«Larreta es responsable»

«Larreta es responsable»

Miles de personas se concentraron en el Obelisco para reclamar contra la violencia de la policía de Horacio Rodríguez Larreta, tras el asesinato del militante y fotoperiodista Facundo Molares. Todos apuntaban a la responsabilidad del jefe de Gobierno porteño.

Son indefendibles, ¿vos viste los videos?”, se comentaban dos integrantes del Polo Obrero sobre el actuar policial, mientras armaban sus banderas y carteles que exigían justicia por Facundo Molares, asesinado debido a la represión, sin razón alguna, de la Policía de la Ciudad.

 Miles de personas de distintas organizaciones sociales, partidos políticos, sindicatos y autoconvocados se congregaron en el Obelisco, el mismo lugar donde se produjo el asesinato, para pedir justicia. Se trató de un reclamo de urgencia y con poca organización pero con una demanda que exigía rapidez, “ni un muerto más por luchar”.

 Facundo Molares era un militante de izquierda y fotoperiodista, quien se encontraba en el Obelisco realizando una asamblea junto a compañeros para debatir la situación actual del país. Era un grupo reducido de militantes de la agrupación Votamos Luchar y Rebelión Popular que exponían a viva voz su cuestionamiento a las elecciones del domingo, a las que definían como “farsa electoral”.

 En medio de la manifestación, que transcurrió de modo pacifico y sin interrupción del tránsito, la Policía lo reprimió brutalmente hasta asesinarlo. Los videos que circularon en tiempo real mostraban a un agente aprisionando con su rodilla en el piso a Molares mientras este demostraba dificultades para respirar. Sus compañeros advertían a la policía que se estaba ahogando, sin que mediara el uso de la fuerza desproporcionada. Poco después, el militante dejó de reaccionar. La imagen hizo recordar el asesinato del afrodescendiente estadounidense George Floyd, que recorrió todo el mundo.

A través de sus redes sociales, el gobernador de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, señaló que el fallecimiento se debió a una “descompensación”. Además agregó: “quiero destacar y respaldar completamente el accionar de la Policía de la Ciudad que actuó con profesionalismo conteniendo los hechos de violencia”. 

A pesar de la versión transmitida por el candidato de Juntos por el Cambio, los videos difundidos por los medios muestran todo lo contrario. Nicolás del Caño, diputado del Frente de Izquierda, declaró a ANCCOM: “Todos vimos los videos que circularon de cómo golpearon brutalmente a Facundo y sus compañeros. La responsabilidad es de la Policía de la Ciudad de Rodríguez Larreta”.

“Pero si en la tele dijeron que ya estaba enfermo”, opinó una joven, ajena a la movilización, a quien apenas se lograba escuchar entre los bombos, redoblantes y cantos que decían “se ve, se siente, Facundo está presente”.

Dentro de los distintos relatos que intentaron justificar lo sucedido, se mencionó que Facundo poseía enfermedades preexistentes, lo cual explicaría el motivo de su muerte. Ante estas interpretaciones, Romina del Plá, diputada del FIT explicó a este medio que “no se pueden disimular los crímenes de Estado por más que intenten presentar como justificación las condiciones de salud preexistentes”. 

Si bien desde distintos sectores se intentó disminuir la gravedad de los hechos y evitar señalar responsables, para los miles de manifestantes que colmaron la 9 de Julio lo sucedido estaba más que claro. Con pocas palabras y fuerza para poder expresar el dolor, pero con la necesidad y urgencia de reclamar que no se vuelva a repetir, levantaron sus carteles que decían “Larreta es responsable”.

La marcha se realizó de forma pacífica, con participación de personas de distintas edades y que se movilizaron desde distintos puntos de Buenos Aires. Entre las banderas que decían “ATE”, “Partido Obrero”, “MST” y “Movimiento Popular”, fue posible divisar la wiphala, que como representa uno de sus colores, se solidarizó con la causa.

Hacia el final de la movilización la situación se tornó tensa. En medio de la desconcentración que se realizaba de manera calma y organizada, un par de personas, señaladas por los propios manifestantes como infiltrados, intentaron oscurecer un reclamo y comenzaron a arrojar piedras. 

