Sigue el plan sistemático de gaseo a los jubilados

Sigue el plan sistemático de gaseo a los jubilados

Como todos los miércoles, el gobierno reprimió con gas pimienta y palazos a los jubilados que reclaman frente al Congreso por mayores haberes, la restitución de la gratuidad en los medicamentos y la reposición de la moratoria.

La tarde caía helada sobre la Plaza del Congreso, pero los pasos de los jubilados no titubeaban. Llegaban de a poco, en grupos, con carteles bajo el brazo y la rutina bien aprendida: cada miércoles, el mismo reclamo. Sin embargo, antes de que pudieran empezar a manifestarse, el operativo de seguridad ya estaba en marcha. Gendarmes, prefectos y policías rodearon la zona con una velocidad que dejó poco margen para la sorpresa. En cuestión de minutos, los manifestantes quedaron arrinconados, incluso en las veredas. Hubo empujones, gases y tensión. Pero también hubo voces que, una vez más, eligieron no callarse.

Cerca de las 16, cuando los grupos de jubilados autoconvocados, acompañados de miembros de la UTEP, ATE y diferentes organizaciones sociales se disponían a marchar alrededor de la Plaza del Congreso, las fuerzas de seguridad activaron el “protocolo antipiquete” desde la calle Montevideo para empujar a los manifestantes hacia el cordón de la plaza, e impedir que se acerquen por Avenida Rivadavia hacia el Palacio del Poder Legislativo. El ya habitual operativo, que estuvo compuesto por la Policía Federal Argentina (PFA), la Prefectura Naval Argentina, la Gendarmería Nacional y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, se centró en dispersar y aislar a los manifestante en pequeños grupos, lo que logró que algunas organizaciones como ATE desistieran y abandonen el lugar pasadas las 17.

En diciembre del 2023, cuando se anunció la oficialización del “protocolo antipiquetes”, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich declaró: «El que quiera marchar, que marche por la vereda». En la actualidad, la Policía Prefectura Naval Argentina (PNA) le lanzó gas lacrimógeno a Jaime Valdez, un jubilado que se encontraba sobre la vereda de la Plaza Mariano Moreno junto a sus compañeros de todos los miércoles: “Estábamos en la vereda y de repente vinieron a empujarnos sin mediar palabra y nos gasearon. Les agradezco a todos los chicos de la posta de salud que me vinieron a auxiliar en seguida”, cuenta Jaime en diálogo con ANCCOM, aún con los ojos llorosos mientras se termina de recuperar recostado sobre un banco. Además, asegura que “a Bullrich le diría que nosotros los jubilados ya no le tenemos miedo, lo perdimos de tantos miércoles de venir y que nos repriman”.

Sin embargo, a pesar del frío y la represión, no fueron pocos los jubilados que se quedaron hasta entrado el atardecer con carteles y cánticos dedicados a Javier Milei, Patricia Bullrich y los propios efectivos. “Estamos acá, porque más allá de que es real que las jubilaciones son indignas y que están usando el dinero que es para los jubilados para reprimir y para vaya a saber cuántas otras cosas más, estamos acá porque están entregando la patria. Es más que los jubilados, es la patria lo que está en peligro. Mientras nosotros estamos pidiendo jubilaciones, ellos venden el país, es lamentable”, expresó María Emilia que, al igual que lo hace todas las semanas, se expresaba frente al cordón policial, protegida del frío con bufanda y campera en el cordón de la esquina de Rivadavia y Callao.

La misma vereda que hacía minutos había sido ocupada por los efectivos de seguridad que, con sonrisas en sus rostros, arrinconaron a los manifestantes impidiendo que circulen libremente, generando la indignación de los participantes de la marcha y produciendo muchísima tensión al no poder escapar para ningún lado. Finalmente, el cordón policial se trasladó nuevamente a la calle y posibilitó la libre circulación. “A mí me inquieta mucho ver el goce en esta gente cuando reprime. Es lamentable, pero cuando llegan a la casa le deben decir a los hijos ´hoy bajé a 10, tiré 5 granadas´, es muy triste”. Mientras que, a junio de 2025, la jubilación mínima seguirá en $374.723,94 (con bono incluido), el costo de aplicación de los protocolos de seguridad destinados a estas manifestaciones variaron entre los 60 y 600 millones de pesos cada uno.

Este miércoles, la posta de salud atendió a 18 heridos, entre ellos el fotógrafo de Tiempo Argentino, Nicolás Becerra, el mismo que había retratado en el debate de candidatos a legisladores porteño al asesor presidencial Santiago Caputo y que éste lo había intimidado tomándole la credencia para conocer su identidad. Poco después, con el cinismo que la caracteriza, la diputada libertaria Lilia Leomoine posteó en X que el reportero gráfico se había «interceptado con su cara al gas pimienta». 

