Absuelven a cuatro manifestantes del Chubutazo

Absuelven a cuatro manifestantes del Chubutazo

Un tribunal popular declaró «no culpables» a los acusados de incendiar el diario El Chubut en la manifestación de diciembre de 2021 contra la rezonificación minera.

El pasado 19 de septiembre un jurado popular absolvió a cuatro manifestantes implicados por las protestas de diciembre del 2021, una histórica jornada para la provincia de Chubut en la que una pueblada sin precedentes consiguió derogar el Proyecto de Zonificación Minera.

Marcos Antonio Wilipán, Víctor Emanuel Cotut, Jonathan Andrés Luna Almada y Walter Eduardo Medina fueron declarados “no culpables” en la causa llevada a juicio por la Fiscalía de Trelew, acusados de estrago doloso, por daños e incendio  al edificio del diario El Chubut, ocurridos el 20 de diciembre de 2021.

Este hecho implica una nueva derrota para quienes se han dedicado a perseguir sistemáticamente a grupos ambientalistas en la provincia, criminalizando los actos de protesta: el Poder Judicial resolvió a favor de los manifestantes, librándolos de culpa.

En la provincia de Chubut han habido numerosos casos de protesta ciudadana en contra de la explotación minera que hace muchos años amenaza con azotar el ecosistema. De estos casos, en la provincia hay muchos antecedentes, y uno de los más importantes sucedió en 2021, el popularmente conocido “Chubutazo”.

 Ha habido victorias y derrotas para ambos sectores. Desde la aprobación de la Ley 5001 en el 2003, que prohibió la actividad minera metalífera a cielo abierto y con uso de cianuro, gran hito para la lucha ambientalista, hasta la adhesión del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), impulsado por el gobierno de Javier Milei y votado por mayoría en la Legislatura de Chubut, el pasado mes de agosto.

El 15 de diciembre de ese año, la Legislatura chubutense aprobó el “Proyecto de Desarrollo Industrial Minero Metalífero Sustentable de la Provincia de Chubut”, un proyecto de zonificación minera que dejaba el medioambiente local a merced de la megaminería.

Esto provocó una enorme respuesta popular que implicó seis días seguidos de manifestaciones en Rawson y Trelew, enmarcadas en tiempos de represión policial y persecución judicial de quienes salieron a las calles en defensa del agua. Durante esa jornada hubo 56 detenidos.

En el segundo artículo de la Ley 5001 había un permiso de zonificación para ejercer la explotación en una parte delimitada de la provincia. Dicho artículo tenía como fecha de caducidad 120 días después de aprobada esa ley, en 2003. A pesar de ello, el proyecto de zonificación fue presentado por el entonces gobernador Mariano Arcioni, tomando ese artículo sin vigencia, y haciendo una delimitación en el departamento de Telsen y la localidad de Gan Gan para poder realizar actividades de explotación minera.

En diálogo con ANCCOM, Noelia Silva, activista ambientalista y comunicadora social, dijo que “ese proyecto lo aprobaron en una sesión especial con el pueblo en la calle, los que estábamos ahí nos dispusimos a bloquear las salidas de la Legislatura, pidiendo a los diputados que reviertan esa aprobación, y automáticamente apareció la Infantería y empezó a disparar sin mediar palabra”. Aquella noche del 15 de diciembre la represión continuó hasta las cuatro de la mañana, “eso sucedió durante seis días ininterrumpidos, en Rawson y Trelew”, agregó Silva.

Finalmente, se derogó el Proyecto de Zonificación Minera, gracias a la Ley 5.001 y a las rebeliones populares que, luego de casi una semana de represiones y protestas, consiguieron una de las victorias más importantes en la lucha contra la explotación minera.

La disputa de los grupos ambientalistas en contra de la megaminería ha sido un conflicto constante y sin final, que ha consignado los últimos 20 años en la provincia. En esta pugna también se han visto recurrentemente involucrados los diputados y gobernadores oficialistas, que en muchas oportunidades se han articulado con el Poder Judicial para criminalizar estas manifestaciones.

Son muchos los casos ya en los que las protestas se han visto obstaculizadas por denuncias y causas armadas, la mayoría de ellas que no llegaban a ningún lado. A esto, además, se le ha sumado la operación de los principales medios de comunicación de la provincia que se han encargado de inculpar a los ambientalistas. Este conflicto en la provincia, aún hoy, sigue estando vigente, y lejos está de concluir.

Todavía quedan ocho ciudadanos con juicio pendiente por las protestas del 2021, uno de ellos por el supuesto incendio de la Fiscalía y Casa de Gobierno, y los otros siete inculpados por daño y hurto, que consiguieron seis de ellos la suspensión del juicio a prueba.

Incendio a las oficinas del diario El Chubut

El 20 de diciembre de 2021, en el marco de esta jornada de protestas, un grupo numeroso de manifestantes que habían participado de un corte de ruta, marcharon alrededor de las 18 horas hacia la ciudad de Trelew. Allí se acercaron a inmediaciones del edificio del diario El Chubut como forma de protesta de la relación cómplice que entienden los manifestantes tiene esa redacción con el Poder Ejecutivo. “Siempre hay un reclamo fuerte, pero ese día se desbandó”, comentó Silva.

En ese momento, se dan los hechos por los que son llevados a la justicia los cuatro imputados recientemente absueltos, acusados de daños al edificio por lanzar piedras y de incendios provocados por el uso de bombas molotov, hecho que no se pudo probar. Incluso uno de los acusados, Walter Medina, declaró que ni siquiera había estado en el lugar de los hechos porque estaba en reposo por una fractura.

Igualmente, Medina había tenido una orden de captura, y fue detenido junto a otras personas, y apresado preventivamente durante una semana hasta que fue liberado por el reclamo popular. “Estaban sufriendo una preventiva de 60 días sin ningún tipo de prueba en contra”, explicó Silva.

 

Mientras eran juzgados, todos ellos declararon no haber participado en los hechos de los que se les acusaba. Y fueron claves los testimonios de algunos testigos para poder evidenciar su no culpabilidad. Un reportero gráfico jubilado, que en ese momento trabajaba en el municipio local, señaló haber visto a quienes habrían iniciado el ataque, un grupo de personas encapuchadas y vestidas de negro que rápidamente habrían huído del lugar.

