A pesar del conflicto, el Garrahan no descansa

A pesar del conflicto, el Garrahan no descansa

Mientras el personal espera el rechazo al veto presidencial de la ley que declara la emergencia pediátrica, en el hospital nadie descansa. Médicos que van y vienen, enfermeros que preparan a los chicos para las cirugías, niños que llegan de la Patagonia o el Litoral y padres que esperan noticias son protagonistas de una road movie infinita que comienza cada mañana.

La temperatura marca 12 grados, pero el sol permite pasar el día con una campera liviana y un buzo, sin sentir frío. En la parada del 188, un niño de unos cinco años, con barbijo blanco y el rostro aún dormido, camina con su mamá, ambos vestidos con ropa abrigada.

Suben al colectivo como tantos otros. Sus gestos, la mirada cansada y el barbijo parecen señalar un destino. A lo largo del recorrido se suman más familias: algunas con cochecitos, otras con mochilas. Muchos rostros transmiten nerviosismo y la urgencia de llegar al Hospital Garrahan, centro de salud pública y gratuita de alta complejidad especializado en la atención de niños, niñas y adolescentes.

A esa hora, el gigante edificio, que ocupa cuatro cuadras de largo por dos de ancho, respira al ritmo de quienes lo transitan cada día. Las autoridades aseguran que es una mañana tranquila, aunque antes de atravesar la entrada principal el movimiento es constante e intenso. Entran familias con niños de todas las edades, decenas cruzan la gran puerta en busca de un resultado, una noticia o un turno médico.

En la sala de espera, una madre de no más de 30 años corre de la mano de su hija de cinco para atravesar el control de seguridad. Mientras los oficiales revisan que nada extraño entre o salga de la institución, la mujer explica, agitada: “Estoy viajando desde las cinco de la mañana y llegamos a las nueve. ¡Dios mío, una hora tarde!” Sujeta con fuerza la mano de la niña y logra finalmente ingresar para asistir a ese turno tan esperado.

A pesar del momento de fractura que atraviesa el hospital público pediátrico por la guerra presupuestaria que le ha declarado el gobierno libertario, en los pasillos se percibe una energía motivadora. Doctores, enfermeros, personal de seguridad e higiene no se sienten solos: cada vez que se convoca un “abrazo al Garrahan”, las familias se suman al reclamo en defensa de los derechos, no solo de sus hijos, sino también del equipo de salud pediátrica. Con el tiempo, autoridades y trabajadores destacan que se fue construyendo un vínculo de amabilidad y empatía entre familias y hospital. Cada año, el Garrahan atiende a más de 600.000 pacientes y realiza alrededor de 10.000 cirugías, incluidas unas 100 de trasplantes pediátricos, lo que lo mantiene como un pilar fundamental de la salud infantil del país. Sin embargo, la sostenibilidad de su funcionamiento sigue en riesgo si no se atienden las demandas por las que esta comunidad de la salud se manifiesta cada semana.

Mundo Garrahan 

El Garrahan es un hospital grande, con techos altos, con ventanales que dejan entrar el sol en casi todos sus espacios. Parece muy fácil perderse, pero cada pasillo indica en qué lugar está situado el o la paciente, y cómo llegar a destino requerido. Al descender al subsuelo, pasando por la puerta de entrada que los trabajadores llaman “la entrada Pichincha”, se abre el pasillo de Dirección. Allí circulan las autoridades y los jefes rumbo a reuniones decisivas. Sin embargo, en ese mismo corredor aparece un médico que, lejos del protocolo solemne, avanza tarareando mientras se dirige al Hospital de Día Polivalente. Dice que va a buscar su guitarra. Cada persona en este centro cumple una función imprescindible, desde quienes toman decisiones estratégicas hasta quienes buscan suavizar con música la espera de los chicos y de las chicas.

En ese sector trabaja Diego Munilla, licenciado en Enfermería, especializado en pacientes crítico-pediátricos. “Es un lugar donde vienen niños con enfermedades complejas crónicas. Y hacen tratamientos o consultas multidisciplinarias. Entonces se internan desde las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. Y lo ve todo el equipo interdisciplinario, desde médicos, kinesiólogos, enfermería”, explica.

Munilla aclara que cada área del hospital tiene roles y tareas completamente distintas. Mientras relata su labor se escuchan risas y aplausos de fondo. Un médico que pasa explica el alegre bullicio: “Parece que están despidiendo en la guardia a una chica de farmacia”. Este clima será el denominador común, se respira camaradería.

Diego Munilla, licenciado en Enfermería, especializado en pacientes crítico-pediátricos.

El enfermero continúa: “Hoy me toca preparar a una nena que entra a quirófano. Acá hacemos toda la preparación previa, después la ingresan para la cirugía”, mientras en el fondo un grupo de médicas se saca la última foto antes de la partida de su compañera. Munilla hace hincapié en lo fundamental que fue y es para su vida ser parte de esta institución. “Cuando empecé mi camino en la enfermería lo que menos me imaginaba era trabajar en pediatría y desde que llegué al hospital, hace 13 años, encontré mi lugar”, afirma con una sonrisa en su rostro. 

Munilla no deja de lado la difícil situación que está atravesando el hospital: “Hoy se necesita tener otros trabajos para poder seguir formando parte del Garrahan, antes muchos compañeros recurrían a hacer horas módulos, que se les llama acá a las horas extras dentro del hospital. Te deslizabas acá, pero lo hacías todo en un solo lugar.”. Ahora ese recurso casi no se encuentra disponible. Aun así su decisión es firme: “Decido quedarme porque pertenezco al mundo Garrahan, el mundo de las familias, la complejidad de las patologías, nosotros en enfermería vemos todo. Tengo un involucramiento no solo con los pacientes sino con los familiares. Si bien hay diferencias entre el personal, cada sector tiene sus particularidades y aun así nos encontramos unidos.” 

Uriel y Gisela 

Uriel espera en silencio el resultado de sus análisis. Está en su silla de ruedas, tiene el celular en la mano y lo revisa cada tanto, como si el paso de las horas dependiera de la pantalla. Vino desde Entre Ríos en una ambulancia del propio hospital. El recorrido interprovincial de más de 400 km lo dejó cansado, pero aun así sonríe tímidamente cuando alguien le pregunta cómo está.

