“El presidente Milei le declaró la guerra a la salud pública”

“El presidente Milei le declaró la guerra a la salud pública”

Trabajadores de los hospitales Garrahan y Bonaparte, junto con actores sindicales, movimientos sociales, estudiantes y jubilados, marcharon al Ministerio de Economía en reclamo de salarios dignos y recomposición presupuestaria para el sector.

“El Gobierno de Milei es un asesino que está deshuesando los hospitales públicos y llenándose sus bolsillos, no lo vamos a permitir”, manifestó, con un altavoz en sus manos y arriba de un camión, junto a otros referentes, la delegada sindical del Hospital Garrahan, Nora Lezana, mientras una multitud compuesta principalmente por personal de ese establecimiento y del Bonaparte, entre cánticos alegres y aplausos de vecinos y comerciantes, marchaba ayer hacia el Ministerio de Economía de la Nación.

La movilización de los trabajadores de la salud, en medio de un nuevo paro de actividades por 48 horas, que culmina hoy, fue en reclamo de mejoras salariales –la mayoría están bajo la línea de pobreza–, presupuestarias, de recursos, y también por la continuidad del Hospital Bonaparte, especializado en salud mental y adicciones.

En el Garrahan, el hospital pediátrico más reconocido de la Argentina y la región, la medida de fuerza incluyó el funcionamiento de guardias mínimas similares a los días feriados, donde sólo se atienden urgencias. La convocatoria se inició en el hall del edificio. Allí, desde la mañana temprano, los trabajadores se reunieron y comenzaron la marcha a la cartera de Economía, a metros de la Casa Rosada, custodiados en todo momento por las motos de la Policía de la Ciudad.

Empleados de los distintos sectores del Garrahan, del Bonaparte y de otros hospitales, entre médicos de primera línea, técnicos, personal de enfermería, administrativos y de mantenimiento, con carteles, pancartas, bombos, redoblantes y trompetas, marcharon desde Parque Patricios hasta el Bajo porteño, donde la protesta terminó con una performance original “RCP a la salud pública” que se hizo viral.

La marcha contó con la presencia de diversos sectores sindicales, organizaciones sociales y centros de estudiantes de distintas facultades, que se sumaron al reclamo por el derecho a una salud pública de calidad. Al frente de la caravana, la referente de los trabajares y técnicos del Garrahan, Nora Lezana, médica especializada en diabetología, expresó: “No se puede tocar ningún hospital en la Argentina. El gobierno del presidente Milei le declaró la guerra a la salud pública y esta lucha es de todos y es una lucha justa”.

“No al cierre de hospitales” fue otra de las consignas que sonó fuerte, en referencia puntualmente al Hospital Bonaparte, lindero al Garrahan, cuyo cierre fue anunciado por el Gobierno el pasado viernes 4 de octubre pero que ayer, luego de la toma del edificio y el masivo apoyo que recibieron sus trabajadores durante el fin de semana, debió dar marcha atrás.

En lo que va del año, se trató de una más de las acciones de lucha de los trabajadores del Garrahan, hasta hoy sin respuestas a sus reclamos. Actualmente, exigen al Gobierno un monto mínimo de 1.400.000 pesos de salario básico para los profesionales de la salud y un aumento del 100 por ciento que compense la vertical suba de precios de la canasta básica. En septiembre, sólo recibieron un bono de 500.000 pesos que, según remarcaron, es claramente insuficiente.

A la marcha se unieron cientos de vecinos, entre ellos jubilados, como Ramón (87) quien dijo: “Hace años que apoyo la salud pública. Es mi obligación y deber como ciudadano acompañar al Hospital Garrahan en su lucha. El gobierno de Milei quiere cerrar hospitales como el Bonaparte y nosotros como argentinos no debemos permitírselo”. Y agregó: “Las luchas se ganan en las calles, haciendo escuchar las voces”. Mucha gente, al igual que él, se fue sumando a la movilización camino al Ministerio de Economía, todos con ganas de expresar sus sentimientos, en particular el agradecimiento a los profesionales de la salud.

La movilización llegó a su fin pasado el mediodía, frente al Palacio de Hacienda, donde las voces de los manifestantes se hicieron oír más alto, para que el ministro Luis Caputo y sus funcionarios tomen nota de la crítica situación que atraviesa la salud. Más tarde, los profesionales y técnicos del Garrahan se reunirían en asamblea para evaluar los pasos a seguir en los próximos días.

