El Senado desenchufó la motosierra

El Senado desenchufó la motosierra

La Cámara Alta aprobló la las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica. También rechazó cinco decretos desregulatorios de Milei referidos al INTI, el INTA, Vialidad Nacional, el Banco Nacional de Datos Genéticos y diferentes organismos culturales.

En una sesión maratónica de más de trece horas, el Senado convirtió en ley el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Pediatría, además de derogar cinco decretos de desregulación impulsados por el oficialismo. La oposición logró mayorías amplias y dejó en evidencia la pérdida de apoyos del gobierno de Javier Milei.

La sesión ocurrió apenas 24 horas después de que la Cámara de Diputados rechazara, por primera vez en el gobierno de la motosierra, un veto presidencial, al insistir con la Emergencia en Discapacidad. Desde el oficialismo se intentó frenar el golpe enviando a negociar al vicejefe de Gabinete, José Rolandi, pero la estrategia no tuvo éxito.

 

Financiamiento universitario: una mayoría que desafía el veto

El proyecto de Financiamiento Universitario fue aprobado por 58 votos a favor, 10 en contra y tres abstenciones. Según lo expresado por el presidente Javier Milei, la norma será vetada porque “rompe con el equilibrio fiscal” que defiende su administración. Sin embargo, la contundente mayoría alcanzada en el Senado anticipa que, de concretarse el veto, podría ser revertido en el Senado. Habrá que ver, después, qué pasa en Diputados.

La sanción contó con el apoyo del bloque de Unión por la Patria, la UCR y fuerzas provinciales. Incluso votaron a favor senadores que hasta hace poco acompañaban al Gobierno, como Lucila Crexell (Neuquén) y Carlos Espínola (Corrientes). En contra se expresaron los siete senadores de La Libertad Avanza y tres del PRO: Martín Goerling, Alfredo De Angeli y Carmen Álvarez Rivero. Carolina Losada fue la única radical que rechazó la iniciativa, mientras que Juan Carlos Romero (peronista salteño) y dos senadoras del PRO se abstuvieron.

El proyecto aprobado por el Senado busca garantizar tanto el financiamiento del sistema universitario como la actualización de los salarios de sus trabajadores. En lo que respecta al funcionamiento de las universidades públicas, la norma dispone que las partidas presupuestarias deberán actualizarse tomando como referencia la inflación. A partir del 1º de enero de 2025, el monto destinado se ajustará en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) medida por el INDEC entre mayo y diciembre de 2024. Además, durante todo el año se aplicarán subas bimestrales, con el fin de que los fondos no queden desfasados frente al aumento de precios.

Por otra parte, la ley establece la recomposición salarial de docentes y no docentes de las universidades nacionales. El Ejecutivo deberá actualizar los sueldos tomando en cuenta la inflación acumulada desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma en agosto de 2025. Esa recomposición no podrá ser menor al porcentaje de inflación informado por el INDEC y, a diferencia de otras sumas otorgadas en años anteriores, deberá ser remunerativa y bonificable, es decir, que se integrará al salario básico y tendrá impacto en aguinaldos, antigüedad, aportes jubilatorios y otros adicionales.

Esta medida responde a que la administración pública viene funcionando sin un presupuesto aprobado por el Congreso desde comienzos de 2023.

En el inicio del debate, el senador Fernando Salino (San Luis, Frente de Todos) destacó la “buena técnica legislativa” del texto y subrayó que el objetivo es asegurar la protección y sostenimiento de la educación universitaria pública en todo el país. Martín Lousteau (UCR) agregó: “No hay nada que te pueda dar el Estado que transforme tanto tu vida y la de tu descendencia como la educación universitaria y hoy los salarios de los docentes están por debajo del resto de los empleados públicos”.

 Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza) por su parte atacó: “El 4% de los egresados se está llevando el 55% de salarios que se producen en el 30% de las universidades, entonces de lo que hablamos es sobre la ineficiencia, ineficacia y malos manejos de los fondos públicos. (…) La educación pública es una prioridad para este Gobierno e importante para los argentinos y para este bloque político”. En tanto, el referente universitario y radical Flavio Fama sentenció: “Cuando escucho que se roban toda la plata, como si -las universidades- fuesen una bolsa de gatos, cuando pasa más de un año y medio que estamos discutiendo estas cosas, ¿dónde están las auditorías? ¿Dónde están los autores de esas cosas tan feas que nos hicieron creer que pasaban en las universidades argentinas? ¿Qué argentino no quiere tener una universidad pública? ¿De qué estamos hablando?”.

En comunicación con ANCCOM, Javier Palma, secretario general de AGD Sociales, señaló: “La aprobación por parte del Senado de esta ley es un capítulo más de la larga lucha que venimos dando en defensa de la universidad pública frente a las políticas de destrucción que lleva adelante el gobierno de Milei. Desde la AGD lo vemos como un paso adelante, aunque no definitivo, y por eso llamamos a toda la comunidad educativa —trabajadores, docentes, no docentes y estudiantes— a redoblar esfuerzos, a ganar las calles y a seguir construyendo un gran movimiento de lucha. Esto no es una victoria definitiva, sino apenas un capítulo más en una larga pelea. Seguramente Milei vetará esta ley y será la Cámara de Diputados la que deba confirmar o no ese veto. Para esa instancia debemos estar movilizados y en la calle, incluso ese mismo día, para lograr la victoria definitiva”.

Golpe al plan de desregulación

La Cámara alta ayer también votó en contra de cinco decretos redactados por Federico Sturzenegger, pieza central del plan de achicamiento del Estado. Todos fueron rechazados con amplias mayorías:

  • Decreto 462/25: reorganizaba al INTI y al INTA, reduciendo funciones y recursos. Fue rechazado por 60 votos. La senadora Guadalupe Tagliaferri (PRO) denunció que, pese al rechazo legislativo, el Gobierno ya había despedido a 367 trabajadores del INTA.
  • Decreto 461/25: disponía la disolución de Vialidad Nacional y la eliminación de la Agencia de Seguridad Vial. También rechazado por 60 votos.
  • Decreto 351/25: modificaba el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos. Fue derogado con 58 votos. Eduardo “Wado” de Pedro advirtió que la medida “entorpecía la búsqueda de los 300 niños y niñas que aún faltan encontrar” y significaba “complicidad plena con la dictadura militar”.
  • Decreto 345/25: facultaba al Ejecutivo a intervenir organismos culturales como el Instituto Nacional del Teatro y varios institutos históricos. Rechazado por 57 votos.
  • DNU 340/25: desregulaba la marina mercante nacional, recortando derechos laborales. Fue rechazado por 55 votos.

