Oct 11, 2017 | DDHH, inicio
Comenzó ayer el juicio contra el ex Secretario General del Ejército, Eduardo Alfonso, acusado por el asesinato de Antonio Domingo García y la desaparición de Beatriz Recchia, embarazada, en 1977, en la localidad bonaerense de Villa Adelina. La pareja militaba en la organización Montoneros. Su hija mayor, Juliana -que tenía tres años en el momento del secuestro- luego del operativo fue privada de su libertad por algunas horas. Al momento de los hechos, Alfonso se desempeñaba como teniente primero de la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral, ubicada en Campo de Mayo. Este es el primer juicio que enfrenta el ex militar, luego de 40 años de impunidad y cuatro como prófugo. Pudo ser acusado recién en 2008, luego de una lectura minuciosa de su legajo, en el que se lo condecoraba por aquel allanamiento clandestino.
En el mismo juicio, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de San Martín –integrado por los magistrados Marta Milloc, Diego Barroetaveña y Marcela Mónica Rodríguez– juzga a Rafael Félix López Fader, ex capitán del Departamento de Inteligencia del Comando de Institutos Militares, por su participación en la privación ilegal de la libertad y tormentos, homicidio y tentativa de homicidio del ex diputado Diego Muniz Barreto y Juan José Fernández.
Fader está imputado por haber llevado adelante el secuestro de estos jóvenes, el 16 de febrero de 1977, en el marco de un plan sistemático. El personal policial habría obligado a ambos a salir de la carnicería en la que se encontraban y subir al automóvil de Fernández, marca Fiat 128. Las víctimas permanecieron detenidas en la comisaria cercana hasta el 18 de febrero de 1977, fueron trasladados a otra dependencia, arrojados en un calabozo esposados y desvestidos. Posteriormente fueron encapuchados e introducidos en dos automóviles Ford Falcon, donde se encontraban cinco hombres más. Después se inició la marcha hacia la localidad de Pacheco y los encapucharon hasta llegar al Centro Clandestino de Detención el “Campito”, en Campo de Mayo. Allí fueron golpeados, sometidos a simulacro de fusilamiento y a Barreto le aplicaron corriente eléctrica. El 6 de marzo de 1977, en horas de la madrugada, un militar que se apellida Roldan, apodado “Trapito” y un gendarme conocido como “Puma” trasladaron a los detenidos hasta el Comando del Instituto militar de la guarnición militar de Campo de Mayo, donde fueron recibidos por Fader apodado “Raúl” y Mario Rubén Rodríguez alias “Escorpio”. Fader integraba una comisión especial encargada de trasladar a los detenidos desde allí hasta a provincia de Entre Ríos. Las víctimas fueron encadenadas, encapuchadas e introducidas en el baúl de dos automóviles para dejarlos a orillas del rio Paraná, en donde permanecieron hasta el anochecer. Luego le suministraron inyecciones para adormecerlos y colocarlos en el Fiat 128 de Fernández y finalmente lanzarlos al agua. Muniz Barreto falleció, pero Juan José Fernández sobrevivió y pudo escapar del automóvil que había sido sumergido. Los represores intentaron ocultar los homicidios bajo la forma de un accidente automovilístico. Ante la lectura de las acusaciones, Fader decidió hacer uso de la palabra y dijo: “En primer lugar, quiero decirle al tribunal que soy totalmente inocente de los cargos que me han imputado. Yo no participé en el secuestro de Barreto como tampoco en la privación ilegal de su libertad y mucho menos en su deceso, jamás lo he visto. No he participado en la lucha contra la subversión y según me ha manifestado mi abogado defensor lo único que me imputa en esta prueba de la causa Campo de Mayo, ha sido prueba que ha traído el testigo protegido Víctor Ibáñez, al cual no conozco. Y yo le pido, excelentísimo Tribunal, tener un careo con esa persona. Esto es todo lo que voy a declarar por hoy, porque salí muy temprano de Campo de Mayo -a las 3 de la mañana- y olvidé una serie de documentos que sería muy importante mostrar”, dijo Fader, sin que le temblara la voz. Por último manifestó que quiere participar de todas las audiencias del caso.
Eduardo Alfonso, ex Secretario General del Ejército, acusado por el asesinato de Antonio Domingo García y la desaparición de Beatriz Recchia.
Eduardo Alfonso en cambio, prefirió no declarar, por asesoramiento de su letrado y se remitió a su declaración indagatoria, que hizo en sede judicial el 11 de diciembre del 2008. Pidió que se la leyera en voz alta, públicamente, y que luego se incorpore a las actas correspondientes con el croquis de puño y letra que él hizo en esa oportunidad relatando los hechos “tal cual sucedieron”, según su versión. Además expresó que él también quiere presenciar de todas las audiencias. Alfonso niega haber participado en tiempo y lugar del operativo en Villa Adelina, en la calle Independencia al 1940, la noche del 12 de enero de 1977. En aquel escrito, Alfonso dice no conocer el lugar de los hechos que se le imputan, los que “afectan a su persona en lo familiar, personal y profesional”.
