Abr 23, 2020 | Comunidad, Novedades
Ya pasó más de un mes desde que el Gobierno nacional dictó el aislamiento social preventivo y obligatorio. Y si bien aún no hay fechas confirmadas, es de público conocimiento que la “cuarentena administrada” continuará durante mayo. Frente a esta situación, se empiezan a oír las voces de distintos grupos sociales que reclaman medidas específicas para sus necesidades reales. Uno de ellos es el de las personas con discapacidad.
“Acordamos con la medida excepcional del aislamiento social, preventivo y obligatorio, pues entendemos que es la única manera de evitar que las consecuencias sanitarias y sociales de la pandemia se agraven. En tal contexto, el presente documento busca acercar preocupaciones y propuestas respecto de la situación de las personas con discapacidad en esta emergencia pública en materia sanitaria.”
Así comienza el documento que explicita la situación de las personas con discapacidad frente a la pandemia de Covid-19, firmado por diecisiete organizaciones de todo el país, entre ellas, la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Comisión de Inclusión de Personas con Discapacidad (CIPeD) de la Universidad de Salta.
“Nos propusimos hacer el documento para mostrar la situación de las personas con discapacidad, de manera federal”, explica Andrea Grassi, militante de REDI, y comenta que, “en líneas generales, los problemas planteados por organizaciones de las distintas provincias son muy similares”.
El texto pone en el centro de la discusión las problemáticas que enfrentan las personas con discapacidad ante diversas situaciones propias del contexto de aislamiento, haciendo hincapié en la heterogeneidad del colectivo, con diferentes vivencias y necesidades. Y en el respeto del derecho de autonomía; sobre todo a partir de la decisión administrativa 490/20 que permite salidas transitorias para personas con discapacidad, debido a que no todas ellas necesitan acompañantes y los apoyos no deben “ser interpretados como obligatorios”. “Es necesario que exista un lineamiento claro al respecto tanto para las fuerzas de seguridad como para la población en general.”
Al respecto, Grassi agrega: “Enviamos una nota al titular de la Agencia Nacional de Discapacidad para hacerles llegar la confusión que eso generó en el colectivo, y nos respondió al día siguiente. Con respecto a la falta de claridad sobre las salidas breves, nos comentó que se trata de las personas con discapacidad con dificultades conductuales tales que necesitan salir para evitar la sobremedicación en sus domicilios. Pero esa especificación no está plasmada en ninguna publicación oficial, por lo que la decisión sigue resultando confusa.”
La cuestión de la autonomía es un punto sensible para las personas con discapacidad, debido a las dificultades que han tenido por lograr este derecho, y en tanto entienden que las restricciones propias del aislamiento suponen un retroceso en esta conquista. Lucas Romero, miembro de la Fundación Por Igual Más de Córdoba, sostiene que “si bien es comprensible que la emergencia exige del poder público respuestas rápidas y contundentes, la política de los ‘permisos’, si bien puede ayudar a algunos colectivos específicos, opera una objetivación de las personas con discapacidad que responde a lógicas de registro estadístico y a un prejuicio extendido sobre la no autonomía de las personas con discapacidad; y no a un abordaje integral y respetuoso de las diferencias al interior del colectivo”. Romero tiene un diagnóstico de hipertonía muscular que afecta su motricidad fina en los miembros inferior y superior derechos; y recientemente ha retomado su tratamiento de fisioterapia ya que en lo que va del aislamiento, su condición se vio resentida.
Lourdes Siman es directora de la Biblioteca Popular y Parlante Nuevo Ser, de la localidad bonaerense de San Martín y también vio afectada su autonomía y movilidad a partir de la cuarentena, tanto desde lo emocional como de psicológico. Cuenta que, luego de muchos días de confinamiento, salió a realizar un mandado, pero que vivió la situación con angustia y miedo, sin entender por qué. Su teoría es que, con una discapacidad visual severa de base, otros sentidos se vieron limitados: el olfato y el gusto, debido a la utilización del barbijo; y la audición, ya que los sonidos de la calle eran muy distintos a los que estaba acostumbrada. “Me retrotrajo a cuando empecé a perder la vista, que uno no quiere salir afuera, que quiere quedarse adentro, que el afuera te asusta enormemente”, explica, y agrega que varios conocidos también sufrieron episodios similares. E insiste en que, si bien las medidas de seguridad e higiene son necesarias e inevitables, hay que repensar algunas aristas en lo que respecta su modo de implementación para con las personas con discapacidad.
Otros temas que trata el documento son el acceso a tratamientos, prestaciones de apoyo y medicación, advirtiendo sobre irregularidades en la atención por parte de algunas obras sociales y en el pago de salarios para los prestadores y acompañantes terapéuticos.