 

En diálogo con ANCCOM, Fernando Yapur, licenciado en Física y trabajador del laboratorio de Óptica y Dimensional del INTI, explicó:“A lo largo de estos meses de lucha nos fuimos organizando en la Asamblea Multisectorial, que se conformó con los distintos sectores que integran el INTI. El objetivo inicial fue frenar la fusión que el Gobierno impulsaba a principios de año entre el INTI, el INTA y la CONAE. Esa fusión era en realidad un proceso de destrucción de los organismos: pretendían reducir tres instituciones a una sola, lo que implicaba recortar personal y, sobre todo, limitar las capacidades técnicas y científicas de cada uno”.

Yapur describió la estrategia: “En ese marco, hablamos con 146 diputados, tuvimos reuniones con cada uno, realizamos tres intervenciones en la Comisión de Ciencia y Tecnología y finalmente, el 13 de agosto, se logró la media derogación del decreto 462/25. Fue una victoria enorme. Restaba el Senado, y allí conseguimos 60 votos a favor y solo 10 en contra. El resultado fue aplastante. Los argumentos que llevaron los legisladores en defensa del INTI son los que pudimos transmitir a través de toda esta lucha, que fue impresionante a nivel legislativo, territorial, comunicacional, judicial y gremial”.

Pero el trabajador asegura que la lucha continúa: “Esto no termina acá. Tenemos que seguir organizados porque todavía restan dos años de este gobierno, que no va a cesar con sus políticas de destrucción de la industria nacional. De aquí a las próximas elecciones debemos convencer a la sociedad de que queremos un proyecto de país inclusivo, industrializado, con oportunidades y con trabajo de calidad. Porque sin industria nacional no hay trabajo de calidad, y sin trabajo de calidad no hay oportunidades”.

Yapur asegura que el rechazo al veto implica dar vuelta el modelo de país que promueve el gobierno: “Un modelo primarizado, con un 90 % de la población por debajo de la línea de pobreza y un 10 % acumulando toda la riqueza. No queremos solamente exportar materia prima y tener una economía neocolonial. Queremos una patria libre, soberana y con industria nacional”.

Emergencia en pediatría: el Garrahan en el centro

Pasada la medianoche, el Senado aprobó la Emergencia en Pediatría con 62 votos a favor y 8 en contra. La norma declara la emergencia sanitaria por un año, habilita la compra directa de insumos, mejora salarios del personal de salud y exime del pago de Ganancias a guardias y horas extra. Además, reconoce al Hospital Garrahan como centro de referencia nacional y deroga la reforma al régimen de residencias médicas impulsada por el Ministerio de Salud.

Durante el debate, la senadora Lucía Corpacci (UC) denunció la “doble vara” del Gobierno: “No hay recursos para la emergencia pediátrica, pero sí para los sectores más ricos”. El cordobés Luis Juez se mostró conmovido: “Cuando un padre se desespera, la primera respuesta que escucha es ‘vayan al Garrahan’. La esperanza de los padres con hijos enfermos está en el Garrahan. No puedo callarme en este tema”.
En contraposición, Carmen Álvarez Rivero (PRO) reiteró su rechazo. Tras haberse disculpado por sus declaraciones anteriores —“no todos los niños argentinos tienen derecho a venir al Garrahan”— sostuvo que antes de reforzar ese hospital deberían construirse centros de alta complejidad en todas las provincias.

Con estas votaciones, el Senado no solo dio por tierra con los decretos de desregulación de Milei y sancionó dos leyes claves para la sociedad, sino que también dejó en evidencia la fragilidad política del oficialismo y la capacidad de articulación de una oposición que, por primera vez en mucho tiempo, actuó en bloque.

Lo que suceda en Diputados frente al eventual veto presidencial marcará el próximo capítulo de esta disputa. Pero por ahora, la fotografía es clara: el Congreso se plantó frente al plan de ajuste y la motosierra ya no corta tan fácil como en los primeros meses de gestión.

 

Una plaza con dos caras

Una plaza con dos caras

Mientras que las personas con discapacidad festejeban frente al Congreso el rechazo de los diputados al veto de la Ley de Emergencia que realizó Milei, los jubilados mantenían sus protestas por la caída de la ley que aumentaba sus haberes.

Guardapolvos de personal de la salud y educativo, familia y ciudadanos de a pie comienzan a agolparse alrededor de un parlante frente al Congreso de la Nación. Se acercan madres con sus hijos en sillas de ruedas. De repente los jubilados interrumpen su habitual radio abierta. Nadie se quiere perder el resultado de la votación de la Cámara de Diputados por el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Hasta el sol sale en ese momento, tras dos días seguidos de lluvia y cielo nublado. Cuando la tensión llega a un punto inaguantable, finalmente se escucha “172 votos afirmativos, 73 negativos, 2 abstenciones. Resulta afirmativo”.

La emoción se desata, los gritos llaman la atención del resto de los presentes que se suman al festejo. Por fuera de esa ronda espontánea de personas que ahora se funden abrazadas, Maria Chiribao abraza a su madre al tiempo que comienza a sonar el Himno Nacional. Lloran, no se sueltan, le dan besos al cartel con la foto de su hija Mía de 5 años: “Tiene parálisis cerebral y epilepsia refractaria. Ella sufre más de 40 crisis por día. Nuestra obra social que es UTA, del transporte de colectivos, nos está negando lo que para ella sería una mejora en la calidad de vida con una terapia cetogénica y una internación domiciliaria con enfermería las 24 horas. Nosotros estamos luchando por eso, ya nos la rechazaron dos veces. Mi hija tiene riesgo de muerte súbita porque tiene más de 40 crisis por día y es farmacorresistente, toma siete medicaciones a la mañana y siete a la noche”, cuenta Maria, aún recuperándose de la emoción.

