Murió otro represor impune

Murió otro represor impune

A los 77 años y mientras era juzgado por crímenes de lesa humanidad, falleció ayer el genocida y apropiador de bebés Juan Carlos Vázquez Sarmiento. Prófugo de la justicia durante dos décadas, nunca dio información sobre sus víctimas ni tuvo condena firme por sus crímenes.

Juan Carlos Vázquez Sarmiento, conocido como “el Colo” en sus años a cargo del circuito represivo de la zona oeste del Gran Buenos Aires, logró con su muerte la impunidad que en tantas oportunidades buscó: prófugo de la justicia durante casi dos décadas y protagonista de dos noticias en el último año: una por posar en una fotografía junto a un grupo de represores condenados y un diputados de La Libertad Avanza en julio de 2024. La otra fue exhibir su genitales a través de la cámara de un Zoom en la tercera audiencia del juicio por la Megacausa Mansión Seré y RIBA II el 24 de septiembre del año pasado, alegando senilidad, con el objetivo de ser declarado insano para afrontar el proceso. En la primera sesión de este año su defensa presentó un nuevo informe expedido por el penal de Ezeiza donde se constató el deterioro de su salud.

Al día de su muerte estaba cumpliendo la sentencia de 11 años en el penal de Ezeiza por la apropiación del nieto 102, Ezequiel Rochistein Tauro. A su vez, era juzgado en la megacausa Mansión Seré IV y RIBA II, por el secuestro de los miembros de la familia Pérez Roisinblit en en 1978: José Manuel Pérez Rojo, Patricia Roisinblit, embarazada de ocho meses, y su hija de tan solo un año, Mariana Eva Pérez. El hijo menor, Guillermo Roisinblit, nació en la ESMA, a donde su madre fue trasladada en cautiverio para dar a luz.

El silencio de Vázquez Sarmiento es el mismo que el de muchos otros genocidas que murieron sin dar a conocer dónde están los cuerpos de los desaparecidos o los bebés apropiados. Mariana Eva Pérez es querellante de la causa y nunca guardó esperanzas de que Vázquez Sarmiento hablara: “Lo que sabemos y reconstruimos es siempre gracias a los sobrevivientes. La impunidad, como sucedió en la década del 90, no sirve. En aquella época podían hablar libremente y no lo hicieron. Ya aprendimos que ahí no hay nada para nosotros, que van a ejercer la crueldad hasta el final sin decirnos que hicieron con nuestros seres queridos, llevando eso a la tumba”. Sobre el proceso judicial señaló: “La justicia actuó correctamente, se le otorgó defensa oficial, atención médica y los estudios correspondientes. Si llegó a ser juzgado en este estado fue porque estuvo 19 años prófugo”.

En la misma línea, Pablo Llonto, abogado de Maria Eva Pérez, tras la noticia del fallecimiento de Vázquez Sarmiento declaró a ANCCOM: “Si desde la Corte se dieran directivas claras y fondos, muchos jueces y juezas no harían lo que están haciendo en los últimos tiempos, que es demorar intencionalmente estos juicios y las investigaciones burlándose así de miles y miles de víctimas”. El abogado querellante expresó su disconformidad en torno a los tiempos de la justicia y al accionar de algunos miembros del tribunal en el desarrollo del juicio, que tras distintas postergaciones a lo largo de dos años y un esquema de sesiones aún más prolongado por alternar con el juicio de Campo de Mayo: “La muerte de Vázquez Sarmiento no nos ha sorprendido, cómo no sorprende ya la lentitud de la justicia en llevar adelante juicios por asesinatos, secuestros, torturas y apropiaciones de niños cometidas hace casi 50 años”. Una inoperancia intencionada, enfatizó Llonto”: “En este caso, de muerte de un genocida en pleno juicio oral, es otra muestra de la insensibilidad de la Corte o de algunos miembros, que no cumplen con sus obligaciones de dar celeridad y de poner recursos en los juzgados que investigan los más grandes crímenes cometidos en la Argentina”.

Mariana Pérez señaló que al conocer las últimas pericias, que indicaban el desenlace inminente, presentaron al Tribunal un pedido para continuar en el juicio por el derecho a la verdad, ya que la muerte del procesado es causa de extinción penal y quedarían fuera del debate oral como querella. A la espera de la respuesta del Tribunal, ella determinó que en caso de no poder seguir acompañando el proceso desde adentro lo hará como público: “Es un compromiso que no voy a abandonar y el público es un actor por demás de importante en los juicios”. Sobre el desarrollo del juicio explica que “la etapa de instrucción no está ni cerrada ni clausurada. Hay un montón de medidas que venimos pidiendo desde hace muchos años y que aún hoy no se cumplieron”. Detalla entre ellas la continua desconsideración de la responsabilidad de otros miembros de RIBA (Regional de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires) y víctimas, que a pesar de haberla identificado como su lugar de secuestro, siguen sin ser consideradas como tales. “Ese es el caso del socio de mi papá, que por primera vez estaba incluido en un juicio de Lesa Humanidad y que se quedará fuera otra vez, por estar abarcado en la causa de Vázquez Sarmiento”. Así como también, la necesidad de comprender que RIBA “no era una comisaría o base militar con funcionamiento normal previo a la dictadura, sino que se creó con fines represivos, para luchar contra la subversión en la Zona Oeste del Gran Buenos Aires. Y que todas las personas de allí están comprometidas y sus manos manchadas de sangre”.