Así como por el momento el Gobierno retrocedió con el cierre del Bonaparte, todo el personal de la salud pública nacional, cuyos reclamos se han ido articulando uno tras otro, sigue aguardando soluciones a sus pedidos de salario digno y mejoras presupuestarias para poder brindar un servicio de calidad a la ciudadanía. La lucha continúa.

El Gobierno de Milei profundiza su ataque a la salud pública

El Gobierno de Milei profundiza su ataque a la salud pública

Ante el inminente cierre del Hospital Nacional de Salud Mental “Laura Bonaparte”, sus trabajadores realizaron una asamblea, decidieron permanecer en el edificio por tiempo indefinido y convocaron a toda la comunidad a respaldarlos en su lucha. Cientos de pacientes se quedarían sin servicio.

Los trabajadores del Hospital Bonaparte denunciaron el cierre del Servicio de Internación y de las guardias por orden del Ministerio de Salud de la Nación, a cargo de Mario Lugones. “Es el paso previo al cierre total del hospital, dejando sin tratamiento miles de pacientes en salud mental, incluyendo niñas, niños y adolescentes”, señalaron en un comunicado.

 “Los trabajadores del hospital en asamblea general decidieron permanecer en sus puestos de trabajo y llaman a todos los ciudadanos, usuarios, familiares, profesionales, asociaciones civiles, sindicales, asambleas barriales y a la comunidad entera a sumarse en la lucha y defensa del hospital y la salud pública”, agregaron.

Soledad Rivas, psicóloga y delegada de ATE en el hospital, contó la sucesión de hechos: “Desde el Ministerio le bajan una orden a Christian Baldino (director del Bonaparte) de que se tiene que cerrar el Servicio de Internación. Como no va a haber más ingresos de pacientes, se cerraría la guardia del hospital y la atención a la demanda espontánea. Después nos informan a través del director que posiblemente el lunes vaya a salir el decreto del cierre del hospital”.

Mariana, psicóloga y trabajadora del Bonaparte, se refirió a la situación de los internos: “Tenemos pacientes adentro, estábamos atendiendo. No hay previsión de a dónde derivarlos, de qué hacer. Estamos hablando de pacientes de salud mental. En internación debe haber alrededor de 30 y después ambulatorios hay alrededor de 60 en el hospital de día y como 500 de consultorios externos”.

Frente al aviso del posible cierre, los gremios llamaron a congregarse en las inmediaciones del edificio situado en Combate de los Pozos 2133. A los trabajadores se le sumaron los pacientes del hospital y personal de salud pública de capital y provincia de Buenos Aires. Tras cortar la avenida Caseros a modo de protesta, se replegaron para discutir qué medidas implementar.

María, médica de la Comisión Provincial de Residentes, se acercó junto a sus compañeros para respaldar a los trabajadores en su reclamo. “Empezaron a circular los mensajes en las diferentes organizaciones que tenemos los residentes en CABA, en provincia y en nación. Inmediatamente nos enteramos que estaban los trabajadores realizando una asamblea. Vinimos a apoyar porque vemos que esto es un escándalo. El cierre se enmarca en los ataques despiadados de este gobierno contra todo lo público”.

En asamblea, se propuso la toma del hospital. Decía una trabajadora del Bonaparte: “Quiero incitar a que pongamos el cuerpo, que este Gobierno se la pasa hablando de destruir el Estado, siendo el Estado mismo. Yo soy y he sido docente toda mi vida. Durante el macrismo hemos visto este tipo de prácticas. La única forma de derribarlos es poniendo el cuerpo, saliendo a la calle, visibilizando. No puede avanzar, no puede cerrar el hospital, hay que llamar a todo el mundo, llenemos la calle, no abandonemos”.

Silvia, trabajadora del Hospital Moyano y representante gremial, apoyó la medida de la toma del edificio. “Vengo en nombre de mis compañeros a abrazar la lucha de los trabajadores del hospital Bonaparte. Entendemos como principal método de lucha frente a este Gobierno reaccionario y liberticida la toma de los hospitales y la coordinación de todos los hospitales de la zona sur de la ciudad”.

La decana de la Facultad de Ciencia Sociales de la UBA, Ana Arias, también se hizo presente en defensa de la institución: “El hospital Bonaparte ha sido centro de prácticas de estudiantes de nuestra facultad desde hace más de una década. El hospital nos brinda una asistencia de primera escucha fundamental para el aprendizaje de los alumnos. Sin este hospital, ellos también se van a quedar sin espacio”.