La Ley de Emergencia en Discapacidad actualiza mensualmente aranceles y eleva las pensiones no contributivas al 70% del haber mínimo, compatibles con empleos formales de hasta dos salarios mínimos. Además, incluye la regularización de pagos a prestadores condonando intereses y deudas, el fortalecimiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) mediante auditorías y mejoras de gestión, un mecanismo de transparencia que obliga al Ejecutivo a informar sobre ejecución y políticas, y la actualización del Certificado Único de Discapacidad (CUD). El Poder Ejecutivo Nacional la vetó, alegando que atenta contra el equilibrio fiscal. Este miércoles, la Cámara de Diputados rechazó el veto, restando aún la decisión de los Senadores. La ley, en el caso de ser aprobada, tendría un impacto fiscal de entre 0,22% y 0,42% del PBI. Hace un mes, el Presidente de la Nación, Javier Milei, anunció la disminución de retenciones al sector agropecuario, lo que representa el 0,20% del PBI nacional.

La situación para prestadores, docentes y personas con discapacidad llegó a un punto crítico. El último aumento que recibieron los prestadores fue del 0,5% en octubre de 2024, sumado a que los pagos de la obras sociales llegan con hasta 6 meses o un año de atraso. Todo esto repercute en la calidad del servicio brindado e impacta directamente en el nivel de vida de las personas con discapacidad. “Venimos acompañando a las familias con un esfuerzo enorme que muchas veces es a pulmón, sin recursos. Sabemos que faltan acompañamientos e inversión. Vemos cómo a los chicos se les caen las prestaciones y cómo impacta eso en sus trayectorias en las escuelas y en sus familias. Son recorridos que cuesta mucho sostener y llevar adelante y que, de golpe, por la falta de inversión, se cae un prestador. Nuestros chicos quedan en banda por más esfuerzo que realicemos los docentes desde las escuelas. No alcanza si no hay presupuesto, no alcanza si no hay inversión en discapacidad”, señala Mariana Scayola, una docente que conoce desde adentro la importancia de las maestras integradoras.

El contraste con lo que ocurre dentro del Congreso es inevitable: mientras en los pasillos se discute el impacto fiscal de entre el 0,22 % y el 0,42 % del PBI, afuera se mide en terapias que no llegan, medicamentos que se atrasan o chicos que se quedan sin acompañamiento escolar. Según el último censo, más de 3 millones de personas viven con algún tipo de discapacidad en la Argentina, y son ellas quienes están en el centro de esta pulseada entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento.

Luego de rechazar el veto a la emergencia en discapacidad, en la Cámara de Diputados llegó el turno de debatir el aumento a jubilados, que establecía un incremento del 7,2 % en los haberes jubilatorios y la suba del bono de 70.000 a 110.000 pesos. Con esa fórmula, la jubilación mínima pasaría de 309.295 a 331.000 pesos, y sumando el bono alcanzaría los $441.000 mensuales.

Afuera, en la Plaza del Congreso, los jubilados desplegaron su tradicional manifestación de los miércoles, esta vez con el objetivo explícito de hacerse escuchar por los legisladores. Entre cánticos, risas y aplausos, se organizaban en la ronda que da la vuelta a la plaza. Liliana Carci, referente del Plenario de Trabajadores Jubilados, se ríe con sus compañeros, todos con chalecos naranjas, mientras inventan rimas que desembocan en el definitivo: “Traigan a la Bullrich y a Milei para que vean que estos viejos no cambian de idea. Pelean, pelean, son la rebelión”. “Les diría a los diputados que prueben vivir con 300 mil pesos por mes a ver hasta qué día llegan”, sostiene Liliana. “Ellos están ahí porque alguien los eligió; su tarea no es hacer negociados con el gobierno. Si ya se votó la ley, deberían respetar ese resultado. Pero, ¿qué pasa? El gobierno los está comprando para que modifiquen el voto original y no nos den el aumento que, aunque no soluciona todas nuestras necesidades, ayuda un poco. Hay que acordarse que también nos quitaron los medicamentos que tenían el 100% de cobertura. Entonces, encima de que no nos aumenten el haber jubilatorio, nosotros tenemos que pagar nuestros medicamentos y las personas de 70 años o más tenemos enfermedades crónicas que son producto de la edad”.

Por la noche, con la Plaza ya desértica y tras largas horas de debate, la oposición no alcanzó los dos tercios necesarios y el veto se mantuvo, haciendo oídos sordos, una vez más, a los reclamos y necesidades de un colectivo que seguirá luchando todos los miércoles.

 

Remedios que matan

Remedios que matan

En Argentina se está viviendo la mayor crisis farmacéutica en la historia. Ya hubo 96 muertes confirmadas por fentanilo contaminado, más que en el atentado a la AMIA o en la tragedia de Once. Una carta de advertencia que no llegó a tiempo. Una investigación sobre la negligencia médica. Y el silencio de las autoridades. Se esetima que hay más de 150 mil ampollas infectadas.

Allanamiento de la Policía Federal Argentina en el Hospital Italiano de La Plata en Mayo de 2025. Foto: Ministerio de Seguridad

Para entender la secuencia hay que retrotraerse casi nueve meses de que el término “fentanilo” saltara a los titulares. Antes de que el Ministerio de Salud declarara la emergencia. Antes incluso de que en la Argentina se lo pensara como un asunto lejano.

Entre el 28 de noviembre y el 12 de diciembre de 2024, inspectores de la ANMAT revisaron la planta de Laboratorios Ramallo S.A., parte del grupo HLB Pharma, en la provincia de Buenos Aires. Detectaron deficiencias clasificadas como “críticas y mayores” en controles de calidad, validación de procesos, documentación y depósitos. Según documentos internos revelados por La Nación, el lote 31201 se produjo el 18 de diciembre de 2024, y el lote 31202 el 3 de enero de 2025.