Desde el aspecto personal del proceso señala que la megacausa, a diferencia de procesos judiciales anteriores, donde solo se juzgó la desaparición de sus padres, le dio otra visión de lo ocurrido: “Me permitió poner nuestra historia familiar en perspectiva con la lucha colectiva y la represión de toda disidencia política en Zona Oeste. Una lucha política que para mis padres tenía sentido. Por eso, aunque Vázquez Sarmiento haya muerto condenado sólo por la apropiación de Ezequiel Rochistein Tauro, para mí es un montón y lo siento en parte reparador. Quizás por ser casos tan unidos, termina teniendo que ver con nuestra historia familiar: sus padres como los míos también fueron parte de la columna oeste de montoneros”.

“Yo no puedo llamar ‘la justicia’ al Poder Judicial, porque en mi caso dista mucho de lo que necesito y de lo que tiene para aportar con respecto a mi propia historia. Estoy cansado de lo que viene sucediendo últimamente”, sostuvo Pérez Roisinblit.

Preguntas sin respuestas

Por su parte Guillermo Pérez Roisimblit, querellante junto a Abuelas de Plaza de Mayo por la desaparición de sus padres, en diálogo con ANCCOM expresó: “Me gustaría poder preguntarle a Vázquez Sarmiento ¿cuánto tiempo es suficiente? ¿Cuánto tiempo necesita tener desaparecidos a mis padres, cuánto necesita mantener desaparecidas a sus víctimas? ¿Cuánto es demasiado? ¿Con cuántos años él se sentiría feliz?”  Sostuvo que existe aún una especie de venganza y castigo de parte de los militares con respecto a sus víctimas: “Eligen mantener y sostener este pacto de silencio en el cual no aportan absolutamente nada porque es la última victoria, la frutilla del postre: llevarse la verdad a sus tumbas. Estamos hablando de gente de la peor calaña, que no tiene respeto por la vida humana, que disfruta de la situación en la que tuvo a sus víctimas y también en sostener la desaparición a lo largo del tiempo”.

“Yo no puedo llamar ‘la justicia’ al Poder Judicial, porque en mi caso dista mucho de lo que necesito y de lo que tiene para aportar con respecto a mi propia historia. Estoy cansado de lo que viene sucediendo últimamente”, sostuvo, y agregó: “A mí no me encuentra el Poder Judicial, un juez, un juzgado: a mí me encuentran las Abuelas y gracias al aporte, a la colaboración de una persona de la sociedad que hizo un llamado anónimo a la casa de las Abuelas y así se resolvieron veintiún años de búsqueda”. Desde que lo encontraron, sostuvo, se demoraron 13 años para investigar la responsabilidad de los miembros de la RIBA en el secuestro de su familia, y aun así no tuvieron en cuenta su apropiación al momento de imputar a Vázquez Sarmiento: “Es imposible fácticamente que, siendo superior de Francisco Gómez, habiendo participado del grupo de tareas que secuestró a mis padres y a mi dentro del vientre de mi madre, habiéndose apropiado de Rochistein Tauro, que Vázquez Sarmiento no haya tenido algún grado de participación en mi apropiación”.

“No puede ser que se trate de uno de los genocidas con más participación en la Fuerza Aérea y que sin embargo tenga una sola condena y haya estado encarcelado únicamente cuatro años”, expresó Pérez Roisimblit acerca de la vida de impunidad de Vázquez Sarmiento. “Tiene las manos manchadas con sangre de tantas víctimas, muy barato le salió la cantidad de vidas que arruinó, el daño que hizo, la cantidad de personas que carga en su haber”. A la vez, puntualizó en que si bien Vázquez Sarmiento murió procesado y encarcelado, estaba siendo juzgado por crímenes cometidos hace 46 años y que hacía solo cuatro años que cumplía una condena: “Habiendo encontrado en el 2021 a Vázquez Sarmiento, yo no entiendo cómo estamos hoy en el 2025 y el juicio no avanzó casi nada: estaba absolutamente todo para que se investigara su responsabilidad”.

“Era muy importante para mí poder escuchar lo que tuviera para decir y que también él escuchara mi testimonio”, sostuvo Pérez Roinsimblit. De todas formas, le gustaría seguir participando en el juicio dado que es de crucial importancia lo que pueda ocurrir alrededor del imputado Leston, vinculado también a la desaparición de sus padres; de la misma forma que está expectante por la posible declaración de Ezequiel Rochistein Tauro, quien aún no ha tenido la posibilidad de hacerlo.

La próxima sesión del juicio Mansión Seré IV y RIBA II se llevará a cabo de forma virtual, mañana a las 9 AM y se podrá ver a través del canal de youtube de La retaguardia.

Censurar la memoria

Censurar la memoria

El gobierno, con la complicidad del Poder Judicial, prohibió un recital de Milo J que se iba a relizar en el Espacio de la Memoria Ex-Esma cuando 20.000 adolescentes y jóvenes hacían fila para ingresar. Policías y carros hidrantes amenazaban con la represión. Repudio de organismos de derechos humanos y artistas.