Pablo Almeida, delegado general de ATE en el Ministerio de Economía, llevó la solidaridad de los estatales. “Queremos decirles que en esta pelea no están solos, cuentan con el apoyo de cada una y cada uno de los estatales. Necesitamos dejar de pelear lugar por lugar y necesitamos una lucha unificada. Por eso hace un rato un compañero de la directiva de ATE dijo que el lunes a las 12 está el compromiso de una medida de un plenario delegado de todos los hospitales”.

“Necesitamos plenarios de delegados en la puerta de cada sector que está en lucha ahora, pero no sólo de los delegados y delegadas de los hospitales, tenemos que venir todos los delegados y delegadas estatales a bancar, porque si se gana en este hospital contra el cierre, ganamos en el INCAA, ganamos en el Ministerio de la Economía, ganamos en el Ministerio de Trabajo”, afirmó.

Al final de la asamblea, se votó la permanencia en el hospital por tiempo indefinido y el armado de comisiones para seguir asistiendo a los pacientes durante la toma. Desde un megáfono, se escuchó la voz de una de las trabajadoras: “Les vamos a pedir a los sindicatos que nos aporten baños químicos, gazebos. Empecemos a pensar todo lo que necesitamos para garantizar la toma. Esto empieza hoy, pero no sabemos cuándo termina. Es muy importante que nos organicemos”.

“Fueron los 18 días más largos de mi vida”

“Fueron los 18 días más largos de mi vida”

El martes se llevó a cabo la 4ta sesión por la megacausa Mansión Seré IV y RIBA II en la que prestaron testimonio de manera virtual el sobreviviente Sergio Giovanni Gobulin y su esposa Ana Zulma Barzola. La defensa pidió que testifique el papa Francisco.

“Fue para nosotros la cancelación de todos nuestros proyectos en la vida: el desarraigo», analizó Sergio Giovanni Gobulin, sobreviviente que testimonió de manera virtual desde Italia en la cuarta sesión por la megacausa de Mansión Seré IV y RIBA II. “Fue un dolor muy grande abandonar mi país, que considero todavía mi patria”, sostuvo el testigo y agregó: «Por un par de años en la casa que alquilábamos, no colgábamos nada en las paredes, porque íbamos a tener que sacar todo para irnos». También declaró en carácter de testigo su esposa, Ana Zulma Barzola quien afirmó que el sacrificio del exilio requirió de una gran resiliencia: “Quizás este proceso me puede ayudar a cerrar una herida que con el tiempo fue cicatrizando, pero que todavía está abierta”, reflexionó la testigo y agregó que “los exiliados tienen un tipo de melancolía diferente, parte de desarraigo e injusticia”. A su vez analizó: “Pudimos continuar haciendo lo nuestro con las cosas que traíamos en el baúl», en relación a la labor de solidaridad social que consolidó la pareja antes del exilio, en el barrio Villa Mitre, localidad de San Miguel, convicción que los acompañó en los años de desarraigo.

En esta jornada se juzgaron particularmente los crímenes imputados a Ernesto Rafael Lynch como teniente primero y luego capitán de la VIII Brigada Aérea de Moreno, centro clandestino del cual dependían las Comisarías 1° de Moreno, la 5° de Paso del Rey y 6° de Francisco Álvarez. La abogada Clarisa Góngora, integrante de la Asociación Civil Moreno por la Memoria, querellante de la causa, expresó en diálogo con ANCCOM la importancia de los testimonios de la pareja que actuó con alto grado de participación y solidaridad, que sirven como forma de “visibilizar y resguardar en la memoria una época de comunidad unida y que, como otros compañeros, vecinos y vecinas organizados del barrio, también sufrieron la persecución de las fuerzas militares, e incluso que hasta la actualidad muchos de ellos se encuentran desaparecidos. No era una comunidad que miraba para otro lado. Se involucraba, participaba y daba sostenimiento”, reflexionó en referencia a quienes compartían con Gobulin las actividades de ayuda social que realizaba en Villa Mitre.