A su lado, su mamá Gisela lo acompaña con una mezcla de orgullo y cansancio en la mirada. “Desde los siete años traigo a Uriel a atenderse, hoy tiene 19 y seguimos viniendo. Desde el día que llegamos hasta hoy nos sentimos a gusto con el trato del personal, hoy nos toca control”, cuenta, sin dejar de mirarlo.

Uriel nació con mielomeningocele e hidrocefalia. Hace ocho años recibió un trasplante renal, después de un año en diálisis, y desde entonces el Garrahan es parte de la rutina familiar. “Por la situación actual que está atravesando el hospital estuvimos tres meses sin control, pero los médicos siempre mantuvieron contacto con nosotros. Es más, yo pido turno directamente por WhatsApp”, dice Gisela, mientras aprieta sus manos. Aunque vengan solo “por control” se nota que está preocupada. 

La familia sigue en Entre Ríos, aunque cada visita al Garrahan los trae de vuelta a un espacio que sienten propio. El viaje agota a Uriel, pero él sostiene la sonrisa: si todo sale bien, en unas horas podrá volver a su casa.

Uriel

Valeria y Mickel

La herida de Mickel todavía sangra un poco, pero él sonríe: su operación salió bien. Tiene 13 años, es más alto que su mamá y la próxima semana deberá volver para el postoperatorio. Juntos se preparan para tomar un taxi rumbo al hotel donde se hospedan. Valeria lo mira con felicidad. Sabe que la cirugía lo acerca un paso más a mejorar su audición. Mientras cuenta el procedimiento, Mickel la escucha con atención. “El año pasado ya se hizo la primera operación y le sacaron parte del cartílago de la costilla; ahora le hicieron el doblez de la oreja. En octubre tenemos que volver para el implante”, explica.

El viaje desde Viedma, Río Negro, no es sencillo. Vienen en colectivo cada vez que hay controles o cirugías. A pesar del cansancio, Valeria asegura que la experiencia en el hospital compensa las dificultades. “La atención es de maravilla, tanto de los médicos como de los enfermeros. El hospital está pasando por una situación complicada en cuanto a planear cirugías y sacar turnos, pero la atención es genial”, dice.

Valeria y Mickel.

A pocos metros del vacunatorio, en la plaza del hospital, tres empleados de limpieza comparten un mate en el único momento de descanso que les permite la mañana. Piden no dar sus nombres y hablan en voz baja, mirando alrededor antes de contestar.

“Nosotros hacemos la limpieza. Ponele que me toca hacer el público, pero si no viene mi compañera de quirófano, tengo que cubrir ahí también”, cuenta uno. Otro agrega rápido: “Y no podés, porque no te corresponde. Pero igual te obligan. ¿Dónde está la higiene y seguridad ahí? No hay”. Las quejas se repiten: baños en mal estado, padres que no colaboran, tareas que se superponen. “El trabajo parece leve, pero es muy comprometido. Vos estás en lugares cerrados, con chicos oncológicos, y si te enfermas, tenés que venir. No podés faltar”, explican mientras se miran con cara afligida. Cuando se les pregunta por la situación actual, no dudan: “Horrible. Está todo horrible, se nota demasiado. Más que nada en el sueldo. Somos los más bajos de todo”, dice uno de ellos. Y enseguida aclara: “En el papel figura que ganamos bien, pero en la vida real cobramos pésimo”.

La posibilidad de reclamar parece inexistente. “Hablás y te rajan. Te nombran y te echan. Los delegados y el sindicato están con el hospital, no con nosotros”, asegura una de las trabajadoras. Ni siquiera cuentan con un espacio fijo para desayunar: “Si querés tomar algo, tenés que esperar a que te toque el descanso. Si te ven desayunando, enseguida te quieren trasladar o te suspenden. Y la suspensión nos mata porque perdemos el presentismo. Nos sacan un montón de plata”.

A pesar de todo, siguen en el Garrahan. “Yo hace once años que estoy”, dice uno. “Yo seis”, responde otro. “Y sí, ante que nada lo elegimos. Y aún como está todo, lo elegimos igual, tenemos la suerte de tener un trabajo”, concluyen antes de levantarse y volver a sus puestos.

A la salida del hospital, cuya parte exterior tiene asientos y árboles de jacarandá que tiñen de lila el piso cada noviembre, las noticias no siempre son las que se esperan. Pero casi todos los padres coinciden en algo: la atención y el cuidado recibido valen el esfuerzo de la espera. A lo lejos, una familia numerosa comparte sanguchitos sobre un banco de cemento. Abren una botella de gaseosa y la reparten en vasitos descartables mientras se escuchan risas y anécdotas que alivian la ansiedad. Ningún niño aparece en escena; seguramente esté ingresado en el Hospital Garrahan, mientras los mayores sostienen la guardia con paciencia y humor. En medio del caos, de las alegrías y la incertidumbre, ese pequeño momento se convierte en una imagen estática: un instante de normalidad en el corazón de un hospital que nunca descansa.

“Esto es un retroceso en la calidad de la educación”

“Esto es un retroceso en la calidad de la educación”

Familias, docentes y estudiantes de la Escuela de Cerámica N° 1 de CABA rechazan la reforma que quiere implementar el Gobierno de Jorge Macri. Dicen que tras la fachada de una modernización trae precarización y degradación de la enseñanza.

“Este plan atenta contra la calidad del aprendizaje, desarrollo integral y colectivo de nuestros hijos”, afirma Mariela Sarlinga, madre de una estudiante de la Escuela Superior de Enseñanza Artística de Cerámica N° 1, ubicada en el barrio porteño de Almagro.

Junto con otras madres, padres y estudiantes, Sarlinga forma parte del colectivo “Familias del Cera”, que busca defender al histórico establecimiento educativo, fundado en 1940, de la reforma impulsada en colegios primarios y secundarios por el gobierno de Jorge Macri, en el marco del Plan Estratégico Buenos Aires Aprende (BA Aprende).