De estos hechos se tomaron los medios comerciales, una vez más, para criminalizar y exigir orden sobre  una protesta que en su totalidad se había desarrollado de manera tranquila. 

El ambiente quedó mezclado de sensaciones, tristeza, bronca e indignación. Lamento por la pérdida de un militante inocente. Enojo por la forma en la cual sucedió. Irritación por las excusas que intentaban tapar los hechos, la falta de empatía  y las nulas respuestas por parte de un Estado cuyo rol, se supone, es cuidar a los ciudadanos. Todas estas emociones se acoplaron bajo el grito de “¡justicia por Facundo!”.

 

La plataforma de Morales: garrote y prisión

La plataforma de Morales: garrote y prisión

Más de 40 militantes sociales fueron detenidos en la madrugada del jueves por haber participado de las protestas contra la reforma constitucional. Algunos de ellos son abogados que se hicieron presente para defender a dirigentes sociales. El avasallamiento de la autonomía universitaria.

Después de más de un mes de marchas y cortes contra la reforma constitucional de Jujuy, la violencia ordenada por el gobernador Gerardo Morales sigue creciendo. Desde que comenzaron las protestas se utilizó la fuerza policial para reprimir, y en estas últimas horas la fuerza judicial que responde al gobernador ordenó allanar y detener a más de 40 personas que participaron de las protestas. Se detuvieron a abogados, referentes sociales, sindicales y de pueblos originarios.

“Estas detenciones y allanamientos son el cumplimiento de un plan de criminalización que el gobierno provincial anunció muy claramente la semana pasada. Esto es identificar a estas personas, acusarlas de delitos graves y de múltiples delitos; de manera que esto sume muchos años de pena en expectativa y se pueda lograr que queden presas, como sedición o intento de secuestro”, explicó Manuel Tufró, director del equipo de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en diálogo con ANCCOM.

Las medidas fueron solicitadas por los fiscales jurisdiccionales y a pesar de ser arbitrarias, desproporcionadas y sin fundamentos, contaron con nulo control por parte de los juzgados de garantías. Lo que explican los abogados defensores de los detenidos es que, formalmente, en los allanamientos se buscan elementos de prueba y detener a manifestantes y dirigentes a los efectos de realizar la audiencia imputativa en la que se discutirá la imposición de prisiones preventivas.  

El 4 de julio último, el fiscal del Estado, Miguel Rivas; el ministro de Seguridad, Eduardo Casanova y el procurador general de la provincia, Sebastián Albesa, en una conferencia de prensa dejaron al descubierto los pasos que iban a seguir para criminalizar a las personas que pudieran identificar como participantes de las protestas. Este plan se encuentra subordinado a las estrategias del Poder Ejecutivo, donde el gobierno provincial se anunció como querellante en las causas. Además, pidió la unificación de todas las causas abiertas contra manifestantes, por considerar que en las protestas se produjeron supuestos hechos ilícitos que partirían de un plan orquestado y ejecutado por individuos y organizaciones políticas y sociales. Desde el CELS señalan la búsqueda de estrategias jurídicas para lograr las penas más altas posibles y la prisión efectiva inmediata de los manifestantes, ya que en general los delitos que se imputan en el contexto de manifestaciones públicas tienen penas bajas.

La abogada Alejandra Ceja, quien lleva la defensa de varios imputados, explicó en diálogo con ANCCOM que “es una continuidad desde el 17 de junio. Ayer fue en Humahuaca, 21 pedidos de detención y 21 allanamientos; y hoy en San Salvador de Jujuy 20 pedidos de detención y allanamientos a dirigentes. Hoy a la tarde salieron 12 pedidos nuevos para mujeres referentes de organizaciones y espacios gremiales”. Ceja además señaló que se están llevando a cabo detenciones a abogados, por ejercer su profesión, que han estado en los cortes y asesorando a quienes están reclamando, o hicieron presentaciones judiciales en contra de la reforma constitucional; acusándolos del delito de sedición. Desde el CELS advirtieron: “Esto constituye una escalada represiva de extrema gravedad en tanto se apunta a defensoras y defensores de los derechos humanos y se obstaculiza el derecho de defensa de los otros criminalizados.” Es por este motivo que, desde el colectivo Mario Bosch, abogadas y abogados de lesa humanidad, presentaron un Habeas Corpus colectivo y preventivo para que no sigan deteniendo personas.