El 10 de febrero de 2025, la autoridad regulatoria envió una Carta de Advertencia: suspendía la producción hasta que la empresa presentara un plan de acción correctivo. Pero el 3 de enero, antes de que la carta saliera, el lote 31202 de citrato de fentanilo ya había sido fabricado.

¿Cuánto tiempo circularon las ampollas contaminadas antes de que se emitiera la alerta pública? ¿Qué controles fallaron y quiénes son responsables de esas omisiones?

A fines de abril de este año, en el Hospital Italiano de La Plata, pacientes internados desarrollaron infecciones graves: sepsis, neumonía, shock. Todos habían recibido pequeñas dosis de fentanilo del mismo lote. Las bacterias halladas, Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, confirmaron la contaminación.

Pero no fue hasta el 8 de mayo, tras las denuncias de instituciones médicas, que la ANMAT emitió una alerta pública ordenando no usar el producto. Cinco días después se prohibió formalmente el lote 31202 y se ordenó su retiro. Para entonces, según estimaciones, el lote rondaría en más de 300.000 ampollas, de las que se habrían aplicado unas 45.000.

El recuento de víctimas creció con las semanas: 34 a fines de mayo; 76 el 12 de agosto; entre 87 y 96 confirmadas hasta el jueves 14 de agosto, además de otros casos en investigación.

“Aún no se conoce la magnitud de la situación. Todavía no hay certeza de la cantidad de ampollas aplicadas en el país. Hay 6 lotes en investigación y uno solo protagonista, el 31202.

Eso no significa que no haya más lotes esparcidos. Hay que activar una emergencia sanitaria”, reclamó Alejandro Ayala, familiar de una víctima, en declaraciones a los medios. 

La causa penal se encuentra en etapa de instrucción, a cargo del juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak. La Justicia investiga a 24 posibles responsables, entre ellos al empresario Ariel García Furfaro, bajo acusaciones que van de homicidio culposo a adulteración de productos médicos.

“Fueron dos lotes, uno de los cuales tuvo alta circulación y se aplicó ampliamente. Del otro no se llegó a administrar ninguna dosis”, precisó Ernesto Kreplak en Radio con Vos

En paralelo, ante el silencio de las autoridades de los ministros a las preguntas y los reclamos, más de 80 familiares de víctimas se reúnen en un chat de whatsapp: “Unidos por la justicia de las víctimas del fentanilo mortal”. Allí comparten el duelo mientras exigen justicia por la negligencia médica y alertan por la emergencia sanitaria.

“La incertidumbre es enorme, hay más de 150.000 ampollas infectadas. La mayoría no se sabe ni dónde están ni cómo fueron utilizadas por la falta de registro”, expresa Sandra Altamirano, madre de Daniel Oviedo. Daniel tenía 42 años, murió después de ser tratado con fentanilo infectado en el Hospital Italiano de la Plata. 

La tensión entre las familias y el principal imputado se profundizó la noche del jueves 14 de agosto, cuando Ariel García Furfaro dio su versión de los hechos en el canal TN, donde afirmó haber leído “todas las historias clínicas” de las víctimas. La declaración, realizada mientras en el estudio se encontraban familiares de varios de los fallecidos, provocó un inmediato rechazo.

“Me gustaría saber, ¿cómo tiene acceso él a las historias clínicas? Cuando hay familias que están desesperadas pidiéndolas y nadie se las entrega”, se preguntaba Sandra viendo la televisión. En el chat que tiene con otros familiares ella los ayuda a buscar los historiales. “Es inexplicable lo que pasa y lo que provoca en nosotros”.

Anoche, en el lanzamiento de la campaña electoral bonaerense, el presidente Javier Milei responsabilizaó a Axel Kiciloff por tener como cliente al laboratorio HLB Pharma, sin embargo no se conoce aún pronunciamiento del ministro de Salud Mario Lugones, a pesar de que las víctimas del fentanilo tapizan todo el país. Solo se escuchó al ministro de Desregulación, Adolfo Sturzenegger, quien insistió en desarticular el ANMAT asegurando, en este trágico contexto, que es mejor que cada ciudadao se cuide solo.

Hoy la crisis sigue abierta: continúan los peritajes, los allanamientos y la búsqueda de responsabilidades. Lo que comenzó como un problema de control de calidad es ahora un expediente judicial y un episodio crítico de salud pública.

 

Israel usa el hambre como arma para ejecutar un genocidio

Israel usa el hambre como arma para ejecutar un genocidio

Con el férreo bloqueo impuesto por Netanyahu, una hambruna devastadora se instaló en Gaza, donde todo es destrucción, escombros y muerte. Presión internacional para reconocer el Estado palestino.

Manifestación contra el genocidio en Gaza en el centro de Buenos Aires el pasado 12 de julio. 

“Lo que está pasando en Gaza es un genocidio planificado”, dijo en diálogo con ANCCOM, Efraim Davidi, periodista, analista político, militante activo del Frente Democrático por la Paz y profesor de Historia Social de la Universidad de Tel Aviv, donde reside. Y agrega que “Tel Aviv está aproximadamente a 100 kilómetros de la Franja de Gaza, región a la que no se puede entrar desde hace muchos años, más o menos desde 2017. Lo que sabemos de Gaza es por lo que sale en la prensa y la comunicación que se tiene con los hospitales”.

A 675 días del conflicto palestino-israelí, la crisis humanitaria en que se vive en Gaza no tiene comparación con ninguna otra de la región. El plan del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, es la destrucción de Hamás y la ocupación total de la Franja de Gaza, desplazando a las cerca de dos millones de personas que residen allí. Israel controla alrededor del 75 por ciento del territorio, mientras el Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamás, ha cifrado en más de 61.300 los muertos por la ofensiva israelí. Por su parte, Hamás tiene aún 49 rehenes israelíes cautivos.

Hace más de 50 días Israel realizó un bloqueo total de ayuda humanitaria a Gaza. En ese territorio casi una cuarta parte de la población ya está sumida en la hambruna. Los asesinatos y las muertes por bombardeos cotidianos ascienden a casi 16 mil personas en las últimas semanas.  En tanto, la ONU (Organización de las Naciones Unidas) declaró que el hambre, como arma, es un crimen de guerra.

