«Nuestra vida no valía nada»

«Nuestra vida no valía nada»

Oct 10, 2024 | DDHH, Destacado 5

Continúa la megacausa judicial Mansión Seré IV y RIBA II por los crímenes cometidos en los centros clandestinos de detención de Zona Oeste. En la quinta sesión declararon dos testigos y dos sobrevivientes que reconocieron los centros clandestinos de detención.

En la quinta sesión del juicio de la megacausa Mansión Seré IV y RIBA II testimoniaron los sobrevivientes Alejandro Miceli y Aldo Ameigeiras, detenidos en la Comisaría N° 5 de Paso del Rey, ubicada de Moreno, que dependía del ahora acusado Ernesto Rafael Lynch, capitán de la VIII Brigada Aérea de esa localidad. “Se escuchaba gente a lo lejos, que cantaban. Era la procesión a Luján que se hace los 7 de octubre y pasa a dos cuadras de la ruta”, contó Miceli en su testimonio. Por su parte, Ameigeiras sumó otra precisión sobre el lugar de detención: “El tren, al pasar por el puente de hierro del Río Reconquista, hacía en ese tiempo un sonido particular porque iba más despacio. Eso se escuchaba desde la celda”.

Ambos amigos fueron secuestrados el 1º de octubre de 1976 cuando se encontraban cenando en la casa de la familia Ameigeiras, en barrio La Perlita. Compartían la docencia en el CENS N°49 y la actividad religiosa en la comunidad cristiana formada por el sacerdote José “Pepe” Piguillem. Para Alejandro era un “lugar de pertenencia” que había logrado en su infancia al llegar al barrio: “Entré a la parroquia porque mis padres conocían al sacerdote. Me interesaba el cine y él me invitó a los cine-debates que armaban allí. Aldo era uno de los que organizaba las películas. Es un hermano para mí”, dijo.
El momento del secuestro, que también fue vivido por la esposa y el hijo bebé de Ameigeiras, Miceli lo describió como “un instante de mucho ruido, como una explosion que rompió puertas y ventanas. Comenzó a entrar mucha gente y después ya no pude ver porque me pusieron una venda en los ojos y me encapucharon. Me esposaron y solo escuchaba ruidos, gente que se movía de un lado a otro. Viajé en el piso de un auto, pisado por los pies de quienes estuvieran sentados en los asientos. Solo recuerdo sentir que pasamos una vía”, declaró. Luego de ser torturado lo llevaron a un cuarto tan pequeño que no podía recostarse, podía tocar a la vez con ambas manos las paredes a sus costados. “Escuchaba a Aldo pedir agua, duró casi tres días así: ‘Señor, por favor, agua’. Nunca le trajeron. Tampoco comimos. Yo mordía el cinturón de cuero que tenía, no sabía cuanto iba a durar esto y uno quería alimentarse. Las necesidades también las hacía ahí, así que me mojaba la boca con lo que orinaba”, continuó Miceli

Aldo Ameigeiras dio durante su testimonio mayores detalles de las sesiones de torturas y los interrogatorios que debieron sufrir. Lo acusaban de enseñar marxismo y, en torno a su actividad religiosa, de orquestar campamentos de adoctrinamiento e incluso de armar un cancionero que “contenía canciones de la Guerra Civil española y comunistas, que incitaban a la subversión”. También le preguntaban sobre el médico Rodolfo “Rolo” Freyre  y por el sacerdote Piguillem al que se referían como un “cura subversivo, tercermundista y peligroso”. “Me tiraban agua y me picanearon. Me ahogaban con algo similar a una almohada y cuando me la quitaban lograba respirar. Como no alcanzaba a contestarles, me acusaban de no querer colaborar y todo volvía a empezar”.
Ambos testigos describieron que el activismo religioso constaba de tareas pastorales de catequesis o asistencia a los vecinos del barrio. Alejandro Miceli, que en ese entonces estudiaba arquitectura, ayudaba a construir la capilla y así como él participaba en sesiones de cine, otros realizaban actividades de teatro o coro. “Se arreglaban grandes reuniones y misas muy sentidas por todos los vecinos del barrio que se acercaban”, expresó Ameigeiras.

Fueron liberados el 7 de octubre, luego de pasar un tiempo en otro lugar de detención donde pudieron ver que había más celdas y otros detenidos. Ameigeiras relató que “al baño te llevaban por un pasillo y, si se te corría la venda, veías varias celdas. Aún tengo miedo que aparezca alguien en el pasillo y me vuelvan a buscar”, confiesa. Aunque se mudó, no pudo volver a Moreno. Se sentía vigilado porque “las cosas siguen sucediendo. Viví un exilio forzado. De un minuto a otro no éramos nadie, no valía nada nuestra vida. Y luego, otra vez de la nada, teníamos que volver a ser quienes éramos y simular que no pasó nada. Me costó mucho tiempo y dolor, estaba por empezar mi doctorado cuando pasó todo, me cambió la vida. Uno tenía que construir, la familia, los hijos. No les podía transmitir solo desazón de lo vivido sino también esperanza”.
Ambos amigos se volvieron a mostrar juntos en público luego de cinco años del secuestro. Ameigeiras finalizó su testimonio muy emocionado: “No veía la hora de que llegara este momento. Para ustedes será una instancia permanente. Para uno es la forma de dar vuelta la página. Ahora doy un pequeño testimonio sobre lo que he vivido y sufrido. Por muy pequeño que sea, hubo un tiempo en que para mí no merecía la pena contarlo. Pero en los últimos años me convencí de que no tenían ningún derecho a hacer lo que hicieron”.

Desde la querella de Moreno por la Memoria se presentaron en esta sesión los abogados Sebastián Taiariol y Gastón Fraga, con quien ANCCOM pudo dialogar. Fraga rescató la importancia de los testimonios en cuyas declaraciones se puede acreditar el circuito represivo de Zona Oeste, los esquemas y los lugares físicos de represión. “Además se vinculan con los testimonios del primer día cuando Julio César Leston (excabo primero de la Regional de Inteligencia Buenos Aires, RIBA) mencionaba que estaba a cargo del factor religioso en la base de inteligencia y que conocía al padre “Pepe” por  dichos del barrio. Justamente estas dos víctimas formaban parte del grupo religioso y por ello fueron secuestradas y torturadas, es decir, que también está reconociendo Leston en esa declaración que hacía tareas de inteligencia en términos territoriales, y se acredita así el circuito represivo”.

En un juicio anterior, ambos sobrevivientes participaron del reconocimiento de la Comisaría N° 5 de Paso del Rey. “Estaba muy cambiado, no era demasiado reconocible. Sin embargo, el juez hizo retirar el cielorraso y pude ver el lucernario -claraboya de vidrio-. Aldo golpeó desde la celda de al lado y fue claro que el lugar era ese”, relató el arquitecto Miceli, recordando que durante los días de cautiverio golpeaban la pared que los separaba con Aldo para comunicarse que “seguíamos vivos”.

