Ago 28, 2019 | DDHH, Novedades
La V Marcha contra el Gatillo Fácil fue organizada por los familiares de las víctimas, sin presencia de partidos políticos.
“Los pibes de Monte, presente; la China Cuellar, presente; Ismael Sosa, presente; el Rafa Nahuel, presente; el Kiki Lezcano, presente; Marcos Sebastián Acuña, presente; los chicos de Pergamino, presente; Jorge Martín Gómez, presente; Diego Cagliero, presente…”, exclamaban los familiares de víctimas de la represión policial e institucional que encabezaron ayer la quinta Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil.
La enumeración de las víctimas parece interminable y es mucho más que nombres que se dicen y rostros que se evocan en las remeras y carteles de los familiares y amigos. Es la historia de miles de personas cuyas vidas quedaron truncas.
La marcha fue organizada por los propios familiares de las víctimas que prefieren evitar la intervención de partidos políticos. Convocaron a concentrar en el Congreso de la Nación a las 15 y, una vez pasadas las 16, empezaron a avanzar por Rivadavia hacia Plaza de Mayo arrastrando una larga bandera blanca que en grandes letras negras llevaba inscripto: “Contra el gatillo fácil. Basta de gatillo fácil. El Estado es responsable”.
Las marchas contra el gatillo fácil se iniciaron a partir del caso de Ismael Sosa, un joven de 24 años asesinado por la policía en un recital de La Renga, en 2015.
Los familiares estuvieron acompañados por distintas organizaciones sociales y políticas como La Poderosa, la Confederación de Trabajadores de la Economía popular (CTEP), Resistencia Popular, Movimiento 20 de Mayo, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), diversos centros de estudiantes, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora y la Red de Familiares de Víctimas del Sistema de Encierro.
En la quinta edición de estas marchas -que comenzaron a partir del caso de Ismael Sosa, un joven de 24 años asesinado por la policía en un recital de La Renga en 2015-, el pedido de justicia y la denuncia contra las políticas estatales que avalan el accionar represivo de las fuerzas de seguridad sigue vigente. Alfredo Cuellar, padre de Florencia La China Cuellar -asesinada en la cárcel de Ezeiza en 2012 por el Servicio Penitenciario Federal- y uno de los principales organizadores de la movilización, señaló a ANCCOM la particularidad de este año: “Hoy se suman 17 ciudades de 14 provincias a la misma hora y con el mismo objetivo: `Ni un pibe menos, ni una piba menos, ni una bala más´. Y agregó: “Unificar la lucha es muy importante porque creo que el dolor y la angustia lo tenemos que dejar de lado para convertirlo en un día de lucha. Tenemos que dar el primer paso para combatir la inseguridad que estamos viviendo. Estamos combatiendo contra un monstruo. Ojalá mis nietos puedan ver el cambio”.
Según la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) se contabilizaron 6.564 muertes a manos de fuerzas represivas desde la vuelta de la democracia hasta febrero de este año. Además, sostienen que durante la gestión del presidente Mauricio Macri el promedio de víctimas se elevó a un caso cada 21 horas.
“No queremos policía, no queremos represión, queremos para los pibes trabajo y educación”, gritaban los manifestantes.
A paso lento pero firme, avanzó la caravana coreando las principales consignas: “No queremos policía, no queremos represión, queremos para los pibes trabajo y educación”. En diálogo con ANCCOM, Nicolás Sansone, hermano de Danilo Sansone, el menor de 13 años, asesinado el 21 de mayo junto a tres amigos en San Miguel del Monte, dijo: “Hoy estamos pidiendo justicia por los pibes de Monte y por todos los pibes masacrados por la policía. No queremos que larguen a los policías porque pasa el tiempo. Los largan de a uno y no queremos que larguen a ninguno. Tienen que quedar presos de por vida”.
Finalmente, la movilización llegó al escenario montado en Plaza de Mayo, donde se leyó el documento principal en forma colectiva por distintos familiares de víctimas. Allí condenaron las políticas de Estado y la defensa del presidente Mauricio Macri y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich del asesino de Juan Pablo Kukok, el policía Luis Chocobar. “La impunidad que pretenden imponer hace que nosotros sigamos con las marchas en todo el país. El gatillo fácil es una forma de represión. Denunciamos al Estado represor y opresor del capitalismo burgués”, expresaron.