Sebastián Sánchez, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), planteó en diálogo con ANCCOM: “Lo que se intenta hacer en la provincia de Jujuy es disciplinar a quién pertenece a una organización social o está disconforme con el gobierno. A través de la captación del Poder Judicial por parte de Gerardo Morales; se inventan, de alguna manera, una carátula que permita detener a los compañeros”.

Al mismo tiempo, el gobernador y precandidato a vicepresidente Gerardo Morales, acusó a los trabajadores de la sede Tilcara de la UBA de organizar las protestas y prometió detenerlos y expropiar las instalaciones que la universidad tiene en la provincia. No solo eso, las fuerzas policiales ingresaron a la sede de la Universidad Nacional de Jujuy, violando la autonomía expresada por la ley, mientras el Consejo Superior votaba el rechazo a la reforma constitucional que dio origen a las protestas sociales.

Desde organizaciones de derechos humanos, sindicatos, representantes de la UBA, integrantes del Senado Nacional y de la Cámara de Diputados, entre otras personalidades de la vida política y cultural del país, convocaron para mañana viernes 14 de julio, a las 12 horas, a una conferencia de prensa “frente a la grave situación que está viviendo el pueblo jujeño, con decenas de allanamientos, detenciones arbitrarias, causas armadas y la amenaza de expropiar la sede de la UBA de Tilcara”, señala la convocatoria.

 

La represión de Morales no cesa en Jujuy

La represión de Morales no cesa en Jujuy

Dos personas perdieron un ojo, cientos de militantes con causas judiciales y docentes con descuentos exorbitantes por participar de las huelgas son los mecanismos que utiliza el gobernador para desalentar las protestas que continúan. Ahora también criminaliza a la UBA.

Gerardo Morales y la provincia de Jujuy continúan siendo protagonistas. El 6 de julio el gobernador y precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio pidió condenas de 25 años y sanciones millonarias a quienes participaron de la movilización en la capital jujeña el 20 de junio pasado. Apuntó contra Milagro Sala y a quienes considera adversarios entre el amplio espectro de opositores. La abogada Alejandra Cejas, quien está haciéndose cargo de unas doce imputaciones, señala la actitud arbitraria de las acusaciones. El conflicto en la provincia comprende distintas aristas, se extiende al sector educativo y a las comunidades indígenas, perjudicadas por los magros salarios que su gobierno se niega a aumentar y su accionar represivo y vengativo.

La tensión en Jujuy no da respiro, la cantidad de consultas por Habeas Corpus se incrementa y todos pueden ser considerados sospechosos, según dice a ANCCOM la abogada Cejas. Lo sucedido hace unas semanas en la Legislatura dio lugar a más de noventa imputaciones que continúan notificándose y que representan multas millonarias. “Han escrachado en los medios a personas que no tienen absolutamente nada que ver: personas con discapacidad, de tercera edad, en situación de calle, periodistas, turistas de Buenos Aires”, dice la abogada y señala que el blindaje mediático que tiene Morales permite que nadie lo cuestione.

Sin pruebas directas a las cuales acceder, la abogada plantea que aún no puede decidir cómo será la defensa. En este sentido, recalca que son imputaciones vagas, generales y parte del supuesto de que son “al voleo, para justificar una situación de hecho que se trata de un escenario armado por el propio Gerardo Morales”. Cabe señalar, dice Cejas, que “ese 20 de junio cuando se votó la nueva constitución, a espaldas del pueblo jujeño, los únicos que estaban al tanto de la jura eran los militantes radicales y la policía, no había una noticia oficial. Los constituyentes entraron y salieron en clandestinidad. Había en las afueras de la Legislatura contenedores con piedras y policías de civil”. La única convocatoria programada era para las seis de la tarde en el Teatro Mitre, cuando los manifestantes se enteraron de lo que estaba sucediendo puertas dentro de la Legislatura se dio la situación ya conocida. En su opinión, se trató de un escenario montado por el propio gobierno.

