Los jubilados le hicieron «ooole» a la policía

Los jubilados le hicieron «ooole» a la policía

Como todos los miércoles, marcharon reclamando aumento de haberes y restitución de medicamentos gratuitos. Pero esta vez se movilizaron a Plaza de Mayo y dejaron en ridículo al megaoperativo de seguridad en el Congreso. Solidaridad con Cristina Kirchner.

A cualquier desprevenido que haya pasado la tarde del miércoles por las inmediaciones del Congreso le habrá llamado la atención el fuerte operativo de seguridad: vallas, patrulleros y efectivos bloqueando la Avenida Callao desde Corrientes hasta Belgrano y calles paralelas. Podría pensarse que se trataba de una manifestación masiva, algo que quizá justificara semejante despliegue. Pero el que decidiera continuar a pie, zigzagueando entre calles cortadas hasta llegar finalmente a la Plaza de los Dos Congresos, se toparía con una escena bastante distinta: no había nadie. El caos de tránsito en pleno microcentro porteño no respondía a una protesta multitudinaria, sino a una decisión policial que, en los hechos, cercó una plaza que estuvo vacía durante gran parte del día.

“Ahora los piqueteros son ellos, la yuta” bromea Manuel Gutiérrez, representante de la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados, mientras se acomoda con sus compañeras sobre Plaza de Mayo. Esta tarde, los jubilados decidieron cambiar su itinerario para acompañar al personal médico del Hospital Garrahan que, después de un “abrazo simbólico” al hospital, marcharon desde el Obelisco hasta Casa Rosada. Minutos antes de las 16, y luego de haber realizado el tradicional acto con radio abierta de todos los miércoles, los jubilados formaron una columna para caminar por Avenida de Mayo hasta llegar a Casa de Gobierno, donde los esperaban, además de los trabajadores de salud, múltiples movimientos y sindicatos que decidieron unificar sus reclamos para que sus voces alcancen mayor potencia, sumado a decenas de ciudadanos que se acercaron a manifestar en repudio de la decisión de la Corte Suprema de mantener firme la condena a la exvicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, lo que generó que la mitad de la plaza se colmara de manera espontánea.

Sin embargo, el viaje de los jubilados por Plaza de Mayo no estuvo exento de la habitual violencia policial. “Los compañeros venían desplazándose bien, rápidamente, ágilmente, digamos, en la medida de lo posible con los años que cargamos en la espalda. Y bueno, de golpe vinieron a empujar. Empujando a personas de 70, 80 años, con lo que implica eso”. Cuenta Manuel, sin abandonar el humor que lo caracteriza, como lo confirman sus compañeras. Según pudo confirmar ANCCOM con la Defensoría del Pueblo, el accionar de las fuerzas de seguridad tuvo como saldo la fractura de la pierna de una joven que acompañaba a los manifestantes cuando los efectivos de la Policía de la Ciudad comenzaron a empujarlos. “Luego de eso, se formó un cordón policial de esquina a esquina en la Calle Santiago del Estero que impedía que la manifestación siga avanzando. Se produjeron muchas situaciones de tensión entre los militantes y la Policía porteña. Finalmente terminaron avanzando por la Avenida de Mayo y la policía por la vereda”, confirmó la mujer, quien prefirió no revelar su identidad.

El 4 de junio, la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto que propone un aumento excepcional del 7,2 % en los haberes jubilatorios y eleva el bono extraordinario de $70.000 a $110.000, con actualización mensual ligada al índice de movilidad. Además, restituye la moratoria previsional para quienes no completaron 30 años de aportes. Ahora el proyecto aguarda su tratamiento en el Senado, aunque el Gobierno ya adelantó que lo vetará si se aprueba, argumentando su impacto sobre el equilibrio fiscal. “Es la continuidad de la política cruel de Milei, que se ha ensañado con los jubilados y nos lo hace sentir cada semana. El corazón de su programa económico es mantener el equilibrio fiscal a costa de los jubilados y trabajadores”, denunció Manuel Gutiérrez.

Frente al Cabildo, un camión con altoparlantes dispuesto por los empleados del Hospital Garrahan disparaba diversas consignas como un “RCP colectivo al Garrahan” o coreografías y cantitos contra el Presidente de la Nación, Javier Milei y su Ministro de Salud, Mario Lugones. “Hace dos semanas que iniciamos el reclamo y, de parte del gobierno, no nos dieron respuestas. Hoy tuvimos una reunión y ellos no se presentaron. La primera vez que fueron hicieron como que no sabían por qué estábamos reclamando, cuando todo el país lo sabía. Así que mañana nos reuniremos nuevamente todos los trabajadores del hospital para ver cómo continuamos con la lucha. Cualquier decisión la comunicaremos de manera inmediata”, cuenta Romina Cabrera, especialista en Pediatría e integrante del Área de Neonatología del hospital, además de contar con una diplomatura en Traslado Neonatal. A día de hoy, un médico pediatra del Garrahan cobra menos de $800.000 mensuales, muy por debajo de los $1.110.063 que necesita una familia tipo para no ser considerada pobre en Argentina según datos del INDEC relevados en abril del 2025.

