Organizaciones de la sociedad civil advierten sobre barreras estructurales y la aplicación de viejos paradigmas médicos que son discriminatorios.
Durante esta semana, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) está en Suiza mostrando los avances en políticas públicas en relación a las establecidas por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Naciones Unidas, al cual se adhirió desde el año 2008. Como contraparte, la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), en conjunto con otras organizaciones civiles argentinas, también presenta en ese país un Informe Alternativo ante la ONU donde advierten la existencia de barreras estructurales y la persistencia de un viejo paradigma médico que discrimina y excluye, dificultando la autonomía y el acceso a derechos de las personas con discapacidad funcional y psicosocial.
Gabriela Troiano es parte de la elaboración del informe de REDI y la encargada de defenderlo en Ginebra. “Esta convención, tiene la particularidad de que fue redactada por las organizaciones a nivel mundial de personas con discapacidad. Es una cuestión clave. Por eso, el lema es ‘nada sobre nosotros, sin nosotros’. Instauró el modelo social de la discapacidad, en donde elimina el criterio de que si en una familia hay una persona con discapacidad es solo responsabilidad de la familia, sino que toma como una responsabilidad social”, expresó la docente universitaria, también, y miembro del Consejo Provincial por la Discapacidad Visual en Representación de la Sociedad Civil. Además, declaró que “la discapacidad está fundada en la existencia de barreras, no en la condición de la persona, más allá de que esa condición la tiene. Las barreras pueden ser físicas, como por ejemplo el tema de las rampas. Pero hay también barreras comunicacionales y actitudinales”
Las barreras físicas, como el acceso al transporte público con autonomía para las personas con discapacidades no se salda con un tema económico, “En el país los pasajes son gratuitos pero cuando vamos a la parte de realmente acceder, la mayoría de los micros fuera de CABA no tiene pisos bajos. Entonces, las personas con discapacidad no pueden subir, tampoco los adultos mayores. Somos personas, el Código nos establece que somos iguales ante la ley, pero en la práctica no nos vamos a poder mover o corremos ciertos riesgos. O por ejemplo, yo tengo discapacidad visual y ante un semáforo que no tiene sonido, no voy a poder cruzar. Estas barreras hacen que las personas no puedan acceder en igualdad de condición y oportunidades que las personas sin discapacidad”, afirmó Troiano.
Siguiendo las concepciones de la Convención, Troaino afirma que lo que hay que eliminar son las barreras según la necesidad de cada persona: “No depende de la condición que uno tiene, sino del ambiente en el que te desenvuelves. Si una persona con silla de ruedas vive en un lugar donde tiene rampas por todos lados y pisos bajos en los colectivos, no son las mismas condiciones que otro usuario de silla de ruedas que vive en calle de tierra. Por eso se tiene en cuenta no solo la patología sino también el entorno social”, afirma.
Según Troiano, la falta de estadísticas y datos sobre las situaciones de las personas con discapacidad es otra de las barreras que impiden la elaboración de medidas acordes, destacadas en el informe como actitudinales. “Por ejemplo, el último Censo Nacional del país abarcó una sola pregunta acerca de la existencia en el hogar de personas con discapacidad pero no cuántas había. Para poder elaborar políticas públicas hay que tener información. Las personas con discapacidad visual no tuvimos acceso al censo digital, porque no era apto para lectores de pantalla y era engorroso”, explicó la docente.
Un eje importante del informe presentado ante la Convención, que trunca la autonomía de las personas con discapacidad es la propia capacidad jurídica. “El Código Civil que se modifica en el 2015, saca la figura de curatela pero establece capacidad restringida, que es casi lo mismo y las personas que ya venían con el proceso anterior tienen que hacer todo un proceso judicial para eliminarla. Como no hay un protocolo estandarizado en la justicia, muchas veces no tienen en cuenta lo que la persona dice sino lo que dice el médico. Entonces no decide la persona sino que está decidiendo otro, se lleva adelante por patología, algo que discutimos mucho”, señala.
En este sentido, Ana Heredia, investigadora del Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos y Terapista Ocupacional, expresa: “El derecho a la autonomía que la justicia imposibilita jurídicamente, bajo esta curatela, es a poder decidir sobre sus bienes y hasta en lo cotidiano. Se pide al Estado que se revise ese acceso a la justicia que tienen sobre todo las mujeres y niñas con discapacidad. ¿Por qué no se decide cuáles van a ser los sistemas de apoyo y los ajustes razonables como plantea el Código Civil? Falta esa armonización legislativa que teóricamente se avanza pero en la práctica es donde nos cuesta encontrarlo. Todo depende de las dificultades que las personas con discapacidad van encontrando”, afirma.
La terapista Heredia, que también participó en la elaboración de otro informe para Naciones Unidas de REDI sobre los derechos de la mujer con discapacidad en la Argentina, destacó la falla en el acceso de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres al no ejercer su consentimiento. “No está regulada la utilización de métodos anticonceptivos de mujeres que están institucionalizadas sin su consentimiento. Esto tiene que ver con el derecho a la salud sexual reproductiva y es una práctica cotidiana. Las mujeres con discapacidad no tienen el derecho a maternar. Es un derecho negado, ligado al modelo rehabilitador anterior que no tenía en cuenta la opinión del usuario. Hay un cambio de paradigma pero hay muchas instituciones que siguen paradas bajo este modelo más tutelar. Se niega la sexualidad de la persona con discapacidad y en las mujeres es mucho más fuerte esa negación.”
En este sentido, Heredia remarca la importancia de una mirada interseccional en las políticas públicas: “La importancia que tiene pensar medidas que sean integrales y que puedan entender las diversidades funcionales. Desde un enfoque integral para no caer en esas miradas reduccionistas del cuerpo y de todo el prejuicio que hay. Muchos de los puntos son situaciones que venimos denunciando en distintos niveles donde se requiere que el Estado sea controlador y el mecanismo que regule estas cuestiones”.