En la sesión también declararon dos testigos cuyos familiares fueron secuestrados por la Fuerza Aérea de Moreno. Una de ellas pidió mantener en reserva su identidad. Por su parte, Mónica Inchauspe, relató que era una adolescente cuando su padre Miguel Angel Inchauspe, secretario del bloque radical de Moreno, fue detenido. Recuerda que dijeron que se debía a “un delito financiero que nunca existió. Fue una interna partidaria. El denunciante tenía buena relación con la Fuerza Aérea. Lo liberaron luego de estar un mes en la Comisaría 1º junto a otros compañeros de partido. Pidió un acta de detención y le dijeron que él nunca había estado detenido, solo demorado”, sostuvo su hija. El día que se presentaron en la casa, su padre no estaba, y una custodia se quedó con ella y su madre. “Cuando volvió lo invitaron a pasar por la comisaría de Moreno. No lo esposaron, tal es así que se fue manejando su auto y ahí perdimos todo contacto con el”. Ya en una ocasión anterior, las “tres Marías” habían buscado a su padre y este debió esconderse por dos meses. Según explica la testigo, “las tres Marías” era la forma coloquial de referirse a las tres camionetas sin identificación que recorrían constantemente las calles de Moreno y que todos sabían que pertenecían a la VIII Brigada Aérea. “En un pueblo chico uno se siente marcado, por más que te hubieran detenido sin motivo y no hayas hecho nada, la gente empieza a mirarte distinto”, dijo haciendo referencia a lo difícil que también fue el después de la liberación.
La quinta audiencia tuvo también, por parte de la defensa de los acusados, el intento fallido de “ensuciar” la escena. Durante el receso tomado al finalizar los testimonios, el hijo de Miceli, según los abogados defensores, “insultó y realizó gestos obscenos” contra ellos. En su posición, alegaron que ellos “sólo hacen una defensa técnica, propia de su trabajo” y solicitaron a la jueza María Claudia Morgese que se lleve a cabo el mismo procedimiento que se aplicó al imputado Juan Carlos Vázquez Sarmiento por su performance en la tercera audiencia. Respecto a este incidente, el abogado querellante Gastón Fraga, dialogó con ANCCOM y sostuvo: “Fui testigo. Solo se dio un entredicho, que podría haberse evitado, pero propio de un hijo que está escuchando las terribles declaraciones de su padre. Y no pasó a mayores. Por lo que la denuncia tampoco puede pasar a mayores porque no hubo ningún delito. No es comparable con un imputado que se desnuda y hace improperios durante la audiencia, y que solo busca de forma muy cínica desestimar este juicio y buscar algún tipo de beneficio personal para sí”.

 La próxima audiencia está pautada para el martes 15 de octubre de manera presencial en el Tribunal Federal Oral N°5 de San Martín. El público general puede acercarse previa acreditación por mail al tribunal.

Después de 46 años, comenzó el juicio por la masacre del Pabellón Séptimo

Después de 46 años, comenzó el juicio por la masacre del Pabellón Séptimo

Oct 9, 2024 | DDHH, Destacado 5, slider

Considerado como un crímen de lesa humanidad de la última dictadura militar, se investiga a tres responsables del Servicio Penitenciarios acusados por la muerte de 65 presos comunes y las heridas causadas a otros 88.

El pasado miércoles 9 se inició en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 5 de la Ciudad de Buenos Aires el juicio contra los tres exintegrantes del Servicio Penitenciario Federal acusados por la muerte de 65 víctimas y las heridas graves de otras 88. Fue tras una requisa y una represión en la cárcel de Devoto en 1978. El caso llega a la instancia oral y pública federal porque en 2014 fue declarado crimen de lesa humanidad.

El juicio dio comienzo en la Sala SUM del TOF 5 con la presencia de familiares y sobrevivientes, entre ellos Juan Olivero, Hugo Cardozo y Roberto Montiel. Los jueces del tribunal, Nicolás Toselli, Adriana Palliotti y Daniel Obligado, mencionaron la presencia, en representación del Ministerio Público Fiscal, del fiscal general Abel Córdoba y sus auxiliares María Laura Grigera y Viviana Sánchez. Con relación a las partes querellantes se encontraron presentes por la Secretaría de Derechos Humanos los doctores Máximo Castex y Ezequiel Uriarte, y por la querella unificada en representación de las víctimas y de la Liga por los Derechos del Hombre se presentó Claudia Cesaroni y Natalia DAlessandro. 

Los imputados estuvieron conectados vía Zoom: el ex director del Instituto de Detención de Devoto, Juan Carlos Ruiz; el exjefe de la División Seguridad Interna, Horacio Martín Galindez y  el exjefe de la División Seguridad Interna, Gregorio Bernardo Zerda. Se hizo mención de un cuarto acusado, Carlos Aníbal Sauvage, exjefe del Cuerpo de Requisa, quien falleció en el año 2021 sin que pudiera dilucidar su responsabilidad en los hechos.

Al abrir  el juicio, Toselli dio lugar a las partes acusadoras para hablar y comenzó el fiscal Córdoba. “Los hechos se enmarcan dentro del contexto del plan criminal multidimensional, donde no se tratan por eventos aislados sino ocurridos en un contexto más amplio, judicialmente acreditado, de crímenes de lesa humanidad cometidos bajo la jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército”. En ese sentido, aclaró que el Servicio Penitenciario Federal no estuvo exento de participación en la represión durante la última dictadura militar. Junto a ello, el fiscal mencionó el proceso de militarización y alerta en que se encontraban inmersas las distintas fuerzas del país durante el año 1978: “No es casual que mediante la Ley 19594 del 24 de abril de 1972 las cárceles y otros establecimientos o instalaciones que albergaban detenidos, procesados o condenados por hechos de carácter subversivo, terrorista o conexo delitos de competencia de la Cámara Federal en lo penal de la nación o detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional fueran puestos bajo control operacional de las Fuerzas Armadas, ya que ello respondía a la política de Estado imperante”. 

Luego, Córdoba disertó sobre los hechos criminales ocurridos en el interior del Pabellón Séptimo de la Unidad Penitenciaria 2 de Devoto el 14 de marzo de 1978. “No se trató de la imposición de suplicios a través de los métodos convencionales, sino de una salvaje represión donde las personas que resultaron víctimas se encontraban privadas de libertad y se vieron en condiciones de encierro absoluto al alcance del fuego y las balas de los autores”, leyó Córdoba. “A raíz de lo que fue calificado como una insubordinación por parte de los alojados en el Pabellón Séptimo del complejo penitenciario durante la madrugada del 14 de marzo y con el objeto de amedrentar a estos y sacar del pabellón al interno Jorge Omar Tolosa, los funcionarios penitenciarios dispusieron la realización de una requisa integrada por un mayor número de efectivos que lo habitual, ingresando de manera inusualmente violenta al pabellón aproximadamente a las 08:15 de la mañana de aquel 14 de marzo”.

