10 años de violencia institucional: de Bullrich a Bullrich

10 años de violencia institucional: de Bullrich a Bullrich

De los disparos a la murga de la Villa 31 no bien asumió Macri al cartucho de gas lacrimógeno que impactó en la cabeza de Pablo Grillo bajo el gobierno de Milei. Un problema que la democracia no pudo solucionar.

Represión durante la protesta de los jubilados en septiembre de 2024. 

Mientras el fotoreportero Pablo Grillo, víctima de un balazo de gas de la Gendarmería, se recupera lentamente en el Hospital Ramos Mejía, ANCCOM repasó la última década de represión a manos del Estado. El término “violencia institucional” tiene múltiples definiciones y alcances. Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz y presidente de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) considera que “cuando hablamos de violencia institucional se piensa mucho en la represión policial o militar, pero esta se manifiesta de muchas maneras. La violencia institucional parte de los poderes del Estado: está tambien en la discriminación, en expresiones y condicionamientos”.

Para Manuel Tufró, director del área de Justicia y seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), “es una forma de violencia estatal que no requiere de un plan centralizado para existir, eso la diferencia del terrorismo de Estado. Es una violencia más difusa, que depende del modo en que funcionan las instituciones”.

Por su parte, María del Carmen Verdú, abogada y referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), sostiene que “en lo que hace a la militancia de Correpi, preferimos utilizar la expresión represión estatal”. A su criterio, “violencia institucional es el género y represión estatal es una de sus especies”. Desde Correpi identifican dos tipos de represión estatal: la preventiva y la selectiva. “La represión selectiva se dirige sobre los sectores organizados de la clase trabajadora, a través de la criminalización de la protesta y la represión, por ejemplo, y la represión preventiva es la represión de control social en los barrios, invisibilizada hacia adentro de la clase que la padece y naturalizada hacia afuera”. Verdú afirma que hay dos nociones centrales con respecto a esto, control social y disciplinamiento: “Al que ya sale a protestar, lo disciplinan. Al que potencialmente podría organizarse y salir, le aplican el control social para que tengan miedo y se queden quietos en sus casas”. 

Tanto Tufró como Verdú hablan de las dificultades que supone la falta de un registro estatal sobre los casos. “No tenemos datos concretos. casos de gatillo fácil, por ejemplo, hay infinidad que nos vamos a enterar en los próximos meses cuando la familia se contacte. Todos los años incorporamos casos de años anteriores”, afirma Verdú con respecto al Archivo de Casos que Correpi realiza desde 1996. “No existe una producción de datos o de información que permita hacer una medición detallada de la violencia institucional y de su evolución”, sostiene Tufró.  “El Estado no lo produce y lo que producimos las organizaciones son datos de algunos indicadores, pero esos indicadores no hablan de la generalidad de la violencia institucional”, agrega.

Pese a la dificultad de acceder a los datos concretos, el trabajo de las organizaciones logra ciertas certezas. “Lo que se sostiene y persiste es que la violencia institucional se concentra cada vez más sobre las personas pobres, jóvenes varones pobres particularmente”, establece Tufró. Otro dato certero es que la mayor cantidad de muertes por violencia policial ocurren cuando el oficial se encuentra de civil. “En estos últimos años el 70% u 80% de los casos de muertes por policías se dieron cuando estaban fuera de servicio. Se llevan el arma a su casa y matan a personas que supuestamente les van a robar”, afirma el integrante del Cels. 

 

Florencia Torres, de la murga «Los Auténticos Reyes del Ritmo»  luego de la represión. Año 2016.

2015-19: Macri con Bullrich

 

29 de enero de 2016. La murga Los Auténticos Reyes del Ritmo del barrio de Bajo Flores ensayaba en la calle, cuando dos móviles de Gendarmería los encararon con el auto para pasar. Antes de que pudieran despejar la calle, los gendarmes comenzaron a dispararles balas de goma. La ministra de Seguridad presentó los hechos como un enfrentamiento de los oficiales con una banda narco. 

En febrero del mismo año, Bullrich presentó el Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas. Este identificaba la libre circulación de personas y bienes como el principal derecho a ser defendido por las Fuerzas de Seguridad y  omitía regular el uso de armas de fuego, ya que no establecía ninguna disposición respecto al armamento autorizado en los operativos. “Durante la gestión Macri se produjo un recrudecimiento profundo de todas las estrategias represivas del aparato estatal, al punto tal de que a mediados de 2017 hablábamos de un estado de excepción con suspensión de derechos y garantías”, afirma Verdú. 

La administración de Bullrich en el Ministerio de Seguridad durante estos años fue caracterizada por la denominada “Doctrina Chocobar”. El nombre hace referencia al caso del policía Luis Chocobar, quien estando de civil asesinó a Juan Pablo Kukoc, tras ver al joven robarle a un turista en La Boca. Las imágenes del hecho demuestran que Kukoc escapaba cuando el policía le disparó por la espalda, desmintiendo la versión del oficial que aseguró haber visto en riesgo su vida. Luego de los hechos, Macri y Bullrich recibieron a Chocobar en la Casa Rosada y aseguraron estar orgullosos de su actuación.

“Algo que nunca había sucedido antes, en ninguna de las administraciones anteriores fue la normativización del gatillo fácil a través de resoluciones ministeriales, los famosos Protocolos Bullrich”, sostiene Verdú. A través de la resolución 956/18, el Ministerio de Seguridad amplió la posibilidad del uso de arma de fuego para las fuerzas federales para “cuando resulten ineficaces otros medios no violentos”. A su vez, se exceptuaba el deber de dar voz de alto en las situaciones donde “resultara ello evidentemente inadecuado o inútil”.  

“Durante esta gestión se superaron todos los récords de cantidad de personas encarceladas, de la tasa de prisionización y la tasa de crecimiento interanual de personas detenidas”, expresa el informe 2019 de la Comisión Provincial por la Memoria.

Represión en la protesta contra la Ley de Reforma Previsional en diciembre de 2017.