Para la licenciada en Ciencia Política y Gobierno, especializada en Relaciones Internacionales, Anabel Cichero Lalli, “el bloqueo como tal, el oficial, comenzó en marzo de 2025. Pero Gaza ya estaba bloqueado desde antes, sólo que no estaba mediatizado.” La politóloga denuncia que esta situación “tiene casi 20 años, solamente que con el recrudecimiento pos 7 de octubre (de 2023) se visibiliza mucho más. El bloqueo oficial se dio con la excusa de debilitar política y militarmente a Hamás, pero bien sabemos que lo único que traen los bloqueos es hambre, miseria, pobreza. Gaza llegó a la desnutrición de manera severa. Además, la mitad de los hospitales en Gaza fueron destruidos, los médicos están saturados y no permiten el ingreso de personal médico extranjero. Como si fuera poco, el acceso al agua potable ya no existe, no hay combustible, no funcionan las usinas eléctricas, no funcionan los hospitales, no funcionan las ambulancias.” Desde su perspectiva, “la palabra bloqueo suaviza un contexto que es mucho más crudo y mucho más cruel que lo que estamos viendo. El bloqueo es lisa y llanamente terrorismo económico. En 2007 Israel impuso este bloqueo tanto terrestre como aéreo y marítimo, que luego fue intensificado en 2023. Gaza no puede ni exportar ni importar libremente bienes básicos. Tampoco se le permite avanzar o desarrollar sectores productivos que son la base su tejido económico, como la agricultura y la pesca. Sumado a esto, se le anuló la ayuda humanitaria internacional, que es de lo único que depende para sobrevivir. Este es uno de los genocidios y de los castigos colectivos más filmados, más visibles de la historia de los conflictos del mundo”, argumentó Cichero. Quizá por esa razón, Israel asesinó esta semana a seis periodistas de la cadena Al Jazeera, quienes transmitían en vivo el horror que viven los gazatíes.

Coincidiendo con el panorama descripto por la politóloga, Davidi menciona que “Gaza tiene dos fronteras. La más larga es con Israel y la más pequeña es con Egipto. Israel bloquea las entradas a la Franja de Gaza desde hace ya 12 años y el mar desde antes. Pero a partir del 7 de octubre de 2023 se restringieron las entradas de ayuda humanitaria, junto con una campaña de destrucción total de la Franja de Gaza. Y desde el 15 de marzo de este año el gobierno israelí decidió que no entra ningún tipo de ayuda. Hay que tener en cuenta, además, que el sector agrícola ha sido destruido. O sea, no hay productos locales. A todo esto me refiero con ‘genocidio planificado’”.

En los últimos días el mundo comenzó a hacerse eco de lo que está sucediendo en Gaza. Canadá, Francia, el Reino Unido y Australia manifestaron abiertamente que reconocerán a Palestina como Estado. Más recientemente, también sumó su apoyo el presidente finlandés. Por su parte, Donald Trump expresó su disgusto y desacuerdo con esta posición y amenazó con terminar las relaciones económicas con Canadá. En tanto, China exigió un alto al fuego y Bélgica, Alemania, España, Francia, Emiratos Árabes Unidos y Jordania lanzan ayuda desde el aire a Gaza. Mención especial para la posición del actual presidente de la Argentina, Javier Milei, uno de los pocos jefes de estado a nivel internacional que apoya a Israel. Pese a que Netanyahu tiene un mandato de arresto internacional por crímenes de guerra, tiene pensado venir a nuestro país en el mes de septiembre, uno de los tres países a los que podría ingresar sin temor a ser arrestado junto con Hungría y Estados Unidos.

Mientras que Davidi sostiene que “Netanyahu y Trump son una misma cosa”, considera que, aunque la posición manifiesta de algunos países de reconocer un Estado palestino obedece a una respuesta frente a la presión de la opinión pública internacional, “los sectores pacifistas en Israel vemos eso como un paso necesario y positivo. O sea, esperamos que Macron cumpla con su palabra, que Canadá cumpla con su palabra y que todos los países que están declarando que van a reconocer a Palestina efectivamente lo hagan. Porque eso significa una presión para que el gobierno fascista de Israel cambie de posiciones. En esta situación, la presión internacional es fundamental.”

En el mismo sentido, Jorge Elbaum, periodista, sociólogo, investigador, profesor universitario e integrante de la organización Llamamiento Argentino Judío plantea que “las decisiones de estos países son tardías. Argentina lo hizo en el gobierno de Cristina Kirchner en el 2010.” Y aunque reconoce que es mejor “tarde que nunca”, considera que son mecanismos “vinculados a la presión diplomática más que a una decisión conceptual o asumida de la necesidad de que Palestina sea libre junto a Israel. Creo que es simplemente un mecanismo de extorsión, pero como tal no le veo mucha rigurosidad.”

Elbaum indica que su posición es clara: luchar por dos Estados para dos pueblos. “Eso supone el fin de la ocupación de Israel a Cisjordania. Supone también el fin del sitio, los bombardeos y las masacres en Gaza que incluyen obviamente un genocidio. Esa es la posición del Llamamiento, dos pueblos para dos países. Paz. Liberación, por supuesto, de los rehenes israelíes en poder de Hamás y de los presos políticos palestinos en poder de Israel. Y una conferencia internacional para de alguna manera ayudar al nacimiento de Palestina, terminando con esta situación de masacres cotidianas donde obviamente pagan siempre los más débiles.” Para el sociólogo, “no puede ser que haya seis o siete millones de personas en Palestina que no tengan su Estado, que no tengan derechos ciudadanos ni políticos y que sean parte de una ocupación militar. Es insostenible. Es como el apartheid en Sudáfrica. Se tiene que acabar. Será ahora. Será más tarde. Pero la situación no puede seguir así eternamente porque es un pueblo que está oprimiendo a otro.” Pese a esta claridad en el análisis, reconoce no estar muy seguro de la actitud que puede llegar a tomar Netanyahu, de quien considera que “está haciendo un proceso de venganza similar al que hizo Estados Unidos en Japón con las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki. Es una venganza brutal. En la tradición antropológica podríamos decir que es una forma de ‘comerse al antropófago’. Es reproducir por mil, por diez mil, las mil quinientas muertes, asesinatos producidos por Hamás el 7 de octubre. Con lo cual esto merece una solución política, no militar.”

