Comenzó a discutirse en el Congreso la reconstrucción de Telam

Comenzó a discutirse en el Congreso la reconstrucción de Telam

May 15, 2025 | Comunidad, Destacado 4, Trabajo

Periodistas, gremialistas y legisladores se reunieron en la Cámara Baja para debatir cómo debería ser una nueva agencia nacional de noticias.

Este martes se realizó un debate en el Auditorio de la Cámara de Diputados de la Nación, en el que se propusieron los ejes para la reconstrucción de la agencia nacional de noticias Télam. Referentes de SiPreBa (Sindicato de Prensa de Buenos Aires), diputados, trabajadores de prensa, periodistas y miembros de Fatpren (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa) se hicieron presentes para discutir sobre la necesidad de una agencia pública de noticias y publicidad para la democracia y se presentó un proyecto para recuperar ese histórico medio.

Javier Milei dispuso en 2024 el cierre de la agencia Télam, con el objetivo de poner en marcha una política de reorganización y privatización de empresas públicas. Lo hizo mediante el Decreto 548/2024, donde se establece la reconversión de la agencia. El documento indica: “Dispónese la transformación de Télam Sociedad del Estado en Sociedad Anónima Unipersonal, bajo la denominación de Agencia de Publicidad del Estado Sociedad Anónima Unipersonal (APE S.A.U) en la órbita de la Jefatura de Gabinetes de Ministros”.

Si bien el decreto ha cumplido con su objetivo, no ha logrado borrar la importancia que la agencia siempre tuvo para Argentina y el mundo, en un año en el que está cumpliendo 80 años de existencia. Es por ese motivo que se presentó en Diputados un proyecto que aboga por la reconstrucción de Télam y los medios públicos federales y plurales. Además, que se sostiene una premisa que hace al bien de todos los individuos que viven en el país, como es el derecho a la información de toda la ciudadanía.

En una tarde, donde el espíritu de la libertad de expresión resonó por toda la Cámara de Baja y estableció la importancia de que exista una agencia federal de noticias, el debate propuesto intentó responder a dos de los interrogantes más importantes. Por un lado, se preguntó ¿Por qué es necesaria una agencia pública de noticias y publicidad? A lo que se prosiguió, por otro interrogante al respecto: ¿Cómo debería ser una agencia federal de noticias?

Tomás Eliaschev es miembro de la Comisión interna de SiPreBa y expuso en el debate, una de las frases que resuenan en la sociedad respecto a la agencia: “Falta Télam”. Para éste, la ausencia del ente de información se observa en la falta de fotos, corresponsalías en el exterior en noticias sobre inundaciones, incendios, el fallecimiento del papa Francisco y demás acontecimientos que impactan al país y el mundo.

El periodista también habló sobre la ausencia de información con fuentes fidedignas. “Télam representa un aporte a la democracia, al derecho del pueblo y la sociedad necesita información, ya que lo que está ocurriendo es una afectación a la libertad de expresión”, indicó.

Por otro lado, Pablo Carro, diputado de Unión por la Patria, estableció el peligro que implica el silenciamiento de la agencia. Se observan cada vez menos medios y se produce la concentración de los mismos, así como también remarcó el presente económico por el que atraviesan gran parte de los periodistas, quienes poseen salareios por debajo de la línea de pobreza.

Además de solidarizarse con el sector, Carro habló sobre como esto repercute en una degradación de la democracia. Por ello, propuso impuestos a las redes y plataformas, ya que de ese modo se podría sostener el sistema de medios y financiar el ecosistema comunicacional.

El diputado enfatizó que el Estado debe garantizar el pluralismo y la diversidad informativa y encuentra en esta propuesta, el modo para llevarlo a cabo. Asimismo, establece la importancia de los medios del interior, para llevar adelante el trabajo y se debe poner atención a la representación de las minorías, porque es clave para la democracia. Se debe lograr la cobertura objetiva para el pluralismo de voces.

Mónica Frade, diputada por la Coalición Cívica, aseguró, por su parte, creer en el poder de una agencia federal fuerte, ya que el oficialismo impide la libre expresión de ideas y el derecho a la información. Planteó que se debe apoyar a los periodistas que reflejan la libertad y a lo público, para evitar que se destruya lo que años atrás se logró construir. Según sus palabras “Télam es imprescindible para la libertad de expresión”.

Para finalizar, Esteban Paulón -legislador por Santa Fe, director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas LGBT+ y secretario general del Partido Socialista de Argentina- habló sobre lo que implicó la pérdida de Télam para el país, donde se producían noticias desde el territorio para la agencia, realizando un cumplimiento del interés público y con incidencia mundial. Aseguró que su no funcionamiento hace que se pierda calidad periodística y de investigación, uno de los puntos más subrayados en la reunión.