A pesar de las horas de acampe, las largas filas y la emoción de miles de adolescentes y jóvenes, la música de Milo J no sonó este miércoles 12 en la ex−ESMA. El show gratuito que el joven artista tenía programado en el Espacio para la Memoria (ex ESMA) fue suspendido por orden judicial, tras la presentación de una medida cautelar del gobierno nacional que argumentó supuestas irregularidades en la organización del evento. La decisión cayó como un baldazo de agua fría sobre unos 20.000 jóvenes que esperaban ansiosos para ingresar al predio y provocó una ola de indignación entre organismos de derechos humanos, familiares de víctimas del terrorismo de Estado y el equipo del cantante.

Desde la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Alberto Baños, sostuvieron que el evento no contaba con las habilitaciones correspondientes. Sin embargo, los organizadores desmintieron tajantemente esas acusaciones. «Es totalmente falso. Se pidieron todos los permisos, se trabajó en un plan de evacuación y se contó con el apoyo del personal del lugar», aseguró Aldana Ríos, manager —y mamá— de Milo J en la conferencia de prensa realizada en la vereda de la avenida Libertador, en el frente del Espacio de Memoria, entre el público aun presente y medios de comunicación.

Algunos adolescentes llevaban dos noches acampando a la espera del recital.

 

Bronca

Desde la noche anterior, decenas de chicos acamparon para asegurarse un buen lugar en la preescucha de 166 Deluxe, el nuevo álbum de Milo J. Pero el evento nunca comenzó. La orden judicial llegó a pocas horas de que comience, y con ella, un operativo policial que incluyó camiones hidrantes y motos. «Nos amenazaron con reprimir a los chicos que estaban esperando para ingresar», denunció Ríos.

La noticia llegó a los asistentes cerca de las 16 a través de las redes oficiales de Milo J, y despertó reacciones que incluyeron lágrimas, impotencia y gritos de protesta contra la decisión del gobierno. «Vimos pibes que pasaron dos noches bajo la lluvia, durmiendo para poder verlo, irse llorando, irse a los gritos, muy enojados», relató Candela Fernández, de la agrupación Nietes.

Este fue el caso de de Aixa Álvarez, una joven de San Luis de 19 años, que esperaba con sus amigos ansiosa por ver al artista que la cautivó por “la mentalidad que tiene para su edad” y gracias a quién pudo conocer la Ex−ESMA: “Muchos de los que vinieron son menores de edad, así que también fue una oportunidad para que ellos le preguntaran a sus padres qué es la ESMA, qué pasó acá”, expresó.

Milo J. pidió a sus seguidores que se retiraran para evitar que se concrete la amenaza de represión.

 

Entre los que se quedaron en las inmediaciones del evento, también se encontraba Nicolás El Lakkis, de 33 años, acompañado de su sobrina Milagros, fanática de Milo. «Me parece muy grave que se suspenda un show de música. No era nada del otro mundo. Creo que hay un gobierno que le teme a la cultura, que le teme a que la cultura reúna gente en un espacio de memoria, y por eso suspendieron el evento», expresó con indignación. Además, Nicolás forma parte de un bar cultural cooperativo dentro del Espacio Memoria, por lo que también expresó el impacto de la decisión en su propio trabajo: «Teníamos mercadería comprada, todo listo para hoy. Nos afecta económicamente, pero también políticamente. Tanto que hablan de libertad, pero nos impiden escuchar la música que queremos. Esto no es libertad».

 

Falsa libertad

Para los organismos de derechos humanos, la suspensión del show es una fuerte muestra del avance del negacionismo. «El hecho de que miles de jóvenes vinieran al espacio de memoria era un hecho sumamente importante en un momento en que también estamos perdiendo soberanía y derechos», sostuvo Fátima Cabrera, representante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Por su parte, Manolo Franco, sobreviviente de la ESMA, tomó la palabra y dejó un mensaje de resistencia: «Hoy el negacionismo debe pensar que nos hizo un gol, pero yo digo que vienen perdiendo por goleada. Hoy miles de jóvenes entendieron que esta fue una negación política de permitir que conozcan parte de la verdad y se haga la transmisión de la memoria».

«Que miles de jóvenes vinieran al Espacio de Memoria era un hecho sumamente importante en un momento en que también estamos perdiendo derechos», sostuvo Fátima Cabrera, de Madres de Plaza de Mayo.

 

«Nos amenazaron con reprimir a los chicos que estaban esperando para ingresar», denunció Ríos, madre y manager de Milo J.

Este evento significaba más que un simple show. «La censura que sufrió Milo es gravísima. La decisión de tocar acá no fue política ni partidaria. Vinimos a un espacio de memoria donde nos sentimos contenidos», sostuvo su madre y manager. El artista, que ya había expresado en otras ocasiones su compromiso con la memoria y los derechos humanos, eligió la ex−ESMA por su carga simbólica y por su historia personal: su familia también fue víctima de la dictadura.

La cancelación del show generó un efecto contrario al buscado por el gobierno de Javier Milei: en lugar de silenciar la memoria, la potenció. «Ojo, porque esto ya pasó. Ojo, porque si mañana alguien canta una canción que no les guste, también pueden censurarlo. Ojo, porque pueden cortar un sonido, apagar luces, interrumpir un recital y hasta detener a los asistentes. Esto no nos puede volver a pasar», advirtió Ríos.