En consonancia con la solución política, Cichero considera que es primordial volver a los tratados internacionales como los de Ginebra, de los cuales Israel es signataria: “En estos convenios, rigen las normas de protección y de trato humanitario a los civiles que están dentro de un conflicto armado o de una ocupación. Dentro del articulado de las normas, se establece que la fuerza ocupante debe velar por el acceso a la educación, a la salud, a la alimentación, al agua potable de los civiles ocupados. Israel no lo está cumpliendo. Esto hace que los gazatíes deban depender estructuralmente de los servicios israelíes, los cuales Israel tampoco provee. Es decir, además de que Israel controla todos los accesos a Gaza y los registros de la población gazatí, controla y permite o corta el flujo de los bienes y servicios, y condiciona la vida económica. Gaza está totalmente aislada del sistema financiero internacional, no tiene libre circulación de divisas, el bloqueo le impide comerciar con países vecinos. Todo esto hace que sea totalmente inviable la estatalidad en Gaza. No puede haber un Estado si no hay una economía propia que fluya. No puede haber un Estado donde la gente que no muere se está escapando, algo básico de geopolítica: donde no hay población, no hay Estado.” La politóloga plantea que el principal objetivo de Israel en Gaza es desmantelar integralmente a Hamás para luego avanzar, pero para esto tienen que desmantelar al partido gobernante: “Hay documentos en los que se especifica que el fin último del Estado de Israel es acaparar Cisjordania y Gaza para finalmente delimitar sus fronteras y ahí recién poder confeccionar una Constitución, porque no puede haber una Constitución si no tenés delimitadas tus fronteras”. Y señala que “hay una presión política interna en Israel para con Netanyahu que es enorme. Hay movilizaciones todos los días, no solamente pidiendo que se detenga, que haya un cese al fuego, sino que se está criticando su ineptitud para recuperar a quienes aún permanecen retenidos como rehenes. Entonces, esa es otra de las cuestiones. Hay una especie de manotazo de ahogado de Netanyahu de querer avanzar a todo galope para tener una victoria estratégica no solamente a nivel geopolítico, sino también en la opinión pública.”

Davidi coincide y agrega datos: el 72 por ciento de la población israelí exige que la guerra se termine. En los últimos días también se dieron a conocer negociaciones para alcanzar un alto al fuego, en las cuales participó un enviado de Trump, Steve Witkoff. Sin embargo, para este analista político “en los hechos no hay ninguna negociación. Una de las condiciones del Hamás y de muchos otros sectores internacionales, es que Israel termine la guerra”.

Haciendo foco en el rol de Trump en este conflicto, Elbaum indica que “el máximo responsable de la guerra, del conflicto y de avalar lo que ha hecho y lo que sigue haciendo Israel, sin duda es Estados Unidos que apoya, avala y suscribe estas prácticas coloniales de Israel. Estados Unidos ha vetado en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas todas las votaciones realizadas en la Asamblea en la cual exigía a Israel el abandono de los territorios ocupados por un lado y la configuración de un país de Palestina, tal como lo dispuso las Naciones Unidas en la partición de 1947.”

Matar de hambre es una de las maniobras más despiadadas en una guerra y lamentablemente se usa como arma de combate. El conflicto en Gaza, al que a sus más de 61.300 muertos se suman más de 152.000 heridos, mantiene a todo un pueblo sumido en la hambruna y una tierra destruida y devastada. Mientras Médicos Sin fronteras asegura que sus equipos están viendo “niveles catastróficos de desnutrición” en el territorio, la comunidad internacional oscila entre el reconocimiento simbólico del Estado palestino y la inacción práctica.

Lágrimas de libertarios

Lágrimas de libertarios

Después de un largo letargo, la Cámara de Diputados se despertó y le asestó un duro golpe al gobierno de Javier Milei. Aprobó la media sanción de la Ley de Financimiento Universitario y la que dicta la emergencia pediátrica. Además, rechazó con dos tercios cinco decretos presidenciales que daban por tierra con históricas políticas en cultura, tecnología industrial y agraria, vialidad nacional, y que afectaban al Banco Nacional de Datos Genéticos y derecho a huelga. Ahora tiene la palabra el Senado.

Con 129 diputados en sus bancas y sin el acompañamiento del oficialismo, la Cámara de Diputados obtuvo quórum y vivió una jornada legislativa histórica. En una sesión especial impulsada por bloques opositores, se aprobó la media sanción de la Ley de Financiamiento Universitario, se declaró la emergencia en pediatría y se rachazó cinco decretos presidenciales firmados por Javier Milei. La movida, inédita desde la asunción del actual gobierno, logró avanzar gracias a una coalición coyuntural de espacios opositores que unieron fuerzas para ponerle un freno parlamentario al plan de ajuste del Ejecutivo.

En diálogo con ANCCOM, la diputada de Unión por la Patria Juliana Estrada destacó el rol del Parlamento: “El Congreso es el único lugar que le está haciendo frente al gobierno nacional. Acá se aprobó el aumento a las jubilaciones y a las prestaciones por discapacidad, y la respuesta de nuestro presidente fue vetar esas leyes. Si esas leyes no vuelven a la Cámara y se aprueba el veto, tiene que haber un rechazo en las urnas”.

Por su parte, el diputado del mismo espacio, Hugo Yasky, valoró haber logrado el quórum. “Este Congreso, reuniendo quórum a pesar de que el oficialismo lo quiere paralizar, y esta votación donde vamos a aprobar el financiamiento para las universidades y el Garrahan, tiene que ver con la lucha popular, esa llamita encendida de los que desafiaron a la represión y se movilizaron. Cuando la calle presiona, es cuando el Congreso funciona”, describió antes de que ambas leyes lograran la media sanción.