El debate concluyó cerca de las 19:30 y demostró que Télam sigue viva y con ganas de bridar información chequeada y fidedigna para la sociedad. De que todavía es posible reconstruir la comunicación, en medio del ataque antidemocrático que lleva adelante el presidente, desde su asunción en el gobierno. SiPreBA y FATPREN indican que los medios públicos deben informar de manera plural y federal, para dar voz propia a un país con soberanía.

Avanza el juicio contra los mapuches de Villa Mascardi

Avanza el juicio contra los mapuches de Villa Mascardi

May 14, 2025 | Comunidad, Destacado 3

Seis integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu enfrentan una causa por presunta “usurpación” de tierras. La Fiscalía pidió penas de entre dos y cuatro años de prisión efectiva. Es la comunidad donde fue asesinado Rafael Nahuel.

Mientras todos los focos de los medios están puestos en la coyuntura política de las próximas elecciones legislativas porteñas, la cotización del dólar o la caída del proyecto de ley de Ficha Limpia en el Senado de la Nación, al sur del país ocurren cosas que pasan inadvertidas en la Capital Federal.

Una de ellas es la avanzada de la Justicia contra la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, de la provincia de Río Negro, por presunta “usurpación” de predios pertenecientes a dos privados y a Parques Nacionales en la localidad de Villa Mascardi, pero que los pueblos originarios consideran su “territorio sagrado”.

Seis mapuches se encuentran en el banquillo de los acusados por hechos ocurridos entre julio de 2018 y octubre de 2022, cuando fueron violentamente desalojados por orden la de entonces jueza Silvina Domínguez del espacio donde se encuentra el exhotel de Parques Nacionales y las estancias La Escondida y Los Radales. Ese operativo, cuestionado por organismos de derechos humanos como el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), fue el debut del Comando Unificado de fuerzas de seguridad, que irrumpió con violencia en las casas, en presencia de menores, y fueron detenidas estas mujeres que hoy son enjuiciadas. Una de ellas, Romina Rosas, dio a luz mientras estaba presa.

Esta semana, el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz pidió cuatro años de prisión efectiva para la machi (sanadora) Betiana Colhuan Nahuel, Luciana Jaramillo, Romina Rosas, Jéssica Bonnefoi y Matías Santana, testigo clave del caso por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. Por otra parte, solicitó una pena de dos años de prisión en suspenso para Celeste Ardaiz Güenumil.

En abril, declararon como testigos de concepto de la defensa la abogada del Serpaj Mariana Katz, la exdefensora del Público Miriam Lewin, la exsecretaria de Seguridad Sabina Frederic, y las antropólogas Claudia Briones, Ana Ramos y Lorena Cañuqueo, responsables de los peritajes antropológicos y de un informe de salud ancestral mapuche.

El juicio –a cargo de un tribunal unipersonal constituido en General Roca que encabeza el juez Alejandro Silva– comenzó el febrero y ya se encuentra en la etapa de alegatos. Previamente, pasaron los testigos de la acusación, la querella -Parques Nacionales y los presuntos vecinos afectados por la presencia de la comunidad mapuche- y este viernes será el turno de la defensa. Silva es el mismo magistrado que intervino en la causa por el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel. En aquel entonces el gobierno de Mauricio Macri y su ministra de Seguridad Patricia Bullrich blandieron la teoría de un enfrentamiento armado que nunca existió. 

“Rafita”, como lo llamaban, fue asesinado de un tiro por la espalda por parte de integrantes del grupo Albatros de Prefectura. En noviembre de 2023 cinco efectivos de esa fuerza fueron condenados como responsables del crimen, pero recibieron penas menores bajo la teoría del exceso en la legítima defensa.

“Es una causa trucha”

ANCCOM se comunicó con la abogada Laura Taffettani, integrante del equipo de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina que defiende a miembros del pueblo mapuche en ésta y otras causas. “Estamos en la etapa de la acusación, ahora nos toca alegar a nosotros. Posteriormente puede haber lo que se llama réplica y dúplica. Luego el juez dicta veredicto, es decir, plantea si son culpables o no y qué pena corresponde. Después tiene diez días para fundamentar su decisión, lo que ya se hace por escrito, por cédula. No necesariamente es oral”, explicó la letrada.

“Todas estas causas estaban en juicio al momento del desalojo. La Escondida y el exhotel, que son los dos predios principales, ya estaban con procesos en curso. No podían dictar el desalojo estando esos procesos abiertos, entonces inventaron una causa. Por eso le decimos causa trucha. Es la causa 1.649, inventada por una supuesta casilla de gendarmes que se incendió. Los acusan a ellos, pero no fueron”, remarcó. “Fue una maniobra. Ese hecho les dio pie a hacer el desalojo total de los lugares que estaban bajo juicio. No hubiera correspondido hacerlo”, detalló la abogada.

Precisamente, ninguno de los integrantes de la comunidad Winkul Mapu está acusado por el incendio en cuestión, lo que demuestra que el argumento de la defensa sobre su utilización para avanzar con el desalojo tiene cierta lógica.