En un contexto de despidos masivos en organismos de derechos humanos y de recortes en políticas de memoria, la suspensión del show de Milo J se convirtió en un símbolo de la tensión entre el gobierno y los espacios de memoria. Llegando al final de su declaración, la madre del artista hizo una breve pausa, miró firmemente al frente en dirección a uno de los tantos vehículos policiales que custodiaban el lugar y exclamó con fuerza: “¿Tanto miedo les da un chico de 18 años?”.Los aplausos llenaron el espacio y un grito de “nunca más” pudo oírse desde la audiencia.

Mientras el gobierno justifica su decisión y los organismos de derechos humanos preparan una respuesta legal, miles de jóvenes se fueron del Espacio Memoria y Derechos Humanos con un aprendizaje inesperado. No vieron a Milo J en vivo, pero vivieron en carne propia lo que significa la censura. Y, quizás, entendieron más que nunca la importancia de la memoria.

«Cuando bajamos de la camioneta esperamos el tiro»

«Cuando bajamos de la camioneta esperamos el tiro»

Con el testimonio de Silvia Amar, se reiniciaron las audiencias por la megacausa Mansión Seré IV y RIBA II que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención de la Zona Oeste del Gran Buenos Aires. La declaración complicó al imputado José Juan Zyska.

“Cuando bajamos de la camioneta esperamos el tiro. Nos dijeron ‘no miren para atrás y caminen’. Ahí fue el gran miedo: nos agarramos de la mano con mi compañera, empezamos a caminar despacio y dije ‘acá nos matan’. Cuando sentimos que la camioneta se alejaba empezamos a correr”, expresó Silvia Beatriz Amar, única testigo de la jornada, en la sesión testimonial de este martes 10 con la que se reanudó el proceso judicial de la megacausa Mansión Seré IV y RIBA II. Luego de un periodo feria judicial el proceso iniciado en agosto del año pasado avanza en la búsqueda por verdad y justicia en un contexto adverso para los Derechos Humanos.

El día de su secuestro, Amar llegó al comercio donde trabajaba con su compañero: una casa de copias en La Plata. Allí los encontró a él y a un cliente con las manos en alto contra la pared. A la fuerza, la ubicaron en la misma posición. Mientras un hombre vestido de civil la interrogaba, otros inspeccionaron el local buscando objetos de valor. A la pareja la subieron a una camioneta: “Fue un viaje eterno en el que fue violada una de mis compañeras por la persona que nos custodiaba atrás”, sostuvo Amar en torno al traslado desde su lugar de secuestro hacia el centro clandestino de detención. “Cuando entramos a la camioneta ya había dos personas, amigos nuestros. El recorrido duró cerca de una hora y media. Pararon a buscar a otro matrimonio y a un estudiante de Abogacía”, relata la víctima, que intentó escapar durante una de estas paradas, pero tras el intento fallido recibió un culatazo en la cabeza: fue así que tomó consciencia de la presencia de armas.

La testigo reconoció similitudes físicas entre el imputado Zyska y el hombre que la interrogó en su lugar de secuestro y que violó a su compañera en el traslado.

Un punto de gran importancia de la declaración ocurrió cuando la testigo reconoció similitudes físicas entre el imputado Zyska y el hombre que la interrogó en su lugar de secuestro y que violó a su compañera en el traslado. El tribunal recurrió a declaraciones previas en las que la Amar, a partir de un conjunto de fotografías, ratificó sus palabras: “Coinciden la cara poseada, el bigote y la tez morena”.
Aunque durante sus días de cautiverio Amar no debió padecer sesiones de torturas, sí fue testigo de los gritos de horror de otros detenidos: “Escuchábamos las voces de compañeros torturados”, subrayó. Recordó simulacros de fusilamientos y ruidos de aviones y trenes que llegaban a la habitación.

La testigo no dejó de destacar las consecuencias psicológicas y físicas que afrontó luego de su liberación. Hizo hincapié en el periodo en que le tocó esperar por su novio, quien siguió en cautiverio por un prolongado tiempo más: “La eterna espera para ver si aparecían nuestros compañeros. Nos decían ‘quedate tranquila que va a aparecer’ pero luego cambiaban a ‘lo vas encontrar en una zanja’. Siempre tuvimos la esperanza de que los íbamos a volver a ver”.

Al finalizar el testimonio, Martha Ibarra, referenta de la Asociación Civil Moreno por la Memoria y querellante de la causa, dialogó con ANCCOM sobre el desarrollo de la megacausa y adelantó que luego de 24 declaraciones quedan aún otras 10. Sostuvo que aunque el juicio estuviera previsto con un desarrollo de dos años son varios los motivos que prolongan la extensión, entre ellos, la alternancia de audiencias cada quince días o la prestación declaratoria de un único testimonio, sumados además entre ellos los testigos de concepto. Puntualizó además que “conocer la modalidad de cada audiencia con pocos días de antelación dificulta la organización y presencia de la juventud en la sala” sector que se siente que debe ser interpelado a concurrir y ser testigo de los avances de las causas.

