025 y el juicio no avanzó casi nada: estaba absolutamente todo para que se investigara su responsabilidad”.

“Era muy importante para mí poder escuchar lo que tuviera para decir y que también él escuchara mi testimonio”, sostuvo Pérez Roinsimblit. De todas formas, le gustaría seguir participando en el juicio dado que es de crucial importancia lo que pueda ocurrir alrededor del imputado Leston, vinculado también a la desaparición de sus padres; de la misma forma que está expectante por la posible declaración de Ezequiel Rochistein Tauro, quien aún no ha tenido la posibilidad de hacerlo.

La próxima sesión del juicio Mansión Seré IV y RIBA II se llevará a cabo de forma virtual, mañana a las 9 AM y se podrá ver a través del canal de youtube de La retaguardia.

“¿Te parece razonable la farsa que estos locos han tramado?”

“¿Te parece razonable la farsa que estos locos han tramado?”

La obra teatral “Saverio, el cruel”, de Roberto Arlt, inicia su segunda temporada bajo la dirección de Gabriela Villalonga. A casi un siglo de su primera presentación, propone una reflexión sobre la discriminación, la malicia y la farsa sociopolítica argentina con una actualidad ineludible.

La farsa dramática Saverio, el cruel vuelve a escena los sábados en el teatro Payró. Estrenada por Roberto Arlt en plena Década Infame, esta obra sigue resonando en la actualidad. “Arlt la escribe en una época donde los lazos solidarios estaban desmembrados. Donde la red social se empezaba a disolver”, explica la directora Gabriela Villalonga.

Durante las primeras intervenciones militares en la política argentina, Saverio, un vendedor de manteca —interpretado por Marito Falcón—, es engañado por un grupo de amigos burgueses. Lo convencen de interpretar el papel de un coronel despótico dentro de una fantasía creada para «salvar» a Susana, una supuesta enferma psiquiátrica, interpretada por Ligüen Pires.

En esta puesta en escena, los actores fingen que actúan, en un juego de realidad y ficción. “Cada personaje es varios a la vez, van cambiando a lo largo de las escenas”, cuenta Villalonga. Uno de los personajes de la obra pregunta: “¿Te parece razonable la farsa que estos locos han tramado?”. El artificio no es algo nuevo para los argentinos, tan poco que una escena de ese tipo tenía lugar a escala nacional cuando Santiago Caputo interrumpía la entrevista de Milei en TN para corregir su “verdad” sobre la estafa de criptomonedas para intentar evitar un juicio político.

En Saverio, el cruel el rol de “villano” oscila entre los personajes, como una bomba de tiempo, generando una tensión entre ellos, el público y la oscuridad. “El teatro es una experiencia particular, el puro acontecimiento artístico. Involucra al espectador de manera activa, porque no hay manera de que no te pase algo, que no te emocione”, reflexiona la directora. En este caso, la crueldad y la locura invaden la sala y los cuerpos, a través de un juego de luces y sonidos que balean el aire. El tiempo parece detenerse por momentos, cuando la oscuridad lo impregna todo, generando un ritmo auténtico que muestra lo vulnerable del presente.

Villalonga explica que en 2025 el teatro independiente enfrenta un recorte presupuestario, pero que siempre encuentra la manera de autogestionarse: “Esto es lo que nos da sentido. Y en esta época, más que nunca. Les artistas estamos en plena resistencia”. La directora destaca que la obra fue autoproducida por sus propios actores. Con una escenografía minimalista y vestuarios extravagantes, las impactantes interpretaciones de Roberto Cuñarro, Adriana Echegaray, Marito Falcón, Ariel Guazzone, Roberto Monzo, Ligüen Pires, Lali Rojas y Liliana Simsi, dan vida a esta aguda crítica social a partir del humor.
A través de la exposición del odio racial y clasista, Saverio, el cruel nos lleva a preguntarnos: ¿de dónde viene la crueldad? ¿Hasta qué punto llega la farsa en nuestra realidad? La directora plantea: “Lo más difícil para todos y todas es cambiar. Porque cuando aprendés algo, podés tener una mirada integradora de la realidad. Pero es complicado, porque significa atravesar una crisis. El teatro y el cine tienen esa función y, por eso, siempre son resistencia”.