“Se perderá la especificidad de materias curriculares que nuestros estudiantes, quizás, querrán estudiar el día de mañana, pasando a ser un simple taller, todo mezclado y reducido en carga horaria –agrega Sarlinga–. Ni hablar de la incorporación de educación emocional, del enfoque individualista que le quieren dar a la enseñanza, todo esto asociado a las neurociencias… El ‘Cera’ le dice un ‘no’ rotundo a estas reformas”.

Desde 2010, el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires viene poniendo en marcha sucesivas reformas educativas, tanto en los contenidos de los aprendizajes como en los planes de estudio primarios y secundarios. BA Aprende es la tercera, con pruebas piloto en algunos colegios desde principios de 2024. “El Cera” y otros rechazan estos cambios, ya que, sostienen, degradan y precarizan la enseñanza.

En pie de lucha, las “Familias de Cera” se organizan para impedir que la reforma quede vigente en 2026, como prevé el Gobierno porteño. “Aceptarla implica permitir cambios perjudiciales para nuestros hijos. El conocimiento queda relegado a un segundo lugar, sin darle la debida importancia a la historia, el arte, la cultura, y en particular a nuestros orígenes. Quieren convertir las materias de Historia, Filosofía, Arte, Ciencias Sociales, Naturales y Educación Física, entre otras, en simples talleres, agrupándolos en áreas llamadas ‘de laboratorio’”, subraya Sarlinga.

Las familias rechazan la imposición inconsulta y arbitraria de esta reforma. Daniela Mauro, otra de las madres del “Cera”, expresa su enojo: “Propone reducir la formación a tres materias troncales: Lengua, Matemáticas e Idiomas, relegando al resto, empobreciendo la formación, dando lugar a conocimientos a corto plazo, dejando de lado una formación cuidada, crítica, cultural e integral de largo plazo, y poniendo en riesgo la fuente laboral docente, ya que su carga horaria será reducida, produciendo inestabilidad laboral y rompiendo la continuidad pedagógica, por lo que nuestros docentes, al igual que los estudiantes, se  verán afectados”.

“Queremos que el aprendizaje que reciben nuestros hijos sea de calidad, y que se respeten los colegios con orientaciones, que escuchen nuestras voces y más aún las de nuestros hijos, ya que ellos son los que eligen estas escuelas como formadoras para su futuro. Para las familias del Cera esto significa un retroceso en la calidad de la educación. Exigimos una enseñanza integral y de calidad”, reclama Mauro.

Hernán Cortiñas, docente del área de Ciencias Sociales de la escuela, remarca que “el Cera ha formado a generaciones de estudiantes en el arte y la cultura”. “Sin embargo, con la reforma –dice– las materias de arte y cultura corren el riesgo de ser reducidas a simples talleres. Estas reformas afectarán el área pedagógica y nuestra propia participación. El objetivo es que los estudiantes trabajen más individualmente, personalizando saberes y conocimientos, en desmedro de lo grupal, reduciendo nuestro rol al de tutores o acompañantes, ya no educadores. Las fuentes laborales de muchos docentes se verán perjudicadas, muchos vamos a quedar sin trabajo, ya que se priorizarán más las horas de cátedra y titularizadas”, detalla.

“Si hoy lo que cobra un docente en CABA por hora cátedra es muy poco, unos 38 mil pesos –prosigue Cortiñas–, esto se verá reducido. Por ejemplo, un profesor de Historia con cuatro horas semanales pasaría a tener solamente dos, porque su materia ya no sería troncal, y formaría parte de un taller semanal de dos horas, con la consecuente disminución de su ingreso. Además, está el tema de las nuevas formas de promoción, calificando logros adquiridos y no saberes, un sistema con características individualistas y que contempla además la participación del sector empresarial. Nosotros seguimos trabajando con mucha incertidumbre, ya que nos enteramos todo por los medios de comunicación y luego por las autoridades”.

Por su parte, Temis Saccomanno, secretario de Educación Artística de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), refiere que el sindicato “está en negociaciones con el Ministerio de Educación en cuanto a la conformación del nuevo plan orgánico funcional y reagrupamiento de horas”. “Entendemos el impacto y la preocupación de los padres y docentes –continúa–. Si bien al principio la reforma ‘Secundaria aprende’ (parte de BA Aprende) estaba más dirigida a escuelas de educación general, como los bachilleratos, ahora involucra a otras con especialidades. Como sindicato pedimos que se respeten la voluntad y los plazos, que el Ministerio de Educación no sea tan exigente y que arbitre los medios para generar espacios de diálogo, ya que el tema aún no está cerrado. Creemos que tenemos la posibilidad de aclarar cuestiones y cambios, antes de que esto se ponga en marcha definitivamente”.

Mientras tanto, las “Familias del Cera” continúan reclamando que se detenga la implementación de la reforma y solicitan a las autoridades del colegio que se las informe y se las escuche, al fin y al cabo, son sus hijos e hijas quienes estudian allí.

Los argentinos que integran la flotilla humanitaria que viaja a Gaza

Los argentinos que integran la flotilla humanitaria que viaja a Gaza

Este domingo, 50 barcos intentarán romper el bloqueo que padece la franja gazatí. Entre los tripulantes se encuentran el fotógrafo Nicolás Marín, el navegante Jorge González, el diputado del FIT-U Juan Carlos Giordano y la dirigente de izquierda Celeste Fierro, quien dialogó con ANCCOM.

El sol picante del mediodía de verano en Barcelona obligaba a gafas y gorrita, por lo menos. Cele Fierro, exdiputada electa por el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) en el Frente de Izquierda, filma los barcos que ya están amarrados en el Moll de la Fusta para sumarse a la Flotilla Global Sumud, para sus redes sociales. La expedición zarpará el domingo 31 de agosto con el objetivo de romper el bloqueo impuesto por Israel y entregar asistencia a la población palestina, y ella es una de los tres argentinos que la integran. Además de Fierro, viajan el navegante Jorge González, el diputado Juan Carlos Giordano, también del FIT, y el fotógrafo Nicolás Marín.

Docente y militante feminista, Fierro integra la dirección nacional del MST. Ha participado en agrupaciones como Juntas a la Izquierda y en 2023 fue precandidata presidencial por el FIT-U. “Es uno de los viajes más importantes de mi vida como activista pero también de mi vida en general, voy a poner todo para ser parte”, dijo en uno de los trasbordos aéreos, entre San Pablo y Barcelona.

