Ago 4, 2020 | Novedades, Trabajo
El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MoCaSE) celebra, este martes 4 de agosto, su 30° aniversario: tres décadas de organización, de resistencia por las tierras que les pertenecen y de recuperación cultural e histórica, cosechando en el camino los derechos desde siempre negados. “El MoCaSE nació a raíz de los problemas de tierras, las detenciones, las represiones que eran cada vez más alevosas, en las que la misma policía actuaba de esa forma para favorecer al empresariado. Ante la impunidad que había, nos organizamos”, afirma Deolinda Carrizo, autoproclamada campesina e indígena, que para aquel entonces era tan sólo una niña. Con evidentes logros a celebrar, reclamos históricos aún sin saldar y amenazas que, aún con el mundo paralizado, acechan a las familias, este aniversario encuentra a campesinos y campesinas, pueblos indígenas y pescadores artesanales aunando sus fuerzas para que la salida de la crisis sea apostando por la soberanía alimentaria y una reforma agraria integral y popular.
Santiago del Estero es una de las tres provincias con los índices de pobreza más altos del territorio argentino. De los casi 912 mil habitantes, la población campesina es cercana al 40 por ciento y son numerosas las poblaciones originarias que habitan en la provincia: Tonocoté, Vilela, Lule-vilela, Guaycurú, Sanavirón y Quechua. Los paisajes que se pintan en cada punto del territorio distan enormemente unos de otros. En la profundidad del monte adentro, los árboles centenarios, altísimos, son las huellas de una cultura gestada desde las raíces mismas de la historia americana, talada y vuelta a crecer, una y otra vez.
Las vistas de los viejos gauchos criollos hoy en día son sólo accesibles, como tantas otras verdades y saberes, a través del relato. Si bien la flora, la fauna y el desarrollo de la vida humana en todas sus dimensiones ha sido desdibujada durante largos siglos, en los últimos 35 años los desmontes, talas y deforestaciones, especialmente para el cultivo industrial de soja transgénica, ha cambiado dramáticamente la biodiversidad y el ecosistema rural, provocando una incipiente desertificación, el empobrecimiento de la vegetación, y produciendo el vertiginoso despoblamiento de los montes.
La aplicación de políticas neoliberales durante la década del noventa y el rol cada vez más influyente del agronegocio en la economía nacional, sumado a las fuertes crisis vivenciadas en aquellos años, tuvieron consecuencias críticas en las condiciones de vida del campesinado santiagueño. Las innovaciones tecnológicas y el desarrollo de la agroindustria fueron haciendo posibles los avances de las empresas transnacionales sobre las tierras nacionales que día a día aumentaban su valor y cuyas ganancias eran usurpadas todas por las empresas.
Aquellos caminos ásperos que penetraban los montes -algunos, de hecho, imposibles de transitar- empezaron a ver llegar las inversiones en mejoramiento que durante años el campesinado supo reclamar: lejos de ser en su beneficio, las pasarelas eran montadas para que un sinfín de topadoras desfilaran por los caminos de los territorios con la orden de desmontar para luego plantar soja. Es en los lazos que se entretejieron resistiendo a tales embates es que surge el MoCaSE.
Hoy Deolinda Carrizo es una de las referentes del Movimiento. “El objetivo era ser la voz del campesino y las campesinas, ser el instrumento o la herramienta con la cual presentarse ante las autoridades de la provincia o de lo que fuera para dialogar sobre la cuestión en conflicto –recuerda-. Cuando nos empezamos a organizar vimos que había otros procesos tanto a nivel nacional como en Latinoamérica. En 1997 nos incorporamos a la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC), que es el rostro de la Vía Campesina en América Latina y el Caribe”. Desde allí, dan fuerza a sus históricas banderas de lucha: la Soberanía Alimentaria y la Reforma Agraria, mamadas desde los inicios y construidas día a día en un proceso consciente de recuperación identitaria.
“Cuando hablamos de Reforma Agraria no nos referimos a la clásica, sino a una integral y popular, concebida desde la práctica misma de los pueblos campesinos, indígenas y pescadores artesanales, que ha ido tomando cada vez más fuerza” asegura la referente y agrega: “Hablamos de una vuelta al campo, de ese proceso político de retorno a la tierra para generar una matriz productiva de alimentos variados, sanos y accesibles para los pueblos y cuidando la madre tierra. La vuelta al campo es fundamental para garantizar la soberanía alimentaria: su corazón late con las semillas nativas, criollas, en mano de los pueblos”.
“Venimos trabajando en la propuesta de Soberanía Alimentaria, en respuesta a las políticas neoliberales que los organismos internacionales como la Organización Mundial del Comercio (OMC), Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional (FMI) y transnacionales, y a su término de seguridad alimentaria que promovían con la revolución verde, imponiendo la explotación de la tierra, a través de monocultivos y agrotóxicos en manos de transnacionales como Syngenta, Bayer-Monsanto, Dupont y otras. La Soberanía Alimentaria es hoy una estrategia reconocida en la FAO para terminar con el hambre en el mundo”, redactan desde el Movimiento en una carta recientemente publicada a partir de lo acontecido con la cerealera Vicentin. Deolinda Carrizo afirma que esto último “ha abonado más la discusión que ya se viene dando desde diferentes espacios. Ha habido una madurez social en cuanto a la discusión de la soberanía alimentaria”.
Red de radios
Además de la ardua lucha por sus tierras, su identidad y su memoria, como fruto de su proyecto político y su militancia han concretado enormes proyectos -que también suponen la conquista de derechos arrancados- como una universidad propia, una escuela agroecológica, la gestión de seis radios, congresos multitudinarios y pasantías con estudiantes de distintas universidades.
