El proyecto de ley para prevenir la ludopatía está a punto de caer

El proyecto de ley para prevenir la ludopatía está a punto de caer

En dos semanas perderá estado parlamentario. Todos los sectores reconocen la gravedad del problema y, sin embargo, el Senado sigue sin tratarlo. Especialistas en infancias y en salud mental, apoyan la regulación a las apuestas online. El fútbol y las fintech, se oponen.

El reloj, inexorable, no detiene su marcha y juega en contra. En poco menos de dos semanas se vence el plazo para que se pueda aprobar una ley que regule la publicidad de las casas de apuestas deportivas en la Argentina y, a menos que ocurra un milagro, todo parece indicar que el proyecto que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados podría caducar.

La iniciativa, que fue aprobada con 139 votos afirmativos, 36 negativos y 59 abstenciones el 27 de noviembre del año pasado, ingresó en marzo a las comisiones de la Cámara Alta y allí se quedó estancado.

Víctima de un año electoral en el que las sesiones escasearon y los principales debates se posaron en las cuestiones de actualidad pura, como el financiamiento de las universidades, la emergencia pediátrica y en discapacidad y las jubilaciones, la regulación de las apuestas deportivas fue relegado a un lado del temario, para beneplácito de sus detractores y lobbistas.

En un principio, el expediente fue asignado por la vicepresidenta Victoria Villarruel a cinco comisiones, lo cual ya hacía casi imposible que se pudiera avanzar en su tratamiento. Finalmente, se logró que se incluyera únicamente en los temarios de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales, pero únicamente la primera comisión -a cargo de la senadora catamarqueña Lucía Corpacci- fue la que le dio un poco de atención. Eso sí, recién el 5 de junio comenzaron a debatirlo. Es decir, durmió dos meses en algún cajón olvidado del Congreso de la Nación.

Durante varias semanas desfilaron por el Palacio Legislativo voces a favor y en contra del proyecto de ley que busca ponerle un límite al negocio del juego online: psicólogos, miembros de la Iglesia, investigadores, jóvenes, ludópatas en recuperación, representantes del sector fintech, trabajadores del rubro e, incluso, representantes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y dirigentes de clubes dieron su testimonio.

En octubre se pudo concertar un plenario de todas las comisiones involucradas en el debate y, en principio, estaba previsto que se llegue a aprobar el dictamen que permita debatirlo en el recinto. No obstante, tras dos reuniones con más testimonios, la firma del dictamen quedó frenada y la posibilidad de aprobar el proyecto de ley se desvanece a medida que pasan las horas.

Un debate eterno

A pesar de la demora en abordar el expediente, la temática de apuestas deportivas tuvo su debate puertas adentro del Senado de la Nación con diferentes posturas, pero con más coincidencias que diferencias entre los legisladores de diferentes bancadas y los expositores que fueron pasando. Sin embargo, a pesar de haber un consenso sobre que existe una problemática y hay que tratarla, de momento no se pudo coincidir en la firma de un dictamen que permita llevar el tema al recinto.

Una de las voces más estridentes a favor de la iniciativa fue la de la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti (Fuerza Patria), quien salió al cruce de quienes descalifican la iniciativa como un gesto “populista” o efectista. “Hay algunos dirigentes que han dicho que los legisladores tratamos estos temas como petardos o hacemos populismo tratando el tema de la ludopatía”, advirtió.

“Creo que el Senado de la Nación quedaría muy mal si no hace nada al respecto. Los 72 senadores debemos tomar la decisión de dar la media sanción o modificarla y devolverla para brindarle una respuesta a la sociedad. Me parece que hay que estar a la altura de la circunstancia”, enfatizó.

Por su parte, Lucía Corpacci (Fuerza Patria), al frente de la Comisión de Salud y pieza clave en la articulación del plenario, puso el foco en la urgencia legislativa y en el volumen político que tomó el tema puertas adentro del Congreso. “Asumimos el compromiso de seguir con este tema hasta que se termine, porque verdaderamente es de una capital importancia y hay veintiocho proyectos”, recordó. “Estamos tratando este proyecto de ley con la seriedad que se merece. En cada reunión tenemos expositores que opinan a favor y en contra. Si tomamos de ambos sectores lo que nos parece más útil para nuestros niños y para nuestros jóvenes, vamos a sacar una excelente ley”, vaticinó.

Desde otro ángulo, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (PRO) introdujo la discusión sobre competencias nacionales y provinciales en materia de juego e hizo pública su posición en contra, pero aun así respaldó uno de los núcleos duros del proyecto: la prohibición de la publicidad. “La pregunta número uno que hago es: ¿quién recauda hoy por el juego? Y la respuesta es: las provincias. Por eso, para mí la atribución de reparar o de prevenir debería ser una acción de las provincias”, planteó en el plenario. Sin embargo, cuando el debate se desplazó al terreno de los anuncios, fue contundente: “Estoy a favor de la prohibición. La realidad es que la publicidad entra, penetra en las mentes de los menores y de los adultos. Además, asociada al deporte, para mí es una contradicción enorme”.

Por su parte, la porteña Guadalupe Tagliaferri (PRO) eligió concentrarse en los agujeros del sistema que permiten que los menores apuesten pese a las restricciones formales. “Esto me enciende algunas alertas en relación a todo lo que es el mundo del juego online”, advirtió. Tras escuchar las explicaciones del sector fintech y de las plataformas, la legisladora fue al hueso del problema: “Entendí todos los mecanismos de control que ya existen. Igual, sucede. Quiero entender, entonces, cómo es que los menores terminan pasando por fuera del radar de estos controles”. El mensaje quedó flotando: por más protocolos que exhiba la industria, los chicos siguen apostando.

“Es un problema que crece día a día”

Uno de los especialistas que pasó por el Senado de la Nación para exponer fue Facundo Bianco, director de la consultora Bienestar Digital, que viene trabajando sobre el auge de las apuestas deportivas online en Argentina y su impacto en la juventud. “Ya dejó de ser una novedad para convertirse en un problema instalado”, sostiene, en diálogo con ANCCOM.