Debido a que muchos jueces tuvieron que correrse para tomar la presidencia del tribunal por la exposición mediática que esto implicaba, se decidió que ese proceso iba a ser llevado a cabo por un jurado popular. La jueza María Laura Martini, por ejemplo, luego de elevar el juicio a prueba por la quema de Casa de Gobierno recibió un fuerte amedrentamiento por muchos de los medios más importantes de Chubut, e incluso una diputada presentó un proyecto para rever el pedido de traslado a Rawson, por motivos laborales, que Martini había solicitado un mes antes de esa resolución y que, finalmente, fue rechazado por el Consejo de la Magistratura.

“Nosotros realmente no sabemos cómo pueden salir las cosas con el sistema judicial, porque está mediáticamente expuesto que hay un apriete y un control del Ejecutivo sobre el mismo”, comentó Silva, y explicó también la incertidumbre que tenían los acusados por ser juzgados por un jurado popular: “En la provincia se estigmatiza mucho a la protesta social, y a nosotros realmente nos daba miedo que los vecinos tuvieran que resolver”, apuntó. No obstante, el último día de juicio, el jurado determinó de forma unánime la inocencia de los imputados.

 

 

 

40 años diciendo Nunca Más

40 años diciendo Nunca Más

El 20 de septiembre de 1984, el entonces presidente Raúl Alfonsín recibía el informe final de la CONADEP, un documento clave para establecer las miles de violaciones a los derechos humanos que cometió la dictadura. El recuerdo de quienes lo elaboraron.

El Nunca Más en alto en la última marcha por la defensa de la educación gratuita el 23 de abril. 

“Tenían dos hijos, uno muerto y uno desaparecido”, relató María Eugenia Lanfranco, voluntaria en la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), socióloga y actriz, en relación a un caso terrible que le tocó registrar en el que un padre había perdido a sus dos hijos, uno de ellos por leucemia y otro en manos de la dictadura. ‘Señorita no sabe cuánto más pesa el cuerpo del desaparecido que el que yo enterré –recordó Lanfranco las palabras del padre en aquel momento–. Yo llevé el cajón de mi hijo que murió con leucemia, pero no sabe cuánto más pesado es no haber podido llevar el otro”.

El 10 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín asumió como el nuevo presidente electo de la Argentina, iniciando así el periodo democrático más largo del país hasta el momento y dando fin a la dictadura cívico-militar más salvaje que vivió el país. Cinco días más tarde el Ejecutivo creó la CONADEP, una comisión descentralizada que tenía como fin investigar las violaciones a los derechos humanos y la desaparición forzada de personas que se dieron en el territorio argentino desde 1976 hasta 1983. Fue presidida por el escritor Ernesto Sábato y estuvo integrada por doce personalidades reconocidas en todo el país y que provenían de diversas áreas, entre ellas: el médico René Favaloro; los exrectores de la Universidad de Buenos Aires Ricardo Colombres e Hilario Fernández Long; el rabino Marshall T. Meyer; y la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú, entre otros. Además, contó con seis secretarios: Daniel Salvador; Graciela Fernández Meijide; Raúl Peneón; Alberto Mansur; Leopoldo Silgueira; y Agunstín Altamiranda. Por otro lado, se valió de casi 100 trabajadores que se abocaron en la tarea de la recepción y luego recopilación de denuncias y testimonios.

«Las denuncias se tomaban mayoritariamente a mano porque teníamos muy pocas máquinas de escribir. El disco rígido eran nuestras propias cabezas”, describe María Eugenia Lanfranco

Este viernes 20 de septiembre se cumplen 40 años de la entrega del informe de la Comisión a Raúl Alfonsín en Casa Rosada, un documento de más de 50 mil páginas que condensa el arduo trabajo de la CONADEP y que, dos meses más tarde, se sintetizaría en uno de los libros más importantes de la historia argentina: Nunca Más. “El Nunca Más era una expresión de deseo, de que todo lo que se estaba haciendo sirviera y pudiera dar sustento para lograr que la sociedad se convierta en defensora de la democracia”, sentenció al respecto Daniel Salvador, abogado, radical y uno de los seis secretarios elegidos personalmente por el presidente para participar de la Comisión.

“Nuestra tarea era poder desentrañar qué es lo que había pasado en Argentina durante la dictadura cívico-militar: qué pasó con los desaparecidos; qué pasó con los niños que habían desaparecido de sus familias; todos esos hechos de violencia”, describió el abogado. En la misma línea, agregó: «También era muy importante que se vaya conociendo por la sociedad para que esto no quedara encapsulado y elevar todo a la justicia a medida que se iba conociendo y constatando”.

En este sentido, Salvador conceptualizó los logros de la CONADEP en tres ejes diferentes. El primero fue desentrañar que los crímenes de la dictadura no constituyeron hechos aislados, sino un plan siniestro, premeditado para sembrar el terror: “Secuestro de personas, interrogatorios, torturas, desaparición, robos de bebés, cambios de identidad”, enumeró el abogado y completó: “Nosotros pudimos comprobar en nueve meses que ocurrió eso”. El segundo, continuó el exsecretario, fue lograr un seguimiento detallado en la investigación en una sociedad que primero tuvo que perder el temor para hacerse parte de este proceso: “Veníamos de años de miedo en Argentina y animarse a saber lo que había ocurrido y acompañar toda la investigación terminó siendo una gran gesta del pueblo argentino”, situó Salvador. Por último, el tercer logro que alcanzó la Comisión fue elevar las pruebas a la justicia que, con la consagración del informe, constituyó la base para la ejecución del juicio a las Juntas en el año 1985.

«Dormíamos en el Centro Cultural San Martín, nos levantábamos e íbamos a laburar como perros, todas las noches teníamos pesadillas», recuerda Lanfranco.

La Comisión fue pensada como un proyecto que duraría seis meses, pero, a pedido de sus integrantes, se extendió a nueve. La primera instancia se basó en recibir y recopilar testimonios de sobrevivientes liberados, de familiares de desaparecidos y hasta de vecinos de los centros clandestinos de detención. “Los primeros días fueron difíciles porque había mucho temor. Argentina seguía rodeada de países que tenían gobiernos dictatoriales; además veníamos con antecedentes de golpes de estado que no habían tenido consecuencias”, expresó Salvador y detalló: “También porque aquellos que habían dado el golpe militar, que eran a los que nosotros estábamos investigando y juzgando, se mantenían en plena vigencia, al frente de sus cuarteles y en distintos estamentos del poder en Argentina”.

