Se realizó una nueva audiencia en la causa que investiga al policía Américo Balbuena, acusado de infiltrarse en la Agencia de Noticias Rodolfo Walsh para obtener información de los movimientos sociales. Sus abogados dicen que solo hacía pasantías formativas. El viernes se conocerá el veredicto.
El año 2001 llegaba a su fin, la crisis y el estallido social habían tocado su punto máximo y la sociedad entera estaba movilizada. Frente al conflicto aún a flor de piel y los medios de comunicación cuestionados por el nivel de desinformación, Rodrigo Grinberg decidió realizar su aporte a la lucha. A comienzos de 2002 fundó la Agencia de comunicación Rodolfo Walsh. Alternativa, popular y comunitaria, realizaba las tareas a pulmón con la finalidad de darles voz a los más vulnerables.
Por aquella época, Rodrigo se encontró con un viejo conocido. Un compañero de la infancia con quien había coincidido más tarde en la Escuela Terciaria de Estudios Radiofónicos (ETER). Se trataba de Américo Balbuena quien se sumó al proyecto de Grinberg y comenzó a trabajar en la Agencia. Como señalaba en el año 2013 Oscar Castelnovo, miembro de la Agencia y en la actualidad uno de los denunciantes en el juicio, “ingresó con un grado de confianza inapelable”.
Ejerciendo su rol de corresponsal y movilero, Balbuena se acercó al conjunto del movimiento popular y sus conflictos. Desde Cromañón, Quebracho, La Alameda hasta la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), el conocido en todas las organizaciones sociales como “El Pelado” estaba siempre presente y dispuesto a cubrir cuanto conflicto se desataba en calles y fábricas en un momento de enorme efervescencia ciudadana. Se encargaba incluso de realizar la agenda política que se anunciaba semanalmente.
Sin embargo, Balbuena ahora afronta un juicio acusado de utilizar ese rol de periodista, durante 11 años, como pantalla para ocultar sus verdaderas intenciones. Se trataba, en realidad, de un integrante del Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal. De acuerdo a lo que afloró en el juicio, con la orden de reunir datos sobre integrantes de distintas organizaciones sociales, los entrevistaba profundamente y obtenía testimonios que no se veían reflejados en ninguna nota sino que eran dirigidos a Alejandro Sánchez y Adolfo Ustares, entonces sus jefes pertenecientes a la División de Análisis de Seguridad Interior de la Policía Federal.
Si bien la Ley de Inteligencia 25.520 sancionada en noviembre de 2001 tiene por finalidad prohibir este tipo de actividad, el policía infiltrado realizaba un registro de antecedentes, trazaba perfiles y otorgaba la información que luego era registrada en las fichas de militantes políticos de la Policía Federal y que sirvieron como armado de causas contra manifestantes.
Tras ser descubierto y denunciado por sus compañeros en el año 2013, el Gobierno nacional anunció su pase de disponibilidad. Si bien la Agencia Walsh intentó superar el golpe recibido de quien consideraban un amigo y colega, dos años más tarde cerró sus puertas.
A diez años de los hechos, esta semana se está llevando a cabo el juicio que acusa a Balbuena, Sánchez y Ustares de abuso de poder de funcionario público. Como la pena se limita a dos años y tiene incluso la posibilidad de ser excarcelable, la verdadera condena debe ser y será principalmente social. Así como también supone una toma de conciencia respecto a las prácticas de espionaje y los cuerpos de inteligencia que continuaron y continúan actuando en plena democracia, orgánicos al Estado nacional.
El martes 28 de marzo por la mañana en los Tribunales de Comodoro Py se llevó a cabo la tercera audiencia del juicio que tendrá su cierre y veredicto el viernes 31. En las audiencias anteriores, encabezadas por el juez Daniel Rafecas se han escuchado los testimonios de la querella quienes señalaron los distintos episodios y actitudes que, según su opinión, dejaron en evidencia el trabajo de espionaje realizado por Américo Balbuena durante el tiempo que participó en la Agencia Walsh. Este martes tuvieron lugar los alegatos de la defensa.
En primer lugar —y por las siguientes dos horas— tomó la palabra el abogado defensor de Balbuena y Sánchez, Jorge Álvarez Berlanda, quien planteó de entrada la nulidad del caso. En sus palabras, esto no responde a un “rigorismo formal” sino que es consecuencia del accionar del perito Nicolás Viamonte, a cargo de la computadora del señor Balbuena, de quien desconoce su prestigio y no lo reconoce como tal.