Por otra parte, el aislamiento y la disminución de la actividad productiva también afecta a las personas con discapacidad igual que al resto de los trabajadores, sobre todo a los informales que ven recortada su fuente de ingreso y que, debido a cobrar un pensión no contributiva, no califican para recibir el Ingreso Familiar de Emergencia. Si bien recibieron un bono de tres mil pesos, la extensión del aislamiento impacta directamente en sus economías.
Sin embargo, un punto comúnmente pasado por alto pero que las organizaciones insisten en traer al centro de la discusión es el acceso a la información, a la educación y a las tecnologías. Cuestiones que, durante la cuarentena, se volvieron aún más fundamentales. “No todas las personas con discapacidad tienen acceso a conectividad, ni a un teléfono celular de alta gama, ni tampoco a una computadora”, explica Andrea Grassi. Por eso, es muy difícil que puedan acceder a las terapias y a los asistentes de apoyo de manera remota.”
Por otro lado, la mayoría de las páginas web, plataformas de comercio e, incluso, plataformas educativas, no cuentan con accesibilidad para personas con discapacidad. Según Grassi, “en cuanto a la educación, también es complejo el acceso a las plataformas que se utilizan y también a los materiales que brinda el Ministerio de Educación. Hay plataformas cuya navegación es inaccesible para personas con discapacidad visual, y lo mismo ocurre con algunos materiales, que tienen imágenes no descriptas.” Los trámites también se dificultan en gran medida para estas personas.
El futuro es incierto para todos y es difícil imaginar el retorno a una “normalidad” que quizás ya no sea tal. Pero para las personas con discapacidad se asoman nuevas preocupaciones ante dificultades existentes: “La pandemia pone a las personas con discapacidad en una particular situación de riesgo”, sostiene Grassi. En el caso de las que poseen discapacidad motriz y las que tienen baja talla, les es difícil higienizarse adecuadamente las manos porque los lavabos son inaccesibles. En el caso de quienes usan elementos de apoyo para desplazarse -bastones, muletas, sillas de ruedas-, éstos están en contacto permanente con el piso, por lo que tienen que desinfectarlos constantemente. “En cuanto a las personas ciegas y las que tienen baja visión, además de que tenemos que tocar el bastón blanco para caminar, debemos usar el tacto para obtener información sobre las cosas (por ejemplo, en un lugar cerrado muchas veces tocamos la pared para usar como referencia para encontrar puertas, ascensores, escaleras, etcétera), y en este sentido, el uso de guantes nos quita sensibilidad para reconocer los objetos, por ejemplo, la botonera del ascensor. Además, las personas ciegas no podemos mantener la distancia social recomendada, porque para cruzar una calle necesitamos tomarnos del codo o del hombro de otra persona,” explica Grassi en primera persona, relatando situaciones que a la mayoría se le escapan.
Mucho queda aún por decirse respecto del aislamiento social preventivo y obligatorio, y las decisiones se toman casi día a día. El documento firmado por las diferentes organizaciones que nuclean personas con discapacidad y tratan cuestiones referidas a sus derechos pone en escena reclamos y necesidades específicas de un colectivo erróneamente homogeneizado. Y da la oportunidad de un debate profundo en torno a ello.
Mar 22, 2019 | Comunidad, Novedades
La Justicia dio marcha atrás en la aplicación de un viejo decreto menemista que había aplicado Cambiemos.
Devolver las pensiones por discapacidad eliminadas por el gobierno desde 2016, de acuerdo a un viejo decreto menemista que no se aplicaba. Y suspender la resolución que generaba un engorroso circuito para demostrar ante las autoridades, en un plazo de 10 días, que se cumplían los requisitos para obtener aquellas. Esas son las consecuencias del fallo de la Sala II de la Cámara de la Seguridad Social, ante el recurso de amparo que presentó la Red por los Derechos de las personas con Discapacidad (REDI).
El pasado 15 de marzo, ese tribunal declaró inconstitucionales los artículos del Decreto 432/97 que imponen restrictivas condiciones para obtener una pensión por invalidez. También lo hizo con la Resolución 268/18 de la ANSeS, que fija un circuito administrativo de notificación ante la suspensión y caducidad de pensiones no contributivas por invalidez, en la que el afectado posee 10 días para ofrecer las pruebas necesarias. De no cumplir este paso en tan poco tiempo, su pensión era dada de baja.