“Hace unos años se instalaron y crecieron enormemente, tanto las legales como las ilegales”, relató. Hoy, el mapa es contundente: “Se estima que en Argentina, cerca del 80% de los ingresos que se hace a plataformas de apuestas es a sitios ilegales. Y 4 de cada 10 adolescentes apuestan. Es un problema que crece día a día”, analiza.

Frente a ese escenario, el Estado no puede mirar para otro lado. Sí, hace falta regulación, pero no cualquiera. “Se necesita una ley por varios motivos, pero sobre todo por cómo está afectando a las infancias y las adolescencias. No debe pensarse solo en una regulación de objetivo recaudatorio, sino partiendo de la protección de los pibes y las pibas”, considera. El horizonte es claro: la discusión no puede reducirse a quién se queda con la caja, sino a cómo se cuida a los menores en un entorno hiperconectado.

Uno de los argumentos favoritos de quienes defienden el negocio es que el verdadero problema son las plataformas ilegales. Para Bianco “el tema está desmadrado en menores de edad”. Y ahí, más que una frontera tajante entre legal e ilegal, existe un ecosistema que se alimenta a sí mismo. “Más allá de que lo hagan en plataformas legales o ilegales, la publicidad de las legales valida, da marco y crea sentido”, explica. Ese marketing “tiene un alcance infinito y una capacidad de instalación notable. Los ídolos de los pibes promocionan apuestas a la vista de todos”.

Consultado por el impacto específico del bombardeo publicitario en los casos de ludopatía, es prudente: “Más que influir en casos de ludopatía, lo cual no tengo conocimiento para afirmar, influyen como invitación y como sentido de la época”. Lo que sí marca es el clima cultural que construyen esas campañas: “La cultura de la influencia a través de streamers, instagramers y deportistas marca que hacer plata fácil y rápido tiene que ser un objetivo. Y que, además, es posible”. Ese mandato se vuelve, para muchos chicos y chicas, una brújula distorsionada.

La primera señal de que el problema dejaba de ser marginal llegó desde las aulas. “En capacitaciones a docentes, hace tres o cuatro años, empezaban a contarnos que los chicos apostaban en las aulas, en los recreos”, recuerda. La escena se repite en distintas escuelas: “De pronto, del fondo del aula gritaban gol un día cualquiera a cualquier hora. Empezaron así a evidenciar que estaban apostando a partidos random de otras ligas, por ejemplo”. Esos testimonios, dice, “se fueron multiplicando y sirvieron como primera señal de alerta de que algo estaba pasando y no tenía suficiente visibilidad”.

En su exposición en el Senado definió a las apuestas como “un síntoma de la época”. En la entrevista con ANCCOM desarrolla la idea: “Asociar todo concepto de éxito, de felicidad y de futuro a la posibilidad de hacer plata fácil y rápido”. Las lógicas de consumo y de ostentación, advierte, “están calando muy fuertemente en la cultura, las aspiraciones, las expectativas de generaciones, contraponiéndose a la cultura del trabajo, del esfuerzo, de la formación”. Pero no se trata solo de dinero: “La propuesta de esta era también propone la soledad y el individualismo. Todo esto está generando mucha frustración”.

Mientras no haya una ley que ponga límites claros, el especialista insiste en que igual se puede –y se debe– actuar. “Políticas públicas que contengan y concienticen”, resume. En los relevamientos que realizan sobre adolescencias aparece siempre el mismo dato de fondo: “La salud mental es hoy un problema que tienen presente como generación y que, más allá de que los afecte directa o indirectamente, necesitan ayuda”. Esa ayuda, remarca, “solo puede llegar de los Estados y las familias”. Y sentencia: “Las plataformas de apuestas no son instituciones de caridad, son maquinarias creadas para ganar dinero”.

Todas las voces

Sobre el escenario del Senado también se escucharon las voces de quienes miran el fenómeno desde la salud mental, las infancias, el territorio y las organizaciones sociales. Verónica Laplace, presidenta del Consejo Consultivo Honorario en Salud Mental e integrante de la APDH, defendió el proyecto apoyada en la Ley Nacional de Salud Mental: “Este proyecto de ley que ya tiene media sanción (…) acompaña el abordaje de la salud mental desde la prevención y garantiza el derecho a un entorno digital seguro”. Y subrayó la responsabilidad estatal frente al negocio: “Sostenemos que es el Estado el lugar para poder regular ciertos excesos que el mercado y la sociedad de consumo introducen en la cotidianidad de nuestras vidas”.

Miguel Tollo, del Foro de Infancias de CABA, aportó una mirada que cruzó clínica y política. Para él, la iniciativa responde a una demanda que se repite en foros de todo el país: “Los adolescentes entienden que también es una cuestión azarosa el proyecto de vida. No les transmitimos otra posibilidad”. Y desarmó la supuesta inocencia del negocio: “A veces pensamos que los juegos de azar son juegos. En realidad, no son juegos. Son apuestas. Lo que caracteriza al juego de apuestas es el vértigo a perder, no las ganas de ganar”.

Desde la psiquiatría, Alberto Trimboli fue terminante: “El consumo problemático de las apuestas online es un problema grave de salud mental”. Cuestionó la tendencia a reducir el debate a números fiscales o voluntad individual y advirtió: “Reducir la discusión únicamente a una cuestión económica, de recaudación o de ganancias sería un error grave”.

La dimensión cultural del problema apareció con fuerza en la voz del presbítero Munir Bracco, que apuntó a la alianza entre casas de apuestas y fútbol: “La camiseta de fútbol, que debería inspirar a los niños, se convierte en una publicidad como si fuera una droga. Legal o ilegal, destruye igual”. Para el cura, el impacto va más allá de historias individuales: “Cuando esta adicción golpea a los jóvenes, hipotecamos el porvenir de la Nación, de nuestra patria”.