Dentro de la pluralidad de voces que se escucharon esta tarde, se encuentra la de Juan José Luis, un trabajador eléctrico despedido de la empresa Industrias Juan F. Secco, una multinacional dedicada a la generación de energía y servicios asociados en toda América Latina. Junto a otros 36 compañeros —también cesanteados— formaba parte de un equipo especializado en energía móvil, conocido popularmente como “los bomberos de la luz”, por su rol clave en situaciones de emergencia eléctrica. Organizados en una agrupación de base que integra la Fetera (Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina), denuncian despidos direccionados como represalia por su activismo sindical y por defender la calidad del servicio que prestaban. Exigen la reincorporación y advierten que el desmantelamiento del área impacta directamente en el acceso a la energía en zonas críticas del país. “Somos los que llegábamos cuando se reventaba un transformador, cuando había una inundación o un incendio. Reconectábamos la energía y devolvíamos el servicio al pueblo o a una fábrica. Hoy ese servicio se está desmantelando, la gente sigue pagando tarifas más caras, pero ya no estamos nosotros ni el servicio que dábamos”, relata Juan José.

Una planta de hidrógeno verde oscuro

Una planta de hidrógeno verde oscuro

Vecinos y vecinas de Colón, Entre Ríos, y Paysandú, Uruguay se oponen a la construcción de una refinería de 400 hectáreas que impactaría sobre el medio ambiente y la actividad económica de la región.

Los habitantes de Paysandú y Colón comparten inquietudes por un megaproyecto que transformará sus playas, el turismo y por ende, su economía. Las playas vírgenes del país uruguayo pasarán a ser la sede de una planta de hidrógeno que modificará también las vistas que tiene por el momento la ciudad entrerriana, convirtiéndose así, según los vecinos, “en el patio trasero de esta fábrica”.

En Paysandú, Uruguay, la multinacional HIF Global, quiere construir una planta de hidrógeno verde que ocuparía 442 hectáreas. Sin embargo, tanto los vecinos de Paysandú como los de Colón, Entre Ríos, se han pronunciado en contra debido a la falta de contemplaciones sobre el impacto que causaría en las zonas aledañas.

Leonardo Belassi, del colectivo Paysandú Soberano, explicó a ANCCOM que la instalación de la multinacional en Paysandú podría revertir la mejora en la calidad del Río Uruguay. La ciudad sufrió años de contaminación industrial, y estaba recuperando sus playas y su zona costera, con potencial para el turismo. Belassi advirtió que esta nueva actividad industrial podría significar una «afectación gravísima» al disfrute del río y al desarrollo turístico de la región.

El gobierno uruguayo, sin embargo, mostró un fuerte interés en este proyecto, que se enmarca dentro de la llamada hoja de ruta del hidrógeno verde en el país vecino. El apoyo no se vio replicado por los vecinos de Paysandú, que juntan firmas para expulsar a la empresa de la región junto con otras asociaciones de Colón. “En la Constitución –explica Balassi- hay un artículo que prevé que cada departamento tiene la posibilidad de convocar a una iniciativa la cual su población decida sobre un determinado tema”. Para que ello ocurra, sus habitantes deben recolectar quince mil firmas y ya cuentan con cerca del 80%.           

Los habitantes de Colón, también han expresado su preocupación por la instalación de la empresa que estaría frente a sus costas, a sólo dos kilómetros del lugar. Carlos Seratti, integrante de la organización Somos Ambiente, comentó que el problema con este tipo de industrias es dónde y bajo qué condiciones geográficas se realiza. En Colón hay una actividad importante y sobresaliente con respecto al turismo que se vería afectada. “Primero porque hay una modificación estética. Todo lo que está enfrente, que ahora son áreas naturales, va a cambiar y se va a instalar una refinería que ocupará un tercio de la superficie de la ciudad de Colón. Es como si fuera una ciudad más, iluminada con toda la tipología de una industria. Tanques, cañerías, iluminación de noche, en fin, chimeneas”, describe. Los vecinos denuncias que la nueva instalación afectará la economía de gran parte de los habitantes de la cuidad que viven del turismo. A esto se le suma una afectación a la biodiversidad de la zona, que ya sufrió sus primeros cambios debido a los procedimientos de barrido que realizó la empresa en la zona.

Pese a todo, HIF Global colocó en sus documentos como área de influencia directa el territorio uruguayo hasta la orilla del Río Uruguay, explicando que se corresponde con un ambiente rural y con baja presencia de viviendas, donde no se identifican sitios sensibles, tales como: escuelas, hospitales o centros recreativos en un radio a tres km de la planta. Sin embargo, estas afirmaciones parecen contrastar con la realidad si se tiene en cuenta que Colón es una ciudad balnearia, con una población de 58 mil habitantes, a menos de dos kilómetros de distancia.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, le envió el 11 de marzo una carta al presidente de la Mancomunidad Tierra de Palmares e intendente de la ciudad de Colón, Jose Luis Walser, donde le manifiesta el respaldo del Gobierno provincial en la solicitud de relocalización del proyecto de la planta, que es el pedido que defienden también las distintas asociaciones ambientalistas de la zona.