El 11 de octubre de 1976, Gobulin pidió permiso laboral para avanzar en la construcción de la casa de la pareja. En el trayecto hacia el corralón, lo interceptaron tres personas vestidas de civil y lo subieron a un auto. Se dirigieron a la construcción, donde había más personas, algunas uniformadas, y varios vehículos. Ahí le vendaron los ojos, lo esposaron y lo subieron al baúl de un auto. Treinta y cinco minutos tardó el recorrido hasta llegar al que sería su destino por 18 días: un centro clandestino de detención y tortura. Lo dejaron vendado y atado con esposas, en una pequeña pieza con una diminuta ventana. Los interrogatorios comenzaron esa misma tarde y se sucedieron dos veces al día. Mediante torturas siniestras y artimañas macabras, el objetivo de cada sesión era el mismo: hacerle confesar que pertenecía a una agrupación, junto con Rodolfo “Rolo” Freyre, también víctima en este caso: “Yo pensé que me iban a preguntar por la actividad social que realizaba en Villa Mitre, pero me di cuenta que de eso no sabían nada”. Pasaron los días de encierro: “Distinguía el día de la noche solo mirando por la ventanita”, expresó el testigo.

“Una noche me hicieron reconocer la voz de mi hija, me dijeron que mi mujer y mi hija estaban ahí, les dije que sostenía lo mismo, pero que sí implicaba su libertad me declaraba culpable”, expresó Gobulin en relación a una de las situaciones más crueles que le tocó vivir dentro del centro de detención, dado que no estaba en situación de poder distinguir qué de lo que le contaban era mentira o verdad: “Estaba convencido de que las habían agarrado”, sintetizó el testigo, que hoy puede reflexionar que “seguramente usaron a una niña” para ejecutar esta maniobra.

El día de su liberación fue el 29 de octubre. Lo tiraron a una zanja cerca de la casa de sus suegros, hasta la que debió arrastrarse dado que no podía mantenerse en pie. En ninguno de los días de cautiverio comió, le daban agua de forma ocasional y ni siquiera lo sacaban de la pieza para ir al baño. Fue ingresado en el Hospital Italiano por un accidente en la calle, con otro nombre y apellido. “Le preguntaban si antes del accidente comía, porque tenía los valores muy alterados, tenía desnutrición”, declaró su esposa. Allí se reencontraron los tres y recibieron protección consular de la Embajada de Italia. Las consecuencias del secuestro fueron relatadas principalmente por Ana Barzola, esposa de Gobulin, quien dio algunos detalles de las torturas que su marido sufrió y con las que tiene que lidiar hasta la actualidad: “Tiene secuelas físicas, porque le saltaban encima de la columna, como parte de los tormentos que vivió”.

“Fueron los 18 días más largos de mi vida”, declaró Barzola, también víctima de estos crímenes que los llevaron al exilio. Relató cómo vivió el secuestro de su marido y cómo lograron esconderse ella y su hija Natalia para evitar que también las secuestraran. La testigo hizo hincapié en la ayuda que recibió del actual papa Francisco, quien realizó una serie de averiguaciones para lograr dar con su paradero y conseguir su libertad. También narró diferentes peripecias que tuvo que atravesar, como los varios allanamientos que vivió su familia. En uno de ellos, la madre de Ana Barzola increpó a uno de los policías: “¿Ya se dieron cuenta que acá no hay armas?”. Y el policía respondió: “A nosotros nos interesan quienes tienen armas acá”, relató la testigo señalando su cabeza.

Antes de finalizar la audiencia, quedó solicitado por el fiscal Felix Crous, en representación del Ministerio Público Fiscal, el testimonio de Nancy Barzola, hermana de Ana. Por su parte, la defensa del imputado Leston, solicitó el testimonio del papa Francisco, quien en aquel entonces era el padre Jorge Bergoglio, señalado como una figura central en la aparición con vida del detenido Sergio Gobulin: “Se puso en movimiento al día siguiente de mi secuestro, visitó diferentes cuarteles y luego de mi liberación me confirmó que había sido detenido por la Fuerza Aérea”. Sin embargo, antes del inicio del juicio, en la audiencia preliminar, desde la querella de Moreno por la Memoria ya se había presentado la petición para que aporte información en calidad de testigo pero “se desestimó directamente desde el tribunal”.

Desde Moreno por la Memoria reafirmaron la importancia de sumar otros testimonios sobre el caso de Sergio Gobulin, como el de su cuñada, cuyas vivencias fueron relatadas por Ana Barzola: “En el barrio hubo miedo, mi hermana perdió a todas sus amigas, tuvo varias secuelas, entre ellas, facetas depresivas”. Desde la asociación concluyeron que “era una niña cuando allanaron su domicilio y padeció el interrogatorio y el vandalismo de su casa. A eso se suman todas las secuelas de lo que tuvo que afrontar después”. Por otro lado adelantaron que a partir de noviembre, las audiencias de la megacausa serán cada 15 días, ya que se alternarán con el inicio del juicio Campo de Mayo.