Luego, se le dio la palabra a cada uno de los familiares para que expongan sus casos. La primera oradora fue Adriana García, la mamá de Diego Cagliero, muerto el 19 de mayo de este año en una persecución policial. “Diego murió de un tiro en la espalda adentro de una camioneta. A partir de ese día nuestra familia no tiene vuelta atrás. Mi hijo ese día no tenía que morir. Mi hijo tiene que estar vivo”, afirmó Adriana.
Los familiares de las víctimas encabezaron la marcha y fueron los principales oradores del acto.
El momento más emotivo de la jornada fue cuando subieron al escenario los familiares de los cuatro jóvenes asesinados en San Miguel del Monte. “Camila tenía sólo 13 años, toda una vida por delante, hoy tendría que estar paseando en la laguna con su amigos, pero no puede porque la maldita policía decidió perseguirlos mientras paseaban en un 147 y aún no sabemos por qué”, expresó Yanina Zarzoso, mamá de Camila López.
Entre los últimos oradores estuvo el tío de Jorge Martín Gómez, quien murió tras ser pateado por un policía de la Ciudad de Buenos Aires la semana pasada. “Nosotros no tenemos un sobrino delincuente como quisieron decir para tapar este hecho. Y concluyó: “Jamás pensé estar en este lugar y ahora comprendo lo que se siente al perder así a un familiar querido”.
“Maximiliano Kosteki, presente; los pibes de Cromañón, presente; Mariano Ferreyra, presente; Santiago Maldonado, presente; Julio López, presente; los treinta mil compañeros desaparecidos, presente. Ahora y siempre”. Se escuchó al final.
Jul 11, 2019 | Entrevistas, Géneros
Después de Érica Borda, doce mujeres se anotaron en el Registro de Mujeres Aspirantes a Choferes de Colectivo.
Érica Borda logró ser chofer de la Línea 130 después de una batalla legal de ocho años. Finalmente, el Poder Judicial falló a su favor exigiéndole a la empresa que el 30 por ciento de su plantel sea femenino. También obligó al Gobierno nacional que tuvo que crear el primer Registro de Mujeres Aspirantes a Choferes de Colectivo (REMACC). Una historia de lucha -sobre ruedas- por la paridad de género.
Son las 12 del mediodía en la cabecera de Boulogne de la línea 130. Hay siete choferes terminando de almorzar en el comedor cuando entra Érica, que lleva la misma campera y camisa azul que sus compañeros.
– Pero mi camisa es más femenina, tiene pinzas- dice Érica que también tiene los ojos delineados con negro y usa un pañuelo rosa, aunque tiene el que le dio la empresa, con rombos celestes y verdes, guardado en la cartera.
Borda saluda a sus compañeros, uno por uno, mientras guardan sus tuppers y se van levantando. Érica toma una servilleta y empieza a juntar las migas que dejaron en las tres mesas del comedor. Los demás la miran. Hay un chofer que sigue sentado, pero cuando Érica limpia su mesa, se levanta y afirma entre risas:
– Esto es lo que les toca a las mujeres.
– ¡Qué hijo de puta!- dice alguien desde el fondo.
«No aceptar a las mujeres sería retrógrado», afirman los compañeros de trabajo de Érica Borda.
En un terreno en el que las mujeres fueron históricamente excluidas, Érica abrió camino. Y no es esta la primera vez. Ya había sido conductora de la línea 140 durante doce años hasta que la echaron sin motivos, en 2011. Entonces, buscó trabajo en otras líneas pero la respuesta era siempre la misma: “No tomamos mujeres”. Cansada de la discriminación, presentó junto a la Defensoría General de la Nación una acción de amparo contra el Estado Nacional y tres empresas de colectivos: Los Constituyentes SAT; Transportes Avenida Bernardo Ader S.A. y Transporte Escalada SAT.
Borda tenía dos pretensiones: la primera de naturaleza individual, reclamaba la protección del derecho subjetivo a obtener trabajo como chofer de colectivo; y la segunda, de dimensión colectiva, con el fin de que las empresas readecuaran sus políticas de selección y contratación de personal, de forma tal que cesaran con las prácticas discriminatorias hacia las mujeres. También, solicitó la anulación del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 460/73 de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), ya que no contempla a las mujeres como trabajadoras. En el texto se refiere a ellas como las esposas de los trabajadores o quienes alumbran a sus hijos o hijas.