El primer proyecto tratado fue la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por 158 votos a favor, 75 en contra y 5 abstenciones. Esta normativa establece que el Gobierno Nacional deberá convocar a paritarias para recomponer el poder adquisitivo de docentes y no docentes universitarios, tomando como referencia la inflación acumulada desde diciembre de 2023 hasta la fecha de sanción de la ley.

Luego, se aprobó la declaración de Emergencia en Pediatría, con 159 votos afirmativos, 67 negativos y 4 abstenciones. Ambas iniciativas ahora deberán ser tratadas en el Senado.

La ley de emergencia pediátrica tendrá vigencia por un año y permite al Estado realizar compras directas de insumos médicos, además de garantizar su financiamiento. También contempla mejoras en las condiciones laborales del personal de salud infantil, incluyendo una recomposición salarial y la exención del impuesto a las Ganancias sobre guardias y horas extra.

Uno de los puntos más destacados de la norma es el reconocimiento del Hospital Garrahan como centro de referencia nacional (Artículo 4), lo que implica que el Estado debe garantizar su pleno funcionamiento. Además, se deroga la reforma del régimen de residencias médicas impulsada anteriormente por el Ministerio de Salud.

El debate fue abierto por el diputado Pablo Yedlin, de Unión por la Patria (Tucumán), quien expresó: “No es la primera vez que hay conflicto en el Garrahan, pero esta situación es completamente diferente: hay conflicto con los residentes nacionales, con salarios 53 % por debajo de la inflación”.

Además, describió: “Hoy está en riesgo el funcionamiento del hospital, y hay 355 mil niños de todas las provincias que vinieron al Garrahan durante el 2024. Ojo, gobernadores: les recuerdo ese número de niños que vinieron a atenderse, y que no hay otro lugar para atenderse. La salud de ningún niño argentino no debe ser dada en ningún altar del equilibrio fiscal”.

En la misma jornada, la Cámara rechazó varios decretos presidenciales dictados por Milei mediante sus facultades delegadas. Se opusieron a las modificaciones en el Banco Nacional de Datos Genéticos (133 votos afirmativos, 69 negativos y 2 abstenciones); al INTI y el INTA (141-65-1); a los organismos de la Secretaría de Cultura (134-68-3); a las modificaciones del régimen de excepción de la Marina Mercante Nacional (118-77-8); y a la reorganización de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía (138-65-2).

Este resultado deja al oficialismo en una posición delicada: si el Senado también reúne los dos tercios para rechazarlos, no entrarán en vigencia.

La sesión en Diputados fue posible gracias a una confluencia coyuntural entre bloques opositores como Unión por la Patria, la UCR, Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal, y otros espacios provinciales minoritarios.

Los diputados cordobeses del bloque Encuentro Federal —Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Alejandra Torres, Juan Brügge y Natalia De la Sota (actualmente en su espacio Defendamos Córdoba)— votaron a favor de los proyectos, fortaleciendo el bloque opositor. El gesto se inscribe en el enfrentamiento creciente con el presidente Milei, sobre todo tras la decisión del gobernador Martín Llaryora de sumarse al espacio “Provincias Unidas”, crítico del gobierno nacional.

Por parte de la Unión Cívica Radical, si bien el bloque había acordado participar de la sesión, solo seis de sus 14 integrantes bajaron al recinto. El sector de Mendoza, recientemente aliado con La Libertad Avanza a nivel provincial, no dio quórum ni participó de la votación. En tanto, Rodrigo de Loredo, uno de los referentes radicales, ingresó al recinto recién luego de que se alcanzara el quórum, evitando así quedar como impulsor directo del debate.

Desde La Libertad Avanza, el jefe de la bancada, Gabriel Bornoroni, argumentó su rechazo en nombre del equilibrio fiscal: “Todos los que apoyan esto quieren romper el equilibrio fiscal del presidente Milei. La Argentina del kirchnerismo y el populismo se acabó y los que van a votar con ellos son lo mismo”.

Sus palabras generaron gritos y fuertes reacciones desde las bancas de izquierda y de Unión por la Patria. Miguel Ángel Pichetto, de Encuentro Federal, respondió con dureza: “Definan las prioridades, no hagan tanto esfuerzo. No veo a la gente predicando sobre el orden fiscal”.

En la misma línea, Cristian Castillo del FIT cuestionó: “El argumento del oficialismo, el de que no hay plata, es cada vez más difícil de sostener. Al capital agrario le dan 1600 millones de dólares de ganancias extraordinarias”.

En diálogo con ANCCOM, Estrada sumó: “Milei es un insensible, forma parte de un gobierno que solo gobierna para los más ricos, no está de acuerdo con aumentar jubilaciones, prestaciones por discapacidad, con financiar las universidades, tampoco está de acuerdo con financiar el Hospital Garrahan. No le importa su gente”.

Por su parte, Yasky señaló: “Hay que convocar a la comisión para que se trate el tema de combustible y el tema de coparticipación de los ATN para conformar una mayoría sólida, así lograr reunir los dos tercios para que esas leyes que fueron vetas por el presidente, puedan volver a ser aprobadas por este congreso”.

La sesión dejó al descubierto la fragilidad parlamentaria que está atravesando el oficialismo y mostró que, con unidad coyuntural, en un escenario marcado por el cierre de listas y la reconfiguración de alianzas provinciales y nacionales, este gesto legislativo adquiere un valor doble: no solo frena leyes clave del Ejecutivo, sino que también marca el rumbo de las estrategias que algunos espacios políticos comienzan a trazar de cara a las próximas elecciones.

El Senado tendrá ahora la palabra.

Crónica de unos vetos anunciados

Crónica de unos vetos anunciados

El presidente Javier Milei vetó la Ley de Aumento a los Jubilados, la que restituía la moratoria y también la Ley de Emerencia a la Discapacidad. Ahora, el Congreso tiene la posibilidad de rechazarlos, pero el gobierno trabajaba para evitarlo. Días clave mientras los actores sociales se movilizan para exigir sus derechos.