Finalmente, tras los inverosímiles relatos de los acusados, fue citada a declarar Juliana Inés García Recchia quien comenzó hablando de sus padres para “bajar a la realidad el caso”, aclaró. “Mi mamá, Beatriz Recchia, se recibió de maestra, ejerció como jardinera y estudió Historia en la Facultad de Filosofía y Letras. Mi papá, Antonio Domingo García, había hecho la primaria como pupilo en el colegio Lasalle de González Catán y fue maestro de grado en el Colegio Pío XII. Los unió la pasión por la historia y la militancia, por el lado de la Iglesia. Se encontraron en un taller de historia en los 70. Convergieron en Montoneros, donde militaron hasta el último momento de sus vidas. Desde jóvenes tuvieron inquietudes sociales y políticas. En 1972 se casaron y cuando mi mamá estaba por rendir uno de sus últimos finales rompió bolsa y nací yo”, relató Juliana. Luego aclaró que a pesar de la corta edad que tenía cuando se produjeron los hechos, tiene recuerdos propios de esa noche porque la marcaron. Con respecto a la memoria de sus padres dijo: “La historia mía con ellos la fui armando con el tiempo. Trato de reconstruirla a través de lo que me contaron y otras que viví. Se han acercado muchas personas que conocían a mis padres, amigos y familia. Los recuerdos que tengo de ellos tengo que cultivarlos día a día. Trato de no perder sus caras, solo viví con ellos tres años y trece días. Los hechos traumáticos no se olvidan y éstos los tengo grabados a fuego junto con sus abrazos que me acompañan, porque es lo que me queda de ellos. Sé que me quisieron mucho y eso fue la base para ser lo que puedo ser hoy”.
“Los familiares necesitamos darle un cierre a esto. Hace más de 40 años que esperamos justicia», dijo Juliana Inés García Recchia.
Antes de la noche de horror que vivió la familia de Juliana, ellos ya sufrían la persecución a manos de la Junta Militar. La situación se había complicado aún más por las caídas de compañeros de sus padres motivo por el cual se mudaron varias veces hasta llegar al PH de Villa Adelina, ubicado en la calle Independencia al 1940, en diciembre de 1976. “Tengo recuerdos de adrenalina y terror que a veces vuelve en sueños”, contó Juliana.
El año pasado, Juliana volvió al barrio y habló con los vecinos y pudo saber qué pasó durante el operativo: “Muchos de mis recuerdos eran reales. Porque lo que me contaban era tal cual como lo tenía presente”. El operativo, según reconstruyó, fue alrededor de las 4 de la madrugada del 12 de enero de 1977. Lo primero que recuerda son los ruidos estruendosos. Después, que se encontraba con su madre agachada detrás de algo, como una cómoda, su madre la protegía y le hablaba. Beatriz le dijo a su pequeña de tan solo tres años que afuera había hombres malos explotando globos. Cuando los sonidos cesaron, aparecieron en la habitación unas personas que las sacaron a ambas de la casa. En el patio yacía su padre, Antonio Domingo García. “Nos hicieron pasar por el patio y ahí estaba el cuerpo de mi papá. El patio era tan chico que tuvimos que pasar por encima de mi papá”, dijo Juliana con la voz quebrada. Luego procedieron a subir a su madre a un camión que, según rememora Juliana, tenía lonas. Después de eso, solo recuerda que la subieron a la parte de atrás de un auto que tenía los “asientos largos”, típicos de los Falcón. Horas más tarde fue entregada a sus abuelos maternos por el personal de la comisaría de Villa Adelina. García fue inhumado como NN en el cementerio de Boulogne, mientras que Recchia -quien permanece desaparecida- fue confinada en la Guarnición Militar de Campo de Mayo, en el Centro Clandestino de Detención conocido como «El Campito». Allí fue vista con vida al menos por dos sobrevivientes. En ese lugar, dio a luz a una niña que permaneció desaparecida apropiada por Luis José Ricchiuti hasta 2009, cuando recuperó su identidad y se convirtió en la nieta restituida por Abuelas de Plaza de Mayo número 97. Además, después de aquel operativo habían saqueado la casa. “Se llevaron todo, hasta mis dos cotorritas. Lo único que quedó fue un rollo de papel higiénico. Es lo único que me quedó como recuerdo de esa casa y de mis viejos”, repuso Juliana conmocionada.
“Lo más difícil era entender lo que pasaba con mi mamá, no estaba la figura del desaparecido en ese entonces. La gente desaparecía pero no se sabía qué iba a pasar con ellos. Hubo un tiempo que se decía que los desaparecidos estaban en España. Y yo quería creerlo, me quería ir a Europa a buscar a mi mamá. Mi tío Tito era el encargado de bajarme a la realidad, de pincharme los globos”, contó. A Juliana no solo le arrebataron a sus padres, sino también la posibilidad de tener un lugar en donde elaborar su duelo, una tumba para visitarlos y llorarlos. Al referirse al plan sistemático que llevó a cabo el Grupo de Tareas durante la última dictadura militar Juliana dijo -mientras sacaba un pañuelo y se secaba las lágrimas de dolor: “El plan era este: me quedo con todo, con tus bienes, tus hijos, tu cuerpo. Ni siquiera vas a tener una tumba”.
Juliana pidió que Alfonso tenga la valentía de contar la verdad y diga qué hicieron con su madre.