– Inicié el proceso para las que venían, no para mí. No quería que otra mujer sufriera lo mismo que yo- explica Érica que tuvo que buscar otra profesión para mantener a sus cuatro hijos. Estudió enfermería y ejerció durante dos años.
– El trabajo de enfermera es diferente porque implica un esfuerzo físico y mental muy grande. Hay que atender al paciente y contener a la familia. Además, el sueldo de enfermera es casi la mitad que el de un colectivero.
Borda señala que los 15.000 pesos que cuesta el curso de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte es prohibitivo para una mujer.
La defensa de las empresas demandadas se estructuró sobre la base de que los hombres son quienes conducen porque han sido casi los únicos que se postularon para desempeñar esa tarea. Esta afirmación da cuenta de la desigualdad estructural que sufren las mujeres en un mercado laboral sesgado por estereotipos de género.
Recién en octubre de 2018, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dictó una sentencia definitiva que dio lugar al reclamo colectivo. Condenó a las tres empresas demandadas a que confeccionaran un Protocolo de Buenas Prácticas en la selección de personal y les exigió la contratación, en el futuro, de personal femenino hasta alcanzar el cupo del treinta por ciento. También, el Tribunal instó a los poderes Ejecutivo y Legislativo a que adopten medidas apropiadas para revertir la discriminación por género.
En línea con el mandato judicial, en enero de este año, el Gobierno nacional creó el Registro de Mujeres Aspirantes a Choferes de Colectivo (Remacc) para que las empresas lo consulten al momento de convocar a nuevo personal. Borda fue le primera inscripta y hoy ya son doce. Sin embargo, Érica advierte sobre el problema que tiene el Registro: “Para anotarte tenés que tener el curso de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) que sale alrededor de 15 mil pesos, más los tres mil de la licencia profesional. Antes del fallo, las mujeres no hacían el curso porque invertir 18 mil pesos era regalar la plata para un puesto de trabajo que no tenías. Y ahora, la mayoría de las mujeres que pueden inscribirse quedaron solas o tienen cargas de familia. ¿De dónde van a sacar 18 mil pesos?, se pregunta.
Por eso, aunque Borda ya cumplió su objetivo, sigue luchando para que se les pueda otorgar un subsidio a esas mujeres. También, se creó un listado alternativo para ellas que ya cuenta con 30 inscriptas.
– Mi deseo es que sea más natural ver a una mujer manejar el colectivo- confiesa Érica.
Para sus compañeros, que manejen hombres o mujeres es indistinto.
– No aceptar a las mujeres sería retrógrado- afirman.
– Yo sabía que me iban a recibir bien. No noté rechazo- asegura Érica.
– El tema es cuando se va, ahí sí le sacamos el cuero- agrega uno de los choferes y todos se ríen.
Para el delegado Ariel Martínez, las bromas y chicanas son “una forma de aceptación”. Sin embargo, Érica se encarga de dejar las cosas en claro:
– Yo no vine a ser conflictiva, pero voy a defender lo mío.
Y defender lo suyo también implica definirse como chofer o conductora, pero no colectivera:
– Dentro de este rubro decir colectivera es referirse a la acompañante, la “novia” del chofer. A mí no me ofende en realidad, pero prefiero aclararlo.
Desde que Érica se incorporó a la empresa, en abril, el único cambio que tuvieron que hacer los choferes fue en la forma de hablar.
– Ahora hay que tener más recaudo, pero es un lindo desafío que empiecen las mujeres acá- explica el chofer Martínez.
Ya hay otras tres mujeres en la Línea 130, una manejando y otras dos haciendo las prácticas.
Después de Érica, fue contratada Sabrina Gutiérrez y, actualmente, hay otras dos mujeres haciendo las prácticas. Los pasajeros ven la incorporación de las conductoras con buenos ojos. Explican que las mujeres frenan más suave y tienen más consideración. Según la Asociación Civil Luchemos por la Vida, las mujeres conducen en forma más segura que los hombres y se cuidan más (usan más el cinturón de seguridad y el casco). La tendencia de los varones a arriesgarse en las calles y rutas tiene como resultado que siete de cada diez víctimas de tránsito en el país sean hombres. Los datos demuestran la falsedad del dicho “mujer al volante peligro constante”.