El sindicalismo del juego pidió que la regulación no se agote en las formas legales del negocio y ponga el foco en el daño social. Guillermo Martín Cain, secretario adjunto de la Federación Argentina de Empleados de Casinos, advirtió sobre el riesgo de transformarse en la “Argentina de la timba” y fue tajante: “No podemos mirar para el costado cuando nuestra actividad se encuentra desregulada y genera un problema complejo para toda la sociedad, especialmente en los niños, niñas y adolescentes”. Para él, “lo más importante” es regular la publicidad, porque “cuando las plataformas legales publicitan el juego online, indirectamente están publicitando las plataformas ilegales. Un joven de diez, once, doce, trece años no sabe discernir entre una plataforma legal y una ilegal”.

La industria fintech también se sentó a la mesa. Lejos de negar el problema, Natalia Díaz, de la Cámara Argentina Fintech, vinculó la discusión con el avance de las plataformas clandestinas: “Según estadísticas de 2024, el 80% de las apuestas transita por operadores no regulados. Y esto genera un doble riesgo: social, porque vulneran la seguridad de los menores, y de lavado de activos”. Detalló que esas webs usan el sistema de pagos “de forma encubierta” a través de procesadores externos, empresas de cobranza que simulan ser cobradores legítimos y cuentas mula: CBU o CVU de adultos que funcionan como cajeros humanos, reciben dinero de chicos, fondean cuentas de juego y “dificultan la identificación de los menores y se encubren como comercios legítimos para operar”.

El testimonio más crudo llegó de la mano de Valentino Solda, un joven de 21 años que se presentó como exludópata. Contó que empezó a apostar a los 16, que el Mundial de Qatar fue un punto de quiebre y que hoy cuenta los días sin jugar. “Me sumergí en un infierno. Es muy difícil de manejar, con una tristeza muy profunda y aislante”, relató. Su mirada sobre el rol de los clubes y las figuras deportivas condensó el malestar general: “Si los dos clubes más grandes de la Argentina tienen en el pecho un sponsor de una casa de apuestas, ¿cuál es el mensaje? Si el máximo ídolo de todos los niños sale a dar la cara en una casa de apuestas muy grande, ¿cuál es el mensaje como ídolo?”.

“El remedio que enferma”

Para los representantes de la AFA y para el exdirector de Ordenación del Juego de España, el proyecto que prohíbe la publicidad y el patrocinio de casas de apuestas apunta en la dirección equivocada respecto de lo que planteó la mayoría de los expositores. Sentados ante el plenario de comisiones, reconocieron sin matices que la ludopatía, el acceso de menores al juego online y el riesgo de amaño de partidos son “problemas reales, crecientes y alarmantes”, pero advirtieron que una prohibición total sobre la industria regulada puede desfinanciar a los clubes y, al mismo tiempo, fortalecer al mercado ilegal que opera sin control.

Javier Méndez Cartier, presidente de Excursionistas y vocal de AFA, admitió que el fútbol convive con una bomba de tiempo –ludopatía juvenil, arreglos, menor control en el mundo online–, pero se desmarcó de las recetas que borran a las casas de apuestas de camisetas y estadios. “Creemos que aquellos proyectos que proponen una prohibición total y absoluta de la publicidad y el patrocinio de esta industria en el deporte no solo no están atacando la raíz del problema, sino que, además, corren el riesgo de agravarlo seriamente”, sostuvo. Recordó que en la Liga Profesional argentina solo una parte de los clubes tiene sponsors de casas de apuestas, pero que esos ingresos ya son estructurales: en Boca representan alrededor del 13% de sus ingresos totales y en River, cerca del 18%.

Desde ahí lanzó la frase con la que buscó interpelar a los senadores: “Estaríamos hablando de la paradoja del remedio que enferma”, disparó. Según su planteo, para combatir el juego problemático y el acceso de menores, el Estado podría terminar debilitando “a quienes ya vienen trabajando frente a esa problemática”: clubes que sostienen comedores, deportes amateurs, fútbol femenino, futsal y otros espacios de contención. “Los clubes somos parte de la solución. No queremos ni somos parte del problema”, insistió, y pidió que cualquier restricción publicitaria sea graduada y compatible con la supervivencia económica de las instituciones deportivas.

Andrés Patón Urich, gerente de Legales y oficial de Integridad de AFA, reforzó esa línea desde otro ángulo: mostró que la casa ya viene tratando de ordenarse puertas adentro con capacitaciones sobre amaño de partidos e integridad para jugadores, árbitros y dirigentes. “Entendemos que este proyecto de ley que busca prohibir la esponsorización de clubes a través de empresas de betting sería un desfinanciamiento para nuestras instituciones y un desfinanciamiento que iría hacia los más vulnerables”, advirtió, en referencia a los deportes no profesionales y a los pibes que dependen de los clubes como espacio de contención.

A modo de contraste, recordó que la propia FIFA solo prohíbe la publicidad de casas de apuestas en la ropa de árbitros y en las salas de VAR, pero no en las camisetas de los clubes. Y dejó una frase que sintetiza su rechazo al esquema propuesto: “A veces, lo más fácil es prohibir, pero muchas veces regular y controlar es muchísimo más efectivo que la mera prohibición”.

El español Juan Espinosa, exdirector general de Ordenación del Juego, llegó con un discurso más técnico, pero que desembocó en la misma conclusión: una prohibición total de publicidad para la oferta regulada difícilmente logre los objetivos que se propone. “El ejercicio de la eficacia implica el contraste entre el objetivo y el instrumento”, planteó. “Si regulamos el juego en línea es porque creemos que mediante dicha regulación la sociedad va a estar mejor que en su ausencia”. En su experiencia, el corte publicitario sobre el mercado legal “tiene beneficios muy reducidos, por no decir nulos” en relación con los menores, porque, por definición, ellos no deberían acceder a esa oferta y el problema central está en los sistemas de control y sanción, no en la pauta.