“Los familiares necesitamos darle un cierre a esto. Hace más de 40 años que esperamos justicia. El daño y el dolor son permanentes. Yo me despierto y todos los días me siento huérfana y mis hijas se perdieron de tener a sus abuelos”, manifestó Juliana. Además, pidió que Alfonso tenga la valentía de contar la verdad y diga qué hicieron con su madre y lamentó que por retardos en la justicia muchos represores quedarán impunes. “Sentimos que esto no se acaba nunca”, dijo Juliana para concluir su testimonio. Inmediatamente finalizada la declaración los aplausos no se hicieron esperar para acompañar a la hija de la pareja víctima del genocida Alfonso a quién no sólo no se le movió un solo musculo mientras Juliana relataba lo que le había sucedido a sus padres, sino que provocó a la audiencia al sonreírle a una fotógrafa que lo estaba retratando. Las que sí se mostraron emocionadas por el relato, fueron quienes vienen acompañando cada uno de los juicios de lesa humanidad. En la sala del martes pudo verse a integrantes de la Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte, integrantes de Abuelas de Plaza de Mayo –querellante en esta causa en representación de Juliana-, miembros de la Comisión Campo de Mayo y de Comisión Memoria de San Martín, entre otros. Alfonso y Fader también estuvieron acompañados. Paradójicamente, las hijas de Alfonso no pudieron ocultar la emoción al escuchar el relato de Juliana.
La segunda audiencia se llevará a cabo el próximo martes a las 9.30 de la mañana. López Fader y Alfonso continuarán detenidos en la Unidad Penitenciaria 34 de Campo de Mayo hasta que se dictamine una sentencia. Está previsto que declare Juana Muñiz Barreto, hija del ex diputado Diego Muñiz Barreto, secuestrado y asesinado el 6 de marzo de 1977.
Actualizado 11/10/2017
Sep 2, 2016 | inicio
Falta media hora para que comience la penúltima audiencia del juicio por la privación ilegítima de la libertad de José Manuel Pérez y Patricia Roisinblit durante la última dictadura cívico militar. Se prevé que los abogados defensores soliciten la absolución de Omar Rubens Graffigna, Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea; Luis Trillo, a cargo de la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA) -donde estuvo secuestrada la pareja-; y Francisco Gómez, quien trabajaba en la Regional en ese entonces y se apropió de Guillermo, hijo menor de la pareja. En la sala vacía, una sola persona aguarda la extenuante jornada: Mariana Eva Pérez, quien fuera secuestrada junto a su madre el 6 de octubre de 1978. Recién pasadas las diez y media de la mañana, el juez Alfredo Ruiz Paz da comienzo a la sesión, con la vista cansada.
El primero en alegar es Javier Miari, defensor de Trillo y Graffigna, su escritorio está atestado de carpetas y libros con señaladores. Durante su exposición, invoca a las llamadas leyes del perdón, desestima la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad para tratar el caso y cita, fuera de contexto, a Estela de Carlotto y a Eugenio Zaffaroni para apoyar su argumentación. En medio de su alegato, acusa al kirchnerismo de haber puesto presión sobre los ministros de la Corte en lo que denominó un “insólito vuelco en la jurisprudencia” durante la década anterior en las causas de derechos humanos.
Omar Rubens Graffigna.
Alan Iud, Pablo Lachener y Carolina Villella- abogados querellantes por Guillermo, Rosa Tarlovsky y la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo-, escuchan con indiferencia las palabras del abogado, quien a priori cuestiona la validez de todo el proceso. El defensor apela continuamente a distintas causas, juicios, años, nombres de carátulas y leyes para fundamentar el pedido de absolución de ambos acusados.
En cuanto a las pruebas y testimonios presentados por la querella durante el debate “por la supuesta privación de la libertad de Pérez Rojo y Roisinblit” –así lo expresa-, Miari las desestima por completo por resultarle tendenciosas y contradictorias. Se refiere a la testigo sobreviviente de la ex ESMA –Miriam Lewin- como una “profesional de la declaración testimonial” y acto seguido se queja de que “esta causa ha sido novelada” y asegura que ninguno de sus defendidos tuvo nada que ver con la “subversión”. Utiliza todas las artimañas posibles para llevar arena a su costal: que Trillo y Graffigna están demasiado ancianos para ser juzgados, que ambos son hombres pobres que viven sencillamente de su retiro militar, que han demostrado buena conducta, no solo al asistir a todas las audiencias -pese a su edad avanzada-, sino al no haber sido acusados de ningún otro crimen desde 1978 hasta la fecha. Antes de finalizar, se queja de que la defensa solo cuenta con dos abogados, mientras que las querellas está compuesta por trece si se suman los representantes de Guillermo y Abuelas, Mariana Eva, la Secretaría de Derechos Humanos de Provincia de Buenos Aires y Nación; sumando a la fiscalía, a cargo de Martín Niklison. Acalorado y exhausto, decide permanecer de pie frente a su escritorio durante el cuarto intermedio posterior a su alegato.