Desde ambos lados de la frontera, según los activistas consultados, hay un desconocimiento generalizado sobre la instalación de la empresa. Esto es debido  al secretismo que ha rondado el proyecto desde sus comienzos, dado que se les negó a los vecinos el derecho de acceso a la información pública.

En el 2024, el Movimiento por un Uruguay Soberano denunció al Poder Ejecutivo antes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el “incumplimiento” de no brindar la información correspondiente al memorándum de entendimiento que se firmó con HID Global. El secretario de presidencia, de la gestión de Luis Lacalle Pou, Rodrigo Ferrés, explicó en su momento que esta sería la mayor inversión privada de la historia, la que alcanzaría la cifra de seis mil millones de dólares y generaría alrededor de tres mil puestos de trabajo en su etapa de construcción. La justicia falló a favor de la organización.

Con respecto a la generación de puestos de trabajo en Uruguay, surgieron ciertas inquietudes debido a la visita de representantes de la empresa Techint E&C en la zona de Colón para consultar sobre la disponibilidad hotelera para alojar a cerca de 1.500 trabajadores argentinos, si bien no se confirmó que la empresa Techint E&C esté colaborando con HIF Global en el proyecto de Paysandú, se sabe que ambas empresas trabajaron juntas en el proyecto de combustibles sintéticos en Chile en el 2024.

“Esto pone en riesgo la buena convivencia que existe entre Paysandú y Colón –señala Belassi-, porque son dos ciudades que desde hace muchos años saben lo que significa la una para la otra. Hay mucha relación, hay familias ensambladas entre las dos ciudades, hay buena vecindad”. Por otro lado, los representantes de las organizaciones a ambos lados del río comentaron sus intenciones de buena voluntad y disposición para que este conflicto se solucione de manera pacífica.

La empresa producirá en la planta además del hidrógeno verde, metanol, que es un compuesto tóxico, venenoso e inflamable, que combustiona con mucha rapidez, tiene la particularidad de evaporarse con la temperatura ambiente y aumentar su volumen 400 veces. “Si se escapan 1000 o 1500 litros o metros cúbicos de metanol acá enfrente es una bomba de tiempo para nuestra población”, explica Belassi.

El acuerdo entre el Gobierno uruguayo y la empresa, que se concretó en el gestión del expresidente Lacalle Pou y estuvo cargado de secretismos y arbitrariedades. Leonardo lo confirma ya que, en las votaciones que dieron paso a que se apruebe el proyecto, dos ediles hicieron gestiones para que recibiera a un integrante de su grupo y a otro de Somos Ambiente. A pesar de ello, lo hicieron a puertas cerradas y aunque estas sesiones en su regularidad se graban y transmiten por Youtube, se cortó la emisión justo cuando ellos expusieron sus argumentos, lo cual generó que solo los ediles se enteraran del perjuicio de la colocación de la planta y se restringiera así, la difusión de la postura de gran parte de los vecinos y vecinas.

Frente al cambio de Gobierno, con la asunción de Yamandú Orsi se abrieron expectativas. El nuevo presidente, se reunió con la empresa para negociar este acuerdo considerando algunos aspecto sociales, económicos y ambientales, además de incluir la opción de que Ancap, una empresa pública estatal, pueda participar del proyecto.

 

Mientras tanto, algunos de los vecinos de Colón juntan firmas para pedir la relocalización de la planta y los de Paysandú piden directamente expulsar a la multinacional de la región. Leonardo Belassi adelantó que el 15 de junio realizarán un festival de música donde junto a artistas locales, se manifestaran contra la refinería. Mientras tanto, los habitantes de la región uruguaya siguen esperando la visita del Ministro de Ambiente para expresarle sus inquietudes.

“Los postítulos son espacios muy valiosos de formación”

“Los postítulos son espacios muy valiosos de formación”

El gobierno de Jorge Macri cerró especializaciones docentes cuya apertura ya había sido aprobada. Profesores y estudiantes se agruparon para denunciar lo que viven como un ataque permanente y un bloqueo a su desarrollo profesional.

“Dejar a la formación pública, gratuita, universal y de calidad a la deriva es bloquear el desarrollo precarizando la educación. Al parecer, cuanta menos educación tengan todos, más fácil podrán ser manipulados –afirma Romina Laura Bralo González, docente egresada de los postítulos de CABA–. Además, es una amenaza a los puestos de trabajo,al limitar la instancia de aprendizaje y diversidad de contenidos en la profesionalización docente”.