La masacre

El fiscal general siguió con la secuencia de los acontecimientos, al detallar que los internos comenzaron a defenderse del castigo de parte del personal penitenciario, arrojando distintos elementos que tenían a su alcance y utilizando las camas cucheta para resguardarse. El cuerpo de requisa retrocedió, y frente a ello, los reclusos amontonaron camas para impedir que reingresaran. Sin embargo, los penitenciarios comenzaron a utilizar gases lacrimógenos y a disparar con armas de fuego desde la pasarela de vigilancia hacia quienes estaban en el pabellón. Como respuesta a la represión, los internos apilaron sus colchones sobre las camas que habían sido previamente colocadas contra la reja de ingreso obstaculizando así la visión del personal penitenciario hacia el interior. En un momento dado, y por motivos que no pudieron esclarecerse, los colchones que estaban apilados contra la reja de ingreso se prendieron fuego y posteriormente comenzó a presenciarse un denso y tóxico humo negro. 

A pesar de ello, las autoridades presentes del Servicio Penitenciario Federal no auxiliaron a los reclusos ni impidieron que el fuego avance, sino que continuaron disparando contra ellos armas de fuego y lanzando gases lacrimógenos desde las pasarelas exteriores de la unidad y desde los patios del complejo. Una vez consumido el fuego y abiertas las puertas del pabellón, los sobrevivientes fueron obligados a salir y cuando se traspuso la puerta de ingreso fueron recibidos por una doble fila de agentes penitenciarios que los golpearon con objetos contundentes, dándoles golpes de puño y patadas a lo largo de un pasillo que se extendía desde la puerta del pabellón hacia otros calabozos. 

A su turno, la auxiliar Grigera destacó que fueron recapitulados otros eventos relevantes previos a la jornada del incendio. Sin embargo, expresó la necesidad de analizar en profundidad el último episodio: qué se hizo y qué no de parte del servicio penitenciario. “No realizó ninguna maniobra encaminada a extinguirlo”, leía Grigera, en alusión al fuego.

Para fundamentar la acusación hacia las autoridades del penal, Grigera fue leyendo distintos testimonios de sobrevivientes que habían declarado en un sentido similar las circunstancias de los hechos, entre los apellidos mencionados estaban Ciardello, Olivero, Cardozo, Rica, Olivera, Gaitán, Montiel, Vera, Vergara, Cinelli, Berti, Romero, Mantilla, Medina, Díaz y Quintero. “Muéranse cachivaches”, “muéranse como ratas” y “muéranse de a poquito”, fueron las palabras que recuerdan algunos de ellos, y que ayer fueron leídas en la audiencia.

Los acusados

Tiempo después, fueron mencionadas las conductas descriptas y probadas que se le atribuyen a Ruiz, Galindez y Zerda (habiendo mencionado también a Sauvage). Éstas son la imposición de tormentos reiterados en 153 ocasiones, de los cuales 65 se encuentran agravados por la muerte de las víctimas. Juan Carlos Ruíz deberá responder en calidad de autor mediato ya que era quien tenía el poder de mando sobre el personal que intervino en las torturas y por ser la máxima autoridad presente en el día de los hechos en la unidad carcelaria. En tanto, Horacio Galíndez y Gregorio Zerda son señalados como coautores, porque las acciones sólo podrían haberse llevado a cabo bajo expresas órdenes del director y máxima autoridad del instituto penal.

Dicha acusación se fundamentó al mostrar -a través de testimonios y documentación- que una vez comenzado el incendio, las autoridades presentes dejaron avanzar el estrago con el objeto de someter a los internos a un castigo ilegal. Y una vez apagado el fuego, torturaron a los sobrevivientes. “Ya culminado el mismo sometieron a los sobrevivientes a graves castigos físicos que se prolongaron durante todo el recorrido desde el pabellón séptimo hasta los calabozos a los que fueron arrojados” leyó Grigera.

Torturas

Tras un cuarto intermedio, la abogada Claudia Cesaroni presentó una síntesis del requerimiento de elevación a juicio. “Esta causa fue reabierta a partir de la insistencia de un sobreviviente, Hugo Cardozo, y de la determinación del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos en el año 2011. Nosotras somos parte de un equipo jurídico que trabaja activamente de modo militante por la defensa de los derechos de las personas privadas de libertad en aquel momento y en el presente”, expresó. Esa insistencia se concretó en la presentación ante la justicia federal en marzo de 2013. 

“Fuimos a pedir que esta causa se reabra, porque había sido archivada por la justicia ordinaria en 1979. A partir de eso se fueron sumando otros sobrevivientes, familiares, así como también expresas políticas que estaban en la cárcel de Devoto en ese momento y que fueron testigos de esa masacre”, explicó Cesaroni. También añadió que cada acción jurídica que fue y vaya a ser llevada a cabo será en el marco de la lucha colectiva por la memoria, verdad y justicia. A criterio de la abogada y criminalista, el Servicio Penitenciario fue parte del aparato de terror de la dictadura.

Más adelante, tuvo la palabra Natalia D’Alessandro, también abogada querellante, quien continuó con la lectura del resumen del requerimiento, reconstruyendo los hechos de las acciones iniciales al motín a partir del conflicto de la televisión con el interno Tolosa. En ella, se contó específicamente todo lo que vivieron los presos durante el incidente, incluyendo las lastimaduras, lo que sintieron al salir, pisar a otros fallecidos y saber que los continuarían golpeando a pesar de estar quemados. “La violencia fue inusual, aún para quienes estaban acostumbrados a recibir palos como parte de la rutina”, leía la abogada. 

Luego Cesaroni retomó la palabra. Entre sus declaraciones estuvo la necesidad de contrastar la versión oficial avalada por Sauvage, un planteo basado en que los presos fueron los que causaron el incendio a partir de una pelea realizada entre ellos. Sin embargo, cuando se le preguntó si se sabía quiénes habían sido los responsables de la acción dada, el exjefe del Cuerpo de Requisa contestó que no reconoció a los actores. Esta versión fue altamente cuestionada por la querella debido a dejar incógnitas sin resolver, entre ellas, cómo podía ser que ningún guardia haya presentado lesiones, o bien, por qué no se realizó ninguna tarea efectiva de parte de las autoridades para frenar el fuego. 

Al rato, Cesaroni, conmocionada,  mencionó a todos los fallecidos y gravemente heridos durante la masacre. 