La universidad, el nuevo enemigo

En este contexto, Morales no se privó de atacar y culpabilizar a la Universidad de Buenos Aires. “Son gente de afuera. A los de la Universidad de Buenos Aires que están a cargo de Tilcara les hice una presentación, si no me contestan los vamos a expropiar, la mayoría de sus empleados son los que incentivan los cortes, sabemos quiénes son porque ponían las camionetas de la universidad, son tremendos”, dijo al Canal 7 de la TV local al referirse, en realidad, a uno de sus métodos durante la represión, que es el uso de vehículos de empresarios beneficiados con negocios con su estado provincial. “Todos esos cometieron delitos y van a tener condenas, van a tener problemas porque le han hecho imposible la vida al pueblo jujeño”, agregó, en un nuevo ejemplo de cómo pretende detentar la suma del poder público.

Con relación a las maestras y maestros de la provincia, Andrés García, Prosecretario gremial del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS), dijo a ANCCOM que “se está viviendo una lucha histórica, un punto de inflexión en el conflicto porque el gobierno viene atacando con descuentos brutales e injustos por ejercer el legítimo derecho a huelga en una provincia donde los salarios están por el piso, entre los más bajos de todo el país”. Al difundir sus recibos de sueldo, los y las docentes evidenciaron que les quitaron entre 80 y 200 mil pesos de sus haberes.

Con grandes movilizaciones, un acampe frente al Ministerio de Educación en San Salvador y un paro de cinco semanas consecutivas, García señala que el gobierno intenta quebrar por hambre la lucha y reclama un paro nacional docente: “Es imperioso que se extienda la solidaridad comenzando por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) que ya tendría que estar convocando a un paro nacional. Este jueves habrá paritarias y van a estar los demás gremios docentes, el primer punto a discutir es que se reintegre lo descontado para poder avanzar con cualquier otra discusión”.   

Por otra parte, el violento accionar policial continúa generando situaciones dramáticas para las comunidades indígenas que no dejan de reclamar por sus derechos. Dos jóvenes, Misael Lamas de Purmamarca y Jorge Rodríguez de San Salvador, han sufrido la pérdida de un ojo producto de perdigones disparados hacia sus caras y frente a esto los integrantes del Tercer Malón de la Paz escribieron una carta abierta al gobernador de la provincia: “El gobierno dice que el camino no es la violencia. Sin embargo, las piedras, los perdigones, las balas de goma, los gases lacrimógenos apuntados directo a la cabeza y a corta distancia son hacia nosotros”. Publicada el sábado pasado, reclaman al gobernador Morales que en ocho años de gestión no hubo voluntad de entregar los títulos de propiedad comunitaria, a pesar de los pedidos existentes.

El Diario Abra Pampa difundió un angustioso episodio vivido por un niño de nueve años con la policía. Fue interrogado en pleno centro de esa localidad, en ausencia de su madre quien lo estaba buscando. Le preguntaron si él era uno de los que había participado del Malón y luego lo dejaron irse. “Desde el viernes me siento perseguida por la policía, pertenezco a la comunidad que está siendo también perseguida. Nos cuidamos entre vecinos” dije Mónica, mamá del niño, a ese medio sin dar más detalles sobre su vivienda e identidad.

Mientras Morales tiene la visión puesta en su precandidatura a vicepresidente de la Nación, los jujeño y las jujeñas siguen en pie de lucha pero sufriendo y enfrentándose a situaciones adversas que parecen no tener un final cercano. “Se están viviendo días muy tristes, se está avanzando sobre las libertades constitucionales”, concluye la abogada Alejandra Cejas.

Se fueron las cámaras de Jujuy pero siguen la represión y las protestas

Se fueron las cámaras de Jujuy pero siguen la represión y las protestas

Un grupo sin uniforme de la Brigada de Investigaciones ingresó a la casa de los hermanos Domínguez, los jóvenes con discapacidad que habían sido golpeados y detenidos el día 20, se llevaron pertenencias y secuestraron a uno de ellos. También entraron al domicilio y agredieron físicamente a la actriz, bailarina y docente Camila Müller. Un grupo de las comunidades indígenas se reunió con Alberto Fernández. Continúan los cortes en la Ruta 9.