Como en todas las movilizaciones de los miércoles, los jubilados contaron con la ayuda de decenas de voluntarios de diferentes organizaciones que los auxilian y protegen. Desde la Posta de Salud, pasando por la Defensoría del Pueblo hasta la Comisión Provincial por la Memoria. Rodrigo Pomares, coordinador del Programa de Monitoreo Territorial de Violencia Policial, de esa comisión, describió: “Lo que observamos hoy tiene puntos en común con otras manifestaciones recientes. Lo más notable es el enorme despliegue de fuerzas policiales. También vemos que las restricciones son cada vez más intensas, ya no se trata solo de impedir el corte de calles, sino que incluso se acorrala a los manifestantes en las veredas. Se usa gas pimienta casi de forma automática, no como respuesta a situaciones violentas, sino como método de dispersión”.

Esta vez gasearon a los curas

Esta vez gasearon a los curas

Una procesión de religiosos de distintos credos acompañaron este miércoles a los jubilados que reclaman aumento de haberes y la gratuidad de los medicamentos. Las fuerzas de seguridad no le tuvieron piedad y también los reprimieron. El padre Paco Olveira termino en el piso, apaleado y con gas pimienta.

Otro miércoles con un nuevo hito en la represión a las marchas de jubilados: Francisco Olveira, el Padre Paco, fue golpeado y rociado con gas pimienta por segunda vez en el lapso de una semana. El hecho se dio en el marco de una convocatoria a organizaciones religiosas y culturales que, siguiendo el comunicado de la Mesa Ecuménica, acudieron con vestimentas y símbolos religiosos a las inmediaciones del Congreso Nacional, donde los jubilados se concentran periódicamente desde fines del 2024. En agitado diálogo con ANCCOM, todavía afectado por los gases, el sacerdote declaró: “Pasó lo que pasa todas las semanas: una represión absolutamente indiscriminada a los jubilados. Este miércoles era el campito de la fe: musulmanes, judíos, católicos, evangélicos y cristianos en general, acompañando el reclamo de los jubilados. Tienen miedo a los curas: vallaron todo el Congreso; la Bullrich violando su propio protocolo. Eso es lo que pasó, ni más ni menos”.

La marcha se fue gestando a la sombra de un fuerte operativo de seguridad, que implicó el cierre total de las avenidas Rivadavia y Callao por efectivos de la Policía Federal, Prefectura y Gendarmería. Los jubilados fueron los primeros en enfrentarse al Congreso vallado, todos con lienzos de la organización respectiva. La comitiva de los curas entró por la calle lateral: con estolas sacerdotales, un hábito franciscano e imaginería de la Virgen de Luján. De ahí en más se desencadenó la represión, chorros de gas pimienta desde la fila de escudos, hasta que el Padre Paco, tras verse rodeado por la policía, terminó recibiendo asistencia contra la cortina metálica de un kiosco, golpeado y rociado tres veces en la cara. Al levantarse, sin embargo, se lo veía sereno: “Acá estamos, por eso nos tienen miedo —afirmaba—. Tienen miedo al Dios que derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes”.

Y es que la marcha mezclaba un tono a la vez combativo y eclesiástico: en una vereda, un anciano que recibía primeros auxilios no se quería acostar, “tirado como un muerto”; en la vereda contraria, el Padre Rodolfo de Merlo, gaseado en sus hábitos franciscanos, daba un sermón ante los escudos de la PNA: “¡Éste trabajo los bestializa a ustedes! ¡Se están portando como bestias, gracias a la bestia que los está mandando!” Se mezclaban sotanas con camisetas de Chacarita, cacerolas y cantos gregorianos, mientras Gendarmería barría la calle hacia un lado, la Federal iba al trote hacia el otro, y los voluntarios de primeros auxilios atendían a ancianos que se descompensaban. Siguió el padre Paco: “Tenemos que decir que todos deberíamos tener dignidad para vivir, y sobre todo los jubilados y las jubiladas. El Papa Francisco repetía: ‘En ellos está la sabiduría de nuestro pueblo. Piden justicia y les dan gas pimienta’. Hoy nos volvieron a dar gas pimienta”.

Ya cerrando la tarde, tras una foto grupal, los sacerdotes, feligreses y manifestantes corearon el Himno Nacional, al que siguió un Padre Nuestro. El policía encargado del rifle se estaba fumando un cigarrillo, y el padre Paco, vistiendo una remera de El Eternauta, saludaba y atendía a los medios en el camino de vuelta al Instituto Patria, que sirvió como centro de asistencia a los afectados. La misma Cristina Fernández de Kirchner bajó a comprobar el estado de Nicolás Capresi, dirigente del Frente de Trabajadores Excluidos que fue herido en la cabeza al defender a Paco de la policía. El Padre que apenas de recuperarse arengara: “¡Francisco está feliz: jubilados haciendo lío!”