Villalonga advierte que vivimos tiempos de distanciamiento, no solo entre las personas, sino también entre las identidades y la cultura. “Las políticas anticulturales instalan un pensamiento que va para atrás sobre nuestros derechos adquiridos, como si nunca hubiera existido la lucha por alcanzarlos. Por eso es importante hacer memoria”, sostiene.
Ver una obra que conmueve, encontrarse en una marcha contra los dichos crueles y fascistas del presidente, defender los hospitales, y las universidades reconectan con un otro, con una identidad de muchos que, en esta contemporaneidad, pareciera querer ser desdibujada. Arlt, desde su obra, nos habla de todo eso.

Saverio, el cruel puede verse los sábados a las 20 en el Teatro Payró (San Martín 766), “al menos hasta abril”, según cuenta su directora, con expectativas de que continúe.

Un muro a los pobres

Un muro a los pobres

Bullrich colocó el primer poste del alambrado que separará Bolivia de Salta pero al día siguiente desapareció. La excusa del narcotráfico y los verdaderos perjudicados. Los dos muertos a manos de Gendarmería.

Al mejor estilo Donald Trump, empezó la construcción del alambrado de 200 metros que pretende dividir la frontera entre Argentina y Bolivia. Tras aprobar su presupuesto, se inició esta obra en un acto que encontró a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y al gobernador de Salta Gustavo Saénz, colocando el primer poste en Aguas Blancas. La excusa es la de siempre: la lucha contra el narcotráfico y el “control de los bagayeros”, que ya se cobró la vida de dos personas a manos de la Gendarmería. Como suele suceder con las puestas en escena oficialistas, al día siguiente el poste no estaba.

El martes 4 de febrero se llevó a cabo la adjudicación de la obra que cubrirá el equivalente a dos cuadras de frontera en una de las zonas, calificadas por las autoridades, más complejas del límite con el vecino país. Sólo una empresa se presentó a la licitación, ofreciendo un presupuesto oficial de 36 millones de pesos, que serán abonados con fondos nacionales. La suma corresponde a la construcción de un vallado de casi tres metros de alto coronado con un alambre de púas de tipo gillette, el mismo que se utiliza en construcciones de alta seguridad. Muchos propietarios rurales, trabajadores de la soja y el tabaco, entre otros, se pronunciaron acerca de este presupuesto, afirmando que con ese dinero podría hacerse una vallado de excelente calidad hasta cuatro veces más largo. 

En diálogo con ANCCOM, Adrián Zigarán, interventor en el municipio de Aguas Blancas comentó que “existe una suerte de vía libre en la frontera, por lo que se decidió construir un alambrado desde la terminal hacia migraciones y el río”. Dentro de esa construcción que tendrá “forma de L”, se encuentra el puesto fronterizo “Las Chalanas”, que es el paso fluvial que se pretende controlar con esta obra.

El informe oficial del Gobierno de la provincia de Salta anunció el 28 de enero la obra con el objetivo de “seguir garantizando la seguridad y el orden urbano en la frontera norte”, ya que la misma forma parte de la implementación del Plan Güemes, un esfuerzo estratégico del Ministerio de Seguridad para reforzar los controles limítrofes entre Salta y Bolivia. 

Ese plan ya se cobró la vida de un bagayero, Fernando Gómez, un trabajador de frontera que fue asesinado por Gendarmería Nacional a tan sólo seis días de su implementación, como así también la del joven kolla Ivo Torres, fusilado por gendarmes el 6 de febrero.