 

El trabajo en primera persona

“Nuestra labor era muy artesanal. Las denuncias se tomaban mayoritariamente a mano porque teníamos muy pocas máquinas de escribir. El disco rígido eran nuestras propias cabezas”, Lanfranco, una de los casi 100 trabajadores de la CONADEP que se encargó de la toma de testimonios. Siempre que se le pregunta cómo llegó a la Comisión, Lanfranco responde que llegó en el tren Sarmiento. Desde Ituzaingó y con tan solo 20 años, se presentó en las oficinas de la Comisión con la decisión de querer colaborar. Así, empezó a trabajar ad honorem y luego de un mes le ofrecieron un contrato. “Fue un impulso de época. Yo fui una paracaidista, sabía que ahí tenía que estar y no me arrepiento”, expresó la voluntaria.

Lanfranco divide a los trabajadores de la Comisión en dos grupos. Por un lado, los que ella llama “notables”, es decir aquel grupo de personas elegidas por el Presidente. Por el otro, «estábamos nosotros, los ‘no notables’, que éramos casi 100. Cada uno tenía un origen diferente. Había gente que venía del exilio, personas que habían estado detenidas y desaparecidas, compañeros que venían de organismos de derechos humanos que ya tenían alguna experiencia –amplió la socióloga­. Dormíamos en el Centro Cultural San Martín, nos levantábamos e íbamos a laburar como perros, seguíamos todas las noches teniendo pesadillas, no nos podíamos separar entre nosotros”.

Fotografía de Enrique Shore en la muestra «Evidencias».

Tanto ella como Salvador destacaron la labor y la presencia indispensable de los trabajadores provenientes de organizaciones de derechos humanos. Ellos contaban con la experiencia y la preparación para la toma de denuncias que necesitaba la CONADEP. “En la primera etapa, los testimonios los tomaban empleados de la administración pública que enviaban los ministerios y era una carga gigantesca. Con la llegada de Graciela Fernández Meijide tuvimos la posibilidad de acceder a los legajos de los organismos y de que vengan los empleados. Ahí empezó a tomar otro volumen y la gente empezó a tomar confianza”, destacó el abogado.

Los testimonios empezaron a ser cientos, miles. Salvador explicó que, en un primer momento, se intentó llevar adelante una investigación caso por caso, pero que, después de notar que había características similares en los relatos, lo más conveniente fue agrupar los casos según estas similitudes. “Si tomábamos una denuncia en la cual una persona relataba que se escuchaba pasar trenes, que había una gotera sistemática de un caño y que había ladridos de perros, y había otro testimonio que hablaba de un tren, de ladridos de perros y de una gotera, probablemente eran dos personas habían estado en el mismo centro clandestino y eso aumentaba la información”, añadió Lanfranco al respecto. Esas declaraciones ayudaron, entre otras cosas, a la reconstrucción espacial de los centros clandestinos de detención.

“El informe fue un paso inicial súper importante que sentó las bases del Juicio a las Juntas. No fue el fin, fue el comienzo”, puntualizó Enrique Shore, fotógrafo oficial de la CONADEP, cuya labor de registro visual continúa teniendo repercusión hasta la fecha. “Nunca tuve dudas de hacer ese trabajo, pero desde luego ni de casualidad tenía conciencia de la importancia que tenía y la repercusión que iba a tener a través del tiempo, es increíble”, reflexionó Shore.

El fotógrafo relató el proceso de visitas a los centros clandestinos de detención, que se realizaban también con abogados, arquitectos, testigos y sobrevivientes, precisamente para constatar que los testimonios coincidieran con la realidad espacial. “¿¡Cómo alguien va a saber describir exactamente las características de una habitación, donde está la ventana, qué escalera hay!?”, se preguntó Shore y agregó: “Justamente constituía una prueba documental porque es imposible que conozcas en detalle un lugar donde teóricamente nunca podrías haber estado”.

“Hubo muchas imágenes que inicialmente no les di mayor significado y resulta que fueron muy importantes y que siguen teniendo vigencia”, continuó el fotógrafo, quien narró varios episodios que lo han atravesado personalmente y que hasta hoy lo hacen emocionar. Uno de ellos se trataba de una fotografía en la que se veía a un señor que estaba señalando una mancha en el piso dentro de una habitación en uno de los centros de las afueras de Buenos Aires. En ese momento, la foto no significaba nada especial: “Este año, muchas décadas después, una de las señoras que trabaja en ese centro de memoria, me contó que gracias a esa foto se había identificado a una persona desaparecida porque habían visto que lo que estaba señalando el señor era una mancha de sangre. Mandaron a hacer un análisis de ADN y lograron identificar exactamente a la persona que habían matado ahí. Eso fue muy sorprendente para mí”, expuso Shore.

“Aunque habían pintado por encima todavía se distinguía esa inscripción, a través de los años”, relató el fotógrafo, en referencia a otro episodio de reconocimiento que sucedió en el conocido Pozo de Quilmes: un hombre sobreviviente encontró en la pared del centro de detención una inscripción que reconoció como propia, escrita hace añares en el momento de su secuestro: “Dios mío, ayúdame” se leía en aquella pared. Retrato que para Shore constituye una de las fotos más tremendas que ha hecho a lo largo de su vida.

El informe en el interior del país

“Señorita, ¿usted me los va a encontrar?”, le preguntaron a Lanfranco en uno de los momentos más duros de uno de sus viajes a Tucumán con el equipo de investigación de la Comisión. La voluntaria contó la historia de quince jóvenes desaparecidos de un mismo ingenio a las afueras de San Miguel: “Los trabajadores habían pedido reducción de la carga horaria de 14 a 12 horas por día. Los desaparecieron”, relató Lanfranco. Y parafraseó el pedido de aquel padre por su hijo: “Vine porque la patrona no para de llorar desde el día que se llevaron a los changos”. También, analizó que este caso se trató de uno de tantos ejemplos de la complicidad empresarial con el poder militar, que se movían entrelazados.

La socióloga hizo hincapié en la disparidad existente entre Buenos Aires y el interior del país en torno a la consciencia de lo que había ocurrido durante la dictadura y, especialmente, en torno a la conceptualización de la figura del desaparecido: “Ahí el mundo era otro. No existía una interpretación política de lo qué había pasado”, apuntó Lanfranco. Más allá de la despolitización que existía, según la voluntaria, había un gran nivel de analfabetismo social, que repercutió de forma negativa en la falta de información para reunir la documentación necesaria para denunciar las desapariciones o demandar el habeas corpus. “La mayoría de las personas que se acercaban era la primera vez que hacían la denuncia por la desaparición de un familiar”, señaló. Asimismo, analizó que muchas familias se pudieron animar a denunciar por la existencia de un organismo público que se encargó del registro de las desapariciones, como lo fue la CONADEP.