– No sé si decir lo que dicen de los varones… – les comenta Érica a sus compañeros-. El otro día subieron acá, en Ader, dos mujeres y lo primero que dijeron fue: “Tenía que ser mujer para que arrimara al cordón”. Se ve que algunos no están bien vistos.
– Pero también estamos los buenos… yo estoy casado con una pasajera, así que tan mal no me porté- retrucó Martínez.
Ya son las 13, Érica tiene que partir. Pasa por el control, toma la planilla de los horarios y va al colectivo que comparte con el chofer de la mañana. Se abrocha el cinturón e inicia el recorrido.
– Me quiero comprar un parlantito porque si no tengo música me pongo a cantar sola. Es que con el tráfico te volvés loca- cuenta Érica riendo.
Ni bien sale de la terminal está la prueba de fuego: la curva de la Avenida Rolón.
El colectivo pasa con lo justo, pero Érica ya le agarró la mano.
– Hoy los colectivos tienen caja automática y sistema hidráulico. La única diferencia con un auto particular es la dimensión. Pensar que el cuerpo de la mujer no está preparado para manejar colectivos es quedarse en el tiempo.
Unas paradas más adelante sube una señora mayor.
– A Munro- dice y apoya la tarjeta Sube en la máquina. Cuando está por pasar al fondo se detiene y le dice a Érica con una sonrisa:
– Nunca vi a una mujer chofer, la felicito.
– Ahora nos va a ver un poquito más- retruca Érica.
Es un día tranquilo, no hay tráfico. Érica va dos minutos adelantada. Si llega a la terminal de La Boca con esa anticipación serían dos días de suspensión.
– No pasa nada, ya nos va a agarrar un semáforo o una parada con mucha gente y compensa.
En la parada neurálgica de Retiro hay una fila larguísima.
– ¡Cuidado la puerta por favor!- dice Borda y sigue.
Después de dos horas, llega a La Boca bien de tiempo. Tiene diez minutos para descansar. Come un sándwich, toma un vaso de gaseosa y arranca. A lo largo del día, dará dos vueltas completas, algo así como ocho horas y media.
– Ahora hay más tráfico, en un rato empiezo a cantar- comenta Érica.
En la siguiente parada sube una mujer que la mira sorprendida.
– Es la primera vez que tomo el 130 y hay una mujer, ¡bienvenida!- le dice tomándola del brazo.
Y Érica vuelve a responder:
– Ahora nos va a ver un poquito más.
May 9, 2019 | Géneros, Novedades
Graduadas y estudiantes organizadoras sostienen la placa «Sección transfeminista Lucía Perez».
“Es bastante increíble haberlo logrado. Nos emociona un montón”, dicen las creadoras del proyecto al ver el salón de actos lleno de estudiantes. La primera biblioteca transfeminista es hoy una realidad en la prestigiosa Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini.
La idea surgió el año pasado con un grupo de WhatsApp formado por cuatro egresadas de la promoción 2008. “Todos los días se sumaban más compañeras y terminamos siendo 60”, cuenta una de ellas. En un primer momento, apenas buscaban organizarse para que la plata recaudada en la celebración por los 10 años de egresados fuera destinada a algo concreto. “No se sabe bien qué pasa con la recaudación de esos eventos. La plata queda en una caja, pero se devalúa. Hay una cuestión de ineficiencia”, agregan.
Al principio tenían distintas propuestas, pero finalmente optaron por el armado de una sección transfeminista en la biblioteca del colegio. La idea responde al cambio de paradigma a partir de los debates por la legalización del aborto y las marchas del Ni Una Menos. También, escucharon a las nuevas camadas de egresadas que pusieron palabras donde antes hubo silencio.
“Hace 10 años la violencia de género había sido invisibilizada por nosotras mismas porque no teníamos categorías para explicar lo que nos pasaba. No lo vivíamos como algo colectivo sino individual”, dicen las graduadas. Por eso, pensaron en una biblioteca para que “haya libros que pasen de mano en mano y lleven a descubrirse, preguntarse y organizarse para salir a las calles todas las veces que sea necesario en defensa de nuestros derechos”.