Esta marcha se suma a las de todos los miércoles para demandar, entre otras cosas, un aumento en los haberes jubilatorios, la cobertura del PAMI a medicamentos esenciales y la prórroga de la moratoria previsional. Las concentraciones se repiten todas las semanas desde septiembre del 2024 a partir del veto a la reforma jubilatoria por el presidente Javier Milei, y tuvieron como hito repudiable el ataque al fotoperiodista Pablo Grillo que, tras pasar por terapia intensiva, aún se recupera del impacto de un cartucho de gas en la cabeza. Francisco Olveira ya había sido golpeado en la marcha del pasado miércoles 7 de mayo, resultando herido en la ceja, y encabezaba la convocatoria a organizaciones religiosas que emprendiera la Mesa Episcopal.

Otro miércoles de gases y palos

Otro miércoles de gases y palos

Parece naturalizado que cada marcha de los jubilados que reclaman aumento de haberes y el retorno de los medicamentos gratuitos termine con represión de las fuerzas de seguridad y detenidos. Esta vez, arrestaron a dos personas.

El 11 de septiembre de 2024, los jubilados se concentraron por primera vez frente al Congreso para repudiar el veto de Javier Milei a la ley de movilidad, que vinculaba los haberes al índice de inflación o al RIPTE, el que resultara más alto. A partir de ese día las “rondas de los miércoles” se convirtieron en un ritual de resistencia contra el ajuste. Cada semana, ese puñado inicial de manifestantes fue creciendo. El punto de inflexión fue el 12 de marzo de este año, cuando simpatizantes de distintos clubes convocaron a una masiva marcha que, desafortunadamente, concluyó en una represión de las fuerzas de seguridad que hirió gravemente a Pablo Grillo, foto-periodista, con una granada de gas lacrimógeno.

Este miércoles no fue distinto: los jubilados, respaldados por organizaciones de todo tipo, clubes sociales, partidos políticos, gremios, docentes universitarios y un importante grupo de autoconvocados volvieron a marchar. Esta vez, el trayecto partió de Plaza de Congreso y avanzó hacia Plaza de Mayo. La jornada empezó tranquila, sin enfrentamientos mayores. Hasta el final resultó  imposible prever que, más tarde, se desataría otra vez un operativo policial que, como cada miércoles, fue desmedido.

Un comienzo en paz

De camino a Plaza de Mayo, como parte de las organizaciones que asisten a los manifestantes ante cualquier hecho de represión, ANCCOM habló con Marcelo, presidente de la filial La Plata del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios, quien declaró que pese a que la movilización parecía tranquila, igualmente él y su equipo estaban siempre alerta a cualquier tentativa de represión: “Vemos que nuestros chicos estén con la cobertura necesaria de elementos de protección personal: un overol, que tengan un traje que los pueda cubrir, un casco. Ahora estamos utilizando las máscaras No porque sepamos que vayan a reprimir pero tenemos que estar preparados: poder cubrir a nuestra gente que es la única forma de poder asistir a un tercero”.

ANCCOM también intercambió unas palabras con Marita, representante de la rama de jubilados de ATE e  integrante de la “verde y blanca”: “Notamos que a medida que pasan las semanas, se suman jubilados autoconvocados…. La cantidad de efectivos en la calle es hasta ridícula. A esta altura hay más policías que jubilados”.

En el medio de la Plaza de Mayo, de espaldas a la Casa Rosada, se encontraba un pequeño escenario rudimentario de madera que se alzaba como el corazón de la concentración. A sus lados, dos parlantes amplificaban las voces de distintos dirigentes sociales y partidarios que reclamaban por la recomposición salarial de los jubilados y el restablecimiento de los medicamentos gratuitos, entre otras consignas. Frente a ellos, una multitud se desplegaba de cara al escenario, ocupando la mitad de la Plaza: banderas de algunos clubes, carteles escritos a mano, y “trapos” partidarios, de la izquierda sobre todo.

 

A unos pasos del grupo más nutrido estaba Luis Zamora, histórico dirigente de la izquierda argentina que se encontraba como todos los miércoles en la movilización: “Las marchas de fines del año pasado eran con un grupo de 100 jubilados; ellos empezaron a construir esa agenda. Después empezó, cada vez más en el verano, a acercarse más gente. Y el punto más alto fue cuando los hinchas de fútbol hicieron un puente al pueblo, a sectores populares. No es fácil esperar que todos los miércoles pase lo que pasó el Día de los Hinchas. No se sabe muy bien cómo sigue esto. Pero esa es la gran tarea. Puede ser la lucha de jubilados u otras luchas. Pero lo importante es que acá están empezando a confluir sectores que se están movilizando. Y vienen sectores despedidos de una fábrica o trabajadores que están en lucha por salario. De alguna manera los reclamos se retroalimentan y encuentran en la plaza los miércoles una referencia. Mucha gente lo sigue por los medios con atención”.

Al ser consultado sobre cómo este tipo de movilizaciones podría influir electoralmente, Zamora amplió: “Están todos los dirigentes ahora pensando en las elecciones, en los votos. De alguna forma están diciendo: ‘Está bien, marchen, pero ¿a quién votan?’ La clave es esto. Porque a Milei no se lo va a derrotar votando más o votando menos.”