“El plan es la lucha contra el narcotráfico y el control de los bagayeros”, afirmó Zigarán, refiriéndose a los miles de trabajadores de frontera que se dedican a introducir artículos como electrodomésticos e indumentaria al país, principal motor de la economía de todos los ciudadanos argentinos y bolivianos del lugar. “En este sector se calcula que pasa el 15% del contrabando total de la zona, mientras que el resto es transportado por gomones que salen fuera del pueblo hacia Orán, por Puerto Carina”, comentó el interventor. Todo ese caudal de productos que queda por fuera de Puerto Chalanas, no será afectado por este alambrado, y precisará de una mayor presencia militar para ser controlado.

“Tenían que realizar supuestos controles en la frontera, pero la realidad es que mientras el negocio de las drogas está al amparo del Estado, asesinaron a Fernando Gómez, un joven trabajador precarizado que, lejos de estar en una actividad criminal, transportaba mercancías para poder subsistir”, señala Planes.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se pronunció acerca de esta medida, y aseguró que se trata de un plan para ”taponar la zona por donde más droga entra”. La funcionaria le atribuye a un cerco fronterizo que cubre 200 metros de los más de 700 kilómetros de frontera la tarea de combatir contra todo el caudal del narcotráfico que ingresa al país. “Existe un plan para recuperar el control total de nuestras fronteras”, dijo Bullrich al poner el primer poste, sumando presencia militar en lugares estratégicos como Aguas Blancas y La Quiaca.

“Lo único que quieren con el Plan Güemes es justificar mayor presencia de Gendarmería en nombre de la lucha contra el narcotráfico”, comentó a ANCCOM Daniela Planes, docente de educación especial y militante socialista que acompañó a la familia de Fernando Gómez en las últimas semanas. “Tenían que realizar supuestos controles en la frontera, pero la realidad es que mientras el negocio de las drogas está al amparo del Estado por las distintas vías institucionales, asesinaron a Fernando, un joven trabajador precarizado que, lejos de estar en una actividad criminal, lo que estaba haciendo era transportar mercancías para poder subsistir”.

En esta parte del país existe un gran número de personas que no tienen otra opción más que dedicarse a esto, colgarse enormes bolsas de consorcio en la espalda y lanzarse al agua para flotar a merced del río y en horas de la madrugada, para recibir a cambio un salario que apenas les alcanza para alimentar a sus familias. “El reclamo de esta gente es tener acceso a trabajo genuino, eso no se va a resolver con un alambre”, reflexionó Daniela. 

La lucha simbólica

Aguas Blancas no es ni siquiera la frontera salteña más conocida en el límite con Bolivia, hay otra mucho más grande y concurrida en el municipio de Salvador Mazza. Pero lo que sí ha suscitado esta obra es la opinión de aquellos trabajadores de frontera, bagayeros salteños y sus familias que muchos reveses vienen sufriendo por la implementación del Plan Güemes. “Yo fui el que cometió el error de haber anunciado el alambrado”, reflexionó Zigarán, “primero porque es un tema menor, nadie que tenga dos dedos de frente puede entender que un cerco de 200 metros sea para combatir el narcotráfico”. Por Puerto Chalanas se calcula que hay un caudal de entre 1.500 a 3.000 personas intentando cruzar todos los días, que saltan un pequeño muro de contención de inundaciones que se encuentra construido a la vera del río, e ingresan de forma ilegal al país por ese sector.

 A partir de toda esta situación, es que el gobierno boliviano reaccionó de forma negativa, y muchos sectores políticos y culturales han acompañado el reclamo entendiendo que se trata de un hecho cargado de xenofobia por los constantes agravios que viene teniendo el gobierno salteño con el vecino país, muchos propiciados por una violenta política nacional del gobierno de Javier Milei, de aplaudir las recurrentes decisiones de obstaculizar el acceso a los hospitales e instituciones públicas de los ciudadanos bolivianos, además de perseguir a las personas de los pueblos originarios que hace cientos de años habitan la zona. Muchas de estas políticas han sido secundadas por la falta de reciprocidad que el gobierno reclama a Bolivia, la negación del acceso al combustible y los hospitales de los argentinos que visitan el vecino país.