Ayer, en una conferencia de prensa realizada en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, el presidente de REDI, Marcelo Betti, declaró: “Algo que caracteriza al colectivo de personas con discapacidad es su nivel de bajos ingresos consecuencia de la poca oferta genuina de trabajo tanto en el sector privado como en el público. Este último no cumple con la reglamentación de cupo laboral vigente que es del 4 por ciento. Por otro lado, es un colectivo que suele tener mayores gastos que el promedio de la población porque muchas personas necesitan algún tratamiento o incurren en gastos adicionales para el cuidado de su salud.”
Según datos preliminares elaborados por el INDEC a partir del estudio nacional sobre el perfil de las personas con discapacidad, en Argentina hay 3.571.983 personas de seis años o más que padecen algún tipo de discapacidad, lo cual representa el 10,2 por ciento de la población total. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el término discapacidad abarca las deficiencias entendidas como problemas que afectan a una estructura o función corporal, las limitaciones de la actividad -es decir, dificultades para ejecutar acciones o tareas- y las restricciones de la participación.
“Discapacitado es aquella persona que necesita distintas apoyaturas pedagógicas, sociales, económicas, culturales, para poder llevar adelante el normal desarrollo de su vida”, explica Andrea Finkelberg, psicopedagoga especialista en discapacidad y ex directora de la Escuela 508 para personas sordas e hipoacúsicas, ubicada en la localidad bonaerense de Sarandí. “Las pensiones que se han querido quitar –agrega- no son un beneficio que otorga el Estado. Son un derecho de las personas con discapacidad y por lo tanto tiene el Estado la obligación de proporcionarlo”.
Desde el 2016, el Ministerio de Desarrollo Social viene quitando arbitrariamente pensiones no contributivas por discapacidad y poniendo trabas burocráticas a la hora de acceder a ellas. La aplicación del decreto menemista de 1997 y la resolución del ANSeS que exige demostrar en 10 días que se cumplen los requisitos para tener la pensión (previo llamado obligatorio a una línea telefónica), forman parte del mismo proceso.
Marcelo Betti señala: “Esos menores ingresos y mayores gastos hacen que las personas con discapacidad sean uno de los colectivos más excluidos, vulnerados y al mismo tiempo invisibilizados por el común de la sociedad. El promedio de las personas con discapacidad está bajo la línea de pobreza, con necesidades muy significativas. En ese marco es que el Estado nacional comenzó con la quita indiscriminada de pensiones no contributivas”.
Varina Suleiman, abogada de REDI, agrega: “La sentencia declara que es inconstitucional la exigencia de pedir turno al 130 y saca a su vez una medida cautelar suspendiendo los efectos de esta resolución. Quien haya recibido una carta a documento que decía que debía iniciar ese trámite, ha quedado sin efecto. El Estado deberá sacar una resolución que sea respetuosa del debido proceso”, explicó.
Asimismo, las incompatibilidades, por las cuales las pensiones se darían de baja, se detallan en el Decreto N° 432/97 que exige, entre otras condiciones para poder acceder a una pensión por invalidez, que la persona no debe poseer bienes, ingresos o recursos que permitan su subsistencia ni tener parientes que estén obligados legalmente a proporcionarle alimentos. Tampoco debe encontrarse incapacitado de forma total y permanente, es decir, que su capacidad laboral se haya reducido en un 76 por ciento a causa de su invalidez. Se destaca que la sentencia baja ese porcentaje al 66%.
“Para que el fallo se cumpla se necesita presupuesto. A partir de la sentencia, las personas que perdieron sus pensiones en el 2016 por los recortes masivos y arbitrarios, tienen derecho al resarcimiento de esas pensiones. Si bien la Ley de Presupuesto Nacional ya está sancionada, el Jefe de Gabinete de Ministros tiene facultades para reasignar partidas presupuestarias y necesitamos que el Congreso respalde los derechos de las personas con discapacidad”, sostiene Suleiman y remarca: “Necesitamos hacer realidad esta sentencia y empoderar a las personas para que ningún otro gobierno liberal se las quiera llevar puestas”. ¿Cumplirá el fallo el Poder Ejecutivo?