Por otra parte, en torno al vaciamiento en las áreas destinadas a la defensa, construcción y conservación de Derechos Humanos, vapuleados en el último tiempo por el actual gobierno libertario, Ibarra declaró que “sin trabajadores no hay memoria y es justamente lo que el gobierno nacional está gestando”. Y agregó: “Que los juicios de lesa humanidad continúen aún con este gobierno que reivindica la dictadura y niega los 30.000 marca independencia del Poder Judicial. Pero lo que sí logró el gobierno de Milei es vaciar de trabajadores la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en vez de garantizar con los recursos la continuidad de las políticas públicas de memoria, verdad y justicia. Los Espacios de Memoria -referencia física que otorga mayor sustento a los testimonios de los sobrevivientes, materialidad y prueba de los crímenes allí perpetrados- también están siendo vaciados de trabajadores y recursos”.

De los cinco imputados de la causa, Juan Carlos Herrera, José Juan Zyska, Ernesto Rafael Lynch, Julio Cesar Leston y Juan Carlos Vazquez Sarmiento, este último no estuvo presente lo que dio lugar a que en el inicio de la jornada se realizara un cuarto intermedio para debatir acerca de su inasistencia. Un informe de la unidad penitenciaria de Ezeiza alega un estado de salud deteriorado física y psicológicamente, por lo que la Defensa solicitó la suspensión del juicio para el imputado. El pedido fue denegado por la jueza María Claudia Morgese Martin, aunque reevaluará la situación del imputado en el devenir de las próximas jornadas.

En diálogo con ANCCOM, el abogado también miembro de la Asociación Civil Moreno por la Memoria, Sebastián Taiariol, se refirió al nuevo intento del genocida y apropiador de bebés Vázquez Sarmiento de ser declarado inimputable: “Estimamos que no se encuentra acreditada la indisposición que argumenta su defensa”. Previamente accedieron a las autorizaciones concedidas al imputado durante el año pasado para realizar consultas clínicas y pericias psiquiátricas de las cuales “no surge diagnóstico concluyente sobre la imposibilidad física o psíquica para ser parte de este juicio”.

La siguiente audiencia de la causa se llevará a cabo el 21 de febrero a las 9 horas.

La ONU condenó a Paraguay por el caso Villalba

La ONU condenó a Paraguay por el caso Villalba

Consideró al Estado responsable de la muerte de las dos niñas de once años, a quienes las autoridades intentaron hacer pasar por terroristas.

La Gremial de Abogados y Abogadas y la Campaña Internacional de Solidaridad con la familia Villalba consideró como una victoria el pronunciamiento del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas que condenó al estado de Paraguay por infanticidio. 

El Comité publicó su informe después de realizar la investigación confidencial sobre las mujeres asesinadas Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba, en septiembre del 2020 en Yby Yaú, Departamento de Concepción. Los dos cuerpos fueron enterrados apresuradamente, y las autoridades afirmaron inicialmente que tenían 15 y 18 años.

La justicia paraguaya exigió la exhumación de los cadáveres tres días después, y la autopsia confirmó que se trataba de niñas de 11 años. En la autopsia también se encontraron heridas de bala en la parte delantera y trasera de los cuerpos, pero los forenses no pudieron establecer la distancia a la que se habían disparado las balas porque la ropa de las niñas estaba destrozada.

Asimismo, recibió una denuncia sobre los homicidios en relación a que Paraguay había adoptado medidas para encubrir el incidente.

“Los homicidios de las dos niñas de 11 años constituyeron una grave violación del derecho a la vida, especialmente teniendo en cuenta la participación directa de la Fuerza de Tarea Conjunta del Estado,” afirmó el Comité. Y añadió: “Esta violación se agrava aún más por el hecho de que Paraguay no llevó a cabo una investigación exhaustiva, lo que sugiere una grave negligencia o un encubrimiento intencionado de detalles importantes.”

A partir de entonces, el Comité inició una investigación con arreglo al Artículo 13 del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones y nombró a dos investigadores de entre los miembros de ese organismo. Entrevistaron a 32 personas, incluidos testigos y funcionarios de Paraguay, como el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta, el Jefe del Departamento Antisecuestros de la Policía Nacional y jefes de las direcciones de derechos humanos de varios ministerios.

Según el Comité de los Derechos del Niño, Paraguay es responsable de violaciones de derechos humanos graves, en lo que respecta con el asesinato de dos niñas de 11 años durante una operación que organizó la Fuerza de Tarea Conjunta de Paraguay contra el grupo guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo.

“Las pruebas demuestran que el Estado parte no cumplió con su obligación de respetar, proteger y hacer efectivo el derecho a la vida de las dos niñas,” dijo el Comité.

El Comité le pidió a Paraguay que adoptara las medidas adecuadas para concluir la investigación de la muerte de las dos niñas, incluida la posibilidad de contar con la asistencia de una misión internacional de expertos. También pidió al Estado paraguayo que reforzara la infraestructura de su marco jurídico y normativo en relación con sus agentes del orden.

“Conocemos a los niños desde muy pequeños y siempre los acompañamos y es importante destacar lo sanos que se encuentran, muy fuertes y eso es mérito de las mujeres mayores que sin ocultarles nada, supieron apoyarlos y contenerlos”  concluyó a ANCCOM emocionado y satisfecho por el amplio espectro de organizaciones presentes en la conferencia de prensa que anunció el fallo, el abogado Franquet Gustavo. 