La reacción del gobierno boliviano.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores boliviano, anunció mediante un comunicado oficial su preocupación por lo que puede significar esta medida fronteriza. Según el mismo, se trata de una medida unilateral que “puede afectar la buena vecindad y la convivencia pacífica entre pueblos hermanos”. A su vez, César Siles, ministro de Justicia boliviano, declaró que esta medida estaría en contra de los tratados internacionales, y calificó el mandato del presidente Javier Milei como “vulneratorio de los principios más elementales de la convivencia pacífica” entre países. “Este comunicado al principio me dió risa y después nos preocupó”, comentó al respecto Zigarán. “La convivencia pacífica la altera el gobierno boliviano que, por su inacción, permite que nos llenen el país de cocaína”, dijo el interventor.

La realidad es que la “narcofrontera” en los últimos años se ha corrido casi 300 kilómetros en el interior del país, y ha causado estragos políticos y sociales en muchos de los municipios del norte salteño y jujeño que, así como Aguas Blancas, han necesitado de intervención gubernamental para ser reestabilizados. El mismo Zigarán ya ha ocupado ese puesto en el pasado en lugares como Salvador Mazza y Aguaray.

Un municipio intervenido

Aguas Blancas es un municipio salteño que tuvo que ser intervenido por el gobierno de la provincia en octubre pasado debido a la detención del por entonces intendente Carlos Afredo Martínez por interferencias en la investigación del homicidio de su hermano, César Martínez, enlazado con el narcotráfico. Es en ese marco que se decide intervenir el municipio y colocar a Zigarán a la cabeza del mismo. La idea de esta obra es que se construya en 60 días, para así conseguir finalizarla antes del 11 de mayo, día señalado para las elecciones provinciales que, entre otras cosas, dará lugar a que se elija finalmente un nuevo intendente para este convulso municipio.

La “narcofrontera” en el norte del país viene siendo noticia desde que Bullrich y Gendarmería Nacional tomaron la partida de implementar el Plan Güemes, una estrategia para fortalecer los controles, obstaculizar el paso ilegal y detener el narcotráfico. Pero desde su implementación, las mayores víctimas han sido los ciudadanos salteños, trabajadores de frontera de familias muy humildes que necesitan de esta economía de contrabando de productos para su subsistencia, y que lejos están muchas veces de ser, como ya los señaló la ministra Bullrich, todos narcotraficantes.

“La Gendarmería asesinó a Fernando Gómez en Aguas Blancas, la semana pasada en La Quiaca, en Jujuy, asesinaron a Ivo Torres, un jóven estudiante y trabajador de la comunidad kolla”, comentó Daniela. Se pretende reforzar la frontera para pelear con el narcotráfico, pero las consecuencias son las vidas de personas inocentes. “Lo que pone en manifiesto está política en los gobiernos provinciales y nacionales es que refuerza el racismo y la xenofobia en las fronteras bajo un falso pretexto, 200 metros de alambre no trae ninguna solución a nadie”, sentenció.

 

La ONU condenó a Paraguay por el caso Villalba

La ONU condenó a Paraguay por el caso Villalba

Consideró al Estado responsable de la muerte de las dos niñas de once años, a quienes las autoridades intentaron hacer pasar por terroristas.

La Gremial de Abogados y Abogadas y la Campaña Internacional de Solidaridad con la familia Villalba consideró como una victoria el pronunciamiento del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas que condenó al estado de Paraguay por infanticidio. 

El Comité publicó su informe después de realizar la investigación confidencial sobre las mujeres asesinadas Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba, en septiembre del 2020 en Yby Yaú, Departamento de Concepción. Los dos cuerpos fueron enterrados apresuradamente, y las autoridades afirmaron inicialmente que tenían 15 y 18 años.

La justicia paraguaya exigió la exhumación de los cadáveres tres días después, y la autopsia confirmó que se trataba de niñas de 11 años. En la autopsia también se encontraron heridas de bala en la parte delantera y trasera de los cuerpos, pero los forenses no pudieron establecer la distancia a la que se habían disparado las balas porque la ropa de las niñas estaba destrozada.

Asimismo, recibió una denuncia sobre los homicidios en relación a que Paraguay había adoptado medidas para encubrir el incidente.