Por otra parte, Taffetani también cuestionó que se le imponga el mote de “usurpadores” a los integrantes del pueblo originario, que únicamente quiere habitar el terreno que le pertenece por historia ancestral. “La comunidad no era una agencia inmobiliaria que iba ocupando lotes. Ellos tienen otra lógica territorial. Tenían un mandato ligado al ruego, a la marcha que se dirigía en el lugar, y necesitaban ese territorio para que eso suceda”, explicó. “En este modelo de extractivismo y saqueo, se requiere desalojarlos. Ya no importa qué tienen o cómo lo hicieron. Hay un negacionismo absoluto de los derechos de los pueblos originarios”, remarcó la letrada.

En esa línea, a pesar de los argumentos y las pruebas a favor de la comunidad Winkul Mapu, es posible que el Poder Judicial les vuelva a dar la espalda en esta causa –como ocurrió en octubre de 2024 cuando fueron condenados por usurpación de dos predios de Parques Nacionales– y falle a favor del argumento de la Fiscalía y las querellas. Una de ellas es, de nuevo, la de Parques Nacionales, ahora por la usurpación del exhotel de Villa Mascardi. “La justicia siempre acompaña el modelo económico-social al que pertenece. No creemos que la justicia sea independiente. En un sistema capitalista, la justicia está armada para sostener lo que está, no para modificarlo”, consideró Taffetani.

“Defendemos a las comunidades y organizaciones sociales cuando el Estado las acusa, pero tenemos conciencia de que los verdaderos cambios no vienen desde la justicia, responde a los intereses del sistema”, insistió. Eso se percibió durante el juicio, cuando el fiscal Vehils Ruiz se refirió a los integrantes de la comunidad como “autopercibidos” mapuches. “Antes, al menos, cuidaban las formas, pero ahora ni eso. La querella puede decir cualquier cosa, pero un fiscal no puede expresarse así”, enfatizó Taffettani.

A su criterio, hay una avanzada creciente contra las comunidades. “Aunque tengan papeles, aunque hayan hecho todo por derecho, igual las están desalojando”, aseguró. “Fijate el caso de la Comunidad de Chilihué: Roca les dio la propiedad porque estaban en la frontera. Aun así ahora los están desalojando”, ejemplificó la letrada.

En ese sentido, no son pocos los comunicadores que sostienen -en cadena nacional- que los pueblos mapuches no pertenecen a la Argentina, sino que son originarios de Chile y que, por lo tanto, deberían abandonar el país que presuntamente están ocupando. La abogada no dio lugar a ese argumento, al que consideró “falaz” y reflexionó: “Si seguimos esa lógica, todos somos africanos. Lo cierto es que nosotros vinimos después. No es que estábamos en el sur y los mapuches vinieron de Chile a tomar las tierras”. Taffetani insistió en este punto: “Tenemos documentación: la Campaña del Desierto lo prueba. Los mapas históricos lo muestran. Hay que contestar con sentido común. Los argumentos falaces caen cuando uno los pone en tela de juicio”.

“Dan vergüenza ajena”

Desde la Gremial de Abogados emitieron un documento, acompañado con la filmación de la audiencia, y aseguraron que los argumentos esgrimidos por la parte acusatoria “dan vergüenza ajena”. En sus redes expresaron que “decir que son pobres, carentes de pruebas, y sin argumentos sería demasiado, pero si seguimos la experiencia vivida en juicios anteriores poco importa cuando se trata de juzgar a los Mapuches”. En su mirada, “la Fiscalía no mostró nada, no invocó ninguna prueba de circunstancias de fechas, tiempos, lugares, etc. para identificar a cada uno de nuestros defendidos, cargada de prejuicios, enfrentando abiertamente la historia”.

La defensa de la comunidad originaria de Villa Mascardi sostiene que no se pudo determinar que ninguno de los acusados hubiera hecho algo de lo que se le endilga y, mucho menos, probarlo. “La vergüenza es que hablaron generalidades y acusaron al bulto, a todos de todo. Cargados de desprecio, racismo y negacionismo”, sostuvieron. “Escuchar a la Fiscalía y los abogados de Parques Nacionales y de los vecinos racistas da una clara idea de la naturaleza del enemigo que enfrentamos”, agregaron.

Este viernes 16 de mayo será el turno de los alegatos de la defensa de los seis mapuches acusados de “usurpación” de su tierra sagrada. Es la última escala del juicio antes de la sentencia, que se conocerá el próximo 26 de mayo.

 

“El delito de trata tiene una raíz económica”

“El delito de trata tiene una raíz económica”

May 8, 2025 | Comunidad, Destacado 3

Una sobreviviente de una red de trata cuenta los obstáculos que padeció a la hora de acceder al Poder Judicial. El papel de las organizaciones de ayuda y la necesidad de un Estado presente, tanto para acompañar a las víctimas como para educar y terminar con la demanda.