Finalmente, D’Alessandro brindó unas últimas palabras en homenaje y respeto por los familiares, allegados y sobrevivientes presentes. “Deben considerarse las circunstancias en que fueron cometidos los hechos imputados así como que los mismos fueron perpetrados por agentes del Estado, todos ellos miembros del Servicio Penitenciario Federal, quienes utilizaron en todo momento medios violentos en contra de las víctimas, las cuales se encontraban detenidas bajo su custodia”, leyó. “Por todo ello, solicitamos que en primer lugar, se tenga por realizada la síntesis del requerimiento de elevación a juicio y se juzgue la masacre del Pabellón Séptimo entre el 13 y 14 de marzo de 1978 en el que 65 presos llamados comunes, fueron asesinados mediante el humo, el fuego, las balas y los golpes, y otros 88 sufrieron torturas brutales, como un crimen contra la humanidad, se asignen responsabilidades y se impongan las penas correspondientes. Porque como dicen los familiares que se han reunido para realizar este recorrido en demanda de memoria, verdad y reparación, mientras no haya justicia, el fuego seguirá quemando”, finalizó 

Posteriormente Toselli dio por formalmente cerrado el debate y concluyó la jornada, realizando un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles a las 10 horas. 

“Fueron los 18 días más largos de mi vida”

“Fueron los 18 días más largos de mi vida”

Oct 3, 2024 | DDHH, Destacado 2

El martes se llevó a cabo la 4ta sesión por la megacausa Mansión Seré IV y RIBA II en la que prestaron testimonio de manera virtual el sobreviviente Sergio Giovanni Gobulin y su esposa Ana Zulma Barzola. La defensa pidió que testifique el papa Francisco.

“Fue para nosotros la cancelación de todos nuestros proyectos en la vida: el desarraigo», analizó Sergio Giovanni Gobulin, sobreviviente que testimonió de manera virtual desde Italia en la cuarta sesión por la megacausa de Mansión Seré IV y RIBA II. “Fue un dolor muy grande abandonar mi país, que considero todavía mi patria”, sostuvo el testigo y agregó: «Por un par de años en la casa que alquilábamos, no colgábamos nada en las paredes, porque íbamos a tener que sacar todo para irnos». También declaró en carácter de testigo su esposa, Ana Zulma Barzola quien afirmó que el sacrificio del exilio requirió de una gran resiliencia: “Quizás este proceso me puede ayudar a cerrar una herida que con el tiempo fue cicatrizando, pero que todavía está abierta”, reflexionó la testigo y agregó que “los exiliados tienen un tipo de melancolía diferente, parte de desarraigo e injusticia”. A su vez analizó: “Pudimos continuar haciendo lo nuestro con las cosas que traíamos en el baúl», en relación a la labor de solidaridad social que consolidó la pareja antes del exilio, en el barrio Villa Mitre, localidad de San Miguel, convicción que los acompañó en los años de desarraigo.

En esta jornada se juzgaron particularmente los crímenes imputados a Ernesto Rafael Lynch como teniente primero y luego capitán de la VIII Brigada Aérea de Moreno, centro clandestino del cual dependían las Comisarías 1° de Moreno, la 5° de Paso del Rey y 6° de Francisco Álvarez. La abogada Clarisa Góngora, integrante de la Asociación Civil Moreno por la Memoria, querellante de la causa, expresó en diálogo con ANCCOM la importancia de los testimonios de la pareja que actuó con alto grado de participación y solidaridad, que sirven como forma de “visibilizar y resguardar en la memoria una época de comunidad unida y que, como otros compañeros, vecinos y vecinas organizados del barrio, también sufrieron la persecución de las fuerzas militares, e incluso que hasta la actualidad muchos de ellos se encuentran desaparecidos. No era una comunidad que miraba para otro lado. Se involucraba, participaba y daba sostenimiento”, reflexionó en referencia a quienes compartían con Gobulin las actividades de ayuda social que realizaba en Villa Mitre.

El 11 de octubre de 1976, Gobulin pidió permiso laboral para avanzar en la construcción de la casa de la pareja. En el trayecto hacia el corralón, lo interceptaron tres personas vestidas de civil y lo subieron a un auto. Se dirigieron a la construcción, donde había más personas, algunas uniformadas, y varios vehículos. Ahí le vendaron los ojos, lo esposaron y lo subieron al baúl de un auto. Treinta y cinco minutos tardó el recorrido hasta llegar al que sería su destino por 18 días: un centro clandestino de detención y tortura. Lo dejaron vendado y atado con esposas, en una pequeña pieza con una diminuta ventana. Los interrogatorios comenzaron esa misma tarde y se sucedieron dos veces al día. Mediante torturas siniestras y artimañas macabras, el objetivo de cada sesión era el mismo: hacerle confesar que pertenecía a una agrupación, junto con Rodolfo “Rolo” Freyre, también víctima en este caso: “Yo pensé que me iban a preguntar por la actividad social que realizaba en Villa Mitre, pero me di cuenta que de eso no sabían nada”. Pasaron los días de encierro: “Distinguía el día de la noche solo mirando por la ventanita”, expresó el testigo.

“Una noche me hicieron reconocer la voz de mi hija, me dijeron que mi mujer y mi hija estaban ahí, les dije que sostenía lo mismo, pero que sí implicaba su libertad me declaraba culpable”, expresó Gobulin en relación a una de las situaciones más crueles que le tocó vivir dentro del centro de detención, dado que no estaba en situación de poder distinguir qué de lo que le contaban era mentira o verdad: “Estaba convencido de que las habían agarrado”, sintetizó el testigo, que hoy puede reflexionar que “seguramente usaron a una niña” para ejecutar esta maniobra.

El día de su liberación fue el 29 de octubre. Lo tiraron a una zanja cerca de la casa de sus suegros, hasta la que debió arrastrarse dado que no podía mantenerse en pie. En ninguno de los días de cautiverio comió, le daban agua de forma ocasional y ni siquiera lo sacaban de la pieza para ir al baño. Fue ingresado en el Hospital Italiano por un accidente en la calle, con otro nombre y apellido. “Le preguntaban si antes del accidente comía, porque tenía los valores muy alterados, tenía desnutrición”, declaró su esposa. Allí se reencontraron los tres y recibieron protección consular de la Embajada de Italia. Las consecuencias del secuestro fueron relatadas principalmente por Ana Barzola, esposa de Gobulin, quien dio algunos detalles de las torturas que su marido sufrió y con las que tiene que lidiar hasta la actualidad: “Tiene secuelas físicas, porque le saltaban encima de la columna, como parte de los tormentos que vivió”.

“Fueron los 18 días más largos de mi vida”, declaró Barzola, también víctima de estos crímenes que los llevaron al exilio. Relató cómo vivió el secuestro de su marido y cómo lograron esconderse ella y su hija Natalia para evitar que también las secuestraran. La testigo hizo hincapié en la ayuda que recibió del actual papa Francisco, quien realizó una serie de averiguaciones para lograr dar con su paradero y conseguir su libertad. También narró diferentes peripecias que tuvo que atravesar, como los varios allanamientos que vivió su familia. En uno de ellos, la madre de Ana Barzola increpó a uno de los policías: “¿Ya se dieron cuenta que acá no hay armas?”. Y el policía respondió: “A nosotros nos interesan quienes tienen armas acá”, relató la testigo señalando su cabeza.