Dos testimonios que hilan, desde sus distintas vivencias, una misma historia, conocida en partes, a lo largo de los años, con los aportes de familiares y amigos que siguen reclamando Memoria, Verdad y Justicia.

«Nos matan de una manera simbólica y brutal»

«Nos matan de una manera simbólica y brutal»

Organizaciones que nuclean a familiares y personas con discapacidad marcharon para visibilizar el daño que está causando el vaciamiento de las políticas públicas en ese sector. Además, preparan un proyecto de ley en línea con lo que establece la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Han pasado casi diez meses desde que Javier Milei asumió la Presidencia de la nación el 10 de diciembre pasado, con la promesa firme de que “el ajuste lo pagaría la casta”. Bajo el calor húmedo y agobiante de este lunes 30 de septiembre, un grupo de personas se congrega alrededor de la Pirámide de Mayo, a los pies de la Casa Rosada. A simple vista, ninguno de ellos parece pertenecer a esa supuesta casta: hay adolescentes, ancianos, trabajadores de la salud, personas ciegas y jóvenes en sillas de ruedas. Sin embargo, están aquí porque, desde aquel día, muchos han perdido sus trabajos o se han visto privados del acceso a derechos fundamentales, especialmente para quienes tienen alguna discapacidad.

La movilización, que comenzó pasadas las 15, contó con el testimonio de representantes de distintas organizaciones -Discas en Lucha, Prestadorxs Precarizadxs de Salud y Educación, Jubilados Insurgentes, Familias Unidas Por la Escuela Especial, Asociación Argentina de Terapistas Ocupacionales, Red Nacional de Terapia Ocupacional-,  para luego movilizarse a la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ubicada en Rivadavia 879, donde se realizó una conferencia de prensa difundiendo la problemática, iniciativa que se replicó en ciudades como Mar del Plata, Santa Fe y Entre Ríos.

En el último año, 350 trabajadores fueron despedidos de la Agencia Nacional de Discapacidad al terminar sus contratos, situación que podría agravarse debido al vencimiento inminente de otros cientos. Maive Carones Fernández, trabajadora despedida de ANDIS cuenta: “Yo era parte de la Dirección de Accesibilidad que a su vez pertenecía a la Dirección Nacional de Inclusión de Personas con Discapacidad, que hoy ya no existe, fue absorbida por la subdirección de la ANDIS. La Dirección de Accesibilidad se encargaba de eliminar barreras en los entornos físicos, comunicacionales y actitudinales, lo que quiere decir que las personas con discapacidad encuentran dificultades en su cotidianeidad para poder desarrollar su ciudadanía completa y ser sujetos plenos de derechos. Nosotros interveníamos en una diversidad de proyectos porque éramos un área transdisciplinar, donde había arquitectos, comunicadores, intérpretes de lengua de señas argentina-español, asesores sordos, programadores, entre otros. Hoy el área está totalmente diezmada”.

Para quienes tienen la suerte de aún conservar su fuente de trabajo, la situación no deja de ser alarmante: “Hoy la prestación de apoyo para terapeutas está en 10.000 pesos. Y la prestación de apoyo para el servicio de integración escolar está por debajo de los 300.000 pesos. O sea que un integrador escolar que trabaja cuatro horas de lunes a viernes en una escuela, gana 300.000 pesos. Pudiendo trabajar solo dos turnos, se llega a los 600.000 pesos. No llegamos ni cerca de la canasta básica que hoy está en un millón de pesos”, cuenta Rocío, integrante de la organización Prestadorxs Precarizadxs de Salud y Educación. Por otro lado, el traspaso de ANDIS desde Presidencia a la órbita del Ministerio de Salud generó inconvenientes para establecer un diálogo fluido: “Es completamente perjudicial, porque siempre hacíamos nuestros reclamos en Presidencia, teniendo una llegada directa, y ahora no. Quedamos en manos de Salud, como si ser discapacitado es ser enfermo. Esa es la ´igualdad´ que están pretendiendo implantar”.

Para poder dimensionar el daño que causan estas políticas y cómo se traducen estos números en la cotidianeidad, Guadalupe Bargiela, una militante ciega que lucha por los derechos de las personas con discapacidad, expresa su preocupación por el vaciamiento que está sufriendo el área: “Nos están matando de una forma simbólica y brutal. Las personas ciegas, en particular, no somos sujetos de derecho al querer sancionar la boleta única sin accesibilidad en las elecciones próximas. Estamos acá porque este gobierno nos está avasallando, nos está diciendo que no podemos, que no somos. Y hoy, más que nunca, creo necesario gritar que nuestra identidad es orgullo, que nuestra identidad es política. Somos ciudadanos”.

