La TV Pública cuenta con más de 65.000 soportes de aproximadamente 200.000 documentos audiovisuales con registros históricos desde 1956, de los cuales, hasta el momento, están digitalizados unos 29.000. En conmemoración del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, ANCCOM dialogó con Julio Fernández Baraibar, periodista, guionista cinematográfico y director del Archivo Histórico de la Radio y Televisión Argentina para entender la importancia de este acervo en la actualidad.
La última dictadura, además de la censura que aplicó, también significó una tragedia para archivos patrimoniales completos: pérdidas, robos y venta ilegal. Por ello, hasta poco después de la vuelta de la democracia, no hubo una política para la conservación, catalogación y acceso de los documentos producidos por la radio y la televisión.
En 2013, por decreto presidencial, se creó la página web Prisma y el Archivo Histórico de RTA para generar una conciencia sobre lo que ocurrió. Se construyeron bodegas para el almacenamiento y la preservación en Radio Nacional y la TV Pública. El objetivo principal es ordenar, preservar, digitalizar y difundir material audiovisual y sonoro del Estado Nacional a toda la población. Baraibar coordina las distintas etapas por las que pasa el archivo histórico, desde la visualización, reuniones con el equipo de catalogadores y distintas áreas de la TV Pública, hasta la atención de pedidos internos y externos.
Los archivos en construcción de RTA no son una simple recolección de programas, videos y audios: cuentan la historia del Estado argentino durante el siglo XX y en particular su memoria colectiva. “El Archivo democratiza el acceso a este acervo audiovisual, cada lectura genera múltiples interpretaciones y asociaciones, consolida la memoria institucional y popular de la Argentina, trae a las nuevas generaciones momentos y situaciones que, por su trascendencia, por su impacto en la sociedad, por su belleza o por los elementos de verdad que encierran, forman parte del proceso mismo de formación de la conciencia de los argentinos. El Archivo descompone ese momento en sus múltiples determinaciones y en los múltiples efectos que la reconstrucción del pasado genera”, explica Baraibar.
Los soportes audiovisuales representan una herencia para comprender nuestro pasado, pero sobre todo para no olvidarlo: nos cuentan historias de vidas personales, hechos sociales, culturales, políticos que marcan épocas y que deben ser conservados y tratados adecuadamente: “La preservación es una tarea delicada y exige especial dedicación, desde el tratamiento de los originales hasta el mantenimiento de las bóvedas de depósito del material requieren condiciones de temperatura y humedad constantes. Fundamentalmente, exige una permanente actualización de la inversión en infraestructura y personal”.
El equipo del Archivo Histórico está integrado por siete personas: dos son técnicos del personal de la TV Pública y reparan en un taller equipos antiguos y discontinuos de los distintos soportes. Cada formato requiere una preparación específica previa a la digitalización que mejora la calidad del contenido: para los soportes magnéticos se utiliza una máquina que succiona la suciedad adherida a la cinta de video sin dañar la superficie ferrosa donde se encuentra grabada la señal audiovisual. Para el acervo fílmico se realiza un meticuloso proceso que implica la limpieza manual de la tira fílmica, el reemplazo de los empalmes deteriorados por nuevos con cinta adhesiva libre de ácido, y la lata original es reemplazada por un soporte de polipropileno inerte especial para el almacenamiento a largo plazo de soportes fílmicos.
Una vez finalizada esta etapa se lleva el material a la sala de Transfer para su preservación digital. Luego, una persona se dedica a la preparación del material fílmico destinado a ser digitalizado: este proceso incluye la corrección de valores de luminancia para cada toma registrada en el contenido audiovisual patrimonial.
El resto del personal se dedica, de modo permanente, a la catalogación de nuevo material, a mantener en permanente actualidad el Archivo Prisma y, en colaboración con la TV Pública, alimentar las redes, a efectos de hacer conocer y popularizar la actividad del Archivo. La atención de la demanda, tanto interna de RTA, como externa, de instancias públicas o privadas, es otra actividad cotidiana.
En el sitio se ofrecen estos contenidos por medio de una ficha descriptiva con información sobre cuándo y dónde sucedió como también quién o quiénes la protagonizan. Se especifica el área que lo produjo, se le asigna una categoría sobre bloques temáticos y etiquetas que especifican los temas abordados semanalmente. Todo el material publicado en línea se ofrece en una calidad reducida y la versión en alta resolución se encuentra disponible para las producciones que lo requieran técnicamente, solicitándolo mediante el protocolo vigente.
“El personal del canal y de la radio ha sido durante años el guardián de este acervo que sufrió pérdidas de todo tipo, desde accidentales hasta intencionales. En todos estos años han sido los trabajadores quienes garantizaron la supervivencia de lo que logró archivarse y mantenerse en resguardo”, afirma Baraibar.