A principio de año, el Ministerio de Educación porteño, a cargo de Mercedes Miguel, cerró postítulos de nivel superior como Educación Ambiental Integral, Ciencias Tecnológicas, ESI, Derechos Humanos, Arte y Cultura, que ya no están dentro de la oferta académica. La medida de discontinuarlos, dispuesta por la secretaria general de Formación Docente, Graciela Uequín, se tomó pese a la aprobación correspondiente de las propias autoridades para su apertura.

Ante el sistemático recorte y subejecución del presupuesto educativo, la reducción de la oferta –entre otras cosas, no dando apertura a todos los postítulos–, y la consecuente baja de la calidad, docentes de la Ciudad denuncian un ataque a su formación.Desde hace tiempo, los postítulos de CABA vienen resistiendo intentos de cierre, restricciones en la inscripción y vaciamiento progresivo por parte del Gobierno porteño.

“Es un intento de mercantilizar la educación como negocio, y no un derecho.El ataque a la formación es permanente hace años, por lo que estamos tratando de que salga de las sombras para poder visibilizar cómo desfinancian al sistema educativo, atentando a la educación pública, universal y gratuita”, agrega Bralo González.

“Los postítulos son formaciones y capacitaciones que realizan los docentes una vez que están recibidos, que les permiten seguir adquiriendo las herramientas necesarias para su formación profesional, transmitiendo a los estudiantes una educación comprometida y de calidad en cuanto a los contenidos de los programas de enseñanza”, explica con emoción María Marta Fernández Rosa, docente coordinadora del Postítulo Artes y Tecnologías Digitales de la Escuela Superior de Educación Artística “Aída Mastrazzi”.

“Son especializacionesque dependen del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad. En febrero de este año, muchos tenían la aprobación para dar apertura a sus inscripciones a estudiantes, pero esto no sucedió, aunque sí están finalizando su segundo año los postítulos que vienen del anterior. Son espacios muy valiosos de formación académica, responden a necesidades docentes, brindan temáticas variadas y otorgan un puntaje que es muy importante para la carrera docente”, detalla Fernández Rosa.

Las planificaciones de los postítulos son elevadas todos los años al Ministerio de Educación, que las aprueba o no y da el visto bueno para su apertura, aclarando, en su resolución, que están sujetos al recorte presupuestario.Este año los docentes vienen denunciando los cierres por decisión del Ministerio y buscando el apoyo de sindicatos docentes, hasta ahora sin respuesta.

En diálogo con ANCCOM, Temis Saccomanno, secretario de Educación Artística de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), puntualiza: “Cuando ocurrió lo de la escuela de Jorge Donn, UTE intervino tratando de buscar explicaciones al cierre del postítulo. Para ello, se reunió con autoridades del Ministerio de Educación, quienes categóricamente anunciaron al sindicato que no iban a abrir los postítulos en este 2025, debido a un tema de presupuesto, como así también dejaron entrever que en un tiempo dejarían de existir, serían remplazados por nuevos programas, reformulaciones que aún están en desarrollo”.

Tras ese hecho, por abajo se formó un colectivo de lucha por la apertura de los postítulos en CABA, integrado por docentes de distintas instituciones, que lleva su reclamo a todos los lugares posibles porque los consideran muy importantes para la formación tanto de docentes como de estudiantes.

El pasado sábado 24 de mayo, la agrupación organizó una protesta en el barrio del Abasto, con juegos callejeros, para visibilizar su reclamo. Allí, Natalia Franchi, coordinadora general del postítulo de “Danza teatro comunitario”, de la Escuela “Jorge Donn”, precisó: “Los postítulos son siempre para profundizar y actualizar en un campo de conocimiento específico, atravesado por un tiempo de duración entre uno y dos años,durante una jornada extensa de trabajo en conjunto, que permite forjar y fortalecer los lazos humanos elementales en las y los otros”.

Franchi añadió: “Este postítulo de Danza teatro comunitario existe desde 2022, luego de tener la aprobación del Ministerio de Educación, que resolvió su apertura de actividades para ese año y el siguiente, y luego hizo lo mismo para 2024 y 2025, para que sus estudiantes pudieran finalizar sus especializaciones en tiempo y forma. Sin embargo, este año los aspirantes no tuvieron la posibilidad de inscribirse. La causa de que no se abra la inscripción a los postítulos es política, junto con el recorte presupuestario en educación,habiendoquedado desmentido (como quisieron instalar), que no había aspirantes o que había irregularidades”.

Hoy, tanto ella como sus compañeros se encuentran en la incertidumbre de no saber si los postítulos van a continuar o si acaso ya es un hecho que van a dejar de existir.Frente a lo que califican como un ataque sistemático a la educación, el colectivo de docentes promete seguir peleando por la apertura, hasta que sus voces sean escuchadas.

Discapacitados en emergencia

Discapacitados en emergencia

Esta madrugada, la Cámara de Diputados votó la media sanción de la Ley de Emergencia para las Personas con Discapacidad. Durante el día, una movilización estuvo expectante de lo que sucediera en el Congreso. Ahora viene el Senado. De todas formas, Milei anticipó su veto.