Antes de finalizar la audiencia, quedó solicitado por el fiscal Felix Crous, en representación del Ministerio Público Fiscal, el testimonio de Nancy Barzola, hermana de Ana. Por su parte, la defensa del imputado Leston, solicitó el testimonio del papa Francisco, quien en aquel entonces era el padre Jorge Bergoglio, señalado como una figura central en la aparición con vida del detenido Sergio Gobulin: “Se puso en movimiento al día siguiente de mi secuestro, visitó diferentes cuarteles y luego de mi liberación me confirmó que había sido detenido por la Fuerza Aérea”. Sin embargo, antes del inicio del juicio, en la audiencia preliminar, desde la querella de Moreno por la Memoria ya se había presentado la petición para que aporte información en calidad de testigo pero “se desestimó directamente desde el tribunal”.

Desde Moreno por la Memoria reafirmaron la importancia de sumar otros testimonios sobre el caso de Sergio Gobulin, como el de su cuñada, cuyas vivencias fueron relatadas por Ana Barzola: “En el barrio hubo miedo, mi hermana perdió a todas sus amigas, tuvo varias secuelas, entre ellas, facetas depresivas”. Desde la asociación concluyeron que “era una niña cuando allanaron su domicilio y padeció el interrogatorio y el vandalismo de su casa. A eso se suman todas las secuelas de lo que tuvo que afrontar después”. Por otro lado adelantaron que a partir de noviembre, las audiencias de la megacausa serán cada 15 días, ya que se alternarán con el inicio del juicio Campo de Mayo.

Dos testimonios que hilan, desde sus distintas vivencias, una misma historia, conocida en partes, a lo largo de los años, con los aportes de familiares y amigos que siguen reclamando Memoria, Verdad y Justicia.

El genocida al desnudo

El genocida al desnudo

Sep 26, 2024 | DDHH, Destacado 3

En la tercera audiencia en la megacausa Mansión Seré IV y RIBA II, el represor Vázquez Sarmiento orinó en público mientras los testigos describían su crímenes. Para la querella, es una actuación para simular insanía.

El represor Juan Carlos Vázquez Sarmiento en la primera audiencia del Juicio. 

El martes 24 de septiembre la sala de Juicios Complejos de San Martín fue el escenario de la tercera audiencia del juicio que aborda los crímenes de lesa humanidad cometidos a lo largo de la Zona Oeste de la provincia de Buenos Aires en manos de la Fuerza Aérea, durante la última dictadura militar: Mansión Seré, RIBA (Regional de Inteligencia de Buenos Aires) y otros centros clandestinos de detención. La megacausa tiene como imputados a los represores Juan Carlos Vázquez Sarmiento, Ernesto Rafael Lynch, Juan José Zyska, Juan Carlos Herrera y Julio César Leston, por crímenes cometidos contra 130 víctimas. El tribunal está integrado por las juezas María Claudia Morgese y Sivina Mayorga, y el juez Walter Antonio Venditti. En esta sesión en particular iniciaron los testimonios por los crímenes perpetrados en la comisaría primera y la VIII Brigada Aérea en la localidad de Moreno. En este marco, prestaron testimonio de forma pública Inés Freyre y Beatriz Medinilla, mientras que otro testigo decidió resguardar de la prensa su declaración.

Inés Freyre también había decidido testimoniar en privado, pero a último momento decidió cambiar de opinión, permitiendo la presencia del público y la prensa. Su padre, Rodolfo «Rolo» Freyre, reconocido médico de Moreno, fue secuestrado el 17 de septiembre de 1976, en la puerta de su hogar. La testigo comenzó describiendo su recuerdo del día del secuestro. En ese momento ella tenía tan solo 15 años y junto a su melliza eran las más grandes de siete hermanos. Aquella noche estaban en su casa cuando llegó Ángel, bioquímico de la clínica donde trabajaba su padre, a avisar que momentos antes habían secuestrado a Rubén Varela, amigo y también trabajador del mismo centro médico . “Salimos a la vereda con mi papá, vimos que venía hacia nosotros la luz de un auto y Ángel dice, ‘son esos, son esos’. Nos metemos en la casa. Yo agarré a mi papá del brazo y le decía que vayamos adentro. Yo entré. Desde la casa veo como cuatro tipos encapuchados bajan de un Falcon y lo agarran a papá. Lo golpearon y lo metieron en el auto, mientras él gritaba ‘Mirta, Mirta, me llevan’”, declaró Freyre sobre la noche del rapto de su padre.

Durante el tiempo en que su padre estuvo desaparecido, la familia Freyre intentó seguir “como si nada”, consejo que les había dado el psicólogo escolar. Pero “nos seguían autos, nos estaban persiguiendo todo el tiempo, en la calle y también pasaban autos por casa”. La acción vecinal fue clave en este momento: “Las personas del barrio empezaron a hacer guardias, se turnaban de noche y además nos ayudaban económicamente. Nosotros nunca estuvimos solos”. Una tarde, Marcelino López, oficial del Área de Inteligencia de la Fuerza Aérea, se presentó en su trabajo preguntando por ella y, después de hacerle unas preguntas, afirmó: “Tu papá va a volver”. Para la familia Freyre fue una cuota de esperanza porque “había mucha incertidumbre, no sabíamos nada”.

Ines Freyre recordó el día que volvió su padre: “El 26 de octubre mi hermana ve a alguien por la ventana y empieza a gritar “papá, papá”. Yo le dije ‘no, no es papá, es una persona de la calle’. Pero sí, era. Tenía la nariz lastimada, estaba descalzo, con un pantalón roto, era nuestro padre que volvió hecho pelota”. Con su padre finalmente en casa, otra etapa empezaba para la familia del conocido médico de Moreno. A causa del estrés postraumático, gritaba y lloraba a la noche en sueños. La testigo comentó que su padre hablaba de lo que había vivido, sobre todo de las torturas. “Él recordaba que en la cama de tortura los colgaban de las piernas para picanearlos en los genitales, pasaba hambre y tenía que tomar su propio pis. Incluso a las mujeres embarazadas les hacían eso”, compartió Freyre sobre los relatos de su padre. Las consecuencias que trajo en la familia fueron muy fuertes. “Fue una situación traumática, un antes y un después. Mucha inseguridad y miedo. El costo para mi viejo fue tremendo. Recién pudimos empezar a digerirlo más tarde. Pasaron 48 años, nos marcó y nos sigue marcando”, cerró Freyre finalizando con este intenso pero necesario testimonio.