De acuerdo a la CPM, estos indicadores muestran una política de seguridad dirigida únicamente a una mayor captación de personas por parte del sistema penal, y no a una desarticulación de los mercados delictivos. “En casi cuatro años no existieron políticas públicas destinadas a la prevención, asistencia o sanción de la tortura. A la par, asistimos a la descomposición acelerada de un Poder Judicial que no previene ni sanciona estas violaciones de derechos humanos y que es parte constitutiva de su realización”, denuncia el informe. De acuerdo a los datos de la CPM, la Gobernadora bonaerense en ese entonces, María Eugenia Vidal, culminó su gestión con 51.000 detenidos que se alojaron en 21.000 plazas: la sobrepoblación carcelaria creció del 72% al 118%. La CPM sostiene que esta tasa de prisionización fue la más alta del país, con 294 detenidos por cada 100.000 habitantes. 

Con un discurso punitivista y apologista de la “mano dura”, en estos cuatro años se profundizó la criminalización de la protesta, la persecución a los pueblos originarios enmarcada en un discurso “antiterrorista” y el aumento del índice de prisionalización junto a una narrativa de “guerra contra el narcotráfico”. De acuerdo al informe de Correpi, en los 1.435 días del gobierno de Macri fueron asesinadas 1.926 personas por el aparato represivo estatal. 

 

La madre de Facundo Astudillo Castro reclama por la desaparición de su hijo en julio de 2020. 

2019-23: Fernández con Sabina Frederic y Aníbal Fernández

 

30 de abril de 2020. Facundo Astudillo Castro salió a dedo desde su casa en Pedro Luro hasta Bahía Blanca. En el camino, fue detenido en dos ocasiones por la Policía Bonaerense, por no contar con permiso  para circular durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). A la misma hora de la segunda detención, tres testigos declararon haber visto un patrullero estacionado en la banquina junto a dos policías y un joven. Uno de esos oficiales afirmó que Astudillo Castro se había ido en un auto luego de ser detenido, pero más tarde cambió la historia y afirmó que el joven se había ido caminando. Facundo permaneció desaparecido durante cuatro meses. El 15 de agosto, restos de su cuerpo fueron encontrados en un cangrejal cerca de Bahía Blanca. La autopsia del cuerpo arrojó que fue una muerte violenta, no natural, pero no pudo determinarse la causa. La Policía Bonaerense, conducida políticamente por Sergio Berni, entorpeció y manipuló la investigación, hostigó a testigos, amenazó a la familia de la víctima, a sus abogados y a familiares de la exnovia. A más de cuatro años de los hechos, ninguno de los policías sospechados por la desaparición forzada seguida de muerte ha sido imputado. 

“La gestión de Alberto Fernández es el mejor ejemplo para explicar cómo la etapa que está atravesando el gobierno influye en las políticas específicas que adoptan”, sostiene Verdú. “Durante esta gestión tuvimos tres etapas muy claras, una primera donde tenía un porcentaje de adhesión muy alto y se pudieron dar el ‘lujo’ de designar en Seguridad a Sabina Frederic, una persona que no está alineada a este tipo de políticas represivas”, afirma la abogada. Frederic asumió como ministra de Seguridad el 10 de diciembre de 2019. El 24 del mismo mes, a  través de la resolución 1231/19, derogó la Resolución 956/18 que establecía el Reglamento General para el Empleo de las Armas de Fuego y otra batería de normativas implementadas por Bullrich. “Eso fue un borrón y cuenta nueva, volver a la legislación preexistente, los pactos internacionales, lo que dice la Constitución. Solo con eso se produjo un descenso importante del gatillo fácil en todo el país”, sostiene Verdú. 

“La segunda etapa empezó con la irrupción de la pandemia. En ese momento había un 47% de la población precarizada que si no salía a laburar no morfaba, y el Estado en lugar de poner fondos para el bolsón de comida, la asistencia médica, el agua potable, puso la guita en el aparato represivo para garantizar el ASPO por la fuerza. Los casos de gatillo fácil subieron a pesar de que no había gente en la calle”, repasa la abogada. “Tercera etapa: perdieron las elecciones legislativas, se produce el recambio de Sabina por Aníbal Fernandez y volvimos otra vez a la sopa. A partir de ahí no hubo diferencia en la política represiva entre Nación y provincia de Buenos Aires, donde estaba Berni”, apunta.

 El gobierno de Alberto Fernández concluyó con un saldo de 1.924 casos de víctimas fatales de violencia institucional. Durante esta gestión se hizo notable el aumento de muertes en lugares de encierro, que superó a los casos de gatillo fácil. En 2020, más del 70% de los casos de muertes por represión estatal se dieron en cárceles. Esto se debió al crecimiento de la tasa de encarcelamiento, el hacinamiento en los sitios de encierro y la falta de medidas sanitarias adecuadas en una situación de pandemia.

 

Asamblea Legislativa en marzo de 2024.

Milei con (otra vez) Bullrich

Pablo Grillo tiene 35 años y es fotógrafo. El 12 de marzo de 2025 se acercó al Congreso donde, como todos los miércoles, los jubilados reclaman por una mejora en sus condiciones económicas, siendo reprimidos semana a semana. Esta vez, la movilización tuvo un factor especial: hinchas de clubes de fútbol se autoconvocaron para ir a defenderlos de los palos y los gases del Comando Conjunto al que la ministra Bullrich suma cada vez más fuerzas. Alrededor de las 17 horas, la represión policial estaba enteramente desplegada contra los manifestantes. A unos 150 metros del Congreso, Grillo se resguardó detrás de los restos de un mueble prendido fuego, buscando una imagen de la represión estatal: la Gendarmería avanzaba con el camión hidrante, tirando gas y balas de goma entre el humo. En ese momento, una granada de gas lacrimógeno impactó sobre su cabeza. Grillo aún permanece internado en terapia intensiva del hospital Ramos Mejía, con un cuadro delicado. 