Espinosa centró su advertencia en otro frente: el impacto que puede tener un apagón publicitario sobre la relación entre juego legal e ilegal. “La existencia de una oferta ilegal de juego online es el factor disruptor número uno de la sostenibilidad social y de la garantía ciudadana de los juegos de azar. Cuanto mayor sea la oferta ilegal frente a la oferta regulada, más desprotegido está el interés público, más inútil es una prohibición”, sostuvo. Según su diagnóstico, impedir que los operadores con licencia se anuncien y patrocinen clubes los deja sin herramientas para diferenciarse de los clandestinos, que seguirán publicitándose igual en otros canales.

En esa lógica, tanto AFA como el exregulador español buscan mover la discusión desde la “voluntad política” de castigar al juego hacia la ingeniería concreta de la norma. Todos reconocen que la ludopatía juvenil y el vínculo entre apuestas, redes y fútbol son un problema que ya no se puede negar; el punto de conflicto es si la respuesta adecuada es una prohibición plena de la publicidad y del patrocinio o un esquema de regulación más quirúrgico, que ataque con fuerza al mercado ilegal sin cortarle de golpe una fuente clave de financiamiento al ecosistema deportivo. Para Méndez Cartier, Urich y Espinosa, tal como está redactado, el proyecto sigue demasiado cerca de ese “remedio que enferma”.

Entre los tecnicismos legislativos, las tensiones sobre competencias federales y los lobbies cruzados del juego legal y de la industria del deporte, el debate dejó, al menos, una foto nítida: especialistas y buena parte de la dirigencia política coinciden en que la ludopatía online no es un asunto de “elección individual” ni un mero problema de recaudación. La apuesta ahora es otra: que algún día se pueda traducir ese consenso en una ley que limite la omnipresencia de la publicidad, proteja a las infancias y ofrezca algo más que una señal declarativa frente a una generación que, como repitieron varios expositores, ya está pidiendo ayuda.

La comunidad afro celebró su día en la calle

La comunidad afro celebró su día en la calle

Con una marcha de la Plaza de Mayo al Congreso, los afrodescendientes e inmigrantes reclamaron por sus derechos. También conmemoraron a la Madre Patria, Marías Remedio del Valle.

Ayer sábado 8 de noviembre, en el Día Nacional de los Afro-argentinos y de la Cultura Afro y en conmemoración de la Madre de la Patria, la Capitana María Remedios del Valle, se realizó la tercera “Marcha Nacional 8N Afro” en la Ciudad de Buenos Aires.

La concentración, convocada para las 17 en la Plaza de Mayo bajo las consignas “contra el racismo en el ámbito laboral, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, por justicia social, derechos humanos y reparación histórica y el cupo afro dentro del Estado nacional y provincial”, contó con la participación de varios grupos de capoeira Angola, que formaron un círculo en el medio de la plaza para aportar música y baile. Mientras tanto, el resto de los colectivos iba llegando junto a las personas autoconvocadas que se acercaba a participar.

Mónica García, una de las asistentes a la marcha, señaló: “Soy argentina descendiente de esclavizados. Decido participar porque hoy es un día para honrar, yo siempre voy al final de la marcha, tranquila, observando y acompañando. A pesar de que en esta plaza hay otras personas, se agradece que sean acompañantes en nuestro día. Tengo hermanos y hermanas que no acompañan el movimiento porque no les gusta la festividad del día, porque es un día que no está para celebrar sino para honrar y se hacen eventos más privados, mas cerrados.”

En un ambiente tranquilo y de alegría por encontrarse nuevamente en las calles, Marisa Masimento, integrante de la danza brasileña y de las danzas de la marcha, opinó: Para nosotros es un día muy importante en el que podemos marchar todos juntos luchando contra el racismo, la xenofobia, la intolerancia racial que nos afectan. Y tenemos la posibilidad de estar todos juntos y luchar por un mejor camino”. Y agregó: “La marcha pasada fue tremenda, hubo muchos policías todo el tiempo apretándonos mientras avanzábamos y ahí vimos la unión como algo más fuerte y este año creció mucho más. La comunidad afro creció muchísimo y ahora somos muchos más, estamos con la parte africana que están en el país, tenemos uruguayos, brasileros, los propios afros argentinos. Creció mucho en unión, en fuerza, en lucha, en organización para seguir adelante”.

Algunos de los reclamos que se expresaban subrayaban la necesidad de políticas públicas antirracistas, con perspectiva étnico-racial que impulsen el desarrollo de la comunidad como sujeto de derecho y como pueblo; fortalecer la educación con perspectiva antirracista y afro-centrista en todos los niveles y modalidades; exigir la reposición del cuadro de María Remedios del Valle en la sala de conmemoración de Patriotas de la Independencia nacional; y también impulsar un cupo laboral afrodescendiente, como una forma de promover la inclusión de un colectivo social que ha encontrado histórica y sistemáticamente dificultades de inserción. Asimismo, se expresaron en defensa del candombe y de toda la cultura de matriz ancestral.

Pasadas las 18, los sonidos de los tambores anunciaron el inicio de la marcha, la columna no pudo comenzar su recorrido por la Avenida de Mayo, trayecto característico de cualquier movilización que une la Casa Rosada y la Plaza los Dos Congresos, por el armado de un escenario. Por eso, la bandera de arrastre, que tenía a la Madre de la Patria pintada con su traje de granadera junto con la consiga en conmemoración del Día Nacional de las Afro argentinas y Afro-argentinos y la Cultura Afro y la Ley 26.852, avanzó por la Avenida Rivadavia seguida por jóvenes, adultos y niños que caminaban detrás; los seguían los grupos de capoeira que tocaban sus berimbau mientras cantaban la canción “Angola”. Más atrás, un grupo de mujeres vestidas con ropa de color rojo y blanco bailaban danzas afro y candombe al ritmo de los tambores de batuka y los tamboriles del candombe. La marcha contó con solo dos banderas pintadas a mano, en una aparecía María Remedios del Valle con su uniforme y rodeada de hombres y la otra, en la que se dibujó Argentina y África unidas por la lucha de un puño que pertenecía a un grupo de capoeira.