“La brutalidad del Estado de Israel ya no se puede omitir. Sumarse a este viaje con los riesgos que tiene es muy importante, porque entiendo la causa palestina como la causa de la humanidad y así lo siento y lo vivo”, expresó la exdiputada.

Fierro explicó que “el objetivo es romper el bloqueo, lograr que se abra un corredor de ayuda humanitaria. Y si no se logra, se va a volver a demostrar que se está llevando adelante un genocidio que utiliza el hambre como crimen de guerra”.

Antecedentes recientes

En julio de este año, el buque Handala y el barco Madleen, parte de la Flotilla de la Libertad, fueron interceptados por las fuerzas israelíes en aguas internacionales antes de llegar a Gaza. Activistas, médicos, periodistas y abogados que viajaban a bordo fueron detenidos y luego deportados. Entre ellos estaba la activista climática Greta Thunberg, que encabeza esta próxima misión, que mantiene viva la esperanza de hacer llegar alimentos y medicamentos a la población que está padeciendo la masacre de la hambruna y del abandono sanitario.

La dirigente del MST comentó: “Ya sabemos que en anteriores misiones las fuerzas de defensa israelí interceptaron a las flotillas, detuvieron a compañeros y los deportaron. Ese es uno de los escenarios posibles”.

La misión más grande hasta ahora

La Flotilla Global Sumud se prepara para zarpar como la mayor misión marítima civil destinada a Gaza desde que se impuso el bloqueo israelí en 2007. Con más de 20 barcos y delegaciones de 44 países, la iniciativa busca abrir un corredor humanitario y visibilizar la crisis en Palestina. La magnitud de esta edición responde al agravamiento de la situación en la Franja y al fracaso de intentos previos de romper el bloqueo.

El financiamiento provino de aportes solidarios a través de campañas de financiamiento colectivo. En semanas, la misión duplicó la meta inicial y superó los dos millones de euros gracias a miles de pequeñas donaciones realizadas en distintos países.

Fierro destacó: “Es impresionante lograr esta coordinación internacional, esta acción tan necesaria, es lo que nos da esa fuerza y esa seguridad de embarcarnos y que sea difunda la acción. Fundamentalmente para terminar con este genocidio y seguir defendiendo y peleando una Palestina libre, única, democrática, no racista, y por supuesto, nosotros seguir peleando como lo hacemos en cada uno de los lugares donde estamos, con una Palestina y un mundo socialista”.

Realidad y ficción

En la misión, viajan varios actores, entre ellos Susan Sarandon y Mark Ruffalo. En uno de sus últimos mensajes en X, Fierro se fotografió con Davos Seaworth, quien en la serie Games of Thrones encarnó al hombre leal que advirtió sobre la amenaza de los Caminantes Blancos y se puso del lado de quienes luchaban por la vida.

“Estoy junto a él en la @GlobalSumudF. No contra enemigos de fantasía, sino contra un muro muy real: el bloqueo genocida que mata de hambre y bombardea a todo un pueblo. Nuestra misión no es ficción. Es la lucha por abrir un camino de vida y libertad para Palestina. Ningún bloqueo resiste eternamente la fuerza de los pueblos que luchan por su libertad”, escribió.

“Aprendimos de las Madres de Plaza de Mayo”

“Aprendimos de las Madres de Plaza de Mayo”

La 11ª Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil fue esta vez una concentración para evitar la represión de los efectivos que comanda Patricia Bullrich. Familiares de decenas de jóvenes y adolescentes continúan exigiendo justicia para sus hijos, que fueron asesinados por la violencia estatal. Participó Fabián Grillo, el papá de Pablo, el fotorreportero gravemente herido en la marcha de los jubilados.

Once años ya llevan los familiares de víctimas del “gatillo fácil” manifestándose en contra del sistemático asesinato de jóvenes por parte de agentes policiales y de las fuerzas de seguridad del Estado. Ayer miércoles 27 de agosto la Plaza de Mayo fue el escenario de la 11ª Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, que desde el año pasado mutó a concentración para resguardarse de la represión policial con que terminan casi todas las movilizaciones desde la asunción de Patricia Bullrich frente al Ministerio de Seguridad. Inés Alderete, mamá de Marcos Sebastián Acuña, asesinado en el año 2015 por un oficial policial y de Gustavo Alejandro Alderete, asesinado el 3 de agosto del 2020 en una entradera, explicó: “Es el segundo año que concentramos en lugar de marchar, decidimos resguardarnos y cuidarnos entre nosotros por el gobierno represor que tenemos ahora. No queremos más violencia sobre la violencia que ya ejercieron sobre nosotros”. Alderete también detalló que la situación económica dificulta a quienes no viven en Buenos Aires viajar hasta aquí. “Se nos hace imposible traer a los familiares de las provincias y ellos tampoco se pueden pagar los pasajes, concentrar también es una forma de cuidarnos porque no somos tantos. Pero la marcha ya va a volver”, afirmó. 

El trovador Abelardo Martín inauguró la concentración con su música. Más tarde, las madres lo homenajearon y le agradecieron por acompañarlas hace una década. Emilia Vasallo, mamá de Pablo “Paly” Alcorta, asesinado por la policía bonaerense en el 2013, abrió la radio abierta preguntando: “¿Qué miedo vamos a tener si perdimos lo más importante que tiene una madre o un padre?” La activista y referente de la lucha antirrepresiva presentó con la voz quebrada a Fabián Grillo, papá de Pablo, el joven fotógrafo que recibió el impacto de una granada de gas lacrimógeno en su cabeza por parte del gendarme Hector Guerrero en marzo y cuya vida aún se encuentra en peligro: “No se si voy a poder hablar mucho, estoy muy emocionado”, aclaró Grillo y manifestó: “Lamentablemente la tragedia es algo que nos une, no tendríamos que estar acá, ninguno de nosotros tendría que estar acá. Pablo tendría que estar sacando fotos con ellos”, expresó señalando a los fotorreporteros que se encontraban allí.  