 

Algunos integrantes de la Campaña Internacional exigieron el castigo para los responsables del gobierno paraguayo, acusado de infanticidio, en la conferencia de prensa que tuvo lugar este martes en la CTA Autónoma. También lo hicieron los integrantes de la Gremial de Abogados y Abogadas, entre ellos Gustavo Franquet, quién aludió a la situación difícil y dolorosa por la que atraviesan los más humildes del Paraguay.

Dos de los testimonios más  relevantes fueron el de Salvador Sánchez, abogado paraguayo de Laura Villalba, madre de una de las niñas asesinadas, quien fue condenada a más de 30 años de prisión luego de la desaparición de su otra hija, Lichita. Él y la periodista Claudia Korol denunciaron que las presas políticas Carmen y Laura Villalba y Francisca Andino, están en una cárcel de máxima seguridad, a la que definieron como “la Guantánamo paraguaya”, “donde a las compañeras las sacan encapuchadas cuando reciben visitas del abogado”.

Algunos integrantes de la familia Villalba formaron parte del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) a quienes el gobierno de ese país persigue como terroristas, haciendo extensiva la acusación a otros familiares que no integraban la organización.

A su vez, la abogada Laura Tafettani y Eduardo Soares mostraron que la gran victoria obtenida por la condena de la ONU, tiene que continuar con una campaña de denuncia. 

Otro testimonio emotivo fue el de Miriam Villalba, quién debió huir de Argentina con su familia y varios niños, perseguidas por la complicidad del gobierno de Javier Milei con el de Paraguay. “Ya estamos condenados por tener el apellido Villalba”, contó Miriam. “Vamos a seguir luchando con todas nuestras fuerzas para que el gobierno paraguayo pague por sus crímenes”, agregó.

Actualmente, tal como Miriam explicó, viven en un  difícil contexto, donde más que nada los niños no tienen ningún tipo de estabilidad, pasan sus días con miedo ante la posibilidad de operativos violentos como el que vivieron a finales del año pasado. 

Una marea orgullosa y diversa contra el fascismo

Una marea orgullosa y diversa contra el fascismo

Cientos de miles de personas organizadas, sueltas y autoconvocadas se reunieron en una gran marcha del orgullo antifascista y antirracista que se extendió a lo largo del todo el país y a nivel internacional. La movilización en la Ciudad de Buenos Aires convocó una multitud desde el Congreso a Plaza de Mayo.

“Estamos acá. No vamos a parar de seguir defendiéndonos y acompañándonos, y en el proceso de defendernos, encontrar una afectividad mucho más grande, ampliar nuestra red, ampliar nuestra comunidad, abrazar cada vez más causas y construir una nueva humanidad”, expresa una de las fundadoras de la organización El Teje y coordinadora del taller de infancias travestis trans, no binarias, con discapacidad y del espectro autista, Juana Molinari. En medio de la marcha del Orgullo, antifascista y antiracista. La convocatoria definida en la asamblea antifascista LGBTIQ+ autoconvocada en Parque Lezama, fue una reacción a los dichos odiantes del presidente Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos y la amenaza del gobierno de presentar proyectos de ley para borrar los derechos conquistados y el avances en la legislación como el Cupo Laboral Trans, la figura penal del femicidio y el DNI No Binarie.

El la Ciudad de Buenos Aires la movilización se extendió del Congreso de La Nación hasta la Casa Rosada y participaron fue además de masiva, diversa. A la comunidad LGBTQI+ se sumaron organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Abuelas de Plaza de Mayo, sindicatos docentes como Conadu y AGD UBA, ATE, CGT; trabajadores de la economía popular; clubes deportivos; ex-combatientes de Malvinas; centros de estudiantes; movimientos antirracistas e identidad marrón; trabajadores de la salud pública como los trabajadores y trabajadoras del Hospital Laura Bonaparte; jubilados y jubiladas; el colectivo Discas en Lucha, entre otros, cientos de personas sueltas, amigos, familias, que se acercaron a poner un freno al gobierno de Javier Milei que no para de ajustar y avasallar derechos a los y las ciudadanas. 

Abrazar todas las causas

No llueve pero abundan arcoíris. Se despliegan en abanicos al compás de los bombos, maracas y maricas, trompetas y murga. Hay baile. Flamenco y Voguing. El Club de Rugby Ciervos Pampas taclea las figuras de Patricia Bullrich, Javier Milei, el Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, Donald Trump y Elon Musk. Sobre los hombros, las capas multicolor y los niños a cococho. Un bastón en alto entre la multitud es la bandera de un jubilado. De las frentes brota sudor, glitter y protector solar. El sol se refleja en los strasses y atraviesa los paraguas que se abren orgullosos de sus colores. Los puestos de choripan conviven con las hamburguesas veganas. Una camiseta rosa del diez, pecheras blancas de Abuelas de Plaza de Mayo y alguien lleva en el pecho escrito “No es mi wokismo es tu fascismo”. Una gorra rosa dice “Make Argentina Gay Again». Los pañuelos verdes protegen las nucas del sol. Pañuelos blancos se pintan sobre los colores de una bandera de la comunidad, que camina entre celestes y blancas, Palestinas, una roja y negra Antifascista, Whipalas, Mapuches, Trans, No binaries, Tortas, Bisexuales y esvásticas tachadas.

“Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo históricamente abrazaron a las travas, incluso cuando no se nombraba tanto la palabra trans y la palabra trava era un insulto”, cuenta la activista de El Teje Juana Molinari en diálogo con ANCCOM.