Ernesto Lamas, comunicador, docente y uno de los fundadores de FM La Tribu, dialoga con ANCCOM acerca de la experiencia que supuso la creación de la red de radios del MoCaSE, de la cual fueron parte desde el colectivo de la radio porteña. “Ellos se habían planteado como un desafío el tema de la comunicación: contar con medios propios. Las pocas veces que aparecían en medios siempre era o con una nota que los estigmatizaba o con temas de violencia en los que los hacían aparecer como usurpadores de tierra. Tenían muy poco espacio en medios de comunicación provincial, ni que hablar en los nacionales”.
Guiados por el deseo y la necesidad de alzar sus voces históricamente silenciadas, empezaron a trabajar en conjunto para FM del Monte, la primera radio del movimiento, situada en Quimilí. La primera emisión fue en 2003; durante los años subsiguientes se pusieron al aire cinco radios más. “La red de radios es un gran ejemplo de cómo el ejercicio del derecho humano a la comunicación se pone en práctica –afirma Lamas-. Esa idea de que todos pueden recibir, buscar y difundir información en este caso se llevó a la práctica, incluso antes de la vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”.
Sin dudas exclamar y denunciar al aire lo que muchos prefieren mantener en los márgenes y pelear un lugar dentro de un ecosistema de medios fuertemente concentrado requiere una enorme persistencia y valentía. En este sentido, el comunicador entiende que “el hecho de que las radios comunitarias hayan sobrevivido a estos cuatro años de vaciamiento del Estado y de políticas públicas de desguace de la ley, demuestra la capacidad, la resistencia y la legitimidad que tienen como medios. Yo creo que son una expresión clara de la necesidad y el derecho que tienen las comunidades a tener una voz propia que visibilice otras agendas y también son una demostración de por qué es importante que el Estado garantice en parte su funcionamiento, porque está demostrado que la concentración de medios es achicar la democracia”.
Educación popular y formación política
En consonancia con esta necesidad de reivindicar las raíces campesinas e indígenas surgen los espacios formativos del MoCaSE, desde los cuales se busca recuperar desde la educación la experiencia y la memoria ancestral que se va perdiendo por el desarraigo producido en el bombardeo cultural actual. Inspirados en las enseñanzas de los viejos sabios del monte, como Raymundo Gómez y Tito Ravelo -dos íconos de las comunidades santiagueñas-, desde el Movimiento entienden que el pensamiento y el saber es un arma peligrosa para los intereses capitalistas.
En agosto de 2007 se inició en Quimilí la Escuela de Agroecología, donde se promueve la construcción de saberes horizontales, en un constante intercambio entre el campo y la ciudad, pero revalorizando los conocimientos propios, desde antaño deslegitimados. “Es una escuela con sistema de alternancia: una semana estamos en la escuela, las otras tres semanas en las comunidades campesinas, desde donde se debe acompañar el proceso escolar de los y las estudiantes”, cuenta Carrizo. Rompiendo con las bases y condiciones de la educación bancaria, en la escuela de Quimilí se aprende y lleva a la práctica la apicultura, la producción animal, carpintería, huerta, hilados y tejidos, energías renovables, entre otros saberes.
“Además, hicimos un relevamiento y nos encontramos con que muchos jóvenes tenían ganas de estudiar si tuvieran la oportunidad. Muchos de los chicos que terminaban la escuela no se iban a estudiar porque era inaccesible para la mayoría”. Se inauguró en agosto de 2013 la Universidad Campesina “Suri” (Sistemas Universitarios Rurales Indocampesinos), espacio de constitución y fortalecimiento del campesinado como sujeto político, económico y cultural. Entre otras tecnicaturas ya en ejercicio, en julio del corriente año dieron inicio, junto al Instituto de Estudios Psicosociales de Córdoba «Dr. Enrique Pichón Riviere», a la Escuela de Psicología Social y Popular de la Universidad Campesina Suri.
En esta búsqueda de posicionamiento y legitimación como Movimiento de Campesinos y Campesinas, la referente afirma que “nosotras nos definimos feministas, entendiendo que no se trata de un solo feminismo: consideramos que así como hay una diversidad de pueblos y culturas, también hay de feminismos. En la lucha por la tierra siempre hemos estado presentes, desde las más viejas a las más jóvenes. Y presentes no de sólo de escucha, sino haciendo las carpas, las ollas, lo que se tenga que hacer en el marco de la resistencia y la lucha campesina. Somos feministas campesinas, populares y comunitarias porque nos encontramos junto con otras mujeres en una lucha común contra el patriarcado, contra el capitalismo y el agronegocio”.
En un contexto en el que el medio ambiente y la salud intiman a la sociedad entera a aplicar cambios drásticos y urgentes, las premisas históricamente anunciadas -mucho antes de que la “onda verde” se ponga de moda- retumban con fuerza desde monte adentro. Se trata de “volver al campo. Volver al reencuentro con semillas y sistemas productivos comunitarios, agroecológicos que garanticen la salud de la población, el intercambio de conocimientos, saberes, genética, descomprimir las grandes ciudades, terminar con el hambre, la pobreza, las desigualdades sociales y de género, construir un país más justo. Ojalá -concluye Carrizo- se de una política de vuelta al campo, para fortalecer el arraigo y caminar hacia el horizonte de la soberanía alimentaria”.
En los recuerdos de Don Tito, el brujo del monte, se recupera siempre a un ser mítico de la cultura gauchesca: Sacháyoj, “el Señor del Bosque”, quien cuida y vela por cada uno de los elementos de la Madre Tierra. Es una representación de la naturaleza del Gran Chaco: quien lo respeta obtiene beneficios, quien no lo hace luego sufre las consecuencias. Inspirados en el Sacháyoj, durante estos últimos 30 años las y los campesinos organizados en el MoCaSE han sido –y son- los guardianes terrenales de lo más sagrado frente a las amenazas constantes de las topadoras inanimadas. El devenir de los acontecimientos devela, una vez más, la importancia radical de su resistencia.