En Argentina, la trata de personas con fines de explotación sexual es un delito federal. Sin embargo, el recorrido judicial que enfrentan las víctimas una vez que logran salir de esa situación suele ser largo, desgastante y, muchas veces, poco reparador. A pesar de los avances normativos en materia de derechos humanos y protección a las víctimas, los tiempos legales, las trabas burocráticas y la falta de perspectiva integral generan que muchas sobrevivientes no encuentren en la justicia una respuesta a la altura del daño sufrido.

María es sobreviviente de una red de trata. Escapó hace más de diez años, pero aún no logró obtener justicia. El juicio comenzó en 2017 y, pese a haber sido identificada por el Estado como víctima y haber colaborado activamente en la causa, el proceso no avanzó como debería. “Tuve que estudiar la ley de víctimas, hacer un curso, recibirme en la universidad para entender cuáles eran mis derechos”, cuenta en diálogo con ANCCOM.

Enfrentó audiencias reprogramadas, declaraciones reiteradas y un sistema que parecía no tener en cuenta su salud mental ni su situación económica. Su causa, que involucraba denuncias por amenazas, explotación, endeudamiento forzado y violencia, terminó con una sentencia por “facilitación y promoción” de la prostitución, sin que se reconociera el delito de trata.

Si bien la Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos lo garantiza, a María nadie le informó que podía contar con un abogado gratuito. “Me dijeron que actuaba el fiscal de oficio o me pagaba uno. Claramente, la plata no la tenía”, recuerda. Esa falta de información es una constante. “La gente no ejerce sus derechos porque no los conoce”, afirma.

Romina, integrante de Pibas Abolicionistas, la acompaña desde hace tiempo y resume lo que ve con frecuencia: “Las causas no se llevan como trata, sino como facilitación. Las oficinas se ofenden si una sobreviviente llama a preguntar. Las tratan mal para que se cansen, para que dejen de insistir. No es desidia: es una decisión política”.

Una de las preocupaciones principales es la falta de garantías para la seguridad de las víctimas. María sostuvo durante seis años su denuncia, sin custodia ni respaldo económico o habitacional. Declaró durante siete horas sin que siquiera le ofrecieran un vaso de agua. “¿Qué pasaba si me descomponía? A nadie le importaba”, recuerda.

El trauma, asegura, no se va solo. Requiere acompañamiento psicológico sostenido, algo que tampoco recibió por parte del Estado. Mientras tanto, su explotador recibió apenas cinco años de condena, de los cuales ya cumplió dos en prisión preventiva.

Otro punto crítico es la dimensión económica del delito. A María le ofrecieron un resarcimiento de un millón de pesos, pero esa suma ni siquiera alcanza para cubrir las deudas que su proxeneta sacó a su nombre mientras la tenía bajo su control. “El delito de trata tiene una raíz económica: te explotan para lucrar con vos. Si el Estado no restituye esos derechos patrimoniales, no hay reparación real”, explica Romina.

La ausencia de asistencia integral es una constante: sin apoyo psicológico, sin recursos económicos, sin acompañamiento judicial. “¿Con qué cara le decimos a las víctimas que vayan a la Justicia si lo que les espera son juicios eternos, condenas irrisorias y una reparación menor a un sueldo mensual promedio?”, se pregunta Romina. Y remata: “El Estado se comporta como una organización criminal”.

La falta de respeto, la burocracia y el destrato hacen que muchas sobrevivientes ni siquiera lleguen a juicio. “El mensaje que te queda es claro: no denuncies, porque si lo hacés, la vas a pasar mal”, dice María. “Y además, a un tipo que esconde personas le dan cinco años. A alguien que roba un celular, tal vez seis”.

Frente a ese panorama, el rol del acompañamiento colectivo se vuelve clave. “Aunque no seamos abogadas ni psicólogas, es el hecho de que haya alguien al lado tuyo, yendo con vos a un lugar donde seguramente te revictimicen y tengas que remover un montón de cosas”, explica Sol, también integrante de Pibas Abolicionistas. “Ese acompañamiento presencial, el saber que hay alguien pendiente de cómo estás y que te sostiene, alivia”.

Desde su militancia, también cuestiona el discurso que habla de la prostitución como una elección individual. “Es un poco neoliberal hablar de libertad de elección tan livianamente. Es desconocer todo el contexto social, histórico y político que lleva a que una mujer esté en situación de prostitución”, sostiene.

Esa mirada, dice, también invisibiliza al otro lado del sistema: los varones que pagan. “Se pone el foco en las mujeres, no en los varones que las demandan. Además, no es realista. Se construyó una visión romantizada donde la mujer prostituida elige, tiene agencia, está en un circuito glamoroso. Pero cuando ves los números y conocés los casos, te das cuenta de que la mayoría está siendo explotada por uno o varios proxenetas, y que lo que viven son experiencias traumáticas”.

Sol también advierte sobre el riesgo de reglamentar la prostitución: “Si se legaliza, los proxenetas pasan a ser empleadores. Podrían enriquecerse tranquilamente con el amparo de la ley. El Estado pasaría a ser proxeneta también. Por eso no es casualidad que haya tantas campañas para legalizarla”.