La pistola lanza-gas con que Grillo fue herido está prohibida en gran gran parte del mundo por ser potencialmente letal. En Argentina su uso era ilegal desde el 2010 –dos años antes fue uno de sus cartuchos el que impactó en la nuca del maestro Carlos Fuentealba– pero Patricia Bullrich lo volvió a permitir en 2023. Esta pistola debe ser disparada siempre hacia arriba en un ángulo de 45 grados. A través del peritaje y fotografías del momento que logran reconstruir los hechos, se probó que el proyectil que impactó en la cabeza de Grillo fue disparado en línea recta con una trayectoria descendente, por fuera de cualquier protocolo de uso. La represión fue premeditada y de carácter disciplinante. El día previo, la ministra Patricia Bullrich afirmó: “Que no se animen, porque nos van a encontrar”. Para Pérez Esquivel, “la represión de los miércoles es como un Estado de sitio, pero acotado a jubilados y a quienes se solidarizan y van a la movilización”.

 Javier Milei llegó al poder con un discurso que reivindica la última dictadura cívico militar, y eligió como ministra de Seguridad a Bullrich, que volvió a ocupar el puesto tras salir tercera en las elecciones presidenciales. Tanto el Presidente como la Ministra tenían el mismo lema durante la campaña: “El que las hace, las paga”. Este eslogan punitivista se transformó rápidamente en una medida concreta: a través de la Resolución 943/23, publicada el 14 de diciembre de 2023, Bullrich efectivizó el denominado “Protocolo Antipiquetes”. Este establece que cualquier manifestación pública en la que se corte la calle constituye un delito que habilita la intervención de las fuerzas de seguridad, sin necesidad de orden judicial. El protocolo también dispone que se buscará identificar y judicializar a los manifestantes, habilitando la persecución y criminalización de quienes ejercen el derecho a la protesta, y aprueba que el Ministerio de Seguridad demande a las personas y organizaciones involucradas para que se hagan responsables del costo del operativo represivo. También deroga la Resolución 210/11 que fijaba las reglas y pautas de la actuación policial, y establecía: “El objetivo fundamental de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad que actúen en manifestaciones públicas es el respeto y protección de los derechos de los participantes”. Así, el “Protocolo Antipiquetes” elimina las regulaciones del accionar de las fuerzas al tiempo que amplía su capacidad de intervención en detrimento del derecho a la protesta. 

Durante la movilización en repudio a la denominada “Ley Bases”, la policía reprimió y detuvo arbitrariamente a 33 personas. El Gobierno sostuvo que intentaban realizar un golpe de Estado y los acusó de sedición, trasladando a los detenidos a diferentes penales federales. Las detenciones arbitrarias durante las movilizaciones cobran otra perspectiva a partir de la reciente modificación del Código Penal, que incorpora la figura de reiterancia. 

Otra normativa donde las agrupaciones de derechos humanos ponen especial atención es en la denominada “Ley anti-mafias”. En su texto, el objetivo de la ley se establece como “brindarle al Estado  herramientas útiles en materia de investigación y sanción de las organizaciones criminales”. Establece que son grupos de tres o más personas que “actúan concertadamente con el propósito de cometer delitos especialmente graves”. De acuerdo al informe 2024 de Correpi, esta definición es “confusa y permeable a cualquier interpretación”. La ley incorpora el término “zona sujeta a investigación especial”, donde las fuerzas policiales podrán detener a una persona sin causa previa entre 48 horas y 15 días para hacer averiguaciones. También habilita, entre otros puntos, requisas, allanamientos e intervención de llamadas telefónicas y mensajería. Desde el Cels interpretan que: “La “organización criminal” deja de ser algo cuya existencia hay que demostrar y pasa a ser un argumento a priori para establecer zonas de excepción en las que no rigen las garantías”. 

De acuerdo al archivo de casos de Correpi, en el año y tres meses que lleva de gestión Javier Milei fueron asesinadas 549 personas por el aparato represivo estatal, entre ellas Rodrigo Torres y Fernando Gómez en Salta a manos de la Gendarmería, y hubo más de 200 detenciones de manifestantes bajo la figura de “resistencia a la autoridad”. Por su parte, en el informe “Milei. 1 año”, el Cels contabilizó hasta septiembre de 2024 723 personas heridas por la represión policial, 50 de ellos trabajadores de prensa. 

Consultado sobre el momento actual, Pérez Esquivel afirma que “el gobierno viola la Constitución, el derecho a manifestarse de los pueblos, y quiere disciplinar las protestas sociales”. El Premio Nobel también se refirió a la jueza Karina Andrade, que liberó a los detenidos por protestar el 12 de marzo: “La jueza procedió y ahora está siendo blanco de ataques, este gobierno quiere disciplinar también a la justicia”. En tal sentido, sostuvo que “la política se ha bastardeado, ha perdido valores, como también el Poder Judicial, perdió valores jurídicos de independencia de poderes. Hay una degradación política e institucional. Argentina ha retrocedido más de cincuenta años”. 

María del Carmen Verdú, por su parte, considera que “estamos viviendo un momento absolutamente inédito y novedoso de ruptura de los consensos históricos”. A su criterio, “lo que ellos llaman batalla cultural en realidad es la destrucción de los consensos democráticos. Para eso llevaron adelante una política de instalación en el sentido común de cosas como la reivindicación explícita de la dictadura cívico-militar-eclesiástica, la estigmatización de las luchas llamando terroristas, golpistas y subversivos a las organizaciones, el incentivo sistemático al odio”. Concluye Verdú: “No es que antes viviéramos en el paraíso de la tolerancia pero estas expresiones que estaban segmentadas y no eran convalidadas mayoritariamente ahora forman parte del sentido común, impulsadas por el manejo excelso que tiene el Gobierno de las redes y la prensa hegemónica”.

Estela de Carlotto y Adolfo Pérez Esquivel reclaman por libertad de los detenidos durante la sanción de la Ley Bases en 2024.