Jul 15, 2020 | Comunidad, Novedades
Las premisas que Arturo Jauretche denominaba ‘zonceras argentinas’, históricamente avaladas y convertidas en irrefutables, han posibilitado que extraños intereses conduzcan el destino del país, sus recursos y riquezas. El contexto que se configura a partir de la pandemia deja al desnudo las más dramáticas y paradójicas consecuencias que de allí derivan. El paso del coronavirus por los barrios populares evidenció las condiciones de extrema criticidad en la que viven casi un millón de familias en un país altamente rico en tierras, recursos y mano de obra. Ana Pastor, trabajadora social, vicepresidenta de la organización social Madre Tierra y representante de América Latina en la Coalición Internacional del Hábitat y Jaime Sorín, Decano de Arquitectura en la Universidad de Avellaneda, arquitecto, docente e investigador analizan la situación habitacional de la Argentina, una deuda histórica en materia de derechos.
“La pandemia devela la enorme desigualdad socio-territorial que tenemos en nuestras sociedades –afirma Pastor-. Hay dos recomendaciones fundamentales que se dan en este tiempo: quédate en casa y lávate las manos. Es evidente que estas cuestiones mínimas son condiciones que muchas personas de las villas y asentamientos no pueden cumplir”. Según el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), en Argentina hay un total de 4.461 villas y asentamientos, donde viven aproximadamente cuatro millones de personas. Los datos respecto a los servicios básicos e infraestructura son allí desalentadores: el 93,8% no cuenta con acceso al agua, el 98,8% no accede a la red cloacal, el 98,4% no está conectado a la red formal de gas, y el 70,6% no tiene energía eléctrica formal. En el país, el déficit habitacional afecta a 3,8 millones de hogares, de los cuales 1,6 millones necesitan una nueva vivienda y 2,2 millones precisan refacciones para poder alcanzar el umbral mínimo de la casa digna.
En este escenario, el programa Argentina Construye, del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, se propone como una respuesta inicial a estos déficits. Se planificaron viviendas nuevas, refacciones y microcréditos y se prevé la generación de miles de puestos de trabajo. Es incipiente y los resultados se verán sobre la marcha. Vivir con los derechos de acceso al hábitat digno vulnerados trae aparejado un sinfín de problemas ligados en gran medida a la salud, por lo que, para gran parte de los barrios más postergados, la emergencia sanitaria que hoy atraviesa al país entero es una problemática constante. Lo acontecido en Villa Azul, Buenos Aires, grafica esta desigualdad: “Han sido más las víctimas en la parte no urbanizada (Quilmes) que en la urbanizada (Avellaneda) –destaca Pastor-. De ahí sacamos dos saldos: la importancia de entender cuánto más saludable es un barrio que está urbanizado y la importancia de un Estado presente”.
Al respecto, Sorín agrega que “el Estado -y no así el mercado- es fundamental si se quiere tener una política de vivienda que abarque a todos los sectores y, si no actúa, de alguna manera lo que está haciendo es posibilitar esa desigualdad estructural”. En este sentido, Pastor sostiene que “el neoliberalismo lo que ha instaurado es que el apoyo del Estado se riega por arriba, es decir, se riega a las grandes empresas que son las que supuestamente van a desparramar trabajo: ya estamos viendo que mucho no derraman. Si los patrones logran segundas y terceras viviendas, ociosas, y sus empleados no tienen ni lo mínimo para lograr un techo seguro donde vivir, evidentemente algo se está haciendo mal”.
El 93,8% de las personas que viven en villas y asentamientos no cuenta con acceso al agua, el 98,8% no accede a la red cloacal, el 98,4% no está conectado a la red formal de gas, y el 70,6% no tiene energía eléctrica formal.
Trabajo y vivienda
El déficit habitacional ha sido y es el correlato directo de la desigualdad social y estructural de nuestro país y de la región. En Argentina, los barrios de emergencia comenzaron a surgir a mediados del siglo XX y, a lo largo de los últimos 40 años, han crecido y empeorado a la par de las sucesivas crisis económicas. Tras una década de una fuerte -aunque insuficiente- iniciativa en materia de hábitat, enmarcada en un contexto económico más favorable para los sectores populares; el aumento de la pobreza y la indigencia durante el gobierno de Mauricio Macri tuvo su duro impacto en la situación habitacional.
“Detrás de esto está la cuestión de por qué en un país tan grande y con tan poca población para el territorio no hemos podido garantizar nunca que toda persona que pise suelo argentino tenga un lugar mínimo pero adecuado donde vivir –sostiene Pastor-. Y esto tiene que ver con el tipo de normativa que nos hemos dado para vivir en sociedad, en la que prima el derecho a la propiedad absoluta por sobre la función social de la propiedad”. Cavando más profundo, no se trata sólo de un problema de acceso a la vivienda sino también de acceso al suelo urbano. “Si nosotros entendemos que el suelo es un bien de cambio y aceptamos eso con naturalidad, siempre va a quedar una mayoría cayéndose del mapa y una muy minoría con mucho territorio”, agrega.
En este sentido, Sorín entiende que a esta problemática se la empieza a atacar equilibrando con políticas fiscales que sean equitativas: “Esto no significa de ninguna manera que hay que sacarle al que tenga más, sino que, una vez establecido un piso de propiedad privada, hay que empezar a cobrar impuestos para aquel que utiliza la vivienda o el suelo como si fuera una caja de seguridad”.
Por otro lado, otra de las razones tiene que ver con la falta de comprensión cabal de cuáles son los componentes que pesan en la realidad de quienes habitan los barrios. La cuestión habitacional no refiere únicamente al aspecto material o de infraestructura de las viviendas, sino que apunta al acceso a todos los derechos, empezando por el trabajo. De allí la necesidad de pensar la acción pública de manera tal que incorpore componentes de vivienda y trabajo y no reducirla sólo a construcción de viviendas o regulación dominial. “No podemos pensar -expresa Sorín- que solamente con dar una vivienda vamos a resolver el problema: nadie tiene sólo un problema de vivienda, este aparece porque no hay trabajo primero”.
“Si el suelo es un bien de cambio, siempre va a quedar una mayoría cayéndose del mapa», anuncia Pastor.
Organización y participación
En este contexto, el programa Argentina Construye supone una iniciativa de enorme importancia. El proyecto busca brindar soluciones al déficit habitacional financiando, en distintos puntos del país, más de 40 mil refacciones, 5.500 viviendas nuevas, equipamiento público -especialmente sanitario y de higiene- y 200 mil microcréditos para materiales de construcción. El programa es entendido, en este contexto, no sólo como una respuesta necesaria en materia de hábitat, sino también y en igual medida como un aporte para la reactivación económica ya que las obras pensadas estiman un total de 750 mil puestos de trabajo.
Además, cabe resaltar el espíritu federal y participativo, tan necesario para la prosperidad de los programas o las normativas que se establezcan en materia de hábitat y territorio. A la luz de la extensa lista de obras que concluyeron en soluciones temporales o incluso derivaron en nuevas problemáticas relacionadas a la salud, la seguridad o el medio ambiente, se torna necesario que “las normas tengan como objetivo final llegar a un territorio que sea económicamente equitativo, socialmente incluyente, espacialmente integrado, ambientalmente sostenible, culturalmente identitario, democráticamente planificado y eficazmente gestionado. Esos son los siete puntos a los que apunta una ley de hábitat integralmente aplicada”, explica Ana Pastor.
Al respecto, Sorín sostiene que sin la intervención del Estado es absolutamente imposible resolver el tema, pero que también se tiene que permitir la acción de aquellas organizaciones de pueblos que tienen sus propias políticas “ya que la vivienda no es un tema sólo económico, es un tema cultural también. Nuestro país es multicultural y con una diversidad regional enorme, por ende las distintas comunidades tienen sus distintas maneras de vivir y de encarar el problema. El Estado debe tener políticas abarcadoras y diferenciadas y permitir que cada sector, de algún modo, intervenga en la definición de cómo quiere resolver su problema”. En este sentido, la vicepresidenta de Madre Tierra afirma que “participación no es juntar a los vecinos y decirles qué es lo que se va a hacer en su barrio: es generar la información y las condiciones necesarias para tomar decisiones en conjunto”.
“Producción social del hábitat es ir logrando de manera auatogestiva un barrio con todas las infraestructuras, los equipamientos, las centralidades, los accesos y las viviendas seguras que deben tener”, cuenta Pastor. En este sentido, la organización social Madre Tierra ha realizado durante 30 años, y a base de trabajo comunitario, 17 barrios con servicios y un gran número de mejoras en viviendas y soluciones cloacales y de agua potable en el conurbano bonaerense, generando en el camino experiencias de organización y participación más que interesantes. Desde ya, esto requiere mucho del apoyo estatal. “Acá la combinación entre acción estatal y organización social es fundamental ya que el Estado solo no puede y, fundamentalmente, no debe. Creo que es lo único que nos va a permitir salir de esta situación”, concluye Sorín.
Estos tiempos deberían ser el puntapié a una reflexión -y acción- profunda tanto para los decisores políticos como para la sociedad toda. Los primeros deberán abocarse a la planificación de políticas públicas que, de manera integral, busquen corregir la diferencia socioeconómica existente. Pero además, y considerando que toda desigualdad se sostiene sobre las decisiones de pocos y la indiferencia de muchos, el pueblo argentino en general deberá pensar cuánto más tolerará esta inequidad. “Espero que esta pandemia nos deje ver la importancia de que si pierde uno pierden todos y que nuestros sectores medios abran los ojos y se den cuenta que nunca los sectores concentrados van a intentar beneficiarlos –concluye Pastor-. En Argentina, lo popular ha tenido grandes pérdidas y siempre ante los intereses de unos pocos”. Intereses de aquella ínfima minoría que, decía Jauretche, son dueños de la tierra (o de lo que fuere), “pero su mayor poder es el de ser dueños de la cabeza de miles de argentinos de clase media que, sin tener más tierra que la de los canteros del patio, se comportan como fieles defensores de un modelo que no les pertenece”. Descubrir y truncar las zonceras que se llevan dentro es, al decir del escritor, un acto de liberación.
Jul 8, 2020 | Novedades, Trabajo
Mercado Justo, aprobado en el Concejo Deliberante de Rosario, es una plataforma digital sin fines de lucro.
Hasta los días previos a que se inicie el aislamiento social preventivo y obligatorio estaban en el terreno de lo ilegal; ahora, son actividades esenciales: las plataformas digitales de prestación de distintos servicios han cobrado una importancia tal que ya no se puede ocultar la necesidad de su regulación. ¿Es posible, además, pensar alternativas, como plataformas digitales públicas, que se rijan bajo condiciones más democráticas y emancipatorias que las actuales?
Arduos debates sobre las posibilidades que brindan y, a su vez, sobre la perversidad de las mismas han abundado tanto a nivel internacional como nacional: conectando ofertas y demandas de bienes o servicios, o bien agregando valor a actividades no monetizadas de la vida cotidiana, aplicaciones como Rappi, Glovo, Pedidos Ya, AirBnb, Uber o Cabify son opciones de empleo -inmediato y garantizado- para muchísimos jóvenes de nuestro país y el mundo entero. Pero es necesario preguntarse a qué costo: el pasado lunes 29 de junio falleció Leonel, de 28 años, el sexto repartidor en lo que va de la cuarentena, dejando en evidencia una vez más las condiciones paupérrimas en materia de seguridad y derechos laborales de las plataformas de la “economía colaborativa”.
En este contexto, el proyecto de Mercado Justo, presentado por Ciudad Futura y aprobado en el Concejo Deliberante de Rosario, supone una interesante iniciativa: se trata de una plataforma digital sin fines de lucro que unifica toda la oferta y demanda de bienes y servicios de la ciudad y su distribución, buscando fomentar la economía local. Aunque se trata de una experiencia todavía excepcional, en un escenario dominado hábilmente por las grandes, publicitadas y poderosas compañías.
“En el ecosistema digital, la posición significativa de un puñado de plataformas asfixia la competencia», dice Becerra.
“Si bien las plataformas no aumentaron las bases de pagos por los pedidos, lo que hicieron fue aumentar algo que se llama ‘bono por productividad’, es decir, un bono por cantidad de pedidos realizados, para incorporar a más trabajadores para que cubrieran la alta demanda que había durante la cuarentena”, expresa Juan Manuel Ottaviano, abogado laboralista y asesor de la Asociación de Personal de Plataformas (APP). “Esto significó un fenómeno de transformación e intensificación del trabajo porque muchos trabajadores que antes hacían jornada parcial ahora hacen completa y quienes ya hacían completa hacen más horas aún. Todo esto en el marco de la contratación autónoma: es decir, sin ningún tipo de protección de la salud o ante los riesgos. Los trabajadores se hacen cargo de todos los elementos de seguridad y todos los gastos”.
La utilización de sistemas de asignación de trabajo y de control de la productividad a través de rankings son el común denominador en todas estas plataformas. “El ranking te evalúa la cantidad de pedidos aceptados sobre la cantidad de pedidos ordenados y además te evalúa la cantidad de horas o el tiempo que cada trabajador está conectado, sobre todo en las horas de alta demanda. Ahora bien, ese cómputo está determinado pura y exclusivamente por la plataforma y en general no es justo”, afirma Ottaviano.
Durante la cuarentena, por lo menos seis reparatidores fallecieron por accidentes viales.
De allí se desprende la necesidad de truncar la idea que se pretende fomentar acerca de la supuesta neutralidad y autonomía de las aplicaciones y las tecnologías en general y su carácter fantasmagórico. “Muchas veces se dice que estas empresas no tienen existencia real: que exista un control remoto no significa que no haya un sujeto controlante, un medio de control y un controlado. Por supuesto, al ser remoto este control, se diluye la presencia de ese sujeto controlante y eso puede dar a pensar que se diluye la responsabilidad. Para atribuirle responsabilidad primero hay que hacer emerger la figura del empleador”, asegura el abogado y continúa: “Son empresas, con capital, que tienen un domicilio, que tienen administradores, gerentes, dueños. Que diseñan los algoritmos para la organización del trabajo y los servicios y diseñan un modelo de empresa tradicional con el agregado de una existencia digital también. El gran dilema a resolver o la gran disputa en torno al trabajo en plataforma, es establecer la relación que existe entre la empresa y los trabajadores y trabajadoras. Si creemos que el sujeto empleador no existe o existe sólo digitalmente va a ser muy difícil establecer cuál es esa relación”.
Este contexto propicia la obtención de siderales ganancias, sobre la base de condiciones laborales profundamente desiguales, de las cuales sólo un ínfimo porcentaje queda para el fisco del país. En este sentido, Martín Becerra, investigador y profesor universitario especializado en medios de comunicación e industrias culturales, afirma que “no sólo es imprescindible e impostergable revisar las condiciones de tributación de las grandes plataformas en los países donde comercializan productos y servicios (propios o ajenos), sino además definir reglas democráticas para distribuir el aporte que necesariamente estos conglomerados, beneficiados por las inversiones en infraestructura, en contenidos y en capital social de otros actores, deben hacer como contraprestación del usufructo de ese capital y de esos bienes”.
“Se cae en una discusión inconducente de tecnología sí o no, cuando en realidad es tecnología a favor de quién”, dice Tepp.
Además, afirma que “en el ecosistema digital, la posición significativa de un puñado de plataformas asfixia la competencia, dado que la asimetría en el acceso y distribución de recursos necesarios para competir es capitalizada por los grupos más concentrados en detrimento del resto”. En consecuencia, agrega, “la captura de la rentabilidad que exhiben los principales conglomerados contrasta con los márgenes de beneficio del resto de los participantes del mercado. Una determinación estructural crítica que afecta la manera en que, en una misma sociedad, sujetos distintos acceden a oportunidades de desarrollo muy desiguales. La ficción democratizadora de las tecnologías encuentra en las condiciones materiales de acceso por parte de los sectores populares en el marco de la pandemia, su fracaso más cabal: las brechas digitales afloran a la vista del conjunto”.
Una gran cantidad de emprendimientos o pequeños locales barriales de bienes o servicios están invirtiendo enormes esfuerzos en un intento por no quedarse fuera del mercado virtual. Las experiencias evidencian lo difícil que se torna competir contra empresas multinacionales: no hay forma de que, por ejemplo, una cadetería de barrio logre hacerle frente a las difundidas plataformas de delivery. Cabe preguntarse, entonces, si con políticas regulatorias alcanza, o si es necesario, además, pensar en alternativas más democráticas y horizontales, con inversión y decisión política, que ofrezcan al resto de los actores del mercado una posibilidad real de participar.
Al respecto, Juan Ottaviano afirma que “estas alternativas requieren de una inversión y de decisión política para ser llevadas a cabo. Está claro que una iniciativa cooperativa, por ejemplo, no quiere ser una alternativa a Uber a nivel global. Pero a nivel local también es necesario un desarrollo de la tecnología que requiere de un financiamiento y conocimiento científico muy robusto. Me parece que la forma de resolver esto es que el Estado ejerza un rol en este asunto, estableciendo reglas justas, que respeten a todos los usuarios de estas plataformas, sean trabajadores, consumidores, prosumidores”.
En este escenario la aprobación del proyecto de Mercado Justo que llevó al Concejo rosarino el bloque de Ciudad Futura, representa un avance importante en el nivel local. Caren Tepp, concejala del bloque, explica que la propuesta surgió a partir de advertir durante la pandemia una tendencia muy fuerte a que todas las compras y ventas -que aumentaron exponencialmente- se hagan a través de plataformas de e-commerce hegemónicas, “siendo Mercado Libre la más representativa, que nació en Argentina pero que hoy funciona con una lógica multinacional que nada tiene que ver con la defensa de la economía cercana”. Frente a esta realidad, es necesario que los gobiernos locales puedan crear herramientas que vayan por la positiva y no queden sólo en la prohibición. “No podemos naturalizar que se concentre en un par corporaciones económicas todo el mercado virtual y digital, ni que el resultado de las medidas que se tomaron por la pandemia, que todos reconocemos como necesarias, sea una mayor concentración de la economía en perjuicio de todos”, afirma Tepp.
De allí surge Mercado Justo, una alternativa local que busca unificar toda la oferta económica y productiva de la ciudad de Rosario y poder vincular a quien necesita algo con quien lo tiene, produce o sabe hacer. El objetivo es que a todos estos esfuerzos particulares que están dispersos en el mercado digital “se los pueda centralizar en esta plataforma municipal sin fines de lucro y que se priorice toda la economía local”, afirma Tepp, y agrega que “muchas veces se cae en una discusión inconducente de tecnología sí, tecnología no, cuando en realidad es tecnología a favor de quién”. El objetivo de crear esta herramienta es que quienes se beneficien sean quienes interactúen a través de la plataforma, es decir, “que quien produce u ofrece un servicio se le pague de manera digna y que al consumidor se le cobre un precio justo”.
El objetivo de Mercado Justo es que se beneficien quienes interactúen a través de la plataforma.
Además, atendiendo al gran aumento de jóvenes trabajando en pésimas condiciones en aplicaciones como Rappi, Glovo y Pedidos Ya, Mercado Justo “incorpora los servicios de delivery para poder fomentar desde el Estado el cooperativismo de plataformas y la posibilidad de que esos jóvenes puedan seguir teniendo ese trabajo pero en términos realmente dignos y económicamente más justos y emancipatorios”, cuenta la concejala rosarina.
Una característica fundamental de estas plataformas que hay que considerar a la hora de llevar a cabo un proyecto es la autoadministración del tiempo laboral. En este sentido, Ottaviano afirma que la posibilidad de desconectarse es un pequeño margen de libertad que existe, pero está desregulado. Es por ello que “la insistencia está en tratar de establecer mecanismos justos de medición de la productividad, más que la adecuación de este sistema a un sistema de jornada continua. Hay puntos intermedios entre una regulación tradicional y la no regulación. El debate es el de poder, sobre la base de las protecciones laborales, admitir que este trabajo tiene algunas particularidades que pueden ser respetadas”.
Como lo ha sido siempre, la organización de los y las trabajadoras de plataformas supone una instancia fundamental frente al avasallamiento de derechos laborales. “La digitalización del trabajo sin dudas rompe con un concepto muy propio del siglo XX del ámbito de trabajo, del establecimiento. En muchas ocasiones la construcción de los sindicatos está pensada en función de un espacio común. Creo que por ese motivo las estrategias sindicales de los trabajadores digitales consisten en preservar los ámbitos de encuentro, espacios que pueden ser idealmente físicos pero posiblemente virtuales, es decir, se trata de combinar estrategias de encuentro físico con estrategias de encuentro digitales. Sería necio pensar que la única forma de construcción sindical es en base al establecimiento, porque si fuera así los sindicatos estarían renunciando a disputar a las empresas el código, el lenguaje y las herramientas de la digitalidad”, concluye Ottaviano .
Desde los tiempos modernos de Chaplin hasta los actuales de Rappi, Uber y Galperin, el mundo ha cambiado mucho y no ha cambiado nada: las técnicas avanzaron y las innovaciones llegaron a niveles jamás imaginados, generando condiciones y posibilidades inéditas. Pero no para cualquiera: la inequidad y la desigualdad en la distribución y el acceso evidencian que, en sus bases, todo sigue igual. Las fábricas han cedido su lugar a enormes infraestructuras digitales globalizadas, donde el nivel de producción lejos de cesar, cada vez aumenta más. Plataformas que reproducen la relación asimétrica entre trabajadores y patrones adheridas al capitalismo, con el agregado de que entre códigos y algoritmos intentan escurrir sus responsabilidades. Al igual que en las grandes crisis económicas, quedan expuestas las contradicciones de un sistema que ha producido a ritmo frenético, a lo largo de su historia, un nivel de explotación y precarización proporcional a las ganancias siderales que se facturan.
May 19, 2020 | Culturas, Géneros, Novedades
“La verdad de la arquitectura está en el espacio interior, no en las paredes que lo cierran”, dice la directora y traza un paralelismo con la protagonista de la historia.
Desde el 14 de mayo y durante tres semanas estará disponible la película documental “Canela: solo se vive dos veces”, dirigida por la realizadora rosarina Cecilia Del Valle. Se trata de la vida de Canela Grandi Mallarini, una arquitecta y docente trans sexagenaria, que atraviesa a sus 62 años un proceso de hormonización y corporalidad. La película se puede ver en la plataforma Puentes de cine, recientemente creada por la Asociación de Directorxs de Cine PCI. El 30% de lo recaudado será donado a la Liga LGBTIQ+ de las Provincias, que se encargará de distribuirlo entre las personas del colectivo que se encuentran en mayor emergencia social por el Covid-19.
La película retrata un paréntesis en la vida la protagonista: a los 48 años, Áyax Grandi Mallarini decidió ser Canela quien, tras dos años de hormonización y casi 20 años después de haber cambiado su identidad de género, se encuentra frente a la disyuntiva que la cirugía le plantea. “¿Es necesario -se pregunta- hacerse intervenciones quirúrgicas de reasignación de género para sentir que su identidad está ‘completa’?” Considerando las complicaciones que podrían desatarse y sin lograr descifrar rotundamente su deseo con respecto a la intervención, Canela entra en tensión con sus hijos, terapeutas, cirujanos y viejas amistades.
¿Es tarde para tomar determinadas decisiones? Sin dudas su situación, si bien no es excepcional, tampoco es mayoritaria en la comunidad trans y travesti. Pero la respuesta es rotunda: hay que “mantener las raíces en la helada hasta que sea tiempo de despertar”. Esta es la frase -tomada de un arquitecto estadounidense- que Canela repite una y otra vez. Los prejuicios de gran parte de la sociedad y un tardío cambio sociocultural que recién comienza a asomarse, convierten a las decisiones en torno al cambio de identidad de género -y todo lo que ello implica- muy arduas y difíciles de sobrellevar. “Hubo muchos mandatos por reconstruir y por repensar, y ella despertó cuando pudo, cuando resolvió determinadas cuestiones -afirma la directora-. Fue un largo trayecto, con muchos vaivenes, muchas dudas, muchas resistencias”.
“Siempre se me presentaron dos alternativas: seguir la corriente o hacer lo que yo quería”, dice Canela.
A bordo de su camioneta Dodge naranja intenso de los años ‘60, Canela transita desde la construcción -que ella dirige- al negocio de barrio donde compra su ropa, pasando en el camino por la Universidad de Rosario, lugar donde dicta clases desde hace varios años. “Yo siempre he transitado la arquitectura como algo muy personal, muy introspectivo, con muchísimo apego a mi interior y a mi integridad”, recuerda la protagonista y, recapitulando sobre su trayectoria profesional, agrega: “Siempre se me presentaron dos alternativas: seguir la corriente o hacer lo que yo quería”.
Con Cecilia del Valle se conocieron «haciendo territorio» en una agrupación política, donde ambas daban charlas de cine y arquitectura, respectivamente. “Me interesó y me empecé a interiorizar con la arquitectura orgánica, así que la empecé a seguir en otras charlas que ella brindaba”, cuenta del Valle. Casi como una analogía, Canela sentencia que “la verdad de la arquitectura está en el espacio interior, no en las paredes que lo cierran”. Este concepto desarrollado en la arquitectura orgánica es lo que unió los destinos de directora y protagonista en la vida real. Y era además una analogía: su cuerpo tampoco determinaba su identidad.
De allí surgió la idea de realizar este documental. Canela es el retrato de un recorrido cuidadoso pero contundente, que el ojo cinematográfico de la realizadora rosarina acompañó sigilosamente durante seis años. “Ella quería visibilizar su historia para ayudar y yo quería hacer una película respetuosa que muestre la diversidad dentro de la diversidad, que nos acerque a pensarnos un poco y a encontrarnos en las similitudes, en la amorosidad y en la empatía”.
«Transité la arquitectura como algo personal, introspectivo, con apego a mi interior e integridad”, dice Canela.
Canela no pudo ser estrenada en el XX BAFICI, como había sido planeado en un primer momento, pero permanecerá disponible hasta el 4 de junio en la nueva plataforma del Programa Puentes de Cine de la Asociación de Directores de Cine PCI, en esta búsqueda de aggiornarse al contexto que se atraviesa. Este estreno tiene dos aspectos positivos: llega a la pantalla una historia sobre una mujer trans -lo cual es muy significativo- y además se suma a una causa para atender necesidades urgentes y para asistir a las realidades sumamente vulnerables que están atravesando hoy las personas trans y travestis en Argentina, mediante la Liga LGBTIQ+ de las Provincias.
La pandemia provocada por el Covid-19 agudiza un panorama ya existente de marginación y discriminación hacia gran parte del colectivo trans y travesti. En este sentido, Thiago Galván, Secretario del Área trans, travesti, intersex y no binarie de la Liga LGBTIQ+ de las Provincias, afirma que esto “es una problemática histórica por la que nuestro colectivo viene luchando hace mucho, mucho tiempo” y que, a raíz del aislamiento, “se dejó entrever los problemas estructurales de desigualdad social que atravesamos”. Si bien no se desconocen los avances logrados, es evidente que “todavía falta muchísimo camino por recorrer y lo fundamental es la conciencia social y el cambio cultural”.
La situación de Canela no es ni fue fácil, sin embargo reconoce ser una “privilegiada” dentro de un colectivo altamente marginado: posee trabajo -aunque rotunda e injustamente rebajado a causa de su cambio de género—, un sustento económico más o menos estable y una familia que la apoya y acompaña. Pero es consciente que se trata de una minoría dentro de la minoría: el crédito vital de la mayoría de las personas trans y travestis está limitado por condiciones materiales extremadamente duras. “El 90% del colectivo en Argentina no tiene trabajo formal registrado y esto hace que alrededor del 50% encuentre el trabajo en la calle para sobrevivir”, explica Galván y agrega que “al no poder salir a la calle tampoco esto es una opción para llevar el plato de comida”. El contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio visibiliza una situación que es crítica, una realidad que es urgente atender.
“¿Son necesarias las cirugías de reasignación de género para sentir que la identidad está ‘completa’?”, pregunta.
La falta de acceso al sistema formal de empleo, que deriva en una pésima situación económica de gran parte del colectivo trans y travesti, sumado al irregular acceso a otros derechos como son la salud, la educación y la vivienda digna, conforman un panorama sumamente crítico. “El primer paso es tener acceso a un trabajo para acceder a las condiciones materiales que nos permitan tener una vida digna y también para poder elegir qué queremos hacer, quiénes queremos ser y cómo nos queremos desarrollar”, afirma Galván y agrega que “hay que generar los mecanismos para que se accionen y se tomen decisiones en pos de este cambio cultural que necesitamos para una integración real a la sociedad y para poder gozar de una ciudadanía integral con los mismos derechos que las otras personas”, finaliza el Secretario de la Liga.
“Un paso fundamental en este aspecto es aprobar e implementar una ley de cupo laboral trans. Nosotres desde la Liga hablamos de inclusión, porque creemos que el acceso laboral es un derecho y los derechos no tienen techo, no tienen límites”, desarrolla Galván. En Argentina, sólo cinco provincias aprobaron la ley de cupo laboral trans (Chaco, Chubut, Santa Fe, Río Negro y Buenos Aires), de las cuales sólo Buenos Aires -y después de tres años- la implementó. El resto lo hizo de manera irregular o directamente lo omitió.
May 14, 2020 | Culturas, Novedades
«No se trata de contar la película desde la sexualidad de una persona, sino desde su profesión”, dice Tamagnini.
El Maestro, producción nacional codirigida por Cristina Tamagnini y Julián Dabien, está inspirada en la historia de Eric Sattler, un docente de la localidad de Ucacha, provincia de Córdoba, quien fuera maestro en los años ’90 de Tamagnini. La película se estrena de manera gratuita hoy a las 20 por Cine.Ar TV y desde mañana estará disponible en la plataforma Cine.Ar Play.
La historia transcurre en un pueblo del noroeste argentino donde Natalio, interpretado por Diego Velázquez, es un reconocido maestro por su enorme vocación. De repente su figura se ve cuestionada por la llegada de Juani, un amigo que acude a su ayuda de manera improvista. A partir de la aparición de ambos juntos en público, los vecinos del pueblo confirman los rumores sobre su sexualidad y los padres de alumnos de Natalio, deciden quitarlos de la obra de teatro que él dirigía y hostigan a la directora para que sea separado de su cargo.
Tamagnini, guionista, productora y codirectora de El Maestro afirma que no se trata “de contar la película desde la sexualidad de una persona, sino desde su profesión, que trasciende la elección sexual de él”. Además, ambos directores cuentan que siempre se interesaron por “la injerencia que tienen los maestros sobre sus alumnos, independientemente del contexto, y cómo son capaces de despertar o estimular ese germen de curiosidad, de realización en otras personas”.
Por momentos podría creerse que el tema es obsoleto, que hubo “error de raccord” entre el momento actual y la trama de la película; pero si se le hace un poco más de zoom a la realidad, enseguida se evidencia que aún está plagada de prejuicios -derivados de la heteronorma que rige en nuestra sociedad- que terminan, aunque quizás ahora en menor medida, en situaciones bastante similares a la del film.
En este sentido, los directores afirman que “la película se centra en la mirada del otro y la construcción del prejuicio en torno a aquello que desencaja con el orden establecido y el deber ser. El Maestro habla más de nosotros mismos que de lo que el propio maestro es o debe ser para nuestra sociedad”.
“La película se centra en la mirada del otro y la construcción del prejuicio», señala Tamagnini.
Tamagnini es licenciada en Cine y TV de la Universidad Nacional de Córdoba y Magister en Guión de Cine de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Valencia. Tras varios años de trabajo en España se radicó en Salta y, junto a Lalo Mamani, crearon la productora Caschi Cine, que desarrolla su actividad en todo el noroeste argentino desde el 2012.
El Maestro fue filmada íntegramente en la localidad de La Merced, Salta, y contó con una gran participación de actores y actrices locales. La productora de la película remarcó la importancia de filmar desde el interior del país y afirmó que entiende que “muchas personas se tienen que ir porque no hay un flujo de trabajo que permita quedarse”, pero que elige ofrecer esa resistencia y producir desde su provincia para contribuir a la gestación de un cine local. Junto a Velázquez actúan Ezequiel Tronconi, Ana Katz, Valentín Mayor Borzone, Danny Veleizán, Natalia Aparicio y Geortina Parpagnoli.
Por su parte el codirector, Dabien, trabaja como fotógrafo y realizador audiovisual free-lance, y como técnico en cámara y luces para producciones de cine, publicidad y televisión. Al ser oriundo de Chacabuco y haber vivido experiencias similares, ambos directores compartían -afirma su par-, “una especie de microcosmos común” en la adolescencia, que enriqueció enormemente la historia.
La productora de la película remarca la importancia de filmar desde el interior del país.
En un contexto sumamente adverso, en el que los cines del país permanecen cerrados debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio, El Maestro podrá verse de manera gratuita hoy o el sábado 16 de mayo a las 20 en Cine.Ar TV; a partir de mañana, además, estará disponible en Cine.Ar Play. Más allá de las implicancias económicas que de esto derivan, los artistas del cine independiente argentino ven a la actual distribución de sus producciones como una gran posibilidad para el sector. Para estas películas, “que no cuentan con el apoyo de grandes medios que les hagan publicidad -afirma Tamagnini- esta manera de estreno va a favorecer a que la vean muchas más personas que si se estrenara en sala”. Tóxico, la película de Ariel Martínez Herrera recientemente estrenada, avizora un escenario prometedor: contó con más de 60 mil espectadores, lo cual supone un éxito enorme.
Si bien la exhibición de la producción nacional y, particularmente del cine independiente, está en crisis en Argentina desde hace muchos años, la directora oriunda de Córdoba remarca la importancia de que se abra un espacio de debate y reflexión para ver qué políticas se van a redireccionar, una vez superada la coyuntura, para la producción y distribución del cine local.
“Esta manera de exhibir es una forma de descentralizar el estreno en salas, que está sujeto a las capitales o grandes ciudades”, destaca Tamagnini. En la provincia de Salta, al igual que en la mayoría de las provincias argentinas, tan sólo la capital y contadas ciudades más poseen cines, de manera que la transmisión de los estrenos de las películas nacionales por televisión y mediante una plataforma virtual suponen un notable avance respecto de la desigual distribución de las producciones culturales al interior del país.
El cine, como todo arte y al igual que un maestro o una maestra, educa al pueblo que lo consume: de allí la importancia de difundir y distribuir la producción local a lo ancho y a lo largo del país. En una sociedad donde los consumos culturales son en gran medida importados, cabe resaltar la importancia de un cine nacional e independiente, enraizado en la memoria común, las costumbres, las luchas locales y las reivindicaciones que de ellas derivaron.