Francisco Gómez
Luego es el turno de Sergio Díaz Dalaglio, abogado defensor de Gómez, quien aclara de antemano que adhiere al planteo de prescripción de los delitos de los que se acusa a los imputados, planteado por Miari. Recupera algunas frases que ya se han escuchado en declaraciones del apropiador de Guillermo: “Gómez sólo sabía usar el pico y la pala”, “Para él criar un hijo ajeno era hacer el bien”, “Es mentira que Guillermo conoció la RIBA”. Repite una y otra vez que considera que la declaración testimonial de Guillermo fue falsa y fantasiosa: “A mí una vez me dijo que pensaba que su padre era un hombre bueno”, asegura y así concluye que su cliente es “absolutamente ajeno a la acusación que se le hace”.
A las cinco y diez de la tarde, el juez da por finalizada la jornada; recuerda que el próximo lunes tendrá lugar la audiencia por las réplicas y que la sentencia será el siguiente jueves, 8 de septiembre, a las 10 de la mañana.
La última en abandonar la sala es Mariana, acompañada por su tía. “Cuando yo lo conocí a Guillermo estaba sometido a Gómez, que no era un ‘pan de Dios’ como recién dijo su abogado”, recuerda la querellante, cansada y a la vez contenta de que el juicio esté llegando a su fin. “A mí no me hace mal lo que dicen los abogados. Tienen derecho a tener una defensa y está bien que eso se cumpla, aunque mis viejos no hayan tenido esa oportunidad –afirma-. Dijeron lo que esperábamos, pero yo la verdad esperaba una defensa más sólida, al menos para Graffigna por ser un jerarca de las Juntas”.
Luis Tomás Trillo.
Actualizada 02/09/2016
Ago 12, 2016 | inicio
La jornada del jueves en el juicio por la desaparición forzada de Patricia Julia Roisinblit y José Manuel Pérez Rojo y su privación ilegítima de la libertad en la RIBA (Regional de Inteligencia Buenos Aires de la Fuerza Aérea Argentina) parecía desenvolverse con la normalidad habitual: ingresaron a la sala las querellas con sus abogados, el público, y, finalmente, los imputados Omar Rubens Graffigna (Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea desde fines de diciembre de 1975 hasta enero de 1979) y Luis Trillo (que se desempeñaba como titular de la RIBA en el momento de las desapariciones). Francisco Gómez, que trabajaba en la Regional y es responsable de la sustracción del hijo menor de Patricia y José, Guillermo Pérez Roisinblit, en esta oportunidad, no concurrió. Luego de que la secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires pidiera perpetuas para todos los imputados y la secretaría de Nación penas de entre 20 y 25 años, los Abogados de Abuelas de Plaza de Mayo presentaron evidencias y una denuncia que llevó al imputado Luis Trillo a la cárcel común, por violar el beneficio de la prisión domiciliaria.
Los alegatos
A las 10.35 comenzó el primer alegato. La Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires se sumó al pedido de Pablo Llonto, abogado de Mariana Eva Pérez (hija mayor del matrimonio), de condenar a los imputados con la figura de “desaparición forzada de personas”, un delito de lesa humanidad con pena de cadena perpetua. Éste crimen se incluyó en el código penal en el año 2011 y, como Patricia y José Manuel continúan desaparecidos, la Secretaría de DDHH de la Provincia considera que esa ley puede aplicarse en este caso. La querella, además de remarcar que otras víctimas, como Gabriel Pontnau, socio de José Manuel, secuestrado también el 6 de octubre de 1978, no reciben justicia con este proceso, reflexionó sobre qué significa estar desaparecido: “Lo que la desaparición no dijo es la muerte, es una negación de la muerte”, señaló el abogado Maximiliano Chichizola tras retomar el testimonio de Mariana Pérez acontecido el miércoles 4 de mayo. En este sentido, la hija de Patricia y José declaró a ANCCOM: “Este es un buen comienzo para seguir profundizando e investigando más, pero no termina de dar cuenta de la totalidad de lo que pasó, ni con mi familia, ni con el socio de mi papá que sigue desaparecido”. Por esa razón, solicitó para los tres imputados cadena perpetua.
“Este es un buen comienzo para seguir profundizando e investigando más, pero no termina de dar cuenta de la totalidad de lo que pasó, ni con mi familia, ni con el socio de mi papá que sigue desaparecido”, afirmaba Mariana Eva Pérez.
Luego de un cuarto intermedio tras las dos horas de exposición del primer alegato, la Secretaría de Derechos de la Nación pidió penas por “privación ilegal de la libertad y tormentos”. Ambos delitos poseen aquí agravantes por ser las víctimas perseguidos políticos y por el hecho de que Patricia, en el momento del secuestro, estaba embarazada de 8 meses de Guillermo. Las penas solicitadas, en este caso, fueron de 25 años para Trillo y Graffigna, y de 20 años para Gómez.