La pandemia generó nuevas oportunidades para industrias como la audiovisual. Baraibar afirma que a través de las plataformas supieron sacar provecho de la cuarentena y aumentó la audiencia: “La demanda de archivos audiovisuales creció notablemente durante la pandemia debido a las dificultades que presentó el trabajo de filmación”, cuenta.
Otra actividad que suele ocupar parte del tiempo es la discusión y seguimiento de los distintos convenios con otros organismos públicos y universidades que tienen actividad archivística. “La capacidad de digitalización de distintos soportes que tiene nuestro Archivo nos convierte en interlocutores casi obligados de esa actividad, que a la vez permite ampliar nuestro propio acervo”, remarca. Según Baraibar, es necesaria la creación de una Cinemateca que resguarde debidamente la historia de nuestra cinematografía y la ponga al alcance de las nuevas generaciones: “Tanto el cine, como la televisión atraviesan una crisis que los obliga a repensar su función, tanto social como artística, por la variedad y dispersión de medios virtuales que hoy conforman la principal oferta audiovisual”.
El registro, la protección y la difusión de estos documentos audiovisuales no solo forman parte de una identidad cultural y una memoria, sino que además implican la toma de conciencia de la preservación de este patrimonio nacional por parte de los trabajadores audiovisuales.
Desde el comienzo del aislamiento social, preventivo y obligatorio, la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UCEFI) registró un aumento del 50 por ciento de las causas por delitos informáticos. Algunos de ellos se incrementaron hasta en un 80 por ciento, como en el caso de los cometidos contra la integridad sexual infantil relevados por Anccom la semana pasada.
Los ciberdelitos más impactantes se corresponden con el robo de datos, luego vendidos y enmascarados en la deep web (del inglés, internet profunda), un espacio no indexado por los motores de búsqueda tradicionales que preserva el anonimato, anula la trazabilidad del recorrido del dinero y se convierte en el lugar perfecto para realizar actividades ilícitas. Allí se concretan millones de estafas con rutas imposibles de seguir, incluso por los sistemas expertos de las policías especializadas en ciberdelincuencia.
Las estafas más habituales ocurren en plataformas de compra-venta. También existe la extorsión, principalmente, bajo dos modalidades: la captura de datos sensibles que afectan el honor de las personas; o las que ponen en riesgo la seguridad de entidades públicas o privadas cuando son vulnerados sus bancos, bases y registros de datos.
Según detalla la Asociación Argentina de Lucha contra el Cibercrimen (AALCC), sobre el total de consultas realizadas, desde que inició la cuarentena en marzo: el 42 por ciento se corresponde a delitos con finalidad económica, como el fraude y la extorsión. Pero alcanza el 54 por ciento si se suma la suplantación de identidad (o phishing), como práctica para concretar el engaño. Otro dato relevante del phishing surge del comparativo interanual que acumula un 72 por ciento de crecimiento contra el primer semestre de 2019.
¿Cómo ocurre el ataque?
Los ataques más comunes suelen ser a través de una solicitud por correo electrónico. El pedido de actualización de claves o de datos de asociación para generar accesos a sitios protegidos, son los mecanismos más habituales. También los delincuentes suelen buscar información relacionada con tarjetas de crédito para concretar compras fraudulentas.
En ese universo financiero, el phishing bancario creció un 110 por ciento entre el 1 de marzo y el 1 de julio de 2020, mientras que la extorsión online se umentó a un 32 por ciento durante el mismo período, pero éstos últimos no son números absolutos ya que se trata de un delito que viene en aumento desde 2016, con un bajo grado de denuncia, según informa la mencionada asociación que audita el cibercrimen.
Las estrategias para concretar las estafas no distinguen entre organizaciones privadas, organismo públicos o personas individuales. Se han registrado estafas desde cuentas falsas de bancos y phishing mediante plataformas de videollamadas, entre otros artilugios que demuestran la creatividad de los delincuentes informáticos.
Los organismos públicos y empresas con participación estatal también suelen estar en la mira. ANSES denunció a fines de marzo la existencia de cuentas apócrifas que intentaban tramitar beneficios de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Asimismo, fueron sorprendidos no pocos compradores con promociones para adquirir pasajes de Aerolíneas Argentinas o usuarios tentados por bonos de nafta gratuita en YPF. Incluso, el 9 de septiembre el Gobierno argentino fue intimado a pagar un rescate por 22 carpetas cifradas con registros de la Dirección Nacional de Migraciones. Según se investigaba al cierre de esta edición, puede haberse utilizado un software malicioso llamado Netwalker, pero las pistas apuntan a un ataque con complicidad de agentes del propio organismo.
Por su parte, para la empresa de seguridad digital Avast, Argentina es el tercer país de la región en amenazas por ciberataques, y la probabilidad de que un usuario doméstico se encuentre con cualquier tipo de amenaza aumentó un 55,3 por ciento en un año. Avast sostiene que es una tendencia que ha crecido en todo el mundo.
Para tener una lectura más cercana a los casos en nuestro país, Anccom conversó con el autor de Engaños digitales, víctimas reales (Ediciones B, 2020), Sebastián Davidovsky, quien explicó que si bien hay un ranking mundial de países afectados, los ciberdelitos suelen buscar una escala global, por lo cual no hay fronteras que determinen la vulnerabilidad de un país por sobre otro. “Son todos los países, todas las empresas, todos los usuarios. Es una tendencia global, y lo que buscan los delincuentes es la escala”, entiende el periodista.
Según sus investigaciones, a la ausencia de fronteras se agrega la ausencia de encuentro físico entre víctima y victimario, y la variabilidad de la víctima. No hay patrones unívocos. “Lo más importante es que puede afectar a personas de diferentes edades. No hay nativos digitales, no hay nivel socioeconómico, no hay nivel académico que impida un tipo de engaño informático”, agrega.
Pero entonces, ¿cómo se puede evitar ser víctima de un ciberdelito?
Davidovsky sostiene que lo mejor es estar atento, ya que “en el mundo físico llevamos años de ventaja en términos de saber cuáles son los riesgos, los peligros. Ahí hago un paralelismo y hablo de cerraduras digitales, es un poco de lo que tenemos que empezar a tomar conciencia. Ponerle clave al celular para bloquearlo, no dejar sesiones abiertas en el lugar de trabajo o lugares públicos”.
En este sentido, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ofrece recomendaciones específicas por delito y por plataforma, entre las que se destacan las configuraciones de seguridad en cuentas de Facebook o Instagram, denuncias a usuarios en Tinder (una red social de citas), guías para adultos sobre sexting, tutoriales de privacidad en WhatsApp, entre otras amenazas presentes en internet.
Consultado por el aumento durante la cuarentena y la incidencia de las distintas plataformas, Davidovsky sostiene que lo que ocurrió en estos meses fue la multiplicación de las posibilidades de intercambio entre personas por el canal online pero, respecto a los sitios como MercadoLibre, advierte que a veces “los delitos pueden empezar ahí pero terminan en otro lado”.
“Cuando las operaciones son dentro de las plataformas suelen ser seguras. Un gran consejo es no terminarlas fuera de ella, aunque sea para ahorrar comisión, porque es ahí donde suelen cometerse los delitos”, advierte.
También existen trampas en algunas publicidades no controladas por los intermediarios de adwords. “Ahora estoy viendo mucha publicidad, por ejemplo, de falsas páginas del Banco Provincia, y la gente termina hablando con estas personas que no son del banco y acaba por darle su clave o haciendo una operación que les termina habilitando a los delincuentes acceder a sus cuentas de homebanking. Eso se está viendo mucho en pandemia”.
Por último, Davidovsky señala un error común que es “pensar en los delitos informáticos como pensamos los delitos tradicionales”. Muchas estafas son cometidas por delincuentes más allá de las fronteras. En algunos casos son individuos u organizaciones pequeñas, y en otros se convierten en situaciones más complejas que operan “casi bandas organizadas en call centers”.
La sextorsión, los engaños por Tinder y otras redes de citas que juegan con vulnerabilidades afectivas, están a la orden del día. Por cierto, si fuiste víctima de un ciberdelito, que no te de vergüenza: denuncialo. Sólo hay que llamar a la línea gratuita 137.
Inés Armas, bailarina, docente y codirectora de Galpón FACE.
La llegada del Covid-19 supuso una profunda transformación para la danza en la Argentina. Por un lado, las y los trabajadores de la disciplina coordinaron fuerzas como nunca antes para reclamar por sus derechos. Por otro, las condiciones de aislamiento inauguraron una etapa de experimentación en el campo.
El Frente de Emergencia de la Danza emitió el 8 de septiembre un comunicado en el que solicita medidas urgentes al Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Entre otros aspectos, la agrupación denuncia que tras cinco meses de cuarentena el organismo, encabezado por el funcionario Enrique Avogadro, no ha puesto en marcha ninguna iniciativa para paliar la crisis. Los estudios de danza, duramente golpeados, no pudieron presentarse a subsidios ni recibieron ayuda para adecuar los espacios a los protocolos aprobados para actividades sin público. El Ministerio porteño tampoco realizó un relevamiento que dé cuenta de la situación de las y los trabajadores de la danza, no diseñó un plan para generar fuentes de ingreso, ni garantiza un presupuesto 2021 acorde a las necesidades.
La emergencia sanitaria ha potenciado reclamos de la danza de larga data en todo el país. Sólo una porción minoritaria resultó beneficiada con las ayudas otorgadas por el Estado como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o el Fondo Desarrollar. “Más del 85 por ciento no pudo acceder debido al grado de informalidad en el que estamos”, sostiene David Señorán, maestro, coreógrafo y director a cargo de la comunicación del Movimiento Federal de Danza (MDF) en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).
Según un informe publicado por el MFD en mayo, el sector cuenta a nivel nacional con 450.000 trabajadores independientes, entre artistas, gestores culturales, talleristas, intérpretes, coreógrafos, propietarios de salas y espacios independientes. Sólo el 16 por ciento trabaja de manera formal, el 42 lo hace en condiciones de informalidad y el 42 restante en ambas modalidades.
La actividad carece de un marco legal e institucional que la regule, a diferencia de otras expresiones artísticas que sí lo tienen como el teatro (Instituto Nacional del Teatro, INT), el cine (INCAA), o la música (INAMU). Tampoco tiene sindicatos. Por eso, desde 2019 el MFD nuclea a las y los trabajadores de la disciplina para impulsar el Proyecto de Ley Nacional de Danza y crear un instituto nacional, así como también ampliar el Registro Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la disciplina y articular redes de trabajo.
Recién en marzo último, la danza logró ser reconocida dentro de las industrias culturales nacionales, lo que le permitió a los bailarines dialogar con organismos públicos y postularse a subsidios. No obstante, predominan la precariedad y la ausencia de políticas públicas, y la mayoría de sus trabajadores vive de las clases que dicta. Con el aislamiento, sus ingresos se interrumpieron y se calcula que 36.310 estudios cerraron sus puertas. “Solo un 60 por ciento pudo continuar su actividad de forma virtual y sus sueldos se redujeron al 20 por ciento”, afirma Señoran.
Ante la emergencia, las y los trabajadores del sector comenzaron a reunirse en el espacio virtual y, organizados en colectivos, encontraron algunas vueltas para salir a flote. “Fue un proceso muy interesante de transformación”, dice Inés Armas, codirectora de Galpón FACE, un espacio de producción e investigación en danza contemporánea y artes performáticas. “A veces se nos acusa a les bailarines de ser muy individualistas”, señala y agrega “En esta cuarentena hemos logrado juntarnos y desarrollar estrategias de contención y de activación de políticas que pueden beneficiarnos a todes”.
La relación entre danza y tecnología está poco desarrollada en el país, debido en buena parte al acotado presupuesto que se destina a la disciplina a través de los fondos públicos. En este sentido, se activó una etapa novedosa. Las clases a distancia fueron unas de las primeras en abrirse paso, entre videoconferencias y cargas de contenido didáctico digital a plataformas y redes. “Muches alumnes que estaban con resistencia encontraron el tiempo para dedicarse a investigar nuevas técnicas”, cuenta Armas.
Según la docente, otro rasgo provechoso de los encuentros virtuales es la intimidad que establece la cámara. “Es un acceso a lugares de riesgo que en un espacio compartido no se tiene. En el ámbito privado hay más permiso a la diversidad y a la búsqueda individual”, explica. Sin embargo, la cámara interpone algunos obstáculos. “Es una mirada muy exigente y tal vez más aguda que el espejo típico de los bailarines –añade Armas–. Es un retroceso hacia la propia acepción (N. de la R.: en el sentido de aceptación)”. Pero las clases a distancia no pueden reemplazar la vinculación interpersonal que se genera en la presencia. “La principal dificultad que encontré es la ausencia del otre, el compartir ese espacio”, opina Armas.
Señoran coincide: “Muchos estudiantes eligen a un maestro. Y cuando se produce esa conexión virtuosa, se avanza. Pero algo de eso está interrumpido”. Según el coreógrafo, el aislamiento repercute sobre el cuerpo en dimensiones que exceden la física: “Quienes intentan hacer un recorrido en estas disciplinas entrenan para estar lo suficientemente vulnerables a lo que suceda alrededor y que no les sea indistinto. Que atraviese su cuerpo, y devolver algo convertido en movimiento –remarca–. Vamos a tener que hacer un gran trabajo para que las preguntas vuelvan a estar instaladas en los cuerpos y no en una pantalla y para que esos cuerpos puedan dar respuesta desde la danza”.
Los espectáculos también encontraron su lugar en el ciberespacio. Algunos aprovecharon la ocasión para reflexionar sobre el contexto, como la Compañía Universitaria de Danza de la UNSAM, de la cual Señoran es director. Junto con el área de Cine Documental de la misma casa de estudios, presentaron el pasado 21 de agosto La Trampa, su primera producción virtual. “Tiene que ver justamente con las trampas que uno hace para poder estar en contacto y las que inventan nuestros cuerpos para poder casi tocarnos”, puntualiza Señoran. Aun así, al pensar sobre la vinculación entre la disciplina y la virtualidad surgida durante la pandemia, guarda ciertas reservas: “Estas producciones son estrategias para seguir en acción, eso ya es valioso. Nos permiten elaborar preguntas vinculadas a la vida académica o la investigación. Pero no sé cuánto del arte específicamente se encuentra en esa estructura”, admite.
Mientras se las ingenian para sobrellevar el presente, las y los trabajadores de la danza esperan un pronto regreso. En AMBA, el MFD elaboró una Propuesta de Protocolo de Seguridad e Higiene para elevar a los municipios al llegar a la fase 5, en la cual se retomarían las actividades culturales. El documento establece normas de bioseguridad para el uso de las instalaciones y de higiene, pautas para el tránsito de personas, prácticas y comportamientos a respetar, y la promesa de garantizar las recomendaciones formuladas por el OMS, como el uso de barbijo y la distancia social. También se contempla la implementación de una declaración jurada donde cada cual declare no poseer síntomas de coronavirus ni haber estado en contacto con alguien que los tuviera. “Al no recibir respuestas, nos vimos obligados a realizar nuestros propios protocolos”, expresa Señoran.
En medio del desamparo laboral, la falta de políticas y la pandemia, las y los trabajadores de la danza no tiran la toalla y se arremangan para reabrir el telón. Señoran es optimista: “Gracias al esfuerzo que estamos haciendo todos, estamos estimulando el pensamiento para poder considerarnos trabajadores de la danza e ir tras nuestro derecho”.
Sábado a la noche. Pandemia de por medio, cualquier actividad social quedó reducida a la nada. Para una gran parte de la población, la mejor opción son las pantallas y, en especial, las plataformas de streaming: más de 4.5 millones de argentinos poseen una cuenta de Netflix, según datos de febrero de este año.
El aislamiento social generó un aumento mundial de las suscripciones a las plataformas que ofrecen series y películas. En abril, Netflix anunció que durante el primer trimestre de 2020 había sumado 15.7 millones de suscripciones, convirtiéndose en la líder del mercado, con casi 183 millones de registros en total, superando a Amazon (150 millones) y a Disney (50 millones). Siguiendo la tendencia global, la cuarentena incrementó la penetración de las compañías de streaming en los hogares argentinos, con Netflix a la cabeza. “Entre febrero y marzo la cantidad de suscripciones fue igual a la proyección esperada para todo 2020. Aparte creció el tráfico de datos en un 40 por ciento”, afirma Natalia Calcagno, socióloga especializada en economía cultural.
Argentina es uno de los diez países con más usuarios de Netflix en todo el mundo y la elevada tasa de suscripción a los servicios Video On Demand (VOD) en el país podría explicarse por una larga tradición en el consumo de contenidos audiovisuales pagos. Para Calcagno, actual subdirectora general de Cultura de la Cámara de Diputados de la Nación, este fenómeno se explica porque “los argentinos no estamos acostumbrados a la idea de que uno prenda la tele y funcione”. Argentina tiene un alto índice de conectividad que, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), alcanza el 82,9 por ciento de los hogares urbanos del territorio. Esta penetración, junto a la paquetización –el abono de Netflix suele incluirse dentro de los servicios de telecomunicaciones– y el precio accesible de suscripción a la plataforma de entre 199 y 499 pesos mensuales, serían otros factores influyentes.
Los usuarios argentinos de Netflix tienen acceso a más de 3000 títulos, según un informe de junio de Saving Spot. No obstante, la diversidad y distribución de las películas y series dependen de su visibilidad en los catálogos que aparecen en la interfaz de la plataforma, elaborados en base a algoritmos. “Netflix hace una oferta a la carta de cada consumidor en función de los consumos anteriores y de otros datos que les damos con cada clic que hacemos. Esto genera que la oferta sea híper restringida y muy segmentada para cada tipo de usuario”, advierte Calcagno y agrega: “Es lo mismo que hemos vivido históricamente en los contenidos audiovisuales, pero ahora es incluso peor”.
Hoy en la Argentina existe un vacío importante en materia de regulación del espacio digital, debido a la derogación de parte de la Ley Nº 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual durante la gestión del macrismo y las posteriores medidas del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). La actividad de las plataformas de streaming carece de límites y pautas. “Garantizar la diversidad no es tarea del mercado –sostiene Calcagno–. El mercado se ocupa de ganar más y el Estado tiene que adecuar la regulación para garantizar la pluralidad de voces”.
Para Calcagno, las futuras legislaciones deberían apuntar a la convergencia en el espacio digital. Hay ejemplos, como el del Parlamento Europeo, que estableció una regulación al algoritmo: las plataformas y las televisoras tradicionales fueron obligadas a ofrecer un mínimo del 30 por ciento de producciones europeas en sus catálogos. “No se trata de pedir una cuota de contenidos en el catálogo, como hacíamos en los espacios tradicionales. Se está empezando a regular el algoritmo para que incluya, en todas las categorías, una cuota de contenidos nacionales. Así, cada ciudadano prenderá la pantalla con la posibilidad de ver una parte de las producciones locales”, remarca.
La llegada de los servicios VOD ha transformado drásticamente la lógica de rentabilidad de los contenidos audiovisuales. Antes, la estrategia comercial se apoyaba en la masividad de una única producción. Ahora, el beneficio económico se obtiene a través del pago de un abono mensual, por lo que las empresas buscan producir nuevos contenidos con el objetivo de atraer suscriptores. “La apuesta es la conectividad permanente, donde los usuarios continúan pagando para mirar cosas nuevas, por lo que las plataformas deben renovar constantemente su oferta”, puntualiza Calcagno.
Julio Bertolotti, subgerente del Observatorio Audiovisual del INCAA, y coordinador de la Licenciatura en Producción Audiovisual de la UNTREF, afirma que la sobreproducción actual de series y películas a nivel mundial “está generando una situación en la que se replican estándares”. En ese sentido, la libertad de elección de los consumidores también se ve afectada: cada vez más pueden observarse proyectos que tienen vinculaciones temáticas, de género y hasta de personajes. “Estas reiteraciones no llegan a ser plagio, pero pertenecen al mismo universo”, enfatiza Bertolotti. Según un estudio de la consultora Glance y publicado por la revista Variety, durante 2019 se lanzaron 10.600 series de TV en todo el planeta. Pero no necesariamente cantidad sea variedad.
El impacto del algoritmo en el ámbito audiovisual también impacta en la producción de los contenidos. Como señalan Eleonora Fernández y Esteban Magnani en Revista Anfibia, estos algoritmos de inteligencia artificial buscan correlaciones capaces de segmentar la población de infinitas maneras y así “anticipar que quienes tienen características similares gustarían de las mismas cosas aunque aún no lo sepan y se las podrá estimular para que lo hagan”. Inclusive, con los datos que los usuarios entregan al momento de consumir, las empresas de streaming eligen qué contenidos producir o qué series cancelar.
En febrero de este año, el presidente Alberto Fernández recibió en la Casa Rosada al director ejecutivo de Netflix, el estadounidense Reed Hastings, quien anunció millonarias inversiones en el país y planteó la posibilidad de crear una productora de películas argentinas para la plataforma. Bertolotti, productor de cine y televisión, considera que “difícilmente puedan ser inversiones a largo plazo en la industria audiovisual argentina” y que “no van a ser la solución”. “No creo que sea muy inteligente esperar que esas empresas produzcan mucho más porque se manejan con un sentido de marketing y no se necesitan demasiadas series nacionales para satisfacer a nuestro mercado”, afirma. Dos casos de producciones argentinas recientes, financiadas por los servicios VOD, fueron El apache, la vida de Carlos Tévez –de Netflix– y El jardín de bronce –de HBO–.
Mientras tanto, las producciones televisivas locales atraviesan una situación crítica por la prolongada suspensión de sus actividades a raíz de la pandemia, en particular los proyectos de ficción. “La industria audiovisual está sufriendo un impacto enorme porque está todo parado”, dice Bertolotti. Un ejemplo de la crítica situación del sector es el inminente cierre de Pol-ka, una de las productoras audiovisuales más importantes del país. Sergio Vainmann, autor de tiras emblemáticas como Clave de Sol y La banda del Golden Rocket, hizo referencia a este panorama en una sesión especial del Senado de la Nación: “Que desaparezca Pol-ka es una situación trágica para sus trabajadores y es una catástrofe para la industria”, expresó. La productora, vinculada al Grupo Clarín, tiene dificultades para pagar los sueldos y corren riesgo más de 300 empleos.
Otro aspecto que perjudica a la producción local es que las grandes empresas de streaming no pagan impuestos ya que, en la mayoría de los casos, no tienen sede fiscal en la Argentina. Si bien desde 2017 se retiene el IVA de los pagos de suscripción, esos miles de millones de pesos hasta el momento quedan en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en lugar de destinarse al fomento de la industria cinematográfica nacional. “La producción local podría beneficiarse con la reasignación de los recursos de la facturación mediante iniciativas como el ‘Impuesto Netflix’, un proyecto planteado por las autoridades del INCAA”, detalla Bertolotti.
El incipiente arribo de nuevas compañías de streaming a la Argentina como Disney+, Apple y Amazon, seguramente se haga sentir en el mercado nacional. Calcagno pronostica que con la llegada de estos nuevos actores “vamos a empezar a ver una competencia entre multinacionales gigantescas” y hace hincapié en el ingreso de Disney, programado para noviembre de este año: “Será un cambio enorme porque es más grande que Netflix y ofrece contenidos que no son exclusivamente cine y series, como deportes”, subraya. El poderío de Disney se acrecentó en gran medida con la compra del conglomerado de medios 21st Century Fox, en abril de 2019, en una transacción que superó los 71 mil millones de dólares. En ese proceso, Disney sumó importantes marcas que ampliaron de manera exponencial su librería cinematográfica y expandieron su catálogo, incrementando su oferta digital.
Entre las plataformas argentinas, se destacan las estatales Contar y Cine.ar Play, que permiten acceder a los catálogos de producción nacional de manera gratuita. Sin embargo, el avance de las superpoderosas plataformas extranjeras exige una reformulación del sistema de negocios de la industria local. “Tenemos que adaptar la cabeza porque si no adecuamos nuestro sector audiovisual a esa forma de producción, puede ser muy peligroso”, advierte Calcagno, quien imagina una reestructuración del sistema de producción audiovisual: “Tenemos que pensar cómo armamos a una escala mayor, de manera asociativa y juntando las diferentes productoras audiovisuales para que la producción crezca ya que las plataformas van a necesitar renovación constante de contenidos, específicamente de contenidos nacionales, para cumplir con una futura cuota regulatoria”.
En un contexto de convergencia digital, los servicios de streaming aparecen como una nueva forma de acceso a los productos audiovisuales. “Antes, los contenidos culturales llegaban a sus espectadores, lectores, oyentes, a través de cadenas de valor y de organización productiva separada. A partir de la fibra óptica empiezan a converger, transformándose así las letras, las músicas y las imágenes, en datos. Esto permitió que circulen todos juntos y lleguen a los consumidores de una manera totalmente distinta”, explica Calcagno.
Mientras que las nuevas tecnologías parecieran saber más sobre nuestros intereses que nosotros mismos, en el mundo audiovisual ganan terreno las películas y series elaboradas en base a fórmulas hechas por un algoritmo. ¿Es el fin la producción de contenidos tal como la conocemos? “Hay un punto que excede la inteligencia artificial y el algoritmo y tiene que ver con la creatividad abriéndose paso”, opina Bertolotti. Aún así, cuando las opciones disponibles se limitan a unas cuantas alternativas brindadas por un puñado de megaempresas, la libertad de elección puede existir sólo como ficción. Hasta entonces, la diversidad y la pluralidad seguirán siendo una deuda pendiente.
Control de un paciente de tuberculosis en el Hospital Muñiz. Fotografía de archivo.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la tuberculosis es una de las diez principales causas de mortalidad en el mundo y la primera por enfermedades infecciosas. Las estadísticas de este organismo internacional muestran que la probabilidad de que una persona se vea afectada por TBC se reduce un 2% anualmente. Sin embargo, los casos en Argentina —que desde hace 40 años venían descendiendo— comenzaron a aumentar a mediados de esta década.
Los datos publicados por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) revelan que el año pasado se registraron 12.075 nuevos casos por contagio o recaída en nuestro país, contra los 9.383 notificados en 2010, lo que significó un incremento en la tasa de notificación de 23.2 a 26.9 casos cada cien mil habitantes. Los últimos datos accesibles sobre mortalidad (2017) arrojan una tasa de 1.7 por cien mil habitantes (706 muertes) contra 1.57 en 2010, con 640 fallecimientos.
La OMS estima que entre 2000 y 2018 se salvaron 58 millones de vidas gracias al diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis. Este dato siembra la sospecha sobre si el actual y necesario aislamiento social podría influir en un potencial aumento de casos de TBC. Sandra Carabajal, infectóloga del Hospital Municipal Eva Perón de Merlo, sostiene que hay elementos que pueden llegar a favorecer las recaídas: “Así como avizoramos que este año habrá una tasa bajísima de vacunación —porque la gente tiene temor de asistir a los hospitales— del mismo modo, creo que tendremos muchos abandonos de tratamientos por tuberculosis. Los médicos deberíamos tener el foco en que el paciente pueda continuar con su medicación, de lo contrario el mensaje puede ser ambiguo: por un lado, le decimos ‘no concurras al hospital, llamanos y nosotros te decimos’, por el otro, le pedimos que no deje de venir al hospital, que retire la medicación y que no abandone el tratamiento. La verdad, es un delicado equilibrio en donde a veces el paciente queda atrapado sin saber qué hacer”.
Los y las infectólogas consultadas por ANCCOM coinciden en que el aumento de casos de TBC en nuestro país está directamente relacionado con el avance de la pobreza. “Es una enfermedad que está enquistada fuertemente en población vulnerable y por eso cada vez que hay una crisis nutricional, habitacional y social se genera un caldo de cultivo para que se produzcan mayores contagios”, expresa Santiago Jiménez, infectólogo y coordinador médico de Casa Masantonio, un espacio de contención para personas consumidoras de PACO con enfermedades complejas como VIH y tuberculosis.
El hacinamiento y la desnutrición son dos ingredientes claves en el “caldo de cultivo” de la pobreza. “El hacinamiento genera, a través de la tos, la propagación hacia otros convivientes. La desnutrición, por la falta de consumo de elementos esenciales, predispone a enfermedades infecciosas por una falla en la respuesta primaria a diferentes gérmenes, entre los que se encuentra el bacilo de Koch, la bacteria que causa la TBC”, explica Lilián Testón, coordinadora del Departamento de Epidemiología de la Fundación Centro de Estudios Infectológicos.
El 2019 se registraron 12.075 nuevos casos por contagio o recaída en la Argentina, contra los 9.383 notificados en 2010.
Por su parte, Elena Obieta, Jefa del Departamento de Enfermedades Transmisibles y Emergentes de la Municipalidad de San Isidro, destaca que otro factor que influye en el aumento de casos radica en que “la población carcelaria es un foco de TBC que luego se reinserta en la comunidad porque, lamentablemente, las cárceles no son como uno querría. El hacinamiento y las malas condiciones de higiene favorecen el contagio. En ese panorama, si un preso con tuberculosis tose…es un desastre”.
La tasa de notificación de casos tiene importantes variaciones entre las provincias. Según datos publicados este año por el INER, en el período 2018-2019 Salta fue la jurisdicción con la tasa más alta (64.91 casos cada 100 mil habitantes), seguida por Jujuy (50.5) y la Ciudad de Buenos Aires (44.99). En tanto las tasas más bajas fueron en San Luis, La Rioja y Mendoza (inferiores a 10)
Obieta, que además forma parte de la Sociedad Argentina de Infectología, considera que es un error médico pensar solamente en el Covid-19 sin tener en cuenta posibles casos de tuberculosis: “Si el hisopado da negativo, generalmente el paciente se vuelve a su casa. Entonces, si llega a tener TBC, en tanto siga tosiendo y no esté en tratamiento,contagiará a los convivientes más cercanos”.
La enfermedad, tal como señala la OMS, afecta además a personas con VIH y diabéticos. Testón explica que “la coinfección con el VIH es un importante problema de salud pública porque los pacientes, al tener debilitado su sistema inmune, tienen mayor riesgo de contraer tuberculosis”. Respecto a la diabetes, Obieta resalta que “es una enfermedad que también altera las defensas”.
Otro factor de riesgo es el consumo problemático de sustancias. Santiago Jiménez identifica a la pasta base de cocaína (paco) como la droga más utilizada por personas en situación socialmente vulnerable: “El impacto de la TBC en esta población es muy fuerte y es muy difícil que puedan acceder al diagnóstico y al tratamiento por canales normales. Esto amerita que existan estrategias diferenciadas, un acercarse a los territorios y no una actitud pasiva por parte del sistema de salud”, enfatiza.
Patricia Figueroa, voluntaria en Casa Masantonio, conoce de cerca estas realidades: “El consumo hace que nada te importe y por eso curarte no está dentro de tus prioridades, no hay posibilidad de cumplir un tratamiento, ni de ir a un turno, ni de tomar todos los días una medicación”, y agrega “hemos tenido chicos que han estado internados doce veces y doce veces han cortado el tratamiento”.
Ramón Maldonado, que tiene 43 años y hace siete meses que está recibiendo contención en Casa Masantonio, cuenta: “Viví en la calle como seis años. Andaba mucho en la droga, fumaba crack y toda esa gilada. Me enfermé y estuve nueve meses internado porque estaba muy jodido, me faltaba el aire. Me ofrecieron quedarme acá para no tomar frío cada vez que iba a buscar la medicación. Ahora gracias a Dios estoy bien, haciendo una vida nueva y sana, tomo la medicación y muy de a poco me voy recuperando”. Ramón es solo una muestra de las miles de historias que se insinúan detrás de las estadísticas.
El tratamiento de la tuberculosis es absolutamente gratuito en todos los hospitales públicos de nuestro país.
La mayoría de los casos se observan en la edad activa, especialmente en adolescentes y adultos jóvenes. El tratamiento dura aproximadamente seis meses pero si se acompaña con alguna infección por el VIH se puede extender hasta nueve o diez. Carabajal afirma: “Al ser tan prolongado, muchos pacientes abandonan en el camino y esto nos pone en riesgo a todos ya que la bacteria se vuelve más resistente y se requiere cambiar la medicación”. Por su parte, Obieta señala: “Los pacientes que toman la medicación enseguida empiezan a sentirse bien y suelen abandonarla, esto puede llevar a una TBC multiresistente y persistencia de la enfermedad en la comunidad” y agrega: “Si un paciente tiene una tuberculosis sensible a la medicación (la TBC más común) y comienza su tratamiento, a los 15 días deja de contagiar. Esto hay que decirlo porque es una buena noticia en sí misma”.
Cabe destacar que el tratamiento de la tuberculosis es absolutamente gratuito en todos los hospitales públicos de nuestro país.
Para Jiménez, la pandemia por el Covid-19 nos deja una enseñanza: “Así como la cuarentena no es viable en barrios vulnerables si no es acompañada por un apoyo alimenticio y social, en la TBC ocurre lo mismo. Muchas veces el sistema sanitario se enfoca solamente en los medicamentos y ese es un factor de fracaso cuando no se complementa con un apoyo concreto de otros recursos”.
