Mar 31, 2023 | DDHH, Destacado 2
Los tres acusados recibieron dos años de prisión en suspenso y el doble de inhabilitación para ejercer cargos públicos por abuso de poder.
Los policías Américo Balbuena, Alejandro Sánchez y Adolfo Ustares fueron condenados a dos años de prisión en suspenso e inhabilitación especial para ejercer por el doble de tiempo por haber realizado abuso de poder como funcionarios públicos al infiltrar la Agencia de Noticias Rodolfo Walsh. El fallo elaborado por el juez federal Daniel Rafecas se conoció en la tarde de este viernes, 31 de marzo, en la Sala B de los tribunales de Comodoro Py.
Américo “el pelado” Balbuena había formado parte de la Agencia Rodolfo Walsh, impulsada por Rodrigo Grinberg a principios del año 2002 con la intención de lograr una comunicación alternativa y popular en un contexto de una enorme crisis social y deslegitimación de todas las instituciones, incluidos los medios masivos.
Tras once años de que Balbuena la integrara como corresponsal y movilero, sus compañeros descubrieron y denunciaron su trabajo y participación activa en el Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal. Con Sánchez y Ustares como jefes, El Pelado dirigía los datos que obtenía sobre integrantes de organizaciones sociales a la División de Análisis de Seguridad Interior de la Policía Federal.
Américo Balbuena, el policía que se infiltró en la Agencia Rodolfo Walsh, en el medio de sus abogados.
En la audiencia, antes de escuchar el fallo, se produjeron las réplicas y contrarréplicas por parte de la querella y la defensa como última oportunidad de demostrar la inocencia o la culpabilidad de los acusados.
La querella decidió contestar ciertos puntos importantes que habían sido mencionados durante el alegato de la defensa, en particular del abogado Jorge Álvarez Berlanda el martes pasado. La abogada Viviana Mazea refirió a la existencia de Gustavo Franquet, la cual había sido puesta en duda por Álvarez, y que suponía una prueba fundamental respecto al trabajo de inteligencia realizado por Balbuena ya que existía una ficha a su nombre. Víctima del terrorismo de Estado durante la última dictadura, Franquet luego fue detenido en 2004 por entorpecimiento de tránsito por ser parte de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón. Ese tema era recurrente y de interés en las notas realizadas por Balbuena.
En relación a la ausencia de Franquet en las audiencias, tanto la querella como la Fiscalía coincidieron en que no era necesaria su presencia dado que “no hubiera podido dar explicaciones respecto a la ficha que está a su nombre. No era sustancial, no podía aportar o abonar nada.”
Por su parte, la defensa planteó que la nota no había sido realizada con Franquet sino que se trataba de una nota en la que se lo mencionaba pero que no había existido por parte del acusado una relación directa con él. En todo caso, según el abogado “la nota demuestra la labor periodística de Balbuena y confirma su versión.” Y reiteró la importancia de la presencia del mencionado allí para conocer su versión.
Respecto a la pregunta que se hacía Álvarez sobre dónde se encuentra la información que supuestamente filtró Balbuena a su cliente Sánchez, Mazzeo planteó que “o nada era sentado por escrito, tanto lo legal como lo ilegal, o todo ha sido destruido.” Sin embargo, en su opinión la querella “no se basa en esos archivos inexistentes sino en testimonios, legajos, normas secretas, entrevistas y las contradicciones y omisiones que ellos mismos concluyeron. Es decir, lo acreditamos de otra forma ya que no en todos los casos hay pruebas directa del ilícito.” Frente a esto la defensa sostuvo que “mientras ellos especulan que las pruebas han sido destruidas, nosotros afirmamos que esas pruebas nunca existieron.”
En relación a la falta de rigurosidad por parte del perito Nicolás Viamonte planteada en la audiencia anterior y que había dado lugar a un pedido de nulidad por romperse la cadena de custodia, la querella sostuvo que no hay una constancia respecto a un mal accionar. “No consta que la computadora estuviera apagada y fuese prendida como supone Álvarez. Tampoco encontramos cuál fue la actitud irregular, simplemente se hizo un peritaje que dio cuenta del borrado de gran parte de la información en la máquina.” Así también lo entendieron los fiscales que denegaron el pedido de nulidad de ambos abogados por no haber sido realizados en el momento que correspondía y por ser entendidos como “un intento de última hora”.
También se hizo referencia a la utilización del verdadero nombre del “pelado” mientras estaba infiltrado en la Agencia Rodolfo Walsh, lo cual para la defensa mostraba “la buena fe en su accionar”. Frente a esto, el querellante Matías Aufieri señaló que “no podía actuar de otra forma ya que Grinberg ya lo conocía desde antes. Sin embargo, eso no le impidió a Balbuena ocultar su labor policial hasta ser descubierto.”
Entre otros temas, también se señaló el caso de la estadía de Balbuena en Mar del Plata en el 2005, donde el policía no pidió autorización ni dejó asentado en su legajo su ausencia, lo cual para Aufieri da cuenta de que aquella actividad era “promovida, ordenada, consentida por sus jefes. En consecuencia, su tarea en la Walsh estaba relacionada a la Policía Federal.”
Luego de dos horas de exposición por ambas partes y un cuarto de intermedio de una hora de duración, la Sala B se encontraba expectante ante el veredicto del juez Rafecas, quien decidió no hacer lugar a los distintos pedidos de nulidad ni al planteo de prescripción recibidos por parte de la defensa. Frente al entusiasmo de los periodistas presentes anunció la condena de los tres imputadores por considerarlos autores penalmente responsable del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En la audiencia, estuvo presente la diputada Miriam Bregman quien actúo de querellante y planteó que en reiteradas veces han presentado proyectos con la intención de que este Cuerpo de Inteligencia sea derogado ya que solo se dedica al espionaje político. “Alberto Fernández negó su existencia por lo cual es muy oportuno que ahora llegue desde el propio juzgado para que esto pueda ser revisado” opinó la diputada.
La audiencia contó también con la presencia de Rodrigo Grinberg junto a otros compañeros que pertenecieron a la Agencia Rodolfo Walsh quien habló con ANCCOM: “Siento alegría, alivio. Es una que salió para el lado de la justicia, sabemos que no alcanza pero es un comienzo, que el Estado esté reconociendo que estuvo espiando es un paso. Ahora sigue la lucha por la cotidiana, seguir denunciando. La democracia aun tiene mucha deuda con la sociedad.”
La audiencia finalizó con los abrazos, aplausos e incluso cánticos de los presentes. “Esto recién empieza” repite Oscar Castelnovo, ex integrante de la Agencia, “ahora viene lo más importante: la condena social.”
Mar 28, 2023 | Comunidad, Destacado 2
Se realizó una nueva audiencia en la causa que investiga al policía Américo Balbuena, acusado de infiltrarse en la Agencia de Noticias Rodolfo Walsh para obtener información de los movimientos sociales. Sus abogados dicen que solo hacía pasantías formativas. El viernes se conocerá el veredicto.
El año 2001 llegaba a su fin, la crisis y el estallido social habían tocado su punto máximo y la sociedad entera estaba movilizada. Frente al conflicto aún a flor de piel y los medios de comunicación cuestionados por el nivel de desinformación, Rodrigo Grinberg decidió realizar su aporte a la lucha. A comienzos de 2002 fundó la Agencia de comunicación Rodolfo Walsh. Alternativa, popular y comunitaria, realizaba las tareas a pulmón con la finalidad de darles voz a los más vulnerables.
Por aquella época, Rodrigo se encontró con un viejo conocido. Un compañero de la infancia con quien había coincidido más tarde en la Escuela Terciaria de Estudios Radiofónicos (ETER). Se trataba de Américo Balbuena quien se sumó al proyecto de Grinberg y comenzó a trabajar en la Agencia. Como señalaba en el año 2013 Oscar Castelnovo, miembro de la Agencia y en la actualidad uno de los denunciantes en el juicio, “ingresó con un grado de confianza inapelable”.
Ejerciendo su rol de corresponsal y movilero, Balbuena se acercó al conjunto del movimiento popular y sus conflictos. Desde Cromañón, Quebracho, La Alameda hasta la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), el conocido en todas las organizaciones sociales como “El Pelado” estaba siempre presente y dispuesto a cubrir cuanto conflicto se desataba en calles y fábricas en un momento de enorme efervescencia ciudadana. Se encargaba incluso de realizar la agenda política que se anunciaba semanalmente.
Sin embargo, Balbuena ahora afronta un juicio acusado de utilizar ese rol de periodista, durante 11 años, como pantalla para ocultar sus verdaderas intenciones. Se trataba, en realidad, de un integrante del Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal. De acuerdo a lo que afloró en el juicio, con la orden de reunir datos sobre integrantes de distintas organizaciones sociales, los entrevistaba profundamente y obtenía testimonios que no se veían reflejados en ninguna nota sino que eran dirigidos a Alejandro Sánchez y Adolfo Ustares, entonces sus jefes pertenecientes a la División de Análisis de Seguridad Interior de la Policía Federal.
Si bien la Ley de Inteligencia 25.520 sancionada en noviembre de 2001 tiene por finalidad prohibir este tipo de actividad, el policía infiltrado realizaba un registro de antecedentes, trazaba perfiles y otorgaba la información que luego era registrada en las fichas de militantes políticos de la Policía Federal y que sirvieron como armado de causas contra manifestantes.
Tras ser descubierto y denunciado por sus compañeros en el año 2013, el Gobierno nacional anunció su pase de disponibilidad. Si bien la Agencia Walsh intentó superar el golpe recibido de quien consideraban un amigo y colega, dos años más tarde cerró sus puertas.
A diez años de los hechos, esta semana se está llevando a cabo el juicio que acusa a Balbuena, Sánchez y Ustares de abuso de poder de funcionario público. Como la pena se limita a dos años y tiene incluso la posibilidad de ser excarcelable, la verdadera condena debe ser y será principalmente social. Así como también supone una toma de conciencia respecto a las prácticas de espionaje y los cuerpos de inteligencia que continuaron y continúan actuando en plena democracia, orgánicos al Estado nacional.
El martes 28 de marzo por la mañana en los Tribunales de Comodoro Py se llevó a cabo la tercera audiencia del juicio que tendrá su cierre y veredicto el viernes 31. En las audiencias anteriores, encabezadas por el juez Daniel Rafecas se han escuchado los testimonios de la querella quienes señalaron los distintos episodios y actitudes que, según su opinión, dejaron en evidencia el trabajo de espionaje realizado por Américo Balbuena durante el tiempo que participó en la Agencia Walsh. Este martes tuvieron lugar los alegatos de la defensa.
En primer lugar —y por las siguientes dos horas— tomó la palabra el abogado defensor de Balbuena y Sánchez, Jorge Álvarez Berlanda, quien planteó de entrada la nulidad del caso. En sus palabras, esto no responde a un “rigorismo formal” sino que es consecuencia del accionar del perito Nicolás Viamonte, a cargo de la computadora del señor Balbuena, de quien desconoce su prestigio y no lo reconoce como tal.
Berlanda planteó que el perito no notificó a las partes antes de actuar y que prendió la máquina “pudiendo haber quitado o incluso puesto información en la misma, algo sencillo para quien es un experto en informática”.
Por otra parte, el abogado especificó para qué es utilizado el Cuerpo Federal de Información, a la que pertenecía Balbuena, haciendo énfasis en que se ocupa de la investigación criminal bajo órdenes judiciales a fines de realizar tareas en la calle. Nombró en este punto el caso específico de Mariano Ferreyra donde el trabajo de inteligencia permitió la ubicación y detención de dos personas que terminaron siendo condenadas.
Respecto al silencio de Balbuena, durante los once años que formó parte de la Agencia Rodolfo Walsh, Álvarez aseguró que no se trata un antojo sino de algo establecido y regulado, de lo contrario se estaría incurriendo en un delito. “El secreto está grabado a fuego en la piel. Es una obligación legal, no se puede hablar de deslealtad como se dijo por parte de sus compañeros.” Más tarde, el abogado nombró a José Alberto “Iosi” Pérez, infiltrado durante 15 años en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), sede madre de la comunidad judía, para señalar que él sí violó el silencio al contarle todo a la periodista Miriam Lewin, de quien se enteró Grinberg de la infiltración y a partir de allí se inició esta causa.
La defensa tampoco consideró la existencia de una “incompatibilidad laboral” que impida a Balbuena la posibilidad de formar parte de una agencia de noticias que señala “pudo tratarse de cualquier agencia”.
Además, planteó que esa labor periodística que profesaba Balbuena respondía enteramente a su “vocación” que manifestaba en los estudios realizados en la escuela ETER y el Instituto Santo Tomás de Aquino. “Nadie lo obligó a estudiar periodismo. Pensaba hacer de esa profesión una manera de mantenerse activo una vez retirado. Su actuación dentro de la agencia era una forma de lograr una pasantía no rentada”, según su abogado.
En relación a su labor periodística, Álvarez aprovechó la oportunidad para señalar que era Grinberg quien lo enviaba a cubrir cortes, manifestaciones y le daba indicaciones sobre cómo abordar las notas. “Lo cierto es que la publicación y la línea editorial eran su responsabilidad.” Respecto al tipo de preguntas realizadas por el entonces movilero que buscaba indagar sobre futuros accionares de los entrevistados, dijo que respondía a “la redacción del Boletín de actividades semanales, algo tan sencillo como eso.”
Para cerrar con la defensa de Américo Balbuena, el abogado trató el tema de la “supuesta infiltración” partiendo de la base de que es más acertado pensar que eligió voluntariamente trabajar allí por su mencionada vocación que lo había movilizado a estudiar periodismo. Planteó que de tratarse de una persona infiltrada se ocultaría la identidad para pasar inadvertida y en su caso tanto la acreditación como la firma al final de las notas estaban a su nombre. Según el abogado “no hay pruebas que acrediten que por su trabajo se haya evitado alguna manifestación o perjudicado la vida de alguna persona”.
Sentado a la izquierda de su abogado, el acusado no ha levantado la vista en ningún momento. Recostado en su silla, con anteojos y lapicera en mano no deja de escribir totalmente ajeno a lo que sucede a su alrededor.
Finalizada la defensa al “Pelado” Balbuena, la audiencia continuó con Alejandro Sánchez como protagonista y luego de un cuarto intermedio concluye con los abogados de Adolfo Ustares.
En ambos casos se hizo referencia a la falta de coincidencia en la cronología de los hechos: tanto Sánchez como Ustares ocuparon sus jefaturas años más tarde de comenzados los estudios de periodismo de Balbuena. Para la defensa, no hay pruebas evidentes que acrediten que los acusados hayan ordenado o promovido la infiltración de información.
Apelando a los tecnicismos, el abogado de Ustares, Hernán Coluccio basó su táctica en pedir la nulidad de carácter absoluto y aseguró que no sabía con certeza de qué venía a defender a su cliente ya que “no hay una claridad de qué, cómo, cuándo y dónde sucedió”. A su parecer, al no estar definida cuál era la acción específica que se le adjudicaba al acusado, no puede haber pedido de pena.
Luego de cinco horas de sesión dentro de la Sala B de la planta baja de los tribunales de Comodoro py, el juez tomó la palabra para anunciar una cuarta y última audiencia que tendrá lugar el viernes a la tarde. En esta ocasión se realizarán las réplicas, contra réplicas y por último, se dará lugar al veredicto que involucra a los ex policías federales Balbuena, Sánchez y Ustares.
Jun 19, 2019 | DDHH, Novedades
Walter Bulacio iba a su primer recital, el 19 de abril de 1991, cuando fue detenido y luego asesinado por la Policía.
Varias manos levantan la tela roja y el mural se descubre en la sala de profesores del Colegio N°1 Bernardino Rivadavia, el “Riva”, ubicado en Avenida San Juan 1545, en la Ciudad de Buenos Aires. La música del violín es superada por los aplausos de estudiantes, profesores, compañeros y los demás asistentes. Lo primero que se ven son los colores del arco iris, brillantes y reflejando la luz. En la parte superior, hacia la derecha, la cara inmortalizada de Walter Bulacio sonríe en blanco y negro. Todos lo recuerdan así, sonriendo. El mural es una obra de arte, una explosión de vida y color rodeando el rostro del muchacho. Pero es también memoria, no sólo de una adolescencia interrumpida, sino también de una época y de una lucha.
Walter Bulacio tenía 17 años cuando la Policía Federal lo llevó detenido ilegalmente en el contexto de una razzia. Ricotero como muchos en esos años, ese 19 de abril de 1991, el joven iba por primera vez a un recital de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Nunca pensó que en lugar de pasar la noche en el Estadio Obras, la pasaría primero en un colectivo -donde llevaban a los detenidos, que llegaron a ser más de 80- para luego ser trasladado a una comisaría del barrio de Núñez que, finalmente, se transformaría en la antesala de su muerte. Nunca pensó que esa sería su última noche consciente: la policía lo golpeó brutalmente, provocándole una agonía de cinco días. El único policía condenado -y recién en 2013- fue Miguel Ángel Espósito, comisario de la Seccional 35, pero no a prisión efectiva ni por asesinato. Como dice Teresa Franco, ex rectora del Rivadavia y profesora de Walter, “se tardó mucho tiempo para que se haga justicia, y no es una justicia completa.”
El acto comienza a las 12:30. El motivo que reúne a estudiantes y profesores, tanto actuales como aquellos de 1991, es la inauguración del mural en homenaje a Bulacio. “No vamos a hacer hoy una biografía de Walter, sino un homenaje por la presencia, para saber que Walter está vivo en el recuerdo de cada uno de nosotros”, comienza Fabio Campagnale, el director del Rivadavia, en el buffet que lleva el nombre del homenajeado. Esta marca, así como un mural armado por los estudiantes, demuestran que Walter sigue presente en la memoria y entre las paredes del colegio en el que estudió hasta sus últimos días.
Docentes actuales y de la época de Walter participaron en el homenaje en el Bernardino Rivadavia.
El mural, titulado Walter Bulacio: el universo de la infancia y la adolescencia interrumpida, fue producido por el grupo de mosaiquismo Alikata; consiste en un retrato del joven y una construcción simbólica de la infancia y de la adolescencia realizada con juguetes y diversos objetos, como un walkman, cassettes y varios autitos. Esto se debe a que “es la etapa que vivió él”, explica Karina Zinik, directora del grupo artístico. La obra es descubierta en la sala de profesores debido a las condiciones climáticas; más adelante será colocada en el patio que también llevará el nombre del muchacho.
El proyecto comenzó casi por casualidad, pero se llevó a cabo gracias al muralismo comunitario, social y público que realiza Alikata y a la fuerte presencia de la historia de Walter en la escuela. “Nos involucramos mucho con la historia, estamos todos muy conmovidos. Aparte, mientras lo estábamos haciendo pasó la masacre de Monte, que es otra aberración policial. Estas cosas siguen ocurriendo, entonces este mural tomó una actualidad inesperada”, cuenta Zinik.
La memoria y el recuerdo es un punto recurrente durante el acto, que también cuenta con presentaciones del Taller de Música del Rivadavia -los chicos tocan canciones que hacen alusión a la vida de Walter-, y de una murga. Lorena Montauti, compañera de Bulacio en el secundario, sostiene que “este tipo de eventos te moviliza. La memoria se mantiene, y lo que transmiten las autoridades y los chicos es el dato fidedigno: pasó esto y seguimos buscando el 100% de la justicia.” Al Largui, como le decían, lo recuerda como un ángel que siempre ayudaba a quien lo necesitara. La descripción es útil, ya que muchos de los presentes aún no habían nacido en 1991, cuando Bulacio era asesinado por la policía. Pero según Teresa Franco, “la imagen de Walter le ganó al tiempo, le ganó a esa muerte, a ese asesinato”. Y ahora está también inmortalizada en la pared del “Riva”.
El homenaje se realizó en el buffet de la escuela, que lleva el nombre Walter Bulacio.
Walter se convirtió en un emblema de la defensa de los Derechos Humanos en una democracia que sigue viendo morir personas -sobre todo adolescentes- a manos de las instituciones. “Cada vez que se hacen estas cosas, que lo traemos a Walter de vuelta, no sólo es recordarlo a él, sino también a Miguel Bru, a Luciano Arruga, a todos los desaparecidos y asesinados en democracia por el gatillo fácil”, dice Alejandro Imperiali, del Espacio Memoria, a quien por tener un edad cercana a la que hoy tendría Bulacio, el caso lo afecta particularmente. “Por eso tenemos que sembrar memoria: para que juntos como sociedad podamos conocer las experiencias del pasado, transformar la realidad ahora y construir un futuro mejor”. Las palabras de Graciela Gutiérrez, supervisora escolar del colegio, expresan un pensamiento colectivo, y dejan entrever también un mensaje que se repite en todos aquellos que conocieron a Walter: “Gracias por no olvidarlo”.
Walter Bulacio sigue vivo en los aplausos de la gente, en las voces que entonan sus canciones favoritas, en los ojos que se humedecen al evocarlo. A partir de ahora está también en ese mural que lo muestra sonriente, como lo recuerdan. Porque Walter es una bandera en el corazón, como dice la canción «Juguetes perdidos», de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, dedicada a él, al cumplirse diez años de su asesinato.
May 30, 2018 | Comunidad, Novedades, Te puede interesar
“Acá en el barrio han pasado miles de cosas y han pasado siempre”, explica Marcos Candelino, docente y militante de Villa Soldati. Vecino de toda la vida, vivió sus primeros años en los monoblocks, la zona en donde un policía de la Federal, Pablo Emiliano Sueldo, mató fuera de servicio, a Dylan Alejandro López de 15 años, mientras manejaba un UBER el 8 de mayo pasado, justo el Día Contra la Violencia Institucional.
Elizabeth Gómez Alcorta, la abogada que comunicó y denunció el hecho, explica en diálogo con ANCCOM que la problemática de la violencia institucional entra en relación con las prácticas deficitarias de la justicia y de los agentes de las fuerzas policiales. Candelino cuenta cómo eso opera en los propios vecinos: “Nosotros que pateamos el barrio todos los días, sabemos poco y nada, incluso no hemos podido contactar a la familia. Habitualmente las familias callan”, aclara.
“Acá en el barrio han pasado miles de cosas y han pasado siempre” dice Candelino, docente y militante de Villa Soldati.
Para señalar dónde ocurrió el asesinato de Dylan López un vecino de Soldati señala estratégicamente la Avenida Mariano Acosta el límite que separa “las casas” de “los monoblocks”. El complejo habitacional, hoy pintado y enrejado, es estigmatizado por los propios vecinos de Soldati. Marcos observa: “Hay dos discursos enormes que intentan calar muy profundo en las conciencias de las personas. El primero tiene que ver con esa idea de inseguridad. Hay un grupo de vecinos que participan de las ‘Mesas de Seguridad’ con un discurso hiperfascista en donde todo lo que tenga que ver con los monoblocks tiene que ser exterminado”, sostiene. Allá por el año 2011, llegó Gendarmería al barrio. Candelino recuerda: “Desfilaban por Mariano Acosta con armas de calibre gruesísimo. Iba uno en la camioneta y otro atrás con la ametralladora. Causaba un efecto intimidante.”
Candelino es docente de la sede Fines de Soldati, advierte desde el vamos: “Siempre desde la cuestión intelectual uno tiene que blanquear desde dónde piensa y desde dónde habla”. Comenzó a trabajar los barrios desde joven en el Partido de San Martín, más precisamente en el barrio Martín Fierro, luego de meterse al seminario del Instituto católico Leonardo Murialdo: “Es raro. Yo iba a ser cura. Dentro de mi universo era la opción más radical que había. Me metí porque quería hacer trabajo en villas. Pensá que tenía 18 años y era marzo de 2002. El hambre se sentía y mucho.” Esa fue su primera experiencia de militancia. Cuando salió del seminario, se lanzó a un viaje por Latinoamérica para conocer la “América profunda”, dice. En el 2010, cuando regresó al país, se abrió un local de La Cámpora al lado de su casa. Entonces comenzó su militancia en ese espacio.
El complejo habitacional, hoy pintado y enrejado, es estigmatizado por los propios vecinos de Soldati.
Qué pasa en el barrio
Candelino lleva puesta una campera de River Plate. Pero el club de fútbol de Soldati es Sacachispas, que el próximo 17 de octubre cumple 70 años. Para septiembre, un mes después, el barrio celebrará 110 años de vida. La charla transcurre en el Instituto Cristo Obrero en la semana de mayo. Actualmente, allí se cede un espacio para que el Fines continúe en Soldati. Hoy, el Plan para terminar el secundario cuenta con al menos 100 estudiantes de entre 18 y 70 años. Dos de ellos explicaron para ANCCOM cómo se vive la violencia institucional en Soldati. “Hoy tiran a matar. No apaciguan las cosas. Si estás de madrugada y te ven en una secuencia rara, o no les paraste o te ven corriendo, te tiran”, describe Santiago Ocampo. Elizabeth Gómez Alcorta, abogada defensora de los derechos humanos, analiza el recrudecimiento de la violencia en los barrios: “Hay ciertos patrones que se vienen repitiendo que por lo general son los usuales: la alta intervención de miembros de las fuerzas de seguridad fuera de servicio, la utilización de las armas reglamentarias y también, recientemente, un aumento de la letalidad”.
En el marco del Día contra la Violencia Institucional, el mismo día en que asesinaron Dylan, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) emitió un informe en el que muestra que en el último año no hubo un aumento significativo de hechos de violencia institucional, pero sí la letalidad en las intervenciones policiales. “Eso quiere decir que como primera intervención de las fuerzas de seguridad, en vez de detener o de llevar adelante algún ejercicio de la fuerza que sea proporcional a la situación que suele encontrar a una persona o al propio agente, la primera intervención es utilizar la fuerza de un modo letal”, señala Gómez Alcorta.
En septiembre el barrio cumplirá 110 años de vida.
Para Santiago, quien se crió en Soldati desde los cuatros años, el barrio “está más calmado en comparación a otros años”, desde que llegó Gendarmería. Según Micaela, su compañera: “Cuando vinieron los gendarmes también estaba movido. Después se calmó, porque si veían a algún pibe consumiendo algo ya se lo hacían tragar, no les importaba nada.” Santiago amplía: “Tenías un cigarrillo de marihuana y te lo hacían comer. Y esa acción es muy agresiva. Es tratar de eliminar lo que está mal lo más rápido posible. Pero no se fijan en los vendedores, se fijan en los consumidores. Hay muchos vendedores”.
Elizabeth Gómez Alcorta sostiene: “La violencia institucional es una práctica estructural en nuestra sociedad, centralmente practicada por miembros de las fuerzas de seguridad. No hay duda que a partir de estos dos años del gobierno de Cambiemos se lleva adelante una clara política discursiva no solo, de no repudiar ni criminalizar este tipo de hechos, sino muy por el contrario, de avalarlos.” En este sentido, Marcos Candelino reflexiona sobre el rol del Estado en relación a la violencia institucional: “El Estado siempre es el Leviatán. El tema es si está ahí para garantizar un derecho o si el Estado está ahí para garantizar los derechos de otros a costa tuya”. En el caso de las fuerzas de seguridad en los barrios, Candelino tiene su punto de vista: “Cuando un gobierno como el macrista pone las fuerzas del Estado en un barrio como Soldati no lo hace para garantizar la seguridad de los vecinos sino para controlarlos, para ejercer la ¿legítima represión del Estado? Lo pregunto porque yo dudo enormemente que sea legítimo. El uso de la fuerza en estas problemáticas, o desde el propio Estado, está ligado a cuestiones socioeconómicas y eso ya de por sí lo deslegitimiza. En Soldati, la violencia tiene que ver con una cuestión económica. Es directamente proporcional. A menores recursos mayor violencia”.
La problemática de la violencia institucional entra en relación directa con las prácticas deficitarias de la justicia y de las fuerzas policiales.
“Lo que me pregunto es por qué estaba manejando un UBER. La policía tiene un montón de adicionales. No sé. Claramente hay toda una idea de profesionalización de las fuerzas de seguridad donde parece que se trata solo de la guita. Siempre me pregunté lo que pasa dentro de la formación de los policías”. En este sentido, Marcos repasa el intento de democratización que se había intentado al interior de las fuerzas: “Se había empezado a democratizar ese tipo de cuestiones. Muchos antropólogos se dedicaron a estudiar el currículo de formación de la policía y se sostiene que eso fue un proceso primero, que llevaba muchísimo tiempo, y segundo que fue un proceso que se detuvo con la llegada del macrismo al poder político. El Estado siempre es el Estado, pero puede desafectar de la fuerza y sancionar, como lo hizo en su momento con el gendarme Carancho (el gendarme que simuló que lo atropellaban en una protesta)”.
Sobre el caso de Dylan Marcos reflexiona: “Yo no sé si este gatillo fácil es resultado de lo que mal llamaron la doctrina Chocobar, pero sí que es un comportamiento alentado desde el gobierno, claramente. Y ese gobierno es el Estado. Hoy el Estado mata pibes”.
El CELS muestra que en el último año hubo un aumento significativo de la letalidad en las intervenciones policiales.
Ago 24, 2016 | inicio
Antes de las once de la noche del 14 de febrero del 2012, Juan Carlos Abel Guerrero, de 25 años, murió durante una persecución policial. El juicio intenta demostrar que se trató de otro caso de gatillo fácil y no, como intentó justificar el victimario, una muerte en defensa propia. El oficial imputado es el subinspector de la Policía Federal Mario Ariel Maidana quien, durante la persecución, disparó y mató a Guerrero. Pericias posteriores demostraron que el auto de la víctima y su acompañante, Franco Ezequiel Borda, «registraba 15 orificios, aproximadamente, de los cuales siete se encontraban en el lateral izquierdo», del lado en el que se ubicaba la víctima. Maidana declaró que tomó aquella decisión en legítima defensa al ser apuntado con un arma de fuego, algo también en cuestión en este juicio.
En el debate a cargo del Tribunal Oral en lo criminal N° 27 de la Ciudad de Buenos Aires, el lunes último, Gerardo Ercheverry, apoderado de la querella de la Defensoría General de la Nación, presentó su alegato en el que solicitó a los jueces que se condene al oficial Maidana a prisión perpetua por “homicidio agravado, por haber sido cometido por personal policial en abuso de sus funciones, con agravante al haber usado arma de fuego”. La querella demostró las falsedades de los dichos de Maidana, en relación con los episodios ocurridos la noche del 14 de febrero. No hubo enfrentamiento, y la víctima estaba desarmada. Este miércoles presentarán sus alegatos la fiscalía y la defensa.
Juan Carlos Guerrero, padre de la víctima y querellante en la causa por homicidio.
La historia oficial
Juan Carlos Guerrero y Franco Ezequiel Borda se habrían enfrentado antes de las 22 horas con la policía a causa de un robo en la intersección de las calles Bilbao y La Fuente, del barrio porteño de Lugano. Según el relato policial, en su huida, en un auto Chevrolet Meriva robado, habrían descartado un arma de cebita quedándose en su poder con un revóler. Guerrero y Borda se habrían cruzado con una camioneta IVECO de traslado de personal, en las que se encontraba a bordo a Maidana y su chofer, Ricardo Gonzalo Arias. Según declaró Maidana fue aproximadamente a las 22 horas cuando escuchó por la radio que había un enfrentamiento armado de personal de su sección con una Meriva. “Le digo a mi chofer ´apurate, apurate, vamos a alcanzarlos ahora o no los agarramos más´ -declaró-. Cuando mi chofer los empieza a encerrar, yo me pongo de espalda al tránsito, me cuelgo de la ventana y le hago señas para que frenen”, describió Maidana en su testimonio y aseguró que su primer intento para detenerlos fue sacando el torso por la ventanilla, con señas y desarmado. Según su relato, fue en ese momento que observó que el acompañante de Maidana portaba un arma, lo que lo obligó a sacar la suya y apuntarles. El relato con el que Maidana armó su defensa presentó la justificación para usar su arma de fuego: “El que manejaba al ver que yo le estaba apuntando y que su compañero no hacía nada, le sacó el arma de la falda y la tomó con su mano derecha, mientras que con la izquierda tomaba el volante y seguía conduciendo. Cuando veo que me está apuntando yo repelo la agresión y le disparo”. Y como si se tratara de un hecho excepcional no pudo recordar la balacera que descargó sobre la víctima: “No recuerdo cuántos disparos le efectué. Habrán sido alrededor de ocho disparos. Yo veía que el conductor hacía el movimiento para disparar pero no pude ver si disparó. Yo estaba colgado de la ventanilla y le disparé. Después de eso, la Meriva empezó a zigzaguear y ahí le digo a mi chofer, ´me parece que le di, correte´”, concluyó Maidana en su declaración indagatoria.
Maidana describió en su declaración que la IVECO habría quedado a 20 metros de la Meriva cuando Maidana bajó a ver a Guerrero. En su última intervención, dijo haber bajado a la víctima del auto por la puerta del acompañante, aunque antes había mencionado que había sido del “lado del conductor”. El último detalle para que la escena cerrara como en legítima defensa fue el descubrimiento de un arma, a la altura de la puerta trasera.
Pericias y contradicciones
En su alegato, la querella presentó las contradicciones en los dichos de Maidana y las pericias que refutan su versión y lo señalan como autor de un crimen.
En primer lugar, según el acusado, a las 22 horas escuchó un enfrentamiento armado. “Sabiendo que ese auto había tenido un enfrentamiento es inverosímil creer que se asomó con el torso descubierto sin arma para frenar el auto. No solo hubiera sido imprudente, sino que es inverosímil teniendo en cuenta su experiencia”, sostuvieron los abogados de la querella. En el momento en que vio que estaban armados, algo que supuestamente ya sabía de antemano, disparó. Primera contradicción, señalaron.
Según las pericias, fueron entre nueve y doce tiros del lado izquierdo los que efectuó Maidana. Según su relato, en un comienzo no intervino con arma de fuego, recién lo hizo en el momento en que lo apuntaron. “El tema es que nunca pudo haber visto eso porque los vidrios estaban polarizados”, refutó la querella. Otro eslabón del relato confuso y segunda contradicción.
El revólver que se encontró del lado izquierdo fue para la querella un punto central. En primer lugar, algunos testigos afirmaron que cerca de Bilbao y La Fuente fue hallada un arma, pero no pudieron asegurar que fuera la de cebita, como sí afirmó la defensa de Maidana. Gendarmería llegó y secuestró el arma alrededor de las cuatro de la mañana. “¿Para qué sirve descartar un arma y quedarse con otra? ¿Por qué el arma de cebita recién fue hallada por Gendarmería a las cuatro de la mañana?”, se preguntó la querella en su alegato.
En segundo lugar en lo que refiere al revólver, Maidana dijo haber bajado a Guerrero por la puerta del acompañante. El revólver se encontró del lado izquierdo. Los vidrios de la Meriva estaban levantados, por lo que no podía arrojarse un arma por la ventana. “¿Cómo pudo aparecer luego el arma fuera de la Meriva, a la altura de la puerta trasera, del lado del conductor?”, señaló la querella como tercera contradicción.
Un hecho, varias versiones.
En la noche del 14 de febrero, Juan Carlos Guerrero –padre de la víctima– y su mujer estaban mirando Crónica TV. La placa informó: “Fuerte tiroteo cerca de Lugano 1 y 2. Un traficante de drogas fue abatido y el otro, detenido”. Primera versión, primer relato. “Cuando uno ve las noticias cree que es cierto lo que están diciendo. Estábamos terminando de cenar cuando vimos la imagen de un chico, tapado con una bolsa negra. Solo se le veían su jean y sus zapatillas blancas. En ese momento, no lo pudimos ver. Era nuestro hijo”, contó Guerrero.
Durante aquella noche, surgieron varias versiones. La de Maidana; la de los testigos y la de Borda. En su declaración, el acompañante de Guerrero afirmó que ellos nunca dispararon y no tenían un arma encima cuando comenzaron a dispararles en forma abrupta.
Maidana está acusado por el delito de homicidio agravado por tratarse de personal policial “en abuso de sus funciones”. En su alegato del el lunes, la querella pidió cadena perpetua para el imputado. La familia Guerrero espera la sentencia. Pero no tanto por la pena que le cabría a Maidana, así lo afirmó y enfatizó varias veces el padre de la víctima: “En dos días lo tuve enfrente y lo miré para ver si me quería decir algo. En ningún momento me habló, ni mostró arrepentimiento. Nunca me pidió perdón. Sentir que al menos la persona que se equivocó puede disculparse. Ahora pretende que uno lo perdone. Yo no lo perdoné”. Juan Carlos Guerrero asegura que no le interesan los años que le pueden dar al asesino de su hijo: “Me interesa que me digan que mi hijo es inocente. Y sentir que mis dos nietas –dos gemelas de once años– tengan un resarcimiento. No me importa lo que le pase a Maidana. Me interesa saber lo que la justicia va a hacer con mi hijo. Lo importante es saber por qué él determinó ajusticiar a mi hijo”, concluyó Guerrero.
Actualizado 24/08/2016