De la propuesta inicial de la biblioteca -en aquel evento de los 10 años- a la inauguración el viernes pasado, el camino no fue fácil. “Las autoridades minimizaron la biblioteca. Les costó pensar que fuera algo probable”, cuenta Eugenia Marino, secretaria general del Centro de Estudiantes. Gracias a la militancia de las alumnas y al trabajo en conjunto con las graduadas se pudo avanzar en la gestión. “Es emocionante que gente que se fue del colegio hace 10 años traiga este proyecto. Nunca pasó”, afirma Marino.
Luciana Peker, Lara Bertolini, Eleonor Faur y graduadas en la inauguración.
Con el dinero recaudado, el Pellegrini compró 20 libros, pero se logró duplicar la cifra con donaciones de autoras, organizaciones y referentes feministas. Todas las decisiones se debatieron con las estudiantes, desde el nombre de la biblioteca hasta qué libros comprar. Se eligió llamarla Lucía Pérez en honor a la joven de 16 años violada, empalada y asesinada en octubre de 2017 en la ciudad de Mar del Plata. Para las graduadas, el caso fue tratado mediática y jurídicamente desde un lugar en el que se bastardeaba a la adolescente y se la responsabilizaba por ser rebelde. Por eso, consideran importante que la biblioteca lleve su nombre para visibilizar la lucha contra la violencia machista. “La elección tiene todo el sentido del mundo -dice Marino- queremos que el femicidio tan terrible que sufrió una piba de nuestra edad esté presente con nosotras cada vez que agarremos un libro”.
En cuanto al uso de la categoría transfeminista, una de las graduadas, Albertina Neumark, explica: “Buscamos incluir a otros y a disidencias, a todo aquel que se pueda sentir interpelado. Queremos que el proyecto sea lo más amplio posible y dinamice vínculos con autores y textos. También, otro objetivo es contribuir a la implementación transversal de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI). Y una biblioteca transfeminista fue lo que se nos ocurrió para que eso sucediera”.
A comienzos de este año, la escuela lanzó un aviso institucional para anunciar la inauguración de la biblioteca. “Escribieron ‘los graduados’ en vez de utilizar el lenguaje inclusivo -relatan las egresadas con enojo- Y nosotras queríamos hacer otra cosa: una apertura con referentas feministas y las pibas para representar el vínculo con las estudiantes”.
La rectora, Ana Barral, terminó dando marcha atrás y la inauguración finalmente fue el viernes pasado. Hubo actividades con entrada libre y gratuita desde las 10:30 hasta las 21. Los estudiantes que estaban en clase pudieron asistir con la autorización de la Rectora.
La jornada arrancó con la presentación de los libros Gorda vanidosa y La marea sindical, con la presencia de sus respectivas autoras, Lux Moreno y Tali Goldman. Al mediodía, hubo un conversatorio sobre fútbol feminista, disidente y antipatriarcal que contó con la presencia de Macarena Sánchez, la primera futbolista en firmar un contrato profesional en el país, y otras referentes como Mónica Santino, Anuka Fernández Fuks, Sofía Rodríguez Pugia y Micaela Cannataro.
Por la tarde tuvo lugar una charla con Suzy Qiú y Agustina Paz Frontera, las creadoras de Caja de herramientas, la serie web de educación feminista producida por la Universidad General Sarmiento en alianza con la Universidad de José C. Paz.
La última actividad del día estuvo a cargo del panel central titulado La revolución de las hijas y la construcción de identidades, en alusión al libro de la periodista Luciana Peker, quien estuvo presente junto con la activista travesti, Lara Bertolini, la investigadora Eleonor Faur y Emilia Viacava, una ex alumna del colegio Nacional Buenos Aires que en abril de este año denunció por abuso a un coordinador de viajes de estudio.
Las organizadoras recalcaron la predisposición de todas las invitadas para colaborar gratuitamente: “Tiene que ver con la impronta feminista. Las mujeres hacemos trabajos no reconocidos pero que también son valiosos.”