La columna fue guiada parte de la Comisión Organizadora de la Marcha 8N, que con un megáfono daba indicaciones y gritaba consignas para que las personas en las veredas se enteren que era el Día de los Afroargentinos y la Cultura Afro, que marchaban contra el racismo, que la Argentina tiene raíces africanas, que los policías de la Ciudad que acompañaban la marcha para ir cortando las calles también eran afrodescendiente igual que Bernardino Rivadavia, el primer presidente del país.

Cuando la columna dobló en la calle Piedras para continuar marchando sobre los dos carriles de la mano derecha de la Avenida de Mayo, una joven tomó el micrófono para intercalar las canciones de la capoeira y consigas como “Argentina es afro”, la reivindicación a Pocha Lamadrid, cantante y activista por el reconocimiento de la comunidad afrodescendiente argentina, “que está presente ahora y siempre”, además de pedir por la plena implementación de la Ley 26.852 y cantar que “hacer quilombo es luchar”.

Antes de llegar a la Plaza de los Dos Congresos, la columna debió desviarse suevamente hacia la Avenida Rivadavia por el armado de otro escenario. Faltando unos minutos para las 20, la marcha llegó a destino y la bandera de arrastre se ubicó dándole la espalda a la entrada principal del Congreso, sobre la vereda de la calle Solís. El resto de los participantes formó un círculo. Antes de leer el documento, cada uno de los grupos de percusión como los de capoeira, los bolivianos afrodescendientes con sus tambores y cuancha, y los trambolines de candombe afro-uruguayo desfilaron por el centro del círculo mientras bailaban al ritmo de su música.

Para finalizar, leyeron entre varios integrntes de la comunidad el documento compartido por todas las comunidades afro del país. Les agradecieron a “todas, todos y todes” quienes participaron y estuvieron sosteniendo la marcha durante estos tres años dado que no es difícil para la comunidad pensarse en una calle que actualmente se encuentra un prohibida. Sin embargo, estuvieron manifestándose por sus derechos humanos, y por sus afro-reparaciones.

En el cierre, se solidarizaron con los pueblos que se encontraban sufriendo un genocidio como Palestina, Congo, Haití, Ecuador y las 132 personas que fueron asesinadas en Río de Janeiro la semana pasada.

Organizaciones sociales proponen una reforma tributaria progresiva

Organizaciones sociales proponen una reforma tributaria progresiva

El Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad presentó un proyecto para una reforma fiscal justa, donde quienes más tributen sean los que más ganan, un camino inverso al que lleva adelante el gobierno.

 El gobierno resignó el equivalente al 3,45 por ciento de recursos del PBI en pos del equilibrio fiscal en 2024. Estas partidas del Estado provienen de los presupuestos de varias carteras ministeriales como Economía, Seguridad, Salud, Defensa, Justicia, Interior, Infraestructura y los poderes Judicial y Legislativo. Se suma la caída presupuestaria en ítems claves como agua potable y saneamiento (75%), el acompañamiento a mujeres y colectivos LGBTIQ+ (85%), vivienda y urbanismo (82%), educación y cultura (44%) y seguridad social (15%).

El Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ELFE) es una red que busca aportar análisis que impulsen políticas fiscales que pongan en el centro la justicia social, en la que paguen más los que tienen más. Esta organización en la que convergen la Friedrich Ebert Stiftung (FES Argentina) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), presentó el documento “Hay otro camino. Proyecto para una reforma fiscal justa” donde trazan una ruta sobre el gasto, los impuestos, la evasión y la deuda pública.

Para atrás o para adelante

En el texto del informe se destaca que nuestro país siempre “ha recaudado impuestos en forma regresiva” exigiendo un mayor esfuerzo a los que menos tienen e invita a “repolitizar y democratizar la discusión fiscal”. En este sentido, las políticas que deberían marcar el paso del camino a seguir son: el impulso del gasto público equitativo y transparente, el alivio de la carga fiscal sobre los que menos tienen, el freno a la evasión fiscal y reducir el peso de la deuda pública.

Para llevar adelante estas políticas proponen, entre otras cosas, reconstruir la prevención y atención a la violencia de género, garantizar un sistema previsional inclusivo y sostenible, recuperar la inversión pública estableciendo un piso mínimo, gravar a los que más tienen, fortalecer la fiscalización y cooperación internacional de criptoactivos, transparentar y democratizar el acceso a la información sobre la titularidad de los grandes patrimonios, impulsar alivios de deuda con evaluaciones y criterios de sostenibilidad que tenga en cuenta los indicadores sociales y fortalecer la coordinación internacional para exigir reglas más justas, entre otros.

La presentación del documento fue coordinada por el periodistas Julián Marini, se realizó en el bar cultural Paz Arriba y estuvieron presentes Pablo Semán, investigador del CONICET; Silvia Naishtat, periodista económica de Clarín; Corina Rodríguez Enríquez, investigadora del CONICET-CIEPP – DAWN; y Claudia “La Negra” Albornoz, referente de La Poderosa.

“Casi el 11 por ciento de la recaudación de los impuestos corporativos se pierden por el traslado de beneficios a guaridas fiscales», señaló Rodríguez Enríquez.

La encargada de abrir el evento fue Uta Dirksen, la representante de la Fundación Friedrich Ebert quien manifestó “preocupación por el momento que estamos viviendo”. “Vemos ataques a las democracias en muchas partes del mundo, un fuerte ascenso de la derecha, con un discurso violento, antiderechos y eso tiene mucho que ver con lo económico”, agregó Dirksen.

A su turno, Rodríguez Enríquez destacó los puntos fuertes de la propuesta y remarcó que “la hegemonía actual es de una narrativa anti-Estado, pro ajuste, pro pago de la deuda, que desprecia los derechos humanos, que entiende que la desigualdad es un resultado razonable de los méritos individuales. Nosotros nos proponemos desafiar esa narrativa y que se pueda convertir en acción política y social”. En el plano fiscal detalló que “casi el 11 por ciento de la recaudación de los impuestos corporativos se pierden por el traslado de beneficios a guaridas fiscales, por eso hacemos una serie de propuestas que tienen que ver con transparentar el acceso a la información para poder dar cuenta de estos abusos”.