El fin del beneficio
A las 12:50, una vez finalizada la exposición de las querellas, parecía que el Presidente del Tribunal iba a dar por finalizada la audiencia. Alfredo Ruiz Paz le preguntó a los abogados de la defensa cuánto tiempo consideraban que demandarían sus alegatos (programados para la próxima audiencia) y, en ese momento, el representante de Abuelas de Plaza de Mayo, Alan Iud, pidió permiso para presentar una incidencia. Iud relató que el martes 9 de agosto, la Asociación que representa recibió un llamado anónimo de un vecino que manifestó haber visto a Trillo circulando por la calle. Al día siguiente, el fotógrafo Gaspar Galazzi, tomó imágenes del imputado paseando a un perro y mirando un teléfono celular en la vía pública. Mientras les daba una copia de las imágenes a los jueces, el abogado querellante alegaba que “se debe revocar el beneficio (de la prisión domiciliaria) cuando se incumplen las condiciones” de la misma. Además, agregó que el fotógrafo se encontraba en la sala por si necesitaban hacerle alguna pregunta y, acto seguido, el presidente del tribunal pidió a Galazzi que declare.
“se debe revocar el beneficio (de la prisión domiciliaria) cuando se incumplen las condiciones” de la misma, alegaba el abogado querellante.
En ese instante, Trillo rompió con su mirada dirigida siempre al frente y giró completamente en busca del fotógrafo que se encontraba en el fondo de la sala. Por su parte, Graffigna que había estado mirando a un punto fijo desde el comienzo de la audiencia, pareció despertarse: “A Graffigna le movieron el mousse”, se escuchó entre risas, en la sala.
El Presidente del Tribunal ordenó que se cortara inmediatamente la transmisión en vivo de la audiencia y el defensor de Trillo aprovechó para pedir un receso de cinco minutos. Durante ese lapso, en la sala todos comentaban lo sucedido, los abogados entraban y salían, los celulares sonaban. Se percibía tensión en el ambiente.
“Estoy muy contento de haber hecho las fotos desde arriba del auto, ese perro parecía malo”, relató Galazzi.
Una vez retomada la sesión, todos los abogados tuvieron la oportunidad de interrogar a Galazzi sobre la hora, el lugar y las condiciones en las que había tomado las fotografías: “Estoy muy contento de haber hecho las fotos desde arriba del auto, ese perro parecía malo”, relató. El Presidente del Tribunal, Alfredo Ruiz Paz, pidió pasar las fotos en formato digital para que todos en la sala pudieran verlas, mientras se registraba la fecha y hora de las mismas. El abogado defensor solicitó le entregaran las fotos y el Tribunal se negó a hacerlo hasta que terminara con sus preguntas a Galazzi: “¿Sabe cuál es el departamento de Trillo? ¿Esto está tomado desde un lado de la calle, del otro lado ¿está la autopista? ¿Este trabajo es rentado? ¿Abuelas le paga por esto?”, fueron las indagaciones que formularon a Galazzi antes de solicitar otro receso.
A las 13.50 los asistentes vuelven a ingresar y el abogado de Trillo afirmó que el de las fotos era su cliente que “tuvo que salir unos segundos del departamento para atender a una urgencia fisiológica del perro, que sino se pone agresivo” y agregó el antecedente de la mordedura del animal que había sufrido el acusado en otra oportunidad que lo había llevado a trasladarse al Hospital Duran de manera urgente sin poder avisar al Tribunal. Alfredo Ruiz Paz le preguntó a Trillo si quería decir algo y la respuesta fue lisa y llanamente: “No”.
“Es un caso más que pone en evidencia la necesidad de que exista algún organismo que controle las prisiones domiciliarias, cosa que hoy no existe”, agregó la representante de Rosa y Guillermo.
Finalmente, los jueces anunciaron un cuarto intermedio para deliberar y, una hora después, le revocaron la prisión domiciliaria a Luis Tomás Trillo. Tras esta decisión, Alan Iud, en diálogo con ANCCOM afirmó: “Es muy valiosa, tanto la rápida redacción del Tribunal para decidir, como para resolver la manera de abordar nuestro planteo” y rescató la importancia de que “hayan decidido tomarle declaración al fotógrafo en el momento, de manera pública, permitiendo a todas las partes escucharlo y preguntar”.
Una vez terminada la audiencia, Iud, representante de Rosa y Guillermo agregó: “Es un caso más que pone en evidencia la necesidad de que exista algún organismo que controle las prisiones domiciliarias, cosa que hoy no existe”.
Actualizada 12/08/2016
Ago 10, 2016 | inicio
«La verdad es que estos tipos eran muy pesados. Para encontrar justicia, nosotros estamos tardando 38 años. Todavía no sabemos qué paso con nuestros padres, así de efectivos fueron», afirmó Guillermo Pérez Roisinblit luego de la primera audiencia de alegatos del juicio por la desaparición de sus padres en 1978, que duró diez horas. En la causa se juzga la intervención que le cupo a la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA) en el secuestro y tormentos de José Manuel Pérez Rojo y Patricia Roisinblit, por los cuales se encuentran imputados Omar Rubens Graffigna -quien se desempeñaba como Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea en 1978 y fue absuelto en 1985 en el juicio a los dictadores que integraron las juntas militares-, Luis Trillo -titular de la RIBA -, y Francisco Gómez, que trabajaba en el lugar y se apropió del hijo menor de la pareja.
«Nosotros solicitamos un pedido de pena de 25 años para Omar Graffigna y Luis Trillo, y 20 años para Francisco Gómez, por privación ilegal de la libertad y tormentos -afirmó Pablo Lachener, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo-. Da para más, pero el Código de la época permitía esa pena máxima para esos delitos. La fiscalía planteó que ya por la forma en que estaba detenida Patricia constituía de por sí un tormento psíquico, y eso abrió la imputación hacia esos hechos. No fue una privación ilegal lisa y llana». Las tres querellas que alegaron el lunes coincidieron en reclamar que las condenas se cumplan en establecimientos carcelarios, y no en arresto domiciliario.