La inauguración fue un éxito y los estudiantes participaron ampliando el debate. Tal es el caso de una alumna que pidió la palabra para explicar la necesidad de la aplicación transversal de la ESI: “Toda la educación sexual que tenemos se reduce a ponerle un preservativo a una zanahoria en primer año. Hasta en el Pelle, que es tildado de progre, falta la ESI. Les alumnes exigimos a la institución más información. Hoy el Pelle está muy atravesado por el feminismo, pero eso no pasa en todo el país. Hay chiques de otros colegios que se sorprenden cuando ven todo lo que logramos.”
La jornada terminó con un pañuelazo en el salón de actos y una clara afirmación: “Hoy ya no estamos ni nos sentimos solas. Hablamos porque otras y otres hablaron. Hablamos para que otras y otres hablen. Nos estamos pasando la posta, y no vamos a parar. En el Pelle y en todos lados, ¡No nos callamos más!”.
Abr 30, 2019 | DDHH, Novedades
La identificación permanente y en tiempo real de cualquier persona que pase delante de una cámara dejó de ser ciencia ficción. El jueves pasado entró en vigencia en la Ciudad de Buenos Aires el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) que procesa las imágenes en forma rotativa de 300 de las 7.000 cámaras que hay en la vía pública y las estaciones de subtes.
El funcionamiento del software de inteligencia artificial consiste en cotejar el rostro filmado con la base de datos a nivel nacional de las personas con pedido de captura. Si hay coincidencia aparece una alerta en el centro de monitoreo y se pone en acción el operativo policial. Para obtener las imágenes de los prófugos se firmó un convenio con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).
Según el vicejefe de Gobierno porteño y ministro de Seguridad, Diego Santilli, en las primeras dos horas y media de implementado el sistema se detuvieron a diez personas y aseguró que «es sólo para aquellas personas que están buscadas por la Justicia. Nadie va a querer que haya 30.000 personas con pedido de captura y no las podamos agarrar. En febrero agarramos a un tipo que tenía 10 años de condena por secuestrar personas. Lo que quiere la sociedad es que los agarremos”.
Sin embargo, el software debe observar a toda la población para detectar a los prófugos. Para la presidenta de la Fundación Vía Libre y especialista en temas de derechos humanos en entornos tecnológicos, Beatriz Busaniche, el sistema avanza directamente sobre la privacidad y la presunción de inocencia de las personas: “Todos estamos siendo monitoreados permanentemente en búsqueda de criminales, pero somos inocentes. Si nos pidieran permanentemente el DNI en la calle lo veríamos con malos ojos, como un estado autoritario. También, entra en riesgo el derecho de reunión y de libre circulación. Todas las acciones del espacio público podrían verse de alguna forma desincentivadas, como la movilización en una protesta callejera”.
Aunque el SRFP comenzó el jueves último, hace cuatro meses que se están realizando pruebas con el objetivo de perfeccionar el software. “Estas tecnologías tienen alto grado de inmadurez y fallan. Cuando se implementó en Gales, en un partido de la Champions League, hubo un 90% de falsos positivos”, explica Busaniche.
Cuando empezaron las primeras pruebas en enero, sin anuncios oficiales, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires inició una actuación administrativa pidiendo informes al Gobierno, a Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) y a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). “No tuvimos respuestas más que de SBASE y CNRT. Dijeron que no estaban al tanto de la medida”, contó a ANCCOM María Julia Giorgelli, subcoordinadora del Centro de Protección de Datos Personales de la Defensoría.
“En la última Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y Comisionados de Privacidad se alertó que el tratamiento de datos biométricos mediante sistemas de inteligencia artificial tiene que ser permanentemente auditado y se debe informar a todos los sujetos involucrados cómo se realiza. Hay en juego libertades individuales, no puede ser que uno no sepa cómo se manejan esos datos. El derecho a la información es uno de los primeros problemas que tenemos acá”, agregó Giorgelli.
Por otra parte, la Defensoría se pregunta por qué el SRFP no ha pasado por la Legislatura porteña cuando el artículo 80 de la Constitución de la Ciudad dice que le corresponde a ese órgano disponer en materia de seguridad pública. En esta misma línea, el bloque Unidad Ciudadana presentó un pedido de informe al Poder Ejecutivo solicitando detalles sobre la licitación de compra del sistema, las características técnicas, el área del Ministerio de Seguridad que será la encargada del funcionamiento y qué medidas se adoptarán para asegurar el derecho a la privacidad de los ciudadanos. No obstante, en la sesión parlamentaria del 11 de abril la solicitud fue rechazada y regresó a la Comisión de Seguridad. La legisladora de Unión Ciudadana, Victoria Montenegro, expresó que esto es un problema porque “en lo que va del año, la Comisión nunca se reunió”.