Si hay algo que une a los integrantes y trabajadores de la Comisión, es que todos destacan es la excepcionalidad de este proyecto. “La CONADEP fue la comisión de la verdad, única en el mundo. Inauguró algo importantísimo porque superó todas las estructuras políticas. El logro es, definitivamente, de todos los argentinos”, expresó Salvador. Por otro lado, Shore afirmó: “Es fundamental para un pueblo conocer el pasado e ir sacando a la luz todas las cosas que estuvieron tapadas por tantos años. La única manera de que todo esto se supere en el futuro es con Memoria, Verdad y Justicia”. Concluyó Lanfranco: “Hay un común denominador de todos los trabajadores de la CONADEP porque todos decimos lo mismo: ‘Fue el trabajo más importante que hice en mi vida’. Todos decimos lo mismo porque nos marcó a fuego”.

Fotos y relatos

El viernes 20 de septiembre, en el 40° aniversario de la entrega del informe que constituiría el Nunca Más, habrá diversas actividades para conmemorar la labor de estos trabajadores en la búsqueda de Verdad y Justicia para el pueblo argentino. A las 12, se inaugurará la muestra Evidencias. Fotografías, de Enrique Shore, en la Legislatura porteña. Esa misma tarde, a las 16, se realizará en el Espacio de Memoria y Derechos Humanos ex ESMA la charla Memorias de los trabajos de la CONADEP en la que participarán María Eugenia Lanfranco, Enrique Shore, Eduardo Schiel y Laura Reboratti. Ambas jornadas serán libres y gratuitas.

No es cualquier verdura

No es cualquier verdura

Vecinos de San Cristóbal y Parque Patricios se manifestaron para evitar el desalojo de la huerta barrial que funciona dentro del Parque Vuelta de Obligado, alimenta a comedores populares y recibe a escuelas de la zona para educar en el cuidado ambiental.

Vecinos autoconvocados se manifestaron en el semáforo de la Avenida Juan de Garay y Pichincha, con carteles que informaban el aviso de desalojo de la “Huerta Garay”, el martes 17 de septiembre a las 16, con un abrazo para resistir a la amenaza. Quienes llevan adelante la huerta fueron notificados del inminente desalojo tras la demolición de la canchita de fútbol vecina. El Gobierno de la Ciudad les dio dos días para desarmar el lugar, luego de negociaciones lograron que fueran cinco.

A unos cincuenta metros, Nélida Santamaría, gestora de la huerta situada en Garay 2206, se planta firme en la entrada. Por ese dintel ha cruzado durante treinta años: primero para aprender a sembrar la tierra, luego para enseñar a otros a cultivarla y cosechar sus frutos.

Nelly, con cara de anfitriona de un evento al que nunca hubiera querido asistir, ve pasar a la gente. Saluda. Quiere estar atenta a lo que sucede en todas partes. Afuera, entre los bocinazos, los vecinos juntan firmas para impedir el desalojo de la huerta. Adentro, un funcionario del Gobierno de la Ciudad pasea entre las plantas que ella cuida.

Nelly está dispuesta a conversar. Toma del brazo a la cronista como a un familiar. Enreda su codo como lo hacen las señoras grandes con sus amistades. Frente a las preguntas, titubea, aprieta el brazo más fuerte y pide ir más lento. Se encuentra un poco nerviosa, dice que está ahí, mostrando la huerta, pero su mente piensa en lo que está pasando allá.

Tras unos minutos de calma, Nelly empieza a esbozar unas palabras: que ellos a todo esto lo hicieron siempre de corazón. Que nunca recibieron subvención del Estado. Que jamás tuvieron problemas con un gobierno. Que ahora tienen que andar presentando papeles y papeles cuando ellos no joden a nadie.

Relata los orígenes de la huerta y se remonta a treinta años. Surgió sobre un terreno que antes ocupaba la Policía Federal. Cuando se fueron, dejaron montículos de basura. Con la ayuda de los vecinos, se limpió y transformó el terreno, donde poco a poco brotó una huerta humilde, sostenida por tarimas. En esos tiempos eran muchas manos para colaborar y organizarse. Con ventas de chorizos lograron recaudar fondos para alambrar el predio, «para que los choclos no quedaran desparramados por cualquier lado», ríe Nelly.

Los frutos de la huerta tienen destinos tales como comedores comunitarios, y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Además, aportan a la educación ambiental de vecinos y reciben la visita educativa de decenas de colegios. Niños de diferentes edades disfrutan un tipo de experiencia verde, de esas que escasean en la ciudad.

“Los chicos se van chochísimos”, dice Nelly. “Caminan entre las hileras de plantas, huelen las hojitas de romero, tomillo, menta. Después se sientan a tomar la merienda, en una mesa larga que tenemos. Yo les pongo bandejas con tierra, plantitas y vasos que funcionan como macetas. Entonces ellos arman todo y se llevan a sus casas una pequeña maceta, sembrada con sus propias manos».

 

Casi todos los colegios de la zona visitaron la huerta. Hizo falta organizar fechas y horarios para que no se acumularan muchos turnos. Han llegado a asistir grupos de setenta niños, según cuenta Héctor, otro de los vecinos que colaboran en la huerta. Pertenece al grupo de los viernes. Entre las tareas está el riego, combatir a las hormigas “te descuidás un poco y te quedaste sin verduras”, dice. Destaca el liderazgo de Nelly, su entrega absoluta por el proyecto. «Hay que saber conducir lugares así», afirma.

Él es uno de los que conversó con el funcionario del Gobierno de la Ciudad. Ante la pregunta sobre ese encuentro, responde que están en plena negociación y en plan de resistencia. Que la idea de un espacio así debería ser ampliada, para que le llegue a más personas, no destruida. «Un lugar verde, en el medio de la ciudad, que no jode a nadie y que los chicos y los vecinos disfrutan. Casi no existen cosas así», concluye.

“No me sentía detenido, me sentía secuestrado”

“No me sentía detenido, me sentía secuestrado”

Roberto de la Cruz Gómez, el último de los 33 apresados por manifestar contra la Ley Bases que fue liberado, habla de sus condiciones de detención, de las motivaciones para marchar y sobre las razones de la represión.