“Ella me dijo que se sintió libre, que sintió que eso le iba a dar libertad”, sostuvo en diálogo con ANCCOM Martha Ibarra, presidenta de la organización Moreno por la Memoria, en referencia al caso de Ines Freyre, destacando la importancia de que haya decidido hacer público su testimonio: “De este modo todos conocemos la verdad, no solamente quienes están en el tribunal”, afirmó Ibarra. Pese a esto, analizó la situación de los testigos que deciden que su testimonio no se difunda: “No solamente es el contexto político, la inseguridad, el miedo que pueden sentir y la poca protección y contención por parte del Estado, sino que hay cuestiones más personales. -expresó Ibarra y amplió-. Hay casos de víctimas que tal vez no han hablado con su familia, que han pasado cosas muy jodidas y no están preparados para que sea público”, concluyó la presidenta.

Ibarra también analizó el rol de la organización Moreno por la Memoria como querellante en la causa y destacó el excelente equipo de abogados con quienes cuenta el organismo: “Hemos logrado que colaborara un grupo de abogados militantes, que se lo están tomando con mucho compromiso” y señaló los casos de Sergio Martín Gomez y Gaston Fraga, quienes se turnarán en las próximas sesiones del juicio.

Beatriz Medinilla fue la tercera y última testigo de la sesión. Con tan solo 19 años en ese entonces, fue víctima de un violento operativo de la Fuerza Aérea: «Estaba trabajando en el segundo piso de la relojería cuando escuché un ruido fuerte abajo», comenzó su relato. “Momentos después un soldado subió apuntándome con una escopeta y me obligó a levantar los brazos. Me llevaron al primer piso, donde vi a mi padre, y a Dardo Boglione, dueño de la relojería, junto a su novia. Me separaron y comenzaron a hostigarme, preguntándome dónde estaban las armas. Yo no sabía de qué hablaban», explicó con firmeza.

Beatriz relató que la esposaron y, después de un tiempo, los trasladaron a todos a otra relojería de la familia Boglione. En el otro local, los alinearon contra las vitrinas mientras interrogaban a los dueños. «Nos distribuyeron en diferentes camionetas. Hicimos un tramo y, al llegar a un descampado junto a la ruta, nos hicieron bajar. Me dijeron que me iban a matar si no revelaba dónde estaban las armas. Yo no tenía nada que ver con eso», recordó. Fue encapuchada y tirada en el piso de la camioneta. “En ese momento, me desesperé y pensé: ‘Estoy desaparecida'», recordó vívidamente Medinilla. Finalmente, después de horas de hostigamiento psicológico y de tenerlos privados de su libertad, los abandonaron en una zanja. Su testimonio, desgarrador y directo, refleja el horror y el miedo que vivió mientras estuvo secuestrada.

“Los juicios y los testimonios de quienes pudieron ver y escuchar permiten que se mantengan las banderas de Memoria, Verdad y Justicia, que debería ser una política de Estado”, analizó Gómez, acerca de la importancia de la trascendencia de los juicios por lesa humanidad en este contexto actual. “La dictadura militar, la represión ilegal, las torturas, las muertes y la desaparición son temas sobre los que hay que volver todo el tiempo”, agregó el abogado. En la misma línea, sostuvo que no encuentra forma para explicar el horror de los crímenes perpetrados: “No hay forma de explicarlo, yo no lo puedo contar. He escuchado y leído testimonios. Puedo explicar la dictadura en términos abstractos. Pero si quisiera describir un hecho en concreto no puedo ponerle palabras”, enfatizó.

La performance de Vázquez Sarmiento

“Es un simulador nato”, expresó Gomez en relación al insólito comportamiento del imputado Vázquez Sarmiento. Durante el testimonio de Beatriz Medinilla, el imputado, que se encontraba presente de forma virtual a través de la aplicación zoom, mostró sus genitales y orinó en el medio de la sesión, en primer plano, a la vista de todos los presentes: “No es más que la misma historia, otro capítulo más de Vázquez Sarmiento”, alegó el abogado y recordó otros hechos que relacionó con este episodio. Este imputado está condenado por el crimen de la apropiación de Ezequiel Rochistein Tauro, motivo por el cual se mantuvo prófugo de la justicia por más de 20 años, tiempo en el que falsificó su identidad para no ser encontrado. Es también uno de los genocidas que fue visitado por los diputados de La Libertad Avanza. En este sentido, el abogado analizó que se trata de su naturaleza: “El ensayo, la simulación y el cinismo”. Gómez hizo hincapié en el momento elegido por Vázquez Sarmiento para llevar a cabo su performance: en medio del revuelo que generó el testimonio de Medinilla cuando logró identificar de forma certera quién la secuestró: “Sin ningún tipo de duda, con total convicción, inmediatamente respondió que era la Octava Brigada Aérea”, afirmó el abogado querellante. Analizó que este testimonio, que alteró a la defensa, fue el motivo del accionar de Vázquez Sarmiento. Gómez puntualizó que es primordial y necesario marcar la clara intencionalidad del imputado de que lo perciban como a una persona fuera de sus cabales, para obtener algún tipo de beneficio.

“Hace mucho tiempo que Vázquez Sarmiento tiene una estrategia elusiva de la justicia” declaró en el mismo sentido Carolina Villella, abogada de Abuelas de Plaza de Mayo y querellante en la causa, en diálogo con ANCCOM. Villella señaló que el imputado viene presentando diferentes planteos para lograr que se lo desvincule del caso por incapacidad sobreviniente, es decir, que se determine que no está apto para afrontar o comprender el proceso judicial. Sin embargo, se le han hecho diferentes pericias físicas y psicológicas que revelaron que está perfectamente saludable para hacerlo. “Es probable que lo siga intentando, porque está claro que es un cobarde que no quiere hacerse responsable de todos los ilícitos que cometió”, declaró la abogada y puntualizó que el imputado tiene un desprecio subyacente y marcado por la acción judicial que lo está juzgando. Por otro lado, hizo hincapié en que se deberán extremar las medidas desde el tribunal para limitar el futuro accionar indebido de Vázquez Sarmiento.

La próxima audiencia, prevista para el 8 de octubre, se llevará a cabo de manera virtual, continuando la búsqueda de justicia para las 130 víctimas de los crímenes cometidos en centros clandestinos de detensión y tortura como Mansión Seré y RIBA, en un proceso que, según los querellantes, es clave para mantener vivas las banderas de Memoria, Verdad y Justicia.

Un fallo histórico contra la represión a la protesta

Un fallo histórico contra la represión a la protesta

Sep 26, 2024 | DDHH, Destacado 4, slider

La Corte ratificó el fallo que condena a Enrique Mathov y Rubén Santos por los asesinatos de los manifestantes del 19 y 20 de diciembre de 2001. Por primera vez irán presos responsables políticos de una represión. ¿Mensaje para Bullrich? Habla la viuda de una de las víctimas.