Durante su alegato, Pablo Llonto –representante de Mariana Eva Pérez, la hija mayor del matrimonio- solicitó cambiar la carátula y que en vez de privación ilegítima de la libertad se condene a los imputados por desaparición forzada de personas, un delito de lesa humanidad con pena de cadena perpetua. «Eso sería lo correcto -coincide Guillermo Pérez Roisinblit- porque mis padres no están secuestrados todavía. En un secuestro se estima que la persona que está privada de su libertad todavía tiene vida. Este 10 de agosto mi papá cumpliría 63 años. En lugar de ver qué le regalaríamos, que fiesta le organizamos, todavía estamos sin saber qué pasó con ellos, quiénes fueron los responsables de su destino y dónde están sus restos”.
El cambio de carátula conlleva el riesgo de que se declare la nulidad del proceso judicial debido al principio de congruencia (que implica que los imputados deben saber exactamente de qué se los acusa), dado que en un inicio se los responsabilizó solo por privación ilegítima de la libertad. Por eso, el abogado de Mariana Pérez aclaró que formulaba su pedido de manera subsidiaria, es decir que en caso de que el Tribunal no tuviera en cuenta su solicitud se suma al requerimiento de condena original de la Fiscalía. A su vez, solicitó que en el frente del inmueble de la RIBA se agregue una placa con los nombres de ambas víctimas, y que el lugar -que hoy se encuentra en estado de abandono- se mantenga como un sitio de memoria.
En cuanto a la calificación del delito, en su alegato el fiscal Martín Niklison aclaró los agravantes por ser los autores funcionarios públicos, que secuestraron y torturaron a las víctimas quienes a su vez eran perseguidos políticos, y no solo sufrieron violencia física y psicológica, sino también fueron mantenidos en cautiverio durante más de un mes. A continuación recalcó: «Los hechos aquí juzgados son delitos de lesa humanidad, hechos gravísimos que ofenden la conciencia universal». En el petitorio, solicitó que se investigue la participación del personal de las fuerzas estatales en la detención de Gabriel Pontnau -secuestrado al mismo tiempo que José Manuel- y lo que ocurrió durante las horas que Mariana Eva Pérez fue privada de la libertad junto a su madre. También pidió que se investigue la participación de Graffigna en el delito de sustracción, retención y ocultación de Guillermo, por el cual solo fueron condenados en 2007 sus apropiadores -Francisco Gómez y Teodora Jofré- y el médico que asistió en el parto, Jorge Luis Magnacco.
«Me interesa remarcar la poca resonancia que tiene a nivel local un juicio tan importante, donde estamos llevando a una posible sentencia a un jerarca de las juntas que en 1985 que quedó absuelto -señaló Guillermo Pérez Roisinblit-. A ninguno de los grandes medios locales les interesa, pero sí tiene mucha más trascendencia en distintas partes del mundo: desde Latinoamérica hasta Rumania».
El mes pasado, el periódico The Guardian -vía la agencia de noticias Associated Press- publicó una nota sobre el juicio titulada: ‘Cómo un hombre argentino supo que su ‘padre’ podría haber matado a sus verdaderos progenitores’, que obtuvo gran repercusión y apoyo a la lucha de las Abuelas. «En cambio, acá en Argentina, ni siquiera hubo difusión en radio ni en televisión. Eso nos duele y nos hace sentir como parias en nuestra lucha y nuestra búsqueda», aseguró Guillermo.
Durante los alegatos, Graffigna se mantuvo con la mirada fija en la pared, como en un estado de trance. Trillo, como en cada audiencia, mantuvo firme su vista, intimidante, y de a ratos intercambió una sonrisa cómplice con Gómez, quien se agarraba la cabeza y la escondía entre sus piernas cada vez que algún abogado lo nombraba. «Yo intenté cruzar miradas con él, pero bajaba la vista -afirmó Guillermo-. Yo no necesito que tenga vergüenza, necesito que cuente de una vez por todas qué pasó con mis padres». Durante sus declaraciones en la audiencia previa a la feria judicial, ninguno de los acusados aportó datos acerca del posible destino de Patricia y José Manuel.
La primera audiencia por los alegatos fue el último lunes. Se presentaron la fiscalía y dos de las querellas de la causa: Asociación Abuelas de Plaza de Mayo –por Guillermo y su Abuela Rosa Roisinblit- y Pablo Llonto -por Mariana Eva Pérez, hija mayor de la pareja-. Dada la imposibilidad de extender aún más la jornada, se decidió que las querellas restantes -las Secretarías de Derechos Humanos de La Nación y Provincia de Buenos Aires- se presentarán mañana jueves, 11 de agosto, a partir de las diez de la mañana.