La manifestación reunió a múltiples organizaciones con puntos de vista y necesidades diferentes. Marcela, integrante del colectivo Familias Unidas por la Escuela Especial alerta: “Las personas mayores de 22 años en la Ciudad de Buenos Aires son dejadas fuera del sistema público educativo. Las escuelas de modalidad especial fueron creadas para brindar opciones pedagógicas a las necesidades y a las posibilidades en los tiempos que tienen las personas con discapacidad intelectual. El colectivo de discapacidad es muy amplio.

Generalmente el discapacitado no tiene un problema sino varios. Tenemos desde personas con un retraso leve madurativo, que tienen perfecta posibilidad de desempeñarse en el mundo laboral, hasta personas con una muy importante discapacidad intelectual que no podrían incorporarse. Pero todos tienen derecho a tener un plan de vida”. Por esta razón decidieron presentar un proyecto de ley que plantea que “como establece la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, las personas con discapacidad tienen derecho a educación permanente y sin límite de edad. Según sus capacidades se organiza un plan de vida. Eso es lo que ofrece y eso es lo que queremos, volver a tener escuelas que, sin límite de edad temporal, les permita asistir, concurrir a sus talleres en los tiempos de una escuela y poder realizar estos aprendizajes que a veces son permanentes y perpetuos. Son aprendizajes que se tienen que reforzar permanentemente”.

 

 

La universidad sale otra vez a la calle

La universidad sale otra vez a la calle

Un paro docente de 48 horas preanuncia una nueva movilización masiva para la semana que viene. La comunidad universitaria exige recomposición salarial y aumento presupuestario. Malestar por la amenaza de Milei con vetar la Ley de Financiamiento y por el magro 6,8% de aumento que ofreció el gobierno.

Ante la emergencia salarial del personal docente y no docente, los sindicatos convocaron a un paro de 48 horas y una nueva marcha federal educativa el próximo 2 de octubre. La medida de fuerza es una respuesta en un contexto de ajuste y un casi congelamiento salarial. Por eso, los gremios exigen una recomposición salarial y una mayor asignación de partidas. “Por salarios dignos y presupuesto universitario” y “No al veto de la Ley de Financiamiento Universitario” son las consignas bajo las que la Asociación de Docentes y la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires, ADUBA y APUBA, convocaron a las movilizaciones, con una alta adhesión de sindicatos docentes del resto del país. 

Aunque la multitudinaria movilización del pasado 3 de abril logró actualizar las partidas universitarias de gastos de funcionamiento de las instituciones educativas durante el primer cuatrimestre, el rechazo al veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, el pedido de un aumento salarial para los trabajadores educativos y la denuncia de que el presupuesto para 2025 los recursos son insuficiente, impulsaron una nueva jornada de protesta. 

“Los motivos fundamentales de los paros de este año como de la marcha del 2 de octubre  es la recuperación de nuestro salario frente a una pérdida como nunca tuvieron”, afirma Ileana Celotto, secretaria general de AGD UBA, y continúa: “La pérdida salarial afecta enormemente a los equipos docentes y no docentes, y también a los de investigación. El 50% de la investigación argentina se realiza en universidades, el otro 50 en el CONICET. En ese sentido, con los bajos salarios que tenemos tanto los docentes como los no docentes, se está generando la renuncia de trabajadores. Tenemos una cantidad inmensa de docentes y no docentes que plantean dejar la dedicación exclusiva para pasar a una dedicación parcial que les permita dedicarse a otras actividades que les impliquen mejores ingresos”

En línea con esto, Darío Capelli, delegado en la Facultad de Ciencias Sociales del sindicato FEDUBA, dijo a ANCCOM: “La pérdida del salario docente en relación al costo de vida es de alrededor del 50 % desde que asumió el gobierno de Milei”, y agregó. “Tenemos una ley votada en ambas cámaras que actualiza el presupuesto universitario y nuestro salario con retrospectiva a diciembre de 2023, pero el presidente ya anunció que esa ley, al igual que con cualquier otra norma votada por los representantes del pueblo que no se ajuste a lo que él mismo llama déficit cero, lo va a vetar. Para que no se produzca ese veto, o para que en todo caso se revise en el Parlamento es que nos movilizaremos el 2 de octubre”.

La Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en Congreso, permite una actualización mensual por inflación de los gastos salariales y de funcionamiento de las universidades, además de una recomposición retroactiva por el índice de inflación desde diciembre del año pasado. Ante esto, Milei contestó en X a través de su cuenta: “Veto total”.