Tras ser detenido arbitrariamente mientras protestaba contra la Ley Bases, Roberto de la Cruz Gómez estuvo preso 85 días en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza. De las 33 personas apresadas ese día, fue él quien permaneció más tiempo privado de su libertad. Fue excarcelado jueves 5 de septiembre. En diálogo con ANCCOM  cuenta que fue víctima de violencia policial, y que se sintió secuestrado. También detalló las torturas que sufrió.

El 12 de junio en el Congreso de la Nación  los senadores debatieron y votaron la denominada Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Afuera, una multitud que se manifiestaba exigiendo el rechazo de la ley,  sufrió la feroz represión de las fuerzas de seguridad.

Alrededor de las siete de la tarde, De la Cruz Gómez se encontraba en las inmediaciones del Congreso cuando la policía comenzó a tirar gases lacrimógenos y balas de goma. De esta manera, los manifestantes comenzaron a retroceder hasta llegar a la Avenida 9 de Julio. Allí estaba la Policía Federal, que armó un cordón para impedirles la salida.  Acorralado, De la Cruz Gómez intentó volver hacia el lado del Congreso, pero le negaron el paso y lo detuvieron. Como a él, la policía detuvo arbitrariamente a 33 personas que fueron a marchar ese día. Horas después, serían llamados terroristas por el presidente y la ministra de Seguridad, quienes aseguraron que intentaban perpetrar un golpe de Estado. 

«Fui a protestar contra la Ley Bases porque soy trabajador. Como tantas otras personas tuve que cortar gastos, en mi caso el boleto de transporte. Fui porque me parecía que iba a ser como una muerte en cámara lenta esto”, cuenta. De la Cruz Gómez es panadero y por el aumento en los transportes debió mudarse a una pieza en su lugar de trabajo. Ese 12 de junio era su día de franco. 

 

¿Cómo fueron los primeros momentos de detenido? 

Tres de nosotros, los detenidos, fuimos llevados para Ezeiza. Apenas llegamos, el Servicio Penitenciario nos recibieron con guardias encapuchados con pasamontañas, nos dejaron una hora parados y nos empezaron a tirar gas pimienta. Yo tenía el codo lastimado porque me tiraron al piso para agarrarme, me tiraron gas pimienta en el codo también. Nos empezaron a decir «acá llegaron los peronistas, los terroristas, canten esa canción de que la patria no se vende que van a cantar ahí al Congreso».  Quiero dejar en claro que el Servicio Penitenciario a nosotros no nos cuidó en ningún momento, nos tiraron al muere.

 

Luego de ese momento, ¿cómo fueron tus condiciones de vida en el penal? 

Ahí adentro tenía al Servicio encima mío, una persecución. Incluso después de salir, hablando con otros liberados, algunos chicos me contaron cómo el Servicio les pegó antes de que se vayan y los maltrataron. Hice un pronto despacho para contar eso, pero no le dieron el curso al documento público, lo retuvieron y entonces no tuve forma de hablar con la jueza para poder decirle lo que me estaba pasando. El penal es un desastre. O sea, tengo que agradecer que después de pedirlo pude ir a un lugar tranquilo, pero hay mucha negligencia. Tengo problemas con la rodilla,  estuve un mes para que me atienda el médico y un mes más para que me den un diclofenac. Tuve que denunciar al juzgado para que me pasen un colchón y una manta. 

 

¿Qué papel tuvo la justicia en esos 85 días?

Estuve 70 días sin un papel que me diga cuál era mi delito. Iba viendo por la tele que decían que éramos terroristas, pero yo no tenía ni un papel de eso, ni información sobre nada. No me sentía detenido, me sentía secuestrado.  Cuando me fue a ver, la defensora Gabriela Plazas me dijo que la causa tenía 60 hojas y que no me las podía traer porque no tenía presupuesto para imprimirla. Pero no me trajo ni una sola hoja tampoco, ni el papel de la preventiva, ni nada por el estilo. Tuve que escribirle un pronto despacho a la jueza. Tres le mandé. En el último me pregunta qué es lo que yo tanto quiero hablar con ella, a lo que le explico: quiero saber cuál es mi delito, por cuánto tiempo voy a seguir acá, cómo es que los demás se fueron y yo no. Al otro día me mandó a decir que no me pensaba atender y me envió la causa. Deben haber juntado un peso y pico por día para poder imprimirla, porque tardaron 70 días por 60 hojas. 

Una vez que te enviaron la causa, pudiste leer los fundamentos de tu detención. ¿Cuáles eran? 

No fueron honestos a la hora de la detención. Cuando me detuvieron me dijeron que me agarraban por resistencia a la autoridad, y que al otro día salía. Así nos dijeron a todos. Pero después nos pasearon por todo el Código Penal, buscando todas las causas que tenían condenas superiores, eso no es legal. Salir a marchar es constitucional, es un derecho. Yo leí mi causa y decía que ese día hubo dos clases de personas: los que marchaban constitucionalmente y después personas hostiles. Para mí los hostiles ese día fueron los policías de Patricia Bullrich, porque en la plaza tiraron a mansalva. Esas personas son las hostiles, que dejaron a más de 200 heridos y no hay ni un policía preso. Y para completar, todas las declaraciones de las detenciones son de los propios policías. No hay ni un ciudadano civil que haya dicho “sí mirá, yo estaba en mi balcón y vi a este pibe hacer tal cosa”. Todo armado por ellos. 

¿Qué te generó saber que de resistencia a la autoridad, tu causa se convirtió en terrorismo, golpe de Estado, sedición e intimidación pública? 

Son acusaciones gravísimas, son injurias contra mi honor. Yo  tuve problemas con mi familia al principio,  llamé a mi casa y me preguntaban si yo era terrorista de verdad.  Pero lo que me parece más grave es lo de golpe de Estado, en Argentina ya sabemos lo que es el golpe de Estado. Fueron los militares que hicieron desaparecer personas. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Además me extraña, porque justamente Patricia Bullrich que vivió en esa época, sabe lo que es un golpe. Y el presidente habla de terrorsimo después de que fue a Israel.

Después de salir me puse a leer comentarios, había algunos muy graves, uno por ejemplo decía:  “La verdad es que este terrorista tendría que haberse quedado ahí adentro y haber pasado hasta los últimos días de su vida ahí”.  O sea, lo que yo no entiendo es como la gente se cree todos eso, cómo ellos van tapando con eso y por atrás te tiraron el aumento del tren, te subieron el pan, te subieron la luz, y la gente pensando: “¡Hay terroristas!  ¡En qué país estamos viviendo!”  Y no éramos terroristas, éramos un parrillero, un panadero, o sea nada que ver. 