Viviana es educadora y forma parte de la Convocatoria Abolicionista Federal. Desde su rol, acompaña a mujeres en situación de prostitución y advierte sobre una problemática estructural: el Estado está ausente. “Somos un país abolicionista, pero nadie lo sabe. No hay una bajada clara, no se nombra el abolicionismo, no se educa desde ahí”, denuncia en diálogo con ANCCOM.

Para Viviana, hay un mito que todavía circula y genera confusión social: “Es el de la puta inteligente, estudiante, feliz y millonaria”, subraya. Las historias que ella ve todos los días son otras: mujeres precarizadas, sin redes, sin recursos, sin asistencia. “A una víctima de trata la tienen que acompañar al menos siete personas: psicólogas, psiquiatras, asistentes sociales, gente que la defienda, que la acompañe cuando tiene que declarar. Y no hay nadie. Somos redes de mujeres las que sostenemos a estas otras mujeres”.

Ese sostén, insiste, es concreto y cotidiano: preparar un plato de comida, cuidar a sus hijos, conseguir un colchón o un abogado. “María pudo llegar al juicio porque hubo una red atrás. Una red que hace todo eso que el Estado no hace”. Porque no se trata solo de llegar a la justicia: se trata de sobrevivir mientras tanto.

“La mujer prostituida no recibe ayuda de nadie. En ningún lugar del país el Estado está dando respuestas”, afirma Viviana. Y señala que la única forma de romper con ese círculo es a través de la educación. “Yo soy educadora y sé que, si no empezamos a hablar de esto en las escuelas, no hay forma de cambiar nada. Pero llevás guías al Ministerio y ni siquiera te reciben. No hay voluntad política”.

“Hay que denunciar el grooming desde la vía legal”

“Hay que denunciar el grooming desde la vía legal”

May 2, 2025 | Comunidad, Destacado 2

Ante la proliferación en el país y en el mundo de los “cazadores de pedófilos”, una fiscal especializada advierte sobre los peligros de la justicia por mano propia y una docente de ESI destaca la importancia de la prevención, tanto en las familias como en las escuelas.

Hoy gran parte de la cotidianeidad y de los vínculos se desenvuelven en entornos digitales. Esto implica nuevas formas de trabajar, habitar espacios, divertirnos y amar, como también peligros y configuraciones de violencia, tanto en el plano cibernético como material.

“El grooming es la captación de un adulto a un menor por medios tecnológicos, con el fin de afectar su integridad sexual”, explica la fiscal de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming del Departamento de La Matanza, Lorena Pecorelli, en diálogo con ANCCOM. En general, se trata de hombres que se hacen pasar por niños, adolescentes o mujeres, y este engaño puede llevar a encuentros y abusos sexuales.

En este contexto, aparecen cada vez más los autodenominados “cazadores de pedófilos”, grupos en su mayoría compuestos por hombres que, online, se hacen pasar por menores de edad para concretar encuentros con los presuntos abusadores y torturarlos. Todo el proceso es registrado en vivo y luego queda disponible para ser reproducido y viralizado. Pero, ¿qué ganan quienes lo llevan a cabo? ¿Qué idea de justicia hay detrás?

El objetivo de los cazadores es que miles de usuarios anónimos, de cualquier edad, sean testigos de sus actos punitivistas contra los supuestos perpetradores del grooming. Las plataformas de streaming permiten generar ganancias mediante suscripciones o donaciones del público, y esta es una parte clave del fenómeno, que suele finalizar con ganancias económicas para los cazadores, pero sin que el acusado sea legalmente denunciado ante la justicia.

Recientemente, cuatro integrantes de un grupo de “caza-violines”, liderado por Brandon Maldonado, fueron detenidos en La Plata y enfrentan cargos por privación ilegítima de la libertad, lesiones y otros delitos graves. Se los acusa de haber torturado durante tres horas a un hombre que intentaba encontrarse con una menor. En un video, se registran agresiones físicas y humillaciones extremas, como golpizas y la obligatoria ingestión de materia fecal.

Existen diversas normativas, lejos de la espectacularización y el morbo, que permiten denunciar y condenar el ciberacoso. “No es difícil que la justicia pueda, con un proceso que sea válido, llegar a los autores (del grooming). El tema es alentar a los particulares a denunciar desde la vía legal, porque la iniciativa privada es peligrosa y es un rol que no les corresponde”, afirma la fiscal Pecorelli.

La persecución y sanción de estos delitos debe ir acompañada de la prevención, en la que juega un papel importante la Educación Sexual Integral (ESI), pero nos encontramos ante un retroceso en las políticas públicas de esta área. Antes de ser electo presidente, Javier Milei llegó a declarar que eliminaría la educación sexual porque “es un mecanismo por el cual se le deforma la cabeza a la gente para impulsar el socialismo”.