Cerca del mediodía del miércoles, familias e instituciones reclamaron frente al Congreso la sanció de la Ley.

La situación de emergencia en discapacidad es un hecho cada vez más difícil de tapar. El sector, que no es ajeno a los ajustes de la administración nacional, viene siendo uno los más golpeados y las acciones del gobierno van desde la baja de pensiones y el despido de trabajadores estatales con discapacidad hasta el desmantelamiento de la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad).

Muchas organizaciones se congregaron desde temprano en las inmediaciones del Congreso Nacional a la espera del tratamiento de la Ley de Emergencia para el sector y los resultados. Dentro del recinto, hubo quórum, los diputados comenzaron con otros temas que incluían el incremento excepcional a jubilados y pensionados y al cierre de esta edición la Ley de Emergencia seguía en espera.

El proyecto fue redactado por Daniel Arroyo e incluye la voz de diferentes sectores. Uno de los fuertes de la norma es que cambia el concepto de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral a Pensiones No Contributivas para Personas con Discapacidad y por Contexto Social. La carátula anterior marca que las personas no están preparadas para trabajar, que están fuera del sector productivo y está en sintonía con el sistema capacitista que viene denunciando las personas con discapacidad. Además, establece el pago del Salario Mínimo Vital y Móvil para las personas que se emplean en los Talleres Protegidos, que actualmente reciben por su trabajo apenas 28 mil pesos por mes. 

Prestadores en discapacidad realizaron un paro y concentración el pasado jueves. 

En cuanto a las pensiones, el texto aprobado establece que seguirán siendo el 70 por ciento de una jubilación mínima, actualmente en 304 mil pesos.

Liliana, mamá de Ignacio que tiene el trastorno del espectro autista, contó: “Estamos desde temprano por el proyecto de emergencia en discapacidad, por nuestros hijos, sus terapias y los prestadores. No conseguimos acompañantes, terapistas ni psicólogos por la miseria que les pagan.” A su vez, denunció que “en la Ciudad de Buenos Aires están desmantelando la educación especial. Comenzó con Larreta cerrando escuelas bajo el falso paradigma de la inclusión plena, cuando hay pibes que no pueden estar incluidos”. Agregó que “le cerraron las escuelas a los jóvenes mayores con discapacidad, los expulsaron sin acreditación de saberes cuando estuvieron 10 años en la escuela. No hay ningún espacio de formación permanente para el adulto con discapacidad, les están sacando las prestaciones que necesitan, no les pagan a los centros terapeúticos. ¿Qué va a ser de nuestros hijos?”, concluyó la madre. 

Al ser consultada sobre la Ley, Laura Alcaide, de la Asamblea Discas en Lucha, manifestó que “nosotres apoyamos la Ley pero es algo paliativo”. Además destacó que “la unión de las luchas de jubilados, transfeminismos, el sector de ciencia, el Garrahan, implica una lectura política global de coyuntura sobre lo que está sucediendo, vamos a levantar nuestras banderas al lado del resto”.

Desde el colectivo de discapacidad, la abogada Lorena Aguirre instó a seguir luchando: “Tenemos que unir fuerzas, poner nuestras corporalidades en las calles, hay que ocupar el territorio, alzar la voz y seguir dando batalla. La Ley es un punto de partida, podemos ir por más”.

Luis Mariano Sucher, uno de los despedidos del Hospital Posadas. 

Un sistema no capacitista

El jueves 29 de mayo se unieron en el Congreso diferentes áreas del sector de discapacidad. La Jornada Federal de Lucha reunió a más de cinco mil personas y se realizaron movilizaciones en todo el país en el marco del paro de 5 días de los prestadores de servicios. “Fue un paro histórico surgido desde las bases, que unió a todo el sector, es algo que sólo este gobierno logró”, resumió Alcaide.

Sin embargo, también denunció: “Cuando se une el sector prevalece la voz de otres. Les prestadores luchan por su sueldo, lo cual está perfecto, yo lucho por el sueldo de les trabajadores, las familias luchan por lo que implica cuidar a una persona con discapacidad, pero ninguno habla sobre la verdadera autonomía de las personas con discapacidad, sobre el derecho al trabajo y a la participación política”. Además agregó que “las personas con discapacidad no se sienten convocadas a luchar”, que están “vulnerabilizadas por un gobierno en el encierro y doblegadas a una condición de inferioridad”, sentenció la referente del colectivo disca.

 Alcaide concluyó: “En este sistema capacitista somos ciudadanos de segunda porque la gente que dice defender nuestros derechos también nos invisibiliza”.

 

Cuentas pendientes

Si bien los sectores implicados destacan que el proyecto de ley reconoce la emergencia del área de discapacidad, aún queda mucho por hacer. El acceso al trabajo y a la participación política son las dos grandes deudas que tiene el estado con las personas de este colectivo. Al respecto, Laura Alcaide afirmó: “Sin participación política de las personas con discapacidad no se pueden elaborar políticas públicas que sean acordes con la necesidades de las personas usuarias”.