Berlanda planteó que el perito no notificó a las partes antes de actuar y que prendió la máquina “pudiendo haber quitado o incluso puesto información en la misma, algo sencillo para quien es un experto en informática”.
Por otra parte, el abogado especificó para qué es utilizado el Cuerpo Federal de Información, a la que pertenecía Balbuena, haciendo énfasis en que se ocupa de la investigación criminal bajo órdenes judiciales a fines de realizar tareas en la calle. Nombró en este punto el caso específico de Mariano Ferreyra donde el trabajo de inteligencia permitió la ubicación y detención de dos personas que terminaron siendo condenadas.
Respecto al silencio de Balbuena, durante los once años que formó parte de la Agencia Rodolfo Walsh, Álvarez aseguró que no se trata un antojo sino de algo establecido y regulado, de lo contrario se estaría incurriendo en un delito. “El secreto está grabado a fuego en la piel. Es una obligación legal, no se puede hablar de deslealtad como se dijo por parte de sus compañeros.” Más tarde, el abogado nombró a José Alberto “Iosi” Pérez, infiltrado durante 15 años en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), sede madre de la comunidad judía, para señalar que él sí violó el silencio al contarle todo a la periodista Miriam Lewin, de quien se enteró Grinberg de la infiltración y a partir de allí se inició esta causa.
La defensa tampoco consideró la existencia de una “incompatibilidad laboral” que impida a Balbuena la posibilidad de formar parte de una agencia de noticias que señala “pudo tratarse de cualquier agencia”.
Además, planteó que esa labor periodística que profesaba Balbuena respondía enteramente a su “vocación” que manifestaba en los estudios realizados en la escuela ETER y el Instituto Santo Tomás de Aquino. “Nadie lo obligó a estudiar periodismo. Pensaba hacer de esa profesión una manera de mantenerse activo una vez retirado. Su actuación dentro de la agencia era una forma de lograr una pasantía no rentada”, según su abogado.
En relación a su labor periodística, Álvarez aprovechó la oportunidad para señalar que era Grinberg quien lo enviaba a cubrir cortes, manifestaciones y le daba indicaciones sobre cómo abordar las notas. “Lo cierto es que la publicación y la línea editorial eran su responsabilidad.” Respecto al tipo de preguntas realizadas por el entonces movilero que buscaba indagar sobre futuros accionares de los entrevistados, dijo que respondía a “la redacción del Boletín de actividades semanales, algo tan sencillo como eso.”
Para cerrar con la defensa de Américo Balbuena, el abogado trató el tema de la “supuesta infiltración” partiendo de la base de que es más acertado pensar que eligió voluntariamente trabajar allí por su mencionada vocación que lo había movilizado a estudiar periodismo. Planteó que de tratarse de una persona infiltrada se ocultaría la identidad para pasar inadvertida y en su caso tanto la acreditación como la firma al final de las notas estaban a su nombre. Según el abogado “no hay pruebas que acrediten que por su trabajo se haya evitado alguna manifestación o perjudicado la vida de alguna persona”.
Sentado a la izquierda de su abogado, el acusado no ha levantado la vista en ningún momento. Recostado en su silla, con anteojos y lapicera en mano no deja de escribir totalmente ajeno a lo que sucede a su alrededor.
Finalizada la defensa al “Pelado” Balbuena, la audiencia continuó con Alejandro Sánchez como protagonista y luego de un cuarto intermedio concluye con los abogados de Adolfo Ustares.
En ambos casos se hizo referencia a la falta de coincidencia en la cronología de los hechos: tanto Sánchez como Ustares ocuparon sus jefaturas años más tarde de comenzados los estudios de periodismo de Balbuena. Para la defensa, no hay pruebas evidentes que acrediten que los acusados hayan ordenado o promovido la infiltración de información.
Apelando a los tecnicismos, el abogado de Ustares, Hernán Coluccio basó su táctica en pedir la nulidad de carácter absoluto y aseguró que no sabía con certeza de qué venía a defender a su cliente ya que “no hay una claridad de qué, cómo, cuándo y dónde sucedió”. A su parecer, al no estar definida cuál era la acción específica que se le adjudicaba al acusado, no puede haber pedido de pena.
Luego de cinco horas de sesión dentro de la Sala B de la planta baja de los tribunales de Comodoro py, el juez tomó la palabra para anunciar una cuarta y última audiencia que tendrá lugar el viernes a la tarde. En esta ocasión se realizarán las réplicas, contra réplicas y por último, se dará lugar al veredicto que involucra a los ex policías federales Balbuena, Sánchez y Ustares.