Hace dos décadas, cuatro adolescentes murieron tras un incendio en la Comisaría 1ª ante la mirada pasiva de los policías que los habían golpeado y torturado. Desde entonces, se prohibió el alojamiento de menores en esas dependencias bonaerenses.

El 20 de octubre de 2004 cuatro adolescentes perdieron la vida en un incendio en la Comisaría 1ª de Quilmes ante las miradas de los policías que los habían golpeado y torturado, y que de forma deliberada tardaron mucho tiempo en socorrerlos, los sacaron de sus celdas y los siguieron golpeando. Veinte años después, este caso se ha convertido en un hecho emblemático en la lucha contra la violencia institucional y los beneficios judiciales que siguen teniendo las fuerzas de seguridad que actúan de forma violenta.

Aquel día Diego Maldonado, de tan sólo 16 años, recibió la noticia de la muerte de su hermana menor mientras se encontraba privado de su libertad, por lo que solicitó poder asistir a su velatorio. Los policías le negaron esta petición y le cortaron la comunicación con su familia. Este hecho fue la gota que rebalsó el vaso para los 17 jóvenes, todos menores de 18 años, que se encontraban en el lugar de forma transitoria esperando sus traslados a algún centro de detención juvenil o a centros de rehabilitación por consumo problemático.

A modo de protesta y cansados de las vejaciones que sufrían por parte de los policías, incendiaron un colchón para que los dejasen salir, pero el fuego se salió de control y los agentes que se encontraban en el lugar tardaron demasiado en reaccionar. Cuatro chicos murieron a causa de este hecho.

Elías Giménez tenía 15 años y estaba allí porque la policía lo confundió con un homónimo que estaba prófugo, un hombre de 30 años, y lo detuvieron por averiguación de antecedentes.

Diego Maldonado, de 16 años, y Manuel Figueroa, de 17, tenían problemas con el consumo de drogas. Diego murió en un móvil policial, esposado a otro compañero, mientras eran trasladados al Hospital de Quilmes.

A Miguel Aranda lo golpearon antes y después del incendio, él estaba preso preventivamente desde hacía ocho meses. Estuvo en coma durante 17 días y falleció cuatro días después de despertar y pedirle a su madre que “no diga nada de la policía”, por miedo a las represalias.

Los adolescentes que estaban en aquella comisaría se encontraban repartidos en dos calabozos ciegos de tres por cuatro metros, y a diario eran sometidos a violentas requisas, siendo constantemente humillados por los policías que los hacían desnudarse frente a sus compañeros, los golpeaban e insultaban, no tenían tiempo de esparcimiento ni los dejaban salir al patio.

Elvia González, conocida por todos como Telvi, quien falleció en julio de este año, era la madre de Diego Maldonado. A ella fue a quien algunos sobrevivientes le contaron que los policías organizaban peleas entre los adolescentes, uno de ellos se le acercó luego de los hechos para pedirle disculpas porque lo habían obligado a luchar contra su hijo.

“Estamos hablando de una mecánica sostenida que pasaba dentro de la comisaría de violencia contra los pibes, de denigración y desnudos, les pateaban las pertenencias”, dijo a ANCCOM el exsacerdote Tobías Corró Molas. Todo esto, según sus palabras, se trataba de “quebrar psicológicamente al detenido y aniquilar cualquier tipo de resistencia”.

Tobías estuvo acompañando a las familias de las víctimas y a los sobrevivientes en todo el proceso posterior al hecho. “Mi rol lo fui aprendiendo, al principio fue acompañar y facilitar muchas audiencias para que las personas que los podían ayudar pudiesen conocer a las víctimas”, explicó. Luego de un largo proceso para lograr que la noticia trascendiera y llegase a personas clave, él se encargó de “ser parte de la causa y estar en contacto con los abogados”.

No más pibes en comisarías

Hoy Tobías trabaja en un Centro de Formación Profesional en Quilmes, junto a la parroquia y a un hogar de día. Ese fue siempre el lugar de reunión con las familias, en donde se fue comunicando los avances de la causa y deliberando los pasos a seguir. “Es un proceso que desde que lo empezamos lo empujamos para adelante, cuando mirás para atrás ves que pasaron 20 años, pero para nosotros siempre fue ver qué sigue, qué logramos y para dónde vamos”, agregó.