Angélica Urquiza, mamá de Kiki Lezcano también dió su testimonio tras 16 años de lucha exigiendo justicia. Un 8 de julio del 2009, Ezequiel “Kiki” Lezcano de 17 años, salió de su casa en Lugano, le dijo a su mamá: “Mami, ahora vengo”, y nunca regresó. Lezcano venía sufriendo amenazas por parte de la Policía Federal, que “reclutaba” chicos del barrio para que roben para ellos. Lezcano y Ezequiel Blanco, otro joven de la zona, fueron asesinados ese 8 de julio por el efectivo policial Daniel Santiago Veyga, que no tuvo ninguna condena y aún continúa prestando servicio en la fuerza.  Lezcano fue enterrado en el cementerio de la Chacarita como NN. La familia pudo saber dónde estaba Kiki recién en septiembre, luego de meses de maltratos por parte de la policía de la Comisaría 52 de Lugano, donde se negaban a tomarles la denuncia y manipulaban los testimonios de los vecinos del barrio. Urquiza no pasa por alto que en cada marcha aparecen nuevas caras de  jóvenes asesinados y más familias se suman para contar sus casos. “Lamentablemente hay mucha gente que ha perdido a su ser querido y quizá no saben como hacer, no saben cómo levantarse. Y nosotras no somos superhéroes, pero sabemos levantarnos del dolor con amor”, sostuvo. 

Luego hablaron los familiares de Santiago Beltrán, un adolescente de quince años asesinado hace dos meses por una policía de civil, la abuela de Luciana Muñoz desaparecida en Neuquén hace más de un año, y el papá de Peca Rivero, asesinado por la policía de Rafael Castillo en 1989, a sus 18 años. También se expresó la hermana de Sofía Fernández, mujer trans asesinada en la comisaría 5ª de Derqui, los familiares de Darío Santillán y la mamá de Juan Encina, asesinado por el policía Jorge Montero, que le disparó por la espalda al “confundirlo con un delincuente”. 

Surgimiento

La Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil se realiza hace diez años y su antecedente directo fueron las actividades de lucha llevadas adelante en el 2014 por la Coordinadora de Familiares de Víctimas del Gatillo Fácil, en Córdoba. Allí mismo surgió la primera marcha el 27 de agosto del año 2015, tras el asesinato de Ismael Sosa por parte de la policia cordobesa, cuando el joven asistía a un recital de La Renga en Villa Rumipal. Vasallo resaltó la organización de las familias: “La Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil es un precedente que sentamos los y las familiares. Decidimos que la marcha la hacíamos nosotros, las familias organizamos y decidimos y las organizaciones acompañan”, aclaró. Alderete recordó vívidamente su primera participación, en la segunda marcha. “Éramos 10, 15 familiares. No me puedo olvidar, era una lluvia torrencial y fuimos de Congreso a Plaza de Mayo. En la Plaza había un acto político así que la cerramos abajo del techito de un local”, repasó. “Yo participé por primera vez en esa segunda marcha, la primera se hizo el 27 de agosto del 2015 y a mi hijo me lo mataron el 28”, rememoró. 

El duelo permanente 

Marcos Sebastián Acuña fue asesinado el 28 de agosto del 2015 por el prefecto Juan José Silva. Esa mañana, Acuña salió de su casa en el barrio de La Cañada, en Quilmes, para encontrarse con dos amigos. En el camino se cruzó con Silva, que declaró haber tenido una discusión con el joven de 22 años. El policía disparó tres veces, una de esas balas impactó en la espalda de Marcos. El prefecto abandonó la escena inmediatamente.  Los amigos que estaban con Acuña declararon que solo dijo dos palabras: “Me quema, me quema”, y se desmayó. Los jóvenes pidieron ayuda a los vecinos y a la policía que pasaba por el lugar gritando que llamaran a una ambulancia, pero Acuña ya había muerto. Silva alegó haber actuado en legítima defensa, pero sus palabras no pudieron comprobarse: la policía halló al joven en el piso, con un tiro por la espalda, sin ningún arma, droga o alcohol en sangre. Con todo, Silva recibió una condena de un año y ocho meses. 

Alderete recordó el sinuoso inicio de su camino de lucha: “Cuando empecé yo no sabía qué hacer. Mandaba mensajes a todos lados, pedía ayuda por todos lados. Ese es el problema de las madres, que no hay un lugar donde vos vayas y sepas que te pueden ayudar.”  Oscar Escobar, papá de Camilo Caupolicán Escobar, asesinado en enero del 2019, destacó la contención que genera la red de solidaridad entre los familiares de las víctimas. “Nos contenemos en la angustia y el dolor de perder a un hijo. En mi caso, la experiencia de los compañeros que han sufrido esta tragedia antes que yo, me sirvió mucho para saber qué camino tomar”. 

Durante la concentración fueron recordadas varias veces Nora Cortiñas y Mirta Baravalle, las emblemáticas Madres de Plaza de Mayo que se dedicaron a luchar contra las violaciones a los derechos humanos. Alderte inscribe a las madres de víctimas del gatillo fácil en la misma lucha que las Madres y trae una escena. “No me olvido más una vez que estábamos en Plaza de Mayo y yo lloraba. Norita me pasó la manos por la cara  y me dijo ‘eso no, que nunca te vean llorar. Siempre con la voz en alto, siempre con la cabeza arriba. Secate las lágrimas y hablá por tu hijo y por el resto de los chicos. Cuando una madre no pueda, hablá por ella’, y eso fue lo que nosotras hicimos ”, recordó. 

Con sus palabras, Vasallo pone en evidencia lo que queda después para muchas madres y padres: “Me han invitado a participar de actividades en todas partes: Italia, Francia, Brasil, pero yo no puedo viajar. Me quedé con ese miedo de que le pase algo a mis hijos, a mis nietos o a mis bisnietos. Es algo que no puedo superar, entonces no viajo. No puedo viajar”, confesó. La militante también destacó la necesidad de contención profesional, que muchas veces es inaccesible:  “La mayoría de las madres no tiene donde atenderse o no puede pagar un tratamiento psicológico o psiquiátrico. Pero es necesario, la nuestra lamentablemente es una vida de lucha constante y el duelo de un hijo es permanente”.