De aquí en adelante 

Para Tufró, la herramienta principal de la ciudadanía frente a la violencia institucional es organizarse. “No hay nada que pueda reemplazar a la organización, toda la historia del activismo contra la violencia policial demuestra eso”, afirma. Por su parte, Pérez Esquivel sostiene: “La Argentina viene con una experiencia de la resistencia, pero la mayor resistencia que hay que hacer es la cultural, es desarmar la violencia que nos han metido, comenzar a volver a crear los acuerdos, la unidad. Si no conseguimos la unidad estamos perdidos. La unidad debe ser en la diversidad”, postula el Nobel de la Paz. “La riqueza de los pueblos es la diversidad, pero tiene que haber objetivos centrales en la unidad: no a la pérdida de soberanía, los derechos de los pueblos originarios, de las mujeres, de los niños. Democracia significa derecho e igualdad para todos y todas. Hoy no lo tenemos, lo hemos perdido. La forma de enfrentar esto es la unidad, con la gente en la calle y las organizaciones trabajando y construyendo”.

Los hinchas solidarios se defienden de los periodistas barrabravas

Los hinchas solidarios se defienden de los periodistas barrabravas

En complicidad con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, periodistas oficialistas intentaron estigmatizar a socios de clubes que trabajan por el bienestar común para justificar la represión estatal. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen?

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich en connivencia con los medios de comunicación La Nación+ y Clarín, difundieron una serie de fake news contra los integrantes de la Coordinadora de Derechos Humanos del fútbol para estigmatizar a los hinchas que se autoconvocaron a la marcha de jubilados el miércoles 12 de marzo y así asociarlos falsamente con “barrabravas”. Sergio «Cherco» Smietniansky, coordinador de Derechos Humanos del club de fútbol Banfield, desmiente a la ministra: «Lo que se movió en los clubes no fue eso. No fueron los millonarios, los empresarios, los que ganan guita vendiendo un jugador. Fueron la otra parte de los clubes. Entonces, como era un movimiento tan hermoso, tan solidario y tan genuino la única manera era demonizarlo”.

“Estaba en la Línea A del subte. Una persona totalmente desconocida, me dice ‘zurdito ahora te tenemos calado, te va a caber’. Ahí está lo peligroso”, relata Vignozzi.

Miente, miente que algo quedará

“No me había pasado nunca que sean tan puntuales; que nos pongan en un medio de comunicación que mucha gente lee, escucha o lo que sea, con nombre y apellido, exponiéndonos y encima mintiendo”, expresó en diálogo con ANCCOM Mariano Vignozzi fundador de la Coordinadora de Derechos Humanos del fútbol. Con una whipala cubriendo una parte de su pared y un cerámico con el pañuelo blanco de Abuelas de Plaza de Mayo, el hincha de Ferro continuó contando: “Estaba en la Línea A del subte. Una persona totalmente desconocida, un cuatro de copas, me dice ‘zurdito ahora te tenemos calado, te va a caber’. Ahí está lo peligroso”.

La fake news empezó con los dichos de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich tratando de asociar a los hinchas de fútbol que habían movilizado en conjunto con los jubilados con “barrabravas”. El informe de Clarín, retoma el relato oficialista y le suma sus condimentos: “camporistas” y “militantes”. El conductor de La Nación+, Luis Majul, retomó la noticia falsa de Clarín y la profundizó, aumentando la escala de engañados a los espectadores de la televisión. Los nombres, apellidos y las caras, fueron difundidos por el principal conglomerado de medios del país.

La falacia de tomar la parte por el todo se combina con la estigmatización contra quienes ejercen su derecho a la protesta en contra de los intereses del gobierno libertario. Hernán Aisenberg, integrante de la Coordinadora de Hinchas, en diálogo con ANCCOM, argumenta: “Democráticamente frente a cualquier tipo de reclamo legítimo del pueblo, el gobierno encuentra una estigmatización para poner del lado del mal”. En sintonía con lo expresado por Aisenberg, Smietniansky refiere a la operación mediática que busca desviar el foco de los reclamos de los jubilados: “Te corren el eje, los hinchas pasamos a ser barrabravas y el eje pasó a ser una marcha de barrabravas que nunca existió”.

Jubilados vitalicios

“Es un honor llegar a vitalicio en el club”, manifiesta Hernán Aisenberg. El vitalicio es aquella persona que después de aportar a la cuota de socio del club durante más de 20 años, se le garantiza el beneficio de no tener que seguir abonando para continuar siendo socio. Cómo en la jubilación, el compromiso y la dedicación aportados al club son valorados por la comunidad. Aunque a diferencia de las pensiones, se los recompensa con el reconocimiento y entradas gratuitas a la cancha, en vez de represión policial.

Ante la pregunta sobre cuáles fueron los motivos por los que decidieron sumarse a la marcha del miércoles en solidaridad con los jubilados, Vignozzi responde: “Ese jubilado es de Chacarita, pero también hay jubilados de Ferro. También hay jubilados de Banfield, también hay jubilados de Gimnasia, Estudiantes, de San Lorenzo, de Huracán, de todos los clubes. Además, estaba un Estado represor atrás”. Aisenberg suma que los jubilados son los protagonistas de esta lucha y que, por lo tanto, la solución es simple: si el gobierno en vez de reprimir cada miércoles, utilizara ese presupuesto para subir las jubilaciones a un monto razonable se terminaría el problema: “Denle a los jubilados lo que les corresponde y los hinchas volvemos a nuestros clubes”.

 

“Imaginate todo lo que llevamos de donaciones a Bahía Blanca y todo lo que podríamos haber llevado si en lugar de poner parte de nuestra energía en la calle la hubiésemos puesto para la inundación”, reflexiona Aisenberg.

Somos todos

La Coordinadora de Derechos Humanos del Fútbol agrupa a más de 40 clubes, entre ellos sus fundadores: Banfield, Lanús, Rosario Central, Defensores de Belgrano, Ferro, San Lorenzo y Argentinos Juniors. Entre sus actividades cotidianas realizan desde colectas hasta visitas a excentros clandestinos de detención de la última dictadura.