 

El presidente Javier Milei, tal cual había anunciado entre risas, firmó el fin de semana los vetos a las leyes 27791, 27792 y 27793 sancionadas por el Congreso Nacional, que significaban el aumento a jubilaciones y pensiones, restablecían la moratoria previsional y dictaban la emergencia en discapacidad. El freno del Ejecutivo, a través del Decreto 534/2025, fue publicado este lunes en el Boletín Oficial y es acompañado por las firmas de Guillermo Francos, Federico Sturzenegger, Sandra Pettovello, Patricia Bullrich, Mariano Cúneo Libarona, Luis Caputo y Luis Petri entre otros.

Para el gobierno, las normas sancionadas por ambas cámaras del palacio Legislativo son un atentado contra el equilibrio fiscal. Según el documento, las leyes mencionadas “no cuentan con previsión presupuestaria suficiente, han sido sancionadas de forma ilegítima y afectan de manera tangible los objetivos de política económica”. Ahora, las leyes vuelven al Congreso para ratificar o no la pluma del presidente. Mientras tanto todo vuelve a cero.

Según comentó a ANCCOM la diputada nacional de Unión por la Patria Lorena Pokoik, el veto presidencial “no es un hecho aislado ni un gesto administrativo, es parte de una política de poder que combina ajuste brutal, represión interna y sometimiento externo” y destacó que el modelo del gobierno avanza en dos carriles, “la demolición de derechos” y “la construcción de un aparato represivo para sostener ese ajuste a palos”.

Por otro lado, la legisladora dijo que “desde la oposición vamos a denunciar esta barbaridad que el gobierno con total impunidad viene llevando adelante, tanto en la utilización de decretos como de vetos, pasando por encima de la representación del Congreso Nacional”.

El aumento de los haberes jubilatorios era de 7,2 por ciento y el bono de hasta ciento diez mil pesos, lo que la diputada Pokoik consideró como “apenas un paliativo a la situación tremenda que están viviendo nuestros jubilados y jubiladas”. Y agregó que la imposibilidad de entrar en moratoria “teniendo en cuenta que hay muchísimas personas que han trabajado toda su vida pero con empleos no registrados y no han cumplido los años de aporte, deja a mucha gente fuera del sistema”. 

Con respecto a la discapacidad y la ley de emergencia, también vetada por el gobierno, la legisladora nacional afirmó que es “un sector que hoy está atravesando una situación muy complicada” y mientras tanto el gobierno argumenta que “para las iniciativas vetadas no teníamos financiamiento sólido y que comprometerían el equilibrio fiscal, lo cual es un disparate porque mientras veta estas leyes se reúne en la Rural a darle beneficios a los que más tienen” sentenció Pokoik. 

Por su parte Cristian Castillo, diputado nacional del FIT-U, consideró que se trata de “la continuidad de la política de este gobierno, que mientras le baja retenciones al capital agrario dice que no hay plata para los jubilados y para la discapacidad”. Además, el diputado afirmó que “hay que repudiar esos vetos y hacer todo lo posible para voltearlo”. 

“Tendría que haber paro y movilización convocados por la CGT y de esa manera hacerle sentir a todos los diputados y diputadas la fuerza de la movilización para poder revertir tanto el veto en las leyes jubilatorias como en la emergencia en discapacidad” afirmó Castillo.

 

Desde la Asamblea Discas en Lucha se emitió un comunicado en relación a las medidas llevadas a cabo por el actual gobierno, en el que afirman que cumplirán “con la promesa de hacerle frente a sus políticas de hambre y exterminio”. Además, confirmaron una movilización para este miércoles a las 15hs en la Plaza del Congreso, y en las plazas de todo el país, con el objetivo de defender la Ley de Emergencia en Discapacidad y en un claro apoyo a los jubilados que se concentran cada semana. En el documento, la asamblea afirma que “vetar estas leyes implica la intención de vetar nuestras vidas”. Laura Alcaide, militante disca e integrante de la Asamblea sostuvo que “la lucha conjunta va a resolver los problemas, hay que unificar las luchas porque todas las medidas nos atañan de conjunto”. Por otro lado, en referencia tanto a las personas con discapacidad como a los jubilados, consideró que “somos dos luchas de vanguardia no elitistas que nos oponemos fuertemente a este gobierno”. 

El movimiento de discapacidad esta semana va dividido. La Asamblea Disca se suma a los jubilados el miércoles, como lo hizo en su movilización anterior, mientras que El Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que contempla a todos los sectores patronales, convocó a una movilización para este martes a la mañana pero sin garantizar el paro, como sí sucedió con la histórica paralización de servicios del sector durante 5 días.

A partir del veto, las leyes deberán volver a la Cámara de Diputados y para rechazarlo serán necesarios los dos tercios de los votos de ambos recintos. Entre tejes y manejes, se esperan movimientos en el gobierno con respecto a las cajas de los gobernadores para lograr que el veto sea ratificado.

Al ser consultada por el posible tratamiento de los vetos en el Congreso, Pokoik respondió que “una posibilidad es que se trate cerca del cierre de las listas para las elecciones de octubre, donde esperamos que el debate gane fuerza y que logremos reunir consensos para poder dar vuelta estos vetos y que estos derechos lleguen a las personas que más lo necesitan” enfatizó la diputada de UxP.

Lo que se viene

Sobre la próxima sesión de la cámara baja, el temario a tratarse fue impulsado por los bloques de oposición de Unión por la Patria, Democracia Para Siempre, la Coalición Cívica y Encuentro Federal. Entre los temas a tratar está el financiamiento universitario, el veto sobre la emergencia en Bahía Blanca. El diputado Castillo dijo que espera “que efectivamente haya quórum y que nadie se levante antes de poder tratarlos”.

A su vez, la diputada Pokoik declaró que desde su bloque van a “impulsar los proyectos de los gobernadores sobre la de las ATN (Aportes del Tesoro Nacional), de los impuesto a los a los combustibles líquidos y la reactivación de la comisión investigadora por el caso Libra que todavía sigue trabado en catorce integrantes de un lado y catorce integrantes del otro, lo que impide definir la presidencia de la comisión y el oficialismo se resiste a que el pleno de la cámara pueda destrabar esa situación votándolo directamente en la cámara y es importantísimo para que pueda comenzar a funcionar”.