Aunque sin el volumen de la marcha del 12 de marzo, sigue habiendo actividad de distintos clubes. Luis, que es parte del Club Social “La Cultura del Barrio”, a medida que aumentaba la presencia policial, contaba: “Nosotros venimos siempre que podemos, a bancar a los jubilados… A veces la marcha tiene más adhesión, a veces menos como hoy; la constante es que siempre hay una desmedida presencia policial. Totalmente injustificado. Están subiendo la apuesta y eso, tarde o temprano, creo que sale caro”.

Por el contrario, Celeste Fierro, exdiputada por el MST, cree que esta marcha fue importante: “Estuvimos trabajando con distintas organizaciones sociales para que adhieran a la movilización. La mayoría acompañamos las rondas desde el principio”. La candidata a legisladora por CABA aprovechó para acusar al sindicalismo de ser concesivo con el Gobierno: “Como la burocracia sindical no convoca, son las organizaciones combativas las que aparecemos en defensa de los jubilados”.

«Ver a los periodistas es muy impresionante: están con casco, con máscaras; parece que son cronistas de guerra.Y esto no es una guerra, es una marcha legal en la Ciudad de Buenos Aires”, dice Solano.

Final de palos

Cerca del final de la marcha, a las 18, la situación que todos temían y que parecía que no iba a suceder se terminó dando: mientras los jubilados y las distintas organizaciones desconcentraban, la policía reprimió con gas lacrimógeno y detuvo a manifestantes. Al menos dos fueron arrestados.

Si la movilización no fue masiva ni intensa como en otras ocasiones y los manifestantes, que son en su mayoría jubilados, marchan de manera pacífica, ¿cómo se justifica el nivel de exagerada presencia y represión policial? Gabriel Solano, presidente del Partido Obrero y legislador de la Ciudad de Buenos Aires, comentó a ANCCOM: “Cuando vos ves el operativo policial, nunca hay relación con la cantidad de manifestantes. Yo creo que cumple una función intimidatoria, que la gente que está viendo por televisión que quiere venir a la marcha y está a favor de los jubilados no venga porque quizá los muelen a palos. Ver a los periodistas es muy impresionante: están con casco, con máscaras; parece que son cronistas de guerra.Y esto no es una guerra, es una marcha legal en la Ciudad de Buenos Aires”.

Pasan las semanas y las marchas sin represión son la excepción. Los jubilados y las organizaciones sociales no parecen dispuestos a abandonar la plaza ¿Cederá el Gobierno o seguiremos viendo las mismas imágenes miércoles a miércoles? Mientras tanto los jubilados siguen marchando.

La represión a los jubilados se hizo costumbre

La represión a los jubilados se hizo costumbre

Este miércoles, mientras los adultos mayores reclamaban en Congreso por el aumento de haberes, el retorno de los medicamentos gratuitos y la prórroga de la moratoria, un policía motorizado atropelló a un reportero. Además, hubo siete heridos y tres personas hospitalizadas.

La marcha de jubilados y jubiladas de los miércoles al Congreso contó  una vez más con un fuerte operativo policial que comenzó a reprimir y a hostigar a las personas concentradas en cuanto se comenzó a dar la característica vuelta por el Congreso. En este contexto, una unidad de la policía motorizada le pasó por encima a un reportero en la calle Callao.

Según Aldo Oscar, testigo del hecho: “Nos empezó a cerrar la policía  y este chico estaba filmando, vino la moto y lo levantó en el aire, le pegó con un palo también”. Los miembros del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA)  rápidamente formaron un cordón humano para revisarlo, la policía avanzó igualmente, en ese momento los manifestantes intentaron impedirlo advirtiendo a gritos que había un herido en el piso; sin embargo, el avance no se detuvo y uno de los miembros del CEPA lo alzó al hombro y lo resguardo en una esquina.

En medio de este avance, algunos manifestantes terminaron gaseados. “Les pedíamos que pararan, porque estaban atendiendo a una persona, y en ese momento me tiraron gas pimienta por la espalda, cuando me di vuelta me tiraron en el ojo”, relata uno de los heridos.

Las distintas organizaciones de jubilados se congregaron  en el anexo del Congreso para reclamar por un aumento de los haberes que perciben, además de reclamar por aquellos que no podrán jubilarse este año, estimados en 241.984 personas.

Acá estamos hace muchísimo tiempo, ahora todo el mundo se enteró porque nos cagaron a palos y nos tiraron gases, pero es una movida que viene de muchos años atrás, el reclamo empezó siendo en nuestro haberes, ahora excede el tema jubilados, no hay trabajo, no hay seguridad social, si esto sigue así -lo dijo Toto Caputo- nos vamos a parecer a Perú, donde no existe la jubilación. El privilegio con que contamos los jubilados es que no tenemos nada por perder, sino todo para ganar, vamos a seguir en la calle todo lo que sea necesario, es un atentado contra nuestra patria, declaró  Noemi Fernánez, “La negra”, presidenta del Centro de jubilados de ATE Capital Federal.