A la par de que la extrema derecha gana adeptos y avanza contra las democracias, los discursos y prácticas de odio se reproducen y replican en distintas partes del mundo. Así ha ocurrido con la caza de pedófilos, que nació en Estados Unidos y ya se ha expandido hacia muchos países, incluida la Argentina. En la red social X y plataformas de streaming en vivo como Kick, los operativos de caza se difunden sin ningún tipo de censura y reciben tantas críticas como halagos.

Elena Ayala, psicopedagoga, docente de ESI y licenciada en Educación Especial e Inclusión, cuenta que, desde la pandemia, con un uso potenciado de los dispositivos tecnológicos, aumentaron los casos de grooming y bajó la edad de las víctimas: de 12 o 13 años, ahora comenzaron a aparecer situaciones a partir de los 9 o 10. “Esto también tiene que ver con que los niños y las niñas están muy solos”, subraya.

La Ley 26.150, sancionada en 2006, establece que la ESI debe brindar herramientas de prevención y cuidado de los aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. Según cifras oficiales de la Ciudad de Buenos Aires, durante 2020, el 80 por ciento de las denuncias de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes se realizaron después de tener clases de ESI en la escuela.

Según Ayala, las pautas de crianza son fundamentales, tanto en el ámbito escolar como en los hogares. “Todas las instituciones deberían tener espacios para las familias, para contener y acompañar con políticas públicas. Hoy estamos en un momento bisagra donde la violencia está muy presente, y lo que hay que hacer es volver a rearmar los lazos sociales, encontrarse, generar espacios de construcción y no quedarnos solos ni solas”.

Para las infancias, la navegación en internet sin supervisión es un arma con muchos filos. Además del grooming, en el ciberespacio hay ciberbullying, pornografía y contenidos de cualquier tipo que pueden llevar a imitar comportamientos perjudiciales hacia otros o hacia uno mismo. La tecnología parece ser un camino sin retorno, por ello hay que educar sobre los peligros que conlleva.

La Ley de Emergencia de Discapacidad avanzó un casillero

La Ley de Emergencia de Discapacidad avanzó un casillero

May 1, 2025 | Comunidad, Destacado 4

El proyecto de Ley de Emergencia de Discapacidad logró dictamen favorables en comisiones y ahora pasará al recinto para que lo voten los diputados. Una importante marcha de personas con discapacidad, sus familiares y los trabajadores que lo asisten marcharon al Congreso para exigir su aprobación. Si se sanciona la norma, ¿Milei la vetará?

 

 

Agrupaciones sociales, personas con discapacidad, sus familiares y trabajadores que los asisten, se concentraron frente a la puerta del Congreso para exigir por la aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuyo dictamen en comisiones se debatía en el Palacio Legislativo. De aprobarse finalmente la norma,  podría significar un hito para uno de los sectores más vulnerables de la sociedad y es por ello, que desde las 11 de la mañana del martes, la Avenida Rivadavia se colmó de personas, carteles y un fuerte deseo en conjunto: «¡Que sea ley!”

Daniel Arroyo, diputado nacional de Unión por la Patria, quien es el autor del proyecto de Ley de Emergencia en discapacidad, subrayó la importancia de su aprobación: “La ley actualiza el nomenclador que está totalmente desfasado, las personas con discapacidad no están accediendo a los servicios básicos, ni a las pensiones y están siendo maltratadas por el gobierno. Lo que estamos buscando con esta ley es que se actualice el nomenclador, se resuelva el tema del maltrato y organice las pensiones como hoy no están organizadas. Si logramos que las comisiones de Presupuesto, Discapacidad y Salud lo dictaminen, nos quedará un cuarto paso: que sea ley cuando vayamos al recinto a votar”, indicó.

No obstante, las personas con discapacidad no son los únicos perjudicados con esta problemática, ya que quienes trabajan con el objetivo de ayudarlas reciben salarios demasiado bajos. Florencia Poletto es testigo de esta situación y así lo comunica: “Soy una de las directoras del equipo Khlpu. hacemos inclusión escolar, lo que implica que haya un profesional de apoyo que acompañe a un niño en el aula, para que lo ayude con lo conductual, social y comunicacional. Estamos acá para apoyar La ley de Emergencia en Discapacidad, una norma que pone en emergencia al sector donde es necesario que revean y que se active el presupuesto para los talleres protegidos. Las prestaciones quedaron desfasadas con respecto a la inflación”.

“El último aumento -agrega- fue en diciembre, del 1%. Así, una profesional que va a una escuela está ganando 307.000 pesos y por eso es muy difícil conseguir que asistan profesionales todos los días. Cada vez está más difícil, la normativa exige que las especialistas vayan un mínimo de 2 veces por semana. Eso se traduce en que las familias deben poner un plus, pero lo que se pierde es la universalidad de la ley”.

De esta forma, se puede observar cómo todas las personas que participan directa o indirectamente en la discapacidad, están siendo afectados al no disponer de una ley que ponga de manifiesto estas situaciones. Además, el sector está viviendo uno de los peores momentos de su historia en la Argentina.