Un gran cómplice: el sistema judicial 

La mayoría de las familias de las víctimas coincide en que el accionar judicial en las investigaciones sobre los asesinatos de sus hijos es insuficiente y muchas veces encubre el abuso policial, asegurando la impunidad de los responsables. Vasallo recordó lo sucedido tras el asesinato de su hijo, Pablo Paly Alcorta y afirmó: “Para mí la justicia no existe”. 

El 18 de mayo del 2013, Pablo Alcorta de 17 años intentó junto a un conocido robar una moto en el peaje de Morón. Mientras el joven huía, el oficial de la bonaerense Daniel Ariel Tolaba, le disparó en la cabeza. La bala le atravesó la sien y el nervio óptico, dejándolo instantanemante ciego. Alcorta estuvo internado hasta su fallecimiento, siete meses más tarde. Tolaba dijo haber actuado en legítima defensa, aunque las pruebas no están. La mamá de la víctima enumera los hechos: “Plantaron un arma a 600 metros del lugar, que ni siquiera estaba apta para el disparo, para decir que había habido un enfrentamiento. Tolaba dice que Pablo levantó la mano derecha y le apuntó, mi hijo era zurdo y con la mano derecha es con la que se acelera la moto, ¿en qué momento pudo haber sacado un arma?”, desglosa Vasallo, que también recuerda el testimonio de una testigo del hecho, que declaró que Alcorta no poseía arma alguna. Tolaba fue absuelto por la justicia, que no investigó ninguna de las pruebas que la familia exigió y pidió el traslado a la Policía de la Ciudad donde siguió prestando servicio en el Área de Delitos contra la Integridad Física y la Salud de las Personas durante años. 

El caso de Camilo Caupolicán Escobar también es una muestra de la impericia del sistema judicial y el encubrimiento policial. El 10 de enero de 2019, Camilo acudió a un departamento del barrio de Caballito a comprar marihuana para uso personal. Ya en el lugar, un hombre que había llegado para realizar una compra grande, mostró su chapa de la policía y ordenó que se tiren al piso. Escobar intentó escapar y lo golpeó. El policía Juan Manuel Guellin respondió al golpe con un tiro en el tórax,  que dejó sin vida al joven de 23 años. Luego de los hechos, Guellín huyó, pero volvió minutos más tarde con otra ropa, cuando la escena ya estaba llena de patrulleros, a recuperar su moto. Otro chico que se encontraba en el departamento al momento de los hechos e intentó hacerle RCP a Escobar, lo vió y lo señaló al grito de: «Es ese, es ese el que mató a mi amigo”. Pero la policía se mantuvo inmutable ante el aviso. El joven que identificó al asesino escapó a Perú por temor, pero volvió cuando Oscar, papá de la víctima, le pagó el pasaje para que venga a declarar: “Pero la fiscalía no siguió la línea del testigo. De hecho, cuando declaró la fiscal le dijo que estaba mintiendo porque en los videos nunca se ve la moto. Ocurre que misteriosamente en el expediente hubieron cámaras de la calle que no estuvieron, nunca se ve ni una ambulancia, ni un patrullero, nada de lo que hubo”, sugirió el padre. Meses después, Escobar logró la autorización por parte del Ministerio de Seguridad de pegar en las comisarías y las calles un cartel con la foto del asesino, ofreciendo recompensa a quien aporte información. Un día, recibieron el llamado de alguien que había ido a la escuela con él, que los ayudó sin cobrar la recompensa. “Así descubrimos que era policía de la Federal y muy amigo del tipo que lo mandó a hacer la movida” , explicó Escobar. Lo que Guellín buscaba esa noche era hacerle una “mexicaneada” a los jóvenes que estaban allí: “El tipo fue a hacer un negocio porque se iban a la costa en enero y querían vender marihuana ahí. Quería robarles”, afirmó. Ahora, Guellín y sus dos cómplices se encuentran detenidos, a la espera del juicio.

Desde el dolor, lucha con amor y alegría

 En un espacio entre los testimonios y la música, Delia Fucci, mamá de Pablo Fucci muerto en Cromañón, se acercó al micrófono: “La alegría es nuestra. Una mujer muy chiquitita pero muy inmensa, Norita Cortiñas, me enseñó a luchar con alegre rebeldía”, intervino. La tarde continuó con música, a cargo de Maleza Ruda, Pica para Todxs mis Compas, que cantó junto a Silvia Bignami, mamá de Julián Rozengardt, otra víctima de Cromañón. Aún con dolor, los y las familiares se abrazaron, se encontraron y continuaron construyendo la red de solidaridad que los contiene frente al desamparo y la violencia estatal. La tarde cerró con la banda punk “Sublimando Mierda” y un tema dedicado a las madres: “Vieja, te amo y vos lo sabés”, cantó la banda mientras los manifestantes bailaban en el medio de la plaza. 

“Exigimos verdad, justicia y humanidad”

“Exigimos verdad, justicia y humanidad”

Familiares de víctimas del fentanilo contaminado comparten información y apoyo mutuo ante la falta de respuestas oficiales. Transforman el dolor en acción y proponen una Ley de Trazabilidad de los Medicamentos. En paralelo, la investigación judicial sobre HLB Pharma continúa, mientras se actualiza la cifra de fallecidos.

Movilización de familiares de víctimas frente al Hospital Italiano de La Plata el 31 de julio de 2025. Foto: Gentileza Alejandro Ayala.

El grupo de WhatsApp nació el martes 15 de junio, a las 21:34. Esa noche no hubo brindis ni discursos, apenas el silencio intermitente de un chat en el que familiares empiezan a contar quiénes eran sus seres queridos fallecidos, sus sospechas sobre el fentanilo y la incertidumbre que los acompañaba. El grupo se llama “Unidos por la Justicia de las Víctimas del Fentanilo Mortal”. Su propósito: ser una red de apoyo en el mar de desinformación que rodea el caso, compartir información que nadie les da, pasos burocráticos que se vuelven un calvario y la certeza de no estar solos en un país que había ignorado las alarmas y sus historias en los primeros meses.