Por otro lado, Liliana Kunis, quien forma parte del plenario de trabajadores jubilados, comentó que actualmente se está llevando a cabo un genocidio silencioso, los jubilados no pueden sostenerse con 350 mil pesos, sumado al retiro de la cobertura del 100% del costo de los medicamentos de PAMI, y a la falta de pago de la sentencia a aquellos jubilados que ganaron el juicio por la mala liquidación de sus haberes. Para la pensionada, el gobierno sostiene su proyecto económico con plata de los jubilados. Sólo es posible este plan con el despliegue de operativos policiales como los de éste miércoles, que en este caso, dejó un saldo de siete heridos y tres hospitalizados.

10 años de violencia institucional: de Bullrich a Bullrich

10 años de violencia institucional: de Bullrich a Bullrich

De los disparos a la murga de la Villa 31 no bien asumió Macri al cartucho de gas lacrimógeno que impactó en la cabeza de Pablo Grillo bajo el gobierno de Milei. Un problema que la democracia no pudo solucionar.

Represión durante la protesta de los jubilados en septiembre de 2024. 

Mientras el fotoreportero Pablo Grillo, víctima de un balazo de gas de la Gendarmería, se recupera lentamente en el Hospital Ramos Mejía, ANCCOM repasó la última década de represión a manos del Estado. El término “violencia institucional” tiene múltiples definiciones y alcances. Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz y presidente de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) considera que “cuando hablamos de violencia institucional se piensa mucho en la represión policial o militar, pero esta se manifiesta de muchas maneras. La violencia institucional parte de los poderes del Estado: está tambien en la discriminación, en expresiones y condicionamientos”.

Para Manuel Tufró, director del área de Justicia y seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), “es una forma de violencia estatal que no requiere de un plan centralizado para existir, eso la diferencia del terrorismo de Estado. Es una violencia más difusa, que depende del modo en que funcionan las instituciones”.

Por su parte, María del Carmen Verdú, abogada y referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), sostiene que “en lo que hace a la militancia de Correpi, preferimos utilizar la expresión represión estatal”. A su criterio, “violencia institucional es el género y represión estatal es una de sus especies”. Desde Correpi identifican dos tipos de represión estatal: la preventiva y la selectiva. “La represión selectiva se dirige sobre los sectores organizados de la clase trabajadora, a través de la criminalización de la protesta y la represión, por ejemplo, y la represión preventiva es la represión de control social en los barrios, invisibilizada hacia adentro de la clase que la padece y naturalizada hacia afuera”. Verdú afirma que hay dos nociones centrales con respecto a esto, control social y disciplinamiento: “Al que ya sale a protestar, lo disciplinan. Al que potencialmente podría organizarse y salir, le aplican el control social para que tengan miedo y se queden quietos en sus casas”. 

Tanto Tufró como Verdú hablan de las dificultades que supone la falta de un registro estatal sobre los casos. “No tenemos datos concretos. casos de gatillo fácil, por ejemplo, hay infinidad que nos vamos a enterar en los próximos meses cuando la familia se contacte. Todos los años incorporamos casos de años anteriores”, afirma Verdú con respecto al Archivo de Casos que Correpi realiza desde 1996. “No existe una producción de datos o de información que permita hacer una medición detallada de la violencia institucional y de su evolución”, sostiene Tufró.  “El Estado no lo produce y lo que producimos las organizaciones son datos de algunos indicadores, pero esos indicadores no hablan de la generalidad de la violencia institucional”, agrega.

Pese a la dificultad de acceder a los datos concretos, el trabajo de las organizaciones logra ciertas certezas. “Lo que se sostiene y persiste es que la violencia institucional se concentra cada vez más sobre las personas pobres, jóvenes varones pobres particularmente”, establece Tufró. Otro dato certero es que la mayor cantidad de muertes por violencia policial ocurren cuando el oficial se encuentra de civil. “En estos últimos años el 70% u 80% de los casos de muertes por policías se dieron cuando estaban fuera de servicio. Se llevan el arma a su casa y matan a personas que supuestamente les van a robar”, afirma el integrante del Cels. 

 

Florencia Torres, de la murga «Los Auténticos Reyes del Ritmo»  luego de la represión. Año 2016.

2015-19: Macri con Bullrich

 

29 de enero de 2016. La murga Los Auténticos Reyes del Ritmo del barrio de Bajo Flores ensayaba en la calle, cuando dos móviles de Gendarmería los encararon con el auto para pasar. Antes de que pudieran despejar la calle, los gendarmes comenzaron a dispararles balas de goma. La ministra de Seguridad presentó los hechos como un enfrentamiento de los oficiales con una banda narco. 