Integrantes de la asamblea de pueblos originarios representada por el Tercer Malón de la Paz se reunieron ayer a la mañana con el Presidente en la Quinta de Olivos por la fuerte represión policial que sigue buscando suprimir una intensa protesta desatada por varios sectores del pueblo jujeño contra la reforma de la Constitución que impuso el gobernador Gerardo Morales. Fernández escuchó las consecuencias perjudiciales para ellos que implica la modificación del texto constitucional, así como también denunciaron los actos de violencia policial ejercida contra manifestantes, por medio de persecuciones e imputaciones penales.

Ante el pedido de intervención en la provincia, el Presidente se limitó a decir que no podía obrar de esa forma, que se debe realizar por medio de la ley. Sin embargo, abrió camino a la posibilidad de visitar Jujuy, en el entendimiento de que la nueva Constitución quita derechos y no los garantiza. El referente de la comunidad de Ocumazo, Raúl Choquevilca, argumentó que la reforma tiene como objetivo la extinción de los pueblos originarios: “Vemos que hay quita de derechos y eso no lo vamos a aceptar. En el caso de las comunidades, estaríamos entregando nuestros territorios. Eso va a significar que las comunidades dejarán de existir. Nuestro objetivo es pelear por los lugares donde estamos asentados milenariamente”. 

Horas más tarde, la Secretaría de Derechos Humanos reclamó ante la justicia que se abra una investigación para determinar responsabilidades de los funcionarios involucrados en la violencia policial. El texto de la denuncia penal habla de “delitos que dan cuenta de una actuación organizada de manera ilícita desde las más altas cúpulas del Gobierno de la Provincia”.

En San Salvador y las principales ciudades, la mayoría de los docentes, estatales y municipales continúan en huelga, con marchas de antorchas por las noches, y al mismo tiempo la resistencia se expresaba en los cortes de rutas. Desde el miércoles, la policía jujeña no aflojaba con la represión a los manifestantes en Perico. Tanto Infantería como Caballería formaron una valla de uniformes para impedir el paso a docentes, campesinos, trabajadores y gauchos y evitar el corte de la Ruta Nacional 66. Sin embargo, agricultores, productores, docentes, vecinos, indígenas, alumnos, niños y niñas decidieron quedarse y retomar el corte por la tarde. La modalidad acordada con la Gendarmería nacional fue un corte de índole parcial, permitiendo el paso de vehículos cada 30 minutos.

Ayer, mientras la delegación de la Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos realizaba sus tareas de relevamiento de testimonios en el corte de El Pombo, en Perico, la policía provincial se presentó con una orden de desalojo. Gonzalo Armua, integrante de la delegación, explicó que las comunidades abrieron el paso pacíficamente pero igualmente fueron agredidas. Un rato antes, una manifestante dijo que “hoy el pueblo se dio cuenta, feriantes, comerciantes y vecinos de la ciudad, los presidentes de los barrios se juntaron todos para poder derribar a la policía, es la valentía de decir, gobernador escuchanos”.

Los cortes se siguen replicando en casi todas las rutas de la provincia. Sobre la 9 se mantienen activas manifestaciones en Purmamarca, Tilcara, en Uquía, en Huazadurazno, en el acceso a Iturbe, y en Abra Pampa y La Quiaca. La Ruta Nacional 52 -que conduce a Chile y es la vía por la que sale el litio, está cortada en al menos tres puntos: en su intersección con la Ruta 9, en Purmamarca, más arriba en Susques, y en Cauchari. Y en la 40 se mantiene el corte en Coranzuli, donde el tránsito se libera cada seis horas.

En los cortes, la solidaridad entre las comunidades se agiganta. La revuelta jujeña no cede. Los trabajadores de la mina El Aguilar “bajaron” hasta Purmamarca para poner el cuerpo en la protesta, luego de completar su turno de diez horas. “Dicen que los mineros somos callados, pero cuando nos joden los reventamos”, cantaban.