“Los homicidios de las dos niñas de 11 años constituyeron una grave violación del derecho a la vida, especialmente teniendo en cuenta la participación directa de la Fuerza de Tarea Conjunta del Estado,” afirmó el Comité. Y añadió: “Esta violación se agrava aún más por el hecho de que Paraguay no llevó a cabo una investigación exhaustiva, lo que sugiere una grave negligencia o un encubrimiento intencionado de detalles importantes.”

A partir de entonces, el Comité inició una investigación con arreglo al Artículo 13 del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones y nombró a dos investigadores de entre los miembros de ese organismo. Entrevistaron a 32 personas, incluidos testigos y funcionarios de Paraguay, como el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta, el Jefe del Departamento Antisecuestros de la Policía Nacional y jefes de las direcciones de derechos humanos de varios ministerios.

Según el Comité de los Derechos del Niño, Paraguay es responsable de violaciones de derechos humanos graves, en lo que respecta con el asesinato de dos niñas de 11 años durante una operación que organizó la Fuerza de Tarea Conjunta de Paraguay contra el grupo guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo.

“Las pruebas demuestran que el Estado parte no cumplió con su obligación de respetar, proteger y hacer efectivo el derecho a la vida de las dos niñas,” dijo el Comité.

El Comité le pidió a Paraguay que adoptara las medidas adecuadas para concluir la investigación de la muerte de las dos niñas, incluida la posibilidad de contar con la asistencia de una misión internacional de expertos. También pidió al Estado paraguayo que reforzara la infraestructura de su marco jurídico y normativo en relación con sus agentes del orden.

“Conocemos a los niños desde muy pequeños y siempre los acompañamos y es importante destacar lo sanos que se encuentran, muy fuertes y eso es mérito de las mujeres mayores que sin ocultarles nada, supieron apoyarlos y contenerlos”  concluyó a ANCCOM emocionado y satisfecho por el amplio espectro de organizaciones presentes en la conferencia de prensa que anunció el fallo, el abogado Franquet Gustavo. 

 

Algunos integrantes de la Campaña Internacional exigieron el castigo para los responsables del gobierno paraguayo, acusado de infanticidio, en la conferencia de prensa que tuvo lugar este martes en la CTA Autónoma. También lo hicieron los integrantes de la Gremial de Abogados y Abogadas, entre ellos Gustavo Franquet, quién aludió a la situación difícil y dolorosa por la que atraviesan los más humildes del Paraguay.

Dos de los testimonios más  relevantes fueron el de Salvador Sánchez, abogado paraguayo de Laura Villalba, madre de una de las niñas asesinadas, quien fue condenada a más de 30 años de prisión luego de la desaparición de su otra hija, Lichita. Él y la periodista Claudia Korol denunciaron que las presas políticas Carmen y Laura Villalba y Francisca Andino, están en una cárcel de máxima seguridad, a la que definieron como “la Guantánamo paraguaya”, “donde a las compañeras las sacan encapuchadas cuando reciben visitas del abogado”.

Algunos integrantes de la familia Villalba formaron parte del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) a quienes el gobierno de ese país persigue como terroristas, haciendo extensiva la acusación a otros familiares que no integraban la organización.

A su vez, la abogada Laura Tafettani y Eduardo Soares mostraron que la gran victoria obtenida por la condena de la ONU, tiene que continuar con una campaña de denuncia. 

Otro testimonio emotivo fue el de Miriam Villalba, quién debió huir de Argentina con su familia y varios niños, perseguidas por la complicidad del gobierno de Javier Milei con el de Paraguay. “Ya estamos condenados por tener el apellido Villalba”, contó Miriam. “Vamos a seguir luchando con todas nuestras fuerzas para que el gobierno paraguayo pague por sus crímenes”, agregó.

Actualmente, tal como Miriam explicó, viven en un  difícil contexto, donde más que nada los niños no tienen ningún tipo de estabilidad, pasan sus días con miedo ante la posibilidad de operativos violentos como el que vivieron a finales del año pasado. 