Rodríguez Enríquez también señaló que “la deuda implica una distribución regresiva de los ingresos, es insostenible no sólo económica sino socialmente, sostiene un modelo de financiarización, de extractivismo y un modelo de dependencia contrario a un modelo de desarrollo que creemos que sería justo. La deuda afecta la vida cotidiana, no es algo que está afuera, impide a vastos sectores de la población acceder a la salud, a la educación, a las garantías más básicas de sus derechos”. Al respecto, Naishtat agregó que “el principal recaudador de la Argentina es el Fondo Monetario Internacional que ya se llevó en lo que va del año 100 mil millones de dólares por el pago de intereses”.

Desde el barrio

Claudia Albornoz, referente de barrial del interior del país expuso la situación de las familias “En el barrio ya no se toma leche –subrayó-, hace rato que se toma mate cocido”. La dirigente social además dijo que “en las profundidades están los barrios populares, somos explotados. La soberanía, para ellos, es sinónimo de guita, no de patria”, cerró Albornoz.

Semán describió el momento actual: “No hay confianza en el agente político inmediato, la gente piensa que todos los políticos son narcotraficantes, no sólo Espert”, remarcó el sociólogo.

La presentación de esta propuesta en la Argentina de hoy es tan necesaria como disruptiva. Mientras que el marco internacional va hacia la reducción de la jornada laboral, la implementación de un programa impositivo más progresivo, la regulación y el gravamen a las nuevas actividades económicas que tienen que ver con las plataformas de venta y con las cripto, el presidente Javier Milei promueve aún más ajuste, desregulación económica y una reforma laboral regresiva en materia de derechos laborales.

Vivir para viajar

Vivir para viajar

Moverse de los barrios populares hacia los lugares de trabajo muchas veces implica adicionarle hasta cuatro horas a la jornada laboral. Otra forma de desigualdad que se expresa en horas, cansancio y dinero. Entre boletos que suben, combinaciones infinitas y sueldos que no alcanzan, el cuerpo paga lo que el bolsillo no puede.

Cada día, miles de trabajadores y estudiantes recorren largas distancias en condiciones más o menos incómodas -dependiendo de los recursos territoriales y personales con los que cuentan- para llegar a sus puestos de trabajo o estudio, ubicados principalmente en la Ciudad de Buenos Aires. En los barrios del conurbano bonaerense, los desplazamientos se comen un pedazo del tiempo de vida: viajes que duran una, dos o más horas, caminos que se interrumpen por consecuencias de las inundaciones, trenes que paran o no andan y colectivos que nunca llegan.

Según el informe Condiciones de vida en barrios populares (2025), realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) junto al Observatorio Villero-La Poderosa, gran parte de las personas que vive en barrios populares enfrenta dificultades diarias para trasladarse o acceder a servicios básicos.

“Hay una dificultad específica para moverse, para trasladarse a los lugares, para salir del barrio”, explica Luna Miguens, directora del equipo de Tierra, Vivienda y Justicia Económica del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “Muchos de los barrios populares no tienen servicios adecuados, no tienen cloacas, no tienen pluviales que funcionen bien, no tienen calles asfaltadas, no tienen cordón cuneta. Ante la primera lluvia, todo se inunda y es imposible moverse”. 

 El 30% de las personas que vive en barrios populares tarda más de una hora en llegar a su lugar de trabajo y el 10%, más de dos. El 40% de las personas sostén del hogar de La Matanza invierte más de dos horas sólo en el trayecto de ida a su fuente laboral.

Cuando el tiempo es un privilegio

La desigualdad frente a la movilidad se manifiesta en un primer momento desde la infraestructura: casi el 30% de las personas que vive en barrios populares tarda más de una hora en llegar a su lugar de trabajo y el 10%, más de dos. En el Área Metropolitana de Buenos Aires los tiempos de viaje se prolongan: en algunos barrios de La Matanza, el 40% de los trabajadores sostén del hogar invierten más de dos horas sólo en el trayecto de ida según el informe mencionado.

Ese tiempo se comienza a contar desde que se sale de casa, pero cuando las condiciones de partida ya son desiguales, ¿desde dónde se mide la desigualdad? La imposibilidad de salir del barrio hace que sostener un trabajo o un estudio se vuelva casi heroico.

“Las calles no están en condiciones de que pase un vehículo, por ende, tampoco entra el transporte público”, agrega Miguens. “Eso hace que moverse viviendo dentro de los barrios sea mucho más caro que viviendo en la ‘ciudad formal’. Al no pasar el colectivo a una distancia razonable, a veces hay que tomar un remis para salir del barrio o hasta la parada del colectivo”. La misma pobreza hace todo más ineficiente y la profundiza.

Omar Aranda tiene 60 años, es vecino del barrio de Claypole y trabaja como empleado administrativo en un hospital ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. Desde que sale de su casa, Aranda camina diez cuadras por calles de tierra hasta la primera parada de colectivo, que lo deja en la estación de tren. De allí, viaja hasta Constitución y culmina su recorrido con una conexión de colectivos que lo deja en el barrio porteño de Devoto.
   “Son dos horas de ida y dos horas de vuelta. Cuatro horas de viaje por doce horas de trabajo: dieciséis horas totales. Entre una cosa y otra, el día se va. Viajo la mayoría de las veces tranquilo porque trabajo de noche entonces no agarro el tumulto de la hora pico. Pero a mi edad, imaginate, todo el tiempo que pierdo en el tren es tiempo que no tengo en mi casa con mi familia”. Y agrega: “Aparte llego muy cansado, el resto del tiempo en casa lo uso para descansar”.
  Gabriel (prefirió no dar su apellido) tiene 24 años, vive en el asentamiento Villa 21-24 Zavaleta de Barracas y estudia en el CBC. “Mi viaje hasta la facultad es de 50 minutos aproximadamente, son dos colectivos. (…) Tengo suerte, no se me complica demasiado.” Pero enseguida advierte de su propio privilegio dentro de la desigualdad: “Tengo amigos que no tienen mi misma suerte. Si vivís más adentro del barrio, entre pasillos y calles de tierra, todo se complica. Mis amigos salen media hora antes que yo porque tienen que venir caminando por los pasillos hasta la parada del bondi. En días de lluvia, el barro es terrible y ahí sí se nos complica a todos para salir”.