El domingo pasado, la Coordinadora convocó a Plaza de Mayo para preparar las actividades del 24 de marzo. Una bandera expresa “Fuerza Pablo”, trayendo a la memoria al fotoreportero Pablo Grillo, herido de gravedad por un gendarme que le disparó una granada de gas lacrimógeno en la cabeza durante la represión a la marcha de jubilados. Todavía está internado en el Hospital Ramos Mejía en estado crítico.

Cada uno con su camiseta, ya sea de Boca o River, Atlanta o Chacarita Juniors, Lanús o Banfield, Independiente o Racing, Vélez o Ferro, San Lorenzo o Huracán, participaron de una misma hinchada. El hincha de Banfield, Smietniansky, manifiesta: “Hinchas somos todos, incluso los asesinos que aprietan el gatillo. Lo que pasa es que unos queremos a nuestros clubes como lo que son, dedicados a la vida. Lo que diferencia a Argentina del resto, es que los clubes de fútbol echaron raíces en los barrios, tienen fines sociales. Además de los once pateando la pelota, hay gente que trabaja ahí por cultura, por género, por derechos humanos. Nosotros teníamos que ir a la marcha y la gente llegaba tarde porque estaba acopiando la ropa para mandar a Bahía Blanca”.

Ferro, aquel lugar donde se encuentra el ferrocarril oeste y llegaban las donaciones que después Eva Perón repartiría, hoy es un espacio donde se coordina una campaña por Bahía Blanca para juntar y trasladar donaciones a las personas afectadas por el temporal. Aisenberg reflexiona y lamenta las necesidades que provoca el Estado con su ausencia: “Imaginate todo lo que llevamos de donaciones a Bahía Blanca y todo lo que podríamos haber llevado si en lugar de poner parte de nuestra energía en la calle la hubiésemos puesto para Bahía Blanca”. Donde el Estado se retira, florecen relaciones solidarias entre los clubes de barrio que van más allá del color de la camiseta.

¿Se viene el estallido?

¿Se viene el estallido?

La represión del miércoles pasado fue el punto cúlmine de una sucesión de acontecimientos inaugurados con el caso $Libra donde el gobierno perdió el manejo de la agenda. El sociólogo Pablo Semán, historiadora Dora Barrancos, la politóloga Gabriela Delamata y el diputado Daniel Arroyo analizan el escenario.

El miércoles pasado se vio el accionar de las fuerzas de seguridad comandadas por la ministra Patricia Bullich en su faceta más cruda. La represión a la marcha semanal de los  jubilados, cuyos haberes han sido recortados en un 24% en términos reales, terminó con el fotoperiodista Pablo Grillo peleando por su vida tras el disparo de un cartucho de gas lacrimógeno en su cabeza. Esto abre una serie de interrogantes: ¿Estamos al borde de un estallido social? ¿La tensión en las calles escalará? ¿Cuál es la naturaleza del accionar del gobierno en materia de seguridad?

A todas luces, la política de seguridad frente a la protesta social no parece un accidente ni un exceso, sino algo premeditado. “El gobierno tomó la decisión estratégica de avanzar un paso más en su propio modelo represivo, destinado a aniquilar la protesta. Es contra la actual y la futura, una respuesta política elaborada y meditada con el objetivo de decir ‘podemos ser los más malos del mundo’”, subraya Pablo Semán, sociólogo y antropólogo autor del libro  Está entre nosotros (Siglo XXI).

En su primer mes de gestión, el Ministerio de Seguridad instauró el protocolo antipiquetes, dando la posibilidad a las fuerzas policiales de aprehender a los manifestantes ante cualquier corte de calle. Incluso, la propia Bullrich declaró en febrero del año pasado que no dejará de actuar de esta manera “por miedo a un muerto”. El autor reflexiona que “este tipo de represión se empezó a pensar antes. Esta decisión se tomó cuando comenzó la corrida bancaria en Brasil, cuando el gobierno vio urgente acudir al FMI”.

Para la socióloga e historiadora Dora Barrancos, esto se explica también por la figura de la ministra de Seguridad: “Quien comanda la violencia del Estado es alguien que hace lo que quiere. Esta señora desquiciada no tiene ningún contrapeso porque el resto está en otra cosa”. En esa línea, observa en los miembros del Poder Ejecutivo “personalidades que tienen una composición personal grave, incluido el propio presidente. Son muy poco sofisticados en todos los rubros, incluso para la corrupción”, dice, en referencia al caso de la criptomoneda $Libra.

Ante esta situación, Gabriela Delamata, abogada y doctora en Ciencia Política y Sociología, especializada en protesta y movilización social, analiza los incidentes del miércoles pasado, destacando que “hubo una guerra de relatos acerca de lo que hicieron las fuerzas de seguridad. La ministra (Bullrich) fue una de esas voces, anclando los hechos a la idea de polarizar entre ellos y kirchneristas, lo que construye significados”.

Jorge Macri, jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, afirmó que la mitad de los detenidos contaban con antecedentes penales, cuando en realidad sólo 25 de los 94 detenidos contaban con alguna causa en su contra, según fuentes del Ministerio de Seguridad porteño.  Por su parte, el Poder Ejecutivo, de la mano de su vocero Manuel Adorni, aseguró que se trató de un intento de golpe desestabilizante. Sobre esto, Barrancos recalca que “saben que esto es falso. Hay un aparato falsario funcionando, todo está producido sobre falsedades”.

Tensión social

Más allá del accionar represivo del Estado, la efervescencia en las manifestaciones está, sin pausa pero sin prisa, aumentando. El gobierno de Javier Milei observa cómo se multiplican las concentraciones en contra de sus políticas. ¿Estamos, entonces, ante una escalada social?