Gabriela Troiano, exdiputada nacional e integrante de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, habla sobre este asunto. “El sector atraviesa una etapa más difícil que en el gobierno de Macri, la situación es tan angustiante que se necesita un tipo de ley así. Necesitamos poder acceder a los tratamientos, a la educación, estamos hablando de prestaciones que tienen fijo su monto desde el año 2023, y de una auditoría de pensiones no contributivas, donde se giran las cartas de notificación a domicilios que no son los de las personas con discapacidad. Se cambian los domicilios donde se va a realizar la auditoría, se ponen profesionales que no son expertos en discapacidad y el tiempo que se les da para llevar sus estudios no existe”.

Por otro lado, agregó: “Piden estudios a personas que tienen patologías genéticas que no van a cambiar, le piden estudios actualizados. Se está involucionando en el sistema, te diría que a prácticas de la época de la dictadura militar”.

Incluso, la posibilidad de una vida digna se encuentra en juego para las personas con discapacidad. Claudia D´Ippolito, presidenta de la Asociación Angelito Déficit de L-Carnitina, relata lo que atraviesan las personas con discapacidad y los trabajadores. “El tema es muy grave, porque más allá de la situación económica que ha llevado al caos en el sector, nos encontramos con una asignación muy baja y una pensión paupérrima. Y mucho peor los honorarios que cobran los trabajadores en los talleres protegidos (establecimientos asistenciales que brindan tratamiento a través de un abordaje interdisciplinario que busca la integración social y autonomía personal del paciente) a quienes les están pagando 28.000, pero están sin cobrar desde enero.  Y hay obras sociales que no autorizan tratamientos, no se sabe cuándo lo autorizarán”, sostuvo.

Por otra parte, las auditorías representan un problema muy grande para aquellos que tienen algún tipo de discapacidad. D´Ippolito lo detalla: “Hay un desastre en las auditorías; están convocando a muchísimas personas en el mismo horario. Se habló con la directora de pensiones, nos ofrecimos para ayudar y organizar, pero realmente es todo un caos. Es el auditor el que debe ir a la persona, no la persona a la auditoría, donde han pasado días de 47 grados o días de lluvia, y no hay soluciones.”

Ella concluyó: “Se podría auditar por un lado y dar el aumento del nomenclador por otro, desde diciembre no tenemos aumento. La inflación continúa y todos tenemos que pagar monotributo o pagar autónomo, acá es una cuestión de pagar, pero nunca de cobrar, nunca de que estemos bien el sector de discapacidad. Las personas con discapacidad somos las mayores perjudicadas del sistema”.

Por lo pronto, después de varias horas del plenario de comisiones se logró emitir el dictamen positivo para dictar la emergencia en discapacidad. Ahora lo tendrá que tratar la Cámara baja, y, de aprobarse, pasaría al Senado.

La baja del Reprocann es puro humo

La baja del Reprocann es puro humo

Abr 30, 2025 | Comunidad, Destacado 3

En febrero, Patricia Bullrich advirtió sobre el probable cierre del programa que ya lleva cuatro años. Sin embargo, continúa funcionando para el beneficio de múltiples pacientes. ¿Cómo impactaron las políticas del gobierno de Milei?

Las declaraciones de Patricia Bullrich acerca del probable fin del Reprocann, generaron fuerte preocupación en cultivadores y usuarios del cannabis medicinal. Las afirmaciones, que no se han concretado hasta el momento, produjeron temor por la desaparición de una herramienta para la salud de más de 300 mil inscriptos. Anccom dialogó con varios cultivadores y activistas cannabicos para conocer la realidad del programa tras cuatro años de su aprobación. ¿Es el cierre del programa una posibilidad concreta?

Para Valeria Salech, presidenta de la organización civil Mamá Cultiva, es necesario poner paños fríos en el asunto. “El Reprocann sigue funcionando correctamente; las licencias siguen funcionando y se sigue autorizando gente”, declaró. “Las declaraciones de Bullrich como ministra de Seguridad no tienen lugar en cuestiones de salud: es como si el ministro de Economía anunciara un plan de vacunación”, aclaró.

Bullrich se refirió a la necesidad de empezar de cero con el programa como consecuencia del “desvío de la marihuana hacia el mercado ilegal”. Ante estas declaraciones, Salech afirma que la ministra está utilizando casos aislados para justificar una política que no tiene base en la realidad: “Puede ser que haya gente que use el Reprocann de esa manera, pero también hay gente que pasa el semáforo en rojo y no por eso vamos a prohibir los autos”.

“Las declaraciones de Bullrich como ministra de Seguridad no tienen lugar en cuestiones de salud: es como si el ministro de Economía anunciara un plan de vacunación”, aclaró Salech.

Las licencias: Un proceso cada vez más lento y limitado.