“Estamos muy preocupados, parecen temas menores pero estamos hablando de nuestra seguridad. El índice de delitos en la ciudad aumentó y la cuestión no es la fuerza de seguridad, sino la política. Los objetivos no están claros. Hay más policías, más presupuesto y más tecnología, pero también más delitos”, concluyó Montenegro. Habrá que esperar para saber si viviendo permanentemente monitoreados se tiene una ciudad segura.
Abr 10, 2019 | Novedades, Trabajo
Los 450 despedidos llenaron de colchones la sede de Palermo Soho.
Entre los bares y restaurantes de Palermo Soho, en Gurruchaga al 1776, se encuentra la base de PedidosYa, la sede logística de la compañía online de envíos de comida, ocupada desde el 26 de febrero por sus trabajadores que denuncian el despido de 450 empleados. El cartel de la fachada ahora dice “despidos ya” y, en la vereda, hay un grupo de repartidores sentados en las sillas de plástico de la empresa. A un costado, tienen una garrafa con mechero para cocinar. Luna, trabajadora despedida, revuelve el guiso en una olla y les sirve en bandejitas descartables a dos vecinos en situación de calle. Las ollas populares se organizan todos los días.
“La decisión de la toma fue súper espontánea -dice Luna-. Estábamos todos concentrados en la calle porque nos habían despedido y no sabíamos por qué. Nos bloquearon en la aplicación sin notificación previa. Pedíamos que saliera a hablar un coordinador, y nada. Estaban las puertas cerradas, pero un venezolano logró entrar y con él entramos todos. Hicimos una asamblea y dijimos: ´Nos quedamos acá hasta que nos den una respuesta´. Entonces, los dos coordinadores desaparecieron por la escalerita de la terraza.”
La respuesta nunca llegó y lo que empezó como un acampe se convirtió en una ocupación pacífica que ya lleva más de un mes. Hubo tres conciliaciones fracasadas y la posibilidad de desalojo está latente. “A veces vienen de la fiscalía y todas las noches aparece un patrullero que se queda un rato en la puerta”, cuenta Néstor, repartidor despedido y bombero voluntario que sigue vistiendo la chomba y campera rojas de PedidosYa.
Los trabajadores despedidos denuncian precarización laboral y el abuso ante las necesidades laborales de los inmigrantes.
La empresa, nacida en Uruguay hace diez años y vendida en 2014 a la compañía alemana Delivery Hero, dejó un guardia privado al cuidado de los bienes de la sede que se mantiene casi intacta. Permanece la extensa fila de estanterías con las grandes mochilas rojas y cuadradas que se usaban para hacer los envíos. Hoy, los que continúan trabajando en PedidosYa son los monotributistas que alquilan la mochila y se la llevan a sus casas. En las paredes siguen pegados carteles con instrucciones: “Toda persona que se lleve la bicicleta con la numeración que no le corresponde va ser amonestada”, advierte un letrero. La gran diferencia con un mes atrás es que ahora, en el piso, hay varios colchones desparramados y los repartidores pueden usar el baño y las duchas. Antes, eran de uso exclusivo para los coordinadores.
Los trabajadores nucleados en la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios (A.Si.M.M) consideran que la fecha elegida para el despido masivo no fue aleatoria, sino que tuvo lugar 48 horas antes de la primera votación de delegados. También, denuncian que el objetivo es reemplazar a los trabajadores en blanco por monotributistas, ya que la compañía no se declaró en quiebra.
“Se aprovechan de los extranjeros para esclavizarlos”, explica Josué, inmigrante venezolano y repartidor despedido sin causa. No cobró indemnización, ni aguinaldo, ni vacaciones. “La empresa no pone plata, eso es lo terrible. Tienen un sistema en el que el envío sale 55 pesos, de los cuales 40 los paga el cliente y 15 el restaurante”, dice Luna.
Los despedidos subsisten vendiendo alfajores caseros y alimentándose de ollas populares.