Los barrios populares son el territorio visible de la pobreza estructural, donde confluyen el déficit habitacional, los servicios públicos precarios, la inseguridad alimentaria, la falta de infraestructura y el hacinamiento. En cada obstáculo urbano se esconde una pérdida fundamental: las personas tienen menos tiempo para dedicar al ocio o simplemente a otra actividad que no sea trabajar. Se pierde, de esta manera, incluso la posibilidad del tiempo de esparcimiento que justifica el esfuerzo. En este sentido, la pobreza no sólo se expresa en números: se siente en el cuerpo y se mide en el tiempo. 

El costo de moverse

Moverse también cuesta, y cada vez más. Según la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), relevando datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y tarifas urbanas en el AMBA, entre junio de 2024 y octubre de 2025, el valor promedio del boleto urbano en el AMBA aumentó un 91,1%, duplicando los valores de IPC nacional acumulados en ese período. Cabe recordar que en septiembre de 2024 se quitó el subsidio a los viajes combinados, es decir, aquellos que implicaban pasar de un medio de transporte a otro.

Los trabajadores que se desplazan grandes distancias suelen ganar más que quienes se quedan en sus barrios, pero parte de ese salario se destina al transporte. No es sólo por el dinero: hay una subjetividad del desplazamiento, una naturalización del sacrificio, del cuerpo en tránsito como condición inevitable del trabajo. Para los hogares que ya destinan gran parte de su ingreso a alimentos y pago de servicios, el aumento del precio del transporte acota el margen disponible y, en muchos casos, obliga a recortar otras necesidades.
El acceso al transporte público también se fragmenta: la SUBE convive con promociones bancarias, códigos QR y descuentos según el medio de pago. La economía del viaje se vuelve un rompecabezas de aplicaciones, bancos y billeteras virtuales, y quien no domina ese juego paga más por el mismo recorrido.

Según el último informe del INDEC, la tasa de pobreza en el primer semestre de 2025 fue del 31,6%, y la de indigencia, del 6,9%. Aunque los números muestran una reducción respecto al año anterior, distintos especialistas advierten que la medición por ingresos no logra captar la complejidad del fenómeno. La Universidad Católica Argentina señaló que la reciente baja de los índices oficiales está “sobrerrepresentada” por los cambios en los precios relativos y los instrumentos de medición.

“Si bien no se trata estrictamente de una variable ambiental o urbana, la distancia que existe entre la vivienda y los espacios donde se desarrolla la vida cotidiana es clave para comprender los déficits desde otra perspectiva, en este caso vinculada a la dimensión del tiempo, que afecta a la pobreza”, se explica desde el informe de ACIJ y La Poderosa.

El lugar donde se vive conlleva otra forma de desigualdad a la que se suma la distancia con los espacios en los que se puede trabajar. La distancia, el costo del transporte y el tiempo “invertido” condicionan el acceso al trabajo, a la salud y a la educación. No queda tiempo libre por cubrir: las personas viajan cada vez más lejos, trabajan cada vez más horas, pagan cada vez más caro y descansan cada vez menos. Como dice el conocido aforismo, ser pobre es muy caro.

Organizaciones de la sociedad civil le marcan la agenda a la próxima defensora de las infancias

Organizaciones de la sociedad civil le marcan la agenda a la próxima defensora de las infancias

Elaboraron un documento con un decálogo de prioridades y le exigen al organismo que recupere un perfil activo. Mientras tanto, falta aun el aval del Senado para que María Paz Bertero asuma en el cargo.

Asociaciones civiles y organizaciones sociales elaboraron una serie de compromisos que el nuevo Defensor de Niños, Niñas y Adolescentes, a elegirse próximamente, debería asumir. Las postulaciones para ese cargo cerraron el 3 de julio y la terna propuesta se elevó a la Comisión Bicameral Permanente del Defensor/a de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes el 22 de septiembre. La designación de María Paz Bertero como defensora ya tiene media sanción en Diputados pero deberá ser tratada en el Senado en las próximas sesiones. Con fuertes expectativas, las organizaciones que integran el espacio Infancia en Deuda (IED) reforzaron sus propuestas y el pedido por una Defensoría más activa frente a un contexto de emergencia.

IED está conformado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Aldeas Infantiles, Doncel y otras ocho organizaciones sociales preocupadas por la situación crítica de niños, niñas y adolescentes en nuestro país, (en adelante, NNyA).

Francisco Rodríguez Abinal, abogado y coordinador del programa Derechos Sociales por la Niñez en ACIJ, declaró que “el concurso se llevó a cabo de forma ordenada, cumpliendo con las pautas del reglamento y los plazos establecidos por el cronograma en todas sus etapas. Este proceso contó con una celeridad importante en comparación con el concurso anterior. Recordemos que el reglamento se estableció en 2017, los postulantes se presentaron en 2018 y la defensora fue elegida en 2019. Fueron tres años de demora”. Si bien es cierto que el proceso actual inició una vez vencido el mandato de la defensora Marisa Graham, Rodríguez Abinal observó que “este concurso se haya hecho en tres meses habla de un sentido de responsabilidad institucional”.

Infancia en Deuda enumera diez puntos, entre los que pide una Defensoría activa en el tratamiento intensivo de la pobreza y alimentación, producción y transparencia de la información, y mayor acción federal. Insiste en la priorización de acciones de exigibilidad y garantía de acceso a la justicia, medidas en salud y embarazo en la adolescencia, y protección integral de derechos. Así como también exige mayor incidencia en materia de educación, políticas de cuidado, revisión del Régimen Penal Juvenil, y agendas emergentes en relación con las nuevas tecnologías y el medio ambiente.