Actualización 10/08/2016
Jul 14, 2016 | inicio
Seis horas duró la última audiencia testimonial del juicio por la privación ilegítima de la libertad y desaparición de José Manuel Pérez Rojo y Patricia Roisinblit en 1978. Antes de dar lugar a las esperadas declaraciones de los imputados, el juez Alfredo Ruiz Paz anunció la decisión del tribunal de rechazar la nueva pericia arquitectónica de la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA) solicitada por Guillermo Javier Miari, defensor de los acusados Luis Tomás Trillo y Omar Rubens Graffigna. Tampoco se aceptó el pedido de Alan Iud –representante de Abuelas de Plaza de Mayo- de adelantar las fechas de las audiencias programadas para agosto y septiembre, debido a la falta de personal judicial. No obstante esta resolución, el tribunal se comprometió a realizar gestiones para acelerar el proceso judicial.
Gómez: “Yo le debía todo a Sende”
La declaración de Francisco Gómez –apropiador de Guillermo Pérez Roisinblit, querellante en la causa- duró casi dos horas. “Yo solo me encargaba de hacer el jardincito y de hacer refacciones en el bañito -repitió más de una vez-. Ese era todo mi trabajo”. Explicó cómo conoció al comodoro Roberto Sende –jefe de la RIBA en 1978, ya fallecido- por medio de Teodora Jofré, su ex mujer. En 1977, el oficial le propuso trabajo como jardinero en la Regional por más del doble del sueldo que percibía hasta el momento como empleado de las Bodegas Giol. No solo le dio empleo en las Fuerzas Armadas, sino también –expresó Gómez, agradecido- le facilitó dinero para casarse con Jofré, le compró pasajes para irse de vacaciones a San Luis a conocer a sus suegros y le ofreció un hijo de manera ilegal: Guillermo Pérez Roisinblit. “Negro, tengo un chico ¿Lo querés para vos?”, recordó las palabras de su jefe en noviembre de 1978. “Sende nos quiere regalar un chico”, le dijo Gómez a Jofré y, luego de aceptarlo, contó que el Comodoro le dijo que solo hacía falta su firma en la partida de nacimiento para registrarlo como hijo suyo. “Yo le debía todo a Sende”, dijo dos veces durante su declaración.
“A Guillermo lo crié como un padre verdadero”, balbuceó y dedicó quince minutos a enumerar juguetes, cuidados y sacrificios que recordaba haber hecho por él. “Lo insto a que encarrile su declaración hacia el objeto procesal: la privación de la libertad de Pérez Rojo y Roisinblit –lo interrumpió el juez-. Esto no es una terapia para usted o para las partes”.
“A Guillermo (foto) lo crié como un padre verdadero”, balbuceó Francisco Gómez en la última audiencia.
Una vez finalizada su declaración, aceptó ser interrogado por los jueces del Tribunal, por la Fiscalía y por representantes de las cuatro querellas, compuestas por Abuelas de Plaza de Mayo, Mariana Eva Pérez –hija mayor de la pareja-, las Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la de la Provincia de Buenos Aires.
Ante las distintas preguntas de las querellas, la voz de Gómez se volvió más áspera y carrasposa cada vez que contestaba “no”, “nunca”, “no”, “no sabía”, “no”. “No sabía de dónde venía Guillermo, creía que era un hijo abandonado”, “nunca hubo personas detenidas en la RIBA”, “nunca entró una mujer a la regional, solamente había hombres”, “en donde hay un militar no se puede preguntar nada”, “de lo que pasaba adentro de la RIBA no sabía nada, yo siempre estaba afuera o en la cocina”, “nunca llevé a Guillermo a la Regional conmigo”, “no había armas ni autos en la regional”, “los militares no portaban armas”, “no recibí en casa a nadie que trabajara en la RIBA ni me saqué fotos con nadie que trabajara allí”. No le importó que las pruebas fotográficas presentadas por Guillermo en la tercera audiencia demostraran lo contrario. En aquella oportunidad exhibió, entre otras, fotos de Carlos Vázquez Sarmiento, suboficial de la Fuerza Aérea, celebrando un cumpleaños familiar.
En cuanto al “plus por actividades riesgosas” que figura en los legajos y recibos de sueldo de Francisco Gómez mientras perteneció a la Fuerza Aérea, afirmó que desconocía su significado: “Ni siquiera sabía lo que significaba la palabra ‘plus’”, dijo y agregó que lo siguió cobrando hasta 1997.
“Sabe mucho más de lo que dice, está actuando un personaje”, comentó Guillermo a ANCCOM durante el primer cuarto intermedio. “El juez le hacía preguntas técnicas y él sabía contestarlas”, señaló.
“Sabe mucho más de lo que dice, está actuando un personaje”, comentó Guillermo a ANCCOM durante el primer cuarto intermedio. Foto de archivo.
Trillo: “Era muy común que Sende no estuviera en la RIBA”
“Esta sí que es una actividad riesgosa”, bromeó Sergio Díaz Dalaglio –defensor de Gómez-, mientras esquivaba enchufes en la sala de audiencias, antes de que comenzara el segundo testimonio.