Jun 14, 2017 | Culturas
El mes pasado, durante un acto en el Centro Cultural Néstor Kirchner, el presidente Mauricio Macri lanzó, junto a Gabriela Michetti, el Plan Nacional de Discapacidad y dio a conocer sus principios rectores sin profundizar en el contenido concreto. Un mes después, distintas organizaciones del sector de discapacidad desconocen el alcance real del proyecto y mantienen distintas posturas, que van desde la expectativa hasta la incertidumbre. La desconfianza aumentó esta semana cuando salió a luz que, en lo que va del año, el Gobierno eliminó sin aviso pensiones no remunerativas para más de 80.000 personas discapacitadas. La mayoría de ellos se enteró cuando fue a retirar dinero al cajero automático.La cifra trepa a 170.000 damnificados si se considera a quienes perdieron el beneficio a lo largo de 2016. La oposición planea presentar un proyecto legislativo para frenar la medida y las organizaciones que nuclean a las personas con capacidades diferentes interpusieron un amparo ante el Poder Judicial. “Los Down pueden trabajar si lo desean”, argumentó para defender la medida oficial el titular de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino
Los lineamientos generales que se expusieron y conforman el proyecto que presentó Macri hace un mes hacen hincapié en tres ejes principales: la inclusión, la heterogeneidad y el compromiso comunitario. En ese sentido, Carlos Ferreres, Secretario de Discapacidad de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA-Autónoma) señala: “Si se llevaran a cabo, realmente no harían más que cumplir con la legislación vigente, esto se viene planteando en organismos internacionales hace 20 o 30 años”.
“El Plan se lanzó pero es como si fuera un envase sin contenido aún”, analiza, por su parte, Carla Campos, coordinadora de Servicios Legales de la Asociación Argentina de Padres de Autistas –APAdeA. Ferreres opina al respecto: “Es el eterno anuncionismo, da que pensar que el Plan no es más que eso. Probablemente se hagan algunas cuestiones pero nada que sea lo suficientemente profundo como para impactar en la calidad de vida de las personas con discapacidad.”
“No vemos más que una intención pero en concreto no hubo nada”, reconoce también Alejandro Cytrybaum, miembro de la Comisión Directiva de Asociación Síndrome de Down de la República Argentina –ASDRA-. Desde esta institución le enviaron una carta a la vicepresidenta solicitando que se amplíen los contenidos y bases del Plan. “Queremos saber de qué se trata y quedamos a su disposición para colaborar con todo nuestro conocimiento y trayectoria”, comentó Cytrybaum.
Campos de APAdeA también da lugar a la expectativa: “Lo que esperamos es estar cerca para ver si se quiere trabajar seriamente y si es así, colaboraremos”. Por su parte, Mercedes Molinuevo, subdirectora médica de la Asociación Cívil ALPI que se dedica a la rehabilitación neuromotriz de pacientes, estuvo presente el día del lanzamiento y dio su percepción sobre el anuncio: “Tiene que ver con tratar de corregir algunos aspectos y poner el acento en otros como la inclusión y la accesibilidad. Después discriminar qué tipo de discapacidad posee una persona para ver qué le corresponde otorgar y qué no.”
Laura Lemura, integrante de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), aseguró que debieron hacer un pedido de acceso a la información pública ya que salvo por el discurso de los funcionarios de Cambiemos y por un comunicado que se difundió a través de la página de la Casa Rosada, no circuló más información al respecto. También el diputado nacional Alberto Ciampini (FPV), que preside la Comisión de Discapacidad en el Congreso, solicitó otro pedido de informe. En ese sentido, el legislador señaló: “Hemos tenido que realizarlo en razón que el Poder Ejecutivo no tuvo contacto alguno con las comisión que presido, ni publicó en el Boletín Oficial especificaciones sobre el plan”.
El objetivo principal del que se habla en el proyecto es que las personas con discapacidad logren un proyecto de vida independiente y que se garantice su derecho a la salud, educación, empleo y accesibilidad. Sin embargo, hoy en día, el monto de la pensión por discapacidad se encuentra estancado en $4.350. “Se habla de que las personas con discapacidad logren su independencia pero no se llega a subsistir con las pensiones que se otorgan”, alerta Lourdes Simán de la Biblioteca Popular y Parlante Nuevo Ser donde se dictan talleres de audiolectura para personas con discapacidad.
Cuando Simán realizaba estas declaraciones aún no sabía que el gobierno decidió dar de baja las pensiones de los discapacitados cuyos conyuges o padres tuvieran, por ejemplo, trabajo. Según un estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sólo durante este último año se dieron de baja o se suspendieron 71.706 pensiones por invalidez. Ferreres, de CTA Autónoma enfatiza: “Lo que estamos viviendo en discapacidad en los últimos tiempos es que se están bajando pensiones y lo mismo pasa con la obra social de los pensionados no contributivos donde prácticamente no hay cobertura”.
ANCCOM también intentó dialogar con la Comisión Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad –CONADIS– pero al cierre de esta nota ningún funcionario de la misma había respondido.
“De concretarse el Plan, los criterios van a ser los mismos que tienen para otras cosas, que es el ajuste”, asegura Laura Lemura integrante de REDI. Simán concluye: “Creo que es una cruel maniobra porque cuando se trata de colectivos que están al límite de la autoestima, estas mentiras o ficciones hacen mucho daño”.
Actualizada 14/06/2017