Según el INDEC, las proyecciones de pobreza infantil para el primer trimestre de 2025 indicarían que 47,8% de las niñas y niños estaría en situación de pobreza y el 9,3% en pobreza extrema. Al respecto, Rodríguez Abinal señala: “Desde la vuelta a la democracia hasta hoy, la pobreza infantil nunca descendió de los 30 puntos, sin importar los partidos políticos que gobiernen. Considerando que la pobreza es generalmente más grave en este grupo poblacional que en los adultos, hay aproximadamente cinco millones de chicos que son pobres, y un millón 200 mil que viven en situación extrema. Esto implica la pérdida de cosas irrecuperables, como la salud en la primera infancia, la socialización y la educación”.

IED propone que la nueva Defensoría trate de manera urgente la falta de recursos, la inseguridad alimentaria, y el bajo rendimiento educativo, ya que, según este documento, afirman que un millón de NNyA se saltean una comida diaria, y solo el 45% de los que terminan sexto grado aprenden lo esperado en Lengua y Matemática. Aldeas Infantiles, organización presente en Argentina desde 1978, avocada a promover espacios y entornos de protección con programas de cuidado alternativo y fortalecimiento familiar, afirmó, por su parte: “Necesitamos una defensora que tenga capacidad de liderazgo, que pueda contemplar las agendas emergentes, pero que también tenga en cuenta este panorama que es de crisis y desfinanciamiento”.

Rodríguez Abinal, explicó algunos de los motivos por los cuales hay tanta expectativa sobre esta autoridad: “Si vamos a la cuestión federal, las defensorías provinciales son seis en 24 jurisdicciones, y algunas de ellas dependen directamente del Ejecutivo. El hecho de que la Defensoría nacional tenga tanto trabajo por hacer, también se debe a que no exista una red provincial”.

Con respecto a las funciones del cargo, el abogado señaló: “La persona elegida tiene cinco años de mandato y para removerla debe ser una decisión casi unánime, que es muy difícil que suceda. Esto le otorga a la Defensoría una independencia que no tienen muchas instituciones. Posee autonomía presupuestaria, puede iniciar juicios en cualquier jurisdicción del país y se le permite pedir sanciones económicas a quienes vulneren derechos”.“

Por otro lado, remarcó: “También se le permite el auxilio de la fuerza pública, es decir que puede pedir la intervención de la policía, e incluso iniciar auditorías presencialmente en cualquier lugar en el que haya NNyA. Es muy raro que una única institución tenga todas estas facultades. La multifuncionalidad que hace de la Defensoría una institución privilegiada es lo que a nosotros nos lleva a exigir una autoridad activa”.

Dentro de las recomendaciones, la exigibilidad y garantías de acceso a la justicia ocupan un lugar importante. En el Informe sobre el desempeño del primer año de la Defensoría en 2020, ACIJ destacó algunos de sus logros en materia de promoción de derechos y emisión de recomendaciones, pero observó con preocupación la falta de medidas de protección propiamente dichas. “En cantidad de juicios colectivos que hizo, que son aquellos que tratan de defender a muchos niños, sabemos que activamente fueron solamente trece”, dijo Abinal. “Tampoco conocemos ningún pedido de sanciones económicas”, agregó.

La producción de información y la transparencia de los datos obtenidos también es clave en el pedido de IED. Desde ACIJ, el coordinador sostuvo que no fue clara la cantidad de incidencias en hogares y provincias que tuvo la Defensoría en el pasado. Y reconoció que hubo una pérdida de información con respecto a informes sobre cuidados alternativos que el organismo realizó junto a indicadores de UNICEF. Este tipo de cuidados se presentan como una alternativa al sistema formal en el que NNyA viven cuando, por diversos motivos, quedan sin el cuidado de sus padres. En lugar de vivir en hogares o residencias, que han demostrado no ser los lugares ideales para crecer, organizaciones como Doncel proponen que haya una mayor transferencia de recursos del Estado a las familias ampliadas de esos niños, (abuelas y abuelos, tíos y padrinos), en lugar de las residencias. La Ley 26.061 de Protección Integral de la Infancia establece que la permanencia en residencias no puede superar los 180 días, transitoriedad que no siempre es respetada en la modalidad institucional.  

La información producida en esta temática es escasa, y se vuelve necesaria. “Por alguna razón que nosotros no conocemos, la Defensoría dejó de trabajar este tema con UNICEF, y el informe propio tenía muchos menos indicadores. Esto debería haberse sostenido porque no se conoce mucha información del sistema de protección en el que se alojan esos niños”, agregó Rodríguez Abinal.

Esto se confirma siguiendo a Mariana Incarnato, fundadora Doncel, asociación civil con una trayectoria de 20 años en la materia. Ella señaló que “la Defensoría no ha abordado el tema de lleno. Hay 10.000 niños que viven dentro del sistema formal de cuidado, es decir en hogares e instituciones. Y solo una pequeña parte vive al cuidado de la familia ampliada. Esto vulnera el derecho de crecer en un entorno familiar. Es una gran deuda que tiene la política de protección, ya que lo importante no es solo dónde viven esos niños, sino con qué calidad de cuidado son criados”.

En 2005, Doncel fue la principal impulsora de la Ley de Egreso, la cual establece un programa de acompañamiento para jóvenes que salen de las instituciones para continuar con su inserción laboral, académica y social de manera independiente. Incarnato también destacó que, si bien los cuidados alternativos no fueron un tema nodal de la Defensoría, la institución hizo las debidas prestaciones para sostener el programa de acompañamiento de egreso durante el cambio de gestión.

En definitiva, las problemáticas en torno a las infancias son amplias y profundas. Con respecto a lo que se espera que suceda en las próximas sesiones del Senado, Aldeas Infantiles, insistió en la prolijidad con la que se desarrolló el concurso, y en la responsabilidad del Senado de cumplir la Ley 26.061 con la misma transparencia.