Además de este paro de 48 horas, entre las medidas de fuerza  se prevén acciones de visibilización con clases públicas y charlas. Además, el martes 24 a las 10 horas se realizó un Abrazo al Hospital de Clínicas. Finalmente, las medidas culminarán con una marcha universitaria hacia las inmediaciones de Congreso el miércoles 3 de diciembre, como espejo de la movilización de abril.

«Los sujetos de la movilización no fueron solo los trabajadores y trabajadoras de la universidad”, afirmó Capelli sobre la convocatoria del primer cuatrimestre y completó: “El conjunto de la sociedad había tomado el problema universitario del acceso a la educación superior como un problema propio. En ese sentido, la sociedad en su conjunto se movilizó, no solo la comunidad académica. La sociedad organizada como comunidad académica, la sociedad que asume la universidad como un derecho colectivo”.

 “El conjunto de demandas que hicieron que la sociedad se movlizara en defensa de la universidad no fue atendido por el gobierno -comenta Capelli-. Sólo una de esas demandas y de manera parcial, y con eso el gobierno salió a decir que las universidades ya no tenían motivos para protestar. Todo lo que tiene que ver con actualización de los salarios o la garantía salarial, no fueron atendidos. Solo se actualizó en parte el presupuesto para los gastos de funcionamiento. Y esto en parte, porque en realidad, para que la facultad garantice su funcionamiento adecuado, debe actualizar los salarios de sus trabajadores, sobre todo tomando en cuenta el índice inflacionario.”

 Con la alta adhesión al paro y ante la gran convocatoria que se espera para la marcha universitaria de la próxima semana, el gobierno nacional convocó el mismo jueves 26 a paritarias a las 16 en el Palacio Pizzurno. Este llamado, según un comunicado de AGD UBA, fue un intento fallido de sofocar las movilizaciones. El gobierno ofreció solo un aumento de 6,8 % para octubre, y nada para noviembre y diciembre, es decir, menos de una décima parte de lo que se reclama por la pérdida de poder adquisitivo desde diciembre de 2024. En esta reunión, además, el Secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, ratificaron el veto del presidente a la Ley de Financiamiento Universitario y el ajuste para el presupuesto del próximo año.

 “Por lo pronto, vamos a la marcha del miércoles 2 y veremos el escenario. Desde nuestro sindicato, creemos que hay que profundizar las medidas si no hay respuesta”, concluyó Celotto.

 Por otro lado, Capelli agrega: “Nosotros así no podemos continuar. La licuación de nuestros salarios incide no solo en nuestras vidas, la organización de nuestro hogares, sino que incide negativamente en decisiones de carácter pedagógico, como comprar un libro o pagar una fotocopia.”

Las (verdaderas) fuerzas del cielo

Las (verdaderas) fuerzas del cielo

Los trabajadoares de Aerolíneas Argentinas se manifestaron en Plaza Congreso exigiendo aumento salarial y en alerta ante los planes privatizadores del Gobierno. La declaración del servicio como esencial y la amenaza extranjera.

El miércoles 25 de septiembre, mientras en el Congreso de la Nación se llevaba a cabo el debate por la privatización de Aerolíneas Argentinas –en base a un proyecto presentado por Hernán Lombardi, diputado del PRO, y Juan Manuel Lopez, de la Coalición Cívica–, los gremios aeronáuticos marcharon a la plaza frente al Parlamento. Si bien el colectivo sindical afirma que su reclamo es estrictamente salarial, las banderas de “Aerolíneas Argentinas no se vende, se defiende” no faltaron, al igual que los cánticos alegóricos a ese reclamo.

Sandra, auxiliar de Aerolíneas Argentinas hace 13 años, dice que como el Gobierno no pudo meter la privatización de la línea aérea de bandera en la Ley Bases, ahora aprovecha el conflicto por sueldos con los trabajadores para tratar de venderla. “Los medios están mintiendo, a las universidades les pasa lo mismo, no les quieren dar el presupuesto, o si te lo dan después te lo vetan como a los jubilados. Esto empezó como un reclamo salarial porque estamos con el 70% del sueldo devaluado, no tuvimos paritarias hace un año y todo aumentó”, agrega.