Por su parte, la compañía -que opera en nueve países de Latinoamérica- emitió un comunicado oficial refiriéndose: “Con el objetivo de mejorar la calidad de su servicio, el 25 de febrero de 2019, PedidosYa realizó una reestructuración que conllevó la desvinculación de 401 puestos de trabajo debido al incumplimiento de las tareas de ciertos repartidores y, además, una adecuación a los flujos de demanda de pedidos en la Ciudad de Buenos Aires”. También, la compañía argumenta que está en competencia desleal porque las otras dos aplicaciones de envíos más importantes del país, Rappi y Glovo, no tienen trabajadores en relación de dependencia.
Regular las plataformas virtuales para evitar la precarización de sus trabajadores parece impostergable. Estas empresas impulsan un nuevo modelo llamado economía colaborativa que consiste en conectar al cliente con el vendedor a través de una aplicación. Pero, en el medio, están los trabajadores que son atraídos por el eslogan “sé tu propio jefe” cuando, en realidad, hay una relación de dependencia encubierta. Según el artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo se trata de una situación de fraude laboral, ya que los repartidores monotributistas ofrecen una prestación continua bajo la dirección del empleador, cumplen horarios y pueden ser sancionados o despedidos.
“Sos tu propio explotador más que tu propio jefe”, coinciden los trabajadores y amplían: “En PedidosYa, si tardás más de 20 minutos en llevar el desayuno no cobrás. Hay que pedalear, y lo más rápido posible”.
El crecimiento de las aplicaciones de envíos se debe a la evolución tecnológica y a la demanda de la gente que quiere cumplir el sueño de comprar cualquier cosa sin moverse de su casa. Sin embargo, también se nutre del desempleo; la necesidad de los inmigrantes; la insuficiente regulación estatal; la falta de infraestructura de transporte público; y el caos del tránsito.
“La empresa te dice ´sos mi socio´”, pero después uno está todo el día pedaleando en la calle solo, con una aplicación que te rompe la cabeza y el cliente ni te saluda. No sos nadie en la calle. Corrés riesgos de tener un accidente, de que te roben, o que te puteen”, expone Luna y añade: “El desgaste físico es tremendo. Pedaleás más que un atleta olímpico y tenés que lidiar con la calle”.
Para sostener la toma, los empleados implementaron distintas medidas, como crear una comisión interna de trabajadores despedidos que se reúne tres veces por semana. Además, venden empanadas y alfajorcitos de maicena hechos por ellos y ofrecen el servicio de reparación de bicicletas.
Por otro lado, buscan que los clientes tomen conciencia. Por eso, hicieron volanteadas por el barrio y realizaron tres intervenciones a restaurantes. Estas consisten en solicitar el bloqueo del posnet de PedidosYa por 30 minutos. “Si el gerente del restaurante no se solidariza, tratamos de convencer a los cadetes para que paren. Es difícil, porque los chicos necesitan la plata para comer o tienen miedo que los pongan en pausa”, detalla Néstor.
Estar pausado es la peor sanción para el repartidor. En un principio, las pausas las pedía el trabajador cuando, por ejemplo, necesitaba arreglar la cadena de la bicicleta. Pero después, la aplicación empezó a otorgar pausas de media hora aleatoriamente. Otro de los cambios fue que los repartidores dejaron de trabajar con horarios y zonas definidas. Tampoco sabían cuánto iban a cobrar a fin de mes. “Yo trabajaba ocho horas con mi bici y cobraba 16.000 pesos por mes. Pero sin motivos un mes me descontaron 3.000”, precisa Luna.
Frente a esas irregularidades, los trabajadores intentaron reclamar, pero fue imposible. Por teléfono hablaban con una operadora automática y en la sede ningún coordinador los atendía. Como los reclamos crecían, la empresa elaboró un sistema de turnos a largo plazo que no resolvía las necesidades inmediatas de los repartidores.
Ahora, los trabajadores esperan que se dicte la conciliación obligatoria y denuncian que se está empleando una estrategia dilatoria: “La empresa piensa que nos vamos a desgastar, pero nos ayudan a organizarnos cada vez más.”
Luchan por tres objetivos: la reincorporación de los despedidos, el aumento salarial que estipula la paritaria y el blanqueo de los monotributistas. Mientras la aplicación sigue anunciado “hacé tu pedido”, el conflicto en la base de Palermo Soho continúa.