 Sobre esto, el diputado nacional Daniel Arroyo marca que “no hay condiciones en lo inmediato para un estallido porque hay un fenómeno de implosión social. Mucha gente revienta para adentro, no le alcanza la plata, no llega a fin de mes, está endeudada. Eso se traduce en tensión social, pero el fenómeno es hacia adentro”.

Por otro lado, destaca que hay un efecto de desmovilización: “Se rompió la idea de que si uno protesta, consigue algo. Hoy tenés riesgo de que te repriman y, además, tenés miedo de perder lo que ya tenés”. Para el diputado, “las puebladas no son un fenómeno del siglo XXI, en donde las formas de comunicación cambiaron. Antes de estallar, la sociedad marca. Un punto de inflexión fue la marcha universitaria, señaló un límite”.

Por su parte, Delamata, investigadora del CONICET y docente en grado y posgrado en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), pone distancia entre la situación actual y el 2001, año en el cual el gobierno de la Alianza cayó producto de movilizaciones masivas en todo el país: “En aquel entonces tuvimos un escenario de fragmentación política muy fuerte, fruto de protestas en contra de todo el sistema de representación”. Dicho esto, señala que, a pesar de que puede haber condiciones materiales similares, “en este momento no está esa división, lo que prima hoy es la polarización”.

En esta misma línea, asevera que “el 2001 vino precedido de elecciones legislativas, en las que 10 millones de votantes se ausentaron o votaron en blanco. En el día de hoy, son dos espacios políticos que están enfrentados, que tienen valores y están apoyados en campos ideológicos existentes en la Argentina. Es otra dinámica, mientras no se desestabilice esa construcción del conflicto, no va a suceder (un estallido)”.

A su vez, Barrancos marca la importancia del apoyo con el que todavía cuenta el oficialismo, destacando que Milei “ganó el balotaje con la voluntad popular de mucha gente que podría haber sido indicada como saqueador en el pasado”.

En ciertos sectores de la opinión pública, sobrevuela la expectativa de una desestabilización del gobierno dada su presunta debilidad. Semán se distancia de esto, recordando que con el caso $Libra hubo gente que pensó que el gobierno iba a caer. “¿Cuántos escándalos tuvo Menem antes de que la convertibilidad tenga algo de éxito?”, se pregunta.

Crisis de representatividad

Uno de los factores que más dilata el aumento de la conflictividad social es la desconexión que existe entre el sistema político y la sociedad. Para Arroyo, “no se encuentran canales de representación. Está roto el vínculo con los actores de agregación de demandas”.

Delamata remarca que la praxis discursiva del oficialismo disipa la posibilidad de un desenlace similar al 2001: “Uno de los principales instrumentos del gobierno para mantener su popularidad es apelar todo el tiempo a que está combatiendo al kirchnerismo, a los zurdos, a la gente de mal. Del otro lado, al mismo tiempo, no se puede salir de ahí, ya que allí no hay ninguna construcción alternativa”.

En este contexto, la oposición no logra dar respuestas ni tampoco logra tener una postura cohesiva o convincente. Para Semán, “los mismos que alucinaban helicóptero el primer mes de mandato ahora dicen que va a durar mil años. No es un gobierno fuerte ni tambaleante, es uno que está construyendo su mandato como cualquier otro. En Argentina estos procesos son más revulsivos, con más posibilidades de traumatismos sociales”. En consecuencia, destaca que “este modelo represivo se beneficia en parte de la indigenidad de la oposición, que tiene expectativas de repetición histórica y una concepción muy mecánica de la vida social”.

En ese sentido, reflexionando sobre una postura de aquí en más, observa que “hay mucha gente que juega al ‘valentismo’ y a que esto es una dialéctica entre ‘cagones’ y ‘valientes’. Lo que hay que pensar es en cómo generar movilizaciones masivas, que son las que quebraron el protocolo antipiquetes. Pero estas se producen con tiempo, por lo que no se puede jugar a la desesperación”.

 

 

La inteligencia colectiva identificó al autor del disparo contra Pablo Grillo

La inteligencia colectiva identificó al autor del disparo contra Pablo Grillo

 

A través del aporte colectivo de fotografías y filmaciones se pudo visualizar el momento en que el cabo primero de Gendarmería dispara el cartucho que impacta en la cabeza del fotógrafo.

En una conferencia de prensa conjunta la organización civil Mapa de la Policía, el CELS, ARGRA, FATPREN y SIPREBA, identificaron al autor del disparo que impactó en la cabeza de Pablo Grillo: se trata del cabo primero de Gendarmería, de apellido Guerrero, número de legajo 103208, perteneciente a la unidad móvil número 6 de la Sección de Empleo Inmediato (SEI). Continúan las averiguaciones por su nombre de pila, pero la sobreabundante información recolectada de manera colectiva gracias a la iniciativa de estas organizaciones permitirá concretar una denuncia contra el accionar represivo de las fuerzas de seguridad, contra Guerrero, sus superiores y la implicación y encubrimiento de la ministra de Seguridad como responsable mayor del operativo, defendido con falacias fácilmente refutables con las evidencias ya reunidas. “Seguimos pidiendo la renuncia de Patricia Bullrich”, dijo Sebastián Vricella, director de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina. 

Gracias al informe realizado por peritos científicos con la recolección de material audiovisual de reporteros gráficos, medios de comunicación, y el aporte de los ciudadanos que participaron de la marcha el pasado miércoles 12 de marzo, se logró reconstruir minuciosamente el momento del disparo que impactó en Pablo Grillo; tanto el trayecto y la ubicación del disparo como al tirador que lanza el proyectil.

“Seguimos pidiendo la renuncia de Patricia Bullrich”, subrayaron en la conferencia de prensa.