 

¿Cómo repercutió en tu estado de ánimo el paso del tiempo en la cárcel? De pensar que salías al día siguiente a que pase una semana, un mes, otro mes…

Eso fue terrible. Yo veía que iban largando de a poco. Obvio que tuve malos momentos como todos, porque yo creo que en la vida acá afuera la gente tampoco lo está pasando de maravilla.  A mi  lo que más me mató fue cuando  la sueltan a Daniela. Por un lado me pongo contento cuando  la sueltan, porque además yo no podía entender por qué ella que no tenía antecedentes seguía detenida, pero bueno también me entristecí mucho porque dije: ¡uh la quedé yo! Yo estoy muy agradecido con la gente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), con los organismos que tenemos en Buenos Aires,  que se dedican a trabajar por las personas que fueron detenidas ilegalmente y contra la violencia institucional. Ellos y muchas asambleas de gente que sale a luchar por sus derechos que me fueron a visitar, para mi eso fue de mucha contención y de mucha ayuda. 

A mí, la detención no me disciplinó nada, porque yo no cometí ningún delito. Soy un ciudadano argentino que tenía que salir a la calle, como salieron muchos ese día, a tratar de decirle no a una ley que nos perjudica

Roberto de la Cruz Gómez

 

Daniela Calarco Gómez también fue detenida ese 12 de junio, en la movilización contra la Ley Bases. Estuvo privada de su libertad por 78 días, siendo una de los dos manifestantes detenidos arbitrariamente que más tiempo estuvieron encarcelados. La liberación de Calarco Gómez fue una semana antes que la de De la Cruz Gómez, el último en salir. 

 

Cuando liberan a Calarco Gómez y niegan tu excarcelación comenzás una huelga de hambre, ¿cómo tomaste esa decisión?

Daniela, se fue y a mi me niegan la excarcelación al otro día. Me llama la secretaria de la defensa y me dice: “Roberto te tengo malas noticias”. Yo tengo antecedentes penales, entonces supuestamente Servini de Cubría se tomó el tiempo de investigar mis causas anteriores y llegó a la conclusión de que yo podía fugarme del país. Ahí hice un pronto despacho más para la jueza, informando que me ponía en huelga de hambre y los fundamentos. Porque no es que me puse en huelga de hambre porque no tengo ganas de comer. La jueza se desvió de la causa, en vez de investigar me condenó por algo que yo ya pagué, mostrando un desprecio total a la reinserción social. No solamente mía, porque si el manejo es ese da la pauta de que si te agarran, aunque sea como a mi en una detención arbitraria, no te sueltan más. Eso me preocupa, más ahora con la Ley de Reiterancia y el manejo que tiene la policía en todo el país. Por ejemplo, me enteré que en Río Negro agarraron a unas hermanas mapuches que tienen fecha de juicio el 26, 27 y 30 de septiembre. Las fueron a buscar a la casa y se las llevaron, una tenía dos criaturas menores que las dejaron metidas en la casa.  O sea imagínate a lo que estamos llegando. 

 

Después de 85 días detenido, de haber sufrido violencia policial, ¿lograron disciplinarte? 

A mí no me disciplinó nada, porque yo no cometí ningún delito. Soy un ciudadano argentino que tenía que salir a la calle, como salieron muchos ese día, a tratar de decirle no a una ley que nos perjudica. Los argentinos siempre vivimos al límite, pero esto desborda todo. Este gobierno nos está llevando por un camino donde deja presos, deja represión, deja hambre, ha dejado morir personas por no darle los medicamentos, no invierte en el país. Pero ya se van a dar cuenta que en este país toda la vida se peleó, acá se venció el verdadero terrorismo, con las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo que se pararon enfrente a los militares. Acá se han formado luchas, asambleas y la gente sabe y está dispuesta a salir. Quizá sí tenemos un poquito de miedo, pero no nos para.  Si mañana no llego a pagar el boleto, no llego a comprar el pan, ¿para qué me voy a quedar en mi casa? Hay que salir a la calle hermano. Yo estoy esperando que se me cierre la causa, y que nuestro país pueda estar de pie nuevamente, que recuperemos la verdadera libertad que nos están robando. 

 

Veto y palos a los jubilados

Veto y palos a los jubilados

Luego de que la Cámara de Diputados rechazara el aumento jubilatorio, la plaza del Congreso se inundó de gases lacrimógenos y, como en un loop de miércoles, los manifestantes fueron reprimidos. Hubo alrededor de 50 heridos y al menos dos detenidos.

La Plaza del Congreso fue una vez más testigo de la represión hacia los jubilados por parte de tres fuerzas federales durante la tarde del miércoles, luego de que en una sesión especial la Cámara de Diputados ratifique el veto a la Ley de Movilidad Jubilatoria. “El jubilado no se toca”, exclamaban a coro los miles de manifestantes frente al personal policial.

Mientras que por un lado se encontraba la policía motorizada junto a un camión hidrante, por el otro estaban los jubilados, incluso algunos sostenían un cartel en una mano y el bastón en la otra. “Genocidio silenciosos” y “Veto es hambre” eran algunas de las frases que se lograban leer en los carteles.

Agrupaciones de jubilados, Sindicatos (CGT, las dos CTA, UTEP, SIPREBA, entre muchos otros), el Polo Obrero y movimientos sociales, organismos de Derechos Humanos fueron algunos de los que dijeron presente para reclamar una mejora en los haberes de los adultos mayores.

La concentración inició desde el mediodía. Los manifestantes se encontraron con el Congreso vallado, camiones hidrantes, además del personal de Gendarmería y la Policía Federal. Tal parece que, si bien desde el Gobierno nacional afirman que realizar acciones como un aumento a jubilaciones pone en riesgo el equilibrio fiscal, para la ministra de seguridad Patricia Bullrich no parece ser inconveniente organizar mega operativos de seguridad a manos de tres fuerzas federales. El diputado de Unión por la Patria Eduardo Valdez denunció que tan solo diez de las balas de goma utilizadas ayer por la policía cuestan lo mismo una jubilación mínima.

“No nos van a doblegar porque el alma de doña Norma Plá me acompaña en la vida, y en la muerte también compañeros”, expresó un jubilado frente al cordón policial mientras sostenía en alto un cartel con la imagen de la emblemática dirigente de los años noventa, quien fue reconocida por luchar por los derechos de los jubilados contra el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo durante el gobierno de Carlos Menem.