Avanza la imagen grabada de una Madre de Plaza de Mayo sosteniendo la foto de su hijo desaparecido mientras otra chica lleva el cartel que dice “Soy hija de una víctima de femicidio”. “Lo que tenemos en común es la defensa de los derechos humanos y la defensa de nuestra existencia. El fascismo lo que ataca es a nuestra existencia”, explica Molinari y concluye: “Algo hermoso y algo histórico que hace nuestro movimiento es abrazar a todas las causas, unirse a la defensa de derechos humanos, unirse a las Abuelas de Plaza de Mayo, unirse a la lucha de jubilades”.

Exceso de fascismo

El bona no se vende, Al calabozo no volvemos nunca más, Como a los nazis les va a pasar adonde vayan los iremos a buscar, Fuera, fuera, fuera facho fuera, Abuelas de la Plaza el pueblo las abraza, Paro, paro, paro general. Los cantos se intercalan, apagan, prenden y resurgen, pero no hay silencio, no es su idioma.

“Lo primero que tenemos que entender es que ese discurso pone nuestra vida en riesgo. Ya hay más de un ejemplo de lo que estuvo pasando estos últimos meses de ataques a lesbianas, el lesbicidio en Barracas y la prendida de fuego a un hogar hace dos días. Eso pone nuestra vida en riesgo”, reflexiona Juana Molinari. Los discursos de odio y la violencia contra las personas de la comunidad aumentaron en los últimos años en Argentina. Según el último informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT durante 2023 hubo 133 crímenes de odio en donde la orientación sexual, la identidad y/o la expresión de género de todas las víctimas fueron utilizadas como pretexto para la violencia, un aumento respecto a 2022, (año que tuvo 129 crímenes de odio) y el 2021 (120). El 88% de las víctimas son mujeres trans, le siguen los varones gays cis, varones trans, personas no binarias y lesbianas.

Molinari cuenta que en El Teje se encontraron con “la necesidad de ponerle voz a las experiencias de las adolescencias trans y las infancias trans, sin convertirlos en un trofeo de lucha, sin exponerlos. Son niñeces que tendrían que estar no pensando discursos para combatir el fascismo, sino jugando e imaginando sus posibilidades de existencia por fuera de la norma, y el fascismo les está haciendo pensar en discursos para defenderse. El fascismo y el discurso fascista los usa como trofeo para convertir en enemigos” y suma “(el presidente) Habla de intervenciones quirúrgicas en infancias, de hormonización en infancias y en estos dos años y medio de experiencia no conozco ninguna infancia hormonada ni que haya tenido intervenciones quirúrgicas”.

En referencia a la intención del gobierno de eliminar la figura penal del femicidio, la conductora mediática, Florencia de la V en diálogo con ANCCOM expresó que implica “Retroceder. Es no reconocer lo que sucede con la violencia en las mujeres. Es negar algo que está pasando. Ya murieron 29 mujeres en lo que va del año”. Este dato está respaldado por el observatorio de violencia de género Ahora Que Sí Nos Ven que amplía la información informando que en 2024 hubo 267 femicidios, ⁠28 niñas y adolescentes asesinadas, ⁠319 intentos de femicidios directos y vinculados y ⁠267 niñxs huérfanxs.

Caio Sigmaringa, marica y migrante positiva, miembro fundador de Act Up, denuncia que hubo faltas, cambios y demoras en la medicación para VIH. Además, la Fundación Huésped expuso que el Ministerio de Salud de la Nación despidió al 40% de la planta de la Dirección de Respuesta al VIH y al 30% de la Dirección de Vacunas. Un personal que ya estaba reducido y tenía dificultades para cumplir con las licitaciones, fiscalizaciones y el trabajo de coordinación. En consecuencia los hospitales, “No dan abasto hoy en día que no hay una pandemia y no hay una crisis. Si llega a pasar una crisis, no hay capacidad y no hay financiación. Ahora que no hay presupuesto, no sabemos de cuánto se va a dar. Considerando que también se cortó la prevención, que tampoco hay preservativos, ESI. No sabemos cuántas personas estarán viviendo con VIH”.

En la marcha los octogonales del etiquetado frontal advierten “Exceso de fascismo” “Exceso de racismo” “Exceso de homofobia y crueldad”. La activista Molinari refiere al rol de los discursos de odio y concluye: “El discurso fascista es una estrategia de un plan económico que define quienes pueden acceder al capital y quienes no”.

No me arrepiento de este amor

Los pasos se vuelven más cortos a medida que se llega a Plaza de Mayo. Las distancias se achican, los cuerpos se amontonan, se pierden, encuentran, se funden en abrazos, caricias y mimos. Las manos se toman y los besos se dan. Hay risas y enojos. Se comenta la política, el clima caluroso y las relaciones amorosas. El maquillaje corrido, las botellas de agua vacías, el barro en los pies. Los brazos cansados mantienen las banderas en alto. Las voces afónicas continúan cantando. La policía no avanza, las vallas no encierran, el protocolo antipiquetes queda viejo y en desuso. Para Molinari, la lucha en este momento requiere de cuidado y acompañamiento: “La actividad principal de El Teje dentro de la organización es el acompañamiento político entendido desde la escucha, desde la efectividad, desde el amor y acompañar. Todo lo que implica acompañar desde proteger y garantizar derechos, es todo lo que hacemos y cada vez hay que abrazar a más personas y acá estamos agrandando el abrazo.”