Una celebración del teatro

Una celebración del teatro

En el reconocido espacio Timbre 4 y con una programación que incluye obras de España y Francia, comienza una nueva edición de TABA, el festival de artes escénicas que promueve el intercambio entre artistas locales y extranjeros.

Una de las obras que podrá verse será Precoz, basada en la novela homónima de Ariana Harwicz, dirigida por Lorena Vega e interpretada por Valeria Lois y Tomás Wicz.

 

Del 13 al 23 de febrero, se celebrará en el Teatro Timbre 4 una nueva edición del Festival Temporada Alta en Buenos Aires (TABA). El evento, que se realiza ininterrumpidamente desde 2013, se ha consolidado como un espacio de encuentro entre creadores de distintas culturas y en epicentro de las artes escénicas durante el verano porteño. “Su presencia en Iberoamérica no tiene un objetivo económico, sino que busca generar una sinergia entre artistas”, sostiene Narcis Puig, director general del Festival en diálogo con ANCCOM.

TABA es la extensión argentina del reconocido Festival Temporada Alta que desde hace más de 28 años se desarrolla en Girona, España, y que ha sido calificado como uno de los mejores de la escena mediterránea. En Buenos Aires, funciona desde hace 13 años como un espacio de exhibición para que artistas internacionales como Jan Fabre y Angélica Liddel presenten sus producciones en las salas porteñas y como una puerta de entrada para que artistas argentinos, como Mariano Pensotti y Daniel Veronese,u obras como El viento en un violín y La omisión de la familia Coleman de Claudio Tolcachir, puedan acceder a la escena europea. “Buenos Aires es una gran capital teatral y exporta mucho talento”, afirma Puig.

Para esta nueva edición, la programación cuenta con doce propuestas, entre las que se destacan las colaboraciones entre Francia y Argentina como el espectáculo Nana canta Piafy Chin, chin, monamour, un ciclo de entrevistas y lecturas dedicado a la poesía. También se podrán ver las obras de teatro Sugar Girlse Historia de una pierna, producto de un trabajo en conjunto entre Argentina y España. “Es muy importante que la muestra que hacemos sea diversa y represente distintos aspectos de lo que se hace en este lado del charco”, señala Puig.

Entre las obras nacionales sobresalen El Brote de Emiliano Dionisi, protagonizada por Roberto Peloni y Precoz, basada en la novela homónima de Ariana Harwicz, dirigida por Lorena Vega e interpretada por Valeria Lois y Tomás Wicz. “El desafío es tener una programación que sea variada e interpele a distintos públicos”, subraya Eleonora Pereyra, coordinadora general del Festival.

El Brote, de Emiliano Dionisi y protagonizada por Roberto Peloni también forma parte de la programación.

 

Respecto al proceso de selección, tanto Puig como Pereyra coinciden en que “las obras que se presentan deben ser de calidad, diversas y con un formato fácil de transportar” y que el rol de Timbre 4 en la curaduría es fundamental. Fundada en 2002 por Claudio Tolcachir, la sala se ha consolidado no sólo como un espacio clave del teatro independiente porteño, sino también como el hogar de TABA desde sus inicios. Su compromiso con ser un punto de encuentro entre artistas y espectadores confluye con el espíritu de intercambio que caracteriza al Festival. “Por suerte tenemos un espacio que es muy sólido y el público siempre nos acompaña”, asegura Pereyra.

Además de las obras teatrales, TABA contará con el clásico y aclamado Torneo de Dramaturgia, en el que dos autores catalanes y argentinos compiten con sus textos. Durante el torneo, las piezas son interpretadas sin revelar la identidad de sus autores hasta el final de la función, lo que permite que el público tenga el foco puesto en la calidad de la historia. Por el Río de la Plata competirán Lucas Sánchez y Javier Grinstein, mientras que Jaume Viñas y Martina Cabanas serán los encargados de representar al Mediterraneo. Al igual que en ediciones anteriores, será la audiencia la que determinará mediante voto secreto cuál es el texto que avanzará a la gran final que tendrá lugar el domingo 23 de febrero a las 20:30.