Si bien en la mañana del miércoles ya se sentía la tensión en las afueras del recinto –y dentro también–, la represión se inició luego de que los manifestantes tiren algunas de las vallas que rodeaban la zona en rechazo a la votación de Diputados. Palos, gas lacrimógeno y balas de goma fueron la ofrenda de las fuerzas de seguridad.

“Nosotros no somos la casta”, afirmó Julia, una jubilada que se encontraba en la movilización junto a sus dos amigas. “Un 8 por ciento de aumento nos negaron y ellos ganan siete palos, no se puede creer que sean tan desgraciados y ahora la policía también nos está dando ¿En dónde vivimos?”, exclamó con indignación una de las amigas de Julia, quién tuvo que salir corriendo sobre avenida Callao luego de oír un fuerte estruendo.

La policía motorizada avanzó sobre avenida Callao con impunidad, lanzando gas sobre los rostros de los manifestantes y generando estruendos con balas de goma. “¿Señor quiere limón?”, le ofreció una chica a un hombre que se encontraba con lágrimas y gas en la cara y con los ojos cerrados respondió con una afirmación, mientras extendía sus manos para luego frotar el jugo del cítrico en su rostro, intentando de alguna manera aliviar el ardor del gas.

La jornada, como un loop de miércoles, finalizó con alrededor de 50 personas heridas por gases lacrimógenos y balas de goma, entre ellas varios jubilados, trabajadores de prensa y hasta una niña de 11 años y un niño de 9, según el relevamiento que realizó la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). El reporte de la Policía Federal informó dos detenidos.

La Ley de Reforma Jubilatoria que vetó el presidente Javier Milei consistía en mantener los aumentos por inflación para jubilados, pero además exigía tener en cuenta la evolución de los salarios y agregar una recomposición del 8,1%. Todo eso implicaba, en promedio, un aumento de 13,700 pesos a cada beneficiario, algo así como una docena de empanadas.

“Necesito poder contarles a mis hijos que en este país se hizo justicia”

“Necesito poder contarles a mis hijos que en este país se hizo justicia”

El martes 10 de septiembre se llevó adelante la segunda sesión del juicio Mansión Seré IV y RIBA II, donde prestó testimonio Mariana Eva Perez, víctima y querellante. También amplió su declaración Julio Cesar Leston, imputado en la megacausa.

Mariana Eva Perez en la primera audiencia de Juicio.

“Necesito que la justicia me contemple. Que me incluya a mí en el lugar que corresponde. En esa casa en donde me llevaron no sé si en brazos de mi mamá”, declaró Mariana Eva Perez, víctima y querellante por la desaparición de sus padres Patricia Roisimblit y José Manuel Perez Rojo. “Este es el agujero negro por el que se me va la vida”, agregó con la voz ahogada, en referencia a aquello que no puede reponer de su historia en aquellas horas en que la secuestraron cuando era apenas una bebé. Pidió que se contemple su secuestro, no solo la desaparición de sus padres y la apropiación de su hermano, alegando que ella también fue víctima de aquel crimen: “Yo no era la estufa. Soy una persona. Yo estaba ahí. A mí me llevaron”.

Alrededor de las 9 de la mañana varias personas comenzaron a aglomerarse en la puerta del Tribunal Oral Federal N°5 de la localidad de San Martín. En esta segunda instancia se dio inicio a la audiencia por el juicio de la causa Mansión Seré IV y RIBA II en la que prestó testimonio Mariana Eva Perez. En su testimonio a lo largo de la jornada, la testigo focalizó en cómo se llevó a cabo el procedimiento del secuestro de su padre y su madre embarazada, por parte de la fuerza aérea, crimen por el que tiene que responder en este juicio Juan Carlos Vázquez Sarmiento.

La testigo intentó reconstruir lo que sabe a partir del relato de sus familiares: los secuestraron por separado, a su madre junto a ella siendo apenas una bebé de su domicilio, mientras que a su padre se lo llevaron junto con Gabriel Pontnau del comercio familiar. A Mariana Eva Perez la devolvieron a su familia. Pero desde aquel momento no se supo más de sus padres, más allá de algunas llamadas que recibieron los familiares: en una única oportunidad Rosa Tarlovsky de Roisinblit, abuela de Mariana, logró comunicarse con su hija Patricia. Nunca más tuvieron noticias, hasta que Julio Cesar Leston, imputado en este juicio, admitió saber que a la mamá de Mariana la tiraron al mar. De su hermano, Guillermo Perez Roisinblit, no supo nada por más de veinte años hasta que, por una denuncia registrada en Abuelas de Plaza de Mayo, logró dar con su paradero.

Juan Carlos Vazquez Sarmiento. Foto: 27/8/2024  

Ambas esquinas del juzgado estaban cortadas por una patrulla y decenas de policías desperdigados por la cuadra. Muy de a poquito, de a una, de a dos, de a tres, el lugar se fue llenando de personas pidiendo justicia: las familias, las querellas, las organizaciones, los medios comunitarios de comunicación, comenzaron a superarlos enormemente en número: la frase “somos más pueblo que milicos” resuena en el aire. 

“Moreno por la memoria”, “Asociación Seré por la memoria y la vida”, son las inscripciones que cuelgan de las banderas que penden entre dos árboles, rodeados por canteras que profesan la palabra Justicia construida entre pedacitos de cerámica celeste y pañuelos blancos pintados. Así el día haya estado gris, la garúa que cayó no les movió un pelo a quienes estaban esperando para entrar.

Las personas hablan de las novedades de la causa, de cómo llegaron, cómo viajaron, si es necesaria la acreditación, si acaso podrán entrar: hubo involucrados que se encontraron con que no podían asistir a la sesión por ser testigos futuros, sin estar aún notificados al respecto. El clima es de espera paciente hasta que hacen pasar a todos y  ya se palpita el inicio.

Una vez adentro, la sala se llenó de prisa. Del lado derecho los acusados y sus defensas. Del lado izquierdo, las querellas y el público. Julio Cesar Leston, excabo primero de la Regional de Inteligencia Buenos Aires (RIBA), tiene que responder por los crímenes de privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos en el circuito de inteligencia de zona oeste de Buenos Aires. Se mantiene serio e indemne, totalmente inexpresivo, casi desentendido de la realidad, mirando ajeno hacia adelante. Atrás de él se encuentra otro acusado, José Juan Zyska, quien se negó a declarar. Lo mismo decidieron hacer Rafael Lynch, Juan Carlos Herrera y Juan Carlos Vázquez Sarmiento, quienes se encontraban presentes a través de la plataforma zoom.