En su camino, la marea antifascista fue dejando grafitis, afiches, brillos, colores, sudor, música, baile y poesía: “Si te odiara, el mundo no se inmutaría: nunca el mundo se ensaña con los que odian. En cambio te amo y todo es catástrofe alrededor: las voces las manos los rostros, todos quieren apedrearnos”.

Sin parar de abanicarse con su abanico multicolor, Flor de la V expresa: “Tenemos leyes que nos abrazan que nos costaron mucho sudor sangre y lágrimas, porque hay mucha gente que murió en el camino, en las calles luchando por eso” y finaliza: “Queremos que las leyes se cumplan. Punto. Ni más ni menos”.

“La salud no es una mercancía”

“La salud no es una mercancía”

Los trabajadores del Hospital Nacional “Laura Bonaparte” realizaron un masivo acto en repudio a la intervención, el vaciamiento y el despido de 200 profesionales de distintas áreas del centro de salud.

Con 200 trabajadores menos, que ni siquiera tienen la garantía de incorporarse en otros hospitales, la comunidad del Bonaparte continúa en pie de lucha contra el desmantelamiento y el ataque del gobierno de Javier Milei a la salud pública.

Entre los profesionales despedidos hay psicólogos, psiquiatras, farmacéuticos y kinesiólogos, y en el camino quedan cientos de pacientes desamparados que no podrán recibir una atención de calidad. El argumento oficial –como en otros sectores– es que existiría una sobredotación de personal y por tanto habría que reorganizar todos los servicios del único hospital de salud mental dependiente del Estado nacional en el AMBA, sin dar escuchar lo que dicen los trabajadores, los pacientes y las familias.

La última convocatoria en defensa del Bonaparte, realizada este viernes 31 de enero en las puertas del establecimiento, en el barrio porteño de Parque Patricios, comenzó al mediodía. Allí se podían ver los carteles, banderas y coloridas pancartas en apoyo a la lucha de sus trabajadores. Además de los profesionales en actividad y despedidos, también participaron de la manifestación agrupaciones políticas, gremiales, centros de jubilados, vecinos, músicos, pacientes y hasta el cura párroco de la iglesia aledaña al Bonaparte que llevó su apoyo al Bonaparte.

Desde el escenario, que incluyó una pantalla gigante, uno a uno fueron expresando su solidaridad, la necesidad de unidad en la lucha y el peligro que significa este gobierno para la salud de todos, que

debería ser cuidada y protegida. A medida que se desarrolló la jornada, se fueron sumando más

participantes y organizaciones para hacer oír, entre aplausos y cánticos, el reclamo de reincorporación de los trabajadores despedidos. En diálogo con ANCCOM, Ramón, jubilado y vecino del lugar, afirmó: “El gobierno debe tener mucho odio y dolor para querer cerrar un

hospital y despedir masivamente a sus profesionales. La educación y la salud son los dos pilares fundamentales que quiere destruir. Esto no va a pasar si hay una continuidad de la lucha, la sociedad tiene que unirse y decir no a estas medidas. Los trabajadores unidos jamás serán vencidos”.

Cualquier persona puede atenderse en el Bonaparte, también niños y adolescentes con problemáticas mentales y consumos problemáticos. Se trata del único hospital de referencia con un servicio de 24 horas en salud mental y –hasta hace poco– con un 0800 disponible para urgencias.

Toda la comunidad del Bonaparte tiene garantizados además servicios de clínica médica, odontología, kinesiología, entre otros, y aparte talleres integradores de escritura y de reflexión para quienes deseen participar.

Los recortes del gobierno se dan en áreas esenciales como internación, fundamental en cualquier hospital para recibir a los pacientes y brindarles tratamientos específicos y de largo plazo. Mariana, una psicóloga despedida del Bonaparte, se refirió a la importancia de defender la salud mental de todos y todas ante el ataque del gobierno: “Es una falta de respeto y un abuso, piensan que

la salud es descartable, no se puede brindar salud de calidad si no hay profesionales para la atención de los pacientes. Recortan los presupuestos para los insumos, ni hablar de los salarios, que están

por debajo de la línea de pobreza. No se puede confiar en el gobierno de Milei, hay que defender a capa y espada la salud hospitalaria. Se llenan la boca diciendo que somos especiales y nos tratan como desechables. La salud mental es indispensable para todos”. “Es mentira que hay una reorganización del hospital –denunció la profesional que trabajó tres años en el Bonaparte–. No nos van a derivar a otros establecimientos, es todo una mentira de este gobierno. Con la salud no se juega, no es una mercancía, no se compra ni se vende”.

La protesta se extendió hasta alrededor de las 20, con la Policía de la Ciudad apostada allí cerca, y en el cierre se pusieron en pantalla a trabajadores del Bonaparte compartiendo sus reflexiones de lo que significa ofrecer un servicio de salud mental abierto a la comunidad.

Como parte del plan de lucha, que hace un par de semanas incluyó un abrazo multitudinario al hospital, los profesionales del Bonaparte anticipan nuevas medidas, entre ellas un paro general de la salud a nivel nacional si los trabajadores despedidos no son reincorporados en el sistema.