La discapacidad no es sólo pensiones y terapias. Alcaide enfatizó: “Les discas exigimos mucho más que eso, y lo primero es la autonomía. Para eso necesitamos tener acceso al trabajo”. La integrante de la Asamblea Discas en Lucha contó que “el 90 por ciento de discas está desempleado, si lo comparamos con el 40 por ciento de desocupación general, ¿cuál es la brecha?”. El 10 por ciento restante está bajo el empleo protegido y cobran 28 mil pesos por mes, otros están empleados en el Estado que no cumple el 4 por ciento del cupo que debería ser garantizado.

En el abordaje global también son las prestaciones las que garantizan la autonomía. “Tener un sistema de apoyo con profesionales que aborden nuestras corporalidades de manera interseccional e interdisciplinaria es lo que estamos necesitando para tener una vida digna. Que quede claro, no estamos exigiendo una Ley de Emergencia lo que exigimos es una vida digna”, sentenció Alcaide. 

Más afuera que en la calle

Más afuera que en la calle

El gobierno nacional publicó un decreto en el que anuncia que dejará de asistir a las personas sin techo. Toda la responsabilidad queda ahora en manos de provincias y municipios.

La motosierra de derechos de Javier Milei y su equipo de gestión arrasó con un punto clave en una Argentina con hambre: mediante el Decreto 373/2025, con las firmas del Presidente, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello;  el Ejecutivo nacional restringió sus funciones a “regir, supervisar, coordinar y, eventualmente, asistir o financiar a las jurisdicciones locales”. La autoridad de aplicación de la ley pasará a ser la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente de Capital Humano.

El decreto también modifica las políticas relativas al acceso a una vivienda digna. Mientras que la ley de 2021 establecía que el Estado nacional debía encargarse de garantizar ese derecho, ahora será labor de cada provincia: «Las jurisdicciones locales, en coordinación con la autoridad de aplicación, deben elaborar e implementar políticas públicas de vivienda, inclusivas e integrales, tendientes a crear las condiciones para el goce efectivo del derecho de acceso a una vivienda digna para las personas en situación de calle o en riesgo de situación de calle”, dice el documento.

“El viejo estigma de las organizaciones sociales (supuestamente corruptas) es el principal argumento de los libertarios para la descentralización de esta responsabilidad estatal”. De esto habla Horacio Ávila, de Proyecto 7, una asociación civil para el abordaje integral, multidisciplinario y colectivo de las problemáticas de las personas en riesgo y situación de calle: “Pone como excusa que las organizaciones se quedan la plata y no cumplen el objetivo, que somos las que más laburamos en esto. Un Estado ausente que hoy se hizo a un lado y le sacó el espíritu a esta ley que costó casi 13 años aprobar”.

Reflexionando sobre lo que implica las modificaciones realizadas, Ávila expresa con tristeza: “De un plumazo nos ponen de nuevo en un lugar donde prácticamente no van a existir políticas públicas sobre la problemática de la situación de calle, la cual está siendo producida, irónicamente, por este mismo gobierno. Entonces, encima de que la generan, obstaculizan la ayuda. Es más de lo mismo que viene pasando con las personas con discapacidad, los jubilados, la cultura y todo lo que tenga que ver con derechos humanos y cuestiones populares”.

La noticia fue como un balde de agua fría. “Veníamos abocados a la organización del Tercer Censo Popular, que lo hacemos a mediados de junio, en CABA. Teníamos la cabeza y la energía puesta en eso, pero el Decreto nos sorprendió a todos”, confesó Ávila.

Ávila comenta que aún no está definido qué se hará al respecto. “Desde lo judicial, pensamos presentar un amparo, y obviamente movilizarnos para reclamar. Por el momento estamos hablando con compañeros, organismos de Derechos Humanos, diputados para encontrar la forma de solucionar esto”.

Los cambios en el sistema de asistencia se oficializaron este lunes a través de la publicación en el Boletín Oficial del decreto 373/2025, que modifica la Ley Nº 27.654 de 2021, aunque ya habían sido anticipados por el Ministerio de Capital Humano el viernes pasado, a través de una publicación en redes sociales.

 «De noviembre 2023 a noviembre 2024 se ha registrado un incremento del 23,22%” de las personas en situación de calle. Además, entre el año 2017 y el año 2024, la suba es incluso más devastadora: de un 152%», subraya Marino.

Catalina Marino, coordinadora del Programa de Derecho a la Ciudad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que promueve el acceso igualitario a la vivienda y al hábitat, y trabaja para revertir la segregación socio-urbana y garantizar el ejercicio efectivo e integral de derechos en el espacio urbano, se comunicó con ANCCOM para profundizar la perspectiva de las personas que día a día trabajan por los que menos tienen. “Junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Ministerio Público de la Defensa de CABA, desde ACIJ elaboramos el documento Personas en Situación de Calle en la Ciudad de Buenos Aires”, con el objetivo de poder aportar un análisis más sofisticado de lo que es la situación de calle actualmente en la Ciudad. A pesar de que los números que presentan las organizaciones comunitarias que trabajan con el tema no son los mismos que los que presenta el Gobierno de la Ciudad, se ve claramente, y en esto hay un consenso, que es un fenómeno en aumento: de noviembre 2023 a noviembre 2024 se ha registrado un incremento del 23,22%”. Además, entre el año 2017 (en que se tuvo disponible el primer registro) y el año 2024, la suba es incluso más devastadora: de un 152%.