“Las familias siempre fueron protagonistas de sus propias causas, por eso no nos permitíamos hacer audiencias sin ellas”, comentaba Tobías. La ya mencionada Telvi, junto con Isabel Figueroa, madre de Manuel, que falleció en diciembre del año pasado, fueron las más activas luchadoras por la justicia de sus hijos.

Su estrategia fue siempre acompañar en otras causas para mostrar también la suya de esa forma. “La idea es trascender el propio reclamo y construir algo más transversal y colectivo”, comentó Tobías. Y agregó que “la realidad es que la lucha nunca termina porque siempre hay otras causas y otras vinculaciones, los que han sido víctimas de violencia institucional saben que la vida va a cambiar para siempre”.

En 2015, once años después de los hechos, se realizó el juicio. Allí fueron condenados diez policías por el Tribunal en lo Criminal N° 3 a condenas de entre 3 y 16 años, aunque la mayoría de ellos recibió penas leves o fueron beneficiados con libertad condicional. El entonces comisario Juan Pedro Soria recibió 10 años por los delitos de estrago culposo seguido de muerte y omisión de evitar torturas. “Él no pegó, pero lo que se le atribuye es que en su comisaría y con él presente hubo reiteradas torturas y no hizo nada para evitarlas”, comentó Tobías.

Entre los testimonios más importantes estuvieron los de los sobrevivientes, a quienes el tribunal les creyó porque se limitaron a señalar sólo lo que habían presenciado. Un oficial, el imaginario a cargo de la custodia de los chicos, declaró que fue el único que intentó hacer algo a tiempo pero no tenía las llaves de las celdas en su poder, y que para cuando liberaron a los adolescentes “llovieron algunos palos”, dando a entender que fueron golpeados aún después del incendio.

Hugo D´Elía fue condenado a diez años por apremios ilegales en concurso real con torturas, Juan Carlos Guzmán a nueve años por los mismos hechos, y hubo penas de entre tres y cuatro años para Basilio Vujovic, Elizabeth Grosso, Franco Góngora, Daniel Altamirano, Jorge Gómez y Gustavo Ávila.

El exoficial inspector Carlos Pedreira Catalonga fue quien recibió la pena más alta, de 16 años. En 2022 fue trasladado a la Unidad Penitenciaria N°9 de La Plata, y es el único ex agente que cumple su condena en cárcel común. En diciembre del mismo año también fue condenada a cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación la exagente Elida Marina Guaquingchay Bogado, quien se constató que estuvo en el lugar de los hechos pero que, según ella, no participó porque se encontraba embarazada y con contracciones.

Pocos meses después de la masacre, el por entonces Ministro de Seguridad León Arslanian prohibió por resolución el alojamiento de menores de edad en dependencias policiales. En 2004, al momento de los hechos, había más de 300 chicos menores de edad detenidos en comisarías. En la actualidad, el cumplimiento de esta resolución sigue siendo un motivo de reclamo.

Creerle a los pobres

Según Tobías, los procesos judiciales en casos de violencia policial son siempre complejos y requieren de una labor más dedicada que lo normal: “Los pibes cuando son acusados ni se dan cuenta y tienen el juicio y la condena encima, cuando uno se mete con las fuerzas de seguridad se da cuenta que hay un verdadero trabajo dispuesto a sacar inocentes o minimizar las penas de los efectivos”. Además comentó que “el fiscal sabe que su primer aliado es la policía porque trabajan codo a codo en las detenciones y allanamientos, pero cuando un tribunal le cree a los pibes pobres, se muestra que no son impunes”.

Finalmente reflexionó sobre todos los años de lucha que siguieron a la masacre, y que a pesar de que se hizo justicia “no hay nada que pueda restituir la vida de los pibes, y las mamás sabían eso”, cuando ellas se enteraron de las condenas, “no hubo en sus rostros una sonrisa, sino una triste calma”.

Los sobrevivientes de la masacre hoy siguen intentando retomar sus vidas, sabiendo que hay un deber de verdad para con Diego, Elías, Manuel y Miguel, y que se animaron a declarar por ellos, para que pudiesen descansar en paz y con dignidad, que siempre fue lo único que sus familiares querían conseguir.