A casi 23 años de la represión policial del 19 y 20 de diciembre de 2001, la Corte Suprema de Justicia confirmó las condenas del entonces secretario de Seguridad Enríque Mathov y Rubén Santos, jefe de la Policía Federal, dos de los máximos responsables políticos de los asesinatos de manifestantes que reclamaron en las calles contra el gobierno de Fernando De la Rúa. Pocas horas después, ambos ex funcionarios quedaron detenidos en el Hospital Central Penitenciario de Ezeiza. ANCCOM habló con María Arena, la viuda de una de las víctimas, quien considera que ese fallo es histórico porque nunca antes hubo responsables políticos presos por reprimir la protesta social.

A más de ocho años de que la Justicia condenara en primera instancia a los responsables de la represión policial del 19 y 20 de diciembre de 2001, la Corte Suprema dejó firmes las sentencias. Esto significa que ambos funcionarios encontrados culpables cumplirán su pena tras las rejas, salvo que obtengan el beneficio del arresto domiciliario.

En medio del regreso de la represión de las protestas sociales, con las fuerzas de seguridad que golpean a jubilados y gasean a niñas de 10 años, el máximo tribunal del país mantuvo la pena de 4 años y 3 meses de prisión para el exsecretario de Seguridad Interior del gobierno de Fernando de la Rúa, Enríque Mathov; y del entonces jefe de la Policía Federal Argentina, Rubén Santos, a 3 años y 6 meses de cárcel. 

Las condenas fueron por los crímenes de tres de las personas que habían salido a las calles de la Ciudad de Buenos Aires para reclamar contra el gobierno de la Alianza, que horas después terminaría con la renuncia del entonces presidente y su salida en helicóptero de la Casa Rosada.

Aquellas víctimas de la brutal represión fueron Diego Lamagna, Carlos Almirón y Gastón Riva. Todos ellos, con diferentes orígenes e historias de vida, salieron de sus casas para protestar contra un gobierno que había agravado la crisis económica y social, que había comenzado en la década del 90 con el menemismo, y tenía al país atrapado en niveles de pobreza y desempleo altísimo.

A más de dos décadas, María Arena aún recuerda todo como si hubiese sido ayer. Ella estaba casada con Riva, uno de tantos jóvenes que vio las imágenes de la Policía avanzando contra los manifestantes y decidió acercarse a participar y, en un gesto de solidaridad, ayudar con su moto a quienes habían quedado envueltos en los gases lacrimógenos. Nunca volvió a su casa. Lo que llegó después fue hacerse cargo de tres hijos que habían perdido a su padre, y también motorizar una lucha en calles y tribunales para que la muerte de su compañero no quedara impune. Tanto tiempo después, la condena de Mathov y Santos demuestra que aquel derrotero no fue en vano.

“Cuando pusieron la fecha para el juicio yo creía que nunca iban a ir presos. Sobre todo que hace cuatro años fue la condena”, sostiene la mujer en relación al fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, que en junio de 2020 había confirmado las sentencias emitidas por el Tribunal Oral Federal Nº 6. “Durante todos estos años vivimos distintas situaciones, incluso la resignación. Suena horrible, pero es que pasaron 23 años, mucho tiempo. Aún así, nunca perdimos la esperanza, pero no pensamos que de sopetón iba a llegar la decisión de la Corte, que estuvo todos estos años sin expedirse”, revela. La resolución del máximo tribunal no solo significa la confirmación definitiva de las penas para los responsables, sino también que ambos deberán cumplir sus sentencias tras las rejas, un hecho inédito para Argentina y la región, donde los funcionarios responsables de este tipo de hechos suelen salir impunes.

“Nunca pensé que iban a cumplir efectivamente las sentencias. Vamos a ver por cuánto tiempo, porque Mathov tiene edad para pedir prisión domiciliaria, pero lo cierto es que lo detuvieron y van a hacer lo mismo con Santos cuando regrese de España”, sostiene Arena, que es locutora y productora periodística. (N.d.R: al momento de la entrevista, el extitular de la Policía Federal ya se entregó y está detenido junto a Mathov en Ezeiza). “La sensación es un poco rara. En tantos años una va pensando, sufriendo, desilusionándose, teniendo esperanza, pasan tantas cosas. Igualmente, no deja de ser un día histórico, porque no existía condena a responsables de una represión en democracia”, apunta.

A pesar del alivio de que tras tantos años de lucha se haya llegado a una condena, a los familiares de las víctimas les queda una sensación agridulce, ya que la primera plana de la política -con el expresidente a la cabeza- salieron indemnes por la letal represión de diciembre de 2001. “Lamentablemente, nunca se llevó a juicio a Fernando de la Rúa. Se murió totalmente impune y esa es una espina que te queda, aunque yo creo que la condena social es fundamental y no creo que haya mucha gente que pueda defenderlo”, asegura. Pasaron más de dos décadas pero Arena tiene la memoria intacta. “Aun así, no me olvido de algunos radicales que en su momento firmaron una solicitada en el diario La Nación defendiendo a Mathov”.

Atención Bullrich

Un detalle del fallo de la Corte es que llegó en un momento en el que la represión policial volvió a ser una tendencia de las últimas manifestaciones populares. Docentes, jubilados, movimientos sociales e, incluso, hasta niñas de 10 años han sido víctimas de la acción de las fuerzas de seguridad lideradas por la ministra Patricia Bullrich, otrora integrante del gabinete de la Alianza a principios de este siglo. “La historia es cíclica. Sobre todo si el Poder Judicial tarda 23 años en poner preso a un tipo que mandó a matar gente. Inclusive, todavía hay juicios a los genocidas de la última dictadura habiendo pasado ya 40 años”, reflexiona Arena. “La Justicia favorece a que estas cosas vuelvan a suceder, junto al delicado trabajo de los medios de comunicación, que van tapando y olvidando”, agrega. “Cuando vos le das carta blanca a un gobierno, la utilizan y es lo que están haciendo. En realidad, la mitad de un pueblo le dijo ‘sí, toma, acá tenés el sillón de Rivadavia, sentate y goberná’ a un hombre que está totalmente desquiciado y siempre lo demostró. Una locura”, analiza.

En medio del clima de inestabilidad del gobierno de La Libertad Avanza, la Corte -que suele hacer uso de los tiempos para publicar sus resoluciones- confirmó un fallo que podría ser interpretado como un mensaje para la Casa Rosada. “Yo no sé que pensar”, reconoce Arena. “A veces pienso: ¿será un aviso de que no se puede hacer cualquier cosa? Después digo ‘no, es la Corte. Son estos jueces que conocemos bien’. Me parece que sí fue una jugada política, pero no sé a qué quisieron jugar”, dice.