Marino cuenta que en la Ciudad de Buenos Aires se tiene un enfoque bifronte, explicado en la primera página del informe: “Frente al agravamiento de la problemática, la estrategia de la nueva gestión del GCBA tiene un abordaje bifronte caracterizado, por un lado, por una política de fuerte tinte punitivo y estigmatizante, ilustrada por el paradigma oficial de “orden y limpieza”, que incluye la remoción de personas en situación de calle del espacio público, detenciones, y violencia institucional; y, en paralelo, un aumento presupuestario para dispositivos destinados a brindar alojamiento transitorio y una mejor segmentación de sus prestaciones, que aun así no logran trascender la fragmentación del abordaje y la cronificación de las intervenciones de emergencia”.

“Por cómo se ha manejado el presupuesto y los avances que se han dado (como el aumento de Centros de Integración Social, los cambios en la red de atención y la suma de dispositivos móviles), evidentemente en la Ciudad es una prioridad de la gestión, pero aun falta una política integral. Las medidas terminan siendo positivas pero insuficientes”, agrega la coordinadora, haciendo referencia a otro punto importante que también se menciona en el documento del que formó parte: “El abordaje actual, por su propio diseño, dista de proveer condiciones de alojamiento definitivo, que redunda en la cronificación de la situación de emergencia y de una respuesta estatal que se pensó transitoria. Esta falta de integralidad en el abordaje se explica fundamentalmente por una ausencia total de políticas de acceso a la vivienda adecuada en la ciudad, que no ha previsto programas para la provisión progresiva de soluciones habitacionales definitivas para la población general, ni ha evaluado programas de producción alternativos a través de cooperativas, alquiler social, o movilización de viviendas ociosas”.

¿Pueden todos los municipios y provincias hacerse cargo de una problemática que la ciudad más rica del país todavía tiene irresuelta? , consulta ANCCOM a Marino: “La Ciudad cuenta con dispositivos que no se encuentran en otros municipios o provincias, y, al no haber una política integral de abordaje a nivel nacional, seguro sea bastante difícil para el resto hacerle frente. El nivel de alcance de ciertos dispositivos no existe en todas las jurisdicciones”.

Con este decreto el Gobierno nacional se opone a la normativa que el mismo Estado se comprometió a cumplir. Es una situación que no debería perderse de vista, ya que llama la atención incluso a nivel internacional: el Relator sobre una Vivienda Adecuada, Balakrishan Rajagopal, y el Relator Especial sobre la Pobreza Extrema, Olivier De Schutter, de Naciones Unidas, enviaron una comunicación al Gobierno argentino donde expresan su “grave preocupación” por las “medidas e intervenciones discriminatorias” que se llevan adelante en la Ciudad de Buenos Aires contra las personas en situación de calle e integrantes de la economía informal. Afirman además que “sugieren un patrón de criminalización” de estas personas, en lugar de abordar sus “problemas socioeconómicos sistémicos proporcionando acceso a una vivienda adecuada, asistencia social, programas de empleo y vías para que los vendedores realicen la transición al mercado laboral formal”.

El humedal sagrado de Ciudad Evita

El humedal sagrado de Ciudad Evita

Junto al Río Matanza, una comunidad multiétnica resguarda un territorio declarado yacimiento arqueológico y reserva natural, ante el avance de los negociados inmobiliariarios y la falta de respuestas del Estado.

La comunidad indígena Tres Ombúes es la unión de diversas procedencias que buscan un mismo fin. Pueblos diaguita, kolla, quechua, guaraní, mapuche y qom, entre otros, se integran en un momento en que la cultura indígena ha pasado a ser una minoría olvidada, subestimada y negada por muchos.

Tras varios conflictos por el avance ilegal de construcciones sobre el territorio, uno de los principales objetivos de la comunidad es proteger el humedal de Ciudad Evita, ubicado junto al Río Matanza, así nombrado tras la masacre por parte de los españoles a los querandíes que habitaban la zona. Hoy, la reserva es considerada una tierra sagrada donde se realizan ceremonias ancestrales y actividades abiertas a toda la comunidad, para contar la historia jamás contada.

Sábado por la mañana, convocados a una jornada de plantación de árboles, se acercan al lugar grupos de estudiantes universitarios, algunos por primera vez, mientras para otros es un regreso. Si se acude en colectivo, o a pie, es necesario bordear la Ruta Provincial 4, pasar junto al Río Matanza y llegar a cierta confusión de vegetación, hasta toparse con un claro en el que se abre un camino de tierra, junto a un cartel amarillo que declara: “Territorio ancestral indígena”, y más pequeñito “Art. 75, inc. 17 C.N”.