Tras varios inconvenientes técnicos se inició la audiencia. El abogado de Mariana Eva Perez, Pablo Llonto, realizó una petición para que ella pueda estar presente en la sesión, situación que le estaba siendo negada por ser testigo en la causa y tener que declarar en la jornada. Llonto se amparó en la Ley de víctimas que avala el derecho a la participación de los testigos damnificados en la causa. La moción es secundada por todas las querellas y defensas exceptuando al doctor Gonzalo Miño -abogado defensor de militares, policías y agentes del Estado acusados de ser autores en casos de lesa humanidad- que, en defensa del debido proceso, se posicionó en contra. La jueza María Claudia Morgese Martin definió conceder el pedido de Llonto y Mariana Eva Perez ingresó a la sala. 

Los imputados fueron los primeros en declarar. Zyska, Herrera y Lynch no vacilaron en su respuesta, no tenían intención de ampliar su testimonio, oportunidad que pueden utilizar en cualquier instancia del juicio. Vázquez Sarmiento, entre divagues y titubeos también se negó, alegando estar muy enfermo para siquiera recordar su fecha de nacimiento, mucho menos tener conocimiento de haber cometido algún tipo de crimen por los cuales se lo está enjuiciando. Como bien recordó Mariana Eva Perez en su testimonio un rato más tarde a todos los presentes, Vázquez Sarmiento fue parte de la tan repudiada visita de los diputados libertarios a los genocidas que tuvo lugar el pasado 11 de julio: “Lo reconocí. Cuando nadie más lo había reconocido, yo lo reconocí”, destacó en referencia a la foto que se divulgó de la visita.

José Juan Zyska y Julio Cesar Leston. Foto: 27/8/2024  

Leston sí declaró. Entre un cinismo desentendido y una jocosidad ensayada confirmó que estaba dispuesto incluso a contestar preguntas: “Resulta que ahora me encuentro con que me llueven denuncias”. Relató que como excabo primero de la RIBA su principal tarea era realizar informes religiosos y que para ello su fuente principal eran los diarios de papel. Niega haber torturado a alguien: “No sería capaz de disparar ni a un gato”, expresó. De la misma manera niega haber participado en conflictos o enfrentamientos armados a lo largo de su carrera. Para contrastar su afirmación, la fiscalía presentó un informe escrito por Leston hacia sus superiores en el año 1990, en el que realizaba una declaración de sus tareas y de su compromiso como militar, para conseguir un beneficio previsional. En aquel informe admite no sólo haber participado en enfrentamientos, sino que detalla que eran parte de su desempeño casi diario y que estaba inmiscuido en la lucha contra las organizaciones “clandestinas”. Ante la pregunta sobre esta nota por parte de la fiscalía, él respondió que era una exageración y amplió: “Esperaba que me sirviera para que me den una manito”. Minutos después vuelven a preguntarle por su tarea en la RIBA y el “factor religioso” que él registraba. Leston repite que su fuente eran los periódicos y los medios. Ante el interrogante acerca de la utilización de informantes, el imputado alegó que para ello requeriría dinero y eso es algo que no tenía a la hora de realizar su tarea. La incredulidad del público solo aumentaba tras pasar el tiempo y llegó a un pico máximo cuando declaró que “solo quise ser un oficinista” en relación a las tareas que desempeñaba. Definitivamente la elección de frases de Leston causaron una indignación inusitada a lo largo de la jornada, como ocurrió momentos después cuando dijo que “el espacio no daba” para tener detenidos, mujeres embarazadas y bebés en la RIBA. En todo caso sostenía que, de realizarse, constituiría un evento “reservado”.

Mariana Eva Pérez

“Querían que yo tenga un hermano”, expresó Mariana Eva Perez, cuando finalmente llegó su turno para hablar como testigo. Relató la historia de su familia, de su madre Patricia Roisinblit y de su padre José Manuel Perez Rojo. Mencionó su vocación de militancia, su compromiso, su lucha colectiva. La testigo afirmó que se hallaba emocionada por todo este proceso de memoria y que encontraba un paralelismo entre la construcción y acompañamiento colectivo de los juicios y las convicciones de sus padres.

En torno al tópico del apoyo social a los juicios, Perez afirmó al terminar la sesión y en diálogo con ANCCOM: “Llegar a esta instancia colectivamente es algo muy distinto, diferente al juicio de 2016, que era muy chiquito, por nuestro caso solo. Entonces, no había más público que el que podíamos movilizar nosotros”. Luego enfatizó: “Me hace sentir bien llegar ahora a este juicio siendo una más entre otros”, haciendo referencia a la cantidad de víctimas que registra esta megacausa y que comprende aquellos crímenes perpetrados en un circuito represivo comandado por la Fuerza Aérea en toda la zona oeste. Su testimonio sigue: “En este juicio,  por fin, se le está imputando a Vázquez Sarmiento su desaparición” declaró la testigo y víctima, haciendo referencia al secuestro de su familia. En varios puntos del relato volvió hacia la responsabilidad de la Fuerza Aérea en este crimen. Mariana relató cómo ha podido reconstruir el momento del secuestro de sus padres, su periodo en cautiverio y finalmente, cómo desde su trabajo en Abuelas, logró dar con la identidad de su hermano secuestrado y apropiado, Guillermo Perez Roisinblit, quien pudo recuperar su identidad.

En torno a las tareas que desempeñó aquel circuito represivo, Perez apuntó: “La RIBA se creó para eliminar a la ‘subversión’. Del primero al último estaban empleados en eliminar a la disidencia política de la zona oeste”. La testigo demandó que dentro de aquel circuito represivo existía todo un engranaje que se encargaba de tareas de inteligencia: “Acá tendría que estar toda la RIBA”, puntualizó.

El público escuchó atento y conmovido el relato de la testigo, lleno de detalles, de emoción, que intentó reponer discursivamente toda su historia de vida en una declaración. Un relato desordenado, en el que ella admite perderse, atravesada entre los recuerdos y las emociones encontradas.

Unas oraciones fueron dichas hacia Leston, que se encontraba a unos metros de ella: “Quiero pedirle a Leston que rompa el pacto de silencio, que no le va a afectar en nada, pero que nos va a aportar a nosotros un poco de verdad” -expresó la testigo y agregó- “Es un derecho que nos vienen negando desde aquel momento”.

Las palabras finales de Mariana merecen todo el reconocimiento: “Estoy detenida en este punto. Necesito que esto deje de ser tan personal entre la RIBA y yo. Necesito poder contarle a mis hijos que en este país se hizo justicia”.