En el Festival también se desarrollará “Fuera de Escena – Cruces de las Artes Escénicas”, un ciclo de actividades especiales que propone dialogar sobre diversos temas que rodean al teatro. Entre ellas se destacan “Aprende a decir que no”, un taller de auto-indagación y asertividad a cargo de la artista Joana Brabo y “De la idea al proyecto: Dramaturgia editada”, un conversatorio sobre la publicación independiente de obras teatrales coordinado por la propia Eleonora Pereyra.

Con el objetivo de garantizar el acceso del público a las propuestas culturales, tanto el ciclo como algunas de las proyecciones teatrales contarán con entrada libre y gratuita o en algunos casos a voluntad. “Es una manera de que las personas vengan a una obra y después puedan ver otra más”, concluye Pereyra.

La programación completa de TABA se puede ver en la página web del Festival

Un pulmón verde cartonero floreció en Caballito

Un pulmón verde cartonero floreció en Caballito

Una cooperativa de recicladores urbanos recuperó un expacio público que se convirtió en un ecoparque donde funciona un centro de actividades vecinales.

En Yerbal 1419 se encuentra ubicada una de las sedes de la Cooperativa Recuperadores Urbanos del Oeste (RUO). No solo es un lugar donde acuden más de 1.000 trabajadores que recolectan material reciclable en la calle, si no que, además, es un centro verde que llama al encuentro y a actividades vecinales en Caballito, ya que desde la pandemia se puso en construcción el Parque de los Recicladores. Cuenta con puntos de reciclaje, una laguna natural, distintos tipos de plantas nativas, talleres y charlas informativas. Es reconocido por la Legislatura porteña como refugio climático de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Mariyone es parte del programa de Promotoras Ambientales que impulsa la Cooperativa, comenzó a recolectar materiales reciclables junto con su mamá a los cinco años durante el 2001. “El tema del Ecoparque fue todo un desafío –cuenta-. Durante la pandemia este centro se había cerrado porque no éramos considerados un trabajo esencial, eso implicó que muchos compañeros no pudieran salir a ejercer la tarea diaria y necesitamos buscarle una vuelta para ver qué más podíamos hacer, qué otros puestos de trabajo podíamos generar y qué le podíamos acercar al vecino. Ahí fue que surgió la idea. Esto antes era todo un terreno baldío donde funcionaba un asentamiento hasta que la Cooperativa lo agarró y se empezaron a hacer los galpones, se usaba como un lugar de trabajo. El vecino igual, así y todo, tenía miedo de pasar por la vereda, de acercarse, no entendía cuál era el rol de la Cooperativa en el barrio ni qué era lo que hacíamos”.

Luisa Junco, compañera de Mariyone y recuperadora urbana desde la adolescencia, agregó: “La idea es que el vecino vea en primera persona lo que es el trabajo de las cooperativas, del recuperador y también matar el estigma de que no es bueno el trabajo de los cartoneros o que es un trabajo indigno. Más que nada por eso también la creación de este Ecoparque”. También repasó su historia: “Yo empecé primero acompañando a mi mamá en lo que era recolectar el material reciclable, terminando el sexto año de la secundaria.  Era ver a mi mamá hacer un trabajo que primero me daba como vergüenza, con todo el esfuerzo que hacía. Con el tiempo me fui dando cuenta de que no era lo que yo pensaba. Es algo que lo haces todos los días con mucho sacrificio, más allá de toda la crisis que pasó, este no es un trabajo para que alguien diga que es una vergüenza”.

El programa de Promotoras Ambientales en el que trabajan Mariyone y Luisa surgió en el 2014 por iniciativa de mujeres que dedicaron su vida a este oficio. Mariyone recordó que ellas “eran las que salieron primero sin tener un laburo ni nada, pero teniendo que llevar el plato de comida a su casa de todas maneras. Entonces la pregunta era: ¿Cómo hacemos para ayudar a esas mujeres que ya vienen de muchos años de trabajar tirando un carro con 200 o 300 kilos y que el cuerpo ya les empezó a pasar factura? ¿Qué es lo que podemos generar para que puedan dejar de tirar ese carro?”.