“La primera en salir a dar a conocer el caso fue Sol, la mamá de Renato –recuerda Sandra Altamirano, madre de una de las víctimas–. Ahí Alejandro, el hermano de Leo, se contacta con ella. Mi hija, Gisel, habló con Ale también y ahí nace el grupo”. Allí se cruzaron Sandra, que perdió a Daniel Sebastián Oviedo en el Hospital Italiano de La Plata; Sol Francese, la madre de Renato, que todavía recuerda cómo su hijo de 18 años intentaba sentarse en la cama; Alejandro Ayala, que vio a su hermano Leonel ingresar a un quirófano con una pancreatitis y morir con una infección generalizada, y se plantó frente a diputados. “Nos quieren callar”, les dijo, en referencia a “intereses políticos y del narcotráfico” que buscan silenciarlos.

“Somos de la provincia de Buenos Aires, pero nos escriben de todo el país para obtener información”, explica Sandra desde su teclado. “Nos preguntan cómo pedir sus historias clínicas. Casi todos tuvieron problemas con eso, nosotros fuimos unos de los primeros y no tuvimos inconvenientes”, agrega.

Las familias siguen peleando con obstáculos concretos: hospitales que niegan historias clínicas o no dan respuestas, burocracias que exigen papeles imposibles y mucha desinformación. Decenas de personas continúan tratando de averiguar si sus seres queridos fallecieron a causa del fentanilo. Una de ellas, Anabella –que pidió que se resguarde su identidad– todavía guarda la duda de si a su papá le inyectaron del lote contaminado y espera que le entreguen la carpeta que pidió hace semanas. Otra, Mary, que también golpea puertas sin respuesta para saber si hermano es una víctima más de la mayor crisis farmacéutica de la historia argentina. Entre tanto, la sospecha crece: ¿cuántos murieron por el fentanilo adulterado y todavía no se sabe?

El grupo de WhatsApp se hizo refugio y oficina a la vez: contención, pero también protocolos caseros. Allí circula el siguiente instructivo armado, en medio del duelo, por los mismos familiares:

  1. Pedí la historia clínica completa en la institución donde estuvo internado/a.
  2. Solicitá la versión digital, si es posible.
  3. Revisá si le administraron fentanilo.
  4. Buscá si aparecen estas bacterias en los cultivos: Ralstonia pickettii – Klebsiella pneumoniae.
  5. Pedí los lotes de fentanilo utilizados durante la internación.
  6. Enviá un mail al juzgado con la historia clínica: jflaplata3.sec8@pjn.gov.ar

Este paso a paso es lo más parecido a la verdad en un país que todavía no encuentra cómo contarla. Mientras los chats se llenaban de indicaciones para investigar, nombres de abogadas y números de expedientes, afuera la cronología se volvía una espiral. El 13 de agosto Córdoba confirmó que se presentará como querellante en la causa. El ministro de Salud de la provincia, Ricardo Pieckenstainer, aseguró que “las ampollas contaminadas están fuera de circulación” y exigió que todas las instituciones sanitarias coordinen el retiro de los lotes sospechosos. 

El 17 de agosto los medios empezaron a hablar de cerca de 96 muertes, una cifra que competía con el silencio oficial, aunque otras fuentes mencionan un rango entre 87 y 96 víctimas fallecidas.

El 18 de agosto el Malbrán, el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, comenzó a analizar muertes sospechosas en Córdoba y luego se conoció que su informe formal sirvió de base al juez Kreplak para decisiones clave.

El 20 de agosto llegó la noticia más fuerte: Kreplak ordenó detener a Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma, y a su familia. Procesado por contrabando y fraude de importaciones, con un embargo millonario. Las pericias confirmaron lo que las familias sabían sin necesidad de microscopio: en 12 de 20 casos analizados, el fentanilo adulterado fue un factor que precipitó la muerte. 

Y el 21 de agosto la causa sumó una novedad: Interpol emitió una alerta amarilla para rastrear posibles vínculos internacionales en la cadena de distribución, mientras el Ministerio de Salud de la Nación reconoció que hay al menos 15 muertes más bajo estudio que podrían engrosar el registro oficial.

Y mientras el presidente Milei intentaba hacer un uso político partidario de la tragedia, quitándole toda responsabilidad a su gobierno, el padre de Daniel Sebastián Oviedo, Daniel Gustavo Oviedo, le escribió una carta abierta, denunciando el silencio oficial y acusándolo de desfinanciar los organismos de control.

“Usted y su temerario gobierno, luego de 120 días de silencio ante la explosión mediática producida por esta tragedia sanitaria sin precedentes a nivel global, decide un cierre de campaña politizando las muertes de nuestros seres amados y nuestro dolor, deslindando responsabilidades y queriendo capitalizar rédito electoral con tamaña desgracia”.

Ante la frustración y la búsqueda de acciones concretas para reclamar justicia, Gisel Oviedo, en nombre de su hermano, impulsa el pedido de un proyecto de ley. Mediante la recolección de firmas, buscan crear una Ley de Trazabilidad con el propósito de impulsar una norma que garantice la trazabilidad integral de los productos medicinales, no solo durante su elaboración bajo las normas internacionales de Buenas Prácticas de Manufactura (GMP), sino también en todas las etapas de su comercialización. Esta medida permitirá identificar y rastrear cada ampolla como una unidad individual. Algo que, si hubiera existido antes, quizás habría evitado la muerte de pacientes de cada rincón del país.

Cada uno de los miembros de las familias lo repiten: la desinformación dolió tanto como la muerte. En esas zonas grises donde lo único que no faltan son las preguntas, se instala la angustia: volver a velar a un hijo, un hermano o un padre, porque ahora la sospecha reabre la herida. Como dice Anabella: “Es como si mi papá hubiera vuelto a morir”.

En un rincón del grupo, alguien escribe: “Somos familiares unidos por el dolor. Transmutando nuestro dolor en amor. No hay que dejarlos hacer política con nuestro dolor”, escribe la hermana de una víctima. “Esto no es política, es dolor, vidas perdidas y familias destruidas, lo que exigimos verdad, justicia y humanidad”, y alguien responde con un corazón rojo, y otro participante coparte el link de una nota judicial, y así funciona la memoria en tiempos de catástrofe: entre la ternura y la evidencia.