Ya adentro, Delia Claros recibe al grupo. Lleva el pelo negro recogido en una colita, un anaranjado blusón de mangas largas, pantalones y botas de lluvia. Saluda a cada uno con un beso en la mejilla. Se trata de la vocera de la comunidad. Tras un breve tour, hace de guía hasta un fuego escondido entre una pequeña estructura de ladrillos, sobre la cual hay una pava de hierro enorme, del tamaño de un gato gordo. También está allí la bandera wiphala, que flamea y reluce sus cuadrados de colores brillantes, junto a un cúmulo de macetas con los arbolitos a plantar.

Daniel, psicólogo social y guaraní, explica que árbol se dice yvyra, y es para él una conjunción entre tierra y cielo que se unen, y que guarda una armonía con todos los seres vivos a su alrededor. Entonces, Delia pide armar una ronda para que todos se presenten, y luego comienza el ritual de la k´oa. Ella toma cenizas del fuego y las coloca en un cuenco de barro, echa allí algunas ramas secas y, cuando comienza a salir humo, alza el cuenco en alto. “Para pedir por todos nosotros hoy“, comienza en castellano y continúa en su lengua indígena, y el humo les llega a todos a medida que Delia gira sobre sí hacia el “este, norte, oeste y sur”. Finalmente, camina alrededor de los árboles que serán plantados, y los envuelve en la humareda.

Al finalizar la ceremonia, estudiantes y miembros de la comunidad se dividen en grupos para plantar. Primero, seleccionan el lugar; luego abren paso a la tierra arrancando de raíz los yuyos, con las manos o con machete; cavan los pozos; plantan y marcan con cañas e hilo naranja, para no perder de vista a los pequeños árboles. En tanto, Delia se retira hacia una zona que dice: “Huerta”.

Junto a un depósito de herramientas, bajo un árbol, hay una gran mesa de madera en la que descansa Caramelo, el gato naranja de la comunidad, y Delia aviva un fuego para cocinar un pollo al disco, mientras conversa con ANCCOM.

“Este territorio es un yacimiento arqueológico declarado: Ezeiza III. Trabajaron arqueólogos, se sacaron más de cinco mil restos, e historiadores se refieren a este lugar porque los documentos, sobre todo españoles, hablan de este espacio donde fue la resistencia de los querandíes contra los españoles. Los querandíes, en un primer momento, fueron amistosos, brindaron alimento y obviamente sufrieron abusos. Cuando dejaron de dar alimento, los españoles vinieron a buscarlos. Eso fue con Pedro de Mendoza. En un segundo intento, en 1536, vinieron con más armamentos, barcos, y los masacraron”.

Delia Claros charla tranquila, mientras pela y corta papas, berenjenas y tomates para sumar al disco. “El territorio nunca fue resguardado por el Estado –explica–. Algunos mafiosos empezaron a vender terrenos, hay varios juicios en marcha. Hace más de diez años que venimos pidiendo el resguardo, para que no avancen y destruyan la tierra. Desde el 2 de noviembre del 2020 estamos instalados acá, peleando con los del barrio Puente 13 para que no avancen, poniendo el cuerpo”.

Desde 2018 crece el número de familias que ocupan la zona. Ellas han alegado haber comprado los terrenos de buena fe, sin saber que la compra-venta de este predio es ilegal, al haber sido declarado reserva natural, ser un importante yacimiento arqueológico, y también un cementerio indígena querandí.

“Somos una comunidad multiétnica, hermanos de diferentes naciones que compartimos ceremonias y saberes. Hacemos trabajo comunitario los fines de semana y venimos a compartir, sostenemos esto en los momentos que cada uno puede. No tenemos ningún tipo de subsidio ni nada, todo es a pulmón”, precisa Delia.

Los estudiantes tienen las manos cubiertas de tierra y la mayoría acaba de realizar su primera actividad agrícola. Los arbolitos ya tienen sus lugares, bien distribuidos junto a los caminos de la reserva, y en una ronda en la que giran dos mates alguien habla de romper con la distinción nosotros-ustedes, y de que es necesario acercarse a las culturas indígenas, no como si fuesen ajenas, sino como parte de la historia personal de la mayoría de los argentinos.

“Realizamos nuestras ceremonias ancestrales, que es lo que nos une, y muchas actividades relacionadas con nuestras raíces identitarias, esa memoria de los pueblos originarios que fue denegada por muchísimos años. Yo como kolla quechua, los hermanos como guaraníes, hablamos sobre la resistencia de los pueblos indígenas, que no te cuentan en la escuela –remarca Delia–. Sí te cuentan de los españoles. No de Telomián Condié, el primer cacique guerrero. Así que nosotros contamos esta historia para que le den el valor que tiene, y para que no destruyan a los seres que viven en este humedal”.