En febrero del mismo año, Bullrich presentó el Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas. Este identificaba la libre circulación de personas y bienes como el principal derecho a ser defendido por las Fuerzas de Seguridad y  omitía regular el uso de armas de fuego, ya que no establecía ninguna disposición respecto al armamento autorizado en los operativos. “Durante la gestión Macri se produjo un recrudecimiento profundo de todas las estrategias represivas del aparato estatal, al punto tal de que a mediados de 2017 hablábamos de un estado de excepción con suspensión de derechos y garantías”, afirma Verdú. 

La administración de Bullrich en el Ministerio de Seguridad durante estos años fue caracterizada por la denominada “Doctrina Chocobar”. El nombre hace referencia al caso del policía Luis Chocobar, quien estando de civil asesinó a Juan Pablo Kukoc, tras ver al joven robarle a un turista en La Boca. Las imágenes del hecho demuestran que Kukoc escapaba cuando el policía le disparó por la espalda, desmintiendo la versión del oficial que aseguró haber visto en riesgo su vida. Luego de los hechos, Macri y Bullrich recibieron a Chocobar en la Casa Rosada y aseguraron estar orgullosos de su actuación.

“Algo que nunca había sucedido antes, en ninguna de las administraciones anteriores fue la normativización del gatillo fácil a través de resoluciones ministeriales, los famosos Protocolos Bullrich”, sostiene Verdú. A través de la resolución 956/18, el Ministerio de Seguridad amplió la posibilidad del uso de arma de fuego para las fuerzas federales para “cuando resulten ineficaces otros medios no violentos”. A su vez, se exceptuaba el deber de dar voz de alto en las situaciones donde “resultara ello evidentemente inadecuado o inútil”.  

“Durante esta gestión se superaron todos los récords de cantidad de personas encarceladas, de la tasa de prisionización y la tasa de crecimiento interanual de personas detenidas”, expresa el informe 2019 de la Comisión Provincial por la Memoria.

Represión en la protesta contra la Ley de Reforma Previsional en diciembre de 2017.

De acuerdo a la CPM, estos indicadores muestran una política de seguridad dirigida únicamente a una mayor captación de personas por parte del sistema penal, y no a una desarticulación de los mercados delictivos. “En casi cuatro años no existieron políticas públicas destinadas a la prevención, asistencia o sanción de la tortura. A la par, asistimos a la descomposición acelerada de un Poder Judicial que no previene ni sanciona estas violaciones de derechos humanos y que es parte constitutiva de su realización”, denuncia el informe. De acuerdo a los datos de la CPM, la Gobernadora bonaerense en ese entonces, María Eugenia Vidal, culminó su gestión con 51.000 detenidos que se alojaron en 21.000 plazas: la sobrepoblación carcelaria creció del 72% al 118%. La CPM sostiene que esta tasa de prisionización fue la más alta del país, con 294 detenidos por cada 100.000 habitantes. 

Con un discurso punitivista y apologista de la “mano dura”, en estos cuatro años se profundizó la criminalización de la protesta, la persecución a los pueblos originarios enmarcada en un discurso “antiterrorista” y el aumento del índice de prisionalización junto a una narrativa de “guerra contra el narcotráfico”. De acuerdo al informe de Correpi, en los 1.435 días del gobierno de Macri fueron asesinadas 1.926 personas por el aparato represivo estatal. 

 

La madre de Facundo Astudillo Castro reclama por la desaparición de su hijo en julio de 2020. 

2019-23: Fernández con Sabina Frederic y Aníbal Fernández

 

30 de abril de 2020. Facundo Astudillo Castro salió a dedo desde su casa en Pedro Luro hasta Bahía Blanca. En el camino, fue detenido en dos ocasiones por la Policía Bonaerense, por no contar con permiso  para circular durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). A la misma hora de la segunda detención, tres testigos declararon haber visto un patrullero estacionado en la banquina junto a dos policías y un joven. Uno de esos oficiales afirmó que Astudillo Castro se había ido en un auto luego de ser detenido, pero más tarde cambió la historia y afirmó que el joven se había ido caminando. Facundo permaneció desaparecido durante cuatro meses. El 15 de agosto, restos de su cuerpo fueron encontrados en un cangrejal cerca de Bahía Blanca. La autopsia del cuerpo arrojó que fue una muerte violenta, no natural, pero no pudo determinarse la causa. La Policía Bonaerense, conducida políticamente por Sergio Berni, entorpeció y manipuló la investigación, hostigó a testigos, amenazó a la familia de la víctima, a sus abogados y a familiares de la exnovia. A más de cuatro años de los hechos, ninguno de los policías sospechados por la desaparición forzada seguida de muerte ha sido imputado. 