Martin Brat, delegado de los tercerizados de Aerolíneas Argentinas GPS, coincide en que los medios instalan fake news diciendo que los trabajadores son privilegiados. “Una tripulante con 13 años de vuelo que trabaja 8 horas por día gana un millón doscientos mil pesos, maleteros que levantan once mil kilos todos los días ganan seiscientos cincuenta mil pesos, las trabajadoras de call center ganan quinientos mil pesos, sueldos por debajo de la línea de pobreza”, expresa.

Este conflicto salarial escaló al nivel de que el Gobierno publicó un decreto que declara a los trabajadores aeronáuticos como “servicio esencial”, lo cual es un ataque directo al derecho de huelga. La escalada del conflicto se debe a que no se llegó a un acuerdo a través de la conciliación obligatoria. Cuando se llega a esta instancia, la Secretaria de Trabajo es la encargada de mediar entre ambas partes. Pero nunca se convocó a los trabajadores para negociar y al finalizar el lapso de la conciliación le comunicaron a los gremios que lo único que había era lo que les ofrecieron en un principio, un porcentaje muy escaso de aumento que no recomponía toda la devaluación que sufrieron sus salarios.

La extranjerización

A esta situación se le suma que el gobierno publicó en el Boletín Oficial el DNU 844/2024 que permite a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) autorizar operaciones con tripulaciones y aeronaves extranjeras. Hernán, piloto de Aerolíneas Argentinas desde hace 15 años, dice que es una medida que busca amenazar a los pilotos como diciendo ‘si ustedes no van a volar, alguien va a venir a hacerlo’. 

Los trabajadores consideran que la iniciativa oficial es otro ataque a su derecho de huelga porque significa que las rutas que hoy hace Aerolíneas Argentinas las harían empresas extranjeras. Esto generaría una especie de círculo vicioso en donde los trabajadores están apresados a seguir manteniendo bajas condiciones laborales con la amenaza de que alguien más va a ocupar sus lugares, ya sea por la privatización de la empresa o porque empresas extranjeras se apropien de las rutas nacionales, siendo de alguna forma las dos caras de una misma moneda en la que trabajadores y ciudadanos argentinos terminarían afectados. 

En este sentido, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, manifiesta que “el gobierno reprime o busca la sumisión de los trabajadores y que no entiende que Aerolíneas Argentinas simboliza la unión de los argentinos.”

Alta experiencia

Por su parte, Eduardo García, integrante de la Comisión Directiva de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y ex piloto de Aerolíneas Argentinas que cuenta con 33 años de trabajo en la empresa, rememora tiempos pasados. “Viví tanto la privatización como la estatización, quieren repetir la historia”. Eduardo ingresó en la empresa en 1980 y trabajó hasta el año 1996, momento en el que la privatización con Iberia ya era un hecho, donde con un grupo de compañeros de distintos sectores fueron echados. Reingresó en la empresa en el 2005 a través de Austral, y en 2009, tras la estatización de 2008, pasó a ser piloto de Aerolíneas Argentinas. 

Varios manifestantes coinciden en que existen muchos paralelismos con lo ocurrido en los años 90 y temen que vuelva a ocurrir algo similar. Discursivamente el gobierno utiliza los mismos argumentos de aquella época, cuando Carlos Menem gobernaba el país. Lo hace invocando la privatización como sinónimo de eficiencia, pero la experiencia demuestra lo contrario. Cuando en 1992 se vendió la línea aérea a Iberia, de treinta aviones dejaron uno solo, de once mil trabajadores quedaron cinco mil, la mayoría de las oficinas comerciales en el extranjero fueron vendidas y vendieron dos simuladores que eran utilizados para el entrenamiento de los pilotos. “Para vender Aerolíneas Argentinas el Estado se hizo cargo de la deuda de seiscientos millones de dólares y después, en 2001, también se hizo cargo de la deuda que dejaron los privados. Es evidente que no tiene nada que ver con  hacer eficiente a la línea aérea, sino que es un pasar de manos de negocios a los amigos de Macri y de Milei”, describe Brat.

Patricia, exjefa de cabina de Aerolíneas Argentinas, hoy jubilada, coincide en que están dejando caer la empresa para que los amigos del poder se la queden a dos pesos con cincuenta, y le llama la atención que los argentinos no se den cuentan que les están robando una empresa que es argentina. Para evitar que los manifestantes bajaran a la calle, se armó un cordón de la Policía Federal, y los pilotos y comisarios de a bordo se alinearon para quedar frente a frente con los uniformados. En tanto, dos azafatas con sus impecables uniformes sostenían un cartel que rezaba “las únicas fuerzas del cielo somos las trabajadoras de Aerolíneas Argentinas”.