Era la 1.30 cuando rompieron la puerta sin orden de allanamiento e hicieron que toda la familia se tirara al piso. Con armas largas apuntaron a un chico de 6 años y esposaron a los mayores. Gritaban preguntando «dónde están los dos, dónde están los dos»

Secuestros en la madrugada

Anoche en la capital se volvieron a prender todas las alertas de las agrupaciones humanitarias. Un grupo sin identificar ingresó a la casa de la familia Domínguez y se llevó a uno de los hermanos que habían estado detenidos la semana pasada, Marco Antonio, que tiene una discapacidad motriz en las piernas. Él y su hermano Raúl Adrián, un joven con trastorno del espectro autista, fueron parte de los casi 70 detenidos del 20. Era la 1.30 cuando rompieron la puerta sin orden de allanamiento e hicieron que toda la familia se tirara al piso. Con armas largas apuntaron a un chico de 6 años y esposaron a los mayores. Gritaban preguntando «dónde están los dos, dónde están los dos». Revolvieron la casa, tiraron todo, y como no encontraban nada se decían entre ellos «negativo, negativo». Se llevaron a Marco Domínguez, junto con la novia Belen Ontiveros, de 17 años. Además, les robaron dinero, dos motos, un auto y los celulares de todos.
Eran ocho hombres y tres mujeres. Ninguno se identificó, solamente uno de ellos mostró una imagen, en el celular, donde supuestamente decía que debían llevarlo por flagrancia. Otro tenía un chaleco que rezaba “Investigaciones”. Vestían canguros, gorras comunes y barbijos.
En la madrugada de ayer, también, fue agredida en su propio domicilio por grupos similares la actriz, bailarina y docente Camila Müller. La denuncia pública fue realizada por el Instituto Nacional del Teatro y por la Asociación Argentina de actores.

ANCCOM se comunicó con Fabiola Suárez, miembro del Comité Local contra la Tortura, quien confirmó el relato digno de cuatro décadas atrás. “Estamos con eso, pero tenemos dos casos más”, dijo casi sin aliento. Horas más tarde, tras la presentación de sendos habeas corpus aparecieron Domínguez y Ontiveros.

Por su parte, Mariana Katz, abogada del Servicio Paz y Justicia (Serpaj) e integrante de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos, dijo a esta agencia que ese episodio se suma a otros sucesos que contribuyen a crear un clima de dictadura. “Existe un alto nivel de presión en los ámbitos de trabajo. Los amenazan que si van a las marchas de los docentes o si apoyan a los indígenas, se quedan sin trabajo. Porque además esta nueva constitución suspende las plantas permanentes, es decir, el ingreso personal nuevo, todos están en condiciones de ‘suplentes’», expresó. Katz comenzó a intervenir desde el viernes 16 de junio, cuando “la gente de las comunidades nos empezó a avisar de la represión en Abra Pampa».

Además de brindar apoyo legal, el Serpaj ha emitido cartas públicas dirigidas a las autoridades y presentado otra ante la vicepresidenta de la Convención Constituyente, junto con otras organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, la respuesta fue desalentadora. «No tuvimos ningún tipo de receptividad. La respuesta fue la no respuesta o la represión», lamentó la abogada.

El objetivo era visibilizar los casos de violaciones de derechos humanos en la región, tanto de sindicatos como de personas pertenecientes a comunidades indígenas. Katz y su equipo enviaron cartas al Defensor del Pueblo de la Nación, en relación al Acuerdo de Escazú –el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe, único en el mundo en contener disposiciones específicas sobre personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales– y la falta de consulta a los indígenas sobre los recursos naturales, según lo establecido en el Artículo 75, Inciso 17 de la Constitución.

Sin embargo, la situación fue empeorando rápidamente. El 20 de junio, Katz se encontraba en Jujuy para charlar con Alicia Chalave, abogada que respalda el reclamo de las Salinas Grandes contra la extracción de litio. Y mientras estaban en la manifestación en contra de la jura de la Constitución, la represión comenzó una vez más. Katz recuerda el peligroso momento en el que tuvo que ser resguardada por la propia gente de las comunidades para proteger su seguridad. «Yo estuve ahí, a mí me tuvieron que sacar por mi seguridad, porque corría riesgo de que me metan presa». Aún así, se puso a filmar. «Mucha gente, cuando los filmaba o les preguntaba por qué estaban acá me abrazaban y me decían ‘visibiliza lo que nos está pasando’, ‘vivimos en la dictadura’ y yo decía no, no puede ser. Pero cuando me pasó a mí dije sí, es así. Jujuy hoy es una dictadura».