Guerrero, el presunto autor material del hecho, portaba un uniforme y accesorios diferentes a los demás miembros de la fuerza, como su traje color caqui, gafas polarizadas, máscara antigases que cubría toda su cara, un par de morrales porta municiones, que resultaron útiles para su identificación en el material. En esta línea, Mario Santucho, director de la Revista Crisis, remarcó lo significativo que resulta el envío de la totalidad del archivo registrado: “Quiero hablarles a los reporteros gráficos sobre la importancia que tiene que manden sus registros al mail registrocolectivo2024@gmail.com cada vez que van a una marcha y cada vez que hay este tipo de conflictos; y no solo las fotos donde se ve el palazo en la cabeza o el momento de represión, sino todo lo que se ve en ese momento. Ahora, con las cámaras digitales, se pueden hacer muchas fotos y solo una va a los diarios. Nosotros no necesitamos la que va a los diarios, necesitamos todas. Como ustedes vieron, hubo un video en el que pudimos ver de dónde sale el proyectil y, después, en conjunto con todas las imágenes de ese momento, aunque fueran 15 minutos antes o después, logramos identificar a la persona en una de ellas haciendo zoom a la insignia. Todas las fotos son importantes porque nos permiten armar la arquitectura forense del hecho. Así como es fundamental seguir en la calle, no verse apabullado por la prepotencia y la crueldad del gobierno, es fundamental organizarnos para construir esta inteligencia colectiva que logra producir verdad, y que logra desarmar la mentira del encubrimiento que intentó la ministra y el gobierno durante estos días”.

En sus últimas declaraciones, Patricia Bullrich solo ratificó su defensa al operativo represivo: en un intento de instalar una versión totalmente contraria a lo que se puede observar en las imágenes, la ministra afirmó que no abrirá sumarios contra los efectivos policiales y respaldó al gendarme que que hirió gravemente a Grillo, porque “tiró como dicen los manuales”, es decir, a 45 grados hacia arriba. 

El informe elaborado por la organización civil Mapa de la Policía recolectó una considerable cantidad de evidencias del accionar sistemático de las fuerzas donde se las observa disparar al nivel del cuerpo de los manifestantes, como es el caso del cabo Guerrero. 

A pesar de todas las contradicciones discursivas, la ministra tuvo el apoyo directo del presidente Javier Milei en su discurso de la Expoagro en San Nicolás, evadiendo cínicamente el estado de Pablo: “Los hijos de puta que andan con trapos en la cara y rompen autos, queman autos y amenazan a toda la gente porque no quieren perder sus curros, esos son los malos y esos son los que tienen que ir presos y los vamos a meter presos. Vamos a defender a la república porque no es que vienen contra mí, vienen por ustedes; yo solo estoy en el medio”.

Litvachky adviertió que, según declaraciones tanto de operadores como de funcionarios del propio gobierno, la SIDE entrará en el tablero en la marcha del próximo miércoles.

Ante las preocupaciones por la seguridad de los miércoles que vendrán, Paula Litvachky, del Centro de Estudios Legales y Sociales, adelantó que, junto a aRGra, SiPreBA y las demás organizaciones de derechos humanos que mantienen la denuncia de la inconstitucionalidad del protocolo antipiquete, presentaron un pedido cautelar para proteger la convocatoria que viene. Afortunadamente, el juez que recibió la solicitud le dio la razón a los querellantes: el próximo miércoles estará en la manifestación para realizar una observación presencial del operativo, considerando que las imágenes registradas muestran que, efectivamente, hubo una actuación policial contraria a los principios que garantizan el derecho a la protesta y dan mucha verosimilitud a quienes piden la cautelar. Sin embargo, surge una preocupación: Litvachky advierte que, según declaraciones oficiales tanto de operadores y hasta funcionarios del propio gobierno, la SIDE entrará en el tablero.

Exigen la renuncia de Patricia Bullrich

Exigen la renuncia de Patricia Bullrich

Patricia Bullrich responsabilizó a los propios fótografos por las heridas que recibieron por la represión policial. Fue en una respuesta ante la pregunta indignada de un colega de Pablo Grillo, el reportero que lucha por su vida. Hubo un camarazo de protesta y más de cien personas saturaron el hospital Ramos Mejía para donarle sangre al cronista herido.

Tras la feroz e impune represión de las fuerzas de seguridad en la marcha de hinchas y jubilados, la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (aRGra) organizó una conferencia de prensa por el ataque a un ex-estudiante de la casa, Pablo Grillo. El joven de 35 años recibió el impacto de una granada de gas lacrimógeno, disparada con un arma de fuego antes prohibida, y apuntada directamente a su ubicación mientras estaba agachado para hacer una fotografía. Su estado de salud es grave y delicado: el impacto quebró la parte frontal de su cráneo provocando una pérdida de masa encefálica. Se encuentra en terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía luego de una intervención quirúrgica. 

“A Pablo le tiraron a la cabeza con una de estas”, decía la vicepresidenta de aRGra, Alejandra Bertoliche, mientras levantaba en alto una bala metalizada de más de 20 centímetros de largo y cinco de diámetro. Las voces de la comisión directiva temblaban al reconstruir una historia que la comunidad de reporteros gráficos pensaba irrepetible. No era miedo; una ira frustrada hervía en la sala. Según Sebastián Vricella, director de la asociación, todas las presentaciones que hicieron hasta ahora para detener los ataques contra la prensa “caen en un saco roto. Ni un solo fiscal ni un solo juez se hacen cargo de la masacre que están causando. Usaremos todos los medios necesarios para hacer efectiva esta denuncia, como el Artículo 117 de la Constitución, para pedir un juicio político contra Patricia Bullrich. Necesitamos que el Congreso, los diputados y senadores nos apoyen, pero sobre todo la Justicia. Si no la desvinculan del gobierno, lo consideraremos moral, política y penalmente cómplice de los delitos cometidos por su ministra”.