Las promotoras realizan capacitaciones y charlas informativas a vecinos a través de la experiencia que adquirieron trabajando con materiales reciclables durante tantos años. Buscan generar saberes nuevos incluyendo leyes y normativas vigentes. Afirman que es una manera de involucrarse con lo que hay detrás, de separar y recolectar materiales. Luisa señaló: “Lo que es involucrarse también en lo que nos avala, hacer de este un trabajo digno y no tener las problemáticas que se tenían antes de tener un cartonero revisando un contenedor y que te lleven detenido”.

El trabajo de los cartoneros comenzó a tener una mayor visibilización con la crisis social y económica del 2001. La misma provocó que miles de familias que se quedaron sin su fuente de ingreso tuvieran que salir a recolectar materiales, ropa y comida entre las cosas que otros tiraban a la basura. A través de luchas, manifestaciones y reclamos, las personas que ejercían esta labor comenzaron a organizarse en cooperativas, RUO fue una de las primeras en crearse. Sin embargo, aún en 2001 estaba prohibida la recolección de materiales reciclables, el ir a revisar una bolsa que alguien había sacado a la calle era un delito. “Teníamos compañeros, que por ahí pasaban toda la noche en una comisaría, que se les sacaba la mercadería, los carros y los camiones. Era todo muy problemático”, recordó Luisa.

En 2002 se sanciona la Ley 992 de la Ciudad que declara el trabajo de cartoneros como servicio público y de higiene urbana. Reconoce a los recuperadores de residuos reciclables en el sistema y crea un registro de cooperativas distribuyéndolas por zonas de trabajo. Da incentivos económicos, credenciales y un seguro contra accidentes. Mariyone comenta que esta Ley “nos da la tranquilidad de salir a trabajar a la calle sin que nadie te venga a plantear que está mal lo que estamos haciendo”.

Sin embargo, continúa: “Hoy, como está el país, cada vez hay más informales trabajando en la calle. Nosotros contamos con lo que es una lista de espera para personas que se quieren anotar y empezar a trabajar en la cooperativa. Lo que pasa es que es muy poca la gente que podemos hacer ingresar porque el Gobierno da un cierto cupo para las cooperativas, entonces se hace muy difícil con la demanda que hay ahora de recuperadores. También tenemos una lista enorme de gente que está todavía esperando para cobrar”. Sobre los trabajadores informales, para que no pierdan el material recolectado y el esfuerzo del trabajo al llevar todo, lo que hacen en RUO muchas veces es comprarles el material para que puedan llevar un sustento económico a sus familias, más allá de que estén en una lista de espera. La idea es que puedan ingresar al sistema y empezar a tener un ingreso fijo.

Hoy en RUO se trabaja todos los días realizando la recolección del material reciclable en la Ciudad de Buenos Aires en los barrios de Once, Almagro, Caballito, Flores, Floresta, Villa Luro, Chacarita y Palermo. En los galpones del Ecoparque funcionan una escuela primaria y secundaria, tienen talleres de electricidad, carpintería, serigrafía textil, eco-artes, autoabastecimiento, computación, fotografía y talleres de oficio, dándole la posibilidad a los recuperadores para que tengan un espacio también para desarrollarse en lo que les gusta. Muchos también están abiertos para todo el público. Al fondo del predio se encuentran montañas de compost que se generan con material orgánico que llevan los vecinos. También hay un invernadero donde se cultivan todas las plantas del Ecoparque y la huerta.

Mariyone concluyó: “Nos impulsa siempre el trabajo diario, el querer generar unos mejores puestos de trabajo para los compañeros, fomentar ese vínculo entre los recuperadores urbanos y los vecinos de la Ciudad, para que se pueda dar este espacio de trabajo más amigable y que comprendan que los recuperadores urbanos brindan un servicio público a la Ciudad y que no es que están haciendo nada malo”.