El otro hecho llamativo fue que tan rápidamente se procediera a la detención de los dos funcionarios condenados, algo que generalmente suele demorar, ya sea por inacción de las autoridades o por falta de cooperación por parte de los propios condenados. “Me resorprendió, Mi abogado ya me había preparado para que espere que se resistan. Pero bueno, insisto en que no sé cuánto tiempo estará detenido”, advierte. “La foto de él (por Mathov) entrando con el bolsito a entregarse es realmente muy significativa”, reconoce. “Tantas veces pensé que estábamos perdiendo tanto tiempo de nuestras vidas y se lo quitaba a mis hijos para seguir con esto, para buscar justicia. Este es el momento en el que me doy cuenta de que todo eso no fue en vano”, dice Arena. Y se despide.

“Las películas son una forma de hacer memoria”

“Las películas son una forma de hacer memoria”

Sep 23, 2024 | DDHH, Destacado 5

“Corresponsal”, la película de Emiliano Serra, fue la elegida para la tercera función del ciclo Cine por la Identidad, organizado por Abuelas de Plaza de Mayo en su sede en el Espacio Memoria (ex Esma). El director dialogó con el público y rescató la importancia de seguir narrando desde el cine.

Corresponsal, de Emiliano Serra, fue la película elegida para la tercera función del Ciclo de Cine por la Identidad, actividad impulsada por la asociación Abuelas de Plaza de Mayo. El jueves 19 de septiembre se abrieron las puertas del Auditorio de la Casa por el Derecho a la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, ubicado en el Espacio para la Memoria (ex ESMA), invitando a ver, reflexionar sobre las complicidades del periodismo y la dictadura.

“Tiene mucha trascendencia que se haga en este lugar. Ya solamente entrar acá nos invita a la reflexión de qué pasó, cómo pudo suceder lo que sucedió en la dictadura y cómo intentar que los discursos, especialmente los negacionistas o aquellos que dicen que esto es parte del pasado, no sigan trascendiendo”, comentó Mónica Inés Parada, unas de las espectadoras que desde temprano estaba a la espera de la proyección. Enseguida las luces del auditorio se apagaron, y el proyector se encendió, exhibiendo La Vida encuentra la Vida, corto institucional realizado por Abuelas de Plaza de Mayo junto a la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC), dependiente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), que recorre la historia de la institución. Serra se hizo lugar entre el público y se acomodó en la segunda fila de asientos.

Finalmente llegó el plato principal: Corresponsal está situada en Argentina, en el año 1978, y sigue a Eduardo Ulrich, retratado por Gabriel Rosas, un corresponsal en medios afines a las dictaduras latinoamericanas. Es una ficción política que busca exponer la complicidad entre los medios de comunicación y la dictadura cívico-militar. Es consecuencia de un proyecto predecesor: Operación Cóndor, documental co-dirigido por Andrea Bello. “Cuando investigué para Operación Cóndor había un personaje que era una espía, que había seguido a uno en Entre Ríos y me flasheó todo lo que escribía. Había detalles en los informes: que cambió tanta plata y compraba tal cosa, iba a la verdulería. Y cuando lo empezamos a ver con Santiago, nos pareció que una de las maneras de contar la película era con ese personaje protagónico”, contó Serra.

El director recibió agradecido los aplausos efusivos de los presentes, y el acompañamiento de Santiago Hadida, amigo y guionista de Corresponsal. Dedicó su proyección a Andrea Bello, sobreviviente de ESMA, alguien muy importante en su vida y en la película. Esteban Herrera Simerman, miembro de la organización que lo convocó, es quien ocupó el rol de presentador y quien dio inicio al debate, en un ejercicio más que propone la Asociación  para mantener la memoria y la lucha de las abuelas. “Este ciclo es una de las actividades que se realizan a modo de mantener vivo este lugar y mantener viva también la historia. Y en este momento de ataque constante de la ultraderecha es importante poder juntarnos, poder hablar, poder ver cómo seguir adelante, para poder también generar en la gente la conciencia de lo importante que ha sido la lucha de las Abuelas. Poder continuar con la búsqueda de los casi 300 nietos que faltan. Poder dar testimonio en primera persona. Tanto yo como varios de los que estamos trabajando acá también fuimos víctimas del terrorismo de Estado, fuimos secuestrados, fuimos apropiados, algunos tienen a sus hermanos desaparecidos”, expresó Juan Pablo Moyano, miembro de la Comisión Directiva de Abuelas de Plaza de Mayo,  en diálogo con ANCCOM. “Para mí, la película hace una denuncia muy importante, que hay que tener en cuenta. Más ahora también con cómo los medios están operando de vuelta en contra de todo lo que tiene que ver con la memoria, la verdad, la justicia”, agregó más tarde.

En cuanto a la decisión por optar por la ficción, pero apoyarse en lo documental para el final, Hadida dijo: “Nosotros siempre nos preguntamos sobre la cuestión histórica, porque es muy difícil escribir un cine histórico con temas delicados, sobre todo con aquellos que les tenemos respeto. Nos vamos preguntando sobre cuánto anclaje tiene que tener, cuánta parte del texto que vamos mostrando debe contar con un correlato con hechos concretos o no. Porque en la medida que parecen más concretos vos podés encontrar también un reclamo de alguien que está diciendo que no estás contando la historia verdadera. Entonces, como es algo muy importante para nosotros, tampoco queríamos que sean hechos concretos. Pero no podía tener nada, porque la película es un registro de un momento histórico, por más que no hay un hecho histórico concreto”. Además, sostiene que el guion fue escrito para ser pensado en paralelo con el presente, y como vehículo de memoria: “Las películas son una forma de hacer memoria”, reflexionó.

Serra construye una película oscura a partir de la figura antagonista del corresponsal, quien progresivamente, descubre el peso de su propia consciencia, del encubrimiento y silencio del que es capaz. “Nuestro personaje remite a Ulrich Schmidl, primer periodista del Río de la Plata. El periodismo en ese momento era una forma de recabar información y entonces decirle a un interesado lo que se iban a encontrar cuando vinieran a conquistar. La historia del periodismo está unida a la política desde siempre. El periodismo no es objetivo en ningún lado, y en la historia del periodismo en Argentina lo podemos ver. Dentro de cada declaración hay un interés, y generalmente hablan en favor de quien le paga. Por eso también es raro que a veces seamos tan ingenuos para entender cómo es el discurso periodístico”, afirmó Hadida. Respecto al periodismo hoy en día, Serra concluyó: “Siempre el periodismo está jugando a otra cosa que a veces los pueblos no lo saben leer. Por eso en la película quisimos contar el terror que puede haber con un gobierno malo y terrorífico y de facto junto con los medios trabajando para ellos. Los veo en un momento malísimo”.

El evento finalizó con la invitación a la próxima edición del ciclo, y el recordatorio de su relevancia en un contexto de golpe al cine y a los derechos humanos, y a la donación en la página de Abuelas para sostener la búsqueda de los 300 nietos y nietas que aún falta encontrar.