“El proceso de inscripción se hace desde la app o la web de Mi Argentina, es un sistema que es bastante intuitivo y sencillo de completar. Una vez que la persona lo completa como paciente debe contactarse con un médico para realizar una entrevista y llenar un formulario. De ahí quedan a la espera del Ministerio de Salud que se encarga de aprobar o rechazar las licencias”, explica Salech y añade: “Desde que asumió el gobierno actual se ralentizó mucho este proceso, hay gente que está esperando hace casi dos años”.

La resolución de agosto del 2024 del Ministerio de Salud establece que solo  “un profesional médico que se encuentre registrado en la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud (REFEPS) y contar con una Diplomatura o Maestría sobre el uso medicinal de la Planta del Cannabis Medicinal” puede indicar un tratamiento con cannabis, requisito para la aprobación del Reprocann. Emilio Ruchansky, editor adjunto de la revista THC e integrante del Centro de Estudios de la Cultura Cannábica (CECCA), aclara que desde este cambio “se ha rechazado a muchas personas por no tener el aval de un médico diplomado, lo cual es arbitrario porque cuando esas personas se inscribieron al Reprocann, no existía esa resolución”.

Estas medidas del gobierno provocan que el proceso de aprobación de la licencia sea cada vez más lento, limitando el acceso a personas que necesitan del cannabis para llevar una vida plena. Los cultivadores Nicolás Rodríguez y Joana Scapiel, creadores de la organización Aura Salta que promueve proyectos vinculados al cannabis, denuncian una paralización de las licencias de cultivo: “Esto afecta a todas las empresas nacionales productoras de cannabis, impidiendo el desarrollo de una industria nacional autónoma y soberana”.

Beneficios a la salud

“El Reprocann fue una política pública ejemplar en Argentina y en el mundo”, sostiene Salech, remarcando la importancia de acercar esta herramienta a personas que no encuentran solución a sus problemas de salud en la medicina tradicional. “Las personas con enfermedades crónicas que llegan al cannabis, suelen hacerlo después de recorrer muchos tratamientos, de haber probado por todos lados, pagando un dineral para ir a especialistas y no encontrar un alivio a sus síntomas. De esta manera, les estás dando a esa gente una chance más”, asegura.

Salech también destacó cómo la aprobación del Reprocann legitimó al cannabis como herramienta terapéutica. “Se borró el estigma que hacía que la gente que llega al cannabis medicinal, lo haga con miedo y el Reprocann les sacó ese temor”, explica Salech y añade: “Ahora, la gente puede ir con confianza a su médico para que le autoricen el cultivo y abrirse a una nueva manera de construir salud con personas que está dispuesta a ayudarte y a acompañarte en este proceso”.

“En Aura Salta, hemos recibido numerosas consultas y solicitudes de información de personas que sufren de dolores crónicos, pacientes con cáncer y aquellos que tienen dificultades para conciliar el sueño”, afirma Scapiel y añade: “Numerosos usuarios reportan mejoras en su calidad de vida, reducción del dolor, disminución de crisis, mayor estabilidad emocional y descenso en el consumo de psicofármacos y opioides, muchos de los cuales generan dependencia o efectos adversos”.

«Se está persiguiendo la tenencia por consumo personal, afirma Ruchansky. Foto Archivo.

“No más presos por plantar”

La otra cara del éxito del Reprocann es haber sacado de la clandestinidad a los cultivadores del cannabis medicinal. “Los beneficios son múltiples porque beneficia a la salud de los pacientes y a la salud de los cultivadores reduciendo el número de detenidos por plantar”, manifestó Ruchansky.

Salech, por su parte, remarca lo positivo que fue para los cultivadores la legalización del cultivo para uso medicinal. “Nos dio la posibilidad de salir del closet, de hacer `a cara limpia`  lo que antes hacíamos con miedo”, explica.

Pese a estos grandes avances en la despenalización, la criminalización del uso del cannabis medicinal no cesó completamente. “Con la implementación del Reprocann se logró cierta reparación institucional. No obstante, la criminalización persiste y se ha intensificado nuevamente desde el regresó de Patricia Bullrrich al Ministerio de Seguridad en 2023”, relativiza Scapiel.

Para Ruchansky: “las estadísticas no están claras porque no las están brindando, pero sabemos que se está persiguiendo la tenencia por consumo personal en este último año y medio”. También aseguró que este accionar refleja lo ocurrido durante el primer mandato de la ministra de Seguridad: “Cuando se debatió la Ley de Cannabis Medicinal en 2017 hubo más allanamientos a personas que cultivan,  lo cual fue una clara respuesta corporativa por parte de la policía”.

Por otro lado, en lo que respecta a los datos personales que el Ministerio de Salud tiene sobre las personas con licencia Reprocann, Ruchanzky desestimó la posibilidad de que el gobierno pueda usarlos para tomar represalias. “La información de los pacientes está protegida por habeas data y solo se puede ingresar con pedido de allanamiento a través de un juez, por lo tanto, la base de datos todavía es segura”, sentenció.