El Proceso Constituyente en curso también ha generado preocupación. Katz explica: «Esta constitución tiene muchas falencias técnicas. Morales no podría haber sido nunca el presidente de la Convención Constituyente según la constitución anterior, pero presidió la convención. Esto ha llevado a abogados de diferentes organizaciones, incluyendo a la comunidad indígena, a considerar acciones de inconstitucionalidad».

Alejandrina Barry, legisladora porteña del FIT-U e integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), estuvo en Jujuy para recopilar testimonios que arrojan luz sobre el agravamiento de las represiones sufridas por los manifestantes en comparación con años anteriores. Barry coincidió con Katz en que el régimen represivo impulsado por el gobernador Gerardo Morales «cada vez más está teniendo características de una dictadura, y lo digo con conocimiento de causa porque soy hija de desaparecidos”. Y agregó que sus compañeros del Frente fueron objeto de persecución, como la diputada Natalia Morales que fue detenida y arrastrada casi doscientos metros por acompañar a las mujeres de las comunidades. “Es una situación que se vive en todos los sectores que han intervenido en este proceso de ‘abajo la reforma’”. Por último, llamó a la movilización total en todo el país para que Jujuy pueda ganar su lucha contra la reforma y el gobernador Morales deje de perseguir y reprimir a su pueblo. “Solo un paro nacional en apoyo al pueblo jujeño puede parar esta masacre, y realmente lograr, como dicen ellos y ellas, ‘abajo la reforma y arriba los derechos’”.

Katz también convocó al compromiso colectivo de todo el país. «En todas las provincias se necesita que los porteños nos comprometamos, porque el agua que nosotros tomamos y que llega al Río de La Plata también baja de las montañas. La gente del, mal llamado, interior está protegiendo estos recursos para todos nosotros y necesitan que tomemos conciencia y nos comprometamos con ellos».

«Estábamos llevando frazadas y comida al corte de Purmamarca y se desató la represión, nos tiraron gases, balas de goma, no les importó que hubiera niños, ancianos. El gobierno de Jujuy es autoritario, es autocrático y nepotista», sostuvo Vanesa Vargas, del Tercer Malón por la Paz. Unas protagonistas, otras testigos privilegiadas, las mujeres consultadas por ANCCOM coinciden en la caracterización de la gestión del precandidato a vicepresidente, al lado del actual alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta.

Masiva marcha de repudio a la represión en Jujuy

Masiva marcha de repudio a la represión en Jujuy

Miles de personas se movilizaron a la Casa de Jujuy en Buenos Aires para reclamar la libertad de los detenidos y el cese de la violencia institucional.

Organizaciones sociales, gremiales y de derechos humanos se movilizaron en varias provincias para reclamar el cese de la represión en Jujuy y exigir la liberación de los detenidos durante las protestas contra la reforma constitucional que impulsa Gerardo Morales. En la Ciudad de Buenos Aires, el punto de encuentro fue el Obelisco. Gustavo Plumero, oriundo de Tilcara pero que actualmente reside en la ciudad de La Plata, fue parte de la manifestación que se movilizó desde 9 de Julio y avenida Corrientes hasta la avenida Santa Fe. “Tengo un compañero que el sábado casi pierde un ojo por culpa de la represión policial y ahora está en rehabilitación”, comentó. Acompañado de coprovincianos con la misión de visibilizar la violencia que se está viviendo en Jujuy, son quienes evitaron que “gente infiltrada prepotentemente rompiera la Casa de Jujuy. Nosotros no somos de ninguna agrupación, somos las comunidades de los pueblos originarios, la comunidad kolla, la comunidad aymara”, agregó Gustavo.

Estas comunidades son las que más se ven afectadas con el nuevo texto constituyente, sancionado y jurado en tiempo exprés y sin una real consulta popular. La Convención Constituyente, quedó conformada sólo por los representantes del oficialista Frente Cambia y el Frente Justicialista aliado a Morales, excepto dos de sus integrantes que se retiraron del recinto junto a seis representantes que tiene la izquierda.