Marcela Perelman, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), reconstruyó la operatividad legal del protocolo antipiquetes como medio para criminalizar y atacar la protesta, la manifestación y la libertad de expresión. Las pistolas lanzagases, utilizadas habitualmente por las fuerzas en las últimas manifestaciones estaban prohibidas antes de la asunción de Bullrich como ministra de Seguridad del actual gobierno por la Resolución 210/2011 de regulación de los operativos de seguridad en contexto de protesta social. Dentro de sus 21 puntos, el décimo especificaba la prohibición explícita de este arma, entre otras. En 2007, el asesinato del profesor y activista Carlos Fuentealba en una manifestación por la policía de la provincia de Neuquén, fue uno de los antecedentes que constituyó a la pistola como “potencialmente letal”.

Perelman explicó, por otro lado, que la decisión de reprimir por medio del nuevo protocolo fue premeditada, independientemente de los sucesos que ocurrieran en el momento: “Hay una amenaza preanunciada que genera un clima de enfrentamiento bélico. Culmina con las fuerzas de seguridad desatadas, sabiendo que tienen la autorización de actuar con estas armas reintroducidas. Es necesaria una investigación exhaustiva de las condiciones del operativo, de las responsabilidades materiales, jerárquicas y políticas. No es azaroso que ocurra un hecho crítico, grave y extremo como el de Pablo Grillo: se deduce de una serie de condiciones que, cuando se discuten, parecen abstractas, pero terminan con el disparo de un cartucho de este tipo”, concluye.

«Patricia Bullrich fue parte del gobierno que denunciamos en 1997 que habilitó las condiciones para asesinar a José Luis Cabezas. Fue Ministra de Trabajo en 2001, cuando hubo más de 40 muertos en la Plaza de Mayo. También fue ministra de Seguridad en el gobierno de Mauricio Macri, cuando alrededor de 50 reporteros gráficos fueron baleados y gaseados en 2017», denunció Miguel Goya.

“Hay un paralelismo algo oculto entre el crimen de José Luis Cabezas y lo que sucedió el miércoles -recuerda el abogado representante de aRGra, Miguel Goya-: Patricia Bullrich fue parte del gobierno que denunciamos en 1997 que habilitó las condiciones para asesinar a José Luis. Fue ministra de Trabajo en 2001, cuando hubo más de 40 muertos en la Plaza de Mayo. Patricia Bullrich también fue Ministra de Seguridad en el gobierno de Mauricio Macri, cuando alrededor de 50 reporteros gráficos fueron baleados y gaseados en 2017. Así como dijimos que no nos olvidemos de Cabezas, la impunidad de su crimen tanto como el de Pablo Grillo serán la condena de la Argentina.”

Las 17 horas y 18 minutos del miércoles 12 fue el momento exacto en el que Pablo recibió el disparo de las fuerzas de seguridad sobre su frente. Minutos antes, Pablo se preparaba para ubicarse detrás de las maderas incendiadas para fotografiar la teatralidad y el salvajismo de la represión. Horas antes, viajaba desde Lanús para acercarse al Congreso, porque sabía que iría a cubrir la marcha de hinchas y jubilados con su cámara, con la que va a todos lados, como cuentan sus amigos de toda la vida. 

 

-Es muy perfeccionista. Siempre lo ves agachado o acomodándose para hacer la mejor foto. Ésta se la hizo a mi hija cuando estábamos de viaje en Jujuy. Le decía ‘Ponete ahí, ahora allá’. Es muy generoso, yo lo adoro -contaba Buda, compañero de cancha desde hace 15 años; porque otra de sus pasiones, además de la fotografía, es el Rojo de Avellaneda. 

Cuando hablan de Pablo, sus allegados lo hacen con cierto énfasis que se les escapa hasta en los gestos corporales, como brotados de orgullo por el “pibe bueno” que es su amigo. La preocupación por su estado llevó a que más de un centenar de personas, conocidos y desconocidos, se acercaran a donar sangre para su rehabilitación. En cuestión de horas, las 70 solicitudes registradas fueron suficiente suministro; el enfermero repetía a disco rayado “Pablo está supercubierto. Si quieren, pueden donar para el hospital o acercarse otro día”. Con esa frase se encontró, por ejemplo, un hombre mayor con el que compartió vereda en la manifestación, momentos antes del disparo. Extraños totales, enlazados por la solidaridad.

El Ramos Mejía estaba conmocionado por el militante apasionado, herido violentamente por las fuerzas de seguridad; las mismas que, cada tanto, aparecían circulando en sus motos amenazantes por los alrededores del hospital.

 

-¡¡Asesinos!! -gritó a quemarropas un valiente. 

 

El ataque a la libertad de expresión por parte del propio Gobierno nacional es explícito y sistemático. Luego de su conferencia, aRGra convocó a un Camarazo en Yrigoyen y Solís, la esquina de las inmediaciones del Congreso donde Pablo fue herido. Mientras tanto, del otro lado de la 9 de Julio se daba la habitual ronda de Madres de Plaza de Mayo, al grito de “Nunca Más”.

Uno de las decenas de fotorreporteros que se acercaron bajo la bandera de la asociación era Pablo Cerolini. No aguantó la cólera al finalizar la conferencia en Monserrat, que se dirigió sin preámbulo hacia Recoleta. Quería entrar a la otra conferencia de prensa que se daba el mismo día, en el Ministerio de Seguridad, para ver a Bullrich a los ojos y preguntarle:

 

-¿Por qué las fuerzas policiales, Gendarmería, Prefectura, la Policía Federal, atacan siempre de manera tan directa a la prensa?

 

La ministra no levantó la mirada, guardaba sus cosas con desinterés de lo escuchado; un guarda intentó frenar la intervención del fotógrafo osado. Pero algo le habrá tocado el ego. A pesar de haber cerrado la reunión luego de tres preguntas sosas, Bullrich, con un gesto de asco palpable en su rostro, contestó:

 

-Nunca saben dónde ubicarse para no recibir el ataque.

Los fotógrafos se congregaron con orgullo frente a la bandera de aRGra, con las cámaras en alto, reivindicando su tarea democrática como testimonios escenciales en la reconstrucción de los hechos; molestos documentos infalibles que hacen trastabillar al poder. 

 

En sus cantos y gritos, Pablo estaba presente.