Ante la desidia y el silencio del Estado, las familias aprendieron a investigar, a denunciar, a rastrear ampollas y lotes, y a acompañarse en la madrugada de un grupo de WhatsApp, donde cada notificación es la promesa de que alguien, en algún lugar, entiende lo que les pasó.  

El debate por el derecho a morir con dignidad

El debate por el derecho a morir con dignidad

Mientras el Congreso uruguayo debate una ley para legalizar la eutanasia, en nuestro país todavía es un tema tabú. Desde España, donde es legal hace cuatro años, opina un médico argentino que fue acusado de homicidio tras inyectar potasio, a pedido, a una paciente terminal.

El pasado martes 12 de agosto, en la Cámara de Diputados de Uruguay se debatió el proyecto de “Muerte digna” que busca legalizar la eutanasia. Con pautas similares a las ya aprobadas en España cuatro años atrás, Uruguay se encamina para convertirse en el tercer país latinoamericano, y el noveno del mundo, con normas jurídicas que garanticen a las personas el derecho a morir según su propia voluntad.

Algunos la califican como homicidio. Opinan que es aberración, falta de respeto a la vida, e invitación a lo trágico y perverso. La comparan con el nazismo, y son capaces de juzgar y encarcelar a quienes la practiquen. Otros, en cambio, levantan su bandera al grito de que la vida es un derecho y no una obligación. La eutanasia es una imagen borroneada y difusa al final de un oscuro pasillo, en donde una persona ¿acompaña, posibilita, consiente, perpetra, provoca? la muerte de otra que la desea.

Abocados a este asunto tan estigmatizado, los y las diputadas de Uruguay debatieron durante más de catorce horas. Entonces tomó la palabra Federico Preve Cocco, joven legislador del oficialista Frente Amplio. De traje, frente a un pequeño micrófono y junto a un ejemplar de Don Quijote y Sancho Panza donde podía leerse “por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida”, Preve Cocco declaró: “Hoy estamos hablando de un derecho humano que tiene garantías, que está basado en información científica contrastada por profesionales independientes. La pregunta que debemos hacernos es ¿por qué le vamos a negar a una persona el derecho a elegir? ¿Nos importa la calidad de vida? ¿La muerte no es parte del proceso vital? Ser liberal, señor presidente, ¿es también hablar de la libertad en las decisiones vitales? ¿Con qué autoridad podemos negar un derecho? ¿No es egoísta negarle a alguien que está sufriendo una situación extrema, y sin chances de revertirla, el derecho a una muerte digna? ¿No es esto que estamos votando hoy dignificarnos a nosotros mismos?”.

Con 64 votos a favor y 29 en contra, la sesión aprobó el proyecto que pasará a tratarse en el Senado y podría ser sancionado antes de fin de año. La ley está orientada a personas que cumplan con determinadas condiciones. Mayores de edad, psíquicamente aptas, que manifiesten legalmente su deseo de morir, padezcan enfermedades terminales irreversibles e incurables, o por ellas tengan sufrimiento insoportable y encuentren deteriorada su calidad de vida.

Marcos Hourmann, médico argentino y eslabón notable en la historia de la eutanasia, dialoga con ANCCOM desde Tenerife, España. En remera de manga corta y con voz áspera, pero apacible, dice que “es un momento extraordinario, nada frecuente, que un país hermano esté a punto de sacar la ley. Que haya una ley de eutanasia en Uruguay es maravilloso”.

En 2005, Hourmann se desempeñaba como médico de guardia en un hospital de Cataluña. Una noche atendió a una mujer de 82 años llegada con infarto agudo de miocardio, cáncer de colon, hemorragia digestiva y diabetes descompensada. Acompañada por su hija, la mujer le dijo que quería morirse, que no quería que su hija sufriera más a causa de ella. Horas después, su cuadro empeoró y no había nada que pudiera hacerse. La hija le pidió entonces a Hourmann que acabara con su dolor, y él lo hizo. Le inyectó potasio provocándole un paro, como tantos han hecho en clandestinidad, pero él lo escribió en la historia clínica.

Poco después, las autoridades de su propio hospital lo denunciaron como asesino. Así comenzaba Hourmann un proceso legal que duró cuatro años, en los cuales temió ir preso y perder su licencia médica. Se convirtió en el primer médico de España en ser denunciado por eutanasia. Perdió su trabajo y, en 2009, llegó a un acuerdo en el que se lo declaró culpable de “homicidio imprudente”. Debió pagar una multa y no fue a la cárcel gracias a que no poseía antecedentes penales. Quince años después, en 2021, España legalizaba la eutanasia.

Para él, la situación fue una tortura en la que debió rebuscárselas para poder trabajar. Hoy, enterarse de que en Uruguay también podría legalizarse lo alegra. “Aquí no salió en ningún lado (la noticia). Desde el punto de vista personal es como un bombazo”. Habla calmo, y advierte ser un hombre que siempre dice lo que piensa, frontal. “Es un tema que en España está estancado. La ley se estableció hace cuatro años, y hoy el país está muy polarizado, la ultraderecha avanza como nunca. Aquí tocó el timing correcto, en una sociedad donde el 84 por ciento de los encuestados estaba a favor. Fue una batalla ganada por la sociedad”.

En Argentina no existe tal ley. Sí está respaldada, desde 2012, la eutanasia pasiva: aquella en que una persona deja de someterse a tratamientos que prolongan la vida, permitiendo así que la enfermedad que padece siga su curso hasta causarle la muerte. Pero la eutanasia activa se considera delito. Que Uruguay apruebe este proyecto de ley implicaría un paso importante para el continente, en camino hacia la verdadera libertad de elección y hacia condiciones de existencia dignas.

Morir bajo términos propios es un debate difícil. Entran en juego creencias, pérdidas cercanas, movimientos íntimos y colectivos. Para que una sociedad acepte la idea de la eutanasia hace falta apertura, y educación. “Educación, cultura, libertad de miras… El entendimiento de que la muerte no debe ser tabú, poder hablarlo y analizarlo en las casas. Es algo que nos pasará a todos, aunque la medicina insiste en prolongar la vida, a veces de forma innecesaria”, sostiene Hourmann. Y define la eutanasia como la máxima expresión de amor: saber respetar la decisión del otro.