La Casa de Jujuy, ubicada en la avenida porteña de Santa Fe, fue a donde llegó la masiva movilización que convocó a docentes, organizaciones sociales, de derechos humanos y sindicatos. “Lo que prima acá hoy, y lo que se ve, es la unidad del cuerpo de trabajadores y trabajadoras”, señaló Cristian Ardiles, Secretario General de SUTEBA Ezeiza; “Esperamos que Morales de vuelta atrás con estas medidas que van en contra del pueblo trabajador”, agregó. Además, manifestó la necesidad de que la política en su conjunto se pronuncie en este conflicto político que empezó con los trabajadores docentes.

“Jujuy de pie, nunca de rodillas”, “Abajo la reforma, arriba los salarios”, eran algunos de los cánticos entonados por los manifestantes que se acercaron al Obelisco en el primer mediodía del invierno porteño, de este miércoles 21 de junio. Con el pedido unánime para que el Gobernador -y precandidato a encabezar la fórmula presidencial opositora- frene la escala represiva; que se libere a todas las personas detenidas ilegalmente, manifestantes pacíficos, entre ellos periodistas, turistas, gente discapacitada sin acceso a sus medicamentos y referentes de derechos humanos. El relamo común fue también que se derogue la constitución que se sancionó, que no cumplió, por ejemplo, con la debida consulta a los pueblos indígenas.

En un principio está movilización, encabezada por la CTA, CTERA, ADEMyS, CONADU y SiPreBa, se iba a desarrollar el jueves, pero frente a la impactante represión desatada frente a la Legislatura jujeña al mismo momento en que se juraba la nueva Carta Magna, , se decidió adelantar la convocatoria.

“La represión ocurrida en Jujuy, que inició con un reclamo docente y luego se fueron sumando pueblos originarios y lo que pasó ayer, es el motivo por el que estamos acá”, comentó a ANCCOM Jesica, docente de educación especial en un colegio bonaerense. “En un sistema democrático que cumple 40 años no puede pasar que la gente no pueda reclamar y pedir por sus derechos. Es un retroceso de años”, agregó otra docente del mismo colegio que la acompañaba: “Se han visto escenas, propias de una dictadura”, concluyó.

«Detrás de la reforma de la Constitución están el litio y el cobre, las riquezas de la que quieren apoderarse las multinacionales», dijo Hugo Yasky.

Justamente, este tipo de escenas obligó a proclamarse a diferentes organismos de derecho humanos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). En una carta enviada al Gobernador Gerardo Morales, el representante de la ONU en América del Sur, Jan Jarab, manifestó la “preocupación de los reportes sobre vulneración de derechos y acciones violentas en el marco de protestas contra una reforma a la Constitución provincial de Jujuy, en Argentina”.

Por su parte, Morales le respondió a través de una nota a estos organismos internacionales, haciendo responsables de la violencia en la provincia que gobierna hace ocho años a grupos de izquierda, a La Cámpora y al presidente de la Nación, Alberto Fernández y a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, sin presentar ningún tipo de pruebas sobre estas acusaciones. Paradójicamente, en esa misma nota el Gobernador destacó que “la nueva Constitución amplía los derechos” y el texto es “un instrumento constitucional de avanzada”.

Miles de manifestantes se movilizaron hasta la intersección de avenida 9 de julio y Santa Fe, donde las centrales sindicales habían dispuesto un escenario. El primero en hablar fue el secretario general de la UTEP, Estaban «Gringo» Castro: «Morales reformó la Constitución en detrimento de los derechos de los jujeños. Esa es la estrategia política de la derecha. Tenemos que seguir marchando en paz porque la violencia es del poder concentrado», comenzó. Luego, fue el turno del secretario general de la CTA Autónoma, Hugo «Cachorro» Godoy, quien señaló: «Estamos acá porque la unidad y la dignidad del pueblo jujeños tienen que ser acompañados por todo el pueblo argentino. Porque eso es un globo de ensayo que pretende trasladar las políticas represivas y apropiatorias a todo el país». El cierre estuvo a cargo del secretario general de la CTA, Hugo Yasky, quien señaló que la resistencia debe ser en la calles: «Detrás de la reforma de la Constitución están el litio, el cobre, las riquezas de la que quieren apoderarse las multinacionales. La única manera de cerrarle paso a la violencia y a la derecha es con la unidad del campo popular».