“La gestión de Alberto Fernández es el mejor ejemplo para explicar cómo la etapa que está atravesando el gobierno influye en las políticas específicas que adoptan”, sostiene Verdú. “Durante esta gestión tuvimos tres etapas muy claras, una primera donde tenía un porcentaje de adhesión muy alto y se pudieron dar el ‘lujo’ de designar en Seguridad a Sabina Frederic, una persona que no está alineada a este tipo de políticas represivas”, afirma la abogada. Frederic asumió como ministra de Seguridad el 10 de diciembre de 2019. El 24 del mismo mes, a  través de la resolución 1231/19, derogó la Resolución 956/18 que establecía el Reglamento General para el Empleo de las Armas de Fuego y otra batería de normativas implementadas por Bullrich. “Eso fue un borrón y cuenta nueva, volver a la legislación preexistente, los pactos internacionales, lo que dice la Constitución. Solo con eso se produjo un descenso importante del gatillo fácil en todo el país”, sostiene Verdú. 

“La segunda etapa empezó con la irrupción de la pandemia. En ese momento había un 47% de la población precarizada que si no salía a laburar no morfaba, y el Estado en lugar de poner fondos para el bolsón de comida, la asistencia médica, el agua potable, puso la guita en el aparato represivo para garantizar el ASPO por la fuerza. Los casos de gatillo fácil subieron a pesar de que no había gente en la calle”, repasa la abogada. “Tercera etapa: perdieron las elecciones legislativas, se produce el recambio de Sabina por Aníbal Fernandez y volvimos otra vez a la sopa. A partir de ahí no hubo diferencia en la política represiva entre Nación y provincia de Buenos Aires, donde estaba Berni”, apunta.

 El gobierno de Alberto Fernández concluyó con un saldo de 1.924 casos de víctimas fatales de violencia institucional. Durante esta gestión se hizo notable el aumento de muertes en lugares de encierro, que superó a los casos de gatillo fácil. En 2020, más del 70% de los casos de muertes por represión estatal se dieron en cárceles. Esto se debió al crecimiento de la tasa de encarcelamiento, el hacinamiento en los sitios de encierro y la falta de medidas sanitarias adecuadas en una situación de pandemia.

 

Asamblea Legislativa en marzo de 2024.

Milei con (otra vez) Bullrich

Pablo Grillo tiene 35 años y es fotógrafo. El 12 de marzo de 2025 se acercó al Congreso donde, como todos los miércoles, los jubilados reclaman por una mejora en sus condiciones económicas, siendo reprimidos semana a semana. Esta vez, la movilización tuvo un factor especial: hinchas de clubes de fútbol se autoconvocaron para ir a defenderlos de los palos y los gases del Comando Conjunto al que la ministra Bullrich suma cada vez más fuerzas. Alrededor de las 17 horas, la represión policial estaba enteramente desplegada contra los manifestantes. A unos 150 metros del Congreso, Grillo se resguardó detrás de los restos de un mueble prendido fuego, buscando una imagen de la represión estatal: la Gendarmería avanzaba con el camión hidrante, tirando gas y balas de goma entre el humo. En ese momento, una granada de gas lacrimógeno impactó sobre su cabeza. Grillo aún permanece internado en terapia intensiva del hospital Ramos Mejía, con un cuadro delicado. 

La pistola lanza-gas con que Grillo fue herido está prohibida en gran gran parte del mundo por ser potencialmente letal. En Argentina su uso era ilegal desde el 2010 –dos años antes fue uno de sus cartuchos el que impactó en la nuca del maestro Carlos Fuentealba– pero Patricia Bullrich lo volvió a permitir en 2023. Esta pistola debe ser disparada siempre hacia arriba en un ángulo de 45 grados. A través del peritaje y fotografías del momento que logran reconstruir los hechos, se probó que el proyectil que impactó en la cabeza de Grillo fue disparado en línea recta con una trayectoria descendente, por fuera de cualquier protocolo de uso. La represión fue premeditada y de carácter disciplinante. El día previo, la ministra Patricia Bullrich afirmó: “Que no se animen, porque nos van a encontrar”. Para Pérez Esquivel, “la represión de los miércoles es como un Estado de sitio, pero acotado a jubilados y a quienes se solidarizan y van a la movilización”.

 Javier Milei llegó al poder con un discurso que reivindica la última dictadura cívico militar, y eligió como ministra de Seguridad a Bullrich, que volvió a ocupar el puesto tras salir tercera en las elecciones presidenciales. Tanto el Presidente como la Ministra tenían el mismo lema durante la campaña: “El que las hace, las paga”. Este eslogan punitivista se transformó rápidamente en una medida concreta: a través de la Resolución 943/23, publicada el 14 de diciembre de 2023, Bullrich efectivizó el denominado “Protocolo Antipiquetes”. Este establece que cualquier manifestación pública en la que se corte la calle constituye un delito que habilita la intervención de las fuerzas de seguridad, sin necesidad de orden judicial. El protocolo también dispone que se buscará identificar y judicializar a los manifestantes, habilitando la persecución y criminalización de quienes ejercen el derecho a la protesta, y aprueba que el Ministerio de Seguridad demande a las personas y organizaciones involucradas para que se hagan responsables del costo del operativo represivo. También deroga la Resolución 210/11 que fijaba las reglas y pautas de la actuación policial, y establecía: “El objetivo fundamental de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad que actúen en manifestaciones públicas es el respeto y protección de los derechos de los participantes”. Así, el “Protocolo Antipiquetes” elimina las regulaciones del accionar de las fuerzas al tiempo que amplía su capacidad de intervención en detrimento del derecho a la protesta. 

Durante la movilización en repudio a la denominada “Ley Bases”, la policía reprimió y detuvo arbitrariamente a 33 personas. El Gobierno sostuvo que intentaban realizar un golpe de Estado y los acusó de sedición, trasladando a los detenidos a diferentes penales federales. Las detenciones arbitrarias durante las movilizaciones cobran otra perspectiva a partir de la reciente modificación del Código Penal, que incorpora la figura de reiterancia. 

Otra normativa donde las agrupaciones de derechos humanos ponen especial atención es en la denominada “Ley anti-mafias”. En su texto, el objetivo de la ley se establece como “brindarle al Estado  herramientas útiles en materia de investigación y sanción de las organizaciones criminales”. Establece que son grupos de tres o más personas que “actúan concertadamente con el propósito de cometer delitos especialmente graves”. De acuerdo al informe 2024 de Correpi, esta definición es “confusa y permeable a cualquier interpretación”. La ley incorpora el término “zona sujeta a investigación especial”, donde las fuerzas policiales podrán detener a una persona sin causa previa entre 48 horas y 15 días para hacer averiguaciones. También habilita, entre otros puntos, requisas, allanamientos e intervención de llamadas telefónicas y mensajería. Desde el Cels interpretan que: “La “organización criminal” deja de ser algo cuya existencia hay que demostrar y pasa a ser un argumento a priori para establecer zonas de excepción en las que no rigen las garantías”. 

De acuerdo al archivo de casos de Correpi, en el año y tres meses que lleva de gestión Javier Milei fueron asesinadas 549 personas por el aparato represivo estatal, entre ellas Rodrigo Torres y Fernando Gómez en Salta a manos de la Gendarmería, y hubo más de 200 detenciones de manifestantes bajo la figura de “resistencia a la autoridad”. Por su parte, en el informe “Milei. 1 año”, el Cels contabilizó hasta septiembre de 2024 723 personas heridas por la represión policial, 50 de ellos trabajadores de prensa. 

Consultado sobre el momento actual, Pérez Esquivel afirma que “el gobierno viola la Constitución, el derecho a manifestarse de los pueblos, y quiere disciplinar las protestas sociales”. El Premio Nobel también se refirió a la jueza Karina Andrade, que liberó a los detenidos por protestar el 12 de marzo: “La jueza procedió y ahora está siendo blanco de ataques, este gobierno quiere disciplinar también a la justicia”. En tal sentido, sostuvo que “la política se ha bastardeado, ha perdido valores, como también el Poder Judicial, perdió valores jurídicos de independencia de poderes. Hay una degradación política e institucional. Argentina ha retrocedido más de cincuenta años”. 

María del Carmen Verdú, por su parte, considera que “estamos viviendo un momento absolutamente inédito y novedoso de ruptura de los consensos históricos”. A su criterio, “lo que ellos llaman batalla cultural en realidad es la destrucción de los consensos democráticos. Para eso llevaron adelante una política de instalación en el sentido común de cosas como la reivindicación explícita de la dictadura cívico-militar-eclesiástica, la estigmatización de las luchas llamando terroristas, golpistas y subversivos a las organizaciones, el incentivo sistemático al odio”. Concluye Verdú: “No es que antes viviéramos en el paraíso de la tolerancia pero estas expresiones que estaban segmentadas y no eran convalidadas mayoritariamente ahora forman parte del sentido común, impulsadas por el manejo excelso que tiene el Gobierno de las redes y la prensa hegemónica”.

Estela de Carlotto y Adolfo Pérez Esquivel reclaman por libertad de los detenidos durante la sanción de la Ley Bases en 2024.

De aquí en adelante 

Para Tufró, la herramienta principal de la ciudadanía frente a la violencia institucional es organizarse. “No hay nada que pueda reemplazar a la organización, toda la historia del activismo contra la violencia policial demuestra eso”, afirma. Por su parte, Pérez Esquivel sostiene: “La Argentina viene con una experiencia de la resistencia, pero la mayor resistencia que hay que hacer es la cultural, es desarmar la violencia que nos han metido, comenzar a volver a crear los acuerdos, la unidad. Si no conseguimos la unidad estamos perdidos. La unidad debe ser en la diversidad”, postula el Nobel de la Paz. “La riqueza de los pueblos es la diversidad, pero tiene que haber objetivos centrales en la unidad: no a la pérdida de soberanía, los derechos de los pueblos originarios, de las mujeres, de los niños. Democracia significa derecho e igualdad para todos y todas. Hoy no lo tenemos, lo hemos perdido. La forma de enfrentar esto es la unidad, con la gente en la calle y las organizaciones trabajando y construyendo”.