Luis Omar Trillo está acusado de haber estado a cargo de la Regional en el momento en que Patricia Roisinblit y José Manuel Pérez Rojo estuvieron secuestrados allí. “La RIBA era una casa de familia y nadie pudo haber estado detenido allí”, afirmó el oficial, que en 1978 se desempeñaba como Jefe de la Dirección de Contrainteligencia de la Regional. “Estaba dormido cuando declaré en Comodoro Py –comentó acerca de su indagatoria en 2013-. Yo no era segundo jefe en la RIBA, era Jefe de Regional Accidental, como indica mi sello en los papeles. Solo los Comodoros pueden ser jefes. Yo era Mayor, me faltaban diez años”.
Cóceres, Sánchez Capracio, Moizo, Leston Carranza, Herrera, Saremba, son los apellidos que Trillo mencionó como militares que trabajaban en la Regional. “También me acuerdo de Francisco Gómez, de maestranza, las costeletas las hacía bastante crudas”, recordó. En contraste con el testimonio que lo precedió, afirmó que no solo había armas dentro de la RIBA: “Había una pequeña salita con siete pistolas 1125, dijo y agregó que él siempre llevaba la suya encima. “Así no hubiera sido obligatorio hacerlo, yo hubiera portado el arma todo el día”, aseveró, y repitió la última frase en tono grave: “Todo el día”. Afirmó que los suboficiales no tenían permitido portarlas, pero más adelante en su declaración expresó que la seguridad en la RIBA era algo “automático”. “Nos cuidábamos, nos dábamos seguridad entre todos”, explicó sin dar más detalles.
Trillo aseveró que la Regional dependía del Estado Mayor General, pero dijo desconocer si los informes de inteligencia que se elaboraban en sus oficinas estaban en conocimiento de Omar Rubens Graffigna. Negó tener conocimiento del libro de terroristas editado por las Fuerzas Aéreas que el testigo Juan Taboada –oficial que trabajaba en la RIBA- mencionó en la quinta audiencia de este juicio como instrumento de trabajo dentro de la Regional.
“¿Sabe lo que es un interrogador?”, le preguntó Pablo Llonto, abogado de Mariana Eva Pérez. Luego de un par de segundos de silencio, el imputado respondió: “Es un especialista en un tema que puede llevar a un interrogado a decir la verdad. No sé si soy claro”, explicó. Sin que se lo pidan, intentó una segunda definición: “El trabajo del interrogador es poner al interrogado en una situación en la cual sí o sí tenga que decir la verdad. Cuando digo ‘sí o sí’ me estoy refiriendo al campo de lo verbal”. Inmediatamente aclaró que no hubo interrogatorios en la RIBA “porque no teníamos a quién interrogar”.
Tanto Gómez como Trillo omitieron mencionar a Juan Carlos Vázquez Sarmiento –prófugo desde 2003-, que también trabajaba en la Regional. Ambos afirmaron haberlo visto trabajar en la casa de Morón cuando las querellas preguntaron si conocían a una persona con ese apellido.
“Era muy común que Sende no estuviera en la RIBA”, afirmó Trillo durante su declaración que duró alrededor de una hora. Confirmó que él era quien le seguía en orden de jerarquía y, por lo tanto, firmaba sus papeles y asistía a reuniones como representante de la Regional. En cuanto a Pérez Rojo y Roisinblit, indicó que recién tomó conocimiento de que esa pareja había desaparecido cuando lo detuvieron en Casilda, con motivo de este juicio. También afirmó desconocer hasta hace tres años que Gómez se hubiera apropiado del hijo menor de la pareja por medio de Sende y había cumplido una condena por ello.
Luego de la declaración de Trillo, el presidente del Tribunal llamó a un cuarto intermedio de media hora para almorzar. A la salida, Guillermo saludó a los policías que custodian la sala en cada audiencia. “Al final, ¡parece que no te conocía nadie!”, se rió uno de los oficiales mientras le estrechaba la mano.
Ninguna de las declaraciones aportó datos acerca de cuál fue el destino de José Manuel Pérez Rojo y Patricia Roisinblit. En la foto, la madre de Patricia, Rosa Roisinblit. Archivo.
Graffigna: “El jefe del Estado Mayor no es ejecutivo, es de asesoramiento”
Durante la hora y media que duró su declaración, Omar Rubens Graffigna –quien se desempeñaba como Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea en 1978- se dedicó a leer citas textuales de actas secretas de las juntas militares que gobernaron al país durante la última dictadura. Se trató de información diversa de escasa utilidad para la causa: felicitaciones de Agosti –entonces Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea- por adaptar la Jefatura 2 (J2) a la lucha contra la subversión; detalles de las calificaciones del Brigadier Francisco Salinas como jefe de la J2; palabras técnicas relacionadas al conflicto con Chile y por las Islas Malvinas; compra-venta de aviones; problemas de organización internos de la Fuerza Aérea, entre otro temas.
Entre la marea de tecnicismos, afirmó que “el jefe del Estado Mayor no es ejecutivo, es de asesoramiento”. Esa fue su estrategia de defensa. Los bostezos se multiplicaron conforme pasaron los minutos de su declaración. “Me perdí después de la primera vez que dijo ‘J2’”, comentó uno de los asistentes del público a otro.
Ninguna de las declaraciones aportó datos acerca de cuál fue el destino de José Manuel Pérez Rojo y Patricia Roisinblit. No obstante, el juez confirmó que los alegatos tendrán lugar el 5 y 22 de agosto